María de la Luz Estrada

Si bien el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) ha documentado que la mayoría de las víctimas de feminicidio tenían entre 20 y 39 años de edad, en los últimos años la violencia contra las niñas y adolescentes se ha recrudecido, aseguró la coordinadora de la organización, María de la Luz Estrada.

En el artículo escrito por Luz Estrada, “Violencia feminicida contra niñas y adolescentes en México”, refiere que el año pasado fue muestra de cómo los casos de feminicidio contra menores de edad, además de no ser investigados de la manera adecuada, tampoco son visibilizados y mucho menos sancionados.

La coordinadora del OCNF ejemplifica con casos de asesinatos de niñas y adolescentes ocurridos en 2017, la brutal violencia que enfrentan estas víctimas y los obstáculos que enfrentan para acceder a la justicia.

Uno de ellos es el feminicidio de Valeria Teresa Gutiérrez Ortíz, ocurrido en Nezahualcóyotl, Estado de México. Valeria tenía 11 años de edad cuando desapareció el 8 de junio de 2017  tras abordar una unidad de transporte público donde la dejó su padre, un día después, encontraron su cuerpo sin vida.

La familia de Valeria reportó inmediatamente la desaparición pero las autoridades mexiquense se negaron a emitir una Alerta Amber. Tuvieron que organizar una movilización con los habitantes de Nezahualcóyotl para que la Fiscalía identificará al chofer de la unidad, José Octavio Sánchez, como el probable responsable de la violación sexual y el asesinato de la niña.

Este fue capturado y días posteriores la Fiscalía de Justicia mexiquense informó que el feminicida se había ahorcado con un lazo dentro del penal en el que permanecía, dando carpetazo a la investigación, el caso nunca fue esclarecido a profundidad, recordó Luz Estrada.

Otro feminicidio que muestra la violencia contra adolescentes, fue el de Fátima Altamirano de apenas 15 años de edad. Según la información que proporcionó la defensora, el 8 de septiembre Fátima fue privada de la libertad en la delegación Gustavo A. Madero de la Ciudad de México. En horas su cuerpo fue encontrado en el municipio de la Paz, Estado de México.

PREVENIR EL FEMINICIDIO DE MENORES DE EDAD

Estos casos de feminicidio mantienen en común la privación de la libertad de las niñas y adolescentes previo a su asesinato, por ello Luz Estrada subrayó la necesidad de reforzar y aplicar los protocolos de búsqueda especializada en las primeras 24 horas (conocidos como Protocolo Alba y Alerta Amber), en adecuada coordinación con autoridades estatales y municipales porque la desaparición de niñas y adolescentes podría estar vinculada con delitos como la pornografía infantil y la trata de personas, añadió la especialista.

“Es necesario construir políticas y protocolos efectivos de búsqueda para que las procuradurías y fiscalías estatales actúen de manera pronta y efectiva; que éstas también cuenten con información sistematizada y desagregada, con perspectiva de género e interés superior de la infancia, sobre el número de denuncias por desaparición de adolescentes y niñas, así como en información sistematizada y desagregada sobre su localización, número de alertas Amber solicitadas”, detalló Luz Estrada.

La especialista hizo un llamado a poner especial atención en la prevalencia de violencia contra las niñas y adolescentes del país, pues existen estados que generan extrema preocupación. Tal es el caso de Tlaxcala, señala que según datos la Red Retoño ocurrieron 35 desapariciones de mujeres, principalmente entre 14 y 16 años de edad, de 2016 a agosto de 2017.

FEMINICIDIO EN 2017

Entre otros datos, el artículo de Luz Estrada publicado en diciembre pasado en la revista mensual de Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dedicada a los derechos de la infancia, señala que el OCNF registró 914 asesinatos de mujeres en 17 estados hasta junio de 2017.

Éstos son el Estado de México, Ciudad de México, Morelos , Guanajuato, Nuevo León, Jalisco, Oaxaca, Sonora, Chihuahua, Puebla, Coahuila, Sinaloa, Campeche, Hidalgo, Chiapas, Quintana Roo y Colima, pero únicamente 49 por ciento es investigado como feminicidio, precisó.

