Instituto Nacional Electoral

En 2018 habrá elecciones en México para renovar la Presidencia de la República y elegir 3 mil 326 cargos legislativos, lo que supone  gran cantidad de mujeres participando, aunque las analistas presagian que las virtuales candidatas podrían enfrentar violencia para desalentar su incursión en la política.
 
La buena noticia –dicen las expertas– es que todos los partidos políticos estarán obligados a postular igual número de mujeres y varones a los cargos electivos (principio de paridad de género) pero la mala es que todavía no hay suficientes herramientas para que   compitan en condiciones de igualdad.
 
A la fecha el principio de paridad en candidaturas aplica para integrar la Cámara de Diputados federal, el Senado y los 32 Congresos locales. Sin embargo, hay casos, como el de Oaxaca, donde la paridad es constitucional aunque su ley electoral establece solo una cuota de género del 40 por ciento en candidaturas al Poder Legislativo.  
 
Entre los problemas que enfrentarán las aspirantes a una candidatura y a un cargo de elección están: no tener un piso parejo en la competencia, por ejemplo, que los partidos elijan a mujeres para gobernar a través de ellas; falta recursos para hacer campaña y de espacios en medios de comunicación; acompañamiento de los líderes del partido y, en particular, acoso, amenazas, descalificación o intromisión en su vida privada.
 
MÁS ASPIRACIÓN, MÁS VIOLENCIA
 
Ante la falta de una legislación que defina el término violencia política, en 2014 instituciones como el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Instituto Nacional de las Mujeres crearon el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres para crear una ruta de atención a estos casos. 
 
De acuerdo con el Protocolo, la violencia política contra las mujeres “comprende todas aquellas acciones y omisiones –incluida la tolerancia– que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público”.
 
La consultora e integrante de la comisión que está actualizando este instrumento, Teresa Hevia Rocha, señala que en los últimos dos procesos electorales en los estados se ha visto recrudecer la violencia contra las mujeres; en especial cuando compiten por obtener un cargo en los ayuntamientos.
 
Están los casos de mujeres que ganaron la elección y que fueron violentadas para obligarlas a abandonar el cargo: Samantha Caballero, en el municipio de San Juan Bautista lo de Soto, en Jamiltepec, Oaxaca; Felicitas Muñiz, en el municipio de Cuilapan, en Guerrero; y Rosa Pérez, en el municipio de San Pedro Chenalhó, en Chiapas, entre muchos otros.
 
Dice Hevia Rocha que hay menos casos de violencia cuando se busca una diputación pero se incrementa en los municipios porque todavía hay un rechazo a que las mujeres tengan posiciones de autoridad y porque los municipios son los más condicionados porque allí están los programas, los recursos, la posibilidad de influir y porque al ser cargos unipersonales concentran el poder.
 
Para la experta es importante que a nivel federal y en los estados se legisle y que estas conductas contra las mujeres en la política se sancionen. Según un análisis que realiza sobre la normatividad en la materia, hay 17 estados que han incorporado la figura de violencia política de género, pero destaca Oaxaca que incluyó el término en el Artículo 401 bis de su Código Penal y Nayarit que lo tienen como una infracción en su ley electoral.
 
LEYES SIN ARMONIZAR
 
Después de la reforma político electoral de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, algunos estados han legislado también para incorporar la violencia política, pero aún hay una diversidad de criterios. En el Cuarto Encuentro Nacional de Armonización Legislativa, que se realizó esta semana, el tema apenas fue mencionado por la senadora Diva Hadamira Gastélum.
 
La normatividad indica que hasta julio de este año, nueve de las 32 entidades (Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala, Sonora, Yucatán, y Zacatecas) tenían una definición de este concepto en su Ley Electoral; y cuatro (Coahuila, Hidalgo, Nayarit y Sinaloa) mencionaban la violencia política sin profundizar o acotándola a propaganda electoral. 
 
Además nueve entidades (Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Jalisco, Michoacán y Morelos) tienen el concepto en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. En total, en México tres entidades (Aguascalientes, Campeche y Morelos) definen la violencia política de género en su norma electoral y en su ley para una vida libre de violencia.
 
