Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

México cerró 2016 con una severa problemática de violencia generalizada en todo su territorio y la impunidad persistió en la violación de Derechos Humanos (DH), sobre todo en los casos de tortura y malos tratos cometidas por militares, como violaciones y agresiones sexuales hacía las mujeres.
 
Así lo dice el informe anual de Amnistía Internacional (AI) 2016-2017 “La situación de los derechos en el mundo”, donde señala que  después de 10 años del inicio de la denominada “guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada”, iniciada por Felipe Calderón, la actuación de personal militar en las calles para operaciones de seguridad pública ha generado el aumento de violencia y malos tratos.
 
Y la mayoría de estas violaciones son cometidas contra mujeres, comunidades indígenas y personas defensoras de DH.
 
TORTURA Y MALOS TRATOS POR MILITARES
 
Como otras organizaciones lo han reportado, la violencia sexual fue la forma de tortura más habitual durante las detenciones de mujeres, sin embargo la impunidad contra estos malos tratos se mantuvo absoluta en 2016.
 
De acuerdo con el recuento de AI, sólo se presentó un avance significativo durante ese año, cuando en abril la Procuraduría General de la República (PGR) anunció que presentaría cargos de tortura contra cinco agentes federales en respuesta a la filtración de un video en el que se observa a políticas y soldados torturando a una mujer.

La organización considera que esta sentencia podría presentar un avance mínimo pero significativo, ya que han reportado que ni un sólo soldado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)  de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) ha sido consignado o suspendido del servicio por violación o abuso sexual contra mujeres entre los años 2010 a 2015.

ATENCO, 10 AÑOS
 
Asimismo, dice el reporte de AI, en el caso de las 11 mujeres sometidas a violencia sexual como forma de tortura por elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP) en San Salvador Atenco en 2006, se mantuvo la impunidad hasta la fecha del reporte, 2016, ya que Gobierno federal no aplicó “las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)”, por lo que el caso fue remetido en septiembre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
 
AI observó que existe una intolerancia cada vez mayor por parte del Gobierno mexicano para atender las críticas de organismos internacionales ante estas violaciones. “En México, las autoridades se mostraron tan reacias a aceptar críticas, que llegaron al extremo de negar la crisis de derechos humanos que vivía el país”, señala.
 
Asimismo otro de los casos emblemáticos que se mantuvo en la impunidad fue el de Miriam Isaura López Vargas, detenida en febrero de 2011 por militares en Baja California, quienes la violaron y torturaron con descargas eléctricas para inculparla por crimen organizado. En septiembre del mismo año fue liberada, pero a pesar de tener identificados a los agresores hasta el momento ninguno ha sido detenido.
 
CASOS EN REVISIÓN
 
Por otra parte, la Unidad Especializada en Investigación del Delito de Tortura, perteneciente a la PGR, informó que tenía en revisión, en 2016, a nivel federal, 4 mil 115 expedientes de investigación por casos de tortura cometida por autoridades.
 
Sin embargo, en la mayoría de estos casos existían irregularidades en las investigaciones, porque no cuentan con dictámenes forenses especializados que comprueben que se cometió tortura. Sin dictamen médico oficial, es imposible que las investigaciones avancen, destacó el reporte.
 
LEY CONTRA TORTURA SEXUAL
 
La organización internacional asevera que, en particular, en México   prevalecen los casos de tortura por parte de fuerzas armadas, pese a que dispone con legislación en contra de estas acciones.
 
La agrupación internacional ha señalado que la Ley General contra la Tortura, que se ajusta a norma internacionales, puede ser un mecanismo clave para evitar y sancionar la tortura sexual, pero se registró un estancamiento en su aprobación. En abril, el Senado de la República aprobó la iniciativa, pero para el cierre del año seguía pendiente una votación general en la Cámara de Diputados.
 
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Antes de ser activista, Norma Andrade era docente, vivía en una “burbuja de color de rosa” y no sabía que los casos  feminicidio aumentaban en Ciudad Juárez, Chihuahua, desde 1993. Hasta que llegó el año 2001, cuando asesinaron a su hija Lilia Alejandra García Andrade.
 
Han pasado 16 años desde que Alejandra desapareció, un 14 de febrero de 2001. Al día siguiente, su madre interpuso una denuncia. Seis días después, el cuerpo de Lilia fue encontrado en un lote baldío con signos de violencia sexual. Hoy, su caso sigue impune.  
 
Norma Andrade es hoy una de las madres que se han convertido en activista e investigadora, un ejemplo de lucha. La llaman activista desde 2012 y, para mí, explica en entrevista con Cimacnoticias, “es nuestro derecho saber lo que sucedió”. Y no habla solo del caso de su hija, porque Norma se unió a un movimiento donde habla por las cientos de mujeres que fueron asesinadas y desaparecidas en Juárez.
 
