en inglés)

Las tres mayores tribus de Megalaya, un punto fuerte de la biodiversidad del noreste de India, son matrilineales. Los descendientes toman el apellido de la madre, mientras que las hijas heredan las tierras de la familia.
 
Como las mujeres son las propietarias de las tierras y siempre han decidido qué se cultiva en ellas y qué se conserva, el estado no solo tiene un sólido sistema de alimentos resistentes al clima, sino también algunas de las plantas comestibles y medicinales más escasas.
 
Mientras que su antigua cultura les da poder a las mujeres indígenas de Megalaya, ya que la propiedad de la tierra mejora enormemente su resistencia a los choques alimentarios que provoca el cambio climático, a la abrumadora mayoría de las mujeres en el Sur en desarrollo la sociedad no les permite ni siquiera tener voz en la gestión de la familia o la comunidad.
 
Ni siquiera las leyes nacionales apoyan sus derechos a la propiedad de la misma tierra que siembran y cosechan para alimentar a sus familias.
 
Según un nuevo informe de la organización no gubernamental Iniciativa de Derechos y Recursos (RRI, en inglés), las protecciones legales para que las mujeres indígenas y rurales posean y administren propiedades privadas son insuficientes o inexistentes en 30 países de ingresos bajos y medios.
 
Esta conclusión significa que gran parte de los recientes avances que las comunidades indígenas y locales consiguieron en relación con la conquista del reconocimiento legal de su territorio comunitario podrían tener una base inestable.
 
“En términos generales, las protecciones legales internacionales relativas a los derechos de tenencia de las mujeres indígenas y rurales aún no se reflejaron en las leyes nacionales que regulan las interacciones diarias de las mujeres con los bosques comunitarios”, señaló Stephanie Keene, de RRI, una coalición internacional con sede en Estados Unidos.
 
En conjunto, estos 30 países albergan 75 por ciento de los bosques del mundo en desarrollo, que siguen siendo esenciales para mitigar el calentamiento global y los desastres naturales, incluidas las sequías y la degradación de las tierras.
 
En Asia meridional, la migración por necesidad debido a los fenómenos climáticos – en, particular, a las sequías – es alta, ya que más de 75 por ciento de la población depende de la agricultura, y de esa proporción más de la mitad son agricultores de subsistencia que dependen de las lluvias para el riego.
 
“En muchos pueblos indígenas son las mujeres las productoras de alimentos y quienes administran las tierras y bosques consuetudinarios. La salvaguardia de sus derechos consolidará los derechos de sus comunidades a poseer colectivamente las tierras y bosques que han protegido y de los cuales dependen desde hace generaciones”, afirmó Victoria Tauli Corpuz, relatora especial de las Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
“Las comunidades indígenas y locales de los 10 países asiáticos analizados brindan el reconocimiento más consistente de los derechos de herencia de las mujeres a nivel comunitario. Sin embargo, esto… no se observa en India o Nepal, donde la insuficiencia de leyes sobre herencia y resolución de disputas a nivel comunitario hacen que los derechos forestales de las mujeres sean particularmente vulnerables”, explicó Keene a IPS acerca del estudio de RRI.
 
“Ninguno de los cinco marcos legales analizados en Nepal trata la herencia o la resolución de disputas a nivel comunitario. Aunque la ley sobre derechos forestales de India reconoce la herencia de tribus… y otros habitantes tradicionales de los bosques, no se reconocen expresamente los derechos específicos de las mujeres a la herencia o a la resolución de disputas a nivel comunitario”, añadió.
 
“La herencia en India puede estar regulada por leyes civiles, religiosas o personales, algunas de las cuales no garantizan expresamente derechos de herencia equitativos para esposas e hijas”, expresó Keene.
 
Madhu Sarin, que participó en la redacción de la Ley sobre Derechos Forestales de India y ahora impulsa su implementación, habló con IPS sobre la situación en Asia meridional.
 
“Donde los gobiernos han ratificado los derechos internacionales, en principio aceptan que las leyes nacionales sean compatibles con ellos. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha entre estos compromisos y su traducción en la práctica. En primer lugar, la mayoría de los gobiernos no tienen mecanismos ni requisitos vinculantes para garantizar dicha compatibilidad”, comentó.
 
“Además, las beneficiarias previstas de las leyes de género permanecen desorganizadas y no tienen conocimiento de ellas”, dijo.
 
DH SOBRE LA TIERRA, SEQUÍA Y DESERTIFICACIÓN
 
Según la Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD), una manera de enfrentar las sequías – que causan más muertes y más desplazamientos que cualquier otro desastre natural – y detener la desertificación – la silenciosa e invisible crisis que amenaza a un tercio de la superficie terrestre – es aplicar urgentes reformas legales que apliquen la paridad de género en la propiedad y la gestión agrícola y forestal.
 
