Nadia Alejandra Muciño Márquez

NACIONAL
VIOLENCIA
   Exigen activar la AVG en CDMX
"El único rosa que nos deja Mancera son las cruces del feminicidio”: feministas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/02/2018

“¡El único rosa que nos deja Mancera son las cruces del feminicidio!” fue la consigna que ayer por la tarde pronunciaron colectivos feministas, jóvenes y madres de mujeres asesinadas a las afueras del Palacio de Gobierno, en el Zócalo de esta capital, para reprobar la renuncia de Miguel Ángel Mancera Espinosa en medio del proceso de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

Este domingo las capitalinas convocaron a una protesta afuera de las oficinas del todavía jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, en repudio al incremento de violencia de género y los casos de feminicidio ocurridos bajo su administración, 260 según datos de la Procuraduría General de Justicia local (2012-2017).

La madre de Lesvy Rivera -víctima de feminicidio en Ciudad Universitaria- Araceli Osorio, tomó el micrófono y se hizo escuchar “Mancera no se va a llevar la frente en alto” para llegar al senado con la cantidad de mujeres -que como su hija- dijo, han sido asesinadas y sus casos permanecen en la impunidad.

Araceli Osorio y otras activistas no sólo reprobaron la renuncia de Mancera, sino también de la secretaria de Gobierno, Patricia Mercado, quien de acuerdo con las organizaciones, era pieza fundamental en el seguimiento del proceso de la AVG, pero que ya dejó el cargo para postularse como candidata al senado.

Cabe recordar que en declaraciones previas a la prensa, Patricia Mercado afirmó que no era necesario activar el mecanismo en la Ciudad de México porque los asesinatos de mujeres “están por debajo de la media nacional”.

Las feministas condenaron que la salida de ambos funcionarios “coincidió” con la decisión de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de aplazar la entrega del informe de la AVG hasta el próximo 28 de febrero, cuando ya dejaron sus cargos. Por lo que demandaron la activación de la AVG en la Ciudad de México.

“No es una Ciudad de vanguardia, no es una ciudad progresista, no se imparte justicia, las niñas y mujeres no están seguras”, denunciaron las mujeres quienes una por una relataban sus experiencias de violencia en la ciudad que ocupa el primer lugar en violencia comunitaria –principalmente violencia sexual- según la Encuesta sobre las Dinámicas de la Relaciones en los Hogares 2016.

Al concluir la protesta, las mujeres plantaron las cruces rosas en la jardineras del Zócalo capitalino, en ellas colgaban fotografías de adolescentes, niñas y adultas asesinadas; algunos rostros conocidos que han marcado la administración de Marcera como el de Victoria Pamela Salas y Lesvy Berlín Rivera Osorio. Para todas ellas pedían justicia.

La AVG para la Ciudad de México fue solicitada el 7 de septiembre de 2017 por las organizaciones el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Justicia Pro Personas AC, la Red Nacional de Organismos de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria en las 16 delegaciones de la capital.

FIN SEMANA POR VÍCTIMAS DE FEMINICIDIO

También este fin de semana las madres de Lilia Alejandra García Andrade y Nadia Alejandra Muciño Márquez, exigieron justicia para sus hijas, la primera asesinada en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua y la otra, en 2004 en el Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

A través de un performance en el Hemiciclo a Juárez relataron los casos de feminicidio de estas mujeres, como parte de una campaña para que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les brinde un espacio en el próximo periodo de audiencias a celebrarse en mayo en República Dominicana.

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NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   El plazo venció hace un mes
Estado mexicano incumple informar a CIDH sobre pérdida de evidencias en feminicidio de Nadia Muciño
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/02/2018

Hace un mes que venció el plazo para que el Estado mexicano informara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por qué “se perdió” la evidencia y material probatorio durante la investigación del feminicidio de Nadia Alejandra Muciño Márquez, ocurrido en el Estado de México, pero no ha habido respuesta, advirtió la abogada de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Carolina Hernández Nieto.

