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NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Advierten falta de compromiso de Peña Nieto
Falta de presupuesto pone en riesgo protección de periodistas y defensoras
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 05/09/2018

El Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México hizo un llamado al presidente Enrique Peña Nieto a cumplir el compromiso de garantizar el ejercicio pleno de la labor de las personas defensoras y periodistas en condiciones de seguridad.

Una de las acciones a las que se comprometió el titular del Poder Ejecutivo actual, públicamente el 17 de mayo de 2017 fue fortalecer la estructura y el presupuesto asignado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de tal manera que contara con los recursos necesarios para brindar la protección que requieren defensoras y defensores de los derechos humanos y periodistas.

Sin embargo, el Consejo Consultivo, integrado por Alberto Xicoténcatl Carrasco, Araceli Domínguez Medina, Araceli Magdalena Rodríguez Nava, Atziri Ávila López, Elsa Leonor Ángeles Vera, Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, Lucía Lagunes Huerta, Maurilio Santiago Reyes y Stefan Markus Zimmer denunció en un comunicado que a la fecha este compromiso ha sido incumplido.

Las y los defensores aseguraron que de manera irresponsable, por segundo año consecutivo, el Gobierno federal no ha etiquetado el recurso necesario para garantizar la implementación de las medidas de protección. Contrario a ello, desde el año 2016 se tuvo un decremento presupuestal de casi 77 por ciento, al pasar de 279 millones 934 mil 171 pesos a 64 millones 230 mil 588.

Pese a que, de acuerdo al sexto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, “se atendieron 111 solicitudes de medidas de protección […] de las cuales 39 corresponden a personas defensoras de derechos humanos y 72 a periodistas”, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha negado la solicitud de recursos del Subsecretario de Derechos Humanos, Rafael Avante Juárez para asignar los recursos necesarios al Fideicomiso del Mecanismo.

Con este Fideicomiso se otorgan los recursos para la implementación de las medidas de protección y cuyo remanente pero el monto sólo alcanzará hasta concluir el mes de septiembre de 2018. Ante ello el pasado 31 de agosto 2018 mediante un punto de acuerdo, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, reiteró de manera formal esta solicitud.

Más allá de esta necesidad urgente, el Consejo Consultivo señaló el incumplimiento del compromiso de fortalecer la estructura del Mecanismo, ya que los recursos humanos con los que cuenta esa institución continúan siendo insuficientes para cumplir con las tareas que implica la protección actualmente de 702 personas beneficiarias y para el seguimiento de un total de 3 mil medidas de protección implementadas, las cuales se verían negativamente afectadas ante la falta de los recursos para el fideicomiso.

Las y los defensores dijeron que esta omisión gubernamental, pone en riesgo la vida e integridad física y emocional de cientos de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas, quienes vieron truncada su labor, luego de agresiones físicas, intento de asesinato, amenazas de muerte, campañas de difamación y desprestigio, desaparición, homicidios, feminicidio, entre otros tipos de agresión, provenientes de diversos actores.

Aunado a ello, la impunidad en la mayoría de los casos es generalizada, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de las agresiones contra quienes ejercemos la defensa de los derechos humanos en México y/o el periodismo.

En el comunicado dijeron que el no dotar de los recursos necesarios para el funcionamiento integral del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas en México, evidencia que para el Gobierno Federal, la protección a personas defensoras y periodistas, no se encuentra dentro de su agenda prioritaria, contraviniendo la Declaración sobre las defensoras y los defensores de los derechos humanos, la cual fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1998.

Esta declaración establece que: “El Estado garantizará la protección por las autoridades competentes de toda persona, individual o colectivamente, frente a violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración”.

El Consejo Consultivo dijo que esta preocupación se suma a lo expresado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), así como organismos internacionales.

Después de la visita del Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quien estuvo en México del 16 al 24 de enero de 2017, mencionó en su Informe del fin de su misión que: “el presupuesto del Mecanismo Nacional debe garantizarse en los próximos años para asegurar su sustentabilidad financiera”.

Así mismo, el 19 de junio de 2018, el Relator Especial de las ONU sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, David Kaye, y el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, hicieron público su informe final sobre la visita conjunta que realizaron a México el 27 de noviembre al 4 de diciembre de 2017.

En dicho informe ambos relatores advirtieron que: “Un esfuerzo ambicioso del Gobierno para aumentar la capacidad y el presupuesto del Mecanismo no solo favorecerá el objetivo de dar mayor protección, sino que además transmitiría la voluntad política de que la seguridad de los periodistas sea un objetivo nacional prioritario”.

Por otro lado, el 6 de julio, ante el Comité de Expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), el subsecretario Avante Juárez, destacó que el Mecanismo de Protección contaba con presupuesto suficiente para operar.

Al ser cuestionado sobre la violencia contra mujeres periodistas el funcionario dijo que en 2018 esta instancia había recibido más recursos que en toda su historia, con 200 millones de pesos y que dese su creación ha operado con más de 700 millones de pesos. Avante agregó que en 2017 se erogó 16 veces más de lo que se erogó al principio del ejercicio y como conclusión dijo que el Mecanismo funciona con recursos suficientes.

Ante ello, el Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas hizo un llamado para que a la brevedad el Gobierno Federal destine el presupuesto necesario al fideicomiso para garantizar la continuidad de la protección que brinda el Mecanismo a fin de salvaguardar la vida e integridad de las personas defensoras y periodistas en riesgo.

También exigieron que se cumpla con el compromiso de fortalecer la estructura del Mecanismo asignándole a esa institución el personal necesario para poder asumir cabalmente su tarea llamaron al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y a su gabinete, para que dé prioridad a la protección de estas personas.

18/AGM








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Mecanismo de protección recibe más solicitudes tras elecciones
   
Se intensifican agresiones contra periodistas y personas defensoras en Honduras
CIMACFoto: Gabriela Mendoza Vázquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Guatemala, Gua .- 03/04/2018

El Mecanismo de Protección para personas defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores y operadores de justicia de Honduras, conoció 43 solicitudes de protección durante el período post electoral, del 26 de noviembre de 2017 al 9 de febrero de 2018, informó su directora, Nora Urbina.

