Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos

Un centenar de organizaciones de la sociedad civil (OSC), nacionales y del estado de Chihuahua demandaron el cese de las campañas de desprestigio en contra de la abogada Estela Ángeles Mondragón, defensora de los derechos humanos de los pueblos indígenas rarámuri.
 
La abogada ha dado acompañamiento jurídico al pueblo rarámuri durante dos décadas. Ha ganado 32 sentencias a favor de los indígenas en las que se ordenó restituir cerca de 22 mil hectáreas del territorio de las y los ejidatarios
 
En un comunicado publicado, el lunes pasado, en el portal de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), las OSC manifestaron “su preocupación por los hostigamientos que ha recibido la abogada Estela Ángeles Mondragón”, apoderada legal de la organización Bowerasa A.C., y representante legal de las comunidades de Baqueachi, Huahuacherare, Chineachí, entre otras.
 
“La abogada Estela Ángeles Mondragón ha sido amenazada y agredida en varias ocasiones por su tenaz defensa del territorio ancestral de comunidades indígenas rarámuri en el estado de Chihuahua”, señala el comunicado.
 
De las 32 sentencias que ha ganado a favor del pueblo rarámuri, a la fecha 28 se han cumplido parcialmente y se ha tenido que hacer uso de la fuerza pública para evitar el conflicto con los ganaderos, para quienes dichas resoluciones no son gratas.
 
En diciembre de 2015, los pobladores del Ejido Baqueachi, municipio de Carichí, anunciaron que tras 80 años de lucha, los últimos 20 en tribunales federales con el apoyo de la jurista Ángeles Mondragón,  se reconocían sus derechos ancestrales.
 
La defensa de estos pueblos por mantener la propiedad como dueños originales de la tierra ha estado marcada por decenas de asesinatos, entre ellos el del abogado indigenista Ernesto Rábago Martínez, el 11 de diciembre del 2010.
 
Y, muy recientemente, el pasado 18 de enero, Isidro Baldenegro, rarámuri ecologista, defensor de los bosques en la sierra Tarahumara, Chihuahua, fue asesinado en el municipio Guadalupe y Calvo, donde se resguardaba en la casa de un familiar, ante las reiteradas amenazas y agresiones que recibió.  
 
 Es por ello que las organizaciones que firman el comunicado exigen el cumplimiento de todas las medidas de protección acordadas para la abogada, algunas de ellas emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
 
De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, en el periodo de 2012- 2014 se registraron 616 agresiones a defensoras mexicanas, de las cuales 230 (38 por ciento) fueron contra activistas que defienden la tierra-territorio, y éste es el caso de la abogada Ángeles Mondragón.
 
17/RED/GGQ

En agosto de 2014 el Congreso mexicano aprobó la creación de 9 leyes y la modificación de 12 ya existentes en materia de hidrocarburos, electricidad y geotermia, reformas que abrieron las puertas a la inversión extranjera y a la instalación de empresas transnacionales.  
 
La promesa del gobierno federal fue que estas empresas llevarían beneficios económicos y  empleos a las comunidades indígenas donde se asentaran; sin embargo, organizaciones civiles dicen que en lugar de progreso hubo amenazas a quienes defienden la propiedad de sus tierras.
 
Ejemplo de esta realidad es Oaxaca, donde las mujeres son violentadas, difamadas y amenazadas por organizarse para defender sus tierras ante la expansión de 21 parques eólicos, asentados principalmente en la zona indígena del Istmo de Tehuantepec, donde la mayor parte de la tierra es propiedad comunal.  
 
Esta información se presentó ante el relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quien del 16 al 24 de enero está en el país para documentar la situación que viven las y los activistas mexicanos.
 
AMENAZAS EMPRESARIALES
 
Tras la reforma enérgica aumentó la represión contra indígenas que no quieren ceder, vender o rentar sus tierras, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, la integrante del Área de Justicia Transnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Elena Villafuerte, quien compaña a activistas oaxaqueñas.
 
