Acoso sexual
VIOLENCIA
ALDF aprueba iniciativa con sanción de 1 a 3 años de prisión
Será delito tomar fotos y video a mujeres sin su consentimiento

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó adicionar un nuevo tipo penal que castiga, con uno hasta tres años de prisión, a quienes tomen fotografías o grabaciones con índole sexual a mujeres sin su consentimiento.
Esta reforma que adiciona los Artículos 177 Bis y 179 al Código Penal de la Ciudad de México surgió de una iniciativa propuesta por el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Iván Texta Solís, quien argumentó que en promedio tres mujeres al día acuden a la Procuraduría General de Justicia de la ciudad (PGJDF) para denunciar que les tomaron fotos o videos sin su consentimiento.
Con esta reforma, aprobada el 7 de mayo de 2018 a partir del dictamen que elaboró la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, se establece que “a quien realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que lesione su dignidad, se le impondrá de uno a tres años de prisión”.
Este tipo de acoso sexual ocurre principalmente en el transporte público, por lo que la iniciativa contempla elevar a una tercera parte la sanción cuando ocurra en dicho espacio, o bien, alguna otra instalación pública. De la misma forma se elevará la pena cuando exista una relación jerárquica por relación laboral, docente, doméstica o de cualquier clase, entre el agresor y la víctima.
Por “conductas de naturaleza sexual indeseables”, la norma describe que se consideran solicitar favores sexuales para sí o una tercera persona, además de la difusión de imágenes por cualquier medio con implicaciones sexuales, ello, sin el consentimiento de las víctimas y que atente contra su dignidad.
De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del 2017 (Endireh) 61 por ciento de las mujeres en la Ciudad de México reportó haber sido a lo largo de su vida víctima de violencia comunitaria, en específico violencia sexual, que ocurre en la calle, transporte público, parques y otros lugares públicos.
Con ello la Endireh ubica a la Ciudad de México en el primer lugar de violencia comunitaria contra las mujeres del país, en tanto, en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública de 2016 (Envipe) se reportó que 79 por ciento de las capitalinas reveló sentirse insegura en la calle.
Esto sucede a pesar de que las autoridades de la Ciudad de México pusieron particular atención en campañas y programas para atender la violencia y el acoso sexual callejero y en el transporte público, por ejemplo, en 2008 inició el “Programa Ciudades y Espacios Públicos Seguros para Mujeres y Niñas” de la mano de ONU Mujeres.
La aprobación de esta iniciativa al Código Penal entra en una serie de reformas legislativas que está realizando el gobierno capitalino en cumplimiento con el proceso de la solicitud de Alerta de Violencia de Género (AVG), pedida por organizaciones civiles el 7 de septiembre de 2017.
Estas acciones gubernamentales incluyen hasta ahora el aumento de la sanción a quién cometa un feminicidio (hasta 60 años de cárcel) y la implementación del llamado “Protocolo Alba” un instrumento especializado en la búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas.
Asimismo, con el fin de garantizar la vida y seguridad de las capitalinas se planteó la puesta en marcha de un sistema de información que identifique a mujeres en riesgo de violencia feminicida y un programa en atención a la niñez y adolescencia que queda en orfandad por el feminicidio de sus madres.
18/HZM
Insuficiente Protocolo para atender casos en la UNAM
Universitarias sin mecanismos eficientes para denunciar acoso sexual

La universidad tendría que ser uno de los espacios más seguros para las mujeres pero para las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en realidad es un continuo de la violencia de género que día a día viven. Las universitarias no están exentas del hostigamiento y acoso sexual e incluso del feminicidio.
El 3 mayo de 2017 el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió Ciudad Universitaria. El cuerpo de la joven de 22 años de edad fue hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El cable del teléfono estaba enredado en su cuello.
La escena suponía un suicidio. Ante las especulaciones, de inmediato la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) divulgó en su cuenta oficial de Twitter una serie de publicaciones en las que estigmatizó a la joven, dijo que consumía drogas, alcohol y no estudiaba. Meses después reafirmó: Lesvy cometió suicidio.
A un año del suceso la familia de Lesvy Rivera Osorio, acompañada solidariamente por estudiantes y académicas del campus y con la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se abocó a develar la verdad y obtener justicia para Lesvy.
Luego de reclamos públicos y de presentar pruebas ante las autoridades la familia de la joven logró que la PGJDF reclasificara el caso como feminicidio y declarara que la entonces pareja sentimental de Lesvy, el trabajador de intendencia de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, tomó el cable del teléfono y la asfixió. Ese fue último acto de una violencia que ejerció contra ella durante los cuatro meses que duró su relación.

A propósito del aniversario luctuoso de Lesvy, Cimacnoticias se acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de la máxima casa de estudios para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más la violencia de género que viven en las instalaciones.
Hoy, muchas estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como lo establece el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, un instrumento implementado hace más de un año pero que todavía replica los mismos procesos burocráticos, de criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia mexicano.
Esta agencia trató de consultar a las autoridades de la Universidad encargadas de hacer funcionar el Protocolo y atender casos de violencia para evitar asesinatos como el de Lesvy. Sin embargo, la Oficina de la Abogada General (OAG) de la UNAM, a cargo de la doctora Mónica González Contró, guardó silencio. Hasta el cierre de esta edición la abogada general, por medio de su secretaría, se negó a la entrevista argumentando que su agenda estaba llena de pendientes.

LABERINTO A LA IMPUNIDAD
En reacción a la violencia de género, el 29 de agosto de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”. Este instrumento se creó para sumarse a la campaña de ONU Mujeres “HeForShe” por la igualdad de género.
Con la adhesión a esta plataforma la universidad además se comprometió a promover que los sistemas nacionales de evaluación reconocieran los estudios de género y a incluir la igualdad de género en los planes y programas de estudio. Con el Protocolo la casa de estudios buscó tener una herramienta que diera certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género.
A más de un año del decreto de este Protocolo, en septiembre 2017, la Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada General como en el Subsistema Jurídico, que depende la OAG.
De estas denuncias, se identificaron 203 personas presuntamente agresoras pero de éstas sólo se inició proceso administrativo interno contra 150 agresores (73 por ciento).

Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son suficientes.
En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista con Cimacnoticias la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.
Cabe resaltar que el Tribunal Universitario no sólo se enfoca en sancionar acciones de violencia de género, sino cualquier falta en contra de la legislación universitaria cometida por el alumnado o académicos como: alteración del orden, daño del patrimonio, extorsión, robo, falsificación de documentos, portación de armas, entre otras.
Vázquez Sánchez afirmó que las universitarias no cuentan con orientación necesaria para conocer las etapas del proceso, ya que las autoridades no dan servicio en los horarios de atención, establecidos para cada instancia, o no se les informa adecuadamente sobre los pasos a seguir, mucho menos se les brinda medidas de protección inmediata en caso de necesitarlas.

Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se ven obligadas a respetar “los principios que rigen el Protocolo”, uno de ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que tanto el agresor, como la víctima, no pueden hacer pública la denuncia.
La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompañan casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez –nombre ficticio para evitar ser identificada ante posibles represalias– subrayó que este acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al no verse acompañadas.
Adentradas en el proceso de denuncia las víctimas se enfrentan a más violaciones, continuó Ana Jiménez, por ejemplo, se les pregunta “¿por qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia de género.
En suma, piden a las denunciantes pruebas de un tipo de violencia que generalmente se realiza en secrecía y sin testigos. Las estudiantes que cuentan con pruebas de los hechos son desestimadas, como le ocurrió a la estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez, víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de la carrera.
En redes sociales de Internet los agresores la llamaban constantemente, enviaban mensajes de contenido sexual e invitaciones a tener relaciones sexuales, además hacían publicaciones de desprestigio de su imagen.
La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la Facultad de Derecho de CU, Padro Sánchez declaró que recurrió a la Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la Oficina de la Abogada General).
El primer filtro fue encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las conversaciones o publicaciones en redes sociales, los correos y el registro de las llamadas, donde se evidenciaba el asedio y la violencia que vivía. La respuesta de las autoridades de esta Comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”, argumento repetido en los Ministerios Públicos.
Cuando una denuncia de acoso sexual se denuncia y logra pasar lo primeros obstáculos, el caso se presenta ante el Tribunal Universitario y ante la Abogada General y el director o directora de Facultad donde hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el Tribunal tienen la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser aprobada por la Abogada General y quien encabece la Facultad, explicó Ingrid Vázquez integrante del Tribunal Universitario.
Quien además detalló que las sanciones se establecen en función de los perfiles de los agresores, varía si son profesores, estudiantes o personal administrativo, no por el grado de la violencia cometida.
Para los alumnos, el castigo puede ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, mientras que para el personal académico o administrativo abarcan amonestaciones, suspensión o restricción del contrato de trabajador. Finalmente si el castigo es una reprimenda, ésta queda en la intimidad entre el Tribunal y el agresor, pues la “sentencia” se lee en privado, se le notifica por teléfono o por correo electrónico.
De los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada General, 67 por ciento fueron resueltos por un procedimiento alternativo, es decir las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por ciento están pendientes de una sanción, en 6 por ciento no se encontraron elementos para emitir una resolución, 1 por ciento fue declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento no se concluyó el procedimiento porque los trabajadores solicitaron su baja o jubilación.
Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación” es la vía a la que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de acoso sexual. Una “solución” que se le plantea a la víctima desde la etapa inicial. Según el informe del Protocolo en seis casos se firmó un acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, que dio fin al proceso de la queja, otras dos están en la “preparación de diálogo” y en un caso no se concretó un acuerdo.
Asimismo el informe indica que de las 234 quejas presentadas por violencia de género, se identificó que en 41 por ciento de los casos se trató de una relación académica (profesor/alumna), en 24 por ciento de éstos no se estableció ninguna relación entre la denunciante y el agresor, en 14 por ciento la relación fue personal (tenían relación sentimental o bien, académica).
Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde cuentan sus casos. Otra forma de hacer pública la violencia es realizando “tendederos del acoso”, donde las estudiantes cuelgan hojas de papel donde escribieron sus experiencias de acoso para visibilizar y denunciar el nombres de los agresores sin importar si son profesores, alumnos o personal administrativo.
Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios, foros o asambleas entre el alumnado, esto como forma de protesta a la deficiente respuesta de las autoridades universitaria ante la violencia de género.
Un ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo, en marzo de este año en el denominado “Paro Feminista de 48 horas”, de la Facultad de Filosofías y Letras y la marcha realizada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia el edificio de Rectoría, así como las Asambleas Interuniversitarias realizadas en diversas facultades para analizar el contenido del Protocolo.

FES, OLVIDADAS DE LA UNAM
Al indagar sobre la violencia de género en las universidades, las miradas se vuelcan en Ciudad Universitaria y prácticamente quedan en el olvido las estudiantes que acuden a los otros campus que conforman la UNAM, las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES), Aragón, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Acatlán, que se ubican en las periferias entre la Ciudad de México y el Estado de México.
A casi dos años de la publicación del Protocolo, las estudiantes, académicas y profesoras de las FES desconocen qué se considera como violencia de género y la existencia de un instrumento para denunciar, así lo aseguró la consejera universitaria de la FES Cuautitlán, Pamela Hernández Hernández, quien funge como representante de su facultad en el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad que emite normas y disposiciones generales para el funcionamiento de la UNAM.
Por ello, indicó la también estudiante, ante el desconocimiento las víctimas acuden a los Servicios Escolares o a la coordinación de cada carrera para presentar su queja, donde les informan que hay una instancia a la que deben acudir ya que aún las autoridades de las FES no aplican el Protocolo y la figura el abogado general de su facultad es prácticamente inexistente.

