Secretaría de Gobernación

ESTADOS
VIOLENCIA
   Red Sonorense amplía amparo con 5 de feminicidio en 2018
   
Exhortan a Segob a revisar y decretar Alerta de Género en Sonora
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Por la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 30/01/2018

La Red Feminista Sonorense exhortó al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alfonso Navarrete Prida, a revisar la negativa de declaratoria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, y decretar el mecanismo.

Cajeme, argumentaron, es el tercer municipio con la tasa más alta de casos de feminicidio del país, 5.59  por cada 100 mil mujeres, según las cifras relevadas la semana pasada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

El pasado 26 de enero las integrantes de la red enviaron un oficio a Navarrete Prida, donde describen que de acuerdo con los datos del SESNSP, Cajeme quintuplicó la media nacional de 1.6 casos de feminicidio por cada 100 mil mujeres, colocándose como el tercer municipio más peligroso en 2017, sumó un total de 13 casos de feminicidio.

La violencia también ocurre en el resto de Sonora, según los datos proporcionados por la Procuraduría de Justicia estatal al Secretariado Ejecutivo, el año pasado en toda la entidad ocurrieron 32 casos de feminicidio y 37 mujeres víctimas de homicidio doloso.

Por esta razón la Red Sonorense apeló al nuevo titular de Segob a revisar el proceso de la Alerta de Género solicitada por las organizaciones civiles en mayo 2015 y negada por la Secretaría dos años después, el 4 de agosto de 2017.

En esta decisión Segob aseguró que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” para activar el mecanismo en Cajeme y que el gobierno estatal, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, había atendido las recomendaciones del Grupo de Trabajo conformado para dar seguimiento a la AVG.

Sin embargo, la cifras reportados por el Secretariado Ejecutivo y las documentadas por las activistas sonorenses demuestran que la violencia contra las mujeres no ha cesado. En el documento indicaron que en lo que va de este año llevan el registro de cinco asesinatos de mujeres y otros tres intentos.

Según un comunicado emitido por la Red Feminista Sonorense como evidencia entregó al titular de Segob el registro de los casos que han documentado, esta información también fue enviada al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal para ampliar las pruebas del amparo que interpuso la asociación Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) en contra de Segob el 7 de junio de 2017.

Este amparo indirecto presentado por ACEG, se debió a la prórroga de seis meses que otorgó en septiembre de 2016 la Segob al gobierno de Sonora para atender la Alerta de Género, a pesar de que la ampliación del tiempo para cumplir con las recomendaciones de las expertas no está establecido en el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

Las integrantes de ACEG –una de las organizaciones peticionarias de la Alerta para Cajeme– consideraron que esta decisión trasgredía la normativa de la AVG y no decretar el mecanismo incumplía con la protección de la vida y derechos de las sonorenses, sin embargo, Segob pidió en septiembre del año pasado a Juzgado Séptimo que terminará el proceso en su contra.

Aún las activistas están en espera de que el Juzgado resuelva el amparo a su favor, en caso de hacerlo, ordenaría a Segob a decretar la AVG en Cajeme, por lo que siguen aportando pruebas para demostrar que la violencia feminicida en este municipio se mantiene.

17/HZM








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Segob confirma segunda Alerta por agravio comparado
Veracruz y la grave crisis de los DH de las mujeres
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/12/2017

A un año y medio de que las organizaciones de la sociedad solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, (por el marco discriminatorio contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres), ayer la Secretaría de Gobernación decretó la emisión de la Alerta, por lo que organizaciones civiles exigieron al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, que cumpla con las obligaciones que se desprenden de ésta.

En conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género; y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidieron en que será fundamental conocer el plan de trabajo que presentará Yunes Linares para cumplir con las obligaciones que estableció la Secretaría en el dictamen y urgieron a que entregue a la brevedad dicho proyecto.

El abogado especialista en género y director de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, recordó que con la declaratoria de la Alerta por agravio comparado las autoridades veracruzanas no pueden evadir sus responsabilidades, están obligados a acatar las medidas mencionadas y ahora Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contralas Mujeres (Conavim), es corresponsable del cumplimiento.

Aseveró que por las graves violaciones a los derechos de las veracruzanas, la entidad será colocada el próximo año en el centro de las denuncias ante el Comité de Expertas para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), quien evaluará al Estado mexicano en 2018.

“Es particularmente grave para un estado tener dos Alertas, se va a colocar la gravedad del asunto en CEDAW, se evidenció que el estado –Veracruz- tienen un marco jurídico que transgrede los derechos de las mujeres, se evidenció que es discriminatorio y que no hay política pública, se le aportaron todos los elementos para que lo cumplieran y asumieron una posición retrÓgrada, esto tiene impactos muy graves”, aseveró Domínguez Márquez.

Agregó que el incumplimiento de los derechos de las veracruzanas puede terminar en un juicio político contra Miguel Ángel Yunes y los servidores públicos que tienen la obligación de cumplirlos, además de los legisladores que negaron despenalizar el aborto.

ACCIONES A CUMPLIR

En el dictamen que publicó ayer Segob volvió a exigir 13 acciones que el estado tuvo que haber cumplido hace seis meses: modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y añadir la causal de salud para que las mujeres puedan acceder a este.