A decir de Urbina, esta situación pondría en aprietos los compromisos que adquirió el Estado hondureño en el Examen Periódico Universal (EPU), en el año 2010 – 2015. De los 43 casos, 32 tienen relación con la crisis post electoral, 16 son de personas defensoras, 15 de periodistas y comunicadores sociales y un operador de justicia, indicó.

Los datos mencionados ratifican informes internacionales en cuanto a que Honduras es uno de los países más peligrosos para defender los Derechos Humanos y ejercer el periodismo.

Según la funcionaria, se han adoptado medidas integrales de protección, pero esto deja muy en claro que el presidente de la República asumió su mandato con una crisis de Derechos Humanos que fue provocada por su reelección.

El poder identificar que 32 personas tienen amenazas producto de la crisis post-electoral es muy importante “porque nos permite buscar medidas de protección que nos permitan salvaguardar la integridad de los beneficiarios para cada caso”, aseguró Urbina.

Destacó que por el contexto político cualquier incidente por mínimo o sencillo, contra periodistas, comunicadores sociales, y personas defensoras de Derechos Humanos, es tomado en serio y hasta la fecha ninguno de los beneficiarios ha sido asesinado.

Urbina describió que se han acercado a los sectores arriba mencionados cuando se produce un incidente para aplicar acciones que protejan a los afectados de una manera integral.

De la fecha de creación del Mecanismo, éste ya tiene una lista de 173 beneficiarios de medidas de protección, de los que se desglosan 111 para personas defensoras, 34 periodistas, 15 comunicadores sociales y 9 operadores de justicia.

El Mecanismo de Protección fue creado en el marco de la Ley de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, aprobada en el Congreso Nacional en mayo de 2015, en medio de la presentación del Estado de Honduras al Examen Periódico Universal, EPU, en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU.

La Ley ha sido criticada por organizaciones de Derechos Humanos y algunos beneficiarios por ser una legislación monopolizada por el Estado porque tiene más de 10 instituciones representadas entre las que se cuentan la Secretaría de Seguridad y de Defensa, de donde provienen las amenazas contra defensoras y defensores de derechos humanos y algunos periodistas y comunicadores sociales, por lo que urge una reforma que equilibre la representación y aísle actores que provocan las amenazas.

18/RED/LGL








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Han fracasado, aseguran expertas en CSW
A 23 años de Beijing, pocos avances para lograr igualdad en medios
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Lucía Lagunes Huerta, enviada
Cimacnoticias | Ciudad de Nueva York.- 15/03/2018

Gobiernos, investigadoras, e instancias de Naciones Unidas, coincidieron en que los medios de comunicación han fracasado para garantizar a las mujeres condiciones de igualdad en el acceso a los puestos de dirección  y para mostrar una representación justa y equilibrada de mujeres y niñas.

Durante el panel de alto nivel que se realizó este miércoles en el 62 periodo de sesiones de  la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW por sus siglas en inglés) -que analiza la situación de las mujeres rurales y examinará el papel de los medios de comunicación en la construcción de igualdad para las mujeres y las niñas- representantes gubernamentales de México, Portugal y de la Unión Europea,  ONUmujeres y UNESCO, así como de la Alianza Global de Medios (GAMAG, por sus siglas en inglés), analizaron 23 años del compromiso mundial para erradicar el sexismo en los medios de comunicación.

Cabe recordar que en 1995 durante la IV conferencia Mundial sobre la Mujer realizada en Beijing, China, los Estados se comprometieron, en la Plataforma de Acción, en el Capítulo J relativo a los medios de comunicación, a alentar a los medios de comunicación a que se abstengan de presentar a la mujer como un ser inferior, y de explotarla como objeto sexual y bien de consumo.

También llama a los Estados a adoptar medidas efectivas que incluyan normas legislativas pertinentes contra la pornografía y la proyección de programas en los que se muestren escenas de violencia contra las mujeres y menores de edad.

Como parte de los trabajos que se realizan estos días en Nueva York en la reunión más importante de Naciones Unidas en materia de igualdad de género, la investigadora mexicana y presidenta de la GAMAG, Aimée Vega Montiel, señaló que la representación sexista y la violencia contra las mujeres siguen siendo una característica de los medios de comunicación.

Como ejemplo, Vega Montiel refirió que en México, en una semana, se reprodujeron más de mil formas de violencia contra las mujeres y esas representaciones normalizan el abuso y la violencia contra  éstas.

Refirió que por lo menos un tercio de las mujeres que usa internet ha estado expuesta a violencia en línea, que existen 4.2  millones de sitios de pornografía, incluida la pornografía infantil, con más tráfico que Google y Netflix, cuyas ganancias son de 97 mil millones de dólares.

Aseguró que hasta el día de hoy no ha surgido ninguna política concreta sobre medios y género, por lo que llamó a los Estados a dar una respuesta urgente en esta materia en coordinación con los sindicatos, las mujeres periodistas y las universidades, para que en conjunto se realicen recomendaciones que aceleren la acción a nivel internacional.

La investigadora insistió que es necesario que los Estados adopten medidas sobre paridad de género, se aprueben políticas sobre medios y género con enfoque de Derechos Humanos, que se apoyen las redes de mujeres periodistas y se garantice el acceso equitativo a las tecnologías de información.

En su momento la representante de la dirección de Igualdad de Género de la UNESCO se refirió a la asimetría en la cobertura periodística, al señalar que sólo 4 por ciento de las mujeres deportistas tiene espacio en las noticias.

En relación a la violencia contra mujeres periodistas apunto que 85 por ciento han padecido violencia, razón por la que UNESCO concientiza sobre la importancia de protegerlas y combatir la impunidad.

En su participación la representante de ONUmujeres, Oisika  Chakrabarti,  reafirmó que desde que en 1995 en Beijing, se analizó la situación de los medios de comunicación y la representación mediática  de las mujeres, ha habido pocos cambios pues actualmente una de cada cuatro personas sobre las que se informa es mujer, y en 23 años sólo se ha logrado incrementar en dos puntos porcentuales las notas que cuestionan los estereotipos de género.

