Chihuahua
VIOLENCIA
Conavim coordina atención; hay programas dispersos
Ciudad Juárez: 13 años de programas para infancia en orfandad por feminicidio

El 26 de mayo de 2010 un Tribunal de Casación de Ciudad Juárez, en Chihuahua, dictaminó que Heidi, la hija de Rubí Marisol Frayre Escobedo, joven asesinada en 2009, debía recibir una cantidad de 38 mil 390 pesos por concepto de indemnización, monto con el que al mismo tiempo se acreditaba su condición de orfandad.
Seis años antes de esta sentencia (en 2004) el gobierno chihuahuense, estado donde se ha documentado el fenómeno del feminicidio desde 1993, creó un programa social para dar mil 900 pesos y apoyo psicológico a las niñas y niños que quedaban en orfandad tras el asesinato de sus madres, programa que ha resultado insuficiente.
Así lo reconoció la directora general adjunta de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) en Ciudad Juárez, Zulay Alaid Abbud Esparza, quien explicó en entrevista que en Juárez hay por lo menos tres programas enfocados en este fenómeno social a pesar de que esta instancia no tiene una política específica para atender a esta población y no cuenta con datos al respecto.
Entre las acciones que realiza la Conavim –creada a nivel federal en 2009 a partir de los crímenes cometidos en la ciudad fronteriza– está diseñar políticas en materia de igualdad de género; construir y equipar los Centros de Justicia para las Mujeres; coadyuvar en los trámites de Alerta de Violencia de Género y dar cursos y capacitaciones en la materia. En la ciudad fronteriza es un enlace entre el gobierno estatal y federal.
VIOLENCIA QUE SE EXTIENDE
Un informe que realizó Amnistía Internacional en 2003 describía el perfil de las mujeres víctimas de la franja fronteriza como jóvenes “sin ningún poder en la sociedad”, trabajadoras de las industrias maquiladoras, camareras, empleadas en la economía informal o estudiantes; muchas de ellas vivían en circunstancias precarias y a veces con hijas e hijos que mantener.
A su vez un informe de la Conavim encontró que en la década de los noventa las mujeres asesinadas o desaparecidas eran menores de 25 años, solteras, estudiantes y trabajadoras de la maquiladora y documentó que a principios del nuevo milenio creció el número de víctimas de 25 a 35 años que eran amas de casa o empleadas.
Desde que comenzaron los crímenes en Juárez se comprobó que la violencia feminicida afectaba también a las hijas e hijos de las víctimas, lo que llevó a las madres de las mujeres asesinadas a demandar apoyos para sus nietos que quedaron en orfandad. Con el impulso de las organizaciones civiles, estas abuelas consiguieron la atención de las autoridades.
Abbud Esparza, quien ha trabajado en el Instituto Chihuahuense de la Mujer y en el Centro de Justicia para la Mujer, explica que casi una década después de que en 1993 se dieran a conocer a nivel nacional e internacional los asesinatos de mujeres en esta zona, en 2004 comenzó un programa para atender a la infancia en esta situación.
En ese entonces 14 familias recibían una cantidad de mil 900 pesos mensuales, atención psicológica, apoyo para comprar útiles y uniformes escolares y becas de estudio. Hasta 2013 el programa beneficiaba a 125 familias y de acuerdo con la funcionaria sigue vigente y hay alrededor de 150 familias apoyadas.
Para que una niña o niño tenga acceso a estos beneficios, explicó, la familia tiene que estar vinculada con la Fiscalía General del estado, en particular con la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, que es la autoridad que acredita que se cometió un feminicidio.
En Chihuahua la ley no reconoce el término feminicidio pero Abbud Esparza detalló que la Fiscalía Especializada es competente en los asesinatos de mujeres siempre y cuando el delito cumpla ciertos requisitos: el más importante, que la mujer fuera privada de la vida por condición de género.
