Rosa Pérez Pérez

Las integrantes de la Red de Redes por la Paridad Efectiva, se comprometieron a vigilar los procesos electorales de 2017 en los estados de Nayarit, Coahuila, Veracruz y Estado de México, para que los partidos políticos postulen a las mujeres para competir por cargos de elección y no se ejerza violencia política de género.
 
En un comunicado donde informaron de su tercer encuentro que se celebró este 6 de octubre, las promotoras de la participación política femenina señalaron que con base en su experiencia en observación y vigilancia de procesos electorales anteriores, elaborarán un manual o guía de observación electoral con perspectiva de género que servirá para las próximas elecciones.
 
El próximo año en el Estado de México se elegirá gobernador, en Coahuila gobernador, diputaciones y ayuntamientos; en Nayarit se renovará gubernatura, diputaciones, ayuntamientos y regidurías; y en Veracruz sólo se votará para elegir ayuntamientos. 
 
Al respecto, las activistas manifestaron su preocupación por el incremento de las agresiones contra mujeres que ejercen cargos de elección popular por lo que exhortaron a la Cámara de Diputados y al Senado de la República a aprobar de inmediato las reformas necesarias para tipificar la violencia política por razón de género como delito grave.
 
En este encuentro se analizó en detalle la situación que enfrentan María Gloria Sánchez Gómez y Rosa Pérez Pérez, presidentas de los municipios indígenas de Oxchuc y Chenalhó, en Chiapas, respectivamente, quienes fueron obligadas a separarse de sus cargos mediante violencia política, violencia institucional y violencia social.
 
En fechas distintas, hace mes y medio la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó la inmediata restitución de los derechos políticos de las alcaldesas, pero las sentencias aún no han sido ejecutadas porque las autoridades argumentan que no hay condiciones para hacerlo.
 
La Red hizo un llamado a las autoridades correspondientes a facilitar el proceso para que ambas presidentas municipales puedan reanudar sus funciones y observaron que el cumplimiento de esa sentencia tendrá implicaciones sobre los derechos políticos de las mujeres indígenas de todo el país.
 
La Red actualmente conformada por organizaciones de Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Tabasco, Tlaxcala, Hidalgo, Chihuahua, Sinaloa, Jalisco, Zacatecas y Morelos, fue fundada en agosto de 2015 con el fin de promover el avance político de las mujeres y tutelar el principio de paridad de género.
 
En el encuentro también participaron el titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, María del Carmen Alanís Figueroa y la senadora Martha Tagle.
 
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La magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), María del Carmen Alanís Figueroa, denunció que a un mes de la resolución de ese organismo jurisdiccional, las autoridades locales chiapanecas no han acatado el fallo de restituir en sus cargos a las mujeres indígenas alcaldesas de Chenalhó y Oxchuc.
 
En el contexto del “Foro Democracia Paritaria”, organizado por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Alanís Figueroa dio la conferencia sobre “Mujeres indígenas y violencia política de género” donde expuso los casos ocurridos en Chiapas, de mujeres alcaldesas que fueron removidas de los cargos para los que fueron electas en 2015.
 
Dijo que las sentencias no han podido ser notificadas a quienes están ejerciendo indebidamente el cargo, y que hasta ahora ni el Congreso, ni el Ejecutivo, ni Seguridad Pública, han informado qué medidas adoptaron para cumplir con la sentencia.
 
El TEPJF resolvió el 17 de agosto restituir en su cargo de alcaldesa del municipio de Chenalhó a Rosa Pérez Pérez y el 30 de agosto resolvió de forma similar a favor de la alcaldesa de Oxchuc, María Gloria Sánchez.
 
La magistrada expuso que en los casos de Oxchuc y Chenalhó el TEPJF inició acciones nunca antes tomadas por un Tribunal Electoral, como órdenes de protección, y que los juzgadores deben tener responsabilidad para que se cumplan las sentencias sin que se ponga en riesgo a nadie.
 
