Lucía Lagunes Huerta

La violencia contra las mujeres periodistas se incrementó 70 por ciento durante 2014 y 2015 (147 casos) pero lo más grave es que las agresiones pueden ser perpetradas por servidores públicos, del crimen organizado, empresas privadas o de otros actores.

Al presentar el informe “El Poder del cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015” las periodistas Lydia Cacho Ribeiro, Gloria Muñoz Ramírez, Maite Azuela Gómez, Lucía Lagunes Huerta y Fabiola González Barrera, aseguraron que todavía no se reconoce que mujeres y hombres reporteros viven agresiones de diferente tipo.

“El Poder del cacicazgo” es el tercer informe sobre este tema. En 2012 CIMAC presentó el “Informe Diagnóstico de Violencia contra Mujeres Periodistas”, donde por primera vez se registraron y documentaron las agresiones contra las reporteras desde un enfoque de género. En esa ocasión se contabilizaron 94 casos de violencia.

En el segundo informe “Impunidad, Violencia contra Mujeres Periodistas” a través de un análisis jurídico de 4 casos emblemáticos (Lydia Cacho y a la entonces reportera de la revista Contralínea, Ana Lilia Pérez; el asesinato de la reportera de la revista Proceso, Regina Martínez; y los allanamientos a las oficinas de CIMAC en 2008 y 2011), se demostraron los obstáculos que enfrentan las periodistas para obtener justicia. El informe documentó 86 casos de violencia entre 2012 y 2013.

Ahora, en 2016, tras 11 años de investigación y documentación de este tema, Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) registró en 2 años (2014-2015) 147 agresiones contra mujeres periodistas, periodo en el que Veracruz, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos, fueron las entidades más peligrosas para ejercer la libertad de expresión.

Durante la presentación del informe en el Museo Memoria y Tolerancia, se proyectó el video “Vivir para dar voz” donde 5 periodistas narran su pasión por el periodismo y lo que las motiva a continuar escribiendo e informando a la sociedad.

Al comentar el informe, la periodista y directora del portal noticioso Desinformémonos, Gloria Muñoz Ramírez, aseguró que se violenta de forma diferente a una reportera mujer que a un reportero varón y alertó que actualmente “los cacicazgos” se han ampliado de tal manera que es más difícil saber “a quién molestan” las investigaciones periodísticas.

Como ejemplo citó su caso. En 2007 y después en 2015 su casa fue allanada. La primera vez los agresores se llevaron libros, papeles, el CPU de su computadora, un folder con recortes de noticias sobre Chiapas (donde ella reporteó muchos años del levantamiento zapatista) y una maleta de libros, y aunque parecía que el robo estaba ligado con su ejercicio profesional, las causas del suceso nunca fueron ligadas a su trabajo.

La también columnista del periódico La Jornada, recordó que el país se transformó entre la primera agresión que vivió y la segunda; ahora, dijo, se vive más autoritarismo, políticas de despojo, represión y violaciones a Derechos Humanos y a la par es más complicado indagar quién puede ser el agresor.

La segunda agresión ocurrió en noviembre de 2015. En aquella ocasión la periodista llegó a su casa y encontró su ropa íntima “revuelta y tirada en la cama”. A diferencia del primer allanamiento a su casa, ahora el abanico de posibles responsables se amplió porque ya no sólo escribía sobre los pueblos indígenas, ahora también lo hacía sobre mineras, desapariciones forzadas o empresas transnacionales.

En opinión de la periodista hoy se agrede a quienes hacen un periodismo crítico e independiente que cuestiona al poder en cualquiera de sus formas, y que además “se atreve” a decir que es activista o defensora de Derechos Humanos.

La columnista del portal noticioso SinEmbargo, Maite Azuela Gómez, recordó que el año pasado por estas fechas, le llegó entre su correspondencia un sobre amarillo cuyo contenido era una fotografía suya y una amenaza de muerte, una agresión que tardó en asimilar y que le hizo pensar en el riesgo que corría y en la seguridad de su hija menor de edad.

En la experiencia de la comunicadora, ni la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), de la Procuraduría General de la República, ni el Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretaría de Gobernación, consideraron su trabajo periodístico como causa de la agresión.

Azuela Gómez aseguró que cuando se agrede a una periodista las autoridades no investigan sobre los temas que escribe, las fuentes de información que tiene y qué le motivaba para escribir, es decir, le restan valor al trabajo que realizan, aunque las agresiones son consecuencia de estas investigaciones periodísticas.