Si la Fiscalía (ubicada en el edificio del Centro de Justicia) considera que se trató de un homicidio por razón de género entonces puede canalizar a las víctimas indirectas al Instituto Chihuahuense de la Mujer para que les expliquen los apoyos sociales que pueden recibir en caso de que haya menores de edad que quedaron en orfandad.
PROGRAMAS DISPERSOS
En mayo de 2005 la Procuraduría General de la República creó que el Fondo de Auxilio Económico a Familiares de las Victimas de Homicidio de Mujeres en el municipio de Juárez con un monto de 25 millones de pesos de la dependencia y 5 millones de la Fiscalía gobierno estatal.
La directora adjunta de la Conavim en Juárez señaló que este fondo también está vinculado al análisis y a la investigación que arroja la Fiscalía y para acceder al apoyo las autoridades analizan los casos y determinan las circunstancias de los hechos y la cantidad que se puede otorgar a las familias. El apoyo es en una sola ocasión.
“En general, todas las que están en ese programa son familias con muchas necesidades económicas para sacar a sus nietos, o a las hijas e hijos de las víctima de la situación en la que se encuentran, por eso el apoyo se les da en efectivo, para poder solventar un poco pagos, estudios. Evidentemente nada va a resarcir o les podría reintegrar a su hija, pero es parte de un programa que trata de apoyarles en lo que se pueda”.
En 2010, durante la implementación de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón, el gobierno de Chihuahua propuso una serie de acciones para reestablecer el tejido social en la frontera azotada por los asesinatos. Así se creó el Fondo de Atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen.
Este fondo, señaló la funcionaria, lo manejaba el DIF por tratarse de la niñez y posteriormente estuvo a cargo de la Fiscalía de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito pero con el cambio de administración del gobierno estatal el año pasado se analizó transferir este fideicomiso a la Secretaría de Desarrollo Social.
Abbud Esparza explica que aunque hay tres programas de apoyos a las niñas y niños en orfandad a cusa del feminicidio, la Conavim coordina una red interinstitucional para detectar la situación de las víctimas y coordinar a las instituciones de los tres niveles de gobierno que manejan recursos o programas específicamente para apoyarlas.
Cada dos meses se hacen reuniones de trabajo para analizar las necesidades de las familias de una mujer asesinada y ver quien puede atenderla toda vez que puede requerir desde ayuda legal para tramitar la custodia de los menores de edad o una bolsa de empleo para conseguir trabajo. “Cada caso se trabaja de manera particular porque las necesidades son diversas y son diferentes”, aseguró.
Sin embargo no sólo se trata, dijo, de que los gobiernos den apoyos económicos, sino de promover la igualdad y erradicar la violencia contra las mujeres y en el caso de los programas enfocados a las niñas y niños en orfandad que permanezcan a pesar de los cambios de gobierno.
17/AGM
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
"El plan llegó demasiado tarde” afirman activistas
Presentan en Chihuahua Plan de Contingencia para defensoras y periodistas

Hoy el gobierno de Chihuahua y el Federal presentaron el Plan de Contingencia para la Protección de personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en Chihuahua.
El Plan, que tiene cinco ejes de acción, es resultado de las exigencias de personas defensoras, periodistas y organizaciones civiles para garantizar condiciones seguras al ejercer su labor y que derivó en una “Alerta Temprana” aprobada por el Mecanismo desde agosto de 2016.
El Plan, afirmó la titular de la Alianza Sierra Madre A.C Aida Estela Lozano, durante la presentación, es “inédito” porque considera no sólo las medidas de seguridad que el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas debe adoptar para proteger a defensores y periodistas, sino también cómo debe actuar éste ante las problemáticas de riesgo a las que se enfrentan en sus trabajos.
Los ejes que aborda son: el reconocimiento al ejercicio de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas al garantizarles seguridad y, en caso de ser agredidos, su acceso a la justicia; la atención a grupos en situación de vulnerabilidad (como las y los migrantes); otro punto es el medio ambiente; también el contexto adverso que enfrenta la población en la Sierra Tarahumara; así como la garantía del ejercicio periodístico y la libertad de expresión.
