Magistrados

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, pidió a los magistrados electorales del país, hacer una introspección y revisar sus condicionamientos a la hora de dictar sentencias, para abonar en la lucha de las mujeres indígenas a que se respeten sus Derechos Humanos y político-electorales.

“Las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas, necesitan que nuestras sentencias las miren con sus ojos, las nombren. Por eso, quienes impartimos justicia debemos hacer una introspección y revisar nuestros condicionamientos basados en estereotipos discriminadores e inercias de sobreprotección y colonización. Sólo así estaremos en posibilidad de dictar sentencias que abonen a la lucha que las mujeres indígenas hacen y siguen haciendo desde sus saberes, desde su autonomía”, aseveró la magistrada Otálora Malassis.

Al participar en la clausura del Seminario “Los aprendizajes y retos para una democracia paritaria”, organizado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), la magistrada presidenta del TEPJF sostuvo que, ante la obligación de garantizar el acceso a la justicia y la participación de las mujeres indígenas, los juzgadores habrían de formularse cuando menos cuatro preguntas.

Desde dónde juzgan, desde qué realidades y desde qué concepciones preconstruidas, sobre quiénes son, qué aspiraciones y de qué forma deben comportarse las mujeres indígenas; cómo detectan y se hacen cargo de las asimetrías que implica el dictar una sentencia; de qué forma las y los jueces deben de construirse a fin de lograr una verdadera justicia electoral; y cuáles son los referentes adecuados para juzgar casos que involucran a mujeres indígenas sin estereotiparlas, ni esencializarlas.

“De las respuestas que demos a estas preguntas al momento de pronunciar una sentencia depende que la justicia no sea una justicia impuesta. Impuesta desde lo que somos, por como fuimos formadas; impuesta desde la inercia colonialista que tanto daño ha hecho al pueblo y territorio de las mujeres indígenas”, aseveró Otálora Malassis.

La magistrada presidenta de la Sala Superior insistió en que quienes imparten justicia tienen que aproximarse a las demandas de las mujeres indígenas, dado que tienen la inmensa responsabilidad de materializar y de hacer viable todos sus derechos.

“En nuestras manos está el hacer posible las promesas constitucionales de igualdad, representación y participación, de materializar las aspiraciones de un país que pretende vivir en democracia, y que se reflejen en los mandatos de los tratados internacionales”, subrayó.

Otálora Malassis afirmó que los juzgadores tienen que darse cuenta si su formación limita el entendimiento de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos políticos y que, para ello, deben ser conscientes dónde se encuentran y en dónde deben colocarse cada vez que tengan que analizar y resolver un juicio en el que están involucradas.

“Esto no significa el hecho que, de no ser personas indígenas, nos impida juzgar adecuadamente, en el mismo sentido; tampoco podemos afirmar que el hecho de que sea una mujer la que tenga que juzgar, garantice una relación apegada a un enfoque de género. Afirmar que las mujeres tenemos una sensibilidad especial, implica esencializarnos y descartar que los hombres cuentan con la capacidad de juzgar con tal perspectiva, lo cual sería un error”, puntualizó la magistrada Otálora Malassis.

17/JG/LGL

Tras reconocer que la violencia política es “la manifestación más potente” de la intolerancia al reconocimiento a la igualdad en candidaturas a cargos legislativos reconocida desde 2014 en la Constitución federal, el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza, dijo que uno de los retos es impulsar las candidaturas independientes.
 
Al participar en el informe del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, el magistrado, quien en noviembre concluye su cargo junto con el resto de sus cinco compañeros, dijo que esta instancia no puede permitir que la violencia política de género contra candidatas y mujeres electas detenga los espacios que de manera legítima han ganado.  
 
Agregó que la violencia contra las mujeres en este ámbito desalienta e impide su inclusión en los procesos políticos del país y aseguró que estos “actos de violencia política personifican uno de los perores atentados contra la dignidad humana” por lo que llamó a tomar acciones al respecto.
 
Ante este panorama señaló que es necesario implementar políticas a favor de las mujeres para construir una nueva forma de hacer política y destacó que uno de los retos es fomentar las candidaturas independientes porque hasta ahora los hombres ocupan 90 por ciento de estas postulaciones. 
 