El OCNF encontró que la mayoría de estas mujeres asesinadas tenían entre 20 y 39 años de edad.

En cuento a las mujeres desaparecidas los datos del OCNF revelan que entre enero de 2014 a junio de 2016 ocurrieron 10 mil 157 casos en Tlaxcala, San Luis Potosí, Sonora, Oaxaca, Jalisco, Quintana Roo, Veracruz, Estado de México, Campeche, Morelos, Nuevo León y Guanajuato. 

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El perito criminalista del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Víctor Chávez Cornejo, determinó que no hay elementos que sustenten la versión de la Procuraduría capitalina (PGJDF) sobre el suicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, hallada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 3 de mayo.
 
Luego de recrear la mecánica de hechos de la PGJDF, donde argumentan que Lesvy se asfixió con el cable de una cabina telefónica, el perito criminalista Chávez Cornejo concluyó que de ser cierta la versión de que Lesvy amarró el cable a su cuello y dejó caer su cuerpo no podría haber logrado la suspensión ni la presión necesaria para provocarse la asfixia, por lo que las lesiones encontradas en su cuerpo “no corresponden con mecánicas de suicidio”, afirmó.
 
Para la recreación, una mujer con las mismas características físicas de Lesvy repitió en más de una ocasión los movimientos descritos por la PGJDF en la carpeta de investigación del caso, pero no se logró reproducir la posición semisentada en la que fue encontrada.  
 
Estos resultados fueron expuestos hoy en un video proyectado durante la conferencia de prensa convocada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), organización que junto al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria acompaña el caso, y forman parte de un peritaje independiente que la familia Rivera Osorio solicitó para esclarecer los hechos.
 
A tres meses del crimen, la abogada del OCNF, Ana Yeli Pérez Garrido, recordó que la forma en la que Lesvy fue encontrada y las lesiones que presentó acreditan un feminicidio. “El certificado médico, la necropsia y las fotografías tomadas al cuerpo muestran que tenía lesiones degradantes –golpes en el rostro y signos de asfixia-, hay evidencia de que su pareja -Jorge Luis González Hernández- la violentó previamente, además fue expuesta en un lugar público”, explicó.
 
Por ello la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, refrendó la exigencia de la familia de Lesvy de que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México reclasifique el delito como feminicidio ya que actualmente se investiga a Jorge por homicidio culposo por omisión, ya que de acuerdo a la PGJDF, no impidió el “suicidio” de la joven inscrita en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur de la UNAM.
 
En entrevista con Cimacnoticias el perito Víctor Chávez expuso que la presión que ejerció el cable en el cuello de Lesvy no fue constante porque del lado izquierdo estaba el teléfono y ella presentó una fractura en el cuello la cual, afirmó “no pudo haber sido provocada por eso”.
 
Dijo también que de acuerdo a los estudios que han hecho, no hay pruebas sufrientes de que las heridas en el rostro de Lesvy se las haya hecho ella al golpearse con la cabina telefónica, como argumentan los peritos de la PGJDF.
 
SUICIDIO: SIN ARGUMENTOS
 
La mañana del 3 de mayo los vigilantes del Instituto de Ingeniería, Esperanza Sánchez Hernández y Andrés Sánchez Andrade fueron los primeros en encontrar en la casilla telefónica el cuerpo de Lesvy.
 
En las entrevistas que el ministerio público de la Fiscalía desconcentrada COY-1 les hizo, registradas en la carpeta de investigación a la que esta agencia tuvo acceso, ambos trabajadores universitarios refirieron que Lesvy “se encontraba sentada”. Andrés Sánchez señaló que cuando se acercaron a verla “ella se encontraba sentada y recargada a la base de la caseta”.
 
Más tarde la caseta y el cuerpo de Lesvy fueron cubiertos con una lona, lo que impidió que fuera fotografiado desde distintos ángulos y con ello, argumentó durante la conferencia la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, “se perdieron evidencias porque no se resguardo adecuadamente la cadena de custodia”.
 
Por lo pronto y para tener más certeza de los hechos la familia Osorio Ramírez ya solicitó al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) del TSJDF el acceso a todas las fotos y el video de la necropsia de Lesvy para que peritos independientes analicen las heridas que presentaba.
 