Divulgar y asegurar la implementación adecuada de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) para que las mujeres víctimas de violación puedan abortar; elaborar un programa estatal de interrupción legal del embarazo (ILE),  así como campañas para su difusión en la población y garantizar que todas las localidades de la entidad cuenten con centros de salud en los que se pueda promover la ILE de forma gratuita, segura y de calidad con personal no objetor de conciencia y capacitado.

En tanto, al Poder Judicial se le mandó asegurar la reparación del daño integral a las víctimas a quienes les fue negado el acceso al aborto legal.

EL DOLO DEL ESTADO

El Grupo de Trabajo quien fue el encargado de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno antes de decretar esta segunda Alerta, entregó el pasado 6 de diciembre a Segob el dictamen en el que concluyó por unanimidad, que el estado no cumplió con los estándares del informe.

El informe fue realizado a partir de las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de los derechos de las mujeres, en el mismo, participó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para asegurar la mayor protección para las veracruzanas.

Durante su participación, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, refirió que en el proceso las y los funcionarios del estado demostraron que no quieren asegurar los derechos de las mujeres.  

El hecho más grave, recordó, fue por parte del congreso de Veracruz, quienes desecharon en septiembre la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, alegaron que era “inconstitucional” porque el Artículo 4 “protege la vida desde el momento de la concepción”. Mostrando que aún existen grupos conservadores dentro del estado, aseveró la defensora.

“Veracruz incumplió pero de forma dolosa, porque a la autoridad se le acompañó seis meses y no tuvo la voluntad de hacerlo. Antepuso la presión de los grupos católicos y de derecha sin importar que las mujeres mueren por abortos inseguros”, dijo Luz Estrada.  

El análisis del grupo de trabajo también dejó en evidencia la crisis de los servicios médicos de Veracruz y su negativa por garantizar el aborto a las mujeres víctimas de violación. Las organizaciones civiles peticionarias demostraron en sus investigaciones, que únicamente un hospital en el municipio de Coatzacoalcos ofrece el servicio de ILE para víctimas de violación en todo el territorio.

Aún queda un largo camino, las organizaciones civiles presentaron un amparo contra el congreso estatal por no despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y esperan que la Comisión Especial de la AVG del Congreso Federal llame a las y los diputados a que comparezcan al respecto.

Hasta ahora el gobierno de Yunes Linares no se ha pronunciado al respecto.

Entre las asistentes a la conferencia, estuvo también la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Gobernación pide a juzgado terminar con proceso judicial
Amplían pruebas por amparo contra Segob por AVG en Cajeme
Imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 07/11/2017

La asociación civil Alternativa Cultural por la Equidad de Género (ACEG) peticionaria de la Alerta de Violencia de Género (AVG) para el municipio de Cajeme, en Sonora, acudió este 7 de noviembre al Juzgado Séptimo de Distrito del Poder Judicial Federal con sede en la entidad, para aportar evidencias de que la Secretaría de Gobernación (Segob) omitió proteger la vida de las sonorenses al no declarar la Alerta.

El 7 de junio de 2017 la organización ACEG interpuso un amparo indirecto en el Juzgado Séptimo en contra de la Segob por demorarse más de dos años para resolver la solicitud de AVG que hicieron en mayo de 2015 para la localidad de Cajeme y por transgredir el reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a la Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), al otorgar prórrogas a los gobiernos estatales para que cumplan con las recomendaciones que den los Grupos de Trabajo.

En este caso, en septiembre de 2016, la Segob dio un plazo adicional de seis meses para que el estado cumpliera las 12 observaciones de las expertas.

Esta dilación de Segob para dar respuesta a la AVG resulta violatoria a los “Derechos Humanos, acceso a la justicia, y dignidad de las mujeres” pues no garantiza “la paz social y la protección de la vida y libertad de la población femenina”, denunció la agrupación civil en el amparo del cual Cimacnoticias tiene copia.

A pesar del amparo, el pasado 4 de agosto la Segob negó la Alerta para Cajeme argumentando que “no había elementos objetivos suficientes de violencia” que permitieran proseguir con su declaratoria y porque el gobierno estatal estaba haciendo un esfuerzo para cumplir con las recomendaciones del Grupo de Trabajo.

Las integrantes de ACEG, también señalaron como responsables de la dilación a la Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta; y la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, por ser las instituciones responsables del funcionamiento de la AVG.

SEGOB PIDE DETENER JUICIO DE AMPARO

En tanto, la Segob pidió el pasado 4 de septiembre al Juzgado Séptimo, que terminara con el proceso judicial en su contra (con número 640/2017)  porque “no son ciertos los actos” que denuncia la organización civil -señala en el documento del que tiene copia esta agencia- y enumeró las acciones que realizó el gobierno de Sonora.

Argumentó que el amparo no procede porque una eventual sentencia en su contra obligaría a la Secretaría no sólo a reparar el daño a la persona que impulsó el amparo, sino a la población de Sonora en general, situación que violenta el principio de relatividad de las sentencias, es decir, que únicamente se ocupan de quien denuncia.

