PSOE

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) elevará al Congreso, que las madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas y ex parejas sean consideradas víctimas directas de la violencia de género.

La portavoz adjunta de Igualdad por el PSOE en el Congreso de los Diputados y secretaria de Servicios Sociales, Dependencia y Discapacidad del PSOE de Andalucía, Carmen Cuello, manifestó que que “elevará al Congreso iniciativas para que las madres cuyos hijos e hijas sean asesinados por sus parejas y ex parejas sean consideradas legalmente víctimas directas de la violencia de género”.

Así lo puso de manifiesto tras mantener un encuentro en Huelva con Ruth Ortiz, en el que también estuvo presente la diputada nacional por Huelva, Pepa González Bayo. La socialista destacó que “desde esta formación vamos a atender las reivindicaciones de todas estas madres que en nuestro país están pasando por una situación similar a la de Ruth”.

A juicio de Carmen Cuello, “es una reivindicación lógica y justa que va a tener todo nuestro apoyo”. En esta línea, ha resaltado que “el Pacto de Estado contra la Violencia de Género es un pacto vivo y, por tanto, vamos a estar atentos para recoger todas aquellas demandas que se nos planteen para que se cumplan las expectativas y se resuelvan estas situaciones tan trágicas para muchas familias”.

Así, la dirigente socialista indicó que “hasta el momento uno de los avances que se han hecho ha sido reconocer que los hijos e hijas de las mujeres víctimas, sean también víctimas directas de la violencia de género. Por eso, creemos que lo mismo debe ocurrir con las madres cuyos hijos sean asesinados por sus parejas y ex parejas, como ellas mismas reivindican”.

Carmen Cuello subrayó que “estas mujeres, al ser consideradas víctimas de violencia de género, tendrán derecho a todas las prestaciones  que vienen recogidas en la Ley Integral, por ejemplo la atención psicológica, el apoyo jurídico y una prestación relativa al traslado de residencia”.

La diputada socialista reseñó que “aunque ya hay más de 200 medidas sobre la mesa para este Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aún estamos abiertos a todas aquellas peticiones que vengan a enriquecer y a sumarse al mismo. Sin lugar a dudas, todas estas medidas van a ser positivas para las víctimas, por eso desde el PSOE también pedimos celeridad en la aplicación de los acuerdos”

Por su parte, Ruth Ortiz agradeció la atención prestada por el PSOE y ha incidido en que “está dispuesta a luchar con todas sus fuerzas, junto a otras madres que han pasado por esta situación, como son Margarita (Galicia), Gema (La Palma del Condado) o María (Cuenca).

“Pedimos un cambio legislativo para defender a todas aquellas madres a las que matan a sus hijos, no ya por nosotras, sino por casos futuros que deseamos que ojalá nunca se produzcan”.

*Este artículo fue retomado del portal de la revista feminista Tribuna Feminista.

17/RED

Numerosas voces se han alzado estos días para alertar sobre las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y, en especial, en el final de la pasada semana. Un grupo de mujeres hacen huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid y son apoyadas por diversas asociaciones, medios y decenas de personas que acuden un día sí y otro también a mostrar su indignación por lo que está sucediendo.

Mientras, el Partido Popular (PP) no se digna a aparecer –tampoco Ciudadanos- en el acto celebrado en el Congreso por la Plataforma 7N, justamente centrado en el trabajo desarrollado por la subcomisión que apunta a lograr un pacto de Estado contra la violencia machista. 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolores Montserrat, afirmó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al Gobierno,  que el machismo no se acaba con más dinero –no pasa nada con los recortes-. Eso sí, como golpe de efecto ante la “alarma” desatada por la “acumulación” de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, el jueves se convocó una reunión de urgencia entre representantes de Sanidad, Justicia, Interior y Educación, en la que se acordó, entre otras cosas, la creación de un órgano interministerial en el que estarán representados los Ministerios, la Federación Español de Municipios y Provincias (FEMP), las Comunidades Autónomas (CCAA) (por turnos de dos) y portavoces de todos los grupos parlamentarios.

¿Cómo se piensa acometer la ampliación del concepto de violencia de género, si ni siquiera se es firme con el compromiso con la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja? El Convenio de Estambul, ratificado por España, obliga a reconocer otras formas de manifestación de la violencia machista. Ese es uno de los asuntos fundamentales que serán debatidos en la subcomisión de violencia de género del Congreso, sobre lo cual la Plataforma 7N, que expondrá sus argumentos como representante de múltiples voces expertas y del movimiento de mujeres que lo conforma, tiene mucho que decir y aportar.

“GOLPES DE EFECTO”

Pero el Gobierno y el PP han preferido no escuchar a las mujeres y tratar de dar “golpes de efecto” ante lo evidente: las seis mujeres asesinadas por violencia machista en un lapso de cuatro días, entre el 19 y el 22 de febrero pasado.