El pasado 13 de julio la defensa legal de la familia de Lesvy, a cargo del  Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria,  interpuso un recurso de apelación ante el TSJDF para que se reclasifique como feminicidio el delito por el que se acusa a la pareja de Lesvy y ex trabajador de la UNAM.
 
El recurso fue aceptado, pero aún no hay fecha para la audiencia donde tres magistrados determinarán la situación legal de Jorge.
 
La apelación, explicó la abogada Ana Yeli Pérez, es por la falta de debida diligencia en el caso, la violación a la legalidad en la investigación, la violación al Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial del delito de feminicidio; así como  “los constantes agravios hacia la familia porque están vulnerando su percepción del acceso a la justicia”.
 
17/MMAE
 

La coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, María de la Luz Estrada, afirmó que esperan aún resultados y modificaciones a la ley para defender la salud reproductiva de las veracruzanas, ya que en el estado, por ejemplo, aún se niega el derecho legal a interrumpir un embarazo en caso de violación.  
 
Señaló lo anterior, tras la instalación, ayer en el Word Trade Center de esta ciudad, de la Mesa de Alto Nivel para atender las recomendaciones por la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz, medida que fue solicitada en abril de 2016 por organizaciones civiles, entre ellas el Observatorio debido a que a las veracruzanas no se les garantiza su derecho a la salud reproductiva, en comparación con lo que sucede en otras entidades, como la capital del país, en donde, por ejemplo, está vigente desde 2007 la intervención legal del embarazo.
 
Sobre la instalación de la Mesa de alto nivel, un acto encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, y por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, la coordinadora del Observatorio señaló que “es una primera reunión y todavía el Gobernador va a revisar los cuestionamientos que hicimos”.
 
Dijo es necesario, entre las medidas para acatar las recomendaciones, que el Congreso local reforme el Código Penal para garantizar a las mujeres su salud reproductiva. 
 
Esto es necesario, explicó, porque, por ejemplo, durante el 2016, más de 400 mujeres denunciaron violaciones sexuales y, aunque muchas de ellas presentaron un embarazo, se les negó el derecho legal de interrumpir la gestación.
 
Comentó que la cifra de violaciones contra mujeres podría ser mucho mayor debido a que únicamente el 10 por ciento presenta denuncias. “Denunciadas estamos hablando de 400 denuncias de mujeres que han sido violadas, eso solo refleja el 10 por ciento de las mujeres que se atreven a denunciar, el año pasado y es importante que también son solo denuncias de violación, se dispara cuando hablamos de violencia sexual”, indicó.
 
Afirmó que en los lugares que más se ha presentado esta problemática ha sido en Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
 
“El problema es que no implementan la atención integral a víctimas de violencia sexual, mucho menos de interrupción sexual del embarazo, teniendo a niñas con embarazos forzados en contra de su propia voluntad”, aseguró.
 
Detalló que en el estado de Veracruz se han detectado fenómenos como niñas menores de 14 años a quienes se les niega el derecho a interrumpir su embarazo aunque fueron víctimas de violación y la ley lo permite.
 
“Eso significa para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tortura, embarazos forzados, niñas que son violadas y obligadas a continuar un embarazo”, indicó.
 
BAJO VIGILANCIA
 
Cabe mencionar que en abril pasado, el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, acordó con al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, la creación del Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, para dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
En la reunión, las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
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En la capital del país se abren al mes, en promedio, 5 carpetas de investigación por feminicidio, dice la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), aunque la cifra podría ser mayor, pues la omisión y negligencia de los Ministerios Públicos y de la propia Procuraduría no permiten acreditar el delito.
 
De 2015 a abril de 2017, la PGJDF reportó 116 carpetas de investigación por feminicidio, de acuerdo con la solicitud de información de Cimacnoticias. De estos, 14 se registraron en lo que va del año, 26 ocurrieron en 2016 y 56 en 2015.  
 
La coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada, dice que el acceso a la justicia para las víctimas de feminicidio en la ciudad se frena en los procesos de investigación, porque las instancias se reúsan a aplicar los protocolos desde la perspectiva de género, pierden evidencias, reclasifican los casos a homicidios, el peritaje no describe los rastros del feminicidio y en algunos casos incurren en corrupción.
 