Al respecto, la ex senadora independiente y fundadora de la organización Mujer, Ideas, Desarrollo e Investigación, Martha Tagle Martínez, dice que es necesario empezar a hablar de la violencia y visibilizarla como un delito electoral porque estas formas de intimidación buscan que las mujeres no puedan ejercer de manera plena sus derechos políticos.
 
A decir de la ex legisladora, esta violencia siempre ha existido pero nunca se ha conceptualizado como tal y es a raíz del aumento de las mujeres violentadas en política que se ha dado esta discusión, justo cuando surge la necesidad de contar con herramientas legales para hacerle frente.
 
Por ello, en febrero pasado la entonces senadora propuso citar a comparecer ante el Senado al titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto, para que expusiera las acciones en la materia. Según esta instancia, de 2013 a 2016 se iniciaron 416 expedientes por violencia política contra mujeres; de los cuales 53.1 por ciento se presentaron en 2016. 
 
Tagle Martínez explicó que en dos ocasiones el Senado aprobó una minuta en la materia para definir el término en las leyes electorales, primero en febrero de 2013 y luego en marzo de 2017. En ambos casos la reforma no fue avalada por la Cámara de Diputados por lo que a nivel federal el tema sigue atorado.  
 
Pese a ello, el tema poco a poco se ventila y, por ejemplo, en 2016, el Instituto Electoral del estado de Zacatecas hizo un estudio con 45 síndicas, presidentas municipales y diputadas electas de 2016 a 2018 en la entidad y 29 (65 por ciento) dijeron haber sido víctimas de violencia durante la precampaña o campaña.
 
17/AGM/GG

Después de 58 días de campaña rumbo a la gubernatura del Estado de México las encuestas indican que dos candidatos se disputan el eventual triunfo: la abanderada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Delfina Gómez Álvarez, y el alfil del Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Alfredo del Mazo Maza. 
 
En esta contienda, por primera vez en más de ochenta años de procesos electorales en el Estado de México una mujer arropada por un partido de oposición se enfrentó al candidato del partido gobernante y en menos de dos meses de proselitismo logró conseguir la simpatía de los mexiquenses y con ello posibilidades reales de ganar la gubernatura.
 
No es la primera ocasión que una mujer busca el voto en la entidad. En la contienda de 1987 participó María Trinidad Villegas Gutiérrez como abanderada del Partido Socialista de los Trabajadores; en 1993 Natalia Escudero Barrera fue la candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y en 2005 Yeidckol Polevnsky Gurwitz fue aspirante por la coalición integrada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Partido del Trabajo (PT).  
 
En el actual proceso, y tres años después de una reforma constitucional que obligó a los partidos a reservar la mitad de sus postulaciones a diputaciones y senadurías para las  mujeres, seis políticas aspiran a ser gobernadoras: Gómez Álvarez, Josefina Vázquez Mota por el Partido Acción Nacional (PAN) y Teresa Castell de Oro Palacios por la vía independiente.
 
Las tres candidatas se enfrentan a Del Mazo Maza --un político de cepa, nieto e hijo de ex gobernadores y primo del titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto-- pero Delfina Gómez es quien hasta ahora se ubica arriba en las encuestas, sondeos que dejan entrever la posibilidad de que sea favorecida por un tercio de los 11 millones de personas (la mitad mujeres) de votantes mexiquenses. 
 
ARRIBA EN INTENCIÓN DE VOTO
 
Delfina Gómez llegó a estas campañas por sorpresa. Ella, una docente que entró a la política prácticamente sin experiencia, de la mano de un partido de reciente creación (Morena obtuvo su registró en 2014) y con dos cargos en su carrera proselitista: alcaldesa de Texcoco (2012-2015) y diputada federal (2015-2017), podría llevar la alternancia al Estado de México.
 
Previo a las campañas, el 16 de marzo, el periódico Reforma publicó una encuesta donde se registraba un empate entre el candidato del PRI, PVEM, Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES), Alfredo del Mazo Maza y Delfina Gómez; aunque el abanderado aventajaba con un punto porcentual al contar con 29 por ciento de la intención de votos de la gente encuestada.
 