Señaló que como autoridad jurisdiccional, el Tribunal cumplió con su obligación constitucional, y ahora es tarea de las autoridades locales trabajar intensamente en la implementación de las sentencias.
 
Destacó la importancia de la ejecución de las sentencias sobre Oxchuc y Chenalhó para que no vuelvan a ocurrir casos como el de Rosa Pérez y María Gloría Sánchez.
 
“Queremos presidentas municipales, síndicas, regidoras ejerciendo sus cargos en un contexto libre de violencia y discriminación”, dijo Alanís Figueroa.
 
El Foro “Democracia Paritaria” fue organizado por el IEPC, con el objetivo de elaborar un paquete de reformas legislativas que garanticen la no violencia política contra las mujeres, e igualdad de oportunidades; y es el primero de 8 foros titulados “Diálogos para  fortalecer el marco constitucional y legal del proceso electoral en Chiapas 2017-2018”.
 
El consejero presidente del IEPC, Oswaldo Chacón Rojas, llamó a las mujeres a no rendirse en su lucha por la igualdad de género y les garantizó que en las consejeras y consejeros electorales tienen un aliado, porque como funcionarios electorales tienen la responsabilidad de garantizar los derechos político- electorales de todas y todos los ciudadanos.
 
En su participación la académica y doctora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Flavia Freidemberg, expuso que en México, únicamente 12 por ciento de alcaldías son ocupadas por mujeres.
 
Señaló que la violencia política contra las mujeres siempre ha existido, pero con la paridad de género como rango constitucional, es que se han visibilizado más los casos de este tipo de violencia.
 
“Chiapas es un claro ejemplo de lo que pasa cuando no se respetan las candidaturas en el registro, por eso este foro es ideal para trabajar en el tema pues lo que urge es tipificar en una ley cuáles son los actos de acoso y violencia de género. Estaría muy bien que Chiapas tuviera una ley al respecto y con los trabajos de hoy se desarrollará una propuesta para conocer las  vías de denuncia y sus sanciones”, expresó Freidemberg.
 
El titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) Santiago Nieto Castillo, la Consejera Electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal la maestra Dania Paola Ravel Cuevas; la integrante del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, Pamela San Martín Ríos y Valles; y la doctora Inés Castro Apreza, del Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, coincidieron en que debe promoverse el liderazgo femenino desde el ámbito local y que se elaboren nuevas normas que garanticen que las mujeres que participan en política no serán violentadas.
 
También señalaron la necesidad de tipificar la violencia política como un delito para que bajo ninguna circunstancia exista violencia de género.
 
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Los magistrados que integran los tribunales electorales deciden aspectos centrales en materia político-electoral y esa es la razón por la que las promotoras de los derechos femeninos aseguran que más mujeres en esos cargos, implicaría más controversias resueltas con perspectiva de género. 
 
Como ejemplo, en los últimos meses las y los magistrados de los tribunales electorales estatales y las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvieron casos donde protegieron los derechos de mujeres electas para ocupar cargos públicos, que fueron víctimas de violencia política de género.
 
Es por ello que las activistas, académicas y políticas integradas en la Red Mujeres en Plural, no quitan el dedo del renglón, sobre todo cuando en el proceso de selección para elegir a siete magistrados de la Sala Superior del TEPJF, de 21 candidatos sólo 6 son mujeres.
 
JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO
 
La Sala Superior del TEPJF, como máximo tribunal electoral, ha sentado precedentes para proteger los derechos de las mujeres; desde revocar el registro de candidaturas que no cumplen con la paridad de género (50-50), hasta ordenar la restitución de mujeres electas que fueron obligadas a renunciar a sus cargos por el hecho de ser mujeres.
 
La magistrada y los magistrados de la Sala Superior han generado precedentes para que otros tribunales electorales hagan lo propio a la hora de conocer casos donde haya presuntas violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres.
 