Para continuar con el proceso, el Juzgado Séptimo citó este 7 de noviembre a las activistas de ACEG, con el objetivo de ampliar la demanda y aportar nuevas evidencias que sustenten los niveles de violencia feminicida, desapariciones de niñas, jóvenes y mujeres en Cajeme, informó en entrevista la integrante de la asociación, Leticia Burgos Ochoa.

Entre las pruebas, dijo la defensora de DH, presentaron el registro hemerográfico de 55 casos de feminicidio ocurridos en Cajeme desde septiembre de 2016, cuando Segob amplió el plazo de cumplimiento al gobierno encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, al 28 de octubre de 2017.

Las víctimas de feminicidio reportadas tienen entre 17 y 35 años de edad y 2 eran niñas; mientras de las 11 mujeres reportadas como desaparecidas, se localizaron 7 sin saber las condiciones en las que fueron presentadas, ni los responsables, precisan los registros.

Asimismo las integrantes de ACEG realizaron un informe en que el analizaron cada una de las recomendaciones que no cumplió el gobierno de Claudia Pavlovich, y presentaron declaraciones del jefe municipal de Cajeme, Fausto Félix Chávez, en las que reconoce ante medios de comunicación los altos niveles de violencia en la localidad y la descoordinación de los tres poderes que conforman el Estado para atenderla.

Con estos aportes, precisó Burgos Ochoa, las activistas esperan que el Juzgado cuente con los elementos suficientes para resolver el amparo a su favor y ordene a la Segob decretar la AVG en el municipio de Cajeme, aunque aún no se sabe cuándo podrían obtener una sentencia.

Cabe mencionar que no es la primera vez que las organizaciones civiles recurren a amparos judiciales para que la Secretaría acepte los niveles de violencia feminicida y declare las Alertas. El caso emblemático es el Estado de México donde las agrupaciones feministas emprendieron un proceso jurídico de cinco años que culminó en la aceptación del amparo que ordenó activar la Alerta en la entidad en 2015.

Actualmente, en Veracruz la asociación Equifonía, también presentó un amparo derivado del incumplimiento del estado por no seguir las recomendaciones del Grupo de Trabajo encargado de atender la AVG por Agravio Comparado. 

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   Organizaciones civiles vigilarán acciones del gobierno
   
Conavim rechaza por segunda ocasión AVG para Tlaxcala
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 18/10/2017

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) rechazó por segunda ocasión la petición de las organizaciones civiles para declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en Tlaxcala por la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, con el argumento de que no pueden presentarse dos alertas por la misma causa y porque incumplieron los tiempos.

Lo anterior lo establece el Artículo 36 Ter en el párrafo segundo del Reglamento de la AVG en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el que se precisa que cuando “el Grupo de Trabajo no encuentre elementos suficientes que le permitan presumir la existencia o la veracidad de los hechos que dieron lugar a la solicitud, no podrá presentarse una nueva solicitud por los mismo hechos, sin que hubiera transcurrido, por lo menos, tres meses”.

El primer intento de las organizaciones civiles fue el 8 de agosto de 2016, cuando la organización civil “Todos para Todos” solicitó la AVG para 13 municipios de Tlaxcala en los que se reconoce la actividad de grupos dedicados al ilícito de trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

Esta primera AVG la rechazó Conavim el 4 de agosto de 2017, por lo que las organizaciones civiles “Colectivo de Mujer y Utopía”, “Justicia Pro Personas” y la “Red Retoño”, volvieron a solicitar el mecanismo diez días después, el 14 de agosto de 2017. Es decir, de acuerdo con el reglamento de la AVG las organizaciones civiles tuvieron que esperar hasta noviembre de 2017 para intentar tramitar por segunda ocasión la Alerta.

Así lo informó en entrevista con Cimacnoticias, la directora del Colectivo Mujer y Utopía, Edith Méndez Ahuactzin, quien proporcionó a esta agencia el documento de la negativa a la AVG que envío el 4 septiembre Conavim a las organizaciones peticionarias.

EL SIGUIENTE PASO: VIGILAR AL GOBIERNO

La directora del Colectivo Mujer y Utopía señaló que la respuesta de Conavim es producto de la negativa del Estado por reconocer la trata de mujeres en Tlaxcala y que el gobierno estatal únicamente ha simulado en el cumplimiento de la AVG y la implementación de leyes y estrategias para la prevención de la trata de personas con las que cuenta la entidad desde 2009.

“Esperamos que se decretará la AVG porque es la vía en que el Estado puede asumir su compromiso y tener la voluntad política para atender los problemas de violencia de género en Tlaxcala, y en el tema de trata entender cuáles son los mecanismos por los cuales se mantiene la explotación de las mujeres en la zona”, dijo.

Entre las vías que analizan las organizaciones civiles peticionarias de la AVG para que el gobierno estatal reaccione ante la desaparición de mujeres en Tlaxcala, es unirse a las mesas de seguimiento existentes para vigilar que las autoridades locales cumplan con las acciones que mandó Conavim.

Cabe recordar que el gobierno local tiene aún pendiente una serie de obligaciones a cumplir, como crear una Fiscalía Especializada para Investigar Delitos en Materia de Trata de Personas y un Protocolo para identificar a las víctimas.