“Las mujeres rurales pobres en los países en desarrollo son fundamentales para la supervivencia de sus familias. La tierra fértil es su salvavidas. Pero el número de personas afectadas negativamente por la degradación de la tierra crece rápidamente”, declaró Monique Barbut, secretaria ejecutiva de la UNCCD, en su estudio de 2017.
 
“El fracaso de los cultivos, la escasez de agua y la migración de los cultivos tradicionales perjudican a los medios de subsistencia rurales. La acción para detener la pérdida de tierras más fértiles debe centrarse en los hogares. En este nivel, el uso de la tierra se basa en los roles asignados a hombres y mujeres. Aquí es donde la marea puede comenzar a cambiar”, aseguró.
 
La reducción de la brecha de género en la agricultura por sí solo aumentaría el rendimiento de las granjas de mujeres de 20 a 30 por ciento y la producción agrícola total en los países del Sur en desarrollo de 2.5 a 4 por ciento, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/MJ/GG

Las mujeres indígenas son las que sufren los primeros y los peores efectos del cambio climático, y también las que encabezan los esfuerzos para proteger el ambiente.
 
Un foro organizado por la Red de Acción de Mujeres para la Tierra y el Clima (Wecan, en inglés) reunió a indígenas de todo el mundo para discutir los efectos del cambio climático en sus comunidades y en sus respectivas actividades laborales hacia las soluciones sostenibles.
 
“Este foro está bastante enfocado a las comunidades que están al frente de la lucha contra el cambio climático. Quisiéramos tomarnos el tiempo para visibilizar el liderazgo de las mujeres y sus llamados a la acción”, indicó la directora ejecutiva de Wecan, Orielle Lake.
 
Las indígenas “trazan una línea roja para proteger y defender a la madre tierra, a todas las especies y a la red misma de la vida”, añadió.
 
Entre las participantes del foro estaba la directora ejecutiva de la Red de Información Indígena, Lucy Mulenkei, que trabaja con comunidades indígenas en Kenia en cuestiones de desarrollo sostenible.
 
Las indígenas keniatas soportan la carga de las consecuencias del cambio climático, observó. “Experimentamos muchas sequías prolongadas, un trabajo más que recae sobre las mujeres, pues encontrar agua se convierte en un problema porque hay que ir más lejos.”
 
En febrero, el gobierno keniata declaró emergencia nacional por la sequía, lo que significa que duplicó el número de personas que viven con inseguridad alimentaria, aumentó el grado de malnutrición a niveles de emergencia y dejó a millones de personas sin acceso al agua potable.
 
Pero debido al cambio climático, el país también experimenta fuertes lluvias, lo que generó inundaciones, que perjudicaron a las comunidades indígenas, indicó Mulenkei.
 
Los extremos climáticos son en gran medida el resultado del uso de combustibles fósiles, cuya quema emite gases de efecto invernadero que contribuyen al recalentamiento global. Estados Unidos es responsable de casi 20 por ciento de las emisiones contaminantes, lo que lo convierte en uno de los que más gases libera a la atmósfera.
 
A pesar de estar a unos 12 mil 900 kilómetros de Kenia, Mulenki recordó a IPS que “cualquier cosa que hagas muy lejos, nos impacta a nosotros aquí”.
 
PETRÓLEO ENVENENA, DESTRUYE
 
La industria de los combustibles fósiles también impacta a las comunidades indígenas de Estados Unidos con sus megaproyectos de infraestructura.
 
“No te imaginas todo lo que cambió con la llegada del petróleo”, indicó Kandi Mossett, responsable de Energía Extrema y Campaña de Transición Justa de la organización Red Ambiental Indígena, refiriéndose al descubrimiento de petróleo en la formación de Bakken, en Dakota del Norte.
 
“El aire se envenena, el agua se destruye”, subrayó.
 
Mossett es una de las indígenas que encabezan el movimiento contra el oleoducto Dakota Access, que concentró la atención internacional en 2016, cuando miles de manifestantes fueron violentamente reprimidos por las fuerzas de seguridad.
 
Las comunidades indígenas son un blanco desproporcionado de esos proyectos. “No ve un pozo de fracturación en Hollywood ni en el jardín de la Casa Blanca. Lo ve en poblaciones de bajos ingresos y de minorías”, ejemplificó.
 
Mossett subrayó la importancia del consentimiento previo para la aprobación de esos proyectos de desarrollo, como está previsto en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ni el gobierno ni la empresa respetaron esa norma en el caso del Dakota Access.
 