El cumplimiento de los ejes se realizará a través de 53 acciones a cargo de 26 instancias a nivel estatal y 24 federales que trabajarán junto con organizaciones civiles.
Durante la presentación a la que asistió el gobernador de Chihuahua, Javier Corral y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, se nombró y presentaron las fotos de 21 mujeres y hombres defensoras y periodistas que fueron asesinados desde 2008 hasta la fecha. “Para ellas y ellos el Plan llegó demasiado tarde, esperemos que se cumpla para que no cueste más vidas y sea suficiente para que quienes se encuentran en el exilio puedan regresar en condiciones de seguridad”, dijo la defensora Aida Estela Lozano.
Ejemplo de ello fue la periodista Patricia Mayorga, quien dio un mensaje a través de un video porque actualmente se encuentra exiliada por las amenazas de las que ha sido víctima.
Desde 2016, expuso Estela Lozano, incrementaron las campañas de desprestigio y agresiones dirigidas a personas defensoras y periodistas lo que llevó a 25 organizaciones y periodistas a solicitar al Mecanismo de Protección que emitiera una Alerta por la situación. “Para marzo de 2016 había al menos 80 personas con medidas de seguridad dictadas por organismos internacionales de Derechos Humanos”, mencionó la defensora.
En abril de 2016 junto con representantes de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas analizaron el contexto del estado, lo que derivó en propuestas para el Pan de Contingencia que hoy se aprobó.
17/MMAE/LGL
Aborto
Lupita logró ejercer su derecho a no ser madre
ILE en CDMX influyó la primera aprobación en Chihuahua en 2007

Fiscalía no quiere dar “conclusiones anticipadas”
Ejecutan a hombre y lo señalan como asesino de Miroslava Breach

El hombre asesinado a tiros en la colonia Junta de los Ríos, en la capital del estado de Chihuahua, el martes por la noche, fue identificado como Gabriel Federico Ochoa Cárdenas y junto a él dejaron una cartulina que lo señala como autor material del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, y una pistola del mismo calibre que la utilizada para cometer el feminicidio el 23 de marzo pasado, confirmó la Fiscalía General del Estado.
La cartulina dejada con el cadáver, al interior de un taller mecánico, dice: “Este es el marrano que asesino a la periodista Miroslava por orden del 80 en complicidad con Pablo Ernesto Rocha. Esto es la prueba de que no queremos marranos haciendo injusticia” (sic).
El fiscal general, César Augusto Peniche, aclaró a medios que por el momento no podían hacer un pronunciamiento sobre la relación entre el hombre y el crimen de la reportera del periódico Norte de Ciudad Juárez y corresponsal de La Jornada, ya que “estamos haciendo las diligencias para establecer si se trata de alguna de las personas que tenemos identificadas dentro de nuestra investigación”, dijo.
La ejecución de Ochoa Cárdenas se cometió a unos días de que el gobernador Javier Corral Jurado informó que tienen “prácticamente todos los elementos para ir a la captura de los responsables” del asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea, cuyos autores intelectuales y materiales, y copartícipes, ya fueron identificados”.
En un comunicado, la Fiscalía estatal afirmó que están revisando las evidencias dejadas en el lugar donde fue ejecutado Ochoa Cárdenas, “para no dar conclusiones anticipadas” y que la institución “trabaja escrupulosamente para evitar distractores”.
EL ARMA Y LA CARTULINA
Gabriel Ochoa Cárdenas fue ejecutado de varios tiros, calibres .22 y 9, y la pistola dejada junto a él es una calibre .38, el mismo calibre de la empleada para cometer el feminicidio.
Vecinos del lugar señalaron a la prensa local que el hombre, de 55 años de edad, se dedicaba a la compra y venta de gallos de pelea y fue asesinado por sujetos que llegaron a bordo de una pick-up roja.
Algunos medios señalaron también que Ochoa Cárdenas era maestro de karate y fue instructor de la Academia de la Policía Estatal Única (PEU), aunque el portavoz de la fiscalía, Carlos Huerta, desmintió la versión, según el Diario de Juárez.