De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, en el periodo de 2012- 2014 se registraron 616 agresiones a defensoras mexicanas, de las cuales 230 (38 por ciento) fueron contra activistas que defienden la tierra-territorio.
 
A partir de 2014 –cuando entraron en vigor las leyes secundarias de la reforma energética–, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, documentó 172 agresiones a personas defensoras, cifra superior a la registrada en 2012 cuando se contabilizaron 48 casos.
 
Los datos de esta agrupación indican que los ataques a defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales se incrementaron entre 2013 y 2015. Mientras que en el primer año representaron 20 por ciento del total de casos, en 2014 ascendieron a 24 por ciento y en 2015 ocuparon 27 por ciento de los casos.
 
Villafuerte agregó que las personas que defienden la tierra- territorio, además de ser agredidas o desprotegidas por el Estado, enfrentan la violencia de las empresas transnacionales que se han convertido en perpetradores de abuso hacia comunidades y activistas.
 
Las empresas, dijo la activista, tienen un papel tan preponderante en el despojo de las tierras que implementan tácticas “de captura corporativa del Estado” para que las instituciones de gobierno favorezcan sus intereses, como no intervenir cuando contratan servicios de seguridad privada para hostigar, amenazar o vigilar a sus opositores.
 
En 2016 ProDESC y otras organizaciones, denunciaron esta situación ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que por primera vez visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.
 
MUJERES EN RESISTENCIA
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, indica que aunque las mexicanas siembran, cosechan y producen alimentos –hasta 2012– sólo 32 por ciento de estas mujeres eran propietarias de la tierra.
 
La incursión de las mujeres en el campo hizo que también se convirtieran en defensoras de su territorio a pesar de los ataques de los que pueden ser víctimas y de la exclusión que viven en sus comunidades donde la tradición dicta que deben “estar en la casa”.
 
En el municipio de Juchitán, las mujeres de la comunidad agraria de Unión Hidalgo son amenazadas por resistirse a ceder sus tierras a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) que desde 2005 inició la instalación del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II.
 
Guadalupe Ramírez, indígena zapoteca de 65 años de edad, es una de las 47 personas que en 2011 crearon el Comité de Resistencia contra el proyecto eólico Piedra Larga; cuando se dieron cuenta que habían sido engañados para firmar contratos individuales de arrendamiento de sus tierras cuando ello no se puede porque la tierra es propiedad comunal. 
 
Sin embargo, poco a poco las personas que crearon el Comité se han alejado, algunas por las amenazas y otras porque la empresa dividió a la comunidad diciendo que unas querían más dinero o más beneficios que otras. Actualmente hay 18 comuneros encabezando esta resistencia.
 
Ramírez aseguró que hay mujeres que sin tener la tenencia de algún terreno apoyan la causa porque han visto las injusticias que se cometieron con la firma de contratos y la devastación ambiental que provoca un parque eólico como el derrame de aceite de los aerogeneradores que se instalan para generar energía eólica.
 
Estar en desacuerdo con la entrega de las hectáreas acarrea intimidaciones. En 2011 Guadalupe Ramírez fue víctima de un  asalto, que asegura, estuvo relacionado con su activismo. También recibió amenazas a través de llamadas telefónicas. Pese a ello advierte “si no decimos nada, si nos quedamos callados, va a ser peor” y por eso insistirá en la defensa de su comunidad.  
 
A propósito de la gira de trabajo del relator Michel Forst por Oaxaca este viernes, Ramírez y otras defensoras se reunieron con el experto para exponer su situación. Una de las demandas de las activistas oaxaqueñas es que la ONU emita recomendaciones al Estado mexicano para que se mejore el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
 
Aseguran que este Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, debe considerar la situación que viven las defensoras de la tierra- territorio e implementar estrategias específicas para proteger a comunidades y a personas defensoras que residen en territorios en disputa.
 
Pedirán un pronunciamiento para que las empresas consideren los lineamientos emitidos por la ONU y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo sobre el comportamiento que las transnacionales deben tener para respetar los DH de trabajadores y comunidades donde se instalan.
 
17/AGM/LGL