Más tarde, a 22 días de campaña, el 25 de abril, otra encuesta del periódico Reforma mostró que los resultados se revirtieron, Delfina Gómez estaba a la cabeza de las preferencias con el 29 por ciento de la intención del voto; mientras que en segundo lugar y con un punto porcentual de diferencia se ubicaba Alfredo del Mazo.
 
En la recta final de las campañas, un sondeo del periódico El Financiero publicado el 25 de mayo indica que el priista cuenta con 34 por ciento de la intención de voto, ubicándose 5 puntos por arriba de la candidata de Morena, quien cuenta con 29 por ciento. En comparación con la encuesta publicada por este diario el 3 de mayo, Del Mazo subió dos puntos y Gómez Álvarez permaneció con la misma intención del voto.
 
Las encuestas –minimizadas como nunca antes por el partido en el poder– marcan una mínima diferencia entre Del Mazo y Gómez Álvarez y aunque la moneda se echará al aire este domingo 4 de junio, todo indica que habrá una elección entre dos candidatos.
 
Su desempeño como alcaldesa y su cercanía con la gente la hizo crecer como la espuma, un efecto que dejó estupefactos a sus principales contrincantes, tanto que sobre ella llovió una serie de acusaciones misóginas y clasistas y más tarde denuncias de corrupción. 
 
MISOGINIA Y CLASISMO
 
Gómez enfrentó desde el inicio de la campaña, el 3 de abril, embates de la oposición panista. Ese mismo día, el ex presidente Felipe Calderón envió en un mensaje en su cuenta de Twitter donde decía “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”, frase que aludía al apoyo que recibe la candidata por parte de Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República en los comicios de 2018.
 
La respuesta de la candidata la hizo presentar una queja por violencia política de género ante el Instituto Nacional Electoral.
 
Ser discípula del aspirante presidencial en la elección de 2018  y fundador del partido, Andrés Manuel López Obrador, no es la única fuente de acusaciones, también se enfrenta al candidato de la coalición PRI-PVEM-Panal-PES en un contexto de posible coacción del voto, lo que orilló a organizaciones civiles a crear la iniciativa # NiUnFraudeMás.
 
Integrada por integrantes de la academia, de la investigación, activistas y ciudadanos esta iniciativa recorrió el Estado de México para denunciar la compra del voto, informar a la ciudadanía sobre sus derechos electorales, fomentar la denuncia pública y legal de las irregularidades electorales.
 
SUMA DE APOYOS
 
La candidata hizo una campaña a pie y en terracería, recorriendo colonias populares mientras Del Mazo, el principal contrincante de Gómez Álvarez, hizo proselitismo diciendo que quería ser el “gobernador de las mujeres” y propuso construir la “universidad rosa”, implementar el “transporte rosa” y dar un “salario rosa” a las amas de casa e inició la entrega de tarjetas a las que se depositaría el dinero… una vez que asuma el poder.
 
Delfina Gómez, en la campaña hizo énfasis en su origen humilde, como hija de un albañil y de una ama de casa, y entre sus compromisos, como el resto de las y los candidatos, incluyó el combate a la inseguridad y a la violencia de género, pero además se comprometió a construir cuatro líneas de Metro, dar pensión a adultos mayores, monitorear los casos de mujeres asesinadas y promover una reforma al sistema de salud.
 
Con frases como “vamos super-requetebién”, que pronunció en su primer debate y que más tarde adoptó López Obrador, recorrió plazas asegurando que gobernaría para todos e hizo eco de su lema de campaña “La esperanza se vota”, siempre platicando, tratando de exponer sus puntos sin leer discursos como Del Mazo y sin esperar las porras previamente ensayadas de su público.
 
Así también capitalizó el hartazgo de los mexiquenses por los gobiernos priistas que mantuvieron la pobreza, la falta de empleos y de servicios básicos. Y aunque no hizo eco de su posición a favor del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, fue una posición que quedó inscrita en la plataforma electoral que presentó ante el Instituto Electoral del Estado de México.
 