Considerando que el próximo 4 de noviembre entrarán en funciones siete nuevos magistrados, entre ellos las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso y Janine Madeline Otálora Malassis, el actual funcionario dijo que hay que seguir trabajando y reforzando este Observatorio para que funcione más allá de las personas que integran los órganos que allí participan.
 
Carrasco Daza explicó que el TEPJF, el Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y el Instituto Nacional Electoral (INE) deben continuar trabajando de manera coordinada para monitorear la igualdad política.
 
Entre las tareas que las instancias tienen está entregar información eficaz antes, durante y después de los procesos electorales; analizar el desempeño de la función pública para vigilar el cumplimiento de las propuestas de campaña en materia de paridad; vigilar que las mujeres electas puedan gobernar; e incentivar propuestas de políticas públicas de género.
 
El magistrado expuso que en el caso del Tribunal Electoral las  decisiones judiciales deben ir más allá del caso concreto de una mujer y extenderse a favor de grandes segmentos como ya lo ha hecho en sentencias para promover la participación política de las mexicanas.  
 
El magistrado presidente del TEPJF firmó un Convenio de Apoyo y Cooperación Interinstitucional con Lorena Cruz Sánchez, presidenta del Inmujeres y entregó los premios del concurso de ensayo sobre participación de la población femenina en el ámbito político.
 
16/AGM/LGL

La senadora Angélica de la Peña Gómez lamentó que en las ternas presentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para ocupar las siete magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no se tuviera la oportunidad de tener por lo menos a tres mujeres y cuatro hombres candidatos.
 
Durante la reunión de esta Comisión de Justicia del Senado para discutir la elegibilidad de las y los 21 candidatos para ocupar el cargo de magistrado del TEPJF, la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el senador Benjamín Robles Montoya, destacaron evitar decisiones premeditadas o poner al frente a personas sin la capacidad necesaria.
 
Sobre la composición de la Sala Superior la cual quedará conformada por dos mujeres y cinco hombres De la Peña aclaró que esta decisión no fue del Senado de la República sino de la Suprema Corte que fue el órgano que encabezó la primera parte del proceso y quien a la hora de distribuir los 21 nombres de los candidatos en siete ternas, reunió a las seis mujeres en dos ternas.
 
Las candidatas a magistradas son Claudia Mavel Curiel López, Silvia Gabriela Ortiz Rascón y Mónica Aralí Fregoso, quienes conforman una de las ternas, lo que significa es que sólo una de ellas podrá ocupar el cargo. La otra terna de mujeres está integrada por Janine Madeline Otálora Malassis, María del Pilar Parra Parra y Berenice García Huante.
 
A su vez el senador Benjamín Robles destacó que es importante que la decisión sea responsable y con el compromiso de fortalecer a la institución. “Nuestro voto creo que no debe responder –lo quiero subrayar– a intereses de grupos parlamentarios, no debe de atender influyentismos ni que alguien se sienta que ya está beneficiado por una designación previa”, destacó.
 
Asimismo, refirió que la capacidad de los candidatos no es del todo óptima. “A pesar de que todos reúnen los requisitos de ley, a mí sí me parece que algunos no reúnen el perfil profesional, o sea, no están preparados en materia electoral para esta enorme responsabilidad y por eso yo conmino a que todos hagamos un voto de verdad muy responsable, muy comprometido con el país”, manifestó.
 
La conformación actual del organismo jurisdiccional es de cinco hombres y una mujer, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa; ya que desde abril de 2015 el magistrado Alejandro Luna Ramos concluyó su cargo pero la vacante no se renovó.
 
El senado deberá elegir a más tardar el 30 de octubre, a siete nuevos magistrados que iniciarán su mandato el próximo 4 de noviembre; dos de ellos concluirán su mandato el 31 de octubre de 2019, dos más el 31 de octubre de 2022 y los tres restantes el 31 de octubre de 2025.
 
16/AGM/LGL

Tras una sesión que terminó en los primeros minutos de este jueves, el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el decreto emitido por el Congreso de Chiapas, por el cual aprobó la renuncia de María Gloria Sánchez Gómez como presidenta municipal de Oxchuc, y ordenó su inmediata reincorporación en el cargo para el que fue electa en 2015.
 