“La consulta no equivale al consentimiento”, precisó a los presentes.
 
Las comunidades indígenas tienen que hacer frente a problemas similares a medida que la economía y las compañías realizan la transición hacia las energías renovables.
 
En Kenia, las comunidades indígenas son testigo de la construcción de proyectos de energía renovable sobre sus tierras y sin su consentimiento, como las iniciativas Ngong Hills y Kipeto en territorio masai.
 
“Me siento desatendida, me siento marginada, me siento aislada”, confesó Mulenkei a IPS, respecto de la falta de consentimiento y consultas con los pueblos indígenas por la realización de los proyectos de infraestructura. Estos serán beneficiosos solo si están abiertos a la participación, añadió.
 
Los pueblos indígenas a veces soportan violaciones más extremas con el crecimiento de la economía verde, como el desplazamiento de las comunidades masai, tras la expansión de la producción de energía geotérmica.
 
En Honduras, la indígena defensora del ambiente Berta Cáceres fue asesinada en su casa en marzo de 2016 por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica.
 
Un informe del Centro de Recursos Empresariales y de Derechos Humanos señaló que cinco de cada 50 empresas dedicadas al desarrollo de energías renovables dicen estar comprometidas con la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
 
Mossett y Mulenkei coincidieron en la necesidad de respetar los derechos indígenas de forma integral y urgieron a tomar medidas colectivas para proteger el ambiente y contemplar los derechos humanos.
 
“Tenemos que tomar medidas directas no violentas en el terreno y recuperar el poder sobre nuestras comunidades porque nadie lo hará por nosotros”, remarcó Mossett.
 
El foro de Mujeres Indígenas para la Protección de la Tierra, los Derechos y las Comunidades se realizó en forma paralela con la 16 sesión del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, que comenzó el 24 de este mes y se extenderá hasta el 5 de mayo en la sede del foro mundial de Nueva York.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/TY/GG

La Asamblea Legislativa de la provincia de Sind hizo obligatorio el análisis de ADN para los casos de violación, en el marco de las reformas realizadas en Pakistán para reforzar las leyes contra la agresión sexual y los asesinatos por honor.
 
La aprobación de la norma sigue al voto unánime con que el Parlamento nacional aprobó las reformas para eliminar los vacíos legales del sistema de justicia penal y aumentar las condenas en los casos de violación.
 
Durante mucho tiempo, los acusados se veían beneficiados por la necesidad de presentar testigos y evidencia circunstancial en los casos de violación, y el número de condenas era despreciable en este país.
 
La nueva norma nacional, Ley Antiviolación, que también habilita la evidencia de ADN, da un plazo de tres meses para emitir los veredictos y de seis meses para apelar.
 
El texto de la ley también permite los juicios a puertas cerradas y el uso de tecnología para registrar el testimonio de las víctimas y de los testigos con el fin de evitar la humillación de las primeras, una de las razones por las que ellas y sus familias no llevaban el caso a la justicia.
 
Otro de los asuntos importantes que introduce la norma es que procura proteger la identidad de la víctima en los medios. Las personas que violen la privacidad de las demandantes podrán sufrir hasta tres años de cárcel y multas.
 
Los medios de comunicación han sido criticados por revelar los nombres de las víctimas y, a veces, hasta publicar su fotografía.
 
Fauzia Viqar, presidenta de la Comisión de Punyab sobre el Estatus de las Mujeres (PCSW, en inglés), dijo a IPS que la ley requiere que la policía reúna las pruebas en presencia de una mujer policía.
 
También se recomiendan medidas estrictas para los casos de violación en custodia policial. Además, las conductas pasadas de la víctima y su relación con el agresor no implicarán el consenso al acto sexual, precisó.
 
DENUNCIA MENOS DE 4 POR CIENTO
 
Amina Bibi, de esta provincia de Punyab, fue violada el 5 de enero de 2014 por cuatro hombres que quedaron en libertad bajo fianza. Desesperada, la adolescente de 18 años se inmoló fuera de la comisaría el 13 de marzo y murió a causa de las heridas al día siguiente.
 
La Corte Suprema de Pakistán actuó en el caso y pidió una investigación policial, que fue presentada el 21 de abril y que decía que Amina no había sido violada. Pero el informe no satisfizo al alto tribunal que lo descartó porque, entre otras cosas, no pudo encontrar otra razón para el suicidio de la adolescente.
 
El caso de Amina puso en evidencia el drama que viven las miles de víctimas de violación en este país por las fallas del sistema de justicia penal, las inhibiciones socioculturales, las actitudes negativas de los investigadores, los problemas de la policía para reunir las pruebas y la humillación que sufren en los tribunales.
 