Sin importar el rubro de la industria de la comunicación, la desigualdad es el punto donde todos coinciden. De acuerdo con la representante europea de la división de Igualdad de Género,  Liri  Kopaci-Di Michele, de cada 10 películas apenas una es dirigida por una mujer, lo mismo ocurre en los videojuegos donde además de imperar el sexismo, existe una desigualdad de pago para las mujeres que laboran en este sector.

En su oportunidad la representante del gobierno mexicano, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez, enfatizó que es necesario lograr un cambio cultural y explicó que la violencia simbólica en mensajes estereotipados y la apología del delito perpetúan la desigualdad de género.

Si los medios no visibilizan la realidad de las mujeres, se seguirá perpetuando la desigualdad, por lo que llamó a que estos adopten políticas y códigos de ética, que comuniquen con perspectiva de género, sin banalizarla.

Rosa Monteiro, de Portugal, se refirió a las desigualdades en las condiciones laborales de las periodistas de su país, que representan 34 por ciento de quienes se dedican a esta profesión, solo 30 por ciento de los cargos más altos son ocupados por mujeres y ellas ganan 14 por ciento menos que sus colegas.

Finalmente la investigadora sueca de la universidad de Gothenburg, Maria Edström, señaló que es necesario desarrollar un Plan nacional para proteger a las periodistas contra el odio, e hizo referencia sobre la reciente investigación que realizó en Nordicom, que entre sus resultados destaca que de los 100 consorcios mediáticos mundiales que analizaron, sólo seis eran dirigidos por mujeres.

18/LLH/LGL








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Exigen investigación por los hechos
Periodistas que cubren Caravana de Marichuy son interceptados por comando
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 23/01/2018

El Concejo Indígena de Gobierno (CIG) responsabilizó del ataque a los periodistas independientes que cubren la Caravana de su candidata independiente a la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, ocurrido la tarde de ayer, a los tres niveles de gobierno, así como de las posibles agresiones que puedan sufrir las comunidades y pueblos del Congreso Nacional Indigena y la prensa independiente que sigue la campaña.

Marichuy es la aspirante a candidata independiente que busca contender por la Presidencia de la República, por lo que inició su recorrido por el país para conseguir al menos 1 por ciento de firmas del electorado en 17 entidades federativas (866 mil 593 firmas) toda vez que el plazo para recolectarlas  y lograr su registro en las boletas electorales, vence el 19 de febrero.

En un comunicado emitido a propósito de la intimidación a la Caravana de periodistas que se registró la tarde de ayer cuando se dirigían a Paracho, Michoacán, a unas horas de haber salido de los límites del municipio de Tepalcatepec, donde estuvieron por la mañana, la Caravana fue interceptada y “arrinconada” por una camioneta Honda CR-V gris, en la cual viajaban cinco sujetos que portaban armas de alto calibre, “quienes obligaron a los periodistas Al-Dabi Olvera y Cristian Rodríguez a descender, los amenazaron y los obligaron a entregar sus cámaras y teléfonos celulares únicamente”, refiere el comunicado.

El CIG reconoció la labor de las y los periodistas independientes, sobre todo de quienes acompañan a su candidata, “ya que han sido fundamentales para visibilizar nuestro caminar y nuestros dolores”.

“Sabemos bien que ejercer el periodismo en México es un trabajo de alto riesgo y que 40 periodistas han sido asesinados en nuestro país en el sexenio de Peña Nieto. Como Congreso Nacional Indígena nos indigna esta guerra contra la palabra, herramienta fundamental para la organización de los pueblos. Nos solidarizamos con los y las compañeras que realizan su oficio y defienden las libertades de expresión y prensa”.

La candidata independiente Marichuy, estuvo la mañana de ayer con la comunidad Nahua de Santa María Ostula, un territorio recuperado por la Policía comunitaria de manos del crimen organizado, quien saqueaba maderas preciosas y minerales. Al salir hacia Paracho para continuar con su recorrido, los periodistas fueron interceptados por un comando armado, denunciaron en el comunicado.

EXIGEN ESCLARECER HECHOS

En otro comunicado, la organización Periodistas de a Pie, exigió al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, brindar todas las garantías de seguridad para las y los periodistas que cubren la Caravana y que investigue los hechos para encontrar a los responsables.

De acuerdo con la versión de los periodistas, dice el comunicado, ellos iban al final de la fila fotografiando los campos y el atardecer cuando vieron la camioneta Honda repleta de hombres armados. “En ese momento bajaron las cámaras pero un kilómetro más adelante los sujetos se les emparejaron y los encañonaron, después les cerraron el paso”.

“Al-Dabi Olvera y Cristian Rodríguez dijeron al comando que no tomaron fotografías de ellos, fue en ese momento que los agresores los despojaron de dos equipos fotográficos y cuatro celulares.

Además les lanzaron la advertencia de que no chillaran porque les había ido bien”.

Los periodistas lograron comunicarse con los integrantes de la Caravana con un teléfono móvil que habían dejado en una de las mochilas, quienes los esperaron y ahora se trasladan en la parte de en medio.

En tanto, el gobierno de Michoacán, emitió un comunicado en el que informó que la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) y la Secretaría de Seguridad Pública, “atienden el reporte de robo a periodistas que se dirigían a cubrir actividades de la precandidata del que hasta esta noche no se tiene denuncia formal; ya se abrió carpeta de investigación con base en la denuncia pública”.

18/LGL








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Visibilizó el conflicto armado en Guatemala y la violación a DH
Fallece la periodista y fundadora de la agencia Cerigua Ileana Alamilla
Imagen retomada de Cerigua
Por: Erika Cervantes Pérez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

¿Quién apuesta por construir la paz? A veces las instituciones, otras los gobiernos, pero cotidianamente las personas, como Ileana Alamilla Bustamante, periodista guatemalteca y directora fundadora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), quien falleció este miércoles.

Ileana era periodista de profesión y abogada por origen. Nacida a mitad del siglo XX; comprometió su vida a la construcción de la paz con justicia y a la defensa de la libertad de expresión en Guatemala. En diciembre de 2011 fue reconocida con la “Rosa de la Paz”, una distinción a quienes contribuyen a la construcción de la paz en una democracia con libertad en Guatemala.