Otro de los señalados en la cartulina dejada junto al cadáver de Ochoa Cárdenas es Pablo Ernesto Rocha Acosta, quien renunció en diciembre pasado como secretario de Seguridad Pública Municipal en Ciudad Juárez, luego de que fue director de la PEU durante la administración de César Duarte Jáquez.
Como director del PEU, Rocha Acosta fue señalado en varias ocasiones por su presunto nexo con grupos delincuenciales, por actos de tortura y siembra de evidencias. Fue además detenido y llamado a comparecer por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), de la PGR, en mayo de 2016.
El mismo gobernador Corral, durante su campaña electoral, lo acusó de proteger a miembros del crimen organizado que operan en la entidad, sobre todo en el área serrana (temas que abordó Miroslava Breach en sus recientes notas). El entonces candidato cuestionó también que se negara a los exámenes de confianza.
Rocha respondió, en una carta pública, en junio de 2016, que los señalamientos lastimaban su persona, a su familia y a la sociedad.
En noviembre de 2016, Corral Jurado entregó información de inteligencia al alcalde Cabada Alvíderez, sobre el ex fiscal Jorge González Nicolás y sobre Rocha Acosta, quien era entonces director de la Policía Municipal de Juárez, ambos acusados por organismos civiles, como alianza Ciudadana Juárez y Chihuahua, de convertir el equipo de inteligencia en un grupo de agentes torturadores y de maquillar cifras sobre delitos.
El tercer señalado en la cartulina es “El 80”, quien habría ordenado el crimen de la periodista, según esa evidencia, a quien la Fiscalía estatal identifica como Carlos Arturo Quintana, integrante del Cártel de Juárez.
17/RED
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Pronto habrá detenciones, prometió Corral
Identificados autores del feminicidio contra Miroslava Breach

LIBERTAD DE EXPRESIÓN
En Chihuahua
Ante agresiones contra periodistas, OSC realizan Misión de Observación

Debido al clima de agresiones contra periodistas y activistas en el estado de Chihuahua, las organizaciones Comunicación e Información de la Mujer, A.C. (CIMAC), ARTICLE 19 México, Periodistas de a Pie y Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A.C., en coordinación con periodistas y organizaciones locales, realizaron una Misión de Observación en la capital de ese estado los días 30 y 31 de marzo de 2017.
Esta misión, realizada en coordinación con periodistas y organizaciones locales, se realizó con el fin de documentar el clima de agresiones en el estado, tras la cual exigieron al Gobierno federal que cumpla con su obligación y atienda la inseguridad que se vive en la entidad, conocida por el gran número de casos de feminicidio.
En un comunicado, las organizaciones señalan que emprendieron la Misión, “ante la urgencia por el feminicidio de la periodista Mirosalva Breach y los asesinatos de los defensores ambientales Juan Ontiveros e Isidro Baldenegro y el periodista Adrián Rodríguez, en un periodo de cuatro meses en Chihuahua”.
También ante el contexto de los homicidios de Cecilio Pineda y Ricardo Monlui, y los atentados contra Armando Arrieta y Julio Omar Gómez.
DOCUMENTAR Y PREVENIR
Los objetivos de la Misión de Observación, señala el comunicado, fueron documentar la situación en el estado, tras el feminicidio de Miroslava Breach y los posibles focos de riesgo para periodistas en el estado.
También, dar seguimiento puntual al proceso de implementación de la Alerta Temprana para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, y al tema de protección para los trabajadores de los medios; así como comenzar un proceso de articulación para dar seguimiento a la exigencia y búsqueda de justicia en el caso de Miroslava Breach.
Para tal fin, realizaron entrevistas con periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos para documentar la trayectoria y la cobertura periodística de la corresponsal de La Jornada, así como de los sucesos ocurridos el día de su asesinato y en los días subsecuentes en relación a la actuación de las autoridades estatales y federales.
