La universidad tendría que ser uno de los espacios más seguros para las mujeres pero para las estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en realidad es un continuo de la violencia de género que día a día viven. Las universitarias no están exentas del hostigamiento y acoso sexual e incluso del feminicidio.

El 3 mayo de 2017 el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio sacudió Ciudad Universitaria. El cuerpo de la joven de 22 años de edad fue hallado en una caseta telefónica ubicada al lado del Instituto de Ingeniería de la UNAM. El cable del teléfono estaba enredado en su cuello.

La escena suponía un suicidio. Ante las especulaciones, de inmediato la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF) divulgó en su cuenta oficial de Twitter una serie de publicaciones en las que estigmatizó a la joven, dijo que consumía drogas, alcohol y no estudiaba. Meses después reafirmó: Lesvy cometió suicidio.

A un año del suceso la familia de Lesvy Rivera Osorio, acompañada solidariamente por estudiantes y académicas del campus y con la defensa legal del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, se abocó a develar la verdad y obtener justicia para Lesvy.

Luego de reclamos públicos y de presentar pruebas ante las autoridades la familia de la joven logró que la PGJDF reclasificara el caso como feminicidio y declarara que la entonces pareja sentimental de Lesvy, el trabajador de intendencia de la UNAM, Jorge Luis González Hernández, tomó el cable del teléfono y la asfixió. Ese fue último acto de una violencia que ejerció contra ella durante los cuatro meses que duró su relación.

A propósito del aniversario luctuoso de Lesvy, Cimacnoticias se acercó a las estudiantes, académicas y trabajadoras de la máxima casa de estudios para conocer el impacto de este feminicidio en la comunidad universitaria y la experiencia de aquellas que buscan no callar más la violencia de género que viven en las instalaciones.

Hoy, muchas estudiantes deciden ejercer su derecho a la denuncia como lo establece el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”, un instrumento implementado hace más de un año pero que todavía replica los mismos procesos burocráticos, de criminalización, revictimización e impunidad del sistema de justicia mexicano.

Esta agencia trató de consultar a las autoridades de la Universidad encargadas de hacer funcionar el Protocolo y atender casos de violencia para evitar asesinatos como el de Lesvy. Sin embargo, la Oficina de la Abogada General (OAG) de la UNAM, a cargo de la doctora Mónica González Contró, guardó silencio. Hasta el cierre de esta edición la abogada general, por medio de su secretaría, se negó a la entrevista argumentando que su agenda estaba llena de pendientes.

LABERINTO A  LA IMPUNIDAD

En reacción a la violencia de género, el 29 de agosto de 2016 el rector de la UNAM, Enrique Graue Wiechers, anunció la implementación del “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM”. Este instrumento se creó para sumarse a la campaña de ONU Mujeres “HeForShe” por la igualdad de género.

Con la adhesión a esta plataforma la universidad además se comprometió a promover que los sistemas nacionales de evaluación reconocieran los estudios de género y a incluir la igualdad de género en los planes y programas de estudio. Con el Protocolo la casa de estudios buscó tener una herramienta que diera certidumbre a la comunidad universitaria sobre el procedimiento a seguir para atender y sancionar los casos de violencia de género.

A más de un año del decreto de este Protocolo, en septiembre 2017, la Oficina de la Abogada General publicó los primeros resultados. De agosto de 2016 al 12 de junio de 2017, 234 personas, de las cuales 97 por ciento fueron mujeres y 4 por ciento hombres, presentaron una queja por hechos de violencia de género tanto en la Oficina de la Abogada General como en el Subsistema Jurídico, que depende la OAG.

De estas denuncias, se identificaron 203 personas presuntamente agresoras pero de éstas sólo se inició proceso administrativo interno contra 150 agresores (73 por ciento).

Sin embargo, reiteradamente las universitarias señalan que al intentar interponer una denuncia se enfrentan a desestimaciones de sus dichos o pruebas, se encubre a los agresores y las sanciones no son suficientes.

En este laberinto, el primer obstáculo es la falta de orientación para quienes buscan presentar una denuncia, explicó en entrevista con Cimacnoticias la estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Ingrid Vázquez Sánchez, quien también es integrante del Tribunal Universitario, un órgano institucional integrado por estudiantes que se encargan de conocer y sancionar las faltas a la legislación universitaria cometidas por el personal académico y el alumnado.

Cabe resaltar que el Tribunal Universitario no sólo se enfoca en sancionar acciones de violencia de género, sino cualquier falta en contra de la legislación universitaria cometida por el alumnado o académicos como: alteración del orden, daño del patrimonio, extorsión, robo, falsificación de documentos, portación de armas, entre otras.

Vázquez Sánchez afirmó que las universitarias no cuentan con orientación necesaria para conocer las etapas del proceso, ya que las autoridades no dan servicio en los horarios de atención, establecidos para cada instancia, o no se les informa adecuadamente sobre los pasos a seguir, mucho menos se les brinda medidas de protección inmediata en caso de necesitarlas.

Quienes alcanzan a presentar la queja en los horarios marcados, se ven obligadas a respetar “los principios que rigen el Protocolo”, uno de ellos es la exigencia de la “firma de confidencialidad”, es decir, que tanto el agresor, como la víctima, no pueden hacer pública la denuncia.

La integrante de la Red No Están Solas, un colectivo que acompañan casos de violencia de género en la UNAM, Ana Jiménez –nombre ficticio para evitar ser identificada ante posibles represalias– subrayó que este acuerdo limita el derecho de las víctimas a la libre expresión y, sobre todo, las coloca en una situación de aislamiento y vulnerabilidad, al no verse acompañadas.

Adentradas en el proceso de denuncia las víctimas se enfrentan a más violaciones, continuó Ana Jiménez,  por ejemplo, se les pregunta “¿por qué estaban ahí?” al momento de la agresión, situación que demuestra la falta de sensibilización de quienes atienden las denuncias de violencia de género.

En suma, piden a las denunciantes pruebas de un tipo de violencia que generalmente se realiza en secrecía y sin testigos. Las estudiantes que cuentan con pruebas de los hechos son desestimadas, como le ocurrió a la estudiante de la Facultad de Derecho Brenda Nathalie Padro Sánchez, víctima de hostigamiento sexual por parte de un profesor y compañeros de la carrera.

En redes sociales de Internet los agresores la llamaban constantemente, enviaban mensajes de contenido sexual e invitaciones a tener relaciones sexuales, además hacían publicaciones de desprestigio de su imagen.

La ahora integrante de Alza La Voz, colectivo feminista de la Facultad de Derecho de CU, Padro Sánchez declaró que recurrió a la Comisión Especial de Equidad de Género (instancia dependiente de la Oficina de la Abogada General).

El primer filtro fue encontrar al personal en el horario adecuado y después presentar fotos de las conversaciones o publicaciones en redes sociales, los correos y el registro de las llamadas, donde se evidenciaba el asedio y la violencia que vivía. La respuesta de las autoridades de esta Comisión fue que “sus pruebas no eran suficientes”, argumento repetido en los Ministerios Públicos.

Cuando una denuncia de acoso sexual se denuncia y logra pasar lo primeros obstáculos, el caso se presenta ante el Tribunal Universitario y ante la Abogada General y el director o directora de Facultad donde hayan ocurrido los hechos. El estudiantado que conforma el Tribunal tienen la facultad de votar por una sanción y esta resolución debe ser aprobada por la Abogada General y quien encabece la Facultad, explicó Ingrid Vázquez integrante del Tribunal Universitario.

Quien además detalló que las sanciones se establecen en función de los perfiles de los agresores, varía si son profesores, estudiantes o personal administrativo, no por el grado de la violencia cometida.

Para los alumnos, el castigo puede ir desde una amonestación hasta la expulsión definitiva, mientras que para el personal académico o administrativo abarcan amonestaciones, suspensión o restricción del contrato de trabajador. Finalmente si el castigo es una reprimenda, ésta queda en la intimidad entre el Tribunal y el agresor, pues la “sentencia” se lee en privado, se le notifica por teléfono o por correo electrónico.

De los 150 procedimientos iniciados por la Oficina de la Abogada General, 67 por ciento fueron resueltos por un procedimiento alternativo, es decir las dos partes llegaron a un acuerdo, 21 por ciento están pendientes de una sanción, en 6 por ciento no se encontraron elementos para emitir una resolución, 1 por ciento fue declarado improcedente por el Tribunal Universitario y en 5 por ciento no se concluyó el procedimiento porque los trabajadores solicitaron su baja o jubilación.

Ingrid Vázquez indicó que hasta ahora la “mediación”  es la vía a la que más recurren las autoridades de la UNAM para resolver los casos de acoso sexual. Una “solución” que se le plantea a la víctima desde la etapa inicial. Según el informe del Protocolo en seis casos se firmó un acuerdo reparatorio entre el agresor y la víctima, que dio fin al proceso de la queja, otras dos están en la “preparación de diálogo” y en un caso no se concretó un acuerdo.

Asimismo el informe indica que de las 234 quejas presentadas por violencia de género, se identificó que en 41 por ciento de los casos se trató de una relación académica (profesor/alumna), en 24 por ciento de éstos no se estableció ninguna relación entre la denunciante y el agresor, en 14 por ciento la relación fue personal (tenían relación sentimental o bien, académica).

Ante las trabas en el proceso y la falta de sanciones justas, las alumnas se han valido de las denuncias públicas en redes sociales donde cuentan sus casos. Otra forma de hacer pública la violencia es realizando “tendederos del acoso”, donde las estudiantes cuelgan hojas de papel donde escribieron sus experiencias de acoso para visibilizar y denunciar el nombres de los agresores sin importar si son profesores, alumnos o personal administrativo.

Las estudiantes incluso han llegado a “tomar” simbólicamente las unidades de estudios para detener actividades, realizar conversatorios, foros o asambleas entre el alumnado, esto como  forma de protesta a la deficiente respuesta de las autoridades universitaria  ante la violencia de género.