DE LA DOCENCIA AL ACTIVISMO
 
Después del feminicidio de Alejandra, se volvió una obsesión para Norma leer y ver las noticias todos los días, quizá para encontrar respuestas del asesinato y se “dio cuenta que había otras mujeres asesinadas y desaparecidas”. Notó que en Ciudad Juárez “algo estaba pasando”.
 
Los años 2001 y 2002 marcan la división que tuvo su vida, en el antes y el después del asesinato de su hija; y en el antes como docente y en el después como  activista y defensora de Derechos Humanos (DH). Durante 2001 fue mi exigencia como mamá ante las autoridades, dice. “Exigía justicia yo sola, iba a la Fiscalía, hablando en singular, en la situación personal de Alejandra, creyendo toda las mentiras que nos decían las autoridades”.
 
“Pero en el 2002, después de lo de Campo Algodonero, abro los ojos, las mismas organizaciones me hacen abrir los ojos, y conozco a otras mamás del caso y veo que somos muchas. Me doy cuenta de que lo que decían las autoridades eran mentiras, es cuando me integro y empiezo a exigir, ya no sólo como mamá de Alejandra, sino como compañera de otras igual que yo”, agregó Andrade.
 
MARISELA Y “NUESTRAS HIJAS”
 
En 2001, la maestra de Alejandra, Marisela Ortiz Rivera, consternada por el asesinato de su alumna y ante la injusticia en Ciudad Juárez, impulsó a Norma Andrade para crear juntas “Nuestras Hijas de Regreso a Casa”, agrupación que se volvió pionera en la documentación de casos de mujeres desaparecidas o asesinadas en Juárez.
 
Al igual que Norma, en 2011 Marisela Ortiz se vio obligada a optar por el exilio y abandonar Ciudad Juárez, para vivir en Estados Unidos, ante las reiteradas amenazas en su contra.
 
MADRE DE NUEVO
 
Tras el asesinato de Alejandra, Norma vivió otra tragedia: la muerte de su esposo, un año después. Durante el funeral, fue sacada por las autoridades para corroborar que era capaz de obtener a custodia de sus nietos. “Me convertí en madre de nuevo, recuerda Norma, pero ahora ya no era joven, sino una adulta con menos energía y con dolor inmenso que dejó el feminicidio de mi hija”.
 
Andrade se volvió la cabeza de su familia, dejó las clases de básquetbol que impartía por las tardes a sus alumnos y se dedicó   cuidar de su nieta y nieto de un año y cinco meses de edad, respectivamente.
 
Con el tiempo, le empezaron a preguntar por su madre, “¿cómo le explicas a un niño que su madre se fue y no va volver?”. Ahora son jóvenes tienen 17 y 16 años, ambos siguen el ejemplo de su abuela.
 
La mayor va terminar la preparatoria; dibuja, escribe poemas y cuentos que hablan del feminicidio. Durante la entrevista con Cimacnoticias, lee serena un pensamiento que le escribió a su madre:
 
 “Tú me viste nacer pero yo no te vi crecer, tal vez no estuviste conmigo cuando cumplí 16, tal vez no estuviste conmigo cuando cumplí 10,  pero en todo momento estuviste presente desde el cielo y lo lejano”.
 
El menor de sus nietos, por el contrario, es discreto, no habla del caso de su madre, pero cuando escucha una conversación donde se refieren de manera despectiva a los asesinatos de mujeres, argumenta contra ellos, “se les va encima”, dice Norma.
 
EL PELIGRO DE SER ACTIVISTA
 
Norma es implacable. Durante 16 años no sólo ha exigido justicia para su hija, sino para a todas las mujeres que fueron y son asesinadas en Ciudad Juárez.
 
Con su activismo ha pisado talones, ha molestado a aquellos funcionarios que no se atreven a mirar ni siquiera los expedientes de feminicidio ocurridos en su tierra natal. “En esta lucha, he gritado, he molestado. Tomé instituciones, me encadené a Los Pinos y le grité a Vicente Fox si le faltaban agallas”, recuerda.
 
Andrade es una mujer de carácter fuerte, tenaz, severa. Desde que trabajaba en la maquila, antes de ser maestra, era la primera en denunciar la garantía de sus derechos laborales, pero con el tiempo se ha vuelto o la “han vuelto” como relata, en una experta, “El carácter siempre lo he tenido, no así la ideología y la formación porque realmente, como dicen, me preguntaba ¿qué es un derecho humano?”.
 
La activista puso a temblar y a trabajar a las autoridades de Chihuahua. Cuando llegaba al Ministerio Público, todos advertían “ahí viene la maestra”. En mayo de 2012 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para la revisión el caso de Lilia Alejandra García Andrade.
 