De igual forma, se reunieron con organizaciones locales de Derechos Humanos y periodistas para hablar del proceso y desarrollo de la Alerta Temprana y comenzar un proceso de articulación para apoyar en el fortalecimiento, implementación y efectivo funcionamiento de las medidas y acuerdos establecidos.
También se reunieron con autoridades del Gobierno de Chihuahua para dar continuidad a los compromisos de las autoridades del estado con respecto a la Alerta Temprana, y la protección de las y los periodistas. Además, se inició un diálogo y un proceso de exigencias en relación a la investigación del feminicidio de Miroslava Breach.
RESPONSABILIDAD FEDERAL Y ESTATAL
Aclaran las organizaciones a las autoridades federales “que la seguridad de las y los periodistas y el proceso de búsqueda de justicia por el caso de Miroslava Breach es una responsabilidad tanto de autoridades estatales como federales”.
Y, por eso, exigen a las autoridades del Gobierno Federal que lleven a cabo las acciones necesarias, en plena coordinación y corresponsabilidad con el Gobierno de Chihuahua, para dar seguimiento a la Alerta Chihuahua, reforzar la protección de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos en el estado y garantizar un proceso de justicia pronto, expedito, con perspectiva de género y en apego a los estándares internacionales.
Señalan las organizaciones que continuarán “un proceso de acompañamiento y observación en el proceso de fortalecimiento de la seguridad para periodistas en el marco de la Alerta Chihuahua y de la búsqueda de justicia en el caso de la periodista Miroslava Breach”.
17/RED
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
ZONA DE REFLEXIÓN
Sus voces nos hacen falta

El asesinato en Chihuahua de la periodista Miroslava Breach Velduceo nos trae, de golpe, el regreso de un horror: el asesinato de periodistas críticos. Tres en menos de un mes. El crimen de la reportera Breach nos lleva a repreguntarnos por qué es tan ineficaz la autoridad para investigar y sancionar a los responsables de los atentados a la libertad de expresión.
En el año 2000, con un gobierno panista, los atentados contra periodistas iniciaron su escalada; para 2006, con la llegada de Felipe Calderón a la presidencia de la República, la violencia desatada por su guerra contra el narco llevó a México a ser conocido como el país en América Latina más peligroso para ejercer el periodismo.
Producto de esta violencia, se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), que lleva once años operando sin que hasta hoy dé resultados efectivos que terminen con la impunidad que rodea cada asesinato y agresión contra periodistas.
En 2010 tuvimos la visita del entonces relator de Naciones Unidas para la protección a la libertad de expresión, Frank la Rue. Una de las recomendaciones hechas al Gobierno federal fue sancionar los atentados contra periodistas, pues la impunidad es la puerta abierta a la repetición, aseguró en su informe.
La ineficacia de la Fiscalía está documentada en cada asesinado y agresión contra periodistas: 17 mujeres periodistas han sido asesinadas por hacer su trabajo y 331 han sido agredidas o intimidadas por las investigaciones que realizan desde 2002. Ninguna periodista debió de haber sido asesinada, ninguna de ellas debe vivir con temor por las amenazas recibidas.
¿Por qué la Fiscalía no llega hasta los culpables de los asesinatos y las agresiones contra periodistas? Es la pregunta que desde hace más de una década se insiste y a la cual ningún fiscal ha dado respuesta.
¿A quién le conviene que el miedo por investigar corrupción, ejecuciones extrajudiciales, violaciones a derechos humanos, desapariciones o feminicidio crezca entre las y los periodistas? ¿A quién le conviene que la sociedad no sea informada sobre estos temas?
Cuando los agresores de periodistas son funcionarios públicos, la respuesta es lógica: sembrar el miedo por investigar temas que incomoden a los que tienen el poder le va bien, le favorece a los poderosos, pero no a la sociedad.
Anoche, la periodista Laura Castellanos, quien se ha dedicado a investigar ejecuciones extrajudiciales, escribía en el tweet “Si la sociedad nos deja solas/os en nuestro ejercicio periodístico, crece nuestra vulnerabilidad”.
