Rafael Moreno Valle

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Secretaría de Gobernación a decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG), luego de que el Grupo de Trabajo concluyera el pasado 7 de julio que no había elementos para declarar procedente el mecanismo.
 
La CNDH, quien forma parte del Grupo de Trabajo, argumentó en un “voto razonado” su inconformidad en la resolución del grupo integrado para atender la AVG en Puebla, es la primera vez que la institución nacional de DH se pronuncia sobre el proceso de este mecanismo y hace un análisis sobre un dictamen final.
 
En el documento conformado por tres apartados (contexto, presupuesto y cumplimiento) la Comisión argumenta que el Grupo de Trabajo omitió las anomalías que contenía el reporte de cumplimiento de la AVG del gobierno entonces encabezado por Rafael Moreno Valle, entre las que destaca la falta de transparencia en el uso de recursos federales que ascienden a más de 2 millones de pesos.  
 
SOBRE EL PRESUPUESTO
 
En el documento publicado este 28 de julio en el portal oficial de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), la CNDH externó que una de sus preocupaciones centrales es la solicitud, asignación y uso de presupuesto por parte del gobierno poblano para atender las recomendaciones del Grupo de Trabajo.
 
La Comisión constató que el gobierno estatal gastó más de 3 millones de pesos en el diseño de dos programas para capacitar a sus funcionares públicos en perspectiva de género a través del Instituto Poblano de las Mujeres (IPM), mientras en su informe de cumplimiento la entidad reportó una cantidad inferior.
 
Lo anterior resulta preocupante, agregó, pues de acuerdo con la inversión hecha en los programas, 2 millones 522 mil pesos provienen de fondos federales del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).
Además, “llama la atención”, dice el documento, la aprobación de 2 millones 600 mil pesos para la elaboración de un diagnóstico que permita reconocer los tipos y modalidades de violencia en Puebla, sin que se cuente hasta ahora con dicha investigación, “ni con una propuesta metodológica o cronograma de actividades”.
 
También consideró una omisión por parte de la Fiscalía General del estado no asignar un presupuesto mayor para atender los casos de violencia contra las mujeres, al excusarse que ya había asignado el presupuesto de egresos estatal para 2017.
 
SOBRE EL CONTEXTO
 
De acuerdo con la CNDH el estado de Puebla se ubica a nivel nacional como la décima entidad con el mayor número de asesinatos de mujeres, sin que hasta ahora el gobierno de Antoni Gali pueda tener una base de datos con cifras confiables para reconocer la magnitud de esta violencia, “contraviniendo así no sólo las conclusiones del informe del Grupo de Trabajo, sino también los instrumentos internacionales en la materia”, indicó.
 
Sólo se cuenta con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) que reportan que en 2015 se cometieron 94 asesinatos de mujeres calificados como “homicidios” y 30 como feminicidio.
 
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
 
La CNDH refirió que el estado de Puebla tiene las siguientes obligaciones constitucionales: promover, respetar y garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y la obligación de proporcionarles una vida libre de violencia.
 
Por lo que respecto a la difusión del ejercicio de sus derechos, la Comisión indicó que resulta limitada la generación de campañas para la población local además de excluir a la población hablante de la lengua indígena, y señala que se debe buscar “incidir en la estructura social para crear una verdadera sensibilización y cambio cultural sobre la violencia de género”.
 
Además el estado no garantiza la seguridad de las mujeres, la CNDH detecta que no se cumplen las órdenes de protección y no se incorporan los elementos necesarios para valorar los riesgos, del mismo modo, no se tienen reportes sobre el seguimiento de dichos mecanismos de seguridad.
 
EXHORTO A SEGOB
 
“Las acciones llevadas a cabo –por el gobierno de Puebla- no son suficientes para contribuir a la prevención y erradicación de la violencia feminicida en el marco del procedimiento de la AVG” –concluye la Comisión y continúa- “si bien se reconoce que los indicadores se determinaron teniendo en cuenta las opiniones de todas y todos los integrantes del Grupo de Trabajo, la CNDH no comparte la valoración final”.
 
Por último, el documento dirigido a la Secretaría Técnica del Grupo de Trabajo y la Secretaría de Gobernación (Segob), los exhorta a decretar la alerta que fue pedida en marzo de 2016 por el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos.
 
Cabe recordar que el Grupo de Trabajo estuvo conformado por funcionarios de la Secretaría Ejecutiva, José Luis Peña Colín y Gabriela González; de Conavim, María Waded Simón y Katia Chavéz; la directora del IPM, Verónica María Sobrado.
 
El personal académico fue de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Elva Rivera Gómez;  Catalina Aguilar de la Universidad de las Américas Puebla; del Instituto Tecnológico Autónomo de México, Héctor Alberto Pérez; y la Universidad Nacional Autónoma de México,  Mario Fausto Gómez.
 