La columnista narró que en otra ocasión, cuando daba seguimiento al homicidio del activista Francisco Kuykendall, herido en la manifestación del 1 de diciembre de 2012, llegaron policías al edificio donde vive la periodista porque querían entrar a su departamento y aunque denunció el hecho, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no pudo tener ninguna conclusión al respecto.

Destacó que en México hay pocos abogados que litiguen casos relacionados con la libertad de expresión, que acompañen a las víctimas y que conozcan de las diferencias de género, por lo que el apoyo para quien acude a los mecanismos institucionales a exigir justicia o medidas de protección, no es el idóneo.

Durante la presentación, la periodista y directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) y coordinadora del informe, Lucía Lagunes Huerta, recalcó que en los casos de violencia contra mujeres periodistas lo que más preocupa a la autoridad es investigar la vida personal de la víctima y preguntarle de quién sospecha.

Las mujeres, sostuvo, son las encargadas de investigar, aportar pruebas y convencer a los funcionarios de que lo que pasó tiene que ver con su trabajo periodístico porque en los servidores públicos existe la creencia de que la labor de una reportera no es tan importante como para que las agredan.

En medio de la adversidad, Lagunes Huerta destacó avances; por ejemplo, que las informadoras han creado redes de periodistas, han hecho ver que el periodismo también se puede hacer con perspectiva de género, que los medios independientes pueden ser profesionales y hacer incidencia, y que las nuevas generaciones se comprometen con el tema.

La periodista y defensora de los Derechos Humanos de las mujeres, Lydia Cacho, quien moderó la presentación del Informe, destacó que todavía se cree que las reporteras no enfrentan agresiones y riesgos por su labor periodística, pero consideró que pese a todo, aquellas que son perseguidas, tienen toda la dignidad para enfrentar el contexto adverso.

16/AGM/LGL

Hace poco más de un año, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, quiso colocarse una medalla al solicitar la Alerta de Violencia de Género para su entidad. Contrario a lo que hizo su antecesor al negar la emergencia ante la grave situación feminicida que enfrenta la entidad, Ávila Villegas reconoció la urgencia.
 
Cuando el mandatario mexiquense solicitó en julio de 2015 la Alerta de Género, reconocía que en 11 municipios existía un grave problema de seguridad para la integridad de las mujeres de la entidad que él gobierna, entre ellos Naucalpan.
 
Y no sólo eso, sino que aseguró que la Alerta de Género sería una oportunidad para desarrollar políticas públicas a favor de la vida y la integridad de la población femenina. Su solicitud fue concedida en 19 días, concretándose un 28 de julio del  2015.
 
14 meses después de emitida la Alerta de Género, los focos rojos, nuevamente, se encienden en aquella entidad. La desaparición de Karen Rebeca Esquivel, el 22 de septiembre en Naucalpan, movilizó, como siempre en estos casos, a la madre de Karen para exigir se buscara de inmediato a la joven de 19 años.
 
El rostro de Karen circuló por las redes sociales llamando a su localización.

 
Y casi inmediatamente en la plataforma Change.org se inició la petición para que el mandatario mexiquense Eruviel Ávila Villegas, acelerara su búsqueda. La carta de petición era firmada por la madre de Karen, Becky Espinoza de los Monteros. Dicha petición se cerró el 28 de septiembre con 3 mil 500 firmas de apoyo.
 
El 25 de septiembre (3 días después de su desaparición) el cuerpo de Karen fue localizado dentro una maleta al lado de Adriana Hernández Sánchez, de quien poco se sabe, pues la exposición mediática del caso no es la misma.
 
El asesinato de Karen nuevamente indignó a la comunidad mexiquense y al país. Estos casos de feminicidio nos llevan a la pregunta ¿qué se está haciendo mal en las entidades que tienen declarada la Alerta de Violencia de Género?
 
De acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el punto débil está precisamente en la falta de reacción inmediata de las autoridades tras la denuncia de desaparición de una mujer.
 
De acuerdo con esta organización, la ausencia de protocolos de reacción y de investigación ante la denuncia de desaparición, hace que las víctimas queden a merced de sus captores.
 
Los resultados de estas malas actuaciones se documentan con las cifras de mujeres asesinadas en la entidad mexiquense.
 
Karen Rebeca Esquivel y Adriana Hernández Sánchez tendrían que estar con vida hoy, al igual que las 50 mujeres que han sido asesinadas de enero a abril de este año en el Estado de México, según informó la organización Suma y Mujeres en Cadena.
 