Ante el vacío de instancias de orientación, la comunidad estudiantil socorre a las víctimas por medio de redes de apoyo como el colectivo Representación Estudiantil. Sin embargo, las quejas se siguen quedando en el proceso de investigación, indicó la consejera universitaria y agregó que como resultado de su cargo hasta el momento conoce de 4 casos de violencia de género y uno por violación, que no han sido denunciados formalmente, y donde los agresores pertenecen al personal académico de la FES Cuautitlán.
En suma, cotidianamente la comunidad de las FES se enfrentan en mayor medida a los asaltos y robos, las estudiantes al acoso callejero en el transporte público debido a que están localizadas en zonas inseguras, expuso Hernández Hernández. No obstante, continúa la deficiente respuesta de las autoridades para atender las demandas del alumnado como: transporte seguro, patrullaje fuera de las instalaciones, y alumbrado público.
Además, para las académicas e investigadoras de la UNAM denunciar la violencia de la que son víctimas o simplemente dar su apoyo a las estudiantes viene con un doble costo: Significa exponerse, correr el riesgo de perder su trabajo, ser víctimas de aislamiento por parte de otros compañeros de trabajo o perder la oportunidad de ascender a un mejor puesto laboral, así lo señaló a esta agencia la profesora de Antropología, Claudia, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias.
Según las cifras del informe del Protocolo, de las 234 personas que presentaron una denuncia por violencia de género únicamente 3 por ciento era de personal académico.
NI UNA MÁS: DEMANDAN UNIVERSITARIAS
En medio de este panorama el feminicidio de Lesvy fue el punto un punto de quiebre para la comunidad de CU, las estudiantes ya no estaban dispuesta a tolerar más la violencia de género o que la vida de otra compañera fuera arrebatada. En cambio para las FES, explicó Pamela Hernández Hernández no tuvo ninguna repercusión.
El 6 de mayo de 2017 el campus de la UNAM vivió la movilización de cientos de mujeres en repudió a la criminalización de Lesvy por parte de la PGJDF y la negativa del rector de la UNAM, Enrique Graue, de reconocer a la joven como parte de la comunidad universitaria, a pesar de que Lesvy estudió en una de las instituciones dependientes a la universidad, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, y su madre y padre son trabajadores de Ciudad Universitaria.
Encabezada por la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, las estudiantes, académicas y sociedad civil se apropiaron del campus y convirtieron la caseta telefónica en un altar en memoria de Lesvy. Colocaron una cruz rosa, flores y una placa de madera con el nombre de la joven, el altar aún permanece, para recordar a quien cruce por el “Camino Verde”, llamado así por la comunidad universitaria, que en la UNAM , la violencia contra las mujeres también ha impacto.

Aunque la violencia de género siempre ha existido en Ciudad Universitaria, después del feminicidio de Lesvy las estudiantes le ponen nombre, lo visibilizan y no lo callan, reflexionó la integrante del Tribunal Universitario, Ingrid Vázquez, quien dijo, han comenzado a formar un “movimiento feminista estudiantil” cada vez más fuerte.
“Fue un acontecimiento que nos dolió muchísimo, sobre todo por cómo se llevó el proceso. Esta red de sororidad y red de mujeres ha crecido muchísimo. Nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, ser conscientes de la violencia que vivimos diariamente en la universidad. Muchas veces se piensa que la academia o la universidad es un espacio que no nos toca, finalmente no es así, la universidad es un reflejo de lo que ocurre fuera en sociedad, lo podemos ver con un feminicidio que pasa dentro de nuestras instalaciones”.
No obstante esta toma de conciencia entorno a la violencia contra las mujeres no impactó por igual a la comunidad, añadió Ingrid, están los varones que reafirmaron su posición contra el feminismo y descalifican cada denuncia de las universitarias contra la violencia sexual. En el otro extremo, están aquellos que buscan convertirse en aliados y cambian actitudes, por ejemplo, “ya no dicen comentarios machistas”, dijo la también estudiante.
Con los videos de vigilancia que proporcionó la Universidad se pudo conocer que previó a la defunción de Lesvy, su entonces pareja, la golpeó en repetidas ocasiones la madrugada del 3 mayo de 2017, hasta que su cuerpo apareció en la cabina telefónica. Los testigos de personas cercanas a los jóvenes lograron también corroborar que Lesvy era víctima de violencia por parte de Jorge Luis González.
Actualmente, el caso atraviesa el proceso intermedio en el que la defensa de víctimas y victimarios presentarán las pruebas y peritajes incluidos en la carpeta de investigación.
A un año del asesinato de Lesvy, la UNAM accedió a colocar una placa con su nombre en la caseta telefónica, en la memoria de la joven y las víctimas de feminicidio en este país.
En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentó este 2 de mayo la Recomendación 1/2018 dirigida a la PGJDF por las violaciones al debido proceso en la investigación del feminicidio de Lesvy y la estigmatización de la que fue víctima ella y su familia. Estas 18 recomendaciones aún están en espera de ser aceptadas.
18/HZM/AEG
VIOLENCIA
Solo 11 carpetas fueron consignadas ante un juez
En tres años 404 mujeres denunciaron acoso sexual en Veracruz