Un ejemplo de ello fueron las acciones llevadas a cabo, en marzo de este año en el denominado “Paro Feminista de 48 horas”, de la Facultad de Filosofías y Letras y la marcha realizada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales hacia el edificio de Rectoría, así como las Asambleas Interuniversitarias realizadas en diversas facultades para analizar el contenido del Protocolo.

FES, OLVIDADAS DE LA UNAM

Al indagar sobre la violencia de género en las universidades, las miradas se vuelcan en Ciudad Universitaria y prácticamente quedan en el olvido las estudiantes que acuden a los otros campus que conforman la UNAM, las cinco Facultades de Estudios Superiores (FES), Aragón, Iztacala, Zaragoza, Cuautitlán y Acatlán, que se ubican en las periferias entre la Ciudad de México y el Estado de México.

A casi dos años de la publicación del Protocolo, las estudiantes, académicas y profesoras de las FES desconocen qué se considera como violencia de género y la existencia de un instrumento para denunciar, así lo aseguró la consejera universitaria de la FES Cuautitlán, Pamela Hernández Hernández, quien funge como representante de su facultad en el Consejo Universitario, máximo órgano de autoridad que emite normas y disposiciones generales para el funcionamiento de la UNAM. 

Por ello, indicó la también estudiante, ante el desconocimiento las víctimas acuden a los Servicios Escolares o a la coordinación de cada carrera para presentar su queja, donde les informan que hay una instancia a la que deben acudir ya que aún las autoridades de las FES no aplican el Protocolo y la figura el abogado general de su facultad es prácticamente inexistente.

Ante el vacío de instancias de orientación, la comunidad estudiantil socorre a las víctimas por medio de redes de apoyo como el colectivo Representación Estudiantil. Sin embargo, las quejas se siguen quedando en el proceso de investigación, indicó la consejera universitaria y agregó que como resultado de su cargo hasta el momento conoce de 4 casos de violencia de género y uno por violación, que no han sido denunciados formalmente, y donde los agresores pertenecen al personal académico de la FES Cuautitlán.

En suma, cotidianamente la comunidad de las FES se enfrentan en mayor medida a los asaltos y robos, las estudiantes al acoso callejero en el transporte público debido a que están localizadas en zonas inseguras,  expuso Hernández Hernández. No obstante, continúa la deficiente respuesta de las autoridades para atender las demandas del alumnado como: transporte seguro, patrullaje fuera de las instalaciones, y alumbrado público.

Además, para las académicas e investigadoras de la UNAM denunciar la violencia de la que son víctimas o simplemente dar su apoyo a las estudiantes viene con un doble costo: Significa exponerse, correr el riesgo de perder su trabajo, ser víctimas de aislamiento por parte de otros compañeros de trabajo o perder la oportunidad de ascender a un mejor puesto laboral, así lo señaló a esta agencia la profesora de Antropología, Claudia, quien solicitó el anonimato por miedo a represalias.

Según las cifras del informe del Protocolo, de las 234 personas que presentaron una denuncia por violencia de género únicamente 3 por ciento era de personal académico.

NI UNA MÁS: DEMANDAN UNIVERSITARIAS

En medio de este panorama el feminicidio de Lesvy fue el punto un punto de quiebre para la comunidad de CU, las estudiantes ya no estaban dispuesta a tolerar más la violencia de género o que la vida de otra compañera fuera arrebatada. En cambio para las FES, explicó Pamela Hernández Hernández  no tuvo ninguna repercusión.

El 6 de mayo de 2017 el campus de la UNAM vivió la movilización de cientos de mujeres en repudió a la criminalización de Lesvy por parte de la PGJDF y la negativa del rector de la UNAM, Enrique Graue, de reconocer a la joven como parte de la comunidad universitaria, a pesar de que Lesvy estudió en una de las instituciones dependientes a la universidad, el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), Plantel Sur, y su madre y padre son trabajadores de Ciudad Universitaria.

Encabezada por la madre de Lesvy, Araceli Osorio Martínez, las estudiantes, académicas y sociedad civil se apropiaron del campus y convirtieron la caseta telefónica en un altar en memoria de Lesvy. Colocaron una cruz rosa, flores y una placa de madera con el nombre de la joven, el altar aún permanece, para recordar a quien cruce por el “Camino Verde”, llamado así por la comunidad universitaria, que en la UNAM , la violencia contra las mujeres también ha impacto.

Aunque la violencia de género siempre ha existido en Ciudad Universitaria, después del feminicidio de Lesvy las estudiantes le ponen nombre, lo visibilizan y no lo callan, reflexionó la integrante del Tribunal Universitario, Ingrid Vázquez, quien dijo, han comenzado a formar un “movimiento feminista estudiantil” cada vez más fuerte.

“Fue un acontecimiento que nos dolió muchísimo, sobre todo por cómo se llevó el proceso. Esta red de sororidad y red de mujeres ha crecido muchísimo. Nos ha hecho reflexionar y al mismo tiempo, ser conscientes de la violencia que vivimos diariamente en la universidad. Muchas veces se piensa que la academia o la universidad es un espacio que no nos toca, finalmente no es así, la universidad es un reflejo de lo que ocurre fuera en sociedad, lo podemos ver con un feminicidio que pasa dentro de nuestras instalaciones”.

No obstante esta toma de conciencia entorno a la violencia contra las mujeres no impactó por igual a la comunidad, añadió Ingrid, están los varones que reafirmaron su posición contra el feminismo y descalifican cada denuncia de las universitarias contra la violencia sexual. En el otro extremo, están aquellos que buscan convertirse en aliados y cambian actitudes, por ejemplo, “ya no dicen comentarios machistas”, dijo la también estudiante.

Con los videos de vigilancia que proporcionó la Universidad se pudo conocer que previó a la defunción de Lesvy, su entonces pareja, la golpeó en repetidas ocasiones la madrugada del 3 mayo de 2017, hasta que su cuerpo apareció en la cabina telefónica. Los testigos de personas cercanas a los jóvenes lograron también corroborar que Lesvy era víctima de violencia por parte de Jorge Luis González.

Actualmente, el caso atraviesa el proceso intermedio en el que la defensa de víctimas y victimarios presentarán las pruebas y peritajes incluidos en la carpeta de investigación.

A un año del asesinato de Lesvy, la UNAM accedió a colocar una placa con su nombre en la caseta telefónica, en la memoria de la joven y las víctimas de feminicidio en este país.

En tanto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHDF) presentó este 2 de mayo la Recomendación 1/2018 dirigida a la PGJDF por las violaciones al debido proceso en la investigación del feminicidio de Lesvy y la estigmatización de la que fue víctima ella y su familia. Estas 18 recomendaciones aún están en espera de ser aceptadas.

18/HZM/AEG

Alumnas  e integrantes de diversos colectivos feministas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) de la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) llevaron a cabo un “Paro Feminista” de 24 horas para exigir al abogado de la Oficina Jurídica de la dependencia, Jesús E. Juárez González la resolución y atención de las quejas de violencia de género interpuestas por alumnas de la Facultad, así como la modificación del “Protocolo para la Atención de casos de Violencia de Género.

En entrevista con Cimacnoticias, una integrante del Tribunal Universitario de la FFyL -que pidió anonimato por cuestiones de seguridad- denunció que la directora de Secretaría General, Ana María Salmerón Castro y el abogado de la Oficina Jurídica desestiman las quejas presentadas por las alumnas argumentando que el Protocolo publicado en 2016 es limitado.

Agregó que una de las exigencias es la modificación de éste porque revictimiza y no está armonizado con la “Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia” y otros instrumentos internacionales en la materia que sí sancionan y consideran otras medidas para erradicar la violencia y que establecen plazos para interponer una queja.

El Protocolo establece en el punto 2.1 del capítulo 2 “Aspectos generales sobre el procedimiento de atención a casos de violencia de género” que “sólo se recibirán quejas relacionadas con violencia de género dentro de los doce meses posteriores a la comisión del acto reclamado. En el caso de actos continuados, el plazo se computará a partir de que se haya presentado el último hecho. Cuando se trate de actos cometidos en contra de la libertad y seguridad sexual de personas menores de edad, no habrá término para la presentación de la queja”.

“Hay tratados internacionales que dan a las víctimas un plazo de 3 años. Aquí tenemos casos de chicas que su agresión ya tiene más de un año”, agregó la alumna.

Criticó también el concepto de “confidencialidad” en los procedimientos de atención a casos de violencia de género ya que obliga a las mujeres a callar sobre la violencia ejercida en su contra y seguir conviviendo con su agresor, si es el caso, dentro de las instalaciones mientras se da resolución a la situación jurídica.

Aunado a lo anterior, resaltó que muchas veces se deja a la víctima en situación de vulnerabilidad, pues las “medidas urgentes de protección” (acompañamiento jurídico, atención psicológica) o las “medidas académicas” (cambio de horario o clase) no se brindan a las mujeres si su queja no llega al Tribunal Universitario. No obstante, el Protocolo formaliza que las medidas sean otorgadas desde la etapa 1: orientación para interponer una queja.

Debido a la figura de conciliación que propone el Protocolo aseguró que la UNAM sólo ha resuelto 6 casos de 200 aproximadamente registrados de 2016 a 2018. “La Facultad y la Universidad están permitiendo que se sigan violando los derechos de las mujeres, esto es lo más grave que tenemos, no se están resolviendo los casos de acoso, se están agravando”.

A pesar de la existencia de diversas instancias creadas para la atención y acompañamiento de los casos de violencia de género como la Unidad para la Atención y Seguimiento de Denuncias (UNAD), la Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), la Comisión Especial de Equidad de Género del Consejo Universitario y los “Lineamientos para la Igualdad de Género”, entre otros, impulsados por la Universidad, la activista explicó que no funcionan dado que su contenido es insuficiente en cuestiones de género y porque existe corrupción.