Sus años de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, transcurrieron justo durante la vorágine de luchas sociales y respuestas represivas por parte del Estado contrainsurgente de esa época.

Su contacto con profesores universitarios comprometidos con las causas populares y con dirigentes estudiantiles, le permitió construir una visión y sensibilidad ante los problemas sociales que la llevaron a identificarse con las ideas revolucionarias.

En 1979 la represión gubernamental rodeó el entorno familiar de Ileana, por lo que ella tuvo que salir del país por 19 largos años. Vivió primero en Costa Rica, después en Nicaragua, El Salvador y México.

En 1983, durante su exilio, fundó la agencia de noticias Cerigua, la cual buscó romper el cerco informativo gubernamental de lo que acontecía en Guatemala.

Cerigua puso en el mapa informativo el conflicto armado, y la violación a los derechos ciudadanos y humanos de la población guatemalteca.

Durante ese tiempo, Ileana experimentó una de las mayores satisfacciones que una periodista puede vivir al ver que la información sobre el emplazamiento de artillería en Chimaltenango (a 54 kilómetros de la ciudad de Guatemala) para masacrar a una población, obligó a que se evitara un derramamiento de sangre.

En 2005 se convirtió en la tercera mujer en presidir la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG) y en varias ocasiones fue presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la APG. Justo el pasado lunes 15 de enero había asumido nuevamente la presidencia de la APG.

Se sumó a otras causas desde el periodismo y dio voz, con su pluma, a las personas que son invisibilizadas por los grupos de poder.

Fue integrante de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, donde compartió el trabajo cotidiano para poner a las mujeres en el centro de la noticia.

Gran parte de su esfuerzo profesional se enfocó en mantener a Cerigua como contrapeso y como agencia informativa no marginal.

Fue columnista del Diario Prensa Libre. Aquí su última columna publicada el día de ayer.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/los-periodistas-y-la-polarizacion

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas

18/EC/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   PRI arremete contra Derechos laborales y Humanos de cara a contienda electoral
Cascada de reformas y Leyes que atentan contra derechos de mujeres y trabajadoras
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta y Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/12/2017

De cara a la contienda electoral de 2018 que entre otros cargos públicos definirá la presidencia de la República, en las últimas semanas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en alianza con otras fuerzas políticas, presentó Leyes y Reformas que atentan contra las Derechos Humanos y laborales (DH) de la sociedad civil.

Impulsadas por el Partido Revolucionario Interinstitucional (PRI) destacan la Ley de Seguridad Interior que permite la intervención del Ejército mexicano cuando considere “amenazas de seguridad”; la reforma al Código Civil Federal para considerar “daño moral” en mensajes que se consideren ofensivos a través de medios digitales; y la reforma a la Ley Federal del Trabajo que elimina todas las barreras de contratación a las empresas outsourcing.

Cimacnoticias consultó a organizaciones civiles nacionales e internacionales defensoras de Derechos Humanos, y a la senadora y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, quienes hablaron del impacto diferenciado que pueden tener en la vida de las mujeres estas normativas; y destacaron que no debe perderse de vista que ninguna puede quedar fuera del análisis del próximo contexto electoral.

“LA LEY GOLPISTA”

La recién aprobada Ley de Seguridad Interior legitima el uso de la fuerza para “contener riesgos y amenazas” en la seguridad pública. Pese a su cuestionamiento por organismos internacionales de DH y al repudio que generó entre organizaciones civiles locales que la nombraron la “Ley Golpista”, el pasado 15 de diciembre el Senado de la República la aprobó después de una discusión de 16 horas.

Con un Senado conformado en su mayoría por la bancada priista, apoyada por la mitad del Partido de Acción Nacional (PAN), la Ley de Seguridad fue avalada con 76 votos a favor, 44 en contra y tres abstenciones.

En horas, la turnaron a la Cámara de Diputados donde finalmente se avaló y la enviaron a Enrique Peña Nieto, de modo que ahora sólo falta el refrendo de éste para que se publique en el Diario Oficial de la Federación.

LAS MUJERES Y LA TORTURA POR MILITARES

Las y los legisladores desoyeron los exhortos de detener la Ley de Seguridad Interior por su ambigüedad y porque no respeta los estándares internacionales de DH. La senadora Angélica de la Peña describió en entrevista con esta agencia, que en ninguna otra ocasión había visto a tantos órganos de DH pidiendo al Estado mexicano frenar una ley.

Los llamados provinieron de los Altos Comisionados de Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y cientos de asociaciones civiles, quienes han visto en la última década las consecuencias de “abatir la delincuencia organizada” militarizando este país: ejecuciones extrajudiciales, privaciones de la libertad, desapariciones, tortura, agresiones sexuales y el desplazamiento forzado de las poblaciones.

Estas violaciones a los DH por parte de agentes militares ha valido a México sentencias en su contra por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH). La mayoría de estos casos, fueron cometidos contra mujeres por parte de militares, quienes utilizan la tortura para obtener confesiones e inculparlas de pertenecer a la delincuencia organizada, recordó la senadora de la Peña.

Para la directora del Programa para Centroamérica y México del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz, esta Ley de Seguridad Interior tiene un impacto negativo específicamente en las mujeres, “la experiencia ha mostrado que al posicionar a militares en labores de seguridad pública estos incurren violaciones discriminatorias contra las mujeres con prácticas de tortura sexual o denigrantes contra ellas”.

“Esta Ley tendría un impacto diferenciado en las mujeres, recordemos que la mayoría de los casos conocidos por la Corte, Inés y Valentina y ahora Atenco, tienen que ver con violaciones a las mujeres e intervención de militares y fuerzas federales. Lamentable en estos casos se tuvo un componente de género: en ambos violaciones sexuales”, subrayó Marcia Aguiluz.

De esto da cuenta Amnistía Internacional en su informe “Sobrevivir a la muerte. Tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México” (2016), en el cual entrevistó a 100 mujeres privadas de su libertad que fueron agredidas en su detención por las fuerzas policiales, el Ejército o la Marina. La organización identificó que 72 sufrieron abusos sexuales y 33 fueron víctimas de violación sexual por parte de las Fuerzas Armadas.