En campaña, “la maestra”, como se le conoce por su actividad docente, logró sumar liderazgos como el de Tatiana Clouthier Carrillo, hija de quien fuera líder del PAN y candidato presidencial en 1988, Manuel Clouthier; y a su campaña se adhirieron políticos perredistas, incluso consiguió que el 26 de mayo el candidato del PT, Oscar González Yañes declinara a su favor.  
 
Sin embargo también atrajo personajes cuestionados como el líder del Sindicato del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Fernando Espino, y por ende el apoyo de los agremiados del sindicato, y al exsecretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Rafael Ochoa Guzmán, lo que ha sido usado por sus opositores para ligarla con la otra maestra, Elba Esther Gordillo.
 
En respuesta, su partido, por voz de López Obrador, dijo que serán precavidos para las adhesiones y que si docentes quieren apoyar, adelante, como lo hicieron ya integrantes del magisterio disidente. 
 
Cabe recordar que en la elección de 2011, cuando terminaba la administración de Enrique Peña Nieto y comenzaba la de Eruviel Ávila Villegas, Morena no existía pero el PRD –de donde salieron muchos morenistas– obtuvo la segunda mejor votación en 116 municipios.
 
De acuerdo con los analistas los municipios claves en esta elección son Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Toluca y Texcoco, donde –a excepción de este último– hay una Alerta de Violencia de Género desde 2011 por concentrar el mayor número de mujeres asesinadas. A este fenómeno de violencia e inseguridad se enfrentará la próxima o el próximo gobernador.
 
17/AGM/GG

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) conocerá y decidirá la procedencia de la queja por violencia política de género que presentó la candidata de  Movimiento Regeneración Nacional (Morena) al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, ante el Instituto Nacional Electoral (INE).
 
El 10 de abril la candidata presentó una queja por violencia política de género ante el INE por los comentarios misóginos que hizo en su contra el expresidente Felipe Calderón y los líderes nacionales de los Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, y Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza.
 
Acompañada por el representante de Morena ante el INE, Horacio Duarte, y del líder del partido, Martí Batres, la candidata entregó en la Oficialía de partes del organismo el documento de queja donde pidió la implementación del Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado por las autoridades electorales en marzo de 2016.
Sin embargo hoy el INE remitió la queja al IEEM al considerar que es el organismo local el que debe pronunciarse. La decisión se basó en el criterio de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que dicta que la competencia en este tipo de procedimientos depende del tipo de norma vulnerada y del proceso electoral.
 
Gómez Álvarez argumentó hechos en detrimento de su imagen, dignidad y su derecho político-electoral a ser votada, y como el proceso electoral es en el Estado de México. El INE se determinó que es el organismo local la instancia competente para conocer el asunto a través de un procedimiento administrativo sancionador.
 
Al dar a conocer la decisión, el INE declaró que sin pronunciarse al respecto, “(Se) reconoce que la violencia política contra las mujeres por razones de género es una problemática persistente en todo el país y con el fin de combatirla frontalmente ha emprendido acciones para brindar una debida y diligente atención a dichos casos”.
 
LA VIOLENCIA
 
El pasado 3 de abril el ex presidente Felipe Calderón envió en un mensaje en su cuenta de Twitter donde decía “¿Delfina es nombre propio? ¿O así le dicen por cómo la trata quien la nombró y es su jefe?”, frase que aludía al apoyo que recibe la candidata por parte de Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la Presidencia de la República en los comicios de 2018.
 
De acuerdo con los medios, después de presentar la queja, Gómez Álvarez criticó el “lenguaje misógino” y los comentarios de “odio y clasicismo” con el que se refieren a ella. La candidata ha sido criticada por ser maestra y ser la candidata “de López Obrador”, lo que, en su opinión, es una forma de degradarla porque quieren decir que no tienen capacidad de gobernar a pesar de que ha sido servidora pública y alcaldesa de Texcoco.
 
El Protocolo considera tres tipos de violencia política de género: delitos penales o electorales, e infracciones electorales. El INE tiene la facultad de determinar  responsabilidades e impone sanciones; ejecutar órdenes de protección; investigar y, en su caso, sancionar el incumplimiento de la normativa electoral.
 
La candidata rechazó las expresiones en su contra y declaró que su denuncia también era para abrir brecha y detener la violencia política de género. Además agregó que sus contrincantes le tienen miedo por ser una mujer sin abolengo político, con un padre de oficio albañil y una madre ama de casa que, aun así, tiene probabilidades de ganar la gubernatura.
 