No basta la declaración de Alerta de Género si no hay un verdadero compromiso de los gobiernos para proteger la vida e integridad de las mujeres. No bastan las campañas que buscan que la sociedad actúe, si no pone el ejemplo la autoridad y actúa de inmediato ante cualquier denuncia de desaparición de una mujer.
 
La oportunidad que decía tener Eruviel Ávila en 2015 con la Alerta de Género se le fue de las manos; tanto como la vida de las mujeres que siguen siendo asesinadas en la entidad que él gobierna.
 
Es necesario rebasar el oportunismo político para ingresar a una verdadera era de gobernabilidad donde sea prioritario garantizar la vida de las mujeres, pues detrás de cada feminicidio que ocurre y queda impune, el mensaje para la repetición se vuelve a escribir con letras de sangre femenina.
 
Basta de presuntos asesinos exprés (un franelero); basta de encontrar móviles fáciles como lo expresado por el procurador estatal, Alejandro Gómez, quien asegura que el crimen contra Karen se debe a “una rencilla”, con su supuesto asesino.
 
¿Realmente piensan que 500 mil pesos sustituirá la investigación ministerial para darle justicia a Karen y su familia? No lo creo.
 
El mandatario mexiquense que está por salir, vio la oportunidad de colocarse una medalla al solicitar la Alerta de Género; los flacos resultados después de la Alerta le dejan la medalla de haberla solicitado, pero no la de eliminar el feminicidio en el Estado de México.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/LGL

Ahora que nos han llenado de comerciales sobre la importancia de las buenas noticias, me quedé pensando qué buena noticia podrían tener las mexicanas.
 
Por más que busqué, no encontré las buenas noticias, por el contrario, las malas noticias, aquellas que afectan a las mujeres crecen y crecen. Y son tan graves, que es éticamente imposible dejar de mencionarlas.
 
En un pincelazo hecho por varias organizaciones el pasado 24 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Encuentro “Cumplir para Avanzar México ante el 9° informe periódico de la CEDAW 2016” -que se realizó del 24 al 26 de agosto por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-
las malas noticias fueron muchas y cuentan mucho en la vida, integridad y desarrollo de las mexicanas, sus familias y el país.
 
Estamos frente a un problema de seguridad nacional. En 21 entidades federativas se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de violencia contra las mujeres y la impunidad que impera sobre el feminicidio. Es decir, 66 por ciento del territorio nacional está llamando a salvar la vida de sus ciudadanas y se encuentra con oídos sordos, con actitudes políticamente correctas del funcionariado que busca cuidar las espaldas a su gobernador.
 
A este panorama de violencia contra las mujeres se suma la violencia política, recrudecida por la omisión e inacción del Estado en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
 
El embarazo temprano sigue en aumento, y niñas de entre 10 y 12 años están siendo madres con todas las consecuencias negativas que esto trae. Podemos creer que detrás de cada niña embarazada hay violencia, sí.
 
En Chiapas, por ejemplo,  12 por ciento de las niñas menores de 12 años presenta embarazos y se casan, informó la abogada chiapaneca Martha Figueroa, durante el Encuentro “Cumplir para Avanzar, en donde no solamente se habló del incremento de la violencia contra las mujeres sino de la saña con la cual se les asesina; por ejemplo, en Guerrero, donde las mujeres están siendo lapidadas y en algunos casos presentan signos de canibalismo, explicó la guerrerense Marina Reyna Aguilar.
 
No, no hay buenas noticias que contar en cuanto al cumplimiento del Estado para la protección efectiva de los Derechos Humanos de las mujeres; situación que se ha visto agravada en estos 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ejemplo, el informe que tenía que presentar el Estado Mexicano ante la CEDAW para este año se ha pospuesto para el 2018.
 
La persecución contra las mujeres por aborto se incrementó de 2008 a 2016; de acuerdo con investigaciones hechas por la doctora Lourdes Enriquez, en 8 años las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco -que es como se está juzgando a las mujeres que abortan intencionalmente o no- pasó de 80 casos en 2008 a 600 en el primer semestre de 2016.
 
De estas 600 mujeres en reclusión, 60 por ciento fueron juzgadas por aborto y de ellas, 40 por ciento bajo la premisa de homicidio en relación al parentesco, es decir, se está equiparando un producto en gestación con una persona viva, lo cual implica una aberración jurídica, explicó Enriquez.
 
A la ausencia de buenas noticias ahora se avizoran otras más, como la ausencia de las mujeres en las cinco prioridades anunciadas por el ejecutivo federal para los próximos 2 años.
 