Además, precisa Amnistía en su reporte, pese a las múltiples denuncias presentadas por mujeres ante actos de violencia sexual a manos de Fuerzas Armadas, ni un solo soldado ha sido suspendido por violación o abuso sexual entre 2010 y 2015.

Aprobar la Ley de Seguridad Interior, expresó la abogada especialista en DH, es darle “carta blanca a los militares para que actúen en cualquier circunstancia” y muestra que el Estado mexicano no tiene la voluntad en cumplir con obligaciones respecto a las sentencias emitidas por la CoIDH.

“El mensaje que nosotros recibimos es que no existe un voluntad de México por respetar las obligaciones internacionales que tienen, tampoco tienen una voluntad por resolver el grave problema de seguridad. Sabemos que los militares son un actor muy poderoso en México, la presión que hacen para aprobar esta Ley habla de ello”, señaló la integrante de Cejil.

PERMISO A LAS FUERZAS ARMADAS

Cejil como otros organismos defensores de DH, alertaron que este proyecto carece de un mecanismo de control sobre las operaciones que pueden llevar las Fuerzas Armadas en el territorio pues de acuerdo con la Ley aprobada, es el Presidente de la República quien puede ordenar la intervención del Ejército en un territorio determinado por alguna “amenaza a la seguridad interior”. También puede ordenarlo a petición de los titulares de las entidades federativas.

Con ello, el Artículo 4 de la Ley de Seguridad Interior, permite “la utilización racional y proporcional de técnicas, tácticas, métodos, armamento y protocolos que realiza el personal de las Fuerzas Federales y, en su caso, las Fuerzas Armadas, para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia, según sus características y modos de ejecución”, indica.

Si bien, se establece que la intervención de las Fuerzas Armadas dura un año, se puede prolongar si así lo determina el Ejecutivo. Así, el Ejército no sólo tendría la facultad de asumir las acciones de la policía, les permite actuar por sí mismo, pues sólo le bastaría informar al Presidente y a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional sobre las actividades emprendidas, indican los Artículos 32 y 33 de dicha Ley.

Esto, en opinión de la senadora Angélica de la Peña, es contrario a la Constitución mexicana y no resuelve los problemas de seguridad pública que vive el país. “Los militares están capacitados para hacer un uso de la fuerza en su máxima expresión: en ataques terroristas o amenazas de seguridad nacional. No para sustituir la policía”, sentenció.

“El problema de fondo y que no hemos resuelto es tener corporaciones policiacas suficientes, capacitadas, que se les reconozcan sus derechos laborales. Pero esta Ley no resuelve el problema de fondo, dejar al Ejército permanentemente, desde el punto de vista de una democracia, es muy peligroso”.

Con esta Ley México también enfrenta un retroceso a los derechos ganados, precisó De la Peña Gómez, “cada vez avanzamos en leyes importantes en DH: la Ley contra la Tortura, la Ley contra Desaparición Forzada, el Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia; la Ley de la Niñez, y no encontramos en esta Ley algo que las incluya”.

El rechazo de la Ley de Seguridad Interior ha llevado a la sociedad a protestar en las calles y pedir Peña Nieto que la vete. De no detenerla, la senadora señaló que el irán por la Acción de inconstitucionalidad en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Otras asociaciones internacionales como Cejil, la Coordinación Alemana por los Derechos Humanos en México, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Latin American Working Group, la Oficina de Washington para América Latina (WOLA), Robert F. Kennedy Human Rights, entre otras, instalaron a partir de la aprobación de esta Ley, un Observatorio Internacional sobre México para documentar la situación de crisis de los DH en el país.

SANCIONAR POR DAÑO MORAL, DESCRÉDITO Y OTRAS…DEL PRI

Mientras se discutía la Ley de Seguridad Interior, la Cámara de Diputados aprobó el 14 de diciembre la reforma al Artículo 1916 del Código Civil Federal para anexar que se sancionará por daño moral a quien por cualquier medio, incluidos “los electrónicos”, “difunda información que cause deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien”.

La directora general de la asociación civil Propuesta Cívica, Sara Mendiola Landeros, señaló en entrevista con Cimacnoticias, que se trata de una iniciativa encaminada a “generar temor para quien difunde ideas en medios electrónicos” y consideró que esta propuesta del diputado Pablo Elizondo García, también priísta, es particularmente relevante en medio de un proceso electoral “cuando hay mucho que informar”.

“Responde a un afán por pretender limitar el derecho a la libertad de expresión o el deseo de generar temor en el gremio periodístico y en quienes ejercen su libertad de expresión a través de medios electrónicos”, dijo Mendiola Landeros, pero recordó que sobre esta modificación está el derecho a la libertad de expresión establecido en la Constitución mexicana.

La directora de Propuesta Cívica agregó que las demandas “de daño moral” son utilizadas como métodos de agresión sobre todo por políticos contra las y los periodísticas en este país. “Cuando un actor político presenta demanda por daño moral la persona deja de investigar los temas que tocan intereses políticos, por enfocarse a un litigio civil, genera autocensura”, explicó.

Para el gremio periodístico que labora en medios digitales estas agresiones han ido en aumento; la organización Comunicación e Información de la Mujer (Cimac), en su informe “El Poder del Cacicazgo. Violencia Contra las Mujeres Periodistas 2014-2015”, documentó que de los 147 casos de agresiones contra las periodistas, 34.6 por ciento de ellas pertenecía a un medio digital.

Aunque falta que esta reforma sea aprobada por el Senado de la República, la abogada Sara Mendiola, destacó que podría tratarse “de un simple distractor” que tiende a generar temor y autocensura en los medios digitales.

DESAPARECER LOS POCOS DERECHOS LABORALES

A días de terminar las sesiones en el Congreso de la Unión, senadores del PRI presentaron una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Trabajo (LFT) que plantea eliminar las restricciones a la subcontratación de personal (llamada, “outsourcing”) y propone limitar la asociación sindical. De aprobarse, las condiciones de trabajo de mujeres y hombres en el país empeoraría, pues daría pie a más violaciones a sus derechos laborales.