Desde 2015 en Veracruz 404 mujeres han interpuesto denuncias ante la Fiscalía General de Estado (FGE) por acoso sexual, sin embargo apenas 11 carpetas han sido consignadas ante un juez para su investigación, según datos del Sistema de Investigaciones Ministeriales de la Fiscalía.
Las agresiones se concentran en mujeres de 21 a 30 años de edad quienes han presentado 96 denuncias, pero también en menores de 11 a 20 años quienes han presentado 95 denuncias en total.
De acuerdo a datos de la fiscalía, en 2015 se presentaron 133 denuncias, en 2016 fueron 140 y hasta octubre del 2017 se tenía un reporte de 131 denuncias.
El delito de abuso, acoso y hostigamiento sexual se contempla en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en el Código Penal estatal, que señala una condena de 6 meses hasta 3 años de prisión, o multa de hasta 300 días de salarios mínimo, a quien cometa el delito de acoso sexual, es decir, a quien con fines lascivos acose a una persona de cualquier sexo.
Sin embargo, de las 404 denuncias interpuestas, solo 11 carpetas de investigación fueron consignadas ante un juez, 7 en 2015, 4 en 2016 y ninguna en 2017.
Los municipios con mayor número de casos y denuncias de acoso sexual son: Coatzacoalcos, Córdoba, Tuxpan, Veracruz, Xalapa, Misantla y Tierra Blanca.
Apenas este martes 24 de abril, una joven de Coatzacoalcos denunció vía redes sociales que un hombre la atacó cuando caminaba en la calle. Ante la denuncia pública que fue transmitida en video, varias personas reaccionaron y golpearon al joven, quien finalmente se disculpó.
En opinión de Aracely González Saavedra, integrante de la asociación Equifonía AC, es importante hacer públicas las denuncias de agresión hacia las mujeres para que se genere indignación, pero se debe evitar hacer justicia por propia mano.
“Es importante que haya una indignación de la sociedad a estas agresiones, pero las medidas al respecto no deben ser por la vía de la violencia en un contexto donde hay inseguridad y acciones de más violencia”, opinó.
A su consideración son las instituciones las que deben hacerse cargo de esta situación: “De lo contrario estamos arriesgándonos a que ocurra esta problemática y la solución quede a criterio de las personas que hagan frente”.
Insistió en que la vía para frenar el acoso sexual contra las mujeres debe ser institucional y de trabajo de la sociedad civil hacia la prevención y la educación para lograr el respeto a las mujeres.
Por su parte, Estela Casados, académica de la Universidad Veracruzana (UV) e integrante del Centro de Estudios de Género, lamentó la situación y dijo que Coatzacoalcos vive una gran problemática de violencia hacia la población en general, pero contra las mujeres es más grave aún.
Alertó que el municipio es uno de los incluidos en la declaratoria de Alerta de Violencia de Género por violencia feminicida, y es grave que un hombre en la calle se sienta con la libertad de tocar a una mujer en impunidad.
Advirtió que se debe tomar con cuidado de la reacción de la sociedad civil, hacia este tipo de hechos, aunque dijo que la misma impunidad deriva en estas conductas.
“Cuando una mujer va a denunciar que hay manoseo o tocamiento, o agresión física en la calle, no tiene mayor repercusión, aun cuando está tipificado como un delito”, dijo.
En su opinión la gente está cansada de que la seguridad de la población y de las mujeres se vulnere en las calles, por lo que toman la justicia en sus manos aun cuando no es la solución adecuada.
18/AVC
DERECHOS HUMANOS
Fue denunciada por un profesor acusado de acoso sexual
Eximen a defensora Circe López del delito de ataque al honor

Después de ser acusada de “ataques al honor” por informar que un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo era acusado de acoso sexual, la defensora de Derechos Humanos, Lucero Circe López Riofrío, ganó una apelación por lo que no enfrentará un juicio por esta denuncia.
El pasado 14 de marzo la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Michoacán revocó el auto de vinculación a proceso contra la defensora, quien fue acusada por un profesor universitario que se dijo perjudicado luego de que López Riofrío informara ante instituciones públicas que el sujeto estaba siendo acusado de acoso sexual.
La imputación contra la defensora surgió durante el proceso de solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) que en 2014 presentó a través de la organización “Humanas Contra la Violencia”. Con esta petición se creó un grupo de trabajo para sustentar si había o no elementos para emitir la declaratoria.
El profesor, acusado de acoso sexual, fue incluido en este grupo como experto para investigar la violencia de género. Cuando se hicieron públicos los nombres de los investigadores Circe López recibió dos correos electrónicos donde dos mujeres expusieron que el profesor las acosó sexualmente.
En un caso, una estudiante afirmó que lo denunció ante la Universidad pero la casa de estudios nunca informó cuál fue la resolución.
López Riofrío consideró natural llevar el asunto ante el grupo de trabajo. En una reunión el 22 de enero de 2015 la defensora presentó una carta firmada por organizaciones y feministas que exigieron la destitución del profesor del grupo de expertos. Como resultado en diciembre de ese año ella fue denunciada por dañar la imagen del académico.
El profesor, que además labora en una institución pública atendiendo en el área de atención a la violencia intrafamiliar, acusó a la defensora de perjudicar su honra con lo que lo afectó económicamente, por lo que exigió una indemnización de un millón de pesos. Sn embargo, el señalamiento se hizo en una reunión con personas que analizaban la AVG.
Además López Riofrío solo tuvo intención de informar que se pretendía incluir en el grupo de trabajo a una persona que en ese momento tenía denuncias de acoso sexual sin saber si había sido encontrada inocente o culpable.
El 8 de febrero de este año, el juez Ariel Montoya Romero, vinculó a un proceso penal a López Riofrío, directora de la organización “Humanas contra la Violencia”, por el delito contra el honor, el cual se castiga con penas de tres a cinco años de prisión y una multa de cien a trescientos días de salario mínimo general vigente, así como la reparación del daño.
Las acusaciones legales son una práctica que restringe el activismo, según el Registro mesoamericano de agresiones a mujeres defensoras de Derechos Humanos. En México, entre 2012 y 2014, las defensoras más agredidas fueron las que defienden el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Asimismo es una práctica para inhibir la libertad de expresión.
Luego de ser vinculada a proceso, la defensora apeló la decisión del juez y el pasado 14 de marzo los magistrados de la Séptima Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia de Michoacán determinaron que el comentario que hizo la activista ante autoridades que trabajaban sobre la AVG era de interés para las personas involucradas, por lo que no es sancionable penalmente.
Los magistrados también consideraron que el señalamiento no fue una denuncia pública sino que informó al Grupo de Trabajo sobre la solicitud que hizo por escrito para pedir la destitución del académico.
Además el “experto en violencia de género” que haría tareas de interés general estaba presente durante la reunión por lo que tenía derecho de réplica.
En este caso, explicó en entrevista López Riofrío, no se puede limitar la libertad de expresión de las defensoras de Derechos Humanos porque el derecho penal no se puede usar para acallar la verdad en asuntos de carácter público como la violencia sexual pero además, dijo, aún falta que las mujeres que aseguraron ser víctimas de acoso sexual reciban justicia.
18/AGM/LGL
Acceso a la justicia para las mujeres
Denunció a supuesto acosador sexual y ahora la acusan a ella
Defensora enfrenta proceso por “delito contra el honor”