Además deberá priorizar acciones gubernamentales en las rutas de trata de niñas y mujeres, que son: Tlaxcala-Puebla, Veracruz-Tlaxcala-Puebla, Guanajuato-Tlaxcala-Puebla, Morelos-Tlaxcala-Puebla, Ciudad de México-Puebla, Puebla-Tlaxcala-Arizona-Nueva York, ubicadas través de un diagnóstico realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

De acuerdo con la información proporcionada por Edith Méndez, Conavim, el grupo de expertas y el gobierno local, aún no reanudan las mesas de trabajo sobre el seguimiento de las acciones de prevención de violencia, pues las fechas que se tenían previstas para la reunión estaban programadas en la semana del 19 de septiembre cuando ocurrió el sismo que impacto Morelos, la Ciudad de México y Puebla, y a la fecha no han tenido información de cuándo se reanudarán.

17/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   ¡Queremos seguridad! dicen activistas afuera de Segob
El feminicidio no puede ser encarado con pésames y disculpas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/10/2017

Con la consiga ¡Alerta ya! la Red Plural de Mujeres de Puebla demandó por la tarde de ayer frente a las oficinas de la Secretaría de Gobernación (Segob) activar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad.

La agrupación de activistas poblanas viajó a la Ciudad de México para entregar una carta dirigida al Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en la que le exigen declarar la AVG en la entidad, luego de que la institución rechazó la petición que realizaron las organizaciones civiles en marzo de 2016 por considerar que no existían razones para poner en alerta de género a Puebla.

“¿Cuántos casos más de feminicidio se necesitan en Puebla para declarar la Alerta de Violencia de Género?” cuestionó a las autoridades la agrupación en el documento, pues el feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda (asesinada en septiembre de 2017 por el conductor de un transporte privado que abordó) volvió a revivir la necesidad de contar con políticas públicas sólidas en Puebla que aseguren la vida de las mujeres, adolescentes y niñas.

“La forma más brutal que representa el feminicidio no puede ser encarada por el Estado con disculpas y pésames, estamos convencidas que tiene los instrumentos y los recursos para brindarnos a nosotras que somos más del 50 por ciento de la población, acciones y políticas públicas que realmente nos brinden protección y seguridad”, señaló la Red.

La carta que contenía también los nombres de las otras víctimas de feminicidio en Puebla en lo que va del año y las firmas de la sociedad civil que consideran necesario activar el mecanismo, fue recibida por la Unidad de Gobierno de Segob.

Las activistas acordaron dar un plazo de dos semanas a Secretaría para que responda a los llamados de la población, precisó a Cimacnoticias la integrante de la Red, Rosa María Avilés. De no obtener respuesta el movimiento planteará nuevas estrategias para que las poblanas puedan ejercer su derecho a una vida libre de violencia, comentó.

Comenzó a anochecer y las activistas prendieron velas en memoria de las 88 mujeres asesinadas durante 2017 en la entidad, de acuerdo con el registro del Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos. Sus nombres y el municipio donde residían los hicieron visibles en cartulinas que pegaron en las puertas de Segob. La cifra de este año ya es superior a las contabilizadas por el Observatorio en 2016, la cual fue de un total de 82 casos.

Las integrantes de la Red nombraron a las víctimas de feminicidio en un pase de lista en voz alta, mientras los únicos espectadores del acto eran los más de diez elementos de seguridad de las oficinas de la Segob, quienes ante la presencia de las activistas de inmediato cerraron las puertas del edificio y no dejaron de tomar fotos a las integrantes de la Red.

¿QUIÉN PIDE LA ALERTA?

En tanto aún se espera la decisión final de la Comisión de Derechos Humanos poblana (CDH) para que ingrese la segunda solicitud de la AVG. Luego de las contradicciones que tuvo el órgano de DH con la delegada local de Segob, Ana Isabel Allende Cano, quien dijo en un evento público que la CDH ya había enviado a la petición de alerta, situación que fue negada por la propia Comisión.

Así la CDH, el gobierno de José Antonio Gali Fayad y la Secretaría de Gobernación tienen la presión no sólo por la sociedad y organizaciones civiles para declarar la AVG, sino también el Senado de la República, ya que el Grupo Parlamentario del Partido Revolución Institucional (PRI) presentó el 25 de septiembre un punto de acuerdo para exhortar a que se dé una segunda petición de la AVG.

Integrantes de la Red Plural de Mujeres de Puebla realizaron una vigilia para exigir justicia para las mujeres víctimas de feminicidio en Puebla

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Comisión niega haber presentado segunda solicitud de Alerta
Se contradicen Segob y CDH de Puebla sobre AVG
CIMACFoto: Samanta Paez Guzmán
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/10/2017

La Comisión de Derechos Humanos Estatal de Puebla negó que haya presentado ya la segunda solicitud de Alerta de Violencia de Género para la entidad, como lo afirmó ayer la delegada de la Secretaría de Gobernación (Segob), Ana Isabel Allende Cano, durante un evento público.

En un comunicado, la Comisión de Derechos Humanos poblana informó que sigue “evaluando todos los elementos para tomar la mejor decisión para Puebla”, pero que en ningún momento envió la solicitud de Alerta.