En entrevista con esta agencia, la coordinadora del área de Diálogo Sindical y de Género de la fundación Friedrich-Ebert, Inés González Nicolás, señaló que la iniciativa de los senadores Tereso Medina Ramírez e Isaías González Cuevas, presentada el pasado 7 de diciembre y que evalúa las comisiones de Trabajo y Previsión Social y la de Estudios Legislativos del Senado, pone en riesgo derechos laborales.

De ser aprobada, una empresa podría emplear a todo su personal por subcontratación y los contratistas únicamente tendrían que registrarlos en el Seguro Social e inscribirlos al Registro Federal de Contribuyentes (RFC). “Aunque los senadores argumentan que la reforma generaría más empleos, la verdad es que serían como en la última década: precarios, inestables y con salarios bajos”, dijo la experta en derechos laborales Inés González.

Un caso emblemático sobre las violaciones a los derechos laborales por este tipo de contrataciones es el despido injustificado, en 2016, de 59 trabajadoras de intendencia del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) de la Ciudad de México, algunas de ellas tenían hasta 15 años trabajando para el IEMS, pero luego de organizarse y exigir condiciones de trabajo dignas fueron despedidas bajo el argumento de que una empresa terciaria las contrató.

Sobre la propuesta de los senadores, más de 50 Sindicatos y 29 organizaciones civiles laborales de todo el país, advirtieron en un pronunciamiento dirigido al titular del Ejecutivo y al Congreso de la Unión, que no limitar la subcontratación, provocaría graves afectaciones a las y los trabajadores porque “destruye toda protección laboral y actualiza un golpe sin precedente en la historia laboral mexicana”.

La iniciativa también contempla la creación de un Instituto que regularía el registro de Sindicatos y contratos colectivos, sin embargo, la función y conformación del organismo es contraria a lo que establecen los artículos 107 y 123 de la Constitución mexicana (reformados en febrero de este año), señaló Inés González, pues no contempla la participación de representantes del sindicalismo independiente.

Tampoco hace referencia al derecho a un voto libre y secreto para la elección de titulares sindicales y en la firma de contratos colectivos, como estipulan las reformas a los artículos mencionados, lo que “sostiene la existencia de contratos patronales -acuerdos firmados entre empleadores y líderes sindicales que no velan por los derechos del personal empleado- , así los líderes se eternizan y no hay posibilidades de cambios directivos en los sindicatos”, enfatizó Inés González.

Además, la defensora de los derechos laborales recordó que la iniciativa promovida por el PRI cancela el derecho que las y los trabajadores tienen de ser notificados por escrito en caso de ser despedidos y las razones para efectuarlo. La iniciativa “sólo favorece a las empresas, las personas trabajadoras quedan en total indefensión”, sentenció.

La propuesta se analiza en un contexto nacional donde las mujeres laboran en condiciones precarias. A nivel nacional, 61 de cada 100 trabajadoras no tienen acceso a instituciones de salud, es decir, 12.2 millones de mujeres de un total de 19. 9 millones trabajadoras, según datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de 2005 al cuarto trimestre de 2016.

Mientras que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) estimó en su último informe, publicado en agosto de este año, que el salario mensual de las mujeres está por debajo del promedio nacional (5 mil 773 pesos), pues de acuerdo a la dependencia gubernamental ellas ganan al mes 4 mil 935 pesos y en el mismo periodo de tiempo los hombres obtienen 6 mil 291 pesos.

17/HZM/MMAE/LGL








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Evalúan a país centroamericano en EPU
   
Piden a Guatemala protección para periodistas y defensoras de DH
Imagen retomada del portal de Cerigua
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Gua.- 09/11/2017

La adopción de medidas de seguridad para periodistas y la implementación de un programa de protección especializado para este gremio fueron parte de las recomendaciones que Guatemala recibió este miércoles durante su tercera evaluación del Examen Periódico Universal (EPU), celebrada en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza.

Guatemala recibió en total diez recomendaciones sobre este tema; Francia exhortó al país a fortalecer la protección de las y los periodistas poniendo en funcionamiento el programa de protección, para el cual dijo se han realizado muchos esfuerzos.

El representante de Grecia ante el Consejo de Derechos Humanos se pronunció en el mismo sentido y recomendó que se adopte un mecanismo de protección a periodistas, mientras que la Santa Sede instó a continuar los esfuerzos de promoción de la libertad de expresión e información, protegiendo a los comunicadores.

Reino Unido manifestó su preocupación por la ausencia de una prensa realmente independiente y pidió a Guatemala salvaguardar la libertad de expresión, en tanto, Indonesia exhortó a continuar desarrollando el sistema de protección a periodistas y proteger la libertad de expresión.

Durante su intervención, el representante de Lituania enfatizó que unos medios libres e independientes son parte vital de cualquier democracia que funcione adecuadamente.

Para abordar el problema persistente de los ataques contra periodistas y violaciones del derecho de libertad de expresión y para que las medios y profesionales puedan trabajar sin miedo a represalias recomendamos a Guatemala que adopte un marco para la protección de los profesionales de los medios, basado en el Plan de Acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y el problema de impunidad, acotó.

Luxemburgo resaltó que existen retos en materia de protección de defensores de Derechos Humanos, especialmente los periodistas y los defensores de los derechos de los pueblos indígenas; ante esto recomendó la aprobación y aplicación del programa de protección a periodistas en consulta con ellos.

Por su parte, el Reino de los Países Bajo señaló que la comunidad de Lesbianas, Gais, Bisexuales y Transexuales (LGTB), mujeres, periodistas, jueces y defensores de Derechos Humanos son víctimas de amenazas, intimidaciones, estigmatización y ataques, incluido asesinatos.

Venezuela exhortó a las autoridades guatemaltecas a poner fin al uso del sistema judicial penal para intimidar, amenazar, marginar y estigmatizar a periodistas, organizaciones sociales y defensoras de los Derechos Humanos.

