madres migrantes

Luego de vivir 7 años en Estados Unidos (EU) Guadalupe García Rayos fue la primera víctima de la orden ejecutiva del presidente Donald Trump, al ser deportada el 9 de febrero a México por la Oficina de Inmigración de Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) de Phoenix, Arizona, tras acudir a renovar su permiso de estancia, como lo hacía desde 2008.
 
Guadalupe García es madre de dos adolescentes nacidos en EU, desde los 14 años llegó al territorio vecino, dejó su pueblo Acámbaro en Guanajuato y se casó con otro migrante, con quien tuvo un hijo y una hija.
 
En 2008 la mexicana fue detenida en su trabajo en un parque acuático, por una de las redadas organizadas por el alguacil del condado de Maricopa, Joe Arpaio. En su proceso de deportación, en el que pasó tres meses en una cárcel y otros tres meses en un centro de detención migratorio, se le atribuyeron cargos de robo de identidad y uso de documentos falsos.
 
Sin embargo, logró permanecer en el país vecino con ayuda de abogados especializados en migración y de la organización a la que pertenece, Grupo Puente Arizona. Al darle la “permanencia de remoción”, Guadalupe se mantuvo renovando su estancia de un año hasta el pasado miércoles cuando fue detenida. 
 
Esto sucedió días después de que Trump firmará la orden ejecutiva que señala que cualquier persona migrante sin documentación y con alguna infracción criminal, es prioritaria su deportación.
 
La madre mexicana fue trasladada la madrugada del 10 de febrero a Nogales, Sonora, donde actualmente se mantiene en el refugio Iniciativa Kino de la Frontera, uno de los dos que hay en esa ciudad, que se encarga de ayudar y prestar servicios a mujeres deportadas o migrantes que intentan cruzar la frontera.
 
ESPERAN MÁS DEPORTACIONES
 
El caso de Guadalupe es ahora considerado como el primero desde la entrada de la nueva administración de Trump, sin embargo, en  entrevista con Cimacnoticias, la encargada del área educativa del refugio Kino, María Engracia Robles, señaló que estos casos van a aumentar los próximos meses y sobre todo son parte de una problema que han visto con mayor frecuencia en los últimos años.
 
Tan sólo en el periodo de enero a septiembre de 2016, 890 madres mexicanas dejaron a sus hijos e hijas, y familiares directos o indirectos en Estados Unidos, de acuerdo con el informe de “Migración y Movilidad Internacional de las Mujeres en México” de la Secretaría de Gobernación. 
 
MADRES DEPORTADAS
 
“Son horribles” los procesos de deportación de madres que han visto, dijo Robles, “Madres de familia que vienen al albergue tienen que arreglar a quién dar su patria potestad o muchas veces quieren intentar cruzar por el desierto porque quieren regresar con sus hijos y familia”.
 
La integrante de Kino dijo que en los meses han aumentado los casos que reciben de refugiados, “familias enteras que viven con niños y niñas piden asilo”, a las cuales les brindan acompañamiento.
 
Por el momento Guadalupe pudo permanecer en el refugio con su hijo e hija, quienes la acompañaron, sin embargo Engracia Robles recordó que las deportadas están regresando a zonas donde hay grandes niveles de violencia e inseguridad, como Nogales.
 
También declaró que desafortunadamente no han logrado recibir apoyo del gobierno de la frontera para ampliar sus servicios e instalaciones, pues será muy difícil para ellos “poder recibir a las próximas mujeres deportadas”.
 
Actualmente se encuentran 250 mil casos en los tribunales estadounidenses de deportaciones inmediatas y corren el riesgo de ser deportados 3 millones de migrantes con antecedentes criminales en dicho país.
 
Por otra parte, en un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dijo que el caso de García ilustra la “nueva realidad que vive la comunidad mexicana en territorio estadounidense” y pidió a las personas migrantes mantenerse en contacto con su consulado. El caso de Guadalupe está siendo atendida por el consulado en Nogales, informó Engracia Robles.
 