Es urgente que la sociedad se dé cuenta de la importancia del trabajo periodístico independiente y crítico, pues sacar a la luz las desigualdades y los abusos de poder permite a la sociedad ser más crítica y construir mejores democracias.
Por ello es tan grave que asesinen o intimiden a las y los periodistas, y que las instancias creadas para investigar estos crímenes sean tan ineficaces para hacer justicia. Grave, porque cuando silencian o limitan la posibilidad de investigación periodística, la sociedad está menos informada y más vulnerable de vivir en la mentira creada desde las esferas del poder y divulgada por medios que privilegian los convenios publicitarios, antes que su obligación de informar.
El horror no puede seguir imperando en nuestro país, es necesario que la sociedad haga suya la causa de la protección de periodistas, demande la investigación ante cualquier atentado, fortalezca a las y los periodistas independientes para que crezca la democracia que tanta falta hace en México, y para que ni una periodista más sea asesinada, porque todas esas voces hoy nos hacen falta.
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
17/LLH/GG
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Exigen justicia
Periodistas se manifiestan por asesinato de colega Miroslava Breach

Periodistas de diversos medios de comunicación en el país se manifestaron el pasado fin de semana para exigir justicia por el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, Miroslava Breach, ocurrido el pasado 24 de marzo.
A continuación se muestra el trabajo fotográfico de integrantes de la Red Nacional de Periodistas de los estados de Guerrero, Sonora, Tamaulipas y Yucatán.












17/RED
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
Protestas escalonadas en el país
Marchan hoy en Morelos por Miroslava Breach, mañana en Oaxaca

Portando cartulinas, además de todos los implementos de la labor periodística, decidimos levantar la voz periodistas de medios impresos, radiofónicos, televisivos y digitales en la Plaza de Armas de Cuernavaca no solamente por el artero asesinato de la colega Miroslava Breach Valducea, en Chihuahua, sino por la creciente violencia contra quienes ejercemos esta profesión en cualquier parte del territorio nacional.
Esta manifestación es parte de la Movilización Escalonada de Protesta, convocada por la organización Periodistas de a pie, y que tuvo ya lugar en la Ciudad de México, y en Jalisco. Mañana tocará el turno a Oaxaca, el miércoles a Puebla, el jueves a Sinaloa, el viernes a Chiapas y el sábado en Chihuahua, lugar donde fue asesinada la corresponsal de La Jornada.
En cada acto, se ha dado lectura a un Pronunciamiento nacional y en el caso de Cuernavaca estuvo a cargo de la colega Rubicela Morelos Cruz, corresponsal de La Jornada.
En el mismo, se resalta que las y los periodistas “No somos personajes de una clase especial, no exigimos un trato privilegiado, sólo las garantías constitucionales para poder seguir haciendo periodismo y ejercer la libertad de expresión, sin que nuestra integridad física, psicológica y emocional se vea abatida por violencia revanchista, porque incomoda lo que narramos, porque al poder (fáctico y constitucional) no le conviene que se sepa la verdad”.
La exigencia es, por supuesto, Justicia por el asesinato de la compañera Miroslava, pero también mejores condiciones para el ejercicio seguro del periodismo y el funcionamiento apropiado del Mecanismo de Protección y de la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR.
Recuerda que durante la administración de Enrique Peña ha habido un ataque cada 22 horas contra una o un periodista y suman 103 periodistas asesinados en los recientes tres sexenios, 3 en marzo de 2017, ningún indicio de los desaparecidos. Critica la inoperancia del Mecanismo de Protección, y exige cuentas a la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, con 99.5 por ciento de averiguaciones sin justicia.
Por eso, exigen: “Basta de disuadir a los compañeros que acuden al MP a interponer una denuncia, basta de perder expedientes, basta de opacidad, basta de criminalizarnos, basta de evadir la facultad que tiene la Fiscalía para atraer las investigaciones y explorar la línea de la labor periodística como motivo de un asesinato, desaparición y agresión. Basta de regatear medidas de protección. Basta de imponer medidas irracionales para una labor compleja como lo es reportear. Basta de mantener funcionarios de primer, segundo y tercer nivel responsables de procesar inadecuadamente la protección a quienes se acogen al Mecanismo como última opción.