La representante de Venezuela dijo que durante los últimos cuatro años 51 defensores fueron asesinados y durante el primer semestre del 2016 por lo menos cinco periodistas fallecieron de forma violenta, por lo que recomendó a Guatemala investigar exhaustivamente estos crímenes y las denuncias de violencia, intimidación, detenciones arbitrarias y difamación en contra de estos actores.

Finalmente, Chile instó a Guatemala a levantar las restricciones a la libertad de expresión y adoptar medidas legales y reglamentarias para la protección y seguridad de los periodistas contra la persecución, la intimidación y el acoso.

En las respuestas a las preguntas, el Representante del Ministerio de Gobernación, René Lam indicó: que el” acuerdo gubernativo que da vida al programa de protección de los periodistas se encuentra dentro de las consideraciones de los requisitos legales y administrativos que se deben cumplir para su emisión”, una declaración enredada que trata de justificar el incumplimiento después de 2 años que el Presidente avaló la propuesta que le presentara la alianza de entidades de prensa.

17/RED/LGL

 








ESTADOS
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Intimidaciones contra Sandra de los Santos violan derecho a libre expresión
RNP exige cese de hostigamiento contra periodista en Chiapas
Especial
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 31/10/2017

La Red Nacional de Periodistas (RNP) conformada por comunicadoras de las 32 entidades federativas, se pronunció en contra de la persecución y hostigamiento contra la periodista Sandra de los Santos Chandomí, por parte de autoridades municipales, por lo que exigieron el cese de toda acción que vulnere su labor e integridad.

En un pronunciamiento, la Red señaló al gobierno municipal de Tuxtla Gutiérrez, encabezado por su presidente Fernando Castellanos Cal y Mayor, de desplegar una campaña de desprestigio en contra Sandra de los Santos, a través de redes sociales la cual busca desmentir su trabajo periodístico relacionado con el ejercicio de los recursos públicos del Ayuntamiento de Tuxtla.

En lugar de transparentarlos, destacó la Red en el pronunciamiento, el gobierno de Castellanos Cal y Mayor, se ha dedicado a desprestigiar el trabajo de la periodista de los Santos Chandomí, alegando falta de pruebas, cuando la periodista señaló con claridad sus fuentes informativas.

Sandra de los Santos Chandomí lleva 18 años de trabajo periodístico ético y responsable. Es directora asociada del portal de noticias Chiapas Paralelo y colaboradora de la Revista Enheduanna, así como corresponsal de la agencia de noticias con perspectiva de género Cimacnoticias, de la Ciudad de México.  

“Quienes integramos la Red apelamos al Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que afirma: ‘Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión’, por lo que las intimidaciones en su contra representan un atentado a su libertad de expresión”, señaló la Red en su pronunciamiento.

La Red  afirmó que las intimidaciones cometidas contra Sandra de los Santos Chandomí, violan el derecho a la libre expresión.

Quienes integramos la Red Nacional  de Periodistas, que nació en 1995 con el objetivo de impulsar el periodismo no sexista y defender la libertad de expresión (y de la que formamos parte periodistas de las 32 entidades federativas) exigimos el cese de cualquier acción que vulnere la labor periodística  la integridad de nuestra colega Sandra de los Santos Chandomí, o que pretenda limitar su derecho a la libertad de expresión. 

De acuerdo con el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”, elaborado por Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), la primera organización en hacer un registro y documentación de agresiones contra mujeres periodistas, en 2 años se registraron 147 atentados a la libertad de expresión de mujeres periodistas en 24 entidades del país.

De acuerdo con este trabajo de investigación, las periodistas en los estados se enfrentan al poder de los caciques, es decir, de personas o colectivos que en la ilegalidad o con el apoyo de las autoridades emplean recursos económicos, políticos o culturales para dañar, desprestigiar, amenazar e impedir que realicen su trabajo.

En 89.6 por ciento de los 147 casos registrados se encontró que los agresores eran personas con cargos públicos, de poder, o eran miembros del crimen organizado lo que demuestra que quienes realizan investigación periodística para evidenciar corrupción o abuso de poder, se convierten en enemigas de ciertos grupos autoritarios.

Entre los primeros lugares de agresiones contra comunicadoras se encuentra: la capital del país con 35 por ciento de los casos; seguida por Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.

Leer pronunciamiento completo aquí

 17/LGL








DERECHOS HUMANOS
   Es responsable de tortura física y psicológica
Tras 9 años de espera en Feadle, sentencian a uno de los torturadores de Lydia Cacho
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 20/10/2017

El Juzgado Segundo de Distrito con residencia en Puebla, condenó a cinco años y tres meses de prisión a José Montaño, uno de los policías estatales de Puebla responsables de la tortura física y psicológica contra la periodista Lydia Cacho, en diciembre de 2005, durante su detención y traslado, de Quintana Roo a Puebla.

En un comunicado, la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que-después de 9 años en esta instancia- obtuvo la sentencia pues se acreditó la tortura contra la comunicadora durante su detención en 2005, por la denuncia que ésta hizo contra el empresario textilero Kamel Nacif Borge, a quien señaló de encabezar una red de pederastia.

Lyda Cacho, quien ha recibido diversos y múltiples galardones por su trabajo periodístico, recorrió un arduo camino en la justicia mexicana para que sus torturadores fueran sentenciados. Sin embargo, pese a que su caso llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2006, ésta determinó un año más tarde, en 2007, que no existieron violaciones graves a sus Derechos Humanos y por lo tanto descartó la hipótesis que había mantenido la periodista, de que el entonces gobernador, Mario Marín, “confabuló” en contra de ella conjuntamente con Kamel Nacif, para su tortura y detención.

Cabe recordar que Lydia Cacho Ribeiro presentó en marzo de 2006 dos denuncias: ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Relacionados con actos de Violencia en Contra de las Mujeres (Fevim) y la Especial para delitos cometidos contra periodistas (Feadle), ambas de la Procuraduría General de la República (PGR).

Las denuncias fueron contra el gobernador priista de Puebla, Mario Marín, y el empresario textilero Kamel Nacif; contra la procuradora de Justicia de Puebla, Blanca Alicia Villeda; contra la jueza Rosa Celia Pérez González, y los policías judiciales que participaron en su detención y la torturaron durante el traslado de Cancún a Puebla. Las acusaciones fueron por cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, tentativa de violación, falsedad de declaraciones y tortura.