Al resolver el recurso jurídico SUP-JDC-1756/2016, la magistrada y los magistrados determinaron por unanimidad que las pruebas aportadas por la presidenta del municipio indígena tseltal resultaron determinantes para confirmar que se vio forzada a firmar el escrito de renuncia al cargo y, por la forma en que ocurrieron los hechos, no tienen justificación constitucional ni legal.
 
El TEPJF ordenó a las autoridades estatales, incluyendo al titular del Poder Ejecutivo, Miguel Velasco Coello, que generen las condiciones de seguridad para que la presidenta municipal, así como el propio cabildo, puedan ejercer el cargo en un ambiente de tranquilidad en el municipio de Oxchuc.
 
Esta resolución se da 13 días después de que el propio TEPJF resolvió un caso similar que favoreció a Rosa Pérez Pérez para ser reincorporada e su cargo de alcaldesa en el municipio de Chenalhó, lo que hasta ahora no ha ocurrido.
 
Similar a lo que sucedió con la presidenta municipal Chenalhó, el pasado 11 de febrero, en una sesión extraordinaria de la Comisión Permanente del Congreso del estado se aprobó la solicitud de licencia indefinida –que fue tomada como renuncia– de la alcaldesa María Gloria Sánchez.
 
La alcaldesa nunca pudo tomar posesión de su puesto debido al conflicto que se desató en ese municipio por los resultados de las elecciones en donde resultó electa. Diferentes grupos señalaron irregularidades en el proceso de elección.
 
El Congreso del estado designó como nuevo alcalde a Oscar Gómez López, a petición de las autoridades con bastón de mando de las 115 comunidades que conforman ese municipio.
 
Sin embargo, ante la presión política a la que fue orillada para pedir licencia, la alcaldesa postulada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en los comicios del domingo 19 de julio del 2015, interpuso un recurso ante el TEPJF que hoy fue resuelto a su favor.
 
REPARE CELEBRA FALLO
 
Tras conocer el fallo del TEPJF, la Red por la Paridad Efectiva en Chiapas (Repare) –una agrupación de activistas y políticas que ha acompañado los casos de violencia política de género en la entidad– emitió un renunciamiento donde condenó los actos para arrebatar los cargos de elección popular y dijo que estos conflictos se deben dirimir por las vías pacíficas y legales.
 
En su comunicación, la Repare reconoció el debate que se dio en la Sala Superior, por ejemplo que la magistrada María del Carmen Alanís afirmara: “No podemos mandar el mensaje de que con violencia se pueden arrebatar los puestos de elección popular”.
 
El fallo del Tribunal Electoral ordenó también la restitución de los derechos políticos de las regidoras plurinominales, quienes habían denunciado que no se les tomó protesta, no se les convocó a las sesiones de cabildo y se les retuvieron sus dietas desde el inicio de la gestión municipal.
 
Es por ello que la Repare manifestó su respaldo absoluto a los argumentos de la magistrada y de los magistrados que manifestaron que la violencia no debe decidir quién debe gobernar, también consideraron como urgente una reflexión sobre la convivencia de los sistemas normativos internos y de partidos políticos en los municipios indígenas del estado de Chiapas.
 
Asimismo exigieron al Congreso del estado una explicación sobre el tratamiento de renuncia a la licencia indefinida presentada por la presidenta municipal, sin haber sido consultada al respecto, y que el Gobierno estatal genere las condiciones de gobernabilidad que permitan el cumplimiento a cabalidad de la sentencia del Tribunal.
 
Las activistas destacaron que el proyecto del magistrado Manuel González Oropeza sugería que “la única forma de sofocar la violencia, garantizar la paz y la tranquilidad en Oxchuc era respetando la voluntad de la población mediante una consulta popular”, es decir que la población decidiera si confirmaba a Oscar Gómez López o María Gloria Sánchez en la presidencia o elegían a un tercero.
 
Sin embargo, el magistrado Flavio Galván Rivera rechazó la propuesta del magistrado Oropeza con el argumento de que “no se puede dictar una sentencia para imponer una solución que no tiene sustento constitucional”.
 