Y es que ayer, durante un evento público, Allende Cano aseveró que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), ya contaba con la solicitud de la AVG que envió la CDH la semana pasada, y que era seguro que en esta ocasión se concluyera declarar la AVG en la entidad.

Cabe recordar que la petición para presentar una nueva solicitud de AVG para esta entidad, se dio como consecuencia del feminicidio de la joven estudiante Mara Fernanda Castilla Miranda (asesinada por el conductor del transporte privado Cabify) y fue hecha por la diputada del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Silvia Tanús Osorio, quien envió un escrito a la Comisión Estatal para que presentara nuevamente la solicitud de AVG, toda vez que en un primer intento de solicitud hecho por las organizaciones civiles en marzo de 2016, la Segob determinó que no había razones para proceder a declarar la Alerta en la entidad.

El exhorto para que el órgano de DH de Puebla solicite la AVG también fue apoyado por el Senado de la República. El Grupo Parlamentario del PRI presentó el 25 de septiembre de 2017 un punto de acuerdo con el mismo fin.

En tanto, la CDH reportó que si bien el 18 de septiembre de 2017 recibió el exhorto de la diputada Silvia Tanús, aún estaban en el análisis de presentar la solicitud; mientras que en Puebla continúan sumándose casos de feminicidio. En lo que va de este año, el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos lleva registrados 85 casos de feminicidio perpetrados en esta entidad.

En medio de las discusiones por la segunda solicitud de AVG las organizaciones civiles recordaron el pasado 26 de septiembre en una carta dirigida al gobierno de Puebla que aún tiene pendiente de cumplir las 11 recomendaciones que hicieron el grupo de expertas de la primera AVG, como crear el Protocolo Investigación del Delito de Feminicidio y Trata de Personas, la conformación del Banco Estatal de Mujeres Víctimas de Violencia y la capacitación de los servidores públicos.

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ESTADOS
VIOLENCIA
   Grupo de Trabajo no consideró votos a favor del mecanismo
   
Resuelve Segob no declarar Alerta de Género en Sonora
Imagen de Sandra Segura
Por: Silvia Núñez Esquer, corresponsal
Cimacnoticias | Hermosillo, Son..- 07/08/2017

En un proceso plagado de irregularidades, la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió el pasado 4 de agosto la resolución para liberar a Sonora de la posibilidad de declarar la Alerta de Violencia de Género (AVG).
 
En el documento publicado en la página de internet del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) la dependencia resolvió que no se actualizan elementos objetivos suficientes para declarar la Alerta en el estado de Sonora.
 
No obstante, recomendó al gobierno del Estado fortalecer las capacidades institucionales para atender esa problemática, particularmente aquella que se suscita en razón de la violencia generalizada en el municipio de Cajeme.
 
Asimismo señala algunas medidas que deberá tomar la administración para impulsar políticas públicas que permitan garantizar los Derechos Humanos de las mujeres, primordialmente el derecho a una vida libre de violencia.
 
Una de las medidas es la implementación del Protocolo Alba con la finalidad de atender los casos de desaparición de mujeres, niñas y adolescentes en Cajeme.
 
Otra medida es crear un mecanismo interinstitucional con un enfoque operativo y un marco regulatorio suficiente para establecer, mediante análisis de riesgos sustentados en criterios objetivos y en una metodología replicable que considere el contexto particular de las víctimas, así como la situación de violencia generalizada en el territorio en el que éstas desarrollan su vida.
 
Una medida más es la necesidad de implementar esquemas y medidas de protección individuales y colectivas para atender los casos de  violencia contra las mujeres, con un enfoque diferenciado en razón de género y de las especificidades culturales de las personas beneficiarias de las mismas.

Según la resolución de Segob es indispensable una metodología para dar seguimiento a reportes de violencias contra las mujeres, así como los casos de emisión de órdenes de protección para el resguardo de la integridad y vida de las víctimas de violencia.
 
En el documento no aparece el voto razonado a favor de la declaratoria de Aleta de Género de dos de las integrantes del Grupo de Trabajo: de la cuarta visitadora general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Norma Inés Aguilar León y de la profesora investigadora de El Colegio de Sonora, Mercedes Zúñiga Elizalde.  
 
En sus razonamientos, Aguilar León explicó que para la CNDH la interpretación de los avances de la entidad deben llevarse a cabo teniendo en cuenta “la adecuada atención al cumplimiento de los indicadores de cumplimiento, no solo en términos cuantitativos, sino cualitativos, así como el contexto de violencia contra las mujeres en la entidad, bajo una perspectiva de derechos humanos que incluya un análisis multidisciplinario y de integralidad”.
 
Consideró que algunas de las recomendaciones mostraron avances, y que en otras los mismos no son suficientes para la no emisión de la declaratoria de AVG en la entidad.
 
Esto en función de la complejidad y el dinamismo del entorno social en el que se ejerce la violencia feminicida en Sonora. Es por ello que la CNDH consideró que si bien han existido avances, no resultan ser suficientes para el cumplimiento satisfactorio en torno a las medidas propuestas por el Grupo de Trabajo, por lo que se pronunció a favor de que se emita la Alerta.
 
