Imumi

De 2011 a julio de 2014, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió en Chiapas, 153 permisos para contratar a trabajadoras del hogar extranjeras, pues se estima que un tercio de quienes se quedan a laborar en esta entidad, son de origen guatemalteco (1,402).

Estas son las cifras que brindan las expertas del Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Gabriela Díaz Prieto y Gretchen Kuhner en el artículo “México y la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares: Protegiendo a las trabajadoras migrantes”.

En él aseguran que a pesar de que el gobierno mexicano ha generado una serie de mecanismos para garantizar los derechos de las personas que migran a México en búsqueda de oportunidades laborales, las mujeres quedan fuera de estas políticas.

Las investigadoras señalan que cerca de un 20 por ciento de las 40 mil personas migrantes que cruzan anualmente de forma irregular son mujeres y que la migración femenina se incrementó a partir de 2012  (12 mil 500) alcanzando su punto más alto en 2014 (aproximadamente 25 mil) por el incremento de la violencia en Centroamérica.

No obstante, lejos de brindarles protección y garantizarles el derecho a la salud, educación y empleo, en un año aumentó al doble el número de mujeres migrantes detenidas en las estaciones migratorias (de 2013 a 2014) en México; de 13 mil 975 casos se incrementó a 28 mil 639 casos en 2014 y la deportación de niñas se triplicó de mil 800 a 5 mil 500 en el mismo período.

Esto a pesar de que México fue el primer país en signar la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares de Naciones Unidas en 1991; y el año pasado, en respuesta al tercer informe que rindió el Estado mexicano el Comité, pidió al gobierno mexicano garantizar que las mujeres laboren en espacios seguros, con contrato y servicios de salud, así como ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo.

El hecho de que la mayoría de las centroamericanas que por estatus migratorio irregular se emplean en el trabajo del hogar y las industrias del entretenimiento, hace que se enfrenten a abusos y constantes violaciones a sus derechos, precisan en el texto la directora de Imumi, Gretchen Kuhner y la investigadora Díaz Prieto.

Las expertas muestran que cada año la persecución contra las mujeres migrantes es mayor. Comparan que mientras el número de hombres migrantes detenidos en la frontera de Estados Unidos incrementó un 15 por ciento entre 2013 a 2014, en el mismo periodo el número de mujeres migrantes detenidas aumentó un 74 por ciento.

Asimismo se agravó la detención de la niñez migrante: tan sólo en 2014 se concedió el estatus de refugiado a 12 de las más de 23 mil niñas y niños que fueron detenidos en México.

Este contexto resulta preocupante si se considera que la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados (Acnur) en 2014 presentó pruebas qué más del 50 por ciento de la infancia que huye de Centroamérica tienen necesidades de protección internacional.

Pero la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) carece de la capacidad de examinar a la niñez migrante que cruza el país en búsqueda de protección internacional ya que cuenta únicamente con tres oficinas en todo el país y 15 funcionarios, indican las expertas en migración.

Las autoras consideran que en temas migratorios México aún no cumple los estándares que refiere el Comité porque en “general la aplicación de leyes y políticas que promueven los derechos de las mujeres migrantes es limitado por un Estado de derecho débil, corrupto, impune y la falta de perspectiva de género”.

18/HZM/LGL

Con la llegada del presidente de Estados Unidos (EU), Donald Trump y sus recientes órdenes ejecutivas que atentan contra los Derechos Humanos (DH) de las personas migrantes, resulta imperante que el gobierno mexicano tenga un estrategia política para la protección de las mujeres que podrían ser deportadas a nuestro país, concuerdan especialistas.
 
Durante el 25 y 26 de enero académicas, especialistas en DH y las organizaciones ONU Mujeres, Sin Fronteras, el Instituto de Migrantes Mexicanas (Imumi) y el Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), se reunieron en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), para debatir los retos que enfrenta el país en este escenario.
 