Durante la presentación de la campaña Siempre por ellas-realizada ayer- la abogada informó que esta petición de la CIDH obedece a las observaciones hechas por familiares de la víctima y la CMDPDH, al informe que entregó sobre el caso el Estado mexicano en enero del año pasado donde pidió a la Comisión Interamericana que no lo aceptara porque la familia de la víctima “no agotó todos los recursos legales dentro del país” –como se debe hacer antes de llegar a la CIDH- y las autoridades realizaron “todas las diligencias” para atender el caso.

Al conocer la respuesta, la defensa legal de la familia de Nadia exigió que el Estado mexicano aclarara lo sucedido en la pérdida de evidencias por parte de la Procuraduría General de Justicia del Edomex (PGJEM), pues ello dio pie a que uno de los asesinos, “El Matute”, fuera puesto en libertad en febrero de 2010.

En este sentido, el 8 de diciembre de 2017 la CIDH dio un plazo de un mes al Estado mexicano para aclarar estas demandas, pero éste ya venció y no ha habido respuesta, reprochó la litigante de la Comisión Mexicana, quien recordó que el eje principal de la denuncia ante la Comisión Interamericana, es la falta de debida diligencia por parte de la PGJEM en la investigación del feminicidio.

Cabe recordar que desde el levantamiento del cuerpo de Nadia las autoridades omitieron resguardar la escena del crimen y pruebas. Al intentar ampliar la investigación, un “extraño” ya había quemados todas las evidencias: un colchón individual, ropa, zapatos, objetos y la soga con la que supuestamente se suicidó Nadia.

Tampoco se tomaron pruebas para su estudio como la sangre encontrada en el lavadero de la casa de Nadia y manchas de sangre que tenía la camiseta de su hija de dos años de edad.

La abogada de la Comisión Mexicana añadió que también manifestaron a la CIDH su inconformidad con las declaraciones del Estado mexicano relativas a la dilación del proceso penal, pues el gobierno dijo “que se tardó 14 años por los 13 recursos de apelación interpuestos por la madre de Nadia”, María Antonia Márquez.

Al respecto, la abogada Carolina Hernández refutó “cómo no va a haber inconformidades si las resoluciones que emite el poder judicial son totalmente injustificadas, no se hace un análisis de las pruebas que se ofrecen y por eso se ha prolongado todo”.  

Nadia Muciño fue asesinada el 12 de febrero de 2004 enfrente de sus tres hijos en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por su entonces esposo, Bernardo López Gutiérrez y su cuñado, Isidro López, alias “El Matute”. Debido a las negligencias en la investigación y obstáculos para obtener justicia, la familia de Nadia y las representantes legales de la CMDPDH, presentaron el caso ante la CIDH el 5 de octubre de 2010.

Como parte del proceso de admisión, en mayo de 2016 el organismo internacional pidió al Estado mexicano un informe sobre la etapa que guarda el caso del feminicidio de Nadia Muciño.

Apenas el 13 de octubre de 2017, en medio de la presión ante la inminente atracción del caso por parte de la CIDH, el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli condenó a Bernardo López a 42 años de prisión 6 meses por el delito de “homicidio” en agravio de Nadia Alejandra; y en diciembre, el Ministerio Público local apeló la sentencia por la baja penalidad.

Ante esta situación, la madre de Nadia, Antonia Márquez, dijo en entrevista con Cimacnoticias que teme que el feminicida pueda ser puesto en libertad, ya que la decisión está a cargo de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, misma que en 2010 revocó la sentencia condenatoria a “El Matute” por considerar que los  testimonios de los hijos de Nadia eran insuficientes y no aptos para incluirlos como pruebas, y porque la necropsia, acta médica y pericial en criminalística, no acreditaban al “Matute” como participante del feminicidio.