Por su parte, Mercedes Zúñiga criticó a la informalidad y falta de responsabilidad con la cual sesionó el Grupo de Trabajo, pues dijo que prevaleció la superficialidad y la presión por parte de representantes del estado, quienes asistieron a la reunión de dictaminación a pesar de que sólo debería estar una representante del Instituto Sonorense de la Mujer (ISM).
 
Al emitir su voto la investigadora se dirigió a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) aludiendo a que en Cajeme y otros municipios de Sonora “existen elementos que permiten asegurar la necesidad de declarar la AVGM (Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres)”.
 
Su voto fue en virtud de disentir tanto de los procedimientos que se llevaron a cabo para el debate y la toma de acuerdos sobre las conclusiones del documento; y con diversos puntos fundamentales del dictamen de implementación respecto del nivel de cumplimiento de las propuestas por parte del Gobierno del estado.
 
También explicó el grado de cumplimiento de las doce recomendaciones, y cuáles ya estaban cumplidas cuando se entregó el dictamen, por lo que esta administración sólo las reportó, así como la insuficiencia de otras.
 
Además de haber pospuesto la reunión por varias ocasiones, el Grupo no fue consultado sobre la fecha de celebración, ni de la presencia de cinco representantes del gobierno del Estado por lo que no hubo libertad ni tiempo para discutir a profundidad los indicadores.
 
Todo esto aunado a que el grupo sufrió múltiples cambios de representantes  institucionales: Uno del Instituto Nacvional de las Mujeres;  dos de la CNDH; dos del ISM y cuatro de Conavim. La última representante de esta institución fue designada el 29 de mayo de 2017. Estos cambios afectaron la coordinación y la calidad del seguimiento de los trabajos del Grupo.
 
La Resolución de la Segob para el municipio de Cajeme, Sonora se puede consultar aquí.
 
17/SNE








ESTADOS
VIOLENCIA
   Niega Alerta para Puebla
Segob declara AVG en tres municipios de Quintana Roo
Imagen de Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 10/07/2017

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) informó que no declarará la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Puebla, pues el gobierno local realizó acciones suficientes para atender las propuestas del Grupo de Trabajo, al tiempo que decretó el mecanismo en tres municipios de Quintana Roo y no en cinco como fue solicitada: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad.
 
OCHO MEDIDAS PARA EL GOBIERNO DE PUEBLA
 
A través de la Conavim, la Secretaría de Gobernación (Segob) indicó en su resolución el pasado 7 de julio que el Grupo de Trabajo conformado para atender y determinar la procedencia de la AVG en Puebla, determinó que el gobierno estatal, encabezado por Antonio Gali Fayad, generó las propuestas necesarias “para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres en la entidad”.
 
Esto a pesar de que en el dictamen señala con datos de los Censos de Procuración de Justicia (2015 y 2016), que hubo un incremento en “los homicidios de mujeres en Puebla: de 183 casos en 2014, se pasó a 258 en 2015”, lo que significa un aumento del 39 por ciento.
 
Asimismo, Segob señaló que Puebla se posiciona en el octavo lugar de estados del país con mayor número de denuncias por violencia familiar en agravio a mujeres. Por lo que si bien determinó que no había “elementos objetivos para declarar procedente la alerta”, en los próximos seis meses Conavim evaluará que el gobierno de Antonio Gali cumpla con las siguientes ocho medidas:
 
1) Elaborar un diagnóstico estatal sobre los tipos y modalidades de violencia de género; 2)Ejecutar de manera inmediata una estrategia de prevención de la violencia contra las mujeres en el transporte público; 3) Generar mecanismos efectivos para órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; 4)Actualizar el Centro Estatal de Datos e Información referente a casos de violencia.
 
5) Formular un programa de atención a hombres generadores de violencia desde la perspectiva de género; 6 y 7)Conformar una Unidad de Contexto para investigar el feminicidio, homicidios dolosos, violencia sexual y desapariciones de mujeres, y que revise los expedientes de los últimos ocho años para detectar las posibles deficiencias de las investigaciones; 8) fortalecer los centros de justicia de las mujeres y agencias ministeriales.
 
RETRAZOS Y ENGAÑOS
 
En marzo de 2016 el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización civil Todos para Todos, solicitaron la AVG para Puebla. Conavim aceptó la solicitud un mes después y convocó a la conformación del grupo de trabajo. Este emitió el 28 de junio un informe con 11 recomendaciones para el gobierno encabezado entonces por Rafael Moreno Valle.
 
Las irregularidades se presentaron cuando la Secretaria General de Gobierno del estado de Puebla (SGG) dijo entregó la solución a las recomendaciones del informe en diciembre de 2016, cuando en realidad sucedió hasta enero de 2017. El análisis y la resolución del grupo de trabajo sobre la información que entregó el gobierno estatal ocurrió seis meses después, hasta el pasado 7 de julio.
 
AVG PARA QUINTANA ROO, SUMAN 11 ESTADOS
 
Mientras, ese mismo día Segob decretó la alerta de violencia en tres municipios de Quintana Roo, en respuesta a la solicitud que hizo en diciembre de 2015 el Consejo Estatal de las Mujeres de Quintana Roo AC y la agrupación, Justicia Derechos Humanos y Género.
 
El mecanismo de emergencia se decretó para tres municipios y no para cinco como fue solicitado: Benito Juárez, Cozumel y Solidaridad, con ello quedaron descartados los municipios de Isla Mujeres y Lázaro Cárdenas.
 