La sentencia a favor de la restitución fue aprobada por la mayoría de los magistrados por lo que la Repare señaló que, ante el desafío para cumplir con la sentencia las instituciones locales y federales, deben sumar esfuerzos para garantizar la paz social.
 
16/IM/GGQ

No cabe duda que los privilegios masculinos están fuertemente resguardados por los hombres. Perderlos no es fácil y argumentos para asegurarlos hay, sobre todo cuando se trata de cuestionar a las mujeres que buscan tomar lo que por derecho les toca.
 
Estos hombres, los del discurso a favor de los privilegios masculinos, se parecen al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump: dicen buscar lo mejor, sin importar que sea rechazando, discriminando y fomentando la desigualdad.
 
Algo así estamos observando ahora. En pleno proceso para la renovación de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los señores del poder sobre la justicia han logrado la fórmula perfecta para mantener la mayoría de los asientos y “ceder” dos lugares para las mujeres.
 
Incluso, algunos realmente se sienten orgullosos de este acto de “desprendimiento” al lograr pasar –casi como hazaña, como en milagro y hora que la violación al principio de laicismo está de moda– de uno a dos lugares para las mujeres. Acto más noble no puede caber, pues de los siete lugares que se renovarán ellos se quedan con cinco.
 
Pese a la evidente desigualdad del proceso, ahora en manos del Senado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y algunos senadores han logrado mantener el “equilibrio” para este cambio en las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la que tocará, ni más ni menos, resolver los conflictos legales durante los proceso electorales de Estado de México en 2017, las elecciones presidenciales de 2018, así como 29 elecciones estatales.
 
Veamos el equilibrio: de 126 aspirantes registrados al inicio del proceso 20 eran mujeres, en la segunda etapa de 42 aspirantes 10 eran mujeres, al final de 21 candidatos 6 son mujeres.
 
Claro que argumentos para mantener los privilegios hay, y miremos si no. En julio pasado el magistrado del TEPJF, Manuel González Oropeza, afirmó que en la renovación de la Sala Superior lo “deseable” era privilegiar el mérito a la equidad del género.
 
La afirmación sonó maravillosa, quién quiere funcionarios mediocres, magistrados que no sepan o que su ética se acomode al mejor postor, ustedes me dirán. ¡Claro!, queremos que sean los méritos los que cuenten, pero también para ellos.
 
Sí, que demuestren méritos quienes han mantenido su posición de poder en la mayoría de los cargos públicos y los puestos de decisión, quienes por ejemplo decidieron invitar a la casa a quien la insulta. Sí, hablo de la invitación que Enrique Peña Nieto hizo a Donald Trump para venir a México.
 
¿POR QUÉ ESTA EXIGENCIA?
 
Cómo diría la filósofa Amelia Valcárcel, la meritocracia debe funcionar para todas y todos. Exigirla sólo para una parte –la que ha sido excluida– y dar por sentado que los otros –los de poder y los privilegios– ya tienen el mérito incluido sólo por ser hombres, es un argumento que busca justificar que ellos sigan teniendo el mayor número de sillas en todos lados.
 
En días pasados, diversas organizaciones civiles y personalidades a favor de la democracia llamaron a que en esta renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral se tomaran en cuenta los principios de legalidad, integralidad, honestidad, justicia e independencia de los partidos políticos, al momento de la selección de quienes ocuparán las siete sillas que en unos días estarán vacantes.
 
¿Por qué esta exigencia?, sencillamente porque en las cifras del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2014), las instituciones encargadas de impartir justicia son parte del problema y tienen los más bajos niveles de confianza.
 
Los jueces ocupan el quinto sitio con los menores niveles de confianza ciudadana (25 por ciento) sólo superados por los policías (22 por ciento), sindicatos (21 por ciento), partidos políticos (19 por ciento) y diputados (18 por ciento).  Todos estos integrados mayoritariamente por hombres.
 
Sin duda alguna hay guardianes fuertes y aguerridos que defienden los privilegios masculinos, aun cuando el juicio de la historia demuestre que los méritos no han sido los que les han dado el poder, sino que el poder les ha dado los méritos para seguir en él.
 
* Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/GGQ