Actualmente la familia de Nadia en conjunto con Norma Andrade, también activista y madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en febrero de 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua, cuyo caso sólo espera el pronunciamiento de fondo de la CIDH, impulsan una campaña con el objetivo que en el próximo período de sesiones de la Comisión Interamericana a celebrarse del 3 al 11 de mayo en República Dominicana, ambos casos tengan una audiencia.

18/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Apelan resarcimiento económico que dictó Juzgado
ODI pide reparación integral del daño para los tres hijos de Nadia Muciño
Familia Muciño Márquez | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/11/2017

Abogados de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, para los tres hijos de la víctima de feminicidio, Nadia Alejandra Muciño Márquez, pues no contempla la atención psicológica y la educación que el Estado debe garantizarles como víctimas indirectas.

Después de 13 años de lucha, el pasado 13 de octubre el Juzgado de Cuautitlán dictó sentencia en contra del esposo y uno de los asesinos de Nadia Muciño, Bernardo López Gutiérrez, por el delito de homicidio agravado con 42 años y seis meses de prisión, asimismo exigió la reparación económica del daño para los hijos de Nadia, quienes presenciaron el crimen perpetrado el 12 de febrero de 2004 en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Sin embargo, esta compensación es insuficiente y no cumple con los estándares internacionales, denunció en entrevista con Cimacnoticias la abogada de la ODI, organización que representa legalmente el caso, Viridiana Valgañón Salazar.

Por ello a una semana del fallo apelaron la reparación del daño que dictó el Juzgado y exigieron que el Estado se haga cargo de la atención psicológica y la educación de los hijos de Nadia, como es su obligación, indicó la coadyuvante del caso.

A sus cinco, cuatro y dos años de edad, los hijos de Nadia negaron que su madre se suicidó como concluyó la Procuraduría General de Justicia del Estado de México; revelaron que su padre Bernardo y el hermano de este, Isidro López alias “El Matute”, la asesinaron.

Este último está en libertad desde febrero de 2010, pues los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla desecharon los testimonios de los menores de edad al argumentar que eran “incapaces de distinguir una verdad de una fantasía”.

La abogada de la ODI, asociación que brinda asesoría jurídica en casos donde los derechos de la niñez son transgredidos, agregó que con la apelación también esperan que se subsanen los gastos que ha hecho durante estos 13 años la madre de Nadia, María Antonia Márquez Hernández, destinados al cuidado de los ahora adolescentes.

“La apelación está encaminada a lograr el reconocimiento de que en estos años la señora Antonia ha hecho gastos importantes para sus nietos; se ha hecho cargo de su educación y su salud psicológica por lo que ha implicado el proceso recorrido”, dijo.

Viridiana Valgañón recordó que el feminicidio de Nadia tuvo un impacto directo en el proyecto de vida de sus hijos, por ello el Estado debe garantizarles una vida plena a través de las medidas de reparación que propuso la defensoría, e incluir a Antonia Márquez dentro de la reparación del daño, indicó.

Toda vez que el Estado mexicano debe reconocer como víctimas a las hijas e hijos de mujeres que fueron asesinadas con la sentencia que le dictó en noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, proceso conocido como “Campo Algodonero”.

Y porque la Ley General de Víctimas indica que los familiares o las personas que tengan una relación inmediata con la víctima son víctimas indirectas, por lo tanto, deben recibir ayuda provisional.

“Con estos estándares siempre pedimos la mayor protección para la infancia”, señaló la abogada de la ODI, quien agregó que es el primer caso de feminicidio que acompaña la organización pues luego de conocer la situación que atravesaban la hija y los dos hijos de Nadia ha dado acompañamiento no sólo legal a la familia sino también psicológico.

Por último, Valgañón Salazar precisó que serán los magistrados de la Primera Sala Colegiada de Tlalnepantla quienes discutan la apelación y en caso de dar un fallo a su favor determinarán cuál será la reparación del daño para los tres adolescentes, pero aún no se tiene fecha de la discusión.