La activista Lucero Circe López Riofrío, directora de la organización Humanas contra la Violencia A.C. y promotora de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en Michoacán fue vinculada ayer a un proceso penal por “delito contra el honor”.
Un juez de oralidad en Morelia, Ariel Montoya Romero, ordenó que se abriera el proceso por la acusación presentada ante la Procuraduría General de la Justicia del Estado por un profesor de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana, cuyo nombre no es público ante los medios de comunicación.
El hombre la acusó porque la defensora de Derechos Humanos lo señaló como presunto acosador sexual.
El caso se remonta a la solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia de Género que Humanas Contra la Violencia presentó ante la Secretaría de Gobernación en 2014. Con esta petición se creó un grupo de trabajo para sustentar si había o no elementos para emitir la declaratoria. El profesor fue incluido en este grupo. Estos son los nombres de los integrantes del grupo.
En entrevista con Cimacnoticias Circe López narró que vía correo electrónico le llegaron dos denuncias de acoso sexual donde se acusaba como presunto responsable al profesor. En un caso, una universitaria afirmó que lo denunció ante la universidad por acoso sexual pero la casa de estudios nunca informó cuál fue la resolución. En otro correo, de una mujer que pidió el anonimato, se delató un segundo caso de presunto acoso sexual.
López consideró natural llevar el asunto ante el grupo de trabajo y demandar que el profesor fuera sustituido. La defensora presentó una carta firmada por organizaciones y feministas; sin embargo, sólo ella es acusada de la presunta difamación. Es aquí donde la Procuraduría y el juez vieron indicios para un delito contra el honor, que contrario a otros estados, todavía forma parte del derecho penal en Michoacán.
La Fiscalía sigue los argumentos del profesor, que la activista debió acompañar a presentar la denuncia con la presunta víctima ante las instancias correspondientes y no exponerlo públicamente durante la referida reunión.
La defensa de la activista argumenta que López Riofrío no tenía intención de dañar su honor, sino de informar que se pretendía incluir en el grupo de trabajo a una persona que en ese momento tenía denuncias de acoso sexual sin saber si había sido encontrada inocente o culpable. No obstante estas denuncias no se habían llevado ante instancias penales, “y ahora, las afectadas van a tener mucho más miedo de hacerlo, viendo lo que me está pasando a mí”, dijo López.
En su opinión, el hecho de que el juez abriera este proceso es un mensaje a las defensoras de Derechos Humanos que pueden ser criminalizadas. “Cualquier mujer que sea defensora y venga a Michoacán puede incurrir en el ‘delito’ de ataque al honor. Esto es un retroceso para la libertad de expresión.”
Por otra parte, preocuparía la manera en que se utiliza esta ley, cuando justo la omisión de una lectura a favor de las mujeres era una de las razones por las que se pidió la Alerta de Género.
La Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) pidió ante el juez que se reforzaran las medidas cautelares hacia ella, para proteger al profesor en su calidad de víctima.
López tiene que presentarse en audiencia para presentar su defensa a inicios de Abril.
18/SG
VIOLENCIA
Quinto Poder
Importunar no es derecho

El feminismo convoca a que re-imaginemos nuestra forma de vida de manera que podamos “ver” de otra forma, él necesariamente involucra apelar a la ética, incluyendo el llamado para que modifiquemos nuestra sensibilidad moral”
Drucila Cornell
En los últimos meses la discusión acerca de la “mojigatería” o “criterio abierto” de las mujeres que aceptan o no los piropos, o los rechazan, se ha puesto en el centro del debate, distrayendo por supuesto una vez más el tema central de si es correcto que estos hechos ocurran a las mujeres que, como demostró la campaña “#Me too”, ocurre en todo el planeta.
Más recientemente el tema derivó en un manifiesto de francesas en el que se defendía el derecho a “importunar” con la “seducción insistente” o “torpe”, frente a las norteamericanas que expusieron la dimensión del problema en los Golden Globe. El resultado fue tildar a unas de “puritanismo”.
Lo complejo es que el epígrafe con el que inicia este artículo sigue siendo la premisa que nos falta entender acerca de la nueva mirada sobre los adjetivos cotidianos que nos merecen las acciones de las mujeres y los hombres.
Se trata de la mirada. Es cambiar la mirada, la forma como vemos y entendemos lo que hasta ahora ha sido cómodo para unos e incómodo para otros. Nada hay de seductor en el acoso y mucho menos el importunar es válido si nos quitamos la máscara que nos ha sido impuesta desde el patriarcado y que nos enseñó o instruyó a aceptar pasivamente el gesto masculino de seducción, y por otro lado a entenderlo como una valoración en el “mercado de consumo”, nuestro lugar en la sociedad.
Transitar hacia una nueva ética para configurar el propio valor de las mujeres respecto de sí mismas exige normas y expectativas diferentes.
Estándares diferentes en el comportamiento y en la valoración del comportamiento de las mujeres, de tal forma que lo que hace una mujer es calificado y valorado desde una óptica y lo que hacen los hombres lo es desde otra, una más laxa en lo relativo a la noción de lo moral y lo ético, basándose en el deber ser buena, decente, conciliadora y otras características asociadas con las virtudes consideradas femeninas en oposición a los valores reconocidos en los hombres.
No podemos perder de vista que las mujeres están en medio de dos “fuegos”. Por un lado si se pronuncian contra el acoso y hostigamiento, se les tilda –como ha sucedido- de “mojigatas” y por otro lado si se pronuncian a favor se está construyendo una postura “complaciente” con el sistema opresor a cambio de obtener algún beneficio.
Históricamente y es un tema en el que las feministas hemos “bordeado” sin confrontar, es reconocer que persiste en el inconsciente –la máscara impuesta en el interior desde el patriarcado- el deseo a ser aprobada, el anhelo de ser “la favorita” y obtenerlo es la única vía para la autoafirmación.
Cada una desde distintas motivaciones ya sea por el modelo edípico de la que busca ser la favorita del padre, hasta la que –en mi caso, lo admito- busca la perfección como un modelo inculcado por la madre-abuela que nos formó en la autoexigencia, y la complacencia, se sigue buscando en los ojos de otro u otra aunque ello nos conduzca a la locura o el estrés.
No es un tema fácil mirarlo desde adentro, pero es el camino a la construcción de nuevas éticas, nuevas miradas que pueden empezar por una búsqueda interior acerca de cómo estamos reflejando y contribuyendo a responder a esos patrones impuestos de ser conforme al deseo o la expectativa de una perfección que nunca alcanzamos.
Nuestra sensibilidad “moral”, palabra que no me agrada del todo y frente a la que prefiero la “ética” , ha de modificarse en la disposición de reconocer, cuestionar lo que mueve nuestros propios argumentos y respuestas, si es posible una “mojigatería” desde una óptica que demanda aceptar ser “putas en la cama y damas en la sala” o aplaudir una supuesta libertad sexual que hasta ahora solo ha servido para granjear privilegios del disfrute del cuerpo femenino ya sea como bien de consumo o como moneda de cambio para obtener privilegios.
En una sociedad en la que las mujeres, por siglos no hemos tenido otra cosa que un cuerpo que no nos pertenece sino es potestad del sistema social que hoy nos dice que no hay lógica en pretender reclamar que nos pidan permiso –suponen no tienen que hacerlo pues lo asumen como derecho- para tocarlo, golpearlo o asesinarlo, porque al final esa es la dimensión del control sobre “algo llamado mujer”.
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche
18/AC/LGL
VIOLENCIA
Zona de Reflexión
Sacar la basura del patriarcado