No se salva Javier Corral, no se salva Osorio Chong, no se salva Peña Nieto ni los treinta tantos funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos que cobran a cuenta del Mecanismo, o los 3 ministerios públicos federales asignados a los casos de la FEADLE, mucho menos los diputados y senadores…ya no queremos iniciativas, inicien sanciones administrativas como penales contra quienes obstaculizan la debida protección y el acceso a la justicia.
Estaremos saliendo a las calles, no quitamos el dedo del renglón, pero ya no queremos salir a gritar el nombre de nadie más, concluye el comunicado.
17/AMM/GG
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
¿De qué lado están, autoridades?
Periodistas del país exigen justicia ante el asesinato de Miroslava

Justicia: es la única cosa que exigimos para Miroslava Breach y para todos los otros compañeros y compañeras asesinados a lo largo de muchos años, se dijo durante la manifestación del sábado en la capital del país, tras el homicidio de la corresponsal de La Jornada en Chihuahua, a la que acudieron periodistas de diversos medios.
Frente a la Procuraduría General de la República (PGR), a donde llegó la marcha que inició en el Ángel, el periodista de La Jornada, Arturo Cano, exigió en nombre del gremio una respuesta a esa dependencia, al Gobierno federal y a los estatales, a los que llamó “inútiles”, ya que “no han podido resolver casi ninguno de los crímenes” de periodistas. Y les preguntó ¿de qué lado están?
Y mientras las investigaciones avanzan lentas –habrían participado tres individuos en el crimen, según La Jornada, y sería un acto del crimen organizado, según Gobernación-- a lo largo del país organizaciones de periodistas continuaron manifestándose en contra de este crimen y de la impunidad en que están decenas de casos más.
UNA SOLA EXIGENCIA
Periodistas de Morelos afirmaron en un comunicado que el asesinato de Miroslava Breach responde a la revelación de “alianzas maliciosas que engendran un sistema político corrompido por la delincuencia organizada, porque hacía eco de la voz de los no escuchados, porque… el chayo no era lo suyo”. El mensaje es: incomodar con lo que publicamos apegados a principios éticos, tiene consecuencias mortales.
Recordaron que en cuatro años de administración de Enrique Peña Nieto, se da un ataque contra una o un periodista cada 22 horas y en los tres sexenios recientes se ha cometido 103 asesinatos de periodistas, 3 solo en marzo de este año.
Criticaron también que la Secretaría de Gobernación mantenga un “elefante blanco” llamado Mecanismo de Protección y exigieron que dé cuentas claras y efectividad la Fiscalía Especializada de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la PGR, ya que “en 6 años hay un acumulado de 900 averiguaciones previas abiertas por delitos contra periodistas, solo 2 han culminado en condenas; el 99.5 por ciento de los casos no han recibido justicia”
En Guerrero, frente a la delegación de la PGR en Chilpancingo, las y los periodistas recordaron en un comunicado que Miroslava ya había denunciado el hostigamiento en el marco de una reunión con el Mecanismo federal para defensores de derechos humanos y periodistas, celebradas en el mes de octubre del año pasado, donde señaló que a raíz de su trabajo periodístico habían iniciado intimidaciones hacia su persona y familia.
Pese a la denuncia, el caso de la periodista de Chihuahua responde a lo descrito en el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, en donde señala que “para algunas periodistas que han accedido al Mecanismo, ha sido la mayor pérdida de tiempo, ante la lógica burocrática que le gana ante la urgente necesidad de protección”.
Exigieron justicia no solo para Breach, sino también por los asesinatos de Cecilio Pineda Pineda y Francisco Pacheco, cometidos en Guerrero y que siguen en la impunidad. “Tres periodistas críticos que hicieron énfasis en los temas de corrupción en el gobierno y sus vínculos con grupos criminales que actúan bajo su amparo”, dice el comunicado.
