Centro Prodh

En el municipio de Tapachula, Chiapas, en la frontera sur del país, organizaciones civiles con trabajo en Derechos Humanos documentaron que existe un patrón de criminalización hacia mujeres de origen centroamericano, quienes son acusadas de los delitos de trata de personas o lenocinio.

En colaboración con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México (Prami), presentó en noviembre la investigación “Criminalización de mujeres migrantes”, en el que analizaron cinco casos de migrantes centroamericanas y una mexicana, acusadas por el delito de trata de personas en Tapachula.

En 2013 el Prami participó en la Caravana de Madres de Migrantes Desaparecidos que ingresa cada año al territorio mexicano, ahí conocieron que un grupo de mujeres migrantes permanecían privadas de la libertad en el Centro de Reinserción Social Femenil Número 4 (CERSS) ubicado en Tapachula, todas, acusadas por el delito de trata de personas.

Esta situación llevó a las organizaciones civiles a sistematizar los datos de las personas centroamericanas recluidas en prisiones de Chiapas. Observaron que a diferencia de los hombres (acusados de homicidio, posesión de armas, y delincuencia organizada) a las mujeres les imputaban delitos de trata, lenocinio o delitos sexuales.

De acuerdo con la investigación, en 2015 en el CERSS de Tapachula había 96 mujeres privadas de su libertad; 23 de ellas estaban acusadas por el delito de trata de personas, la mayoría (70 por ciento) provenían de Honduras, El Salvador y Guatemala.

Dos años después, en 2017, sólo una permanecía en reclusión puesto que en los otros casos no hubo elementos para corroborar que cometieron el delito.

Con estos datos las organizaciones se acercaron a seis mujeres migrantes del CERSS acusadas de trata de personas, en todos los casos encontraron que no había pruebas que las responsabilizara del ilícito, asimismo, había irregularidades en las investigaciones, fueron engañas o torturadas para confesarse culpables y nunca se respetó su derecho al debido proceso y su presunción de inocencia.

LOS CASOS

Rosa Elvia Murcia Díaz, una mujer hondureña que viajó a México para encontrar mejores condiciones de vida, estaba en proceso de solicitar una estancia por razones humanitarias en Tapachula. En 2015, un joven se le acercó preguntando la hora, después le pidió “ayuda para conseguir a cinco mujeres para su fiesta de despedida de soltero”. Elvira terminó la conversación y se fue.

Un día después, un grupo de personas encapuchadas vestidas de civil la obligaron a subir a una camioneta amenazándola con un arma de fuego y con asesinarla y violarla. La mujer se dio cuenta que uno de los captores era el joven que se acercó con ella el día anterior.

Después la obligaron a firmar un papel en blanco. En horas, la Policía Federal la presentó ante los medios de comunicación junto con dos hombres de nacionalidad mexicana y uno de Nicaragua –que no conocía- como parte de un operativo “exitoso contra la trata de personas por explotación sexual comercial”, en el que rescataron a seis mujeres menores de edad.

La versión oficial dijo que la detuvieron en una casa donde explotaba sexualmente a cuatro menores de edad mexicanas y dos centroamericanas. Las personas que hicieron la denuncia nunca se presentaron a declarar y hasta 2017 continúa en el CERSS de Tapachula en espera de que acepten la tercera apelación que impone a la sentencia de cinco años de cárcel que le dictaron.

Otro caso es el de la hondureña de 41 años de edad, Lorenza Obdulia Reyes. En octubre de 2014 un operativo “anti-trata” de la Policía Federal y Fronteriza irrumpió en el bar de Tapachula donde trabajaba como mesera. En este también participó un agente del Instituto Nacional de Migración (INM), quien dijo que el operativo no estaba autorizado y simplemente se retiró de la zona.

Lorenza fue detenida en el Ministerio Público, un policía se acercó y le advirtió que no firmará nada, pues sabía que era inocente. Sin embargo, las autoridades ministeriales la engañaron para que firmara unos papeles en blanco sobre su liberación. Ella aceptó pero fue trasladada al CERSS de Tapachula.

La acusaron de trata de personas con fines de explotación laboral con tres años de prisión e impidieron a sus compañeras de trabajo que declararan a su favor.

Entre las entrevistas por las asociaciones, también está el caso de una mexicana perteneciente al municipio de Tapachula, Rosario Noriega Soto. Ella relató que unos policías vestidos de civiles llegaron a su casa y le dijeron a ella y a su esposo que su hija estaba en el hospital. Subieron a una patrulla con ellos y los trasladaron a la Estación Migratoria Siglo XXI.

Más tarde, a Rosario Noriega la policía fronteriza la interrogó y obligó a firmar un documento tapándole con una mano el texto, con éste la trasladaron directamente al Centro de Reinserción Social Femenil de Tapachula. Ahí, el alcalde de la prisión la regresó a la estación migratoria porque no cumplieron los requisitos para ingresarla, finalmente la sentenciaron a 20 años de prisión por el delito de trata con fines de explotación sexual comercial.