Sin embargo, la denuncia ante la Fevim, encabezada entonces por Alicia Elena Pérez Duarte no concluyó, por lo que ésta pasó, en 2008, a la Feadle.

El 15 de mayo de 2008,  la autoridad judicial mexicana, en una estrategia para evitar que la periodista denunciara su caso en instancias internacionales de Derechos Humanos, giró órdenes de aprehensión contra los policías judiciales poblanos Verónica Chávez Cruz; Irene Arteaga Rangel; Jesús Pérez Vargas y José Montaño, todos ellos implicados en la detención y traslado de Lydia Cacho el 16 de diciembre de 2005.

Desde 2006, la periodista autora de “Los Demonios del Edén”, “Memorias de una infamia” y “Esclavas del poder”, entre otros, ha sido galardonada con varios reconocimientos. En ese año recibió el premio “Yo Dona”, por la mejor labor humanitaria que otorga el periódico “El Mundo”, de España a través de su revista Yo Dona.

En el mismo año también obtuvo el premio Francisco Ojeda al valor periodístico y el premio Sergio Méndez Arceo por la defensa de los Derechos Humanos. 

En 2007, recibió los premios: Ginetta Sagan de Amnistía Internacional (AI); de la Fundación Internacional de Mujeres en los Medios, el premio Mundial Valentía en el periodismo 2007 y obtuvo de Human Rights Watch la beca Hellman/Hammett, en reconocimiento a las y los periodistas por la valentía con que enfrentaron la persecución política. 

En mayo de 2008 la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) le dio el Premio Mundial UNESCO Guillermo Cano de Libertad de Prensa, por su trabajo de denuncia periodística contra una red de pederastia en México.

Durante este mismo mes la Unión de Periodistas de Valencia la galardonó con el Premio Internacional Libertad de Expresión 2008.

En ese mismo año recibió la beca Tucholsky de manos de la ministra sueca de Cultura Lena Adelsohn, con quien la periodista mexicana se reunió para presentar, ante un foro, su ponencia sobre libertad de expresión y en 2009 recibió el reconocimiento “Hermila Galindo”.

17/LGL

 








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Convocatoria cierra en diciembre
   
Instauran Premio Miroslava Breach
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

Como un homenaje a la periodista chihuahuense, corresponsal de la Jornada y reportera del Periódico Norte de Ciudad Juárez, Miroslava Breach Velducea, asesinada el pasado 23 de marzo frente a su casa en la capital de Chihuahua cuando iba a bordo de su automóvil para ir a dejar a su hijo a la escuela, y a todos los periodistas asesinados en América Latina, se instauró el premio Miroslava Breach “Sistemas de poder y violencia contra periodistas en América Latina”.

El premio también es un llamado de atención a la impunidad de los casos de periodistas asesinados, pues no son investigados, ni condenados los culpables, volviéndose el Estado en cómplice, promotor e instigador de esta brutal forma de violencia que crece y se multiplica en nuestra región”, dice la convocatoria.

Cabe recordar que desde 2006 y hasta 2017, Comunicación e Información de la Mujer AC (CIMAC) ha documentado 430 agresiones contra mujeres periodistas; y en el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y en la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018), se han registrado 19 asesinatos y dos desapariciones de mujeres periodistas.

De acuerdo con la convocatoria publicada en la página web del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), podrán postularse, antes del 27 de diciembre de 2017, periodistas, personas comunicadoras, investigadoras y activistas de todos los países de América Latina y el Caribe, con textos individuales o colectivos (hasta tres autores).

En el caso de trabajos colectivos, al menos uno de las o los autores, deberá estar vinculado con alguno de los centros miembros de la Red del Clacso, respaldar esta relación a partir de una declaración jurada e incluirla después de las referencias biográficas del artículo.

Los trabajos deberán estar escritos en español y presentarse en dos tipos: un artículo que se ajuste a las normas editoriales de la “Revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad”, editada por la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco; que se encuentran disponibles en: http://argumentos.xoc.uam.mx/publicar.html; y un artículo breve para ser publicado en un medio escrito.

Los temas para los textos son:

1. Quehacer periodístico, violencia e impunidad (Estado, narcotráfico y periodismo en México; violencia hacia los periodistas; vulnerabilidad y abandono de los medios comunitarios e indígenas; censura; el rol de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Comunicadores).

2. Diversas formas de agresión a las garantías comunicativas de los ciudadanos (el atentado contra los derechos de las audiencias; el debilitamiento del derecho a réplica; los nuevos lineamientos de programación televisiva y el embate contra los derechos de las
niñas y niños).

3. Intereses económicos y políticos de los medios por encima del interés social y del bien común (el incremento de la violencia comunicativa hacia las elecciones nacionales de 2018 en México; efectos de la violencia contra la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad ideológica; medios de difusión, violencia y construcción de ciudadanía).

4. Academia, violencia y la enseñanza de la comunicación (consecuencias de la violencia y el quehacer universitario; la inmovilidad de las escuelas de comunicación frente al embate de las estructuras de poder hacia sus egresados).

Los trabajos deberán ser enviados a los siguientes correos:
argumentos@correo.xoc.uam.mx; argument.correo@gmail.com

La elección de los 5 mejores trabajos estará a cargo de jurados internacionales y el proceso de evaluación será coordinado por Guiomar Rovira Sancho, Patricia Ortega Ramírez y Javier Esteinou Madrid, coordinadores del número de la Revista Argumentos. Estudios críticos de la sociedad en el que se publicarán los trabajos ganadores.

El comité organizador del Premio está conformado por la Revista Argumentos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco (UAM-X), el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), la Facultad de Cultura y Comunicación de la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo (FCCUMET), el periódico mexicano La Jornada, el periódico argentino Página 12 y el diario español Público

Mayor información del premio en: http://www.clacso.org.ar/concursos_adm/adjuntos_concursos/91_byc_esp.pdf

17/GMV/LGL








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