Las especialistas de las agrupaciones refirieron que las políticas públicas para atender a las mexicanas que regresen a México deberán estar enfocadas en los rubros de salud, empleo, educación y reinserción en sus comunidades tanto de ellas como de sus hijos o hijas, pues se calcula que el número de deportaciones aumenté, de 2011 a 2016 se deportaron 42 mil 928 mexicanas según cifras del Instituto Nacional de Migración (INM).
 
La directora de Sin Fronteras, Nancy Pérez, manifestó en entrevista con Cimacnoticias, su preocupación ante la falta de acción del gobierno para atender a las mexicanas, “existe un gran vacío, no se han intencionado, ni siquiera retomado en el discurso de nuestro presidente”.
 
A partir de la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994, la migración de las mujeres hacia EU aumentó en busca de mejores oportunidades laborales, ya que el tratado genero grandes cantidades de desempleo y empobrecimiento sobre todo en el campo.
 
Ahora las mexicanas tendrán que regresar a sus estados de origen que se encuentran en con condiciones totalmente precarias, señaló Pérez, pues llegarán a un lugar “que no cuenta con las condiciones mínimas de arraigo”; sin empleo, servicios básicos de salud y sobre todo, en un clima de violencia por el crimen organizado.
 
En el caso de las mexicanas que en su mayoría se emplea como trabajadoras del hogar y servicios de limpieza -41 por ciento según el Consejo Nacional de Población- y corren mayores riesgos de ser deportadas, la directora de Imumi, Gretchen Kuhner, dijo que podrían retomar sus trabajos en el país pero con pagos que les permitan apenas “la sobrevivencia mínima” en comparación con los que tenían en el país vecino.
 
Por otra parte, a las madres mexicanas que podrían ser separadas de sus hijos e hijas se les deberá dar apoyo tanto legal como emocional, señaló Kuhner. En 2016, 890 mexicanas dejaron a sus hijos o hijas y otros familiares en EU, reporta el informe de Migración y Movilidad Internacional de Mujeres en México de la Secretaria de Gobernación.
 
Cabe destacar que estas madres que fueron deportadas regresaron a entidades con altos niveles de violencia como es: Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora, Chihuahua y Coahuila.
 
“Necesitan ser abordados desde un política pública para evitar el riesgo de adiciones al crimen organizado, de suicidios, intentar cruzar la frontera de nuevo o que se agudice la violación a derechos porque se tengan que colocar en empleos donde no hay la menor regulación y se les explote descaradamente”, añadió Pérez.
 
La directora de Sin Fronteras destacó que estas políticas deberán de ser coordinadas tanto por el gobierno federal, como estatales y locales para su ejecución, y tendrán que generar programas a largo plazo, pues podrían estar en lucha los pocos recursos disponibles y empleos, para las personas que ya habitan en las comunidades y las que regresen.
 
TAMBIÉN A MIGRANTES DE CENTROAMERICA
 
México también se tendrá que hacer cargo del flujo de mujeres migrantes de Centro América en la frontera sur del país, asimismo en caso de construirse el muro si no avanza el flujo de personas migrantes, el gobierno tendrá que proveerles asilo, concluyeron las especialistas.
 
Imumi calcula que cerca de 20 mil mujeres transita esta frontera cada año para llegar a EU, la directora del Instituto señaló que el país tiene la obligación legal de proteger a las mujeres que transitan por el -independiente de su condición migratoria- y brindar los derechos básicos según la Constitución y los instrumentos internacionales que ha ratificado.
 
Sin embargo, las especialistas concordaron que esta medida se torna casi imposible ya que las autoridades mexicanas no cuentan con recursos e infraestructura para convertir a México en un país de asilo para las migrantes.
 
Por el contrario, las organizaciones apuntaron que han detectado en la frontera sur casos de violaciones de DH, como discriminación hacía las mujeres, problemas para comprar su identidad, para acceder al sistema de justicia, y servicios de salud.
 
ONGS PODRÍAN VERSE AFECTADAS POR TRUMP
 
El panorama también se dificulta para las organizaciones civiles, la directora de Sin Fronteras informó que en las próximas semanas Trump podría aprobar un recorte de presupuesto para las Naciones Unidas, que ayuda de posicionar a nivel mundial la defensa de los DH de personas migrantes.
 