17/HZM

Tanto el titular de la Secretaría General de Gobierno del estado de Puebla (SGG), Diódoro Carrasco Altamirano, como el área de comunicación social de la dependencia, mintieron sobre la fecha en que se entregó el informe final sobre las 11 recomendaciones hechas por el grupo de trabajo de la Conavim para evitar que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Puebla, pues aunque ambos afirmaron que tuvo lugar el 29 de diciembre, en realidad sucedió hasta el 17 de enero.
 
De hecho se trató de una mentira innecesaria, pues de acuerdo con la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), el gobierno estatal debía entregar el informe sobre la implementación de las 11 recomendaciones 6 meses después de que las aceptó, con un plazo extra de cinco días después de dicho vencimiento.
 
Esto es: si el gobierno de Puebla aceptó las recomendaciones el 11 de julio debía entregar el informe el 11 de enero o máximo 5 días naturales después, es decir, el 16 de enero. 
 
Sin embargo, la dirección General Adjunta de la Unidad de Género de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), a cargo de Katya Vera Morales, dio a LADO B dos versiones diferentes -y sin mucho sentido– sobre el vencimiento del plazo: el 16 de enero dijo que había fenecido el 11 y que por lo tanto debía entregarlo máximo ese día, el 16; y el 23 de enero dijo que habían “solicitado” al gobierno de Puebla el informe el 13 de enero, pero que el plazo de 5 días venció el 20.  
 
Lo único claro, por parte de Conavim, es que el informe fue finalmente entregado el pasado 17 de enero.
 
SGG DIFUNDIÓ Y CONFIRMÓ INFORMACIÓN FALSA
 
El 20 de diciembre pasado, tras firmar la carta de intención para la creación del Observatorio Metropolitano de Medios, el titular de la SGG aseguró que el día 29 de ese mes se entregaría el informe final sobre el cumplimiento de las 11 recomendaciones que hizo al gobierno de Puebla el grupo de expertos, conformado por dos académicas locales y dos académicos nacionales.
 
De acuerdo con Oro Noticias, el funcionario dijo de forma textual: “No quiero ser presumido, pero no tenemos pendientes, vamos a entregar el reporte último el 29 de diciembre y por supuesto como ocurre cuando hay una instancia tercera, tocará a la Conavim, con quien tenemos una comunicación permanente, sistemática, hacer la valoración correspondiente”.
 
La mentira del secretario se hizo aún más grande cuando el 9 de enero, el área de comunicación de la SGG en voz de Francisco Sánchez Cervantes, confirmó a LADO B que el 29 de diciembre sí habían entregado el informe a la Conavim en un evento que supuestamente no fue público. Ahora sabemos que en realidad nunca ocurrió.
 
Curiosamente el 29 de diciembre se cumplieron 6 meses desde que el gobierno aceptara las recomendaciones aunque sólo de forma mediática (boletín de prensa 131 de la SGG), pues de manera formal -como ya se dijo- la admisión fue el 11 de julio.
 
LA SOLICITUD DE ALERTA
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos, solicitaron la AVG en Puebla ante el nivel de la violencia de todo tipo, incluida la violencia feminicida, y las omisiones del gobierno.
 
Dado que la Conavim aceptó la solicitud, el 22 de abril se lanzó la convocatoria para conformar el grupo de trabajo que analizó la violencia de género y dio a conocer su informe el 28 de junio, el cual contiene 11 recomendaciones.
 
Entre las acciones que se deben ejecutar a petición del grupo están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; capacitar a los funcionarios estatales en Derechos Humanos y perspectiva de género; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
NO HAY PLAZO PARA ANÁLISIS FINAL
 
En cuanto al tiempo que tiene el grupo de trabajo para analizar la información que entregó el gobierno estatal, Vera Morales comentó que “no se cuenta con un plazo específico ni en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia ni su Reglamento”, por lo que de ninguna manera se decretará la AVG en el gobierno de Moreno Valle, al que sólo le quedan 5 días.  
 
Al respecto la vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, dijo en entrevista para LADO B que es justo en esta parte del proceso donde la Comisión falla, ya que no hay una fecha límite para que se entreguen las observaciones y se les notifique a las organizaciones promoventes.
 
“Como puede que tarde 3 meses, como puede que se echen 8 meses (…), a la Conavim no se le ponen muchos plazos ni en la ley ni en el reglamento, ni a los otros órganos, entonces allí hay mucha dilación”.
 
En términos generales Lagunes Viveros confió en que el dictamen sobre las recomendaciones sea imparcial, aunque tiene algunas dudas sobre si el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mario Fausto Gómez Lamont, quien forma parte del grupo de trabajo opinará en contra del gobierno de Puebla, aun cuando el padre del gobernador Rafael Moreno Valle fue presidente de la Fundación UNAM (2008-2013).
 
Según la página oficial de la Conavim de las 20 solicitudes de alerta de género para los estados se han declarado siete: México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León y Veracruz. Mientras que las alertas para Guanajuato y Baja California se desecharon, están en trámite las de Colima, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
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