En el caso de Chiapas, por ejemplo, la Sala Superior ha emitido dos sentencias relevantes para restituir los derechos de mujeres electas que fueron obligadas a renunciar a sus cargos. La primera fue el 17 de agosto cuando ordenó la restitución de Rosa Pérez Pérez, como alcaldesa del municipio de Chenalhó.
 
El TEPJF consideró que la alcaldesa electa renunció contra su voluntad, bajo presión y por violencia política y de género, luego de que el pasado 25 de mayo, Pérez Pérez presentó al Congreso una solicitud de licencia a cambio de que los pobladores dejaran en libertad al diputado Eduardo Ramírez Aguilar y al coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Carlos Arturo Penagos, a quienes tenían secuestrados.
 
La segunda sentencia similar la emitió el 1 de septiembre, cuando revocó el decreto del Congreso de Chiapas por el cual se aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez, como presidenta municipal de Oxchuc, quien se vio forzada a firmar el escrito de solicitud de licencia indefinida. 
 
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus salarios desde el inicio de la gestión municipal.
 
OAXACA
 
Ejemplo de la incidencia de esta autoridad electoral son las sentencias en Oaxaca, la primera entidad que incluyó el término de violencia política de género, aunque la definición todavía no aparece en las leyes locales.
 
Por ejemplo, el 25 de agosto de 2014, la Sala Regional Xalapa del TEPJF, declaró la invalidez de la elección de integrantes del Ayuntamiento de San Antonio de la Cal, al considerar que al no haber integrado el órgano edilicio de manera igualitaria, se violó el principio de igualdad, por lo que ordenó una nueva elección de concejales.
 
En muchas ocasiones los tribunales electorales estatales resuelven considerando las directrices marcadas en el Protocolo para Atender Violencia Política contra las Mujeres (el cual entró en vigor en marzo de este año) pero en otras ocasiones la Sala Superior, como máxima instancia, debe resolver los casos cuando hay inconformidad por las sentencias. 
 
Así sucedió cuando la Sala Superior revocó la sentencia de la Sala Xalapa y modificó la resolución que emitió el Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca (TEEO), para dejar sin efectos la destitución de Agustina Castellanos Zaragoza, Cecilia Fermín Bautista y Sofía Sixto Mendoza, integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec, perteneciente al municipio de San Juan Cotzocón Mixe.
 
El 13 de diciembre del año pasado Agustina y las tres mujeres fueron electas a través del sistema normativo indígena, por medio de una Asamblea Comunitaria, pero un grupo opositor las señaló por supuestas fallas, desvío de recursos, y esparció rumores para demostrar que las mujeres no podían gobernar, lo que derivó en su destitución.

Luego de un largo proceso judicial, por unanimidad, el máximo tribunal electoral del país, dejó sin efectos la Asamblea Comunitaria que se realizó el pasado 28 de abril para destituir a las integrantes de la agencia municipal de San Felipe Zihualtepec.
 
Al resolver el juicio, la Sala Superior señaló que en la Asamblea de destitución, las mujeres no tuvieron derecho de audiencia pues no se les informó del tema a tratar, ni había constancia de que se les permitiera defenderse ni aportar las pruebas a su favor.
 
Además de estos casos, también pueden promover cambios internos como sucedió con Yolanda Pedroza Reyes, magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, quien fue víctima de violencia política por parte de sus pares magistrados, quienes le aseguraron sus oficinas y le impidieron el acceso a información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su función.
 
El 30 de marzo la Sala Superior del TEPJF, determinó dar vista del caso al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de ese estado para su revisión argumentando violencia, acoso, discriminación e inequidad política, caso que sigue en investigación.
 
Las mujeres en los tribunales también promueven el desarrollo de estrategias externas, como lo hizo el TEPJF que en 2014 creó una Agenda Indígena para difundir el conocimiento de los derechos humanos, los derechos de los pueblos y comunidades, y los derechos de la ciudadanía indígena.
 
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Tras una sesión que terminó en los primeros minutos de este jueves, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el decreto emitido por el Congreso de Chiapas, por el cual aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez como presidenta municipal de Oxchuc, y ordenó su inmediata reincorporación en el cargo para el que fue electa en 2015.
 