A raíz de la denuncia masiva a través de la campaña #MeToo, han surgido opiniones que señalan que las mujeres exageran y confunden cualquier acercamiento masculino con acoso. El cuestionamiento se centra en la palabra de las víctimas, quienes como nunca antes, han tenido la posibilidad de expresarse.
Uno de los argumentos colocados es que las mujeres confundimos acoso y seducción, esto debido a la torpeza masculina para manifestar sus intenciones. Las mujeres saben y ellos también, cuando se acosa y cuando no. La supuesta confusión entre acoso y seducción torpe, es un viejo argumento usado por los acosadores, precisamente para descalificar la palabra de sus víctimas.
Frases como “yo sólo quería ser cortés” “ella mal interpreta” “no fue mi intención”, son recurrentes cuando los acosadores son evidenciados. El reto siempre ha sido que la palabra de las víctimas tenga validez.
Otra argumento para tratar de descalificar el movimiento #MeToo, es que se ha desatado una “cacería de brujos” en donde las mujeres señalan a hombres inocentes que no tienen posibilidad de defensa.
El derecho a la defensa, ha sido un largo camino que las mujeres han tenido que recorrer y no está del todo ganado. Cuando las mujeres se defienden se les suele acusar de excederse. Recuerdo los casos de Claudia Rodríguez Ferrando (1996) o Yakiri Rubio (2013), mujeres que para defenderse de su violador, hicieron uso de la legítima defensa causando la muerte de éstos. Ambas fueron encarceladas, juzgadas, y ambas salieron bajo el cargo de “exceso de legítima defensa”.
También se ha dicho que las mujeres que se han sumado a la denuncia del acoso quieren venganza, no justicia. Históricamente las mujeres, y especialmente las víctimas de delitos sexuales, lo que han demandado ha sido justicia. Y para lograrlo, han tenido que transformar conceptos añejos que las culpabilizan, y han creado otros, para acercarse al sueño de la justicia que el sistema de justicia masculino les ha negado.
Recordemos que en el año 1994 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que cuando un marido obligaba a su esposa a tener sexo con él, no era un delito sino el “ejercicio indebido de un derecho". Echarlo atrás costó once años.
En 2005 la SCJN determinó que por supuesto dentro del matrimonio podría existir el delito de violación, el cual ocurre cuando se obliga a tener sexo, usando la violencia física o moral.
Y aclararon que al reconocer este delito, se protege “el derecho de las personas a la autodeterminación sexual, lo cual implica la libre disposición de su cuerpo, y el derecho a decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales”.
Se ha dicho que quienes se suman al movimiento #MeToo son moralinas o conservadoras. El derecho a decidir sobre el cuerpo ha sido una de las demandas más libertarias de las mujeres.
Por ejemplo, en México hasta hace 30 años algunos Códigos Penales mantenían la exigencia para la víctima de violación de castidad, una forma honesta de vivir, y tener buena reputación.
En México, según datos del Colegio Jurista, 1.4 millones de mujeres viven acoso dentro de su trabajo, pero sólo 40 por ciento decide denunciarlo por miedo o desconocimiento de cómo actuar en ese tipo de situaciones; 90 por ciento de las afectadas prefiere buscar otro empleo, según información del Instituto Nacional para las Mujeres.
POR QUÉ HA MOLESTADO TANTO ESTE MOVIMIENTO MASIVO
No es no, han insistido en miles de formas las mujeres al hablar de la violencia sexual en cualquiera de sus expresiones.
Antes de defender a quienes durante milenios han gozado del privilegio de la impunidad y del pacto de silencio, fortalezcamos las condiciones para que las mujeres puedan denunciar sin el temor a ser linchadas.
Tal vez lo que más molestó es que se sacó la basura que estaba bajo las alfombras del patriarcado y se dejó al descubierto que frente a la violencia machista romper el silencio y denunciar al agresor no sólo libera, sino que sana y empodera.
¿Qué es lo que más molesta? ¿Qué se señale y se nombre a los acosadores, violadores y hostigadores? ¿Qué se les ponga nombre y descubramos que lejos de ser unos sicópatas son hombres comunes, que conviven con nosotras todos los días?
La basura que sacó –del mundo privado- el movimiento #MeToo, fue la violencia machista para ponerla a plena luz, hacerla asunto público, donde el centro del escrutinio son los agresores, esos que decidieron un día usar su poder para satisfacer su deseo sin que nada les pasara porque la complicidad y la impunidad estaba de su lado.
Lo que el movimiento #MeToo cuestiona es el sistema que permite que los hombres acosen. Un sistema que ha privilegiado el deseo masculino y lo ha puesto por encima de la decisión de las mujeres.
Es decir, cuestiona las condiciones que le permiten a cualquier hombre acosar, hostigar y agredir a una mujer. Hacerlo, es una decisión personal.
Sí, existe un desprestigio hacia los hombres, pero no hacia todos. El desprestigio es sobre aquellos que acosan, que violentan a las mujeres y sobre aquellos que con su silencio aceptan la agresión, sobre aquellos que prefieren mirar para otro lado cuando otro hombre está violentando a una mujer.
Tal vez lo que más molesta al patriarcado es ver herido uno de sus pilares, la excusa para la violencia masculina basada en una supuesta incapacidad de controlar sus emociones. Ese tiempo se acabó, y hoy cada uno tendrá que rendir cuentas por el abuso cometido contra las mujeres.
*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.
Twitter: @lagunes28
18/LLH/LGL
FEMINISMO
Se visten de negro en alfombra roja
Movimiento contra el acoso marca entrega de Globos de Oro