El mismo día que presentó su denuncia, en su cuenta de Twitter Gómez Álvarez expresó su solidaridad con la delegada de Miguel Hidalgo, la panista Xóchitl Gálvez, quien un día antes fue sacada a empujones del tianguis de Tenayo, en el municipio de Tlalnepantla, cuando hacia campaña a favor de la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota.
 
“Mi solidaridad con @xochitlgalvez. Todas reprobamos cualquier expresión de violencia”, escribió la morenista.
 
La delegada del PAN presentó una denuncia ante el Ministerio Público de Tlalnepantla y Vázquez Mota denunció que su equipo de campaña fue sacada con armas largas por la policía estatal, que les impidió hacer actos proselitistas a pesar de contar con los permisos necesarios.
 
17/AGM/GG
 

La Cámara de Diputados avaló ayer, por mayoría calificada y con la oposición del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a las dos consejeras y un consejero elegidas por la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para formar parte del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) del 5 de abril de 2017 al 4 de abril de 2026.
 
Se trata de Dania Paola Ravel Cuevas, Beatriz Claudia Zavala Pérez y Jaime Rivera Velázquez, quienes se integrarán al Consejo General del INE por 9 años y participarán en la organización de la elección presidencial de 2018, la de  2024 y los comicios intermedios.
 
Con esta decisión, se incumplió la demanda que hicieron el 28 de marzo pasado, diputadas del  Partido Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC), para que los tres puestos fueran ocupados por mujeres. Una demanda que se expresó también en una petición de change.org, para aprovechar “una oportunidad histórica y necesaria para que los hombres se comprometan con las mujeres” indicó  entonces la diputada del partido MC, Candelaria Ochoa.
 
Las dos consejeras y el consejero designados sustituyen a los consejeros Beatriz Galindo Centeno, Arturo Sánchez Gutiérrez y Javier Santiago Castillo quienes dejarán el cargo el 4 de abril.
 
Morena votó en contra, por considerar que no son personas idóneas y había otras aspirantes que lograron mayor puntaje en su evaluación, explicó la coordinadora parlamentaria de ese partido, Rocío Nahle. 
 
PROCESO DE SELECCIÓN
 
Desde el 28 de febrero y hasta el 3 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación instalado para organizar el proceso de selección recibió a 151 aspirantes, de los cuales 44 eran mujeres; de ese número ocho llegaron a la etapa final de 15 seleccionados.
 
Los aspirantes fueron integrados en tres quintetas, de las que se elegirá a uno. En la primera participaban Dania Paola Ravel Cuevas y Diana Talavera Flores. Ambas se desempañaron como consejeras en el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF).
 
En la segunda lista estaban Carla Astrid Humphrey Jordán, ex consejera electoral en la Ciudad de México y ex asesora en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; si como María Dolores López Loza quien fuera integrante del Instituto Electoral de Guanajuato.
 
La tercera quinteta se integró con Elizabeth Bautista Velasco, quien fue consejera en el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca; Rosa María Cano Melgoza, quien fungió como directora Jurídica en el extinto Instituto Federal Electoral; y Beatriz Claudia Zavala Pérez, también ex consejera del IEDF.
 
Previo a conocer las tres propuestas finalistas, diputadas y activistas pidieron que la Jucopo de la Cámara baja eligiera a tres mujeres, para ser avaladas en votación por el pleno de diputados,  con el fin de que Consejo General del INE –integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales– se conformara de manera paritaria por cinco mujeres y seis hombres.
 
Con la salida de los tres integrantes que terminan su periodo, en el INE, quedan seis hombres: Lorenzo Córdova Vianello, Enrique Andrade González, Marco Antonio Baños Martínez, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández y José Roberto Ruiz Saldaña; y dos mujeres: Pamela San Martín Ríos y Adriana M. Favela Herrera.
 