Pero cuando alguien se enfrenta a un sistema inoperable y corrupto, también pone su vida en riesgo: en 2012, Andrade tuvo dos intentos de asesinato en tan sólo dos meses.
 
En la primera ocasión, en Juárez, recibió cinco disparos de arma de fuego, en la segunda, en su exilio a la Ciudad de México, sufrió un atentado con arma blanca. En ambos sobrevivió.
 
Estos atentados se sumaron a las amenazas que recibieron Marisela Ortiz, Cipriana Jurado, Sara Salazar y Emilia González; así como a los asesinatos de las activistas Marisela Escobedo, Susana Chávez, Josefina Reyes, Luisa Ornelas y Malena Reyes. Todas ellas defensoras de DH en Ciudad Juárez.
 
Ahora Norma muestra sus cicatrices, ríe, dice que le quedaron “bonitas”, que es una “chica de 10” porque una bala está alojada a 10 grados de su corazón. Sin embargo, cuando habla de sus nietos, hay un nudo en su garganta, tiene miedo de que les ocurra algo. La hija mayor de Alejandra presenció los dos atentados, dice. Para ellos también ha sido un camino duro.
 
En 2008 la CIDH otorgó medidas cautelares para ella y las integrantes de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, su hija María Luisa (Malú) García Andrade y Marisela Ortiz. En febrero de 2017, su hija Malú volvió a ser víctima de un intento de asesinato.
 
El trabajo de Andrade fue reconocido en el 2016 con el Premio Hermila Galindo. Por unanimidad, el jurado decidió que su trayectoria en busca de justicia merecía el galardón que cada año entrega la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
 
REPENSAR JUÁREZ
 
Han pasado 16 años y la única pista que existe para llegar al asesino de su hija es una prueba de ADN que se tiene desde 2010, hasta el momento no se ha podido identificar a quién pertenece.
 
“Hay días en los que no hay respuestas, parece que es una lucha sorda, las burlas que hacen las autoridades a nuestras personas lo hacen pesado. Claro, en este camino hay personas que te apoyan y te levantan. He tenido amigos muy solidarios, que cuando decaigo han respetado mis silencios y me han ayudado a volver a levantarme”, dice Norma.
 
Anhela regresar a Juárez, volver a la docencia, su pasión. Pero sabe que el tiempo ha pasado, reconoce que la inseguridad en su tierra sigue, que aún quedan años de lucha para lograr justicia para Alejandra y las demás víctimas.
 
“Sé que soñar es mucho, yo pienso que no debemos soñar, hay que vivir en realidades, pero algo que sí me gustaría evitar es la muerte de las jóvenes, es algo por lo que sigo en esto, quiero evitar el dolor de otra familia, de otros niños, porque muchas de ellas eran madres y yo creo que los más ausentes y afectados son ellos”.
 
Sabe que a sus nietos les queda un largo camino, “creo es lo que más me cuesta aceptar, dice. “Pienso que regresar es un sueño porque la realidad es difícil, regresar sería privarlos de sus oportunidades, el tiempo no se detuvo, todo ha seguido y ya no sólo es lo que yo pienso, están ellos”.
 
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Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada por su pareja Bernardo López, y por su cuñado Isidro, “El Matute”, enfrente de sus hijos de cinco, cuatro y dos años de edad, pero a 13 años del crimen ninguno ha recibido sentencia, no hay peritos disponibles para validar el asesinato y el Estado no responde aún a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos cuál es la situación del caso.  
 
El crimen, cometido un 12 de febrero de 2004, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, durante el gobierno de Arturo Montiel, fue denunciado por la madre de Nadia, Antonia Márquez, pero desde el inicio la investigación estuvo llena de irregularidades y Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó que la mujer “se había suicidado”, tras recoger el cuerpo de Nadia del cuarto de baño de su casa y con una soga al cuello que habían colocado los asesinos. 
 
Ante la falta de investigaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la familia de Nadia presentaron en octubre de 2010 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En  agosto de 2016 ésta le otorgó un plazo de tres meses al Estado mexicano para informar la situación en la que se encontraba el caso. Hasta el momento, vencido el plazo, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta, informó en entrevista para Cimacnoticias, Viviana Muciño, hermana de Nadia.
 
La CIDH pidió al Estado mexicano informar sobre las acciones que se llevaron a cabo ante las denuncias previas que Nadia interpuso contra Bernardo en 2003, cuando este la golpeó y privó de su libertad durante seis días.
 
Asimismo pidió la revisión de la investigación contra Isidro “El Matute”, quien fue puesto en libertad el 5 de febrero del 2010 por los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Edomex “al no acreditarse el cuerpo del delito”.
 
Los magistrados adscritos a esta Sala, Alfonso Velázquez Estrada, Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra Mendoza, cuentan desde 2010 con una demanda por esta decisión, que aún sigue en pie.  