En 2011 se tipificó en el Artículo 148 BIS del Código Penal de la Ciudad de México el delito de feminicidio, con condenas de 20 a 50 años de prisión. En junio de 2012, el OCNF y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos elaboraron el Protocolo de actuación pericial, ministerial y policial para indagar asesinatos de mujeres.
 
El OCNF ha denunciado reiteradamente esa falta de aplicación y seguimiento, han pedido su renovación con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó, a partir del caso Mariana Lima, que “todo asesinato violento de una mujer debe ser investigado como feminicidio”.
 
El caso de Lesvy, joven de 22 años asesinada y encontrada en la madrugada del 3 mayo en la UNAM, indica la experta, es una expresión más de la actuación de la PGJDF al atender e investigar esos casos.
 
PGJDF, FALLAS
 
Entre las irregularidades que repite la PGJDF, dice el coordinador general de Justicia, Derechos Humanos, y Género, Rodolfo Domínguez Martínez, está lo sucedido con Karen Joanna Sánchez Gochi, estudiante de la UNAM, asesinada en un hotel de Azcapotzalco el 11 de junio de 2012.
 
Ese día, ella regresó del gimnasio y pidió permiso para salir con un conocido que fue a buscarla. No regresó. Su familia presentó denuncia por desaparición y al día siguiente se enteraron que fue asesinada.
 
Pese a que su cuerpo estaba desnudo y expuesto en un lugar público, su caso no fue referido a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y Personas con Orientación o Preferencia Sexual Diferente, sino a la Fiscalía Antisecuestros.

El agresor fue procesado por homicidio, no por feminicidio, recordó Domínguez, coadyuvante del caso, porque “no cumplía con una de las 5 razones de género establecidas en el tipo penal”, pues “no había signos de violencia en la zona genital”. La sentencia fue de solo 35 años de cárcel.
 
“El problema es que la autoridad no está queriendo implementar el protocolo, no es un problema de marco legislativo, es cómo las autoridades están actuando, no actúan con la debida diligencia, actúan de forma omisa lo que afecta a las mujeres”, aseveró el abogado.
 
Luz Estrada dice que estas sentencias demuestran criterios mal aplicados por los jueces, “sólo es necesario acreditar una de las 5 circunstancias del tipo penal para continuar con la investigación como feminicidio”. Esto es: que la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; que el cuerpo presente lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones; conocer si fue víctima de acoso, amenazas, violencia o lesiones por parte del sujeto activo; que el cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público; y que la víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a su fallecimiento.
 
La PGJDF informa que desde 2011 a abril de 2017, se han puesto a disposición a 219 probables responsables, se consignaron 203 y se han dado sólo 77 sentencias por feminicidio.
 
PGJDF EXPUESTA
 
Luz Estrada recuerda que en casos mediáticos se evidencia el sistema de justicia local, como ocurrió en noviembre de 2014 con asesinato de Angélica Trinidad Romero en la tienda Liverpool.
 
Primero las autoridades dijeron que la muerte fue por asfixia por comida, hasta que familiares revelaron que presentaba golpes y señales de atadura en las muñecas. Cuando el caso fue referido a la Agencia de Atención del Delito de Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres, “ya se había perdido todo el material probatorio”, indica Estrada. 
 
No es novedad, dice la especialista, “mucho material probatorio fundamental para vincular a los posibles asesinos y acreditar el feminicidio no se resguarda”. Pasa el tiempo y se complica encarcelar a los responsables. 
 
REVICTIMIZACIÓN
 
En el caso de Lesvy, la PGJDF no informó en un inicio la aplicación del Protocolo, pero dio información académica y de su vida privada, lo que enfadó a capitalinas y comunidad universitaria, que marchó en el campus el 5 de mayo.
 
No es sólo aprender el Protocolo, sino cambiar una concepción, cómo miras a las mujeres, cómo entiendes la violencia hacia ellas, de lo contrario, dice Estrada, pasa lo que con Lesvy: prácticas discriminatorias contra las víctimas.
 