Del 2017 hasta la fecha, la integrante del Tribunal Universitario de FFyL, dijo que recibieron un caso de violación y de hostigamiento, sin embargo, recalcó que no todos llegan a este órgano colegiado, debido a que los abogados de las Oficinas Jurídicas así como las y los directores de cada Facultad consideran solucionado el problema con solo levantar la queja, pero los casos se archivan y no se registran en las estadísticas sobre violencia de género en la Universidad.

Durante la conferencia de prensa mencionaron los casos de acoso sexual en la preparatoria 5; el feminicidio de Lesvy Berlín Osorio, las denuncias contra el estudiante del posgrado de Geografía de la FFyL, Héctor Ignacio Martínez Álvarez acusado de violación y acoso, entre otros. Dijeron que el acoso sexual, hostigamiento y la violencia psicológica son las más comunes y que los principales agresores son los profesores, alumnos y personal administrativo de la dependencia.

De acuerdo con el “Informe sobre la Implementación del Protocolo para la Atención de Casos de Violencia” -agosto 2016 a junio 2017- se presentaron 234 quejas por posibles hechos de violencia de género ante el  jurídico de la UNAM, de las cuales 203 fueron por alumnas de nivel de licenciatura.

Posterior a la rueda de prensa se desarrollaron actividades culturales dentro de las instalaciones de la FFyL, y se recolectaron más testimonios de alumnas. Con estos datos, las activistas feministas buscan hacer una relación de todos los casos y el apoyo jurídico para comenzar a realizar la propuesta de reforma al Protocolo.

Las alumnas exigieron que se les garantice su derecho a denunciar y el acceso a la justicia; la expulsión inmediata y definitiva de Héctor Ignacio Martínez Álvarez de la Universidad -principal caso que motivó el “Paro Feminista”-  y que se dejen de tolerar, encubrir y justificar las acciones de los agresores.

A las 20:00 horas de ayer terminó el “Paro Feminista” debido al apoyo y respuesta de diversas Facultades y universidades externas.

DORA ROMERO, UN TESTIMONIO

En agosto de 2014, Dora Romero Olivera inició su doctorado en geografía en el Instituto de Geografía de la UNAM, a cargo del tutor José Joel Carrillo Rivera. Desde el comienzo -reconoció ella- las actitudes de su tutor no le parecieron “alarmantes”: “el doble beso”, “Ay, suéltate el pelo”, “Ay, vienes muy tapada”, que posteriormente se convirtieron en violencia psicológica: gritos e insultos, hostigamiento y chantajes continuos.

En entrevista con Cimacnoticias, Dora Romero -recordó- que si quería ser acreedora de revisiones en su investigación o contar con la firma de José Carrillo para trámites escolares debía realizar trabajos extras y tener tiempo disponible siempre que él se lo pidiera, de no ser así, el ingeniero geólogo se molestaba con ella y la trataba peor. “Yo siempre le insistía, por favor profesor necesito asesoría, pero él siempre decía que no tenía tiempo”.

En su primera evaluación del doctorado, en 2015, José Carrillo le pidió hacer la reservación de una habitación en Roma, Italia, para darle ahí asesoría sobre su investigación y le hizo la propuesta sexual de dormir con él. Al rechazar su petición, el ingeniero la amenazó “Cuídate porque algo grave le va a pasar a tu evaluación”, le dijo.

En su segunda evaluación, en 2016, José Carrillo la reprobó con el argumento de que “había reconsiderado cambiar su calificación aprobatoria en su primera evaluación pues no desarrolló bien su investigación”.

Ante ello, Dora Romero pidió ayuda a los co-tutores del doctorado, solicitó la intervención del Comité Académico, convocó a una audiencia con el Comité y pidió cambio de tutor, pero no tuvo respuesta o justificación del porqué no era atendida ninguna de sus solicitudes.

Posteriormente optó por meter un recurso de revisión sobre su evaluación, al cual añadió pruebas de audio y textos que constataban la violencia ejercida por José Carrillo, sin embargo la repuesta que obtuvo fue que todo lo dicho y las pruebas adjuntadas eran mentira. Me escribieron en pocas palabras “Todo lo que dice la alumna es mentira”.  

“La costumbre aquí es aguantar, no pasa nada, pero me está amenazando. ¿Qué le hiciste? Nunca se cuestionan qué paso del otro lado, sino a ti”.

El día de ayer, junto con el grupo de alumnas de la FFyL, Dora Romero hizo pública su denuncia en la conferencia de prensa, la cual busca presentar ante la Defensoría de la UNAM por escrito, con el fin de que sean atendidas las injusticias ejercidas por José Carrillo y le den una solución sobre su situación en el doctorado con fecha de término en julio de 2018.

16/ AEG/LGL

El pasado 11 de enero concluyó el periodo de investigación complementaria que otorgó la Jueza de la Unidad de Gestión Judicial Número 6, Gloria Hernández Franco, a la defensa legal de Lesvy Rivera, para contribuir con evidencias que permitan determinar que la joven fue víctima de feminicidio por parte de su entonces pareja, Jorge Luis González Hernández.

Tras la extensión para investigar el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, ocurrido el 3 de mayo de 2017 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la defensa legal de la víctima aportó peritajes independientes que buscan demostrar que se trató de un feminicidio.

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco Vitoria y coadyuvante del caso, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, precisó que las pruebas presentadas constaron de peritajes con perspectiva de género en materia de sociología, antropología, criminalística, arquitectura, fotografía y psicología.

Estos aportes, señaló el abogado, tienen el objetivo de contrarrestar los peritajes hechos por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México (PGJDF), los cuales indican que Lesvy se suicidó enfrente de Jorge Luis González, sin que él la detuviera.

Por ello la defensa incluyó la reconstrucción de los hechos sucedidos en la cabina telefónica del Instituto de Ingeniería de Ciudad Universitaria -lugar donde fue hallado el cuerpo de Lesvy- en el cual descartan la hipótesis de la Procuraduría capitalina, quien argumentó que la joven se enredó con el cable del teléfono para asfixiarse.

Esto, a pesar de que las autoridades contaban con un video de seguridad que muestra a la ex pareja de Lesvy golpeándola con una cadena de su perro e intentándola asfixiar, y testimonios de amigos que hablan sobre la violencia previa que vivió la joven por parte de Jorge Luis.

La extensión de la investigación se dio tras el fallo de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), quien dictó el 18 de octubre de 2017, reclasificar el caso de Lesvy de homicidio simple a feminicidio agravado en contra de Jorge Luis González.

MANTIENEN TEORÍA DEL SUICIDIO

Ahora que entregaron estos peritajes independientes, la familia de Lesvy y su defensa esperan que sean integrados a la carpeta de investigación y en un plazo de una semana se les dé fecha de la próxima audiencia, en la que se formularán las acusaciones y se debatirán las pruebas aportadas por ambas partes.

El abogado Alejandro Martínez añadió que el Ministerio Público no presentó ninguna otra evidencia, por lo que es probable que mantengan la teoría del suicidio en la audiencia. “Al consultar la carpeta vimos que no aportaron diligencias novedosas, más bien tuvieron una actitud pasiva, se esperaron a que las víctimas las presentáramos, parece que ellos no están variando sustancialmente su hipótesis pero vamos a esperar la acusación que formulen”, señaló.

Cabe mencionar que las evidencias presentadas por el Centro de DH, fueron realizadas por peritos independientes que han participado en casos como la desaparición forzada del activista Rosendo Radilla Pacheco y las personas fallecidas en la discoteca News Divine, además de organización civil Fundar, mencionó el abogado.

18/HZM/LGL

Un diagnóstico temprano del cáncer de mama hace la diferencia entre la vida y la muerte de las mujeres. Cuando esta enfermedad es detectada a tiempo, las posibilidades de curación se elevan.

En la actualidad, la mastografía es la principal herramienta de diagnóstico y, aunque cada vez se cuenta con equipos más sofisticados, es hasta la realización de una biopsia cuando se puede confirmar la malignidad de tumores.

Preocupados por contribuir con un diagnóstico temprano de este tipo de cáncer que cobra la vida de 458 mil personas al año en todo el mundo, investigadores de diversas instituciones mexicanas desarrollaron un método oportuno mediante la resta de imágenes mamográficas, usando un medio de contraste basado en yodo.

El propósito es obtener un máximo provecho de las imágenes que se toman con mastógrafos digitales a través de la identificación de vasos sanguíneos y linfáticos en la zona de la lesión.

La doctora e investigadora del Instituto de Física de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y responsable del proyecto, María Ester Brandan Siqués, detalla que se pretende ofrecer una metodología que incluya el perfil clínico de la paciente y la interpretación de las imágenes que auxilien a un mejor diagnóstico.

En entrevista con la Agencia Informativa Conacyt refirió que el proyecto es el resultado de una serie de trabajos de tesis de estudiantes de la maestría en Física Médica, que han diseñado técnicas de análisis utilizando las imágenes de las mamografías que usualmente se realizan las pacientes con esta enfermedad.

“El proyecto inició como un proyecto de Física Médica utilizando maniquíes de plástico; sabíamos que el medio de contraste radiológico iba a ser uno normal como el yodo. Empezamos viendo qué se requería para restar imágenes, porque es tan poco el yodo que se deposita en la mama, que no sería observable a simple vista.

Para poderla cuantificar, decidimos investigar la posibilidad de restar imágenes con y sin medios de contraste, de manera que en la resta sólo veamos el medio de contraste”, describe.

Fue así que trabajaron bajo esa línea de resta de imágenes para objetos parecidos a una glándula mamaria humana, y después de los primeros resultados positivos se desarrolló un formalismo matemático que permitiera cuantificar la imagen restada, tanto en cuanto a contraste como a ruido, que son los dos grandes elementos que van a permitir observar o no el yodo, y medirlo.