Lo mismo ocurre con la denuncia en contra de los entonces funcionarios de la PGJEM, Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández, por las irregularidades y posibles delitos cometidos en la investigación del homicidio de Nadia.
 
“Sabemos que los tiempos de la Comisión son muy tardados, pero era la única opción que nos quedaba, porque no podíamos dejar de que el asesino de mi hermana estuviera libre, esperamos que la Comisión diga que este juicio no se llevó bien a cabo y se tiene que volver hacer”, comentó Viviana.
 
UN JUEGO PERVERSO
 
La madre Nadia, María Antonia Márquez, quien se ha convertido en investigadora y activista a raíz del asesinato, no ha dejado en ningún momento de reclamar justicia para su hija, por lo que en 2005 logró que se ampliaran las investigaciones para comprobar que Nadia no se había suicidado, sino que había sido asesinada por su pareja.
 
Sin embargo, Bernardo López está sin sentencia desde 2012, cuando fue detenido por la PGJEM, pues el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aún no cuenta con los peritos necesarios para dictaminar que Nadia no cometió suicidio. “Me dijeron que  tendrá que pedirlos a la Secretaria de Salud, dijo Viviana Muciño, “y nosotros le estamos pidiendo al Tribunal que sea una especialista, no necesitamos cualquier doctor o doctora”.
 
Hasta el momento la familia ha asistido a seis audiencias y faltan dos con peritos especializados en medicina legal y criminalística para dictaminar la sentencia. Sin embargo, el Tribunal sigue difiriéndolas por la falta de este personal, al mismo tiempo que tres peritos han renunciado al caso y no sabemos por qué, añadió Viviana.
 
“Seguimos en lo mismo  -lamenta la hermana de Nadia-, es un cansancio que se sigan difiriendo las audiencias. Ya llevamos 13 años de lucha constante que tenemos con el Estado mexicano, se tocan puertas, no te hacen caso, te mandan de un lado para otro, mi mamá lo que dice es que la Procuraduría tiene un juego perverso, ellos lo que quieren es el cansancio de todos los familiares para abandonar el caso”.
 
IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN
 
El caso de Nadia, han señalado durante más de una década sus familiares y abogados, es muestra de las anomalías que persisten en las averiguaciones. Desde el momento que las autoridades de la PGJEM recogieron el cuerpo, omitieron recaudar las pruebas de crimen; no resguardaran los objetos de la escena, tampoco hicieron una inspección completa del lugar y mucho menos tomaron fotografías del crimen, sólo del cuerpo de Nadia.
 
Al marcharse, no cerraron la puerta, ni se aseguraron de resguardar el lugar. El 26 de febrero de 2004 las autoridades regresaron a la casa para hacer una ampliación de la Inspección Ministerial, pero no pudieron ingresar a la casa, pues la chapa había sido cambiada y se percataron que varios objetos habían sido quemados.
 
SIN CASTIGO
 
Viviana relató que su familia no dejará de luchar hasta encontrar justicia para su hermana, “no podemos dejar que al menos el nombre de mi hermana se quedé así, no podemos dejar que digan que mi hermana se suicidó, porque no fue así. Queremos que esas personas que la asesinaron sean condenadas, no puede ser que ellos queden libres y hagan los mismo con otras personas”.
 
Los hijos y la hija de Nadia, ahora tienen 18, 17 y 15 años de edad. Ellos van a terminar la preparatoria, esperan ir a la universidad, y ella está a punto de ingresar a la preparatoria, comentó Viviana.
 
Ninguno recibe el beneficio de alguna beca, ni tienen seguridad social, por lo que Antonia, su abuela, y otros familiares cubren el costo de las terapias que reciben desde que fueron testigos del asesinato de su madre y que les dejó secuelas. “Hay que buscar el apoyo de organizaciones para que ellos estén bien, esperemos que sigan con la universidad”, dijo Viviana.
 
En 2011, María Antonia vendió su casa en el municipio de Nicolás Romero, bajo la promesa de que se le entregaría crédito para una vivienda para ella y su familia, pero nunca obtuvo los recursos y tuvo que cambiarse tres veces de domicilio ante las amenazas que recibió de la familia de Bernardo López.
 
María Antonia sigue con sus trabajos de costura y bordado con que se gana la vida, y sigue luchando por justicia para su hija. Su otra hija, Viviana Muciño es ahora integrante del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), que monitorea los casos de feminicidio en la entidad y acompaña a  familiares de las víctimas. “No quiero  ni una asesinada más, ni una Nadia más”, dice.
El Observatorio informó que en 2016 hubo 263 casos de posibles feminicidio en el Estado de México, y en lo que va del año han contabilizado 17.
 
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