La familia y los representantes legales también esperan que el caso sea admitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recientemente, en enero de 2017, el Estado mexicano pidió a la Comisión no aceptarlo, argumentando que no transgredió ningún derecho de las víctimas.

LAS VÍCTIMAS INVISIBLES DEL FEMINICIDIO

Antonia Márquez además de buscar justicia para su hija, tiene entre sus prioridades garantizar que sus nietos terminen de estudiar la universidad y puedan tener una vida plena, por lo que ha costeado la terapia psicológica que necesitan, pues después de presenciar el feminicidio tuvieron afectaciones en su salud mental.

Como los hijos de Nadia, en el Estado de México las hijas e hijos de las víctimas de feminicidio quedan en el desamparo, el único apoyo social que existe para la niñez en esta situación, son las becas educativas que comenzó a entregar la Secretaría de Educación Pública (SEP) en febrero de 2017 en la entidad.

Asimismo, Cimacnoticias dio a conocer en una investigación, que se desconoce cuánta infancia en orfandad por feminicidio tiene apoyos sociales en México. Sólo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió que entre 2014 a febrero de 2017 atendió a 65 hijos e hijas de víctimas de feminicidio.

17/HZM








ESTADOS
VIOLENCIA
   Tras 13 años de espera, “la justicia llega tarde”, dice madre de víctima
Sentencian a feminicida de Nadia Muciño por homicidio agravado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/10/2017

Es una mezcla de sentimientos los que invaden a María Antonia Márquez Hernández: rabia, alegría, impacto, cansancio… pero predomina la tristeza. Los 42 años y seis meses de prisión que dictó el 13 de octubre de 2017 el Juzgado Penal de Primera Instancia de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, a uno de los asesinos de su hija, Nadia Alejandra Muciño Márquez, no harán que la recupere. “La justicia llegó tarde”, dice con voz enérgica y en tono molesto.

Es lunes 16 de octubre, Antonia, acompañada de su hija Viviana Muciño, salió del Juzgado al que pacientes han acudido durante 13 años de lucha implacable para recibir oficialmente la noticia que hasta hace unos meses no esperaban escuchar: Bernardo López Gutiérrez, asesino y entonces pareja de Nadia Muciño, fue sentenciado por la Jueza Verónica Contreras Marín, por el delito de “homicidio agravado”, a 42 años 6 meses de prisión, además de la reparación del daño para sus tres hijos.

Por primera vez en mucho tiempo irrumpen las lágrimas en Antonia. Quizá porque recordó el 12 de febrero de 2004, aquél día funesto en el que abrazó el cuerpo inerte de su hija, atada con una soga al cuello, la que colocaron Bernardo y su hermano, Isidro alías “El Matute”, para simular que Nadia “se había suicidado”.

Pero el llanto contenido de Antonia es realmente por sus nietos…“no hay nada que celebrar” dice con voz firme a Cimacnoticias. Nada podrá resarcir el daño que causó a los hijos de Nadia, ver y narrar hasta el cansancio a las autoridades mexiquenses cómo su padre y su tío, asesinaron a su madre.

Los hijos de Nadia han pasado años de terapia psicológica pagada por la familia. Ahora ya son adolescentes y trabajan para pagar sus estudios y otros gastos básicos. Nunca recibieron alguna ayuda del Estado.

RECONOCER EL FEMINICIDIO

Pese a cumplir con todos las características de feminicidio la sentencia no fue por este delito sino por homicidio agravado. La razón: porque la tipificación del delito de feminicidio fue hasta 2011 y por ley, todos los casos anteriores a la tipificación, no pueden ser juzgados ni reclasificados por este delito, explicó a esta agencia la abogada Ana Yeli Pérez Garrido, quien litigó el caso de Nadia Muciño en una primera etapa.

No obstante, precisó, las pruebas de la investigación con las que contaba el poder judicial sí tuvieron que ser analizadas desde la perspectiva de género porque así lo estableció la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2015, con la sentencia del feminicidio de Mariana Lima, ocurrido también el Estado de México.