Las técnicas desarrolladas se basan en la diferencia temporal entre dos imágenes, una adquirida antes de inyectar el medio de contraste, y otra después para que la restar sólo quede el yodo. Otra que consiste en la toma de la imagen al momento en que el yodo circula en la mama y cambia la energía de los rayos X entre una y otra, y a través de la resta se visualiza la sustancia.

ESTUDIO CLÍNICO

Con el desarrollo de estas técnicas se decidió ampliar el estudio, por lo que se sumaron esfuerzos con el grupo de investigación de la doctora y jefa del Departamento de Radiodiagnóstico del Instituto Nacional de Cancerología, Yolanda Villaseñor Navarro; y del doctor Luis Benítez Bribiesca, del Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional Siglo XXI.

El estudio incluyó a 18 pacientes, a las que se les hizo un esquema de adquisición de imágenes antes y después de haber inyectado yodo como medio de contraste. De esta manera, se inició un estudio clínico con pacientes del Instituto Nacional de Cancerología, con el propósito de buscar correlaciones entre la cantidad de yodo que se depositara en la lesión y su benignidad o malignidad.

Eran pacientes que en el análisis de mamografía normal fueron calificadas en los dos más altos niveles de sospecha de malignidad y que, por procedimiento, requerían una biopsia.

“Lo que hicimos fue identificar pacientes que cumplían con este requisito además que su estado de salud fuera bueno y no presentaran un riesgo a la inyección de contraste yodado, es decir, que su función renal fuese normal”, detalla.

De esta manera, se correlacionó el resultado de la biopsia (ya fuera una lesión benigna o maligna) con una medida que el grupo de investigación estableció de la cantidad de yodo que se depositara en la zona de la lesión a partir de la resta de imágenes.

Un elemento adicional fue cuantificar los vasos sanguíneos y linfáticos en la zona de la lesión, que fueran un indicador biológico, más allá de la malignidad o benignidad que indicara si esa lesión tenía un proceso de angiogénesis activado o todavía no.

Cabe señalar que la angiogénesis es la formación de nuevos vasos a partir de casos existentes y es un elemento que en general se asocia a procesos malignos.

RESULTADOS ALENTADORES

La doctora Brandan Siqués refiere que las imágenes que se obtuvieron después de restarlas, ofrecen información adicional a la de una mamografía normal, pues el yodo que se observa se concentra alrededor de la lesión.

De los casos analizados, había una correlación entre la captación de yodo y la malignidad, y hubo casos de lesiones benignas también estudiadas que fueron calificadas de alta sospecha de malignidad, pero que no captaron yodo.

La investigadora señala que en el trabajo también hubo lesiones de procesos que no eran cáncer pero que sí captaban yodo, de tal manera que el resultado final del estudio no permite —al menos con esta selección bastante amplia de pacientes— asociar una presencia o ausencia de capacitación de yodo con malignidad o benignidad.

Adicionalmente, los resultados que obtuvieron sí muestran una excelente correlación entre la formación de vasos y la malignidad o benignidad, porque los casos malignos tenían una mayor densidad de micro vasos en las biopsias que los casos benignos, aunque reconoce que la presencia de los vasos parece no ser suficiente para que haya un derrame del yodo en la región y aparezca en la imagen.

Este investigación se publicó en el British Journal of Radiology el año pasado, y plantea una hipótesis que se sustenta en trabajos anteriores relacionados, y es que el microambiente celular puede tener un gran papel que jugar, no basta en que se estén formando los nuevos vasos para que el yodo se derrame al circular por ellos, sino que puede haber elementos quizá de empacamiento celular que impidan que, aunque haya vasos, haya derrame del medio de contraste.

La también coordinadora de la Red Temática de Investigación en Física Médica dice que siguen investigando el tema, con la mirada puesta en modelos animales, como ya se aborda en la tesis de una estudiante de doctorado en Ciencias Biomédicas de la UNAM.

Adicionalmente, enfatiza en la importancia de estudiar no solo las imágenes de la placa radiográfica, sino los archivos digitales con la idea de analizar las imágenes a través de operaciones matemáticas.

*Este artículo fue retomado del portal http://conacytprensa.mx/

17/ALG/LGL

Por su labor destacada como promotoras de la ciencia en México la editora de la revista “¿Cómo ves?”, Estrella Cristina Cayetana Burgos Ruiz, ganó el Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia “Alejandra Jaidar” 2017; mientras que la estudiante de Física Diana Citlali Ávila Padilla, creadora de una revista científica y de la aplicación “Quiu App”, fue galardonada con el Premio “Luis Estrada Martínez”.

Los reconocimientos fueron otorgados el viernes 8 de diciembre por la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica A.C. (Somedicyt), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Somedicyt destacó a través de un comunicado la labor de la periodista Burgos Ruíz como divulgadora de la ciencia a través de medios escritos y la radio. Ella ha sido la editora de la revista científica “¿Cómo ves?”, de la UNAM, desde su creación hace 19 años. También es autora de artículos y libros como “Los continentes” y, de acuerdo al Conacyt, ha tenido una participación importante en la formación de divulgadores científicos a través de cursos, conferencias y programas de profesionalización en esta área.

Por su parte, la estudiante Diana Citlali Ávila Padilla, de 19 años de edad, fue reconocida con el Premio Luis Estrada Martínez 2017 por crear la aplicación “Quiu App” para dispositivos móviles donde se incluyen los eventos de divulgación científica conferencias y convocatorias.

La aplicación, informó la UNAM en un comunicado, es resultado de un trabajo que en inició en Yucatán desde 2014, donde creó junto con su hermana la revista digital “Quiu” con el fin de llevar a personas jóvenes contenidos y noticias del ámbito científico.

El Premio Nacional de Divulgación de la Ciencia “Alejandra Jaidar” 2017 se entrega desde 1992 y lleva el nombre de una física Alejandra Jaidar Matalobos, una de las fundadoras de la Somedicyt y quien inició el programa editorial del Fondo de Cultura Económica “La ciencia para todos”.

Mientras que el Premio Luis Estrada Martínez se instauró en honor del fundador del Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, antecedente de la actual Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM, y reconoce a personas de 18 a 29 años de edad divulgadoras de la ciencia por proyectos inéditos de comunicación que puedan ser aplicados a contextos reales, destacó la Somedicyt.

17/MMAE/LGL

La jueza Gloria Hernández Franco adscrita a la unidad de gestión judicial número 6, a cargo de la audiencia de Jorge González, ex pareja de Lesvy B. Rivera Osorio acusado de su feminicidio, extendió al 11 de enero de 2018 el plazo de la investigación por este delito, por lo que a partir de esta fecha se terminará la parte de aportación de pruebas de ambas partes.

Lesvy, de 22 años, fue hallada asesinada en el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el 3 de mayo pasado. La Procuraduría capitalina (PGJDF) argumentó que ella se había suicidado pese a que su cuerpo presentó signos de violencia que acreditan un feminicidio y los videos de seguridad de la universidad muestran a Jorge Luis González Hernández agrediéndola previo a su muerte.

El viernes pasado se realizó la audiencia para ventilar el caso en la sala 7 del sistema procesal acusatorio del Reclusorio Oriente (donde se encuentra recluido el feminicida) la cual inició con una hora de retraso porque los agentes del Ministerio Público (MP) Alejandro Madrid Soria y Fabián Lara Ramírez, de la Fiscalía Central para la Investigación de Homicidios, a cargo de la indagación y en representación de la familia, no llegaron a tiempo.

La audiencia inició a las 13:47 horas y no a las 12:30 como estaba previsto. En ese lapso un funcionario del Área de Estrategias Procesales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF), sin conocimientos del caso, se presentó para cubrir a los agentes. “Solicitó de 30 a 40 minutos para revisar la carpeta de investigación”, dijo. Después de ese tiempo, los agentes de la Fiscalía de Homicidios llegaron y lo sustituyeron.

“Todo ese tiempo de espera puso en incertidumbre e indefensión jurídica a la familia de Lesvy”, afirmó en entrevista la observadora de la Cuarta Visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) Xanny Hernández, quien dijo que por esa razón presentarán un escrito a la PGJDF en el que le llamarán la atención y expondrán que la instancia de justicia violó el derecho de la familia Rivera Osorio a estar representada.

Para uno de los abogados del caso, del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, Alejandro de Jesús Martínez Martínez, el retraso fue una muestra más de la actitud omisa con la que la PGJDF ha actuado desde el inicio de la investigación. 

Durante la audiencia, Jorge González, ex pareja de Lesvy acusado de asesinarla, se mostró indiferente. Fue hasta que escuchó el fallo de la jueza cuando, molesto, levantó los hombros y opinó; “el tiempo se me hace excesivo, pero me acato a lo que ordene”.

La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que acompaña el caso, Sayuri Herrera Román, indicó que el plazo apenas alcanza para realizar los peritajes independientes que contemplan, como la reconstrucción de hechos en la caseta telefónica del Instituto de Ingeniería en CU, donde Lesvy fue hallada asesinada- y la consulta de peritos independientes.

La jueza Gloria Hernández recordó a los agentes de la PGJDF el compromiso que tienen de investigar con perspectiva de género, como ordenó la Quinta Sala Penal del TSJDF el pasado 18 de octubre cuando pidió a la instancia de justicia reclasificar el delito por el que se investigaba a Jorge González (de homicidio simple por omisión) a feminicidio agravado.

La PGJDF, mencionaron los ministerios públicos, utilizará la extensión del plazo para solicitar la ampliación de entrevistas de algunos peritos involucrados en la investigación (médico forense y uno en criminalística); además de realizar peritajes en trabajo social, en antropología social, así como una autopsia psicológica a familiares y amistades de la víctima.