Aunque la entrega de los Globos de Oro pareciera un tema exclusivo de la industria del entretenimiento, en la ceremonia de este 7 de enero el movimiento Time´s up (El tiempo se acabó), contra el acoso sexual, fundado por actrices y productoras del cine, ocupó esta plataforma y dejó su primera huella.
Coordinadas por una causa social casi todas las actrices, a excepción de tres mujeres, acudieron a la ceremonia en Beverly Hills, California, portando atuendos en color negro, como una forma de solidaridad con el movimiento y el fondo legal para defender a víctimas del acoso sexual llamado ”El tiempo se acabó”, fundado hace apenas una semana.
Con la ayuda de donantes el fondo arrancó con un monto de 13 millones de dólares. Ayer, con la publicidad de las famosas y los famosos, las donaciones llegaron a 15 millones de dólares.
En solidaridad con la lucha feminista muchos hombres se vistieron de negro y llevaron pines con el nombre del movimiento.
El discurso más fuerte de la noche lo dio Oprah Winfrey al recibir el premio Cecile B. DeMille en honor a su trayectoria cinematográfica. Aludió al poder de la palabra y honró a las mujeres y hombres que se atrevieron a denunciar el acoso sexual.
“Quiero que todas las niñas que están mirando esta noche sepan, que hay un nuevo día en el horizonte”, dijo, entre los aplausos del público. “Y cuando amanezca, es por todas las mujeres grandiosas y unos hombres fenomenales en esta sala que trabajan muy duro para que haya un tiempo en que nadie más tenga que decir: ‘Yo también’”.
Durante la entrega de los galardones muchas ganadoras expresaron su gratitud por ser parte del movimiento de mujeres y aprovecharon la tribuna para sumarse a otras reivindicaciones feministas como más mujeres en la industria del cine. La actriz Natalie Portman hizo referencia a la falta de mujeres directoras en la lista de nominados a Mejor Director. “Aquí están los nominados, todos hombres”, acotó la actriz en medio de las risas del público.
Algunas actrices se emparejaron con lideresas de la lucha feminista en la alfombra roja para atraer más atención hacia ellas. Por ejemplo, Meryl Streep acudió con Ai Jen Poo, integrante de la Alianza de Trabajadoras Domésticas, y Emma Watson estuvo al lado de Marai Larasi, de la organización británica Imkaan, contra la violencia contra mujeres y niñas.
Las actrices subrayaron que la muestra de vestirse de negro no sólo era una señal de lucha dentro de su propia industria, sino de solidaridad con mujeres en condiciones menos favorables para combatir el acoso.
Uno de los objetivos del fondo Time´s up es brindar ayuda legal a mujeres que laboran en ramas donde no hay reflectores como el trabajo del hogar, la agricultura y limpieza, y apoyar a mujeres migrantes y de minorías étnicas.
18/SG
DERECHOS HUMANOS
Fundan en Hollywood organización para defender a otras mujeres
Actrices lanzan fondo contra el acoso sexual en Estados Unidos

“El tiempo se acabó para el acoso sexual y la desigualdad en el lugar de trabajo. Es tiempo de hacer algo.” Estas son las primeras declaraciones de una nueva iniciativa creada por más de 300 poderosas mujeres de Hollywood, que se dio a conocer ayer con desplegados de página completa en los diarios The New York Times y La Opinión.
Actrices como Meryl Streep, Reese Witherspoon, Jennifer Aniston y Eva Longoria lanzaron esta iniciativa que además integra un fondo que llamaron Time’s up (El tiempo se acabó, en inglés). A ellas se sumaron la productora Shonda Rhimes, la actriz Katie McGrath y su marido, el director J.J. Abrams; así como el director Steven Spielberg y su esposa, la actriz Kate Capshaw.
La fundación de la organización fue el siguiente paso tras el debate que se desató en septiembre pasado cuando The New York Times reveló el acoso sexual que durante años ejerció el productor Harvey Weinstein; enseguida se destaparon otros casos de acoso en la industria del cine. Estas denuncias hicieron que el año pasado, en redes sociales, la discusión se hiciera viral con las etiquetas MeToo, en inglés y YoTambién, en español.
Con los 13 millones de dólares que las actrices y los donantes han recaudado hasta ahora pretenden ofrecer defensa legal a mujeres que trabajan en campos menos privilegiados que el cine, como el trabajo doméstico, la limpieza, o la agricultura.
De esa manera, las famosas también responden a la crítica que surgió con el debate Weinstein, cuando la opinión pública señaló que había millones de mujeres de clase trabajadora que también son víctimas de acoso sexual y que se perdieron de vista. Las mujeres de Hollywood afirmaron que esta iniciativa se inspiró en una carta de la Alianza Nacional de Campesinas, escrita en noviembre, en donde las mujeres se solidarizaron con las actrices.
“A cada mujer empleada en agricultura que ha tenido que aguantar los intentos de seducción de su jefe (…), cada inmigrante silenciada por la amenaza de que si habla, revelarán que es indocumentada, y para todas las mujeres sometidas a comportamientos indignos y ofensivos que se supone que deben tolerar para ganarse la vida: estamos con ustedes, las apoyamos”, dice el desplegado publicado este 1 de enero.
En ella, las fundadoras subrayan que las mujeres inmigrantes, de ascendencia afro, lesbianas, bisexuales y trans, muchas veces sufren mayor discriminación y acoso que las mujeres blancas heterosexuales. Por esta razón el fondo de defensa legal está dirigido particularmente a estos grupos.
Además del fondo, la iniciativa se propone cabildear una legislación que sanciona a las compañías que toleran el acoso sexual y fomentar la equidad de género en los estudios de cine y televisión y las agencias de talento.
Para llamar la atención sobre su causa, las fundadoras de Time’s up pidieron a las estrellas de Hollywood que aprovechen los reflectores de la alfombra roja de la entrega de los Globos de Oro que se realizará este 7 de enero y se vistan de negro como una forma de solidarizarse con el movimiento contra el acoso sexual.
18/SG
DERECHOS HUMANOS
Mujer Sonora
El tuit

