mujeres en la migración

Estados Unidos (EU) tiene la obligación internacional de garantizar los Derechos Humanos de las personas migrantes, pero decidió ausentarse de los espacios donde organizaciones y sociedad civil discuten el problema, lo que evidencia la falta de compromiso de la administración de Donald Trump por proteger estos derechos, lo que afecta principalmente a las mujeres y niñas.
 
Así lo indican 14 organizaciones civiles, entre ellas la Comisión de Mujeres Refugiadas (WRC, por sus siglas en inglés) y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), en una carta dirigida al secretario del Estado de EU, Rex Tillerson, quienes han insistido y destacado el riesgo que enfrentan mujeres y niñas en su trayecto hacia EU: pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral, incluso asesinadas.
 
En el documento critican la deserción de las autoridades estadounidenses para participar en las audiencias celebradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el 21 de marzo de 2017, lo que marca un “peligroso precedente” y contraproducente para abordar las violaciones de los derechos de personas migrantes en toda la región.
 
Las agrupaciones recordaron al Secretario de Estado que no debe eludir a estas responsabilidades, pues han pasado dos décadas consecutivas desde que EU participa en este proceso de la CIDH, hasta ahora.
 
El cierre de las fronteras, como la construcción del muro fronterizo con México, y la regulación de la participación política y económica de EU, tal como sucede con la negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC), son acciones características de regímenes autoritarios, contrarias a naciones democráticas que velan por los derechos universales, cuestiones que se deben tomar con severa precaución, indicaron las organizaciones.
 
Entre los temas discutidos ante el organismo del Sistema Interamericano –donde el lugar reservado para las autoridades estuvo vacío- se destacó la participación de las mujeres y niñas en los procesos migratorios, quienes, dijeron las organizaciones especializadas, son las principales afectadas por las políticas migratorias ejecutadas por Trump.
 
De acuerdo con datos de Imumi, cerca de 20 mil mujeres cruzan cada año la frontera sur de México con intensión de llegar a EU, sin embargo, en su trayecto es peligroso, pueden ser extorsionadas, cooptadas por redes de trata de personas, ser víctimas de agresiones sexuales y explotación laboral.
 
De la misma manera, en la audiencia de la que se ausentaron autoridades estadounidenses, se planteó la falta de acceso al derecho de asilo en EU, lo que significa para ellas y sus familias, condenarlas a la muerte o desaparición, ya que se verían obligadas a retornar a los territorios de lo que huyeron por violencia como El Salvador, Honduras y Guatemala.
 
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés), indicó que en 2015 y 2016 fueron detenidas en la frontera entre México y EU, más de 180 mil niñas, niños y sus familias, a quienes, en su mayoría, se les niega el derecho al asilo a pesar de las razones por las que migraron.
 
Por último, en el documento hicieron un llamado a la administración estadounidense en general para  defender los Derechos Humanos y reafirmar su compromiso internacional ante instituciones como la CIDH.
 
17/HZM/GG
 

Ante los discursos contra las personas migrantes, xenófobos y racistas emitidos por el presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump, académicas, ONU Mujeres, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Sin Fronteras, pidieron al gobierno mexicano una estrategia política para proteger los Derechos Humanos de las mujeres migrantes y sus familias en Estados Unidos.
 
A través de un manifiesto emitido en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” que se realizará hoy y mañana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las agrupaciones recalcaron que las futuras políticas de Donald Trump podrían afectar a las 5.5 millones de mujeres migrantes mexicanas que viven en el país vecino.
 
Sobre a todo, apuntaron, a las que se emplean en el trabajo del hogar, las que están en peligro de separación familiar, o bien, que están en situaciones de violencia familiar y tienen miedo de denunciarlo.  
 
La directora de la organización civil Sin Fronteras, Nancy Pérez, recordó que México enfrenta un momento de “debilidad y falta de respuestas” por parte del Estado mexicano, sin embargo, recalcó que será obligación de Enrique Peña Nieto aclarar la posición que tomará con este panorama mundial, ya que una de las agendas que se colocará de manera central en las discusiones internacionales y nacionales es la migratoria.
 
“México tiene una gran oportunidad, en primer lugar, resarcir el daño que desde nuestro país se ha provocado a esta población y en segundo, generar condiciones para que el país pueda convertirse en un santuario para las y los migrantes”, declaró Nancy Pérez.
 
La Coordinadora de Proyectos en Materia de Migración de ONU Mujeres, Mónica Corona, dijo que las autoridades mexicanas deben prestar especial atención a las trabajadoras del hogar, quienes en su mayoría no cuentan con la protección de sus derechos laborales, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) 41 por ciento de las migrantes mexicanas se dedican a labores del hogar y limpieza.
 
Mónica Corona señaló que México tiene la obligación de cumplir con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) -adoptada por el país en 1999- y su recomendación general número 26 que busca proteger los derechos de las trabajadoras migrantes.
 
Agregó que si bien las mujeres siempre han estado presentes en los flujos migratorios, en los últimos años su participación se incrementó. En el mundo, de las 150 millones de personas migrantes, 44 por ciento son mujeres, de éstas, más del 70 por ciento son empleadas del hogar.
 
Por último, las organizaciones hicieron un llamado a construir políticas nacionales de reinserción y arraigo que incluyan acceso pleno a servicios de salud, educación e identidad para las mujeres y sus familiares.
 
Recomendaron a las autoridades mexicanas reconstruir relaciones de respeto con países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de favorecer acciones comunes en la agenda migratoria frente a EU.
 
17/HZM/LGL