“Necesitamos este tiempo para realizar algunos elementos que por el nuevo delito que se investiga (feminicidio agravado) son necesarios”, argumentó el agente Fabián Lara a la jueza durante la audiencia.

Herrera Román, destacó que estos peritajes, tuvieron que realizarse desde el inicio de la indagatoria, apegados al Protocolo de Investigación del delito de Feminicidio, “pero no lo hicieron, aunque la PGJDF afirmó que agotó esa línea”.

De acuerdo con los abogados de la familia de Lesvy, el primer plazo de la investigación terminó el pasado 10 de noviembre, pero ellos, recordaron, solicitaron una audiencia de ampliación con la que buscaban que fuera hasta el 17 de enero del 2018 cuando concluyera la etapa de aportación de pruebas, por ello quedaron inconformes con el fallo de la jueza, que restó 6 días para el mismo.

“Los seis días que nos  quitaron son importantes. Yo sí valoro el tiempo porque Jorge me lo quitó con mi hija cuando la mató; y por meses las autoridades nos impidieron saber de la investigación” opinó molesta la mamá de Lesvy, Areceli Osorio Martínez.

Para Lesvy Rivera Calderón, papá de Lesvy, la ampliación no los deja satisfechos del todo “no nos dieron días muy importantes, se les olvidó que ellos nos tuvieron más de dos meses sin ver la carpeta de investigación”.

Por lo pronto, dijo que seguirán con el proceso legal de la mano de las organizaciones y colectivos de mujeres que se sumaron a la exigencia de la verdad y que hoy no estuvieron ausentes pues organizaron un mitin afuera de la sala séptima y al finalizar la audiencia recordaron la consigna: “¿Qué quiere Lesvy?... ¡Justicia!”

17/MMAE/LGL

A pesar de las promesas de las autoridades de apoyos sociales y la liberación de recursos para la reconstrucción de la Ciudad de México tras el sismo del 19 de septiembre, muchas mujeres que se han hecho cargo de lo que quedó de sus hogares en la periferia de la capital, siguen a la espera de saber qué sucederá.  

Después de 58 días del sismo la información para las personas afectadas llega a cuentagotas y mientras el gobierno capitalino busca restablecer la economía en las colonias Roma y Condesa, en lugares alejados, con pobreza y precariedad como San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, y la colonia Del Mar, en Tláhuac, permanece la incertidumbre.  

Por el sismo de 7.1 grados 228 personas perdieron la vida en la Ciudad de México, de ellas 90 eran hombres y 138 mujeres; también provocó daños en 8 mil 405 inmuebles principalmente en ocho zonas: Lindavista, Iztapalapa, Condesa, Roma Norte, Del Valle-Narvarte, Coapa (Girasoles y Tenorios), Xochimilco (San Gregorio Atlapulco) y Tláhuac (Del Mar).

Tras el desastre el gobierno capitalino informó que la Secretaría de Obras y Servicios demolería 24 inmuebles, pero al recorrer albergues y delegaciones del oriente y sur de la ciudad, Cimacnoticias corroboró que para las mujeres, como Laura, que se refugió en un albergue de la delegación Cuauhtémoc; Karla que vive exiliada de su hogar en Tláhuac; o Guadalupe que radica en Xochimilco, reestablecer sus hogares y sus vidas será mucho más complejo.

Mujeres afectadas por el sismo en incertidumbre por la reconstrucción. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

VIVIR EN UN ALBERGUE EN TLÁHUAC

En la colonia Del Mar en Tláhuac, delegación al oriente de la Ciudad donde se asientan siete pueblos originarios, el pavimento se abrió a la mitad, las casas se despegaron de las banquetas y se hundieron. Las calles lucen desoladas y sólo se leen carteles colocados por los vecinos que advierten del riesgo de caminar cerca de los postes y bardas que podrían colapsar.

Los hoyos en el suelo muestran las tuberías de agua rotas por el movimiento de la tierra. Ante el desabasto del líquido, las pipas de las autoridades de la delegación recorren las calles para suministrar agua a las y los vecinos.

Bicitaxi recogiendo víveres de Centros de Acopio de la colonia Del Mar. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

En esta colonia el 21 de septiembre Karla con su hija de un año de edad, su esposo y su madre de alrededor de 50 años de edad, acudieron al albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar”. Llegaron allí porque una grieta en el suelo de la avenida Guillermo Prieto se extendió hasta su casa, derrumbó una barda y ocasionó múltiples fracturas en las paredes de su hogar.

Hace 40 años su familia comenzó a construir la casa de un sólo piso con paredes de concreto y techo de lámina. Con limitaciones, lograron tener una sala, una cocina, la habitación de la madre y un nuevo cuarto que improvisadamente construyó la joven y su pareja para vivir juntos ante el nacimiento de su hija.

Después del temblor, la primera autoridad que acudió a la zona fue la policía local para hacer un registro de las grietas, luego los bomberos llegaron a colocar polines en la vivienda y quienes indicaron a la familia que ya no había riesgo de ingresar. Finalmente acudió personal de protección civil, quienes constataron que la vivienda era inhabitable.

Ante los derrumbes de casas en la colonia Del Mar, Karla y otras familias acudieron al Centro Comunitario en espera de ayuda. Era una cancha de básquetbol abandonada, pero los vecinos se encargaron de transformarla en un albergue. Una semana después acudieron al lugar funcionarios de la delegación Tláhuac y se responsabilizaron de éste.  

“Vinieron unos arquitectos para saber cuánto mide cada terreno, si la vivienda era casa propia y dijeron que nos iban a dar una ayuda para el material de construcción, pero no quedaron en nada, sólo nos dieron la promesa”, declaró apresurada Karla porque tenía que formarse para bañar a su hija pues apenas tuvo esta oportunidad, una semana después del sismo.

Albergue “Centro de Desarrollo Comunitario Del Mar” donde vivió Karla y su familia. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Karla de 19 años de edad no tiene familiares que les brinden asilo, así que permanece como refugiada, pero ahora en otro lugar porque las lluvias inundaron el Centro Comunitario. Las familias fueron trasladadas primero a la Universidad Marista, frente a la avenida Canal de Chalco, y finalmente al albergue del DIF en San Juan Ixtayopan. En la primera ubicación el lugar albergó a 46 personas (22 hombres, 10 mujeres, 8 niñas y 4 niños, 2 adolescentes).

Así como en Tláhuac, la comunidad tomó un edificio abandonado para convertirlo en refugio, en Iztapalapa, otra de las delegaciones afectadas, el Centro Social “Violeta Parra” ubicado enfrente de la Central de Abastos detuvo las actividades de karate, baile y fiestas infantiles que impartía para convertirse en un albergue, relata su directora Alma.

Al espacio cultural convertido en albergue acudieron 10 personas de las colonias Aculco y Lomas Estrella, ambas entre las principales afectadas en Iztapalapa. Los registros de Protección Civil de esta delegación declararon en pérdida total mil 92 viviendas: 5 mil 214 tenían afectaciones de mediana magnitud y otras 11 mil las calificaron con daños menores.

Las y los vecinos hicieron posible el mantenimiento y sostén del albergue: se encargaron de preparar los alimentos, conseguir medicamentos, inclusive de calentar el agua para que las personas se bañaran, relata su directora Alma. La empatía por la pérdida del patrimonio hizo que Sandra, vecina de la colonia, realizara guardias nocturnas por la seguridad de las familias.

“Si me hubiera tocado dices ¿dónde voy? ¿Con quién me acerco? ¿Ya voy a vivir aquí en el albergue? ¿Qué va pasar con mis cosas?”, se imagina Sandra, porque aunque el sismo sacudió toda la Ciudad los estragos fueron diferentes para las colonias marcadas por la desigualdad social y económica. “Un albergue para una familia aquí significa la única posibilidad de vivienda”, dice la mujer de más de 30 años de edad.

En los años que la directora del Centro Social lleva viviendo en Iztapalapa, ha visto el crecimiento de la población acompañado de la desenfrenada construcción de “castillos”, llama así a los departamentos de hasta siete pisos de altura. “Se desbordó la construcción”, coincide su compañera Sandra. Actualmente Iztapalapa concentra la mayor población de la urbe, más de un millón 800 mil personas según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Ambas piensan que una de las razones por las que se edificaron estos departamentos “sin planeación” es porque se desconoce la forma de construir correctamente.

Conmemoración a 32 años de las costureras fallecidas en el predio de San Antonio Abad en el sismo de 1985. CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

CONSTRUCCIÓN INCONTROLADA

El movimiento de la tierra del pasado 19 de septiembre recordó el terremoto de 32 años atrás. Por coincidencia, tembló el mismo día que la Ciudad de México recordaba la sacudida de 8.1 grados de 1985. Hace más de tres décadas, se consideró el desastre natural más grave que había azotado a la urbe y orilló al gobierno local a crear la Comisión Evaluadora del Sismo.

La Comisión de 1985 fue responsable de la revisión de inmuebles dañados y de establecer nuevas normas en materia de construcciones a “fin de prevenir riesgos y propiciar una mayor seguridad de los habitantes”, como refiere el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de octubre de aquel año.

Sin embargo, 32 años después se puede verificar que estas reglas no se respetaron y a pesar de reconocer que el Valle de la Ciudad de México es una zona sísmica, el gobierno local no se abocó en crear política pública de planificación urbana, dice contundente la investigadora urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Carla Filipe Narciso.

Rápidamente, el actual jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, anunció el “Plan de Reconstrucción de la CDMX” con tres ejes de acción: la creación de una plataforma digital que reporta la información de viviendas, negocios e inmuebles públicos afectados por el sismo; los apoyos económicos temporales para las personas damnificadas y la conformación de la “Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación”, encargada de atender la situación de emergencia.

Más de un mes después del movimiento telúrico, en la Asamblea Legislativa sigue en análisis la iniciativa de Mancera de expedir la Ley de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México.