La Oficina Nacional de Policía (NPB, en inglés) señala que las denuncias por violación ascienden a unas 3 mil  al año, y se registraron 3 mil 173 en 2012 y 3 mil 164 en 2013. Sin embargo, las condenas representan menos de cuatro por ciento, según la organización no gubernamental Guerra contra la Violación (WAR, en inglés.)
 
“Una de las razones de que haya tan pocas condenas es que los casos de violación se manejan mal desde el principio”, explicó el abogado Asad Jamal, representante de varias víctimas, en diálogo con IPS en Lahore, capital de Punyab.
 
La policía no recoge la evidencia científica en los casos de violación, ni sabe cómo registrar las declaraciones de las víctimas traumatizadas, denunció Jamal, quien ejemplificó con un caso en el que trabaja actualmente en que los oficiales ni siquiera guardaron la ropa que llevaba la víctima durante la agresión sexual.
 
En el caso de Amina Bibi, la policía no había realizado las pericias forenses correspondientes en tiempo y forma, ni los análisis de ADN, lo que llevó al ministro jefe de Punyab, Shahbaz Sharif, a suspender a varios oficiales de alto rango y a ordenar la detención de otros.
 
A veces la policía insiste en registrar nombres de testigos falsos para dar más solidez al caso, contó Jamal, pero es una práctica que termina beneficiando al agresor, en especial en las instancias de apelación.
 
“Lo ideal es que la evidencia del ADN y las pruebas científicas sean suficientes para condenar al imputado, pero por desgracia, la justicia depende demasiado en testigos para la evidencia primaria”, se lamentó
 
SECTORES DESFAVORECIDOS
 
Otro asunto determinante, apuntó Jamal, es que las víctimas de violación suelen pertenecer a sectores desfavorecidos de la sociedad y los agresores, a los más poderosos.
 
Los datos revelan que las niñas de entre nueve y 19 años de familias de bajos ingresos son las más vulnerables a la violación.
 
“Por eso aumenta el número de trabajadoras domésticas violadas”, acotó.
 
El fundador de la Línea de Ayuda Nacional Madadgar para mujeres y niños, Zia Awan, dijo a IPS: “El número de denuncias de violación en Pakistán es apenas una fracción del número real”.
 
Awan recibió un gran número de llamadas de mujeres indecisas sobre si denunciar o no una violación o que permanecen calladas para evitar la humillación y un estigma de por vida. La impunidad de los violadores y el calvario que sufren las víctimas hacen que estas no recurran a la justicia, explicó.
 
“La actitud vergonzosa de la sociedad, de la policía y de los abogados hacia las víctimas es el mayor obstáculo a la hora de hacer justicia”, se lamentó el abogado Faisal Siddiqui, de Karachi, capital de Sind.
 
Una víctima de violación necesitó terapia psicológica durante dos años después de presentarse en la justicia para las repreguntas, indicó. El abogado defensor le preguntó hasta los detalles más insignificantes, haciéndole revivir el traumático incidente una y otra vez.
 
Fuentes allegadas a investigaciones sobre casos de violación dijeron a IPS que las costumbres socioculturales hacen que la policía atribuya la culpa en las denunciantes y busque probar que son mujeres de baja moral. Su percepción es que una mujer “realmente” violada no realizaría la denuncia por vergüenza y por temor a la humillación pública.
 
Además, antes, si la víctima tenía algún tipo de relación con el agresor, y consideraban que tenía actividad social o un estilo de vida “moderno”, la policía se inclinaba a creer que la denuncia era falsa.
 
El abogado de Lahore, Shahid Ghani, recordó que antes “cuando un hombre era procesado por violación o por intento de agresión sexual, podía ser un indicio de que la fiscal tenía un carácter inmoral”.
 
Además, Ghani señaló que había una norma que permitía revisar la historia de la víctima para probar que no era inocente o que tenía una vida sexual activa.
 
El proyecto Policía con Respuesta de Género, lanzado por la agencia de desarrollo alemana GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, en alemán) con NBP (German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development, en inglés), hizo que muchos dirigentes se dieran cuenta de la necesidad de más mujeres policías para atender los casos de violación.
 
Ali Mazhar, responsable de comunicaciones de GIZ, dijo a IPS que muchas mujeres policías habían recibido capacitación para atender los casos de violación.
 
El programa también prevé la creación de unidades de denuncias para mujeres en las comisarías, donde las policías reciben a las denunciantes en un entorno sin acoso ni miedo.
 
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia internacional de noticias IPS.
 
17/IA/GG