Trump

Ante las posibles deportaciones, alrededor de cinco millones de niños y niñas que nacieron en Estados Unidos (EU) corren el riesgo de ser separados de sus madres mexicanas, por lo cual la inversión en abogados que hará el Estado mexicano será fundamental para su defensa jurídica.
 
En entrevista con Cimacnoticias la especialista en temas de migración del Instituto Mora, Leticia Calderón Chelius, señaló lo anterior y dijo que  se deben de tratar con especial atención los casos de separación familiar, pues existen experiencias donde las madres pierden la custodia de sus hijos e hijas, ya que al ser deportadas, no pueden asistir a los juicios donde se determina que pasará ellos.
 
Durante los últimos años la cantidad de deportaciones de personas migrantes han aumentado -dos millones con Barack Obama- lo que trae como consecuencias la separación familiar, uno de los principales temas abordados por las organizaciones sociales.
 
Esta problemática podría empeorar, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Gobernadores (Conago), se encuentran en este momento 250 mil casos de deportaciones inmediatas en los tribunales estadounidenses.
 
Esto llevó a las autoridades a anunciar la inversión económica en la defensa jurídica de los y las connacionales, lo que incluye la contratación de abogados en los 50 consulados ubicados en EU para su atención inmediata.
 
La situación lo amerita, pues antes de la amenaza del nuevo gobierno de Estados Unidos  de realizar deportaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó que entre 2010 y 2014 tuvo 9 mil 780 solicitudes de apoyo consular en casos de custodia de niñas y niños en EU.
 
En el peor de los casos los niños y niñas en esta situación, pueden ser dados en adopción por el Servicio de Protección Infantil de EU (CPS por sus siglas en inglés).
 
“Hay situaciones en las que las familias pueden viajar juntas, a veces se decide eso, pero muchas veces considerando el bienestar de los niños y niñas, a veces deciden que se quedarán con familiares, cuando tienen la oportunidad de decidir, cuando no, es una tragedia completa”, añadió Leticia Calderón.
 
La especialista señaló que existen abogados y abogadas voluntarios que han trabajo con  madres que atraviesan esta situación, pero es hora de que el gobierno invierta en su contratación.
 
TRÁMITES FLEXIBLES Y APOYO EMOCIONAL
 
Sin bien la asesoría jurídica es fundamental, en el caso de las familias que sean deportadas, la doctora Calderón dijo que se deben flexibilizar de inmediato los trámites para obtener la nacionalidad y con ello el acceso a servicios, sobre todo en el caso de mujeres y menores de edad.
 
“Para que los hijos e hijas de mexicanos que nacieron EU puedan acceder a la nacionalidad mexicana es un trámite infame, justamente sería un momento que eso fuera reconocido de facto”, observó Leticia Calderón.
 
La doctora apuntó que estos trámites se podían agilizar, como sucedió con la decisión presentada en enero pasado por la Secretaría de Educación Pública (SEP) para revalidar los estudios a todas las personas que regresen a México.
 
“Es momento de flexibilizar las equivalencia para todo mundo, siempre hay una necesidad de poner candados, porque no alcanzan a ver lo que significa la movilidad migratoria”, dijo.
 
A ello se tendría que agregar el apoyo psicológico y emocional para la población migrante que regresa al país, pues no es su elección, determinó la doctora, “ahora la gente está pasando momentos de incertidumbre, hacer una catarsis de lo que significó abandonar su hogar y comprender cómo funciona este país de nuevo, es fundamental”.
 
Leticia Calderón consideró que México cuenta con el personal profesional, información e incluso estrategias para atender a este tipo de población, sin embargo resalta que las autoridades mexicanas no han querido incorporar a las organizaciones y especialistas que cuentan con una amplia experiencia en el tema.
 
ATENCIÓN A MIGRANTES, VIEJA PETICIÓN
 
La petición al gobierno de atender a la población migrante ha sido cuestión que por años han demandado la academia y agrupaciones civiles, “por causa del efecto Trump están haciendo caso, no es ninguna cosa original, si no es una cuestión fundamental”, recordó Leticia.
La académica dijo que México ha vivido beneficiado de la migración durante décadas, esto le permitió quitarse la presión de atender a una población que crecía y necesitaba empleos y servicios de educación y salud.
 
“Para el Gobierno mexicano la migración siempre constituyó una válvula de escape, cuando la gente sentía que no tenía una vida como la que quería, tenía siempre esa opción, para México siempre fue una opción migrar”.
 
De acuerdo con Leticia Calderón es alrededor de 10 por ciento de la población mexicana la que se encuentra viviendo en EU, por lo que el gobierno debería reconocer lo que significa la migración para el país, así como aceptar que es una decisión individual de las familias para mejorar su situación, pues cada vez huyen más de la violencia e inseguridad que viven en el país.
 