A un mes del sismo, cientos de damnificados marcharon para exigir a las autoridades atiendan sus viviendas. CIMACFoto: César Martínez López

Filipe Narciso indica que esta política de reconstrucción no atiende cuestiones sociales, se concentra únicamente en la reparación de edificios. La experta recuerda que “todos estamos en vulnerabilidad por el sismo, pero no todos tienen la misma respuesta ante ella”, y ejemplifica: “en la colonias como Condesa, las personas damnificadas buscaron amigos o familiares para refugiarse”, en contraste, en Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa permanecen abiertos refugios por las necesidades de la población.

La última actualización informativa del portal oficial de la reconstrucción del sismo, del 9 de noviembre de 2017, precisa que ocho albergues permanecen en operaciones con un total de 137 personas, se estima que en total más de 34 mil se refugiaron en estos recintos.

“No tienen otra posibilidad”, sentencia la académica que dirige el área de Planificación y política urbana y regional del Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje de la UNAM  y señala que una verdadera política de Estado implica establecerlos en zonas seguras, garantizándoles en todo momento el derecho a la vivienda. De no ser así, es seguro que busquen vivir en regiones más alejadas de la Ciudad, con mayor vulnerabilidad ambiental y social, señala.

Albergue en Colonia Centinela, en la delegación Coyoacán. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

PREGUNTAS EN EL AIRE

Luego de que la sociedad civil se desbordó a las calles para tratar de apoyar a las personas afectadas surgieron varias preguntas que hoy permanecen en el aire, dos son recurrentes: ¿por qué se cayeron edificios prácticamente nuevos y con ello el alto número de pérdida de vidas humanas? y ¿cómo reconstruir para evitar que vuelva a suceder algo similar?

Expertas en ingeniería y arquitectura coinciden en que el principal problema fue que tras 1985 las autoridades capitalinas se enfocaron únicamente en crear normatividad sobre cómo debería construirse y en emitir recomendaciones al respecto, mas no en fomentar el trabajo interdisciplinario en las construcciones.

Es decir, en todo este tiempo las autoridades capitalinas no enfatizaron la importancia que tiene cada área involucrada en la construcción de un inmueble: dueños, arquitectos, directores responsables de obra y constructores. “Si alguien no hace su trabajo apegado a la ley, las probabilidades de que una casa colapse son mayores”, explica en entrevista la Directora Responsable de Obra (DRO) con 30 años de experiencia, María Martha Zavala Galina.

La ingeniera afirma que urge revisar el reglamento de construcciones vigente para comenzar a responsabilizar a todas las personas involucradas en una construcción. Pues los dueños deben consultar a profesionistas ingenieros o arquitectos y asumir que si sus opiniones no avalan el proyecto no pueden continuar, las y los DRO tampoco deben ceder si los documentos no están en norma, además de ser necesario capacitar a los constructores para garantizar que los materiales y las técnicas usadas sean de la mejor calidad.

El Deportivo de Xochimilco fungió como albergue para personas damnificadas. CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada

Sin esta combinación todo apunta a que los inmuebles seguirán colapsando, particularmente en zonas donde las familias no tienen los recursos económicos para pagar los honorarios de personas expertas, razón que las orilla a la autoconstrucción, afirma la ingeniera civil especialista en estructuras de la UNAM, Mabel Mendoza Pérez y menciona como ejemplo las casas de Xochimilco e Iztapalapa construidas con años de esfuerzo por personas sin los conocimientos necesarios.

Además, conforme los años pasaron aumentó el desinterés por prevenir los estragos de un temblor, esto se vio reflejado en la falta de capacitación al personal DRO sobre cómo actuar ante emergencias sísmicas.

En 1987 Zavala Galina comenzó a ejercer como DRO y cuenta que desde hace 20 años, en 1997, la Secretaría de Obras dejó de capacitar a estos profesionistas como lo hacía anualmente para decirles cómo actuar ante desastres naturales, a cada uno les designaban las zonas específicas de la Ciudad que debían revisar, además de indicarles qué formatos usar y el lugar donde debían reportar los daños.

Sin esas capacitaciones, el pasado 19 de septiembre los DRO tuvieron que organizarse por su cuenta  para actuar, a días de cumplirse un mes del sismo las autoridades seguían sin reunirse con ellos, afirma Martha Zavala.

Actualmente de los 2 mil 54 DRO reconocidos por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) sólo 690 siguen activos. Zavala Galina explica que la mayoría no renovó sus licencias por la falta de confianza al Instituto para la Seguridad de las Construcciones -encargado de organizar, autorizar y evaluar a los DRO- que los culpa sólo a ellos en caso de derrumbes, “nos sanciona e ignora que en una construcción influyen también otros profesionistas”.

La ingeniera Mabel Mendoza también enfatizó la necesidad de continuar con una fase de estudios, pues, dijo, tras el sismo es necesario revisar los inmuebles y analizar qué tan funcionales son las recomendaciones y técnicas de construcción vigentes.

Las especialistas coinciden en que repartir responsabilidades y considerar los contextos que se viven en cada zona de la ciudad son dos elementos prioritarios en el proceso de reconstrucción. Recalcan la necesidad de no sólo crear grupos interdisciplinarios que permitan identificar las zonas en la que no conviene construir sino también en planear los lugares a donde se trasladará a las personas damnificadas y que los proyectos “no queden en papel”.

Damnificada por el Sismo en la CDMX es apoyada por una brigadista para sacar las pocas pertenencias que quedaron en su departamento. CIMACFoto: César Martínez López

APOYOS A PERSONAS DAMNIFICADAS

Como parte de las acciones para apoyar a las familias, el Gobierno de la Ciudad de México ofreció 3 mil pesos durante tres meses para que las personas damnificadas puedan pagar una renta, pero mujeres como Laura no tienen esa opción.

Laura, vendedora ambulante de oficio, no tiene contrato de arrendamiento ni recibos por el pago de renta. Tampoco ningún comprobante de su situación. Sabe que no puede acceder a los 3 mil pesos ni a otro apoyo, sólo le queda agradecer a todos los voluntarios que apoyaron para que su familia estuviera segura durante los días difíciles.

Albergue en calle Izazaga 11 donde vivió Laura. Montserrat Antúnez Estrada

Laura, su esposo y sus hijas de 2, 3 y 9 años de edad se quedaron sin casa. La familia pasó casi un mes viviendo en el albergue que se instaló en la calle de Izazaga 11 de la colonia Centro. Laura contó su historia desde la litera número 11, esa donde le tocó dormir junto con mujeres que no conocía y que también quedaron damnificadas.  

Antes del 19 de septiembre ella pagaba dos mil 700 pesos al mes por vivir en un cuarto de azotea en un edificio de tres pisos ubicado en Ciudad Azteca, en el Estado de México. Su casa no se derrumbó pero terminó con cuarteaduras por todas partes. “Cuando protección civil entró dijo que ya no era habitable”, recordó.

Después del 19 de septiembre pasó cuatro días como exiliada, primero viviendo en casa de su madre, que también renta, luego pagó una noche en un hotel, después en otro y en busca de un lugar donde dormir llegó a la Casa del Peregrino, albergue habilitado en la delegación Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, donde no hubo lugar para ella.

Buscando información en internet llegó al albergue de la calle Izazaga, número 11, donde permaneció mientras buscaba un lugar para rentar.

Hasta el 9 de noviembre el gobierno entregó 8 mil 508 cheques de apoyo de renta por medio del Instituto de Vivienda (Invi) y la Secretaría de Finanzas mil 622 “créditos rojos”, es decir, prestaciones de hasta 2 millones de pesos para las familias que perdieron por completo sus patrimonios. De acuerdo con el plan de Mancera, el financiamiento de este último crédito inmobiliario será de recursos del Fondo de Contingencias de la Ciudad de México.

De acuerdo al análisis de Carla Filipe, generar créditos inmobiliarios responde a la necesidad del jefe de gobierno por legitimarse al actuar rápidamente y es la forma de escudarse de la responsabilidad que tiene de generar políticas públicas de habitación que piensen en los sectores más afectados.

La doctora en urbanismo y arquitecta de profesión, menciona que con las facilidades a las inmobiliarias éstas adecuarán sus construcciones para los sectores populares que se vieron afectados, a precios que seguirán siendo inalcanzables para muchas personas.

Y denuncia: “los créditos no significan facilidades para las personas damnificadas, además, estos van a los bancos, a las agencias hipotecarias, realmente no hay un retorno al Estado, el único beneficiado será el sector privado”.

SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN

Hace diez meses Miriam y su esposo llegaron a vivir a un edificio de once pisos ubicado en la calle de San Antonio Abad, número 66. Después de una vida de trabajo la pareja dejó su casa en Tláhuac, vendió su carro e invirtió todo su patrimonio para comprar su departamento. Con él también adquirió una deuda de medio millón de pesos con un banco.

Hoy su casa, valuada en un millón 270 mil pesos, es inhabitable. Después de un mes del sismo algunas unas familias regresaron al lugar pero ella no quiere arriesgarse. “Estamos a la deriva, ¿qué va a pasar? No sabemos”, comenta.

Miriam muestra fotos de su departamento. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Desde el día del sismo Miriam y otras personas que vivían en el edificio han estado en contacto con una empresa administradora que sirve de enlace entre los vecinos y la empresa constructora Vertical Homes. La constructora les dijo que el edificio es habitable y sólo necesita unos arreglos.

Miriam tiene muchas dudas, primero porque la constructora pidió que las personas cobraran los seguros de sus viviendas y dieran el dinero para comenzar los trabajos de remodelación. La inconformidad ha crecido, pero los vecinos han hecho un pacto de silencio para no entorpecer las negociaciones con Vertical Homes.

“Estoy arrepentidísima de haber comprado, de haber invertido mi patrimonio”, dice al recordar que desde antes del sismo había filtraciones de agua, quejas porque los dos sótanos que no estaban terminados y peleas por el uso de los estacionamientos, algo que aceptaron pero que hoy atribuye a una irregularidad en la planeación y construcción del edificio.