Otra mala noticia es que el borrador que actualmente se discute en el Senado sobre la Ley General de Víctimas, elimina a las víctimas de violencia sexual. De concretarse, dejará en desprotección a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales, negándoles la atención integral, la reparación del daño y violando el principio pro persona que mandata nuestra Constitución.
 
No es que no queramos dar buenas noticias, pero cuando se tiene enfrente un panorama tan doloroso e indignante, las buenas noticias son las que hacen falta.
 
16/LLH/LGL

No cabe duda que los privilegios masculinos están fuertemente resguardados por los hombres. Perderlos no es fácil y argumentos para asegurarlos hay, sobre todo cuando se trata de cuestionar a las mujeres que buscan tomar lo que por derecho les toca.
 
Estos hombres, los del discurso a favor de los privilegios masculinos, se parecen al candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump: dicen buscar lo mejor, sin importar que sea rechazando, discriminando y fomentando la desigualdad.
 
Algo así estamos observando ahora. En pleno proceso para la renovación de siete magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), los señores del poder sobre la justicia han logrado la fórmula perfecta para mantener la mayoría de los asientos y “ceder” dos lugares para las mujeres.
 
Incluso, algunos realmente se sienten orgullosos de este acto de “desprendimiento” al lograr pasar –casi como hazaña, como en milagro y hora que la violación al principio de laicismo está de moda– de uno a dos lugares para las mujeres. Acto más noble no puede caber, pues de los siete lugares que se renovarán ellos se quedan con cinco.
 
Pese a la evidente desigualdad del proceso, ahora en manos del Senado, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y algunos senadores han logrado mantener el “equilibrio” para este cambio en las magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, a la que tocará, ni más ni menos, resolver los conflictos legales durante los proceso electorales de Estado de México en 2017, las elecciones presidenciales de 2018, así como 29 elecciones estatales.
 
Veamos el equilibrio: de 126 aspirantes registrados al inicio del proceso 20 eran mujeres, en la segunda etapa de 42 aspirantes 10 eran mujeres, al final de 21 candidatos 6 son mujeres.
 
Claro que argumentos para mantener los privilegios hay, y miremos si no. En julio pasado el magistrado del TEPJF, Manuel González Oropeza, afirmó que en la renovación de la Sala Superior lo “deseable” era privilegiar el mérito a la equidad del género.
 
La afirmación sonó maravillosa, quién quiere funcionarios mediocres, magistrados que no sepan o que su ética se acomode al mejor postor, ustedes me dirán. ¡Claro!, queremos que sean los méritos los que cuenten, pero también para ellos.
 
Sí, que demuestren méritos quienes han mantenido su posición de poder en la mayoría de los cargos públicos y los puestos de decisión, quienes por ejemplo decidieron invitar a la casa a quien la insulta. Sí, hablo de la invitación que Enrique Peña Nieto hizo a Donald Trump para venir a México.
 
¿POR QUÉ ESTA EXIGENCIA?
 
Cómo diría la filósofa Amelia Valcárcel, la meritocracia debe funcionar para todas y todos. Exigirla sólo para una parte –la que ha sido excluida– y dar por sentado que los otros –los de poder y los privilegios– ya tienen el mérito incluido sólo por ser hombres, es un argumento que busca justificar que ellos sigan teniendo el mayor número de sillas en todos lados.
 
En días pasados, diversas organizaciones civiles y personalidades a favor de la democracia llamaron a que en esta renovación de la Sala Superior del Tribunal Electoral se tomaran en cuenta los principios de legalidad, integralidad, honestidad, justicia e independencia de los partidos políticos, al momento de la selección de quienes ocuparán las siete sillas que en unos días estarán vacantes.
 
¿Por qué esta exigencia?, sencillamente porque en las cifras del Informe País sobre la Calidad de la Ciudadanía en México (INE, 2014), las instituciones encargadas de impartir justicia son parte del problema y tienen los más bajos niveles de confianza.
 
Los jueces ocupan el quinto sitio con los menores niveles de confianza ciudadana (25 por ciento) sólo superados por los policías (22 por ciento), sindicatos (21 por ciento), partidos políticos (19 por ciento) y diputados (18 por ciento).  Todos estos integrados mayoritariamente por hombres.
 
Sin duda alguna hay guardianes fuertes y aguerridos que defienden los privilegios masculinos, aun cuando el juicio de la historia demuestre que los méritos no han sido los que les han dado el poder, sino que el poder les ha dado los méritos para seguir en él.
 
* Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
16/LLH/GGQ