OPORTUNIDAD HISTÓRICA PERDIDA
 
La propuesta del 28 de marzo de diputadas del PRI, PRD y MC fue apoyada también por Martha Tagle, quien fuera senadora y actual integrante de la Red Mujeres en Plural; por la diputada perredista y presidenta de la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, Maricela Contreras; por el colectivo Las Constituyentes y la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales.
 
Ese mismo día, 28 de marzo, el diputado y vicecoordinador de la bancada priista, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que la equidad de género “se volvió un problema” porque la Constitución prevé un procedimiento que no permite incluir este criterio en la integración del INE.
 
“Sin embargo, creo que los grupos parlamentarios estamos procurando privilegiar las opciones de mujeres que tenemos, ojalá esto termine dando resultados, pero no se puede establecer como un principio, ya que no lo establece la Constitución como un requisito”, afirmó.
 
Además, en la plataforma change.org se difundió una petición dirigida a la Cámara de Diputados que exigía más mujeres como consejeras electorales y en la que se dice que “los lineamientos internos del INE establecen un compromiso con acciones que privilegien la sana, justa y equitativa del Consejo General que hasta el momento no se han cumplido”.
 
El 30 de marzo, fecha límite para la votación de la lista de 15 aspirantes y para la presentación de la terna ante el pleno, se decidió que serían dos mujeres y un hombre, con lo cual no se  logró, en un esfuerzo por alcanzar la  paridad, que fueran  tres las consejeras que se integraran al INE.
 
 
17/AGM/GG

El nuevo fenómeno de la democracia mexicana es una operación hormiga para que las candidatas que ganan una sindicatura, regiduría o presidencia municipal asuman los cargos, ejercen sus funciones por un tiempo, pero luego son obligadas a renunciar, aseguró la consejera electoral Adriana Favela Herrera.
 
Datos recabados por el Instituto Nacional Electoral (INE) indican que hasta el 3 de febrero de 2017, 30 mujeres fueron obligadas a renunciar y de ellas 23 fueron sustituidas por hombres y siete por otras mujeres. “En estas sustituciones perdimos a 23 mujeres”, declaró la consejera. En ese mismo periodo, renunciaron 24 hombres y 20 fueron sustituidos por hombres y dos por dos mujeres y hay dos cargos que todavía no se designan.
 
En el foro “Igualdad de derechos y paridad de género en la agenda internacional. Avances y retos del sistema mexicano de justicia electoral”, la consejera electoral dijo que en la actualidad el mayor reto es la violencia política que siempre ha existido pero que se ha incrementado a la par que más mujeres son candidatas a cargos de elección popular. 
 
Favela Herrera llamó a las integrantes de los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a dar seguimiento al número de mujeres que llegan a los cargos de elección popular, y vigilar que lo sigan desempeñando, porque en estados como Chiapas y Guerrero las  candidatas que ganan en los comicios, toman protesta, ejercen el cargo por unos meses y después son obligadas a renunciar.
 

Adriana Favela Herrera, consejera electoral | imagen retomada del twitter del INE.

La consejera electoral dijo que en 2014 se hizo un estudio a nivel nacional que arrojó que solamente el 7 por ciento de las presidencias municipales eran ocupadas por mujeres; después de la reforma en materia político-electoral de 2014 y la jurisprudencia de la Sala  Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en 2015 se alcanzó 13 por ciento y en 2016 cuando hubo elecciones en 11 entidades federativas, se alcanzó casi un 26 por ciento.
 
También señaló que, sumando las elecciones de 2015 y de 2016 que se realizaron en 27 entidades federativas que tuvieron elecciones de los ayuntamientos, hay un 18.09 por ciento de mujeres en cargos edilicios.
 
Por su parte el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, coincidió en que después de la reforma de 2014 surgieron otras modalidades de violencia política y “se manifestaron diversas pulsiones autoritarias que pretenden sostener, o bien, ocultar la discriminación”.
 
El consejero manifestó sus dudas en tipificar la violencia política de género porque, como lo ha explicado en otras ocasiones, una democracia tiene que construir cambios culturales. “Bienvenida la criminalización, pero cuidado con la criminalización, porque suelen pagar los más desfavorecidos, los más pobres, los más desprotegidos y aquí el problema que tenemos no es un problema de combatir y sancionar”.
 