Miriam no acudió a un albergue, tiene dos hijos y su plan es vivir una temporada con uno y después rentar. Ella fue una de las primeras en acudir por los tres mil pesos que ofreció el Gobierno de la Ciudad de México. Para acceder a este beneficio llevó las fotos de su departamento y sus documentos en orden, pero opina que la cantidad no es suficiente a cambio de la inversión que hizo.

San Antonio Abad 66 es uno de los ocho expedientes de investigación por probables irregularidades administrativas en el proceso de construcción en el periodo 2013-2017. Los otros inmuebles son los de Emiliano Zapata 56, Bretaña 90, Nuevo León 238, Eje Central 418, Insurgentes Norte 1260 y Rancho Tamboreo 11 y 19, así como Calzada de las Brujas 34 y 40, según la Contraloría General de la Ciudad de México.

INCERTIDUMBRE A MÁS DE UN MES

Hace más de 40 años Andrés Jiménez Páez construyó su casa en la calle de Lázaro Cárdenas, número 7 en San Gregorio Atlapulco, en la delegación Xochimilco, una delegación caracterizada por sus paisajes rurales y la zona de embarcaderos y chinampas. Conforme la familia fue creciendo con la llegada de los nietos y los yernos, la casa también se amplió para albergarlos a todos.

Con el sismo la casa terminó con fracturas y cuarteaduras en los muros de carga, la losa se fracturó, el cuarto del primer piso se derrumbó, en general la casa se está hundiendo y ya no es habitable. Aun así el DRO que hizo la inspección dijo que la casa -que en su opinión estaba en construcción- tiene daños moderados.    

A pesar del dictamen del experto ya nadie vive allí, pero siempre hay alguien cuidando el inmueble, integrantes de la familia permanecen durante todo el día en medio de lo que quedó de su hogar vacío, sin muebles y algunos escombros. Allí están las mujeres, los varones e incluso los niños que aún no acuden a la escuela. Todos en espera de respuestas.

La familia Jiménez no se aleja de su hogar porque necesitan estar allí cuando llegue una autoridad. La vez que llegó el DRO sólo estaba el señor Andrés, un adulto mayor que no sabe leer ni entiende de programas sociales, a él le pidieron que firmara la hoja donde se leía que la casa tenía daños moderados.

Casa de la Familia Jiménez Pérez en San Gregorio Atlapulco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

A la casa ya pasó gente del  Fondo de Desastres Naturales (Fonden) y de Prospera. Hay dos etiquetas que lo comprueban como en casi todas las viviendas del pueblo y aunque el personal que acudió les prometió apoyos no les dijeron cuándo ni cómo, creen que tal vez en unos dos o tres meses tengan claridad.

Las hermanas Gloria Beatriz y Rosa Mireya Jiménez López cuentan que empresas particulares y voluntarios los han apoyado, ellas recibieron unos polines para su casa, también recibieron comida de quienes llegaron a apoyar y aclaran que esa es la única ayuda que han tenido.

Gloria y Rosa, amas de casa, creen que la casa debe derrumbarse. Aunque el dictamen que tienen dice que la casa tiene daños moderados sus ojos ven otra cosa, no saben qué hacer, con quién acudir, quién debe asumir los gastos ni cómo hacerlo de manera segura sin dañar las casas aledañas.

Casa y muebles en ruinas tras el sismo que sacudió Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

La familia, en su mayoría de agricultores de flores, cuenta con tres opiniones: una persona de Protección Civil les dijo que la casa no era habitable, unos ingenieros de Jalisco confirmaron dicha versión, después otros arquitectos dijeron lo mismo, pero el DRO les afirmó que sí es habitable.  No saben a quién creer.  

“Nos van a dar una tarjeta, pero es un apoyo, no es regalado”, se trata de un crédito de 120 mil pesos para reconstruir una casa que a tres familias les costó cuatro décadas.

El 4 de octubre Enrique Peña Nieto anunció que el gobierno federal y de la capital crearía un fondo para otorgar créditos de hasta dos millones de pesos, a 20 años con 9 por ciento de interés, el gobierno asume el pago del capital y el damnificado los intereses.

Guadalupe es una adulta mayor que vivió el movimiento estudiantil de 1968 y después de septiembre dice que lo que más le ha dado tristeza en su vida es el desastre del sismo. El movimiento de la tierra acabó con su casa y dice que en este momento de su vida no tiene fuerza para empezar desde cero.

Guadalupe sigue visitando las ruinas de su casa en Xochimilco. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

De acuerdo con la Comisión de Gestión Integral del Agua en la zona ejidal de cultivo de San Gregorio Atlapulco, el suelo se hunde 25 centímetros al año y la región tiene grietas que datan desde la década de los 80 en canales, edificios, casas y calles, producto de la sobreexplotación de mantos acuíferos.

El sábado 4 de octubre, en recorrido por San Gregorio, diputados locales y funcionarios de gobierno aseguraron que la suma de esfuerzos haría posible sacar adelante esta zona. Ese día dijeron que había mil 250 casas afectadas, de las cuales se tendrán que reconstruir 250. La demolición ya comenzó pero el proceso aún es muy lento.

Guadalupe es jubilada de intendencia y su esposo es chinampero. Ambos rentan un cuarto porque no pueden regresar a su casa, una estructura que se está hundiendo. Regresan todos los días a las ruinas de su hogar. Ella está enferma y ni siquiera puede recoger las cosas que quedaron esparcidas por doquier, aun así prefiere estar allí, contemplando lo que quedó de su patrimonio.

En algunas colonias las casas se marcaron para identificarlas como inhabitables. CIMACFoto: Anayeli García Martínez

Ahora que los gobernantes están concentrados en los cargos que podrían obtener en las elecciones de 2018, Guadalupe y otras mujeres de Xochimilco y las demás delegaciones no creen poder iniciar una reconstrucción solas, sin el apoyo del Estado, por eso protestan desde los lugares donde se refugian, sin salir a las calles, porque no pueden y no quieren alejarse de la casas derruidas donde permanecen sus recuerdos.  

17/AGM/MMAE/HZM

A un año de la implementación del “Protocolo para la atención de casos de violencia de Género” en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de las 234 denuncias presentadas, solamente prosperaron 150, porque en algunos casos los agresores no pertenecían a la Universidad y en otros se desistió de la denuncia.

Así lo informó la UNAM en su plataforma de igualdad de género, donde señala que a un año de entrar en vigor este Protocolo, el cual se implementó como parte de la adhesión de la máxima Casa de estudios a la Campaña “He for She”, de ONU Mujeres.

De acuerdo con esta plataforma, consultada por Cimacnoticias, de las 234 personas que denunciaron, 96 por ciento fueron mujeres quienes interpusieron una queja por ser víctimas de violencia sexual, psicológica y física por razón de género.

Las mujeres en la UNAM fueron agredidas principalmente de forma sexual (50 por ciento). Dentro de las 234 quejas se identificaron 328 tipos de violencias, de esta cifra, 21 por ciento se atribuyó a tocamientos no consensuados, también fueron obligadas a observar actos sexuales, es decir quejas que corresponden a acoso sexual.

El acoso y hostigamiento sexual representaron 23.5 por ciento de las quejas, pero la Universidad no mencionó a qué tipo de agresiones sexuales integraron el porcentaje restante. Lo mismo sucedió con la violencia psicológica, prevalecieron los insultos (16.2 por ciento) y devaluaciones (15 por ciento) en contra de las y los denunciantes y se desconocen las agresiones restantes.

RESOLUCIÓN POR MEDIACIÓN

De los 150 procedimientos iniciados, 21 por ciento (14) aún espera recibir una sanción, en 5 por ciento no se pudo concluir el procedimiento porque los trabajadores denunciados se dieron de baja o pidieron su jubilación, mientras que un caso no procedió por decisión del Tribunal Universitario (TU).

En cuanto a la forma de resolver los casos resalta que un mayor porcentaje de ellos (67 por ciento, equivalente 44 de las denuncias) encontraron solución mediante mediación, un proceso que consiste en que la víctima y el agresor conversen para llegar a un acuerdo que alcance a reparar el daño, medida que ha sido cuestionada arduamente por estudiantes y académicas.

El proceso para dar respuesta a las quejas suele ser lento, reconoció la UNAM en su informe, por lo que una de sus propuestas fue implementar una estrategia para combatir el rezago en el TU, donde estudiantes que lo conforman han denunciado que las autoridades no envían la mayor parte de los casos, pues para diciembre de 2016, cuando la oficina de la abogada general de la universidad contabilizó 81 casos, solo tres habían llegado al Tribunal.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA Y AGRESORES

En la UNAM las estudiantes de educación media y licenciatura son las principales víctimas de la violencia de género, principalmente las de tipo sexual y psicológica; en 37 por ciento de los casos los agresores fue personal docente y administrativo. De las 234 denunciantes, 81 por ciento era estudiante (189), de éstas, 62.5 por ciento tenía entre 15 y 25 años de edad.

Las trabajadoras de la UNAM no estuvieron exentas de dichas agresiones, pues 9 por ciento de las quejas correspondió a esta población. En 49 de estos casos las personas agresoras laboraban en la Universidad, en mayor medida (42.9 por ciento) lo hacía dentro de las facultades y escuelas de Ciudad Universitaria (CU) y 34.7 por ciento en Facultades de Estudios Superiores (FES). Destaca que la mayor relación entre las víctimas y agresores fueron las de profesor-alumna o alumno (145 casos).

Pese a que las quejas adheridas permiten conocer la actuación de las autoridades ante ciertos casos de violencia de género, no dimensionan la magnitud del problema, pues incluso las estudiantes han denunciado que cuando intentan presentar una queja y adherirse al Protocolo de la Universidad, son revictimizadas y las autoridades minimizan la violencia en su contra.