La directora del OCNF recuerda otro caso: en diciembre de 2016, Valeria del Carmen Reyes, de 24 años, y su amiga, Alma Josefina Huerta de 29, fueron reportadas como desaparecidas y sus cuerpos hallados en las zonas boscosas de Milpa Alta y Xochimilco.
 
Presentaban golpes, signos de violencia sexual y estrangulamiento, a Valeria le introdujeron billetes en los genitales y de inmediato la PGJDF dijo que “se dedicaban a dar servicios sexuales”.
 
“Es una constante, invisibilizan a las mujeres, aparecen como narcotraficantes, vinculadas con la delincuencia, las descreditan y se olvida el proceso que debe seguir una investigación”, refiere Estrada.
 
Estrada y Domínguez coinciden en que mientras las instituciones se nieguen a aplicar la ley y los protocolos de actuación en los asesinatos de mujeres, la impunidad persistirá. Ante ello, una alternativa es aplicar sanciones a quien incurra en omisiones, para garantizar el funcionamiento del sistema judicial y el derecho a la justicia de las víctimas. 
 
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La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) tienen la obligación de hacer un registro fidedigno sobre hijos e hijas de víctimas de feminicidio: cuántos son, dónde están, quiénes se hacen responsables de ellos, cuál es su acompañamiento, pues es un tema que concierne a la reparación integral de daños, afirmó la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), María de la Luz Estrada.
 
A pesar de que existe un registro oficial de 6 mil 488 asesinatos de mujeres entre 2013 a 2015, que dejarían en la orfandad a miles de niños, niñas y adolescentes, la CEAV señala –tras una solicitud de información- que sólo conoce, de 2014 a febrero de 2017 (todo el tiempo en que ha operado) solo 65 casos de orfandad por feminicidio. 
 
La Coordinadora del OCNF, entrevistada por Cimacnoticias, recordó que estas hijas e hijos son víctimas indirectas, por lo tanto  CEAV y DIF debe registrar y acompañar el desarrollo de la niñez en orfandad por feminicidio.
 
Estos actos están estipulados en Ley General de Víctimas, donde se indica que “los familiares o personas que tengan una relación inmediata con la víctima, deben percibir ayuda provisional y oportuna de los recursos de ayuda de los sistemas de víctimas federales o de las entidades”.
 
Además, la sentencia emitida por la Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) en 2009 por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez, Chihuahua, obligó al Estado mexicano a reconocer a las hijas e hijos de mujeres asesinadas por razón de género como víctimas y a establecer las bases jurídicas y políticas públicas necesarias para respaldarlos
 
Sin embargo,  aunque existen instituciones y marco jurídico, es difícil contar con estos registros, dijo la activista Luz Estrada, pues con dificultades se logra conocer de manera efectiva las cifras de feminicidio a nivel a nacional, por lo que contabilizar a las víctimas indirectas del feminicidio será un reto.
 
REPARACIÓN DE DAÑO
 
Sobre la reparación del daño, Luz Estrada comentó que “es toda una problemática”, pues los esfuerzos son insuficientes, ya que, además del protocolo de CEAV, existen apenas un decreto en el Estado de México y un programa en Jalisco.
 
El decreto del Estado de México, número 106 publicado el 3 de agosto de 2016 en la Gaceta Oficial de la entidad, un año después de la Alerta de Violencia de Género (AVG), reconoce la necesidad de “otorgar un estímulo económico a las hijas o hijos de madre o tutora desaparecida o víctima de feminicidio u homicidio doloso”. Y se entrega “a partir de la noticia del hecho en los lineamientos correspondientes”, hasta la conclusión de la licenciatura o la certificación como profesional técnico.
 
En febrero de 2017, la Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció entregar 800 pesos mensuales por cada estudiante, siempre y cuando estén inscritos en las instituciones escolares hasta concluir la licenciatura.
 
Luz Estrada consideró que, además de estos necesarios recursos económicos, también se debe considerar la atención psicológica integral para los hijos e hijas de mujeres asesinadas, muchas veces testigos del delito, lo que les deja marcas severas, incluso cuando son menores de edad.
 