Otras de las mujeres entrevistadas del CERSS fue la guatemalteca Guadalupe Pérez Rodríguez, acusada de trata de personas con fines de explotación sexual. Ella fue detenida sin justificación en el bar donde trabajaba, y como en los otros casos, firmó unos documentos de los cuales desconocía su contenido porque no sabía leer ni escribir.

Santa María Rosales proveniente de Honduras fue detenida en su casa por la policía local Fronteriza. Sin orden de cateo, la llevaron a la Fiscalía Especializada en Atención a los Delitos Cometidos en Contra de Inmigrantes. Ahí la torturaron y obligaron a declararse culpable del delito de trata. Su hija terminó en situación de calle por el arresto.

Lilian Elizabeth Aguilar, de Guatemala, buscó liberar a su sobrina de un hombre que la explotaba sexualmente. Pidió ayuda a la Fiscalía de Atención al Migrante en Tapachula, pero la arrestaron, la golpearon y acusaron del delito de trata.

Al menos cinco de estas mujeres, con excepción de la hondureña Rosa Elvira, apelaron las sentencias y por falta de pruebas para determinar que cometieron el delito de trata de personas obtuvieron su libertad, indica la investigación.

CRIMINALIZACIÓN DE MUJERES MIGRANTES

Las asociaciones civiles señalan que estas detenciones arbitrarias de mujeres migrantes se dan un contexto de vulnerabilidad; ellas trabajan en bares y su estatus migratorio es irregular. No saben leer o escribir, y tampoco tiene dinero para solventar los gastos de un abogado.

La organización de las mujeres migrantes privadas de la libertad en el penal de Tapachula, ha sido fundamental para su liberación. Entre ellas Lilian Aguilar y Santa María comenzaron huelgas e informaron a sus compañeras que podían apelar sus sentencias por ser injustas. La vigilancia de las organizaciones también ha sido clave.

Según la investigación, las cifras oficiales del Instituto Nacional de Migración muestran un incremento en los últimos cuatro años de detenciones y deportaciones: en 2013 fueron detenidas 86 mil 298 personas migrantes en el territorio, de estas, 80 mil 902 fueron deportadas.

En 2014 la cantidad de detenciones creció a 127 mil 149 (deportaron al 85 por ciento); 2015 fue el año con mayor número de deportaciones: 181 mil 163 de 198 mil 141 detenciones. Para 2016 la cantidad de deportaciones decreció a 147 mil 370.

17/HZM/LGL

Construirán Casa de la Partera en los Altos de Chiapas
Ciudad de México.- Con el fin de que tengan un espacio para atender a las mujeres tzeltales que acuden a parir con parteras, alumnos de la licenciatura de Arquitectura de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, construirán “la Casa de la Partera” en los Altos de Chiapas, al sur del estado.
 
La construcción iniciará en diciembre próximo en este municipio ubicado en uno de los estados donde más mujeres fallecen como consecuencia del embarazo, parto y puerperio, tan sólo en el primer semestre de este año ocurrieron 40 decesos de mujeres por esta causa.
 
Debatirán “Avances en la agenda legislativa de las mujeres” en Oaxaca
Oaxaca, Oax.- El Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos (GESMujer), la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (ddeser) y otras organizaciones convocaron a la mesa de análisis “Avances en la agenda legislativa de las mujeres”, el próximo martes 22 de noviembre a las 10:00 horas.
 
En el evento acudirán ex diputadas integrantes de la Comisión de Igualdad de la LXII Legislatura que recién concluyó. La cita es en las instalaciones del Hotel Oaxaca Real ubicado en García Vigil 306, Centro Histórico, Oaxaca.
 
Caravana de madres se reunirá con Movimiento de Desaparecidos
Ciudad de México.- El próximo 24 de noviembre a las 16:00 horas en el Hemiciclo a Juárez se reunirán las integrantes de la Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos con las familias del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México.
 
En un comunicado, los movimientos señalaron que el objetivo del encuentro es compartir y visibilizar los esfuerzos que estos han llevado a cabo para encontrar a sus familiares desaparecidos, y de la exigencia hacia las autoridades para que ejecuten mecanismos de búsqueda e investigación.
 
Centro Prodh presentará informe sobre defensoras de Derechos Humanos
Ciudad de México.- El Centro Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) presentará el próximo 29 de noviembre, la investigación  “El enfoque de género en la protección a defensoras de derechos humanos: Las experiencias de México y Honduras”, un trabajo de las organizaciones Asociadas por lo Justo (JASS), Protection International y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).
 