Con ello, explicó Pérez Garrido, la sentencia se da por homicidio agravado, con lo que se reconoce la alevosía del asesinato y la relación de concubinato con la víctima, lo que también permite una sentencia mayor, aunque, no se compara con la de feminicidio, que es de 40 a 70 años de prisión.

EL EDOMEX Y LA HISTORIA DE NEGLIENCIAS

El caso de Nadia Muciño es emblemático porque representa el extenso camino de impunidad, negligencias en las investigaciones, corrupción e insensibilidad de las autoridades encargadas de impartir justicia frente a los casos de feminicidio en el Estado de México, que desde 2005 a 2010 ha cobrado la vida de 992 mexiquenses, de acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), razón por la cual se activó en 2015, la Alerta de Violencia de Género en 11 municipios.

Un año antes de ser asesinada, Nadia denunció que su entonces pareja la había golpeado y privado de su libertad durante casi una semana, pero ninguna autoridad la escuchó para prevenir el feminicidio.

El día de su asesinato, una vez que las autoridades de la Procuraduría mexiquense recogieron el cuerpo, determinaron que Nadia se había suicidado, por lo que la casa donde ocurrieron los hechos no quedó bajo resguardo y muchas pruebas “se perdieron”, pues “alguien” entró al inmueble que quedó sin vigilancia, y quemó evidencias del feminicidio: objetos, ropa y la soga con la que presuntamente Nadia “se suicidó”.

Tampoco realizaron pruebas a los restos de sangre encontrada en el lavadero de la casa, y en la blusa que portaba la hija de Nadia (de dos años de edad), por considerar que “eran muestran insuficientes”. Fue la presión y el peregrinar de Antonia Márquez en las instituciones de justicia, lo que hizo que en 2005 se ampliara la investigación para comprobar que a Nadia la había asesinado su pareja.

La sentencia que hoy obtiene el caso de Nadia, es la lucha de la familia Muciño, reconoció la abogada Ana Yeli Pérez.

IMPUNIDAD

Al no existir la figura penal del feminicidio, el Ministerio Público (MP) consignó la averiguación previa el 9 de agosto de 2005 por el delito de “homicidio” en contra de Bernardo e Isidro. El 8 octubre de 2009 el Juzgado Tercero Penal de Primera instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Izcalli, dictó sentencia condenatoria por “homicidio calificado” únicamente a Isidro alias “el matute”  (cuñado de Nadia).

Pese a los 14 testigos que declararon en contra de los acusados –incluidos los hijos de Nadia- 4 meses después, el 5 de febrero de 2010, tras un recurso de apelación presentado por la defensa “del matute”, los magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, revocaron la sentencia en su contra y ordenaron su inmediata libertad. Actualmente sigue libre y no volvió a ser juzgado.

EL RETO: LA CIDH

El 5 de octubre de 2010 la asociaciones que representan legalmente a la familia de Nadia: la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH) y en litigio interno la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia AC (ODI), presentaron una petición de admisibilidad en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por las omisiones e irregularidades cometidas en la investigación del caso (con el numeral caso P-1402-10).

En ella, argumentaron los derechos que les fueron violentados a Nadia Muciño y a su familia, entre los cuales se encuentra el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad y la seguridad personal; por el acceso a la justicia están el derecho a las debidas garantías judiciales, el debido proceso y el derecho a la protección judicial, todos ellos establecidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el Artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujeres (“Convención Belém do Pará”).

Al ser testigos del feminicidio de su madre, en la denuncia se reconocen también los derechos violentados de sus tres hijos, el interés superior de la niñez y la protección familiar.

El 27 de mayo de 2016 la CIDH comunicó a las organizaciones peticionarias que había solicitado información al gobierno mexicano respecto al caso de Nadia para analizar su responsabilidad, concediéndole un plazo de tres meses para remitir su informe.