Ellas y ellos, dice la experta, “se sienten solos, cansados, abandonados, lo que tiene consecuencias significativas en su desarrollo”, pues el feminicidio “es una muerte no esperada y la familia también debe llevar terapia “para poder sobrellevar el dolor.”
 
En Jalisco, el programa “Acompañar la ausencia” fue establecido en septiembre de 2016, ante el creciente número de casos de feminicidio, con el fin de dar apoyo psicológico a familiares de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio, para “aliviar algunos trastornos psicológicos que detonan estos delitos, con el fin de recomponer el tejido familiar”.
 
Sin embargo, señaló Luz Estrada, siguen siendo las abuelas, tías u otros familiares los que se hacen cargo de las hijas e hijos de mujeres asesinadas y quienes buscan los medios para brindarles lo necesario a estas víctimas que quedan indefensas a falta de políticas públicas.
 
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Con la tarea pendiente de definir una agenda de trabajo y de concretar acciones, hoy se instaló la Comisión Especial de Alerta de Género de la Cámara de Diputados que dará seguimiento al funcionamiento de este mecanismo para proteger a las mujeres en todo el país.
 
En un acto al que sólo asistieron seis de las 12 diputadas que integran este órgano parlamentario, las legisladoras se comprometieron ante agrupaciones de la sociedad civil a revisar cómo se implementa la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
A la fecha, grupos de mujeres han solicitado activar la alerta en 21 estados y han conseguido que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), la decrete en seis estados.
 
La alerta es un mecanismo que se prevé en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para establecer acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres pero, de acuerdo con la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Karen Hurtado Arana, ha sido letra muerta.
 
La alerta se emitió para 11 municipios del Estado de México, 8 de Morelos, 14 de Michoacán, 7 de Chiapas, 5 de Nuevo León y 11 de Veracruz; sin embargo las agrupaciones ciudadanas han señalado que no hay resultados sobre la implementación y funcionamiento de este mecanismo.
 
Como respuesta a estas denuncias, la 63 Legislatura de la Cámara de Diputados, la primera con 43 por ciento de mujeres, creó la Comisión Especial de Alerta de Género aunque en su reunión de instalación las legisladoras señalaron que harán un plan de trabajo después de escuchar a la sociedad civil.
 
Hurtado Arana dijo que cada día crece el miedo de que las hijas, hermanas o mujeres estén solas en la calle porque están inseguras, de ahí la necesidad de revisar este mecanismo.  
 
La diputada perredista señaló que esta Comisión revisará los protocolos que la alerta contempla y el seguimiento puntual en los municipios donde se decretó; además hará análisis y documentos, diagnósticos y estadísticas sobre temas relacionados con la violencia de género.
 
Al acto asistieron las diputadas Melissa Torres Sandoval, de Encuentro Social; Erika Rodríguez Hernández y Arlet Mólgora Glover, del Revolucionario Institucional; Guadalupe González Suástegui, de Acción Nacional, y Olga Catalán Padilla, del Partido de la Revolución Democrática.
 
ESTRATEGIAS CERTERAS
 
Al respecto, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Asociación de Justicia, Derechos Humanos y Género, que acompañan casos de feminicidio y han sido solicitantes de la alerta, señalaron que este organismo parlamentario debe tomar acciones concretas.
 
La coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada, dijo que esta Comisión no debe analizar si la alerta es viable o no, sino entender su naturaleza y revisar el impacto, porque los diagnósticos ya existen y ya se sabe qué funciona y qué no sirve.
 
Expuso que las Comisiones especiales son limitadas, porque no se sabe qué tanto podrán incidir para que los gobiernos cumplan con las recomendaciones de los expertos, por lo que pidió que las diputadas se acerquen a las agrupaciones que han solicitado este mecanismo y concreten estrategias más certeras.
 
La activista señaló que el objetivo de un organismo parlamentario como este no debería ser la revisión sobre cómo funciona un protocolo sino revisar cómo un gobierno implementa las recomendaciones y detectar deficiencias, pues sólo así el Congreso ayudará a lograr cambios en la materia.
 
Hasta ahora no se prevé fecha para la próxima sesión de la Comisión, aunque se tiene planeada una reunión con sociedad civil para escuchar a profundidad los argumentos y plantear una ruta de trabajo
 
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