Además, durante los últimos meses la UNAM ha sido cuestionada por su respuesta ante los casos de violencia contra las mujeres, particularmente por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio, perpetuado en CU el 3 de mayo y donde se acusa a su pareja y extrabajador universitario como culpable del feminicidio, pese a ello el rector Enrique Graue sigue sin asumir públicamente que la estudiante fue víctima de violencia de género.

17/MMAE/LGL

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) rechazó el amparo presentado por Jorge Luis González Hernández, con el que buscaba obtener su libertad por el feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, por lo que será investigado como autor material del feminicidio.

El 25 de octubre el Juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia penal del CJF rechazó el recurso de amparo que Jorge González presentó el pasado 31 de julio y donde argumentó que el juez de control a cargo del caso, Christian Franco Reyes, violó sus derechos al vincularlo a proceso por el asesinato de Lesvy Berlín Rivera Osorio “sin pruebas suficientes”.

En entrevista con Cimacnoticias la abogada de la familia Rivera Osorio, Sayuri Herrera Román, afirmó que la instancia negó el amparo gracias “al fallo favorable” de la Quinta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJDF) en el que ordenó a la Procuraduría General de Justicia capitalina (PGJDF) y al TSJDF investigar como feminicidio y no como homicidio simple culposo, como primero se acusó a Jorge González por no impedir el “suicidio” de Lesvy cometido el 3 de mayo.

Esta semana la familia Rivera Osorio y su defensa legal tendrán una audiencia en la Sexta Unidad de Gestión Judicial donde solicitarán al poder judicial ampliar hasta enero el plazo que tienen para recabar pruebas que demuestren que el ex trabajador de intendencia de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), González Hernández, asesinó a Lesvy.

En la audiencia, anunció la abogada Herrera Román, argumentarán que la familia de Lesvy “ha estado en desventaja” pues la PGJDF les negó por más de dos meses el acceso completo a la carpeta de investigación. Y aseguró que el plazo debe ampliarse para “privilegiar el derecho fundamental de las víctimas a acceder a la verdad”.

Desde el 10 de julio, durante la audiencia en la que se vinculó a Jorge González por homicidio, los abogados de la familia de Lesvy solicitaron al juez Franco Reyes los seis meses que el nuevo sistema de justicia penal otorga a las víctimas y a los inculpados como periodo máximo para recabar pruebas, sin embargo, el juez les concedió únicamente cuatro meses, los cuales concluirán el próximo 10 de noviembre.

La familia de Lesvy busca que el periodo de investigación se amplié pues, apoyadas por colectivas feministas y organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, han buscado a peritos reconocidos internacionalmente para que abonen a desmontar la teoría del suicidio, pero a las y los expertos les tomará tiempo dar su análisis.

La justicia para Lesvy aún tardará más de un año en llegar. La abogada del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, organización que representa a la familia Rivera Osorio, explicó que una vez concluido el periodo de investigación, el caso pasará a la etapa intermedia donde un juez estudiará si admite las pruebas presentadas por la familia Rivera Osorio, las aportadas por su agresor, Jorge González; y las que hasta ese momento recabe la PGJDF.

Posteriormente, en la etapa de juicio oral, el acusado y las víctimas serán escuchadas y expondrán nuevamente sus pruebas con las que se dictará o no una sentencia.

Mientras tanto cientos de estudiantes y organizaciones siguen solidarizándose con la familia Rivera Osorio y se suman a la exigencia de justicia pues, según ha expuesto en actos públicos la mamá de la joven, Araceli Osorio Martínez, el feminicidio representó la violencia y revictimización que viven las mujeres de la Ciudad de México.

17/MMAE/LGL

Desde que la Procuraduría General de Justicia de la capital (PGJ) conoció e inició la investigación del caso de la estudiante Lesvy Berlín Rivera Osorio, encontrada asesinada en la UNAM el pasado 3 de mayo, se empeñó en demostrar que fue un suicido.

Sin embargo, las protestas en redes sociales y en las calles por el tratamiento misógino que se le dio; y la presión de la familia y sus abogados, hicieron que este 18 de octubre se reclasificara el delito de homicidio simple culposo, a feminicidio agravado.

A 5 meses del hecho, este logro representa no solamente un primer paso para garantizar justicia, como lo declaró el padre de Lesvy, sino que demás es un revés a la actuación de la Procuraduría que ha cometido una serie de pifias con tal de no tratar el caso como feminicidio.

ACTUACIONES DEFICIENTES

El 3 de mayo, personal de vigilancia de la UNAM localizó el cuerpo de Lesvy. Su cuello estaba atado al cable de una cabina telefónica ubicada en el Instituto de Ingeniería. Al día siguiente, Comunicación Social de la PGJ, publicó en su cuenta de Twitter que al momento de su muerte estaba alcoholizada, drogada y además que no estudiaba.

Los comentarios en redes sociales causaron tal indignación que la etiqueta #SiMeMatan se convirtió en tendencia. Lesvy fue ejemplo de cómo las autoridades culpan a las víctimas en lugar de investigar a los agresores, en este caso al novio de Lesvy, Jorge Luis González Hernández, última persona en verla con vida.

Una vez iniciada la investigación, la Fiscalía Desconcentrada COY-1 inició la carpeta por el delito de “homicidio culposo” pese a que el cuerpo fue expuesto en un lugar público y tenía signos de violencia, dos características que definen el feminicidio como tipo penal. Ése fue el inicio de una demanda de la familia en contra de las autoridades para conocer la verdad de lo sucedido.

En total secrecía y contrario a la actitud de los primeros días, la dependencia encabezada entonces por Rodolfo Ríos Garza, negó a la familia y al Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, que representa a las víctimas, el acceso a toda la carpeta de investigación.

La PGJ dejó que los abogados Sayuri Herrera Román y Alejandro de Jesús Martínez Martínez, que representan el caso, accedieran al expediente completo hasta el pasado 5 de julio, un día antes del anuncio del “suicidio”, delito por el cual González Hernández está en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente.

Durante las indagatorias, la autoridad diseñó una hipótesis enfocada en el suicidio, por lo que insistió en un peritaje antropológico con preguntas enfocadas a estudiar la vida sexual de Lesvy así como sus relaciones familiares, mismo que no se realizó por oposición de la familia.

Lo que sí logró hacer fue una necropsia psicológica basada en los videos que la UNAM proporcionó. Las primeras entrevistas que hizo a Jorge y sus amigos, y un supuesto análisis de las imágenes y los testimonios, le bastaron para concluir que “Lesvy era dependiente” y que su consumo de alcohol mostraba señales de un “suicidio crónico”, como consta en la carpeta de investigación.

El 6 de julio la PGJ informó públicamente que Lesvy “se suicidó” y que Jorge Luis, ex auxiliar de intendencia de la UNAM y novio de la joven, sería acusado de “homicidio simple por omisión”, por no impedir que ella se quitara la vida.

El 10 de julio, el juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX, Cristian Ricardo Franco Reyes, siguió la determinación de la Procuraduría y aunque desechó la necropsia, avaló el auto de vinculación por homicidio.

REVÉS A PGJ

Los abogados del Centro de DH  y la madre de Lesvy no aceptaron el supuesto suicidio. La defensa legal sostuvo que la necropsia y los peritajes no se hicieron con perspectiva de género y no siguieron el Protocolo de Investigación de Feminicidio, así que apelaron la decisión del juez de control para reclasificar el delito a feminicidio agravado porque Lesvy y Jorge mantenían una relación de pareja.

El resultado fue que este 18 de octubre la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia, integrada por la y los magistrados Celia Marín Sasaki, Arturo Eduardo García y Salvador Ávalos Sandoval (este último votó en contra) resolvió la apelación a favor de la familia de Lesvy.

Con esta decisión la PGJ está obligada a investigar el crimen como feminicidio y el juez Reyes Franco, a vincular a proceso al sospechoso por este delito y a juzgar con perspectiva de género.

También llamó al juez y a la PGJ a investigar las lesiones que Lesvy presentó en rostro y otras partes del cuerpo como antecedentes de violencia previa que pudo vivir por parte de su pareja.

Un día después del fallo, la PGJ “aclaró” que actuó apegada a derecho, y señaló que antes de  vincular a proceso al agresor, la familia de Lesvy pudo aportar pruebas para “fortalecer la investigación” o señalar al posible culpable pero esto no fue así.

Durante los primeros meses después del crimen, el entonces fiscal central de Investigación para la Atención del Delito de Homicidio, instancia que atrajo el caso, Marco Enrique Reyes Peña, no explicó a los abogados ni a los familiares las líneas de investigación que se seguían, ni si tenía a algún sospechoso.

Tampoco tomó en cuenta los resultados de las primeras entrevistas que se hicieron a Jorge y a sus amigos, quienes evidenciaron que él ejercía violencia contra ella; ni dieron importancia a los videos del campus del día del crimen donde se observa cómo Jorge golpea a Lesvy con la cadena de su perro y cómo trata de asfixiarla.

La autoridad prefirió validar la conclusión del perito de la PGJ, Gilberto Saldaña Prieto, quien determinó que Lesvy “decidió enredarse el cuello con el cable de teléfono, deslizarse y dejarse caer, lo que provocó su asfixia, y lesiones en el rostro por su caída”; acción que hizo frente a Jorge. Sin embargo, esta teoría fue descartada por un peritaje independiente aportado por la familia.

Con todo el trabajo que la Procuraduría capitalina hizo para acreditar un suicidio, ahora la familia de la víctima permanece a la expectativa de justicia y de que en noviembre próximo haya una sentencia en contra de Jorge, quien interpuso un amparo en el que argumenta que no hubo pruebas para dictarle prisión preventiva, recurso que está por resolverse.

17/MAE/LGL