El 31 de enero de 2017  la CIDH notificó a las organizaciones peticionarias, que el Estado mexicano ya había contestado a la denuncia, sin precisar la fecha en la que cumplió con dicha obligación.

“Mi hija no está” dice Antonia con la voz entrecortada, intentando no quebrar en llanto. El “juego perverso de la PGJEM” -como ella le llama- terminó. Y aunque obtuvo la sentencia por la cual luchó 13 años, tras un suspiro largo repite “mi hija no está”, porque sabe que nada que haga ahora la autoridad le devolverá a Nadia.

17/HZM/LGL








NACIONAL
   No hay sentencias, no hay peritos
Caso Nadia Muciño: “juego perverso de la PGJEM”
Antonia Márquez, madre de Nadia. CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 01/02/2017

Nadia Alejandra Muciño Márquez fue asesinada por su pareja Bernardo López, y por su cuñado Isidro, “El Matute”, enfrente de sus hijos de cinco, cuatro y dos años de edad, pero a 13 años del crimen ninguno ha recibido sentencia, no hay peritos disponibles para validar el asesinato y el Estado no responde aún a la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos cuál es la situación del caso.  
 
El crimen, cometido un 12 de febrero de 2004, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, durante el gobierno de Arturo Montiel, fue denunciado por la madre de Nadia, Antonia Márquez, pero desde el inicio la investigación estuvo llena de irregularidades y Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) determinó que la mujer “se había suicidado”, tras recoger el cuerpo de Nadia del cuarto de baño de su casa y con una soga al cuello que habían colocado los asesinos. 
 
Ante la falta de investigaciones, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la familia de Nadia presentaron en octubre de 2010 una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En  agosto de 2016 ésta le otorgó un plazo de tres meses al Estado mexicano para informar la situación en la que se encontraba el caso. Hasta el momento, vencido el plazo, el Gobierno no ha dado ninguna respuesta, informó en entrevista para Cimacnoticias, Viviana Muciño, hermana de Nadia.
 
La CIDH pidió al Estado mexicano informar sobre las acciones que se llevaron a cabo ante las denuncias previas que Nadia interpuso contra Bernardo en 2003, cuando este la golpeó y privó de su libertad durante seis días.
 
Asimismo pidió la revisión de la investigación contra Isidro “El Matute”, quien fue puesto en libertad el 5 de febrero del 2010 por los Magistrados de la Primera Sala Colegiada Penal de Tlalnepantla, Edomex “al no acreditarse el cuerpo del delito”.
 
Los magistrados adscritos a esta Sala, Alfonso Velázquez Estrada, Gloria Guadalupe Acevedo Esquivel y Rodolfo Antonio Becerra Mendoza, cuentan desde 2010 con una demanda por esta decisión, que aún sigue en pie.  

Lo mismo ocurre con la denuncia en contra de los entonces funcionarios de la PGJEM, Emmanuel Vilchis Sandoval, Armando Lozano Coronel, Michel Aceff Sánchez, Jorge Riego Vázquez y José Escárcega Hernández, por las irregularidades y posibles delitos cometidos en la investigación del homicidio de Nadia.
 
“Sabemos que los tiempos de la Comisión son muy tardados, pero era la única opción que nos quedaba, porque no podíamos dejar de que el asesino de mi hermana estuviera libre, esperamos que la Comisión diga que este juicio no se llevó bien a cabo y se tiene que volver hacer”, comentó Viviana.
 
UN JUEGO PERVERSO
 
La madre Nadia, María Antonia Márquez, quien se ha convertido en investigadora y activista a raíz del asesinato, no ha dejado en ningún momento de reclamar justicia para su hija, por lo que en 2005 logró que se ampliaran las investigaciones para comprobar que Nadia no se había suicidado, sino que había sido asesinada por su pareja.
 