Hace unos días un efímero tuit llamó la atención porque apenas pensamos que hay un avance en el entendimiento social de que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, y de golpe, la cruda realidad nos devuelve a la realidad “real”.
Desde el 8 de diciembre de 2016 en Hermosillo, por primera vez tenemos una Jefa del Departamento de tránsito municipal. Se trata de Janneth Elena Pérez Morales, quien cumplió recién un año en el cargo.
Es una mujer joven, seria, profesional, disciplinada y al momento de tomar posesión contaba con 16 años de experiencia.
Con todo y ello el 4 de diciembre pasado, en la ceremonia de entrega de veinte patrullas nuevas a la corporación a su cargo, fue objeto, sí objeto, de un acto de violencia a través de una red social, por un periodista de gran experiencia que en el transcurso del mismo día, retiró su publicación sin dar explicación alguna.
El tuit consiste en mostrar en primer plano la parte posterior del cuerpo de la Jefa de tránsito municipal con su impecable uniforme, quien se encuentra de frente a las patrullas, escribiendo el tuitero que por si no se habían fijado –quienes ven la imagen- la patrulla que aparece al fondo es de la marca Nissan.
Días después se conoce la noticia de que una joven es buscada por sus familiares pues salió a divertirse una noche de fin de semana, acudió a un antro, y después de que tomara un coche de servicio Uber, ya no pudo ser ubicada por su familia y aparece hasta el día siguiente.
En su narrativa, la chica dijo que fue llevada a un motel por el chofer de Uber en donde abusó de ella, y por la mañana la llevó a su casa. La Secretaría de Seguridad pública municipal dio la información preliminar en un boletín:
“Hermosillo, Sonora, a 10 de diciembre.- El conductor de un auto que presta servicio como Uber es señalado como presunto responsable de abuso sexual en contra de una joven que requirió sus servicios al salir de un centro de diversión la madrugada de este domingo.
Elementos de Seguridad Pública atendieron el reporte de una joven cuyos familiares solicitaron la intervención de los cuerpos policiacos al no tener información de ella.
Fue así como ubicaron a quien dijo llamarse Omar N. de 33 años y con domicilio en la colonia Pueblo Bonito.
Según la afectada cuya identidad se omite, al salir del antro a donde acudió a divertirse, abordó el vehículo del servicio de Uber para dirigirse a su domicilio pero el conductor la llevó a un hotel y al despertar alrededor de las 9:00 horas de este domingo, le pidió que la llevara a su domicilio”.
Entre las muchas reacciones que causó la noticia, al no ser ésta la primera vez que un chofer de Uber es investigado por abuso sexual, una cuenta de Twitter denominada Hermoencuestas lanza un sondeo para que la gente opine sobre la situación de la joven agredida.
Sus opciones son: “Se quedó botada”; “Se fue con el noviecito”; “Se la robó el Uber”; y “Otra (comenta)”. De 126 votos, 75 opinaron que se fue con el novio. El nivel de banalización de la agresión sexual fue igual de la cuenta que lanzó el sondeo, como del público que decidió opinar.
Ambos casos narrados tienen algo en común: demuestran que no se ha aprendido nada de violencia contra las mujeres. Quien decidió lanzar un tuit con la imagen de una mujer a quien no se le pidió permiso para poner en redes sociales su imagen en un ángulo que seguramente ella nunca pensó sería captada, solo buscó “hacer una broma” utilizando el cuerpo de la Jefa de tránsito municipal de Hermosillo.
Por su parte, quien maneja la cuenta de Twitter que lanzó el sondeo, usa como mercancía el drama de una joven y de su familia que de acuerdo a su dicho sufrió un episodio de violencia por parte de un desconocido que aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la chica, abusó de ella y está siendo investigado.
Ambos vuelven a saltar al vacío de su conocimiento sobre Derechos Humanos de las mujeres. De nuevo en menos de una semana dos casos relacionados con la comunicación masiva, tan grave uno como el otro, se permiten violar el derecho a una vida libre de violencia, que en teoría todas las mujeres gozamos en este estado y país.
Afortunadamente el tuit fue retirado, pero el daño está hecho, pues sabemos que una vez lanzada una imagen al espacio de las redes sociales, nunca nada vuelve a ser igual, pues jamás se logra desaparecerla del todo.
El mensaje para las mujeres es: Si eso se puede hacer con una mujer de alta jerarquía como lo es una Jefa de un departamento de tránsito de la capital de un Estado ¿qué no se podrá hacer con el cuerpo y la imagen de cualquier otra mujer?
Si la violación sexual contra una mujer, una de las agresiones más difíciles de superar –si es que se logra- puede ser objeto de sorna y puesto en lo público para que cualquiera opine, lastimando aún más la dignidad e integridad de la afectada ¿qué se podrá esperar de agresiones consideradas menores por la ley?
¿Qué tiene que pasar para que quienes utilizan un medio de comunicación entiendan que cuando la ley describe las violencias de género contra las mujeres, se refiere a todas las que se inflijan por cualquier medio?
¿Cuándo se entenderá que el hecho de ser comunicador o periodista no exceptúa a las personas de ser acusados de cometer un delito?
Ambos casos son preocupantes, pues es obvio que las mujeres siguen siendo carne para los leones. Lo que a ellas les pase, así como sus cuerpos son propiedad de cualquiera, menos de ellas mismas. Expresa también el fracaso de las campañas mediáticas pues ni las personas que trabajan en medios han abierto oídos a ellas. Aquí dos muestras.
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
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