La presentación se realizará a las 12:00 horas en el Auditorio del Centro Prodh ubicado en la calle de Serapio Rendón 57-B, colonia San Rafael, delegación  Cuauhtémoc, Ciudad de MéxicoCasa de la Partera, Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, parteras tzeltales, GESMujer, ddeser, Avances en la agenda legislativa de las mujeres, Comisión de Igualdad de la LXII Legislatura. Caravana de Madres Centroamericanas de Migrantes Desaparecidos, Centro Prodh
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16/GMV/LGL
 

Luego de pasar 5 años en prisión en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 16 en el estado de Morelos, las veracruzanas sobrevivientes de tortura sexual, Denise Blanco, Korina Utrera y Wendy Hernández fueron liberadas.
 
Las mujeres fueron detenidas sin orden de aprehensión por elementos de la Marina Armada de México en Villahermosa, Tabasco, el 27 de agosto de 2011 y llevadas a una instalación militar en Veracruz, en donde permanecieron retenidas 36 horas.
 
Durante el tiempo de su retención fueron torturadas, abusadas sexualmente y violadas. Las acusaron de pertenecer a un grupo delictivo y su proceso penal estuvo lleno de irregularidades.
 
En un comunicado, el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), señaló que las mujeres fueron puestas en libertad, luego de que el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Veracruz ordenara su liberación.
 
Al salir de prisión, Denise Blanco dijo que su libertad es “tener de nuevo vida que se suspendió sin sentido, rehacer el tiempo perdido”.
 
Mientras que Korina Utrera, refirió “la libertad es volver a nacer junto a mi familia y la gente que me apoyó. Hoy es una nueva vida para mí, estoy de frente y de pie, quiero justicia”.
 
Por su parte, Wendy Hernández, explicó que para ella la libertad significa “estar con la mirada al frente y con sed de justicia”.
 
En días pasados, las mujeres sobrevivientes de tortura sexual  se integraron a la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” que realizan varias organizaciones civiles entre las que se encuentran el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, Asociadas por lo Justo (JASS), entre otras.
 
En el comunicado, las organizaciones integrantes de la campaña reconocieron que la liberación de las mujeres representa un primer paso para la justicia y exigieron que la Procuraduría General de la República (PGR) no apele la decisión del juez e investigue las denuncias de tortura de las mujeres y garantice que éstas puedan interponer recursos efectivos y reciban una reparación integral.
 
El 5 de mayo de 2014 inició la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” con el caso de las sobrevivientes de tortura sexual en el operativo policial de San Salvador Atenco, en mayo de 2006.
 
Actualmente la campaña “Rompiendo el Silencio. Todas Juntas contra la Tortura Sexual” tiene documentados 19 casos de mujeres torturadas sexualmente por distintos agentes de seguridad.
 
16/GMV/LGL

Inmujeres-DF presenta aplicación para dispositivos móviles “Vive Segura CDMX”
Ciudad de México.- El Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF) dio a conocer una aplicación para dispositivos móviles que utilicen sistema operativo Android, la cual contiene información sobre Derechos Humanos de las mujeres y un directorio de servicios de atención a víctimas de violencia.
 
Las usuarias de la aplicación, podrán reportar en línea situaciones de acoso o violencia sexual en espacios públicos y transporte público de la capital, además de poder acceder a un Ministerio Público Virtual para formalizar las denuncias.
 
Con la información recabada se podrán identificar situaciones y zonas de riesgo para niñas y mujeres en la capital mexicana.
 
Para descargar la aplicación visita www.vivesegura.cdmx.gob.mx

UNAM convoca a concurso “Cuerpo y mentes en movimiento”
Ciudad de México.- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Programa Universitario de Estudios de Género (PUEG) y el Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DocsDF) convocaron a la comunidad universitaria a participar con documentales en el concurso “Cuerpos y mentes en movimiento”.
 
A través de documentales con duración de 1 a 3 minutos los participantes reflexionarán sobre los estereotipos femeninos y masculinos en el deporte y la violencia de género, y tendrán que proponer acciones concretas para promover un cambio cultural.
 
Se puede participar individualmente o en grupo y los trabajos tienen que haber sido realizados a través de celulares, cámaras fotográfi­cas o videocámaras domésticas. Fecha límite para concursar el 16 de octubre de 2016. Más información en: http://www.pueg.unam.mx/images/pdf/CONVOCATORIA_cuerpo-final.pdf

Centro Prodh realizará encuentro de personas defensoras de Derechos Humanos en Veracruz
Ciudad de México.- El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y otras organizaciones civiles llevarán a cabo el 9 y 10 de septiembre en  la Universidad Veracruzana en Xalapa, Veracruz, el “Tercer Encuentro Regional de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Veracruz”.
 
Durante el evento, personas defensoras de Derechos Humanos (DH), integrantes de colectivos, movimientos, académicas e investigadores compartirán experiencias y debatirán sobre las acciones y promoción de los DH en el estado.
 
Para inscripciones y más información llamar al teléfono 01 (55) 5546 8217 extensión 102 o 120.    
 
16/GMV/LGL