Muchas de las presentes en las jornadas organizadas en el Congreso de los Diputados por la Plataforma 7N, que reunió a unas 200 participantes venidas desde toda la geografía española para hablar de violencia machista, manifestaron públicamente su "decepción" e "indignación" por el hecho de que ni el Partido Popular ni Ciudadanos estuvieran presentes en el evento.

"Muchas hemos recorrido cientos de kilómetros para estar hoy aquí y poder debatir con nuestros representantes políticos la grave situación de la violencia machista que se ha cobrado la vida de 20 mujeres en lo que va de año", manifestó una de las participantes que venía del País Vasco. Tampoco estuvieron presentes Partido Nacional Vasco (PNV), aunque se excusó, ni Esquerra Republicana.

Sí lo hicieron Marta Sorlí, portavoz de igualdad de Compromis, aunque salió al acabar su exposición y no pudo quedarse al debate; Ángela Rodríguez, secretaria de Coordinación e Igualdad de Podemos, y Ángela Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE.

De algún modo, según expresaron Ángeles Álvarez y Ángela Rodríguez, quienes forman parte de la subcomisión del Congreso, las medidas anunciadas tras la reunión el pasado jueves de la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, con el de Interior y el de Justicia son un “ataque directo” al trabajo que se está desarrollando.

"Estamos encantados de que el gobierno cree todos los organismos que cree oportunos para combatir la violencia contra las mujeres, pero ha anunciado la creación de un organismo en el que están los portavoces de los grupos políticos y la Federación de Municipios sin que se hayan molestado en levantar el teléfono para hablar con ellos, por lo que tienes la sensación de que funcionan en clave de ocurrencia", afirma Álvarez.

No podemos resignarnos a soportar el goteo trágico de feminicidios como una cuestión inexorable. No podemos basar nuestra implicación en repetir “denuncia, llama al 016” cual consigna. No podemos delegar la responsabilidad de la lucha contra el patriarcado y su manifestación más violenta en las y los representantes políticos, aunque sea preciso recordar que Sí, el dinero contribuye a luchar contra el machismo, cuando se invierten recursos en prevenir, en sensibilizar, en educar, en salud, en formación de las personas profesionales que intervienen en los procesos de detección, denuncia, ayuda y protección a las mujeres que sufren violencia. Y no, por ejemplo, en fortalecer las estructuras militares y financieras.

Pero más allá de leyes y herramientas, o más bien a la vez, el reto ha sido recientemente definido por una de las representantes de la Plataforma Feminicidio.net: “El reto es que la soledad de la mujer que sufre el aislamiento y la violencia machista, se convierta en un problema compartido y que la solución sea comunitaria. Tuya y mía, una cuestión personal con anclaje social”.

17/RED/GG  

Celia Cánovas, senadora de la Provincia Tarraconense registró una moción por la que se insta al Gobierno a modificar la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, para que las mujeres denunciantes de violencia reciban asistencia jurídica desde el primer momento.  
 
La iniciativa reconoce el avance legislativo que esta ley supuso en el ordenamiento jurídico español, si bien señala que “la cifra de 44 mujeres asesinadas con la que se cerró 2016 no permite que bajemos la guardia”.
 
Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2015, los procedimientos penales contra el agresor se inician en un 94 por ciento de los casos a partir de una denuncia de la víctima interpuesta ante las Fuerzas y Seguridad del Estado. Y, aunque la legislación actual reconoce la asistencia jurídica gratuita para las mujeres que denuncian sufrir violencia machista, lo cierto es que en numerosos casos esta no la reciben desde el primer momento.
 
La medida ya fue propuesta por los partidos Socialista Obrero Español (PSOE) y Ciudadanos en los acuerdos de los Grupos parlamentarios en el Congreso, para abrir el camino a la creación de la Subcomisión para que elaborara el documento del Pacto contra la violencia
 
Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) relativos al tercer trimestre de 2016, un 12.5 por ciento de las mujeres denunciantes se acogen posteriormente a su dispensa a no declarar contra sus agresores.
 
El hecho de que la violencia machista se produzca en la mayoría de los casos en la más estricta intimidad de la pareja, unido a la existencia de vínculos afectivos entre agresor y víctima, coloca a la mujer en una situación de máxima vulnerabilidad.
 
Por ello, Unidos Podemos propone también la creación de un servicio de urgencias en cada Colegio de Psicólogos, integrado por especialistas que asistan a las víctimas antes de la interposición de la denuncia y que hagan un seguimiento permanente a su caso, a fin de apoyarla y ayudarla a lo largo de todo ese difícil proceso.
 
Unidos Podemos propone modificar el Artículo 20 de la Ley Orgánica 1/2004, introduciendo en su primer apartado la obligatoriedad de que las mujeres denunciantes de violencia machista reciban desde el primer momento asistencia jurídica.
 
La moción presentada también propone incorporar un quinto apartado al mencionado Artículo 20, que regule la creación de un Equipo de Urgencia, formado por profesionales de cada Colegio de Psicológos, para atender a las víctimas desde que deciden presentar denuncia contra sus agresores.
 
*Este artículo fue retomado del portal de Tribuna Feminista
 
17/RED/GGQ