“A estos gobiernos les causa cierto tipo de recelo que se les señale como violadores de derechos humanos. Si estos espacios se reducen, no tendremos quien nos apoye a nosotros para visibilizar lo que estamos pasando”, dijo Nancy Pérez.
 
Tan sólo en la primera semana de su gobierno, Trump firmó una serie de órdenes ejecutivas que afectan a las organizaciones civiles que promueven la salud sexual y reproductiva de las mujeres, con Ley Mordaza o “La Política de Ciudad de México” como se le conoce, EU que establece que cualquier organización internacional que proporcione o promueva servicios de aborto, tiene prohibido recibir fondos del gobierno.
 
También el 23 de enero en la sede del Departamento de Seguridad Nacional, Trump reafirmó su decisión al firmar la orden de construcción del muro fronterizo con México.
 
Está medida incluye la adición de 10 mil oficiales de inmigración y 5 mil nuevos agentes de la Patrulla Fronteriza. Aunque aún necesita la aprobación del Congreso para su financiamiento -oscila entre los 15 y 20 millones de dólares-, que se encuentra dominado por republicanos.
 
17/HZM

Ante los discursos contra las personas migrantes, xenófobos y racistas emitidos por el presidente de Estados Unidos (EU) Donald Trump, académicas, ONU Mujeres, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) y Sin Fronteras, pidieron al gobierno mexicano una estrategia política para proteger los Derechos Humanos de las mujeres migrantes y sus familias en Estados Unidos.
 
A través de un manifiesto emitido en el IV Simposio Internacional “Feminización de las Migraciones. Panorama de la Agenda Global” que se realizará hoy y mañana en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las agrupaciones recalcaron que las futuras políticas de Donald Trump podrían afectar a las 5.5 millones de mujeres migrantes mexicanas que viven en el país vecino.
 
Sobre a todo, apuntaron, a las que se emplean en el trabajo del hogar, las que están en peligro de separación familiar, o bien, que están en situaciones de violencia familiar y tienen miedo de denunciarlo.  
 
La directora de la organización civil Sin Fronteras, Nancy Pérez, recordó que México enfrenta un momento de “debilidad y falta de respuestas” por parte del Estado mexicano, sin embargo, recalcó que será obligación de Enrique Peña Nieto aclarar la posición que tomará con este panorama mundial, ya que una de las agendas que se colocará de manera central en las discusiones internacionales y nacionales es la migratoria.
 
“México tiene una gran oportunidad, en primer lugar, resarcir el daño que desde nuestro país se ha provocado a esta población y en segundo, generar condiciones para que el país pueda convertirse en un santuario para las y los migrantes”, declaró Nancy Pérez.
 
La Coordinadora de Proyectos en Materia de Migración de ONU Mujeres, Mónica Corona, dijo que las autoridades mexicanas deben prestar especial atención a las trabajadoras del hogar, quienes en su mayoría no cuentan con la protección de sus derechos laborales, pues de acuerdo con el Consejo Nacional de Población (Conapo) 41 por ciento de las migrantes mexicanas se dedican a labores del hogar y limpieza.
 
Mónica Corona señaló que México tiene la obligación de cumplir con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) -adoptada por el país en 1999- y su recomendación general número 26 que busca proteger los derechos de las trabajadoras migrantes.
 
Agregó que si bien las mujeres siempre han estado presentes en los flujos migratorios, en los últimos años su participación se incrementó. En el mundo, de las 150 millones de personas migrantes, 44 por ciento son mujeres, de éstas, más del 70 por ciento son empleadas del hogar.
 
Por último, las organizaciones hicieron un llamado a construir políticas nacionales de reinserción y arraigo que incluyan acceso pleno a servicios de salud, educación e identidad para las mujeres y sus familiares.
 
Recomendaron a las autoridades mexicanas reconstruir relaciones de respeto con países de Centroamérica y el Caribe, con el fin de favorecer acciones comunes en la agenda migratoria frente a EU.
 
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