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Bajo el hashtag #DressLikeAWoman, convertido en Trending Tropic, mujeres de todo el mundo respondieron a un presunta orden del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que habría dicho a las empleadas de la Casa Blanca en un comunicado que tienen que “vestir como mujeres” durante su jornada de trabajo.
 
En sus respuestas, las mujeres preguntan a Trump ¿cómo deben vestir las mujeres”, y han colocado fotografías, muchas selfies, en donde se ve a mujeres vestidas para el trabajo, con sus uniforme de bombero, soldado, piloto, electricista. 
 
Hay también críticas a la posición machista del mandatario estadounidense, que piensa en estereotipos para dar instrucciones a las mujeres que trabajan en su gobierno.
 
De igual forma, en las redes sociales, las mujeres que responden a Trump han compartido imágenes de mujeres que hicieron historia al desempeñar trabajos que antes solo estaban destinados a los hombres, como Carole Lombard. 
 
La instrucción del mandatario conservador –que no ha sido desmentida, pero que habrían revelado a medios fuentes anónimas- incluiría detalles como señalar a las empleadas que incluso si llevan pantalones vaqueros, necesitan parecer “limpias y ordenadas”.
 
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Organizaciones civiles hicieron un llamado al Gobierno mexicano para presentar acciones a favor de la población migrante proveniente de Centroamérica que cruza por el país para llegar a Estados Unidos (EU), sobre todo a madres, niñas y niños.
 
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres Migrantes (Imumi), 20 mil mujeres transitan esta frontera sur cada año y el Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que uno de cada 12 migrantes en tránsito por México, es menor de 18 años.
 
Hasta el momento, tras las órdenes ejecutivas del presidente de EU, Donald Trump, el Gobierno mexicano tiene registrados 250 mil casos inmediatos de posibles deportaciones, como informaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Enrique Peña, tras su reunión del pasado 31 de enero.
 
Conago y Peña acordaron brindar defensa jurídica a los mexicanos y mexicanas que viven en el país vecino y podría ser deportados.  
 
Sin embargo, agrupaciones civiles como el Imumi y el Colectivo Migrantes Para las Américas (COMPA) consideraron en un comunicado que la protección debe ir más allá de la población exterior y las estrategias deben incluir la protección de las personas migrantes que cruzan la frontera sur.
 
Se les debe otorgar asilo y servicios básicos de acuerdo con las recomendaciones emitidas por los sistemas interamericanos y universales de Derechos Humanos (DH), señalan las organizaciones.
 
SITUACIÓN ACTUAL
 
Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que entre 2015 y 2016, autoridades mexicanas detuvieron alrededor de 400 mil personas migrantes provenientes del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), la mayoría eran menores de edad, adolescentes y personas con salud precaria.
 
De estas, sólo el 0.5 por ciento tuvo la posibilidad de contar con protección en México y no fueron deportadas a su país de origen.
 
Ante este contexto, las organizaciones refirieron que el Estado mexicano debe promover alternativas de detención, contar con programas de asilo que respeten los derechos a la libertad personal y garantice la identificación y reconocimiento de las personas refugiadas.
 
También, pidieron invertir en la infraestructura y capacidad de la Comisión para la Ayuda a los Refugiados (COMAR) y las organizaciones y sociedad civil que realizan apoyo humanitario.
 
ALIANZA CON PAÍSES DE CENTROAMÉRICA
 
El 27 de enero Trump anunció la suspensión del programa de refugiados en EU por 120 días, lo que orilló a que en diversas partes del mundo los gobiernos se pronunciaran como receptores de personas migrantes. Sin embargo, las agrupaciones señalaron que México no ha dado una postura al respecto.
 
“México tiene que incluirse en el debate internacional contra la discriminación hacia la población migrante y refugiada” y para esto, señalaron, es urgente configurar acciones concretas y tener un presupuesto asignado para las poblaciones que le conciernen en la región.
 
Esto llevaría –de acuerdo con las organizaciones- a que el gobierno articule relaciones sólidas con los países vecinos de la región sur, encaminadas a la implementación de programas regionales, que a su vez den abordar temas estructurales que originan la migración, como  los altos niveles de violencia, la falta de empleo y oportunidades de crecimiento.
 
RECIBIR A CONNACIONALES DEPORTADOS
 
Las agrupaciones resaltaron que la defensa jurídica no deberá ser la única medida que debería brindar las autoridades a los y las connacionales deportados.
 
En este sentido, los gobiernos locales deberán asegurarles acceso a vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, justicia, y documentos de identidad, sobre todo a las madres quienes sus hijos e hijas nacieron en EU.
 
Será fundamental, sostienen las organizaciones, realizar cambios administrativos y legislativos que faciliten la inscripción de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria, la revalidación de estudios, y la certificación de habilidades vocacionales, así como garantizar la no discriminación en el acceso a servicios médicos.
 
Para lograrlo “será imperativo trabajar con las organizaciones de la sociedad civil estadounidense y nacionales, así como los gobiernos locales aliados”, concluyeron.
 
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