El grupo de trabajo que atendió la AVG determinó que el estado no atendió las 11 proposiciones que le fueron hechas en el informe, por lo que deberá asumir medidas como: recuperar espacios públicos, un programa coordinado de atención a mujeres víctima de violencia y protocolos para atender, investigar y juzgar con perspectiva de género los casos de feminicidio y delitos sexuales.
 
Este contexto coloca a México con 11 estados bajo la AVG, cinco de ellas se aceptaron en lo que va del 2017: 11 municipios del Estado de México, ocho en Morelos, 14 en Michoacán, siete municipios en Chiapas, cinco en Nuevo León, 11 en Veracruz, cinco en Sinaloa, cinco en Colima, seis en San Luis Potosí, ocho en Guerrero, y tres en Quintana Roo.
 
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NACIONAL
VIOLENCIA
   Organizaciones presentaron denuncia ante CIDH
Piden a Segob plan de emergencia por violencia feminicida
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 13/09/2017

La Secretaría de Gobernación (Segob) debe reconocer como un problema de seguridad nacional la violencia extrema que enfrentan la mexicanas y crear una agenda de política pública de emergencia en las 26 entidades del país que han solicitado declararse en Alerta de Violencia de Género (AVG), exigió la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia.

El frente de mujeres conformado por promoventes y solicitantes de las Alertas de Género en todo el país expresaron en una carta enviada el pasado 24 de agosto al titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, su inconformidad por el nulo avance en la eliminación de la violencia contra las mujeres, a pesar de que está vigente y activado el mecanismo de emergencia en 12 entidades del país.

La exigencia a Segob se hizo luego de que el 4 agosto la dependencia se negará a activar la Alerta en los estados de Sonora, Tlaxcala y Puebla. Actualmente Estado de México, Morelos, Chiapas, Nuevo León, Michoacán, Colima, Nayarit, Veracruz, Sinaloa, Quintana Roo, Guerrero y San Luis Potosí tienen una Alerta decretada.

En el documento las activistas y organizaciones también demandaron a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Lorena Cruz Sánchez, y la comisionada nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Alejandra Negrete Morayta, la creación de una mesa de trabajo multidisciplinaria sobre AVG para todo el país, en donde se revisen estrategias sobre seguridad y garantía de los Derechos Humanos (DH) de las mujeres.

La mesa, propusieron, debe estar conformada por expertas en la Alerta, especialistas de Conavim e Inmujeres, la Comisión Nacional de Seguridad, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).

También pidieron que se reconozca el papel fundamental de las organizaciones de la sociedad civil, quienes solicitan la AVG, y se cree una mesa de seguimiento donde participen las agrupaciones para valorar la implementación del mecanismo y en caso de ser necesario reciban protección por parte del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Segob, por la labor de acompañamiento y defensa de víctimas de violencia de género.

En el último punto de la carta, exhortan a Segob a crear una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, “que tenga la facultad amplia de sancionar de manera severa a las autoridades responsables de la impunidad de la violencia feminicida en nuestro país”.

“NO ENTIENDEN AVG”

La Red de solicitantes de las Alertas recordaron a las autoridades que el funcionamiento de este mecanismo depende de las políticas públicas implementadas por los tres niveles de gobierno, las cuales hasta ahora, “no cumplen con el principio de exhaustividad, congruencia y seguridad jurídica, ni con el debido proceso constitucional ni satisface los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano”, indicaron en su carta.

La AVG, aseguraron las agrupaciones “ha desvirtuado” el propósito por el cual se estableció hace una década en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia: generar acciones de urgencia para salvar la vida de mujeres y cesar la violencia.

Mientras la situación se agrava con desapariciones forzadas de mujeres y altos índices de violencia de género en todos los ámbitos, las autoridades se niegan a declarar una AVG nacional, señalaron.

Por ello plantearon a Segob, Inmujeres y Conavim, la necesidad de hacer efectiva la Alerta y eliminar las barreras en su implementación, por ejemplo, respetar los plazos del mecanismo establecido en el reglamento de la ley, no emitir prórrogas a los gobiernos para acatar las órdenes que se desprenden de la Alerta, vigilar las políticas públicas que las entidades lleven a cabo y asignar presupuesto suficiente para su funcionamiento.

Sin embargo, expusieron a las autoridades que el 7 de abril de 2016 la ahora Red Nacional de Mujeres, presentaron una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el incumplimiento del Estado mexicano en la prevención, sanción y erradicación de la violencia feminicida en el territorio.

ANTE OMISIÓN RECUERREN A LA CIDH

En la demanda (con el número de expediente P-594-16, que tiene copia esta agencia) las agrupaciones expresan que a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) hizo una serie de recomendaciones en 2009 al gobierno mexicano por el feminicidio de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, caso conocido como “Campo Algodonero”, persiste la justicia y la falta de reparación integral del daño.

En la denuncia ante la CIDH las agrupaciones pidieron que sancione al Estado mexicano por el incumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero mediante “el desafuero, inhabilitación y destitución de los responsables ante sus actuaciones omisas y negligentes, que se traducen en violencia institucional”. Además de obligarlo a cumplir con la AVG en todo el país.