Señalaron también las y los periodistas de Guerrero que marzo será recordado como mes trágico para el periodismo, ya que el día 2 de marzo, en Tierra Caliente de Guerrero fue asesinado Cecilio Pineda Birto; el 19 de marzo en el municipio de Yanga, en Veracruz asesinaron a Ricardo Monlui Cabrera, y a la fecha no hay resultados de alguna investigación.
En los últimos siete años, señalan en su texto, tres periodistas han sido asesinados a balazos en el estado de Guerrero y 16 más han sufrido algún tipo de agresión física por parte de sujetos desconocidos o escoltas de alcaldes, diputados o funcionarios del gobierno del estado de Guerrero.
En Guadalajara, Jalisco, ayer al menos 50 periodistas marcharon porque no ocurran más agresiones contra comunicadores y porque se esclarezca este crimen. En Ciudad Juárez, decenas de periodistas grabaron un video en el que exigen a las autoridades el esclarecimiento del homicidio y garantías para ejercer su labor informativa.
En Querétaro el gremio periodístico también se sumó a la movilización nacional en contra de la violencia contra las y los periodistas, y demandaron salvaguarda de sus derechos humanos y a esclarecer todos los casos, “más de 125 periodistas en los últimos años”.
De igual manera, integrantes de la Iglesia católica expresaron su repudio contra el asesinato de Miroslava Breach, como el sacerdote Alejandro Solalinde, quien la recordó, en conferencia de prensa en Ciudad Juárez, Chihuahua, como una gran heroína del periodismo, luchadora por los derechos humanos, valiente amiga. Lamentó que no sea un caso aislado. En San Cristóbal de las Casas, el obispo Felipe Arizendi pidió una investigación eficaz y castigo a los responsables.
QUE INFORMEN
En la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones contra Comunicadores, de la Cámara de Diputados, la diputada Candelaria Ochoa, de Movimiento Ciudadano, y Virgilio Caballero, de Morena, pidieron que las fiscalías Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) y la de Chihuahua, informen del seguimiento que dan a las agresiones contra periodistas, así como los avances en la investigación del asesinato de Breach Velducea, lo que sucederá el miércoles próximo.
En declaraciones a La Jornada, Virgilio Caballero, afirmó que el caso no avanza porque “está mezclado probablemente con propósitos políticos”, ya que ella tenía amistad con el gobernador Javier Corral y este ha sido un político honesto, quien “se la está viendo duras y se las verá peor”.
Sin embargo, dijo el también comunicador, es oportunidad para que emprenda la contención de asesinatos y persecución contra periodistas. Insistió en que en los crímenes contra periodistas están involucrados funcionarios del gobierno y recordó que así lo ha dicho a las autoridades.
Lo dicho por Caballero coincide también con el informe de CIMAC El Poder del Cacicazgo, Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015, el cual señala que “las agresiones en contra de comunicadoras durante 2015 fueron responsabilidad -67 por ciento- de un servidor público, cuyas redes dentro del poder permitieron la impunidad.
Por otra parte, el comisionado nacional de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, Renato Sales Heredia, afirmó al semanario Proceso que detrás del asesinato de Miroslava Breach está el crimen organizado, grupos que vienen operando desde hace tiempo y que disputan regiones, espacios. Reveló que hay una orden de aprehensión contra alguien apodado El 80, cuyo nombre aparece en la cartulina que dejaron los criminales junto al cuerpo de Miroslava.
Mientras, en redes sociales continúa circulando hastags como #YaBastaDeBalas, #PeriodistasEncabronados, #JusticiaParaMiroslava, #NiUnPeriodistaMás,
#NoSeMataLaVerdadMatandoPeriodistas,
#AlMatarUnPeriodistaSeAcuchillaLaDemocracia,
así como la pregunta ¿Dónde están los dueños de los medios de comunicación cuando asesinan a un periodista mexicano?
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