17/HZM/GG
 

Organizaciones civiles hicieron un llamado al Gobierno mexicano para presentar acciones a favor de la población migrante proveniente de Centroamérica que cruza por el país para llegar a Estados Unidos (EU), sobre todo a madres, niñas y niños.
 
De acuerdo con el Instituto para las Mujeres Migrantes (Imumi), 20 mil mujeres transitan esta frontera sur cada año y el Instituto Nacional de Migración (INM) calcula que uno de cada 12 migrantes en tránsito por México, es menor de 18 años.
 
Hasta el momento, tras las órdenes ejecutivas del presidente de EU, Donald Trump, el Gobierno mexicano tiene registrados 250 mil casos inmediatos de posibles deportaciones, como informaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y Enrique Peña, tras su reunión del pasado 31 de enero.
 
Conago y Peña acordaron brindar defensa jurídica a los mexicanos y mexicanas que viven en el país vecino y podría ser deportados.  
 
Sin embargo, agrupaciones civiles como el Imumi y el Colectivo Migrantes Para las Américas (COMPA) consideraron en un comunicado que la protección debe ir más allá de la población exterior y las estrategias deben incluir la protección de las personas migrantes que cruzan la frontera sur.
 
Se les debe otorgar asilo y servicios básicos de acuerdo con las recomendaciones emitidas por los sistemas interamericanos y universales de Derechos Humanos (DH), señalan las organizaciones.
 
SITUACIÓN ACTUAL
 
Datos de la Secretaría de Gobernación señalan que entre 2015 y 2016, autoridades mexicanas detuvieron alrededor de 400 mil personas migrantes provenientes del triángulo norte de Centroamérica (Guatemala, Honduras y El Salvador), la mayoría eran menores de edad, adolescentes y personas con salud precaria.
 
De estas, sólo el 0.5 por ciento tuvo la posibilidad de contar con protección en México y no fueron deportadas a su país de origen.
 
Ante este contexto, las organizaciones refirieron que el Estado mexicano debe promover alternativas de detención, contar con programas de asilo que respeten los derechos a la libertad personal y garantice la identificación y reconocimiento de las personas refugiadas.
 
También, pidieron invertir en la infraestructura y capacidad de la Comisión para la Ayuda a los Refugiados (COMAR) y las organizaciones y sociedad civil que realizan apoyo humanitario.
 
ALIANZA CON PAÍSES DE CENTROAMÉRICA
 
El 27 de enero Trump anunció la suspensión del programa de refugiados en EU por 120 días, lo que orilló a que en diversas partes del mundo los gobiernos se pronunciaran como receptores de personas migrantes. Sin embargo, las agrupaciones señalaron que México no ha dado una postura al respecto.
 
“México tiene que incluirse en el debate internacional contra la discriminación hacia la población migrante y refugiada” y para esto, señalaron, es urgente configurar acciones concretas y tener un presupuesto asignado para las poblaciones que le conciernen en la región.
 
Esto llevaría –de acuerdo con las organizaciones- a que el gobierno articule relaciones sólidas con los países vecinos de la región sur, encaminadas a la implementación de programas regionales, que a su vez den abordar temas estructurales que originan la migración, como  los altos niveles de violencia, la falta de empleo y oportunidades de crecimiento.
 
RECIBIR A CONNACIONALES DEPORTADOS
 
Las agrupaciones resaltaron que la defensa jurídica no deberá ser la única medida que debería brindar las autoridades a los y las connacionales deportados.
 
En este sentido, los gobiernos locales deberán asegurarles acceso a vivienda, trabajo, salud física y mental, educación, justicia, y documentos de identidad, sobre todo a las madres quienes sus hijos e hijas nacieron en EU.
 
Será fundamental, sostienen las organizaciones, realizar cambios administrativos y legislativos que faciliten la inscripción de la nacionalidad mexicana, la regularización migratoria, la revalidación de estudios, y la certificación de habilidades vocacionales, así como garantizar la no discriminación en el acceso a servicios médicos.
 
Para lograrlo “será imperativo trabajar con las organizaciones de la sociedad civil estadounidense y nacionales, así como los gobiernos locales aliados”, concluyeron.
 
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