Las organizaciones fueron notificadas en diciembre de 2016 que la denuncia contra el Estado mexicano fue recibida por la CIDH y se encuentra bajo el estudio de la Secretaría Ejecutiva del organismo para determinar su procedencia.

Cabe recordar que la Red Nacional de Mujeres por una Vida Libre de Violencia nació en abril de 2017, tras una reunión  entre integrantes de las organizaciones civiles y solicitantes de las Alertas con funcionarios de  Conavim, Inmujeres y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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VIOLENCIA
   Critica postura de Astudillo ante la alerta
   
Alianza Feminista vigilará cumplimiento de AVG en Guerrero
Imagen de Guadalupe Cabañas
Por: Guadalupe Cabañas, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro .- 27/06/2017

La Alianza Feminista de Guerrero criticó que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció antes que la Secretaría de Gobernación (Segob) el decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad y que sus cifras sean inferiores a las presentadas por las organizaciones solicitantes de la medida. 
 
Por un lado, señaló la Alianza, organismo solicitante de la AVG, el Gobernador reconoce, con su anuncio anticipado, que en Guerrero tenemos un problema grave de violencia feminicida y de género y, por el otro, deja ver que su gobierno, a través de sus diferentes instancias y municipios no cumplieron con las recomendaciones que les hizo el Grupo de Trabajo y que, de hacerse efectivas, hubieran evitado la AVG.
 
Advirtió la Alianza que las organizaciones de la sociedad civil que la integran darán seguimiento a las acciones que ordena la AVG.
 
La AVG fue solicitada el 23 de junio de 2016 por organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista, para ocho municipios dela entidad en donde existe un alto índice de muertes dolosas de mujeres.    
 
Astudillo Flores anunció la AVG el pasado  22 de junio, y al día siguiente, 23 de junio, el Gobierno Federal hizo pública la declaratoria (fechada un día antes) para ocho municipios, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia facultada para ese fin.
 
Con esto, Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort viven desde ese día bajo la AVG.
 
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista afirmaron que “si hay voluntad política (del Gobernador), debe entonces haber justicia para las mujeres a las que, de manera violenta, les arrebataron su vida”. Y recordaron que dicha voluntad fue expresada por el mandatario para trabajar de manera coordinada con los organismos civiles, peticionarios de la AVG.
 
CIFRAS DIFERENTES, MISMA GRAVEDAD
 
En su conferencia de prensa, la Alianza Feminista destacó el contraste que existe entre las cifras del Gobierno de Guerrero y las de los organismos civiles que pidieron la AVG, con base en el informe del Observatorio “Hannah Arendt”, de la Universidad Autónoma de Guerrero.
 
El Observatorio registró que, de 2005 a 2015, los homicidios dolosos contra mujeres en la entidad fueron mil 449 y Acapulco el municipio con mayor índice de asesinatos de mujeres, con 571 casos en 10 años.
 
En 2016, año de la solicitud de la AVG, registró en Coyuca de Catalán 28 casos de feminicidio, en Iguala 69, en José Azueta 47, en Ayutla 17, en Tlapa 29, en Ometepec 32, en Chilpancingo 77, y Acapulco 580 homicidios dolosos de mujeres, con lo que se colocó este municipio como el de más asesinatos de mujeres ocurridos en todo el estado. En total, en el estado registró 879 casos.
 
Para 2017 la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), organización peticionaria del mecanismo de la AVG en Guerrero, a través de su presidenta, Marina Reyna Aguilar, informó que tienen documentados más de 50 casos de feminicidio en lo que va del año, 30 de ellos ocurridos en mayo.
 
En contraste, el gobernador Héctor Astudillo informó un contexto de violencia diferente, afirmó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones y desde diciembre de 2010 (fecha en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Guerrero) se han registrado 142 casos de feminicidios. 
 
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
 
En el texto de declaratoria de AVG de la Conavim se señala que no se cumplieron todas las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo, como indica el procedimiento, como paso previo antes de decidir una alerta.
 
Señala el texto de Conavim: “Que del análisis de la información presentada por el gobierno del estado de Guerrero y del dictamen emitido por el grupo de trabajo, se observa que, durante el plazo de seis meses, si bien la entidad federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del Grupo de Trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados en las mismas”.
 
MEDIDAS BAJO LA AVG
 
A partir del 23 de junio, recordó la Alianza en su conferencia de prensa, se abre otra etapa de este mecanismo, y empezó a correr un plazo de 10 días hábiles, para que el gobierno de Héctor Astudillo entregue a Conavim un cronograma y un programa de trabajo que contemple el desarrollo de alrededor de 40 acciones correspondientes a una serie de medidas de seguridad, de prevención y de justicia.
 
Entre las medidas solicitadas destacan: la divulgación de la AVG; una estrategia de prevención, vigilancia y de seguridad pública, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
 
La Alianza Feminista afirmó que “la Conavim dará seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno estatal en la implementación de estas medidas, nosotras como organizaciones de la Sociedad Civil nos sumaremos a las mesas de trabajo, dando seguimiento del cumplimiento de las acciones solicitadas”.
 
17/GC/GG








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