En el acto participaron las magistradas Mónica Aralí Soto Fregoso, Janine M. Otálora Malassis; la ministra Margarita Luna Ramos; el fiscal de Atención de Delitos Electorales, Santiago Nieto Castillo; la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; y la representante de ONU Mujeres, Ana Güezmes García.
 
17/AGM/GG

Uno de los retos que enfrentan las mujeres que aspiran a competir por cargos de elección son los promocionales electorales y los programas noticiosos que las califican como inseguras y débiles, y las describen por su vestimenta, apariencia física y relaciones familiares.
 
Al participar en el foro Asimetrías y estereotipos de género en los medios de comunicación --que inició ayer y finaliza hoy en el Instituto Nacional Electoral--, mujeres políticas, periodistas y representantes de autoridades electorales, coincidieron que los responsables de cambiar estas narrativas son los medios, las candidatas y los partidos políticos.
 
Como ejemplo del trato estereotipado que reciben las candidatas en campaña, la ex candidata al gobierno de Guerrero, la perredista Beatriz Mojica; y la ex candidata al gobierno de Puebla, la priista Blanca Alcalá, señalaron que enfrentaron campañas hostiles y violentas durante sus actividades proselitistas.
 
Ante ello, las periodistas Lucía Lagunes, Ivonne Melgar y Vianey Esquinca señalaron que, de acuerdo con el Monitoreo Global de Medios, que se realiza cada cinco años, las mujeres ocupan apenas el 29 por ciento de las noticias por lo que en la información de política y gobierno prácticamente no aparecen.
 
La también directora de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), organización que desde 2009 revisa la representación política de las mujeres en los medios impresos durante los procesos electorales, señaló que en los comicios de 2015, los primeros con paridad, las candidatas no estuvieron en los medios.
 
De acuerdo con la revisión que CIMAC realizó, el cuerpo de las mujeres se sigue usando como escaparate electoral y además en las noticias los medios no destacan las trayectorias ni propuestas de las contendientes sino su apariencia, su forma de vestir, sus relaciones familiares y su sensibilidad.
 
Al respecto la periodista Ivonne Melgar  resaltó que los medios por sí solos no  legitiman "la denegación" de la participación política de las mujeres en cargos de decisión, sino que es un fenómeno desde  las elites de la política que consideran a las mujeres como "bella compañía" pero no como interlocutoras.
 
La comunicadora y columnista destacó que los propios partidos tuvieron responsabilidad en las derrotas electorales de sus abanderadas, como ocurrió con Ivonne Álvarez en Nuevo León y Lorena Martínez en Aguascalientes, quiénes se quedaron solas porque el machismo es real y se toca en las campañas.
 
Por su parte la periodista y especialista en marketing político, Vianey Esquinca, señaló que en los medios no se avanza en el modelo de representación de las candidatas por ignorancia, ya que las y los periodistas no saben cómo tratar el tema y por la frivolidad de la política donde en vez de campañas hay guerra sucia, declaraciones y filtraciones.
 
17/AGM/GG

En las campañas electorales, los medios de comunicación reproducen estereotipos de género o dejan de lado la participación política femenina, como sucedió durante el proceso electoral de 2016, cuando 70 por ciento de las notas periodísticas sobre los comicios omitió a las candidatas.
 
De acuerdo con el análisis del Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), las mujeres políticas todavía enfrentan obstáculos para aparecer en los medios.
 
Al participar en el foro Asimetrías y Estereotipos de Género en los Medios de Comunicación, que se realiza hoy y mañana, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, señaló que de acuerdo con el monitoreo de medios que realizó la autoridad electoral, en las campañas de 2015 y 2016, sólo 13 por ciento de las notas incluyó a las mujeres.
 
El consejero expuso que, de acuerdo con este estudio, a las mujeres no se les presenta aludiendo a su experiencia profesional o capacidades, sino en relación con su aspecto físico, sus relaciones familiares, los hombres cercanos a su vida personal y laboral, y sus características emocionales.
 
Córdova abundó que hay una creciente influencia de los medios de comunicación en la vida pública del país, lo que llevó al Poder Legislativo a diseñar un modelo de comunicación política que reglamentó el acceso equitativo de los partidos a los tiempos en la radio y la televisión con fines electorales.
 