Al resolver el recurso jurídico SUP-JDC-1756/2016, la magistrada y los magistrados determinaron por unanimidad que las pruebas aportadas por la presidenta del municipio indígena tseltal resultaron determinantes para confirmar que se vio forzada a firmar el escrito de renuncia al cargo y, por la forma en que ocurrieron los hechos, no tienen justificación constitucional ni legal.
 
El TEPJF ordenó a las autoridades estatales, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo, Miguel Velasco Coello, que generen las condiciones de seguridad para que la presidenta municipal, así como el propio cabildo, puedan ejercer el cargo en un ambiente de tranquilidad en el municipio de Oxchuc.
 
Esta resolución se da 13 días después de que el propio TEPJF resolvió un caso similar que favoreció a Rosa Pérez Pérez para ser reincorporada e su cargo de alcaldesa en el municipio de Chenalhó, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
 
Similar a lo que sucedió con la presidenta municipal Chenalhó, el pasado 11 de febrero, en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del estado se aprobó la solicitud de licencia indefinida –que fue tomada como renuncia– de la alcaldesa María Gloria Sánchez.
 
La alcaldesa nunca pudo tomar posesión de su puesto debido al conflicto que se desató en ese municipio por los resultados de las elecciones en donde resultó electa. Diferentes grupos señalaron irregularidades en el proceso de elección.
 
El Congreso del estado designó como nuevo alcalde a Oscar Gómez López, a petición de las autoridades con bastón de mando de las 115 comunidades que conforman ese municipio.
 
Sin embargo, ante la presión política a la que fue orillada para pedir licencia, la alcaldesa postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en los comicios del domingo 19 de julio del 2015, interpuso un recurso ante el TEPJF que hoy fue resuelto a su favor.
 
REPARE CELEBRA FALLO
 
Tras conocer el fallo del TEPJF, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) –una agrupación de activistas y políticas que ha acompañado los casos de violencia política de género en la entidad– emitió un renunciamiento donde condenó los actos para arrebatar los cargos de elección popular y dijo que estos conflictos se deben dirimir por las vías pacíficas y legales.
 
En su comunicación, la Repare reconoció el debate que se dio en la Sala Superior, por ejemplo que la magistrada María del Carmen Alanís afirmara: “No podemos mandar el mensaje de que con violencia se pueden arrebatar los puestos de elección popular”.
 
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus dietas desde el inicio de la gestión municipal.
 
Es por ello que la Repare manifestó su respaldo absoluto a los argumentos de la magistrada y de los magistrados que manifestaron que la violencia no debe decidir quién debe gobernar, también consideraron como urgente una reflexión sobre la convivencia de los sistemas normativos internos y de partidos políticos en los municipios indígenas del estado de Chiapas.
 
Asimismo exigieron al Congreso del estado una explicación sobre el tratamiento de renuncia a la licencia indefinida presentada por la presidenta municipal, sin haber sido consultada al respecto, y que el Gobierno estatal genere las condiciones de gobernabilidad que permitan el cumplimiento a cabalidad de la sentencia del Tribunal.
 
Las activistas destacaron que el proyecto del magistrado Manuel González Oropeza sugería que “la única forma de sofocar la violencia, garantizar la paz y la tranquilidad en Oxchuc era respetando la voluntad de la población mediante una consulta popular”, es decir que la población decidiera si confirmaba a Oscar Gómez López o María Gloria Sánchez en la presidencia o elegían a un tercero.
 
Sin embargo, el magistrado Flavio Galván Rivera rechazó la propuesta del magistrado Oropeza con el argumento de que “no se puede dictar una sentencia para imponer una solución que no tiene sustento constitucional”.
 
La sentencia a favor de la restitución fue aprobada por la mayoría de los magistrados por lo que la Repare señaló que, ante el desafío para cumplir con la sentencia las instituciones locales y federales, deben sumar esfuerzos para garantizar la paz social.
 
16/IM/GGQ