Sin embargo, Bernardo López está sin sentencia desde 2012, cuando fue detenido por la PGJEM, pues el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México aún no cuenta con los peritos necesarios para dictaminar que Nadia no cometió suicidio. “Me dijeron que  tendrá que pedirlos a la Secretaria de Salud, dijo Viviana Muciño, “y nosotros le estamos pidiendo al Tribunal que sea una especialista, no necesitamos cualquier doctor o doctora”.
 
Hasta el momento la familia ha asistido a seis audiencias y faltan dos con peritos especializados en medicina legal y criminalística para dictaminar la sentencia. Sin embargo, el Tribunal sigue difiriéndolas por la falta de este personal, al mismo tiempo que tres peritos han renunciado al caso y no sabemos por qué, añadió Viviana.
 
“Seguimos en lo mismo  -lamenta la hermana de Nadia-, es un cansancio que se sigan difiriendo las audiencias. Ya llevamos 13 años de lucha constante que tenemos con el Estado mexicano, se tocan puertas, no te hacen caso, te mandan de un lado para otro, mi mamá lo que dice es que la Procuraduría tiene un juego perverso, ellos lo que quieren es el cansancio de todos los familiares para abandonar el caso”.
 
IRREGULARIDADES EN LA INVESTIGACIÓN
 
El caso de Nadia, han señalado durante más de una década sus familiares y abogados, es muestra de las anomalías que persisten en las averiguaciones. Desde el momento que las autoridades de la PGJEM recogieron el cuerpo, omitieron recaudar las pruebas de crimen; no resguardaran los objetos de la escena, tampoco hicieron una inspección completa del lugar y mucho menos tomaron fotografías del crimen, sólo del cuerpo de Nadia.
 
Al marcharse, no cerraron la puerta, ni se aseguraron de resguardar el lugar. El 26 de febrero de 2004 las autoridades regresaron a la casa para hacer una ampliación de la Inspección Ministerial, pero no pudieron ingresar a la casa, pues la chapa había sido cambiada y se percataron que varios objetos habían sido quemados.
 
SIN CASTIGO
 
Viviana relató que su familia no dejará de luchar hasta encontrar justicia para su hermana, “no podemos dejar que al menos el nombre de mi hermana se quedé así, no podemos dejar que digan que mi hermana se suicidó, porque no fue así. Queremos que esas personas que la asesinaron sean condenadas, no puede ser que ellos queden libres y hagan los mismo con otras personas”.
 
Los hijos y la hija de Nadia, ahora tienen 18, 17 y 15 años de edad. Ellos van a terminar la preparatoria, esperan ir a la universidad, y ella está a punto de ingresar a la preparatoria, comentó Viviana.
 
Ninguno recibe el beneficio de alguna beca, ni tienen seguridad social, por lo que Antonia, su abuela, y otros familiares cubren el costo de las terapias que reciben desde que fueron testigos del asesinato de su madre y que les dejó secuelas. “Hay que buscar el apoyo de organizaciones para que ellos estén bien, esperemos que sigan con la universidad”, dijo Viviana.
 
En 2011, María Antonia vendió su casa en el municipio de Nicolás Romero, bajo la promesa de que se le entregaría crédito para una vivienda para ella y su familia, pero nunca obtuvo los recursos y tuvo que cambiarse tres veces de domicilio ante las amenazas que recibió de la familia de Bernardo López.
 
María Antonia sigue con sus trabajos de costura y bordado con que se gana la vida, y sigue luchando por justicia para su hija. Su otra hija, Viviana Muciño es ahora integrante del Observatorio Ciudadano contra la Violencia de Género, Desaparición y Feminicidio en el Estado de México (Mexfem), que monitorea los casos de feminicidio en la entidad y acompaña a  familiares de las víctimas. “No quiero  ni una asesinada más, ni una Nadia más”, dice.
El Observatorio informó que en 2016 hubo 263 casos de posibles feminicidio en el Estado de México, y en lo que va del año han contabilizado 17.
 
17/HZM/GGQ
 








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