A 10 años de la reforma constitucional de 2007, que confeccionó el modelo de comunicación política vigente, y a ocho años de que se puso en marcha, Córdova destacó que hay libertad de expresión de quienes compiten por cargos públicos pero todavía se reproducen estereotipos de género en la propaganda política.
 
La consejera electoral del INE, Beatriz Galindo, dijo que es increíble que a más de 10 años de aprobarse la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia subsistan prácticas que tiendan a disuadir el interés de las mujeres de votar y ser elegidas y en condiciones equitativas respecto al hombre.
 
La consejera Galindo dijo que no se pueden justificar los casos de sindicas y demás representantes populares acosadas y agredidas verbal y físicamente por desempañar su cargo; ni la inequidad en la distribución de tiempos en radio y televisión entre mujeres y hombres, o  asignarla en distritos perdedores.
 
La presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, destacó que de acuerdo con datos del INE tan sólo durante el periodo de campañas electorales del proceso electoral 2015, por cada 10 horas dedicadas en radio y televisión a hombres, las mujeres solamente tenían 6.8 horas.
 
Agregó que la distribución de recursos y cobertura mediática de las campañas está estrechamente vinculada con la discriminación de género, por lo que exhortó a todos los medios de radio y televisión a que en las elecciones de 2017 realicen una cobertura de campañas con un enfoque igualitario.
 
En tanto el fiscal de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, dijo que en tiempos electorales, en los medios de comunicación también se pueden violar derechos, por ejemplo, el derecho a la intimidad, al honor o de réplica; y además son espacio para promover estereotipos de género.
 
Es por ello que llamó a discutir cuál debe ser el alcance de la libertad de expresión cuando se encuentra un derecho en juego enfrente, como el derecho a la igualdad sustantiva, a la no discriminación y, el derecho del ejercicio y el acceso a los cargos públicos y al voto.
 
17/AGM/GG
 

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Instituto Nacional Electoral (INE) iniciar una investigación en contra de consejeros del Instituto Electoral de Quintana Roo, que ejercieron violencia política de género en contra de su homóloga, la consejera Claudia Carrillo Gasca.
 
El caso tuvo origen el 31 de agosto de 2015 cuando Carrillo Gasca denunció a diversas autoridades electorales locales por violentarla luego de que se negó a la petición del magistrado presidente del Tribunal Electoral local, Víctor Vivas, para que en los comicios para renovar gubernatura de 2016 –como consejera electoral– apoyara a un partido político y a una coalición.
 
De acuerdo con el expediente, los actos intimidatorios consistieron en llamadas intimidatorias y correos electrónicos o mensajes de texto, desplegados en la prensa y, lo que ella consideró la reactivación indebida de una averiguación previa iniciada en su contra, así como la obstaculización de su labor como integrante de la Comisión transitoria de Igualdad entre Mujeres y Hombres.
 
Finalmente el pasado 18 de enero la Sala Superior del TEPJF ordenó al INE investigar a la consejera presidenta del instituto local, Mayra San Román Carrillo Medina y al consejero Juan Manuel Pérez Alpuche, así como a los representantes de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (Panal) y del Trabajo (PT) en el Consejo General local.  
 
También serán investigados el director de Organización; el director de Partidos Políticos y Radiodifusión; y el jefe de la Unidad Técnica de Comunicación Social del Instituto local, por conductas que supuestamente constituyen violencia política de género.
 
Al resolver el recurso SUP-JE-107/2016, promovido por la consejera por presuntas afectaciones a su derecho a ejercer el cargo con independencia y autonomía, la Sala Superior señaló que además se debe determinar la responsabilidad de magistrados y funcionarios del Tribunal Electoral de Quintana Roo, que también fueron denunciados.
 
Las conductas expuestas por la consejera Carrillo Gasca no se encuentran contempladas en el artículo 449 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE) sobre infracciones a los servidores públicos, pero las magistradas y magistrados de la Sala Superior consideraron que esto no limita que los juzgadores colaboren en la investigación o puedan dar vista de los hechos a las autoridades competentes.

17/AGM/LGL