Violencia contra mujeres

En las políticas públicas mexicanas no existen intervenciones integrales para los hombres con el fin de alcanzar la igualdad de género. Este es el resumen de un estudio realizado por la organización Género y Desarrollo (Gendes) donde presentó sus propuestas y líneas de acción.

El documento llamado “Suma por la Igualdad. Propuestas de Agenda Pública para implicar a los hombres en la equidad de género” fue presentado ayer junto con la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Cómplices por la Equidad.

La coordinadora de posicionamiento público de Gendes, Patricia Carmona Hernández, explicó que desde su punto de vista no se necesita insistir más en decir que la violencia merece atención, o que tenemos una cultura machista. Eso es evidente, pero “lo que no hemos visto es exactamente, qué de eso le toca a los hombres”.

En el estudio, Gendes analizó cuatro ejes temáticos e hizo varias propuestas para personas que tienen el poder de tomar decisiones sobre políticas públicas. Los temas que analizó son cambio cultural, corresponsabilidad, salud de los hombres y vida libre de violencia.

En cuanto al cambio cultural, el estudio señaló que lo que se busca es un cambio de patrones culturales que permitan la construcción de una sociedad basada en la igualdad. Las acciones sugeridas son, por ejemplo, capacitar al personal encargado en igualdad de género, revisar contenidos educativos para identificar y eliminar sesgos y otras formas de discriminación o instalar un observatorio permanente para identificar la publicidad sexista.

La corresponsabilidad, explica el documento, busca implicar los hombres más en el trabajo reproductivo, es decir, en las tareas de casa. Asimismo, las líneas de acción sugieren, por ejemplo, ampliar los permisos de paternidad, o incidir en las discusiones acerca de horarios laborales desde una visión de la perspectiva de género, que promueva a su vez la responsabilidad masculina.

En el área de salud de los hombres, narró Carmona Hernández, existe “una cultura de que el hombre es una máquina que no se descompone.” Cuando en realidad, dijo, el autocuidado no beneficiaría sólo a ellos, sino también a las mujeres en términos de la sobrecarga que ellas llevan actualmente. Por eso pidieron promover el autocuidado de los hombres en salud general, mental, sexual y reproductiva.

En el eje de una vida libre de violencia, vista desde una perspectiva masculina, no solamente existe la violencia que ejercen los hombres contra las mujeres. También, expuso, habría que considerar la violencia de parte del crimen organizado, las pandillas, que tendrían incidencia en la masculinidad.

Gendes articuló estrategias de prevención, las cuales incluyen generar un registro sobre las causas estructurales, los costos sociales, económicos y políticas de violencias en el país.

Otras sugerencias son incorporar el trabajo reeducativo con hombres en el catálogo de penas del Código Penal, incluyendo los casos de acoso y hostigamiento sexual, o crear centros de atención integral a hombres que ejercen violencia, tema cuestionado por algunas agrupaciones feministas.

Al final, el documento urgió en mejorar el acceso a la justicia en los casos de violencia, por ejemplo mediante capacitaciones para servidores públicos.

La presidenta de la CDHDF, Nashieli Ramírez Hernández, valoró el trabajo de Gendes y destacó  la importancia de la publicación al poner énfasis en temas como la corresponsabilidad en crianza de hijos e hijas. Relató que desde su experiencia como defensora de los derechos de niñas y niños, el cambio cultural y la corresponsabilidad son fundamentales.

Ramírez Hernández advirtió que habría corrientes “hoministas”, por ejemplo en medios sociales que supuestamente quieren promover los derechos de los hombres y denunciar discriminaciones de los hombres, como los vagones para mujeres en el metro, pero “en realidad lo que quieren es incrementar la desigualdad”.

En cambio, dijo la defensora, el trabajo “Suma por la igualdad” tendría una agenda feminista.

Resumió que en la agenda internacional lo que empuja es que “tenemos que hacer estrategias y alianzas para prevenir y eliminar la violencia y formas de discriminación hacia mujeres y niñas haciendo alianzas en el trabajo con hombres y niños. Yo abono sobre esa lógica.”

18/SG

En la segunda semana del mes de enero en las redes sociales se compartía información de la desaparición de Magdalena Aguilar Romero de 28 años de edad, joven nutrióloga, madre de dos hijos, que desapareció el sábado 13 de enero del 2018 cerca de la cancha de los adobes, barrio de Guadalupe en Taxco, Guerrero.

Entre las señas particulares que se mencionaban en el post de búsqueda acompañado de una fotografía se describía  que era de complexión delgada, con 1.71 cm de estatura, cabello castaño, pómulos marcados, ojos cafés claro y grandes, cejas pobladas, tez morena clara, y de su vestimenta el día en que fue vista por última vez.

A casi 10 días de que sus familiares reportaron a las autoridades la desaparición de Magdalena, su cuerpo fue encontrado desmembrado, la mañana del lunes 22, dentro de un negocio propiedad de su ex esposo Cesar Gómez Arciniega de 36 años, a quien señalan de ser el feminicida.

FAMILIARES DENUNCIAN LA DESAPARICIÓN

La fiscalía de Guerrero informó a través de un comunicado oficial que “se tuvo conocimiento que el día 13 de enero del presente año, la víctima salió de su domicilio a las 8:30 horas al centro de salud; posteriormente, manifestó que a las 17:30 horas pasaría por sus menores hijos a casa de su ex pareja César “N”, sin embargo ya no se supo más de su paradero, hechos integrados en la carpeta de Investigación 12050410300022150118”.

“Hoy lunes se tuvo conocimiento del hallazgo de la fémina privada de la vida, localizando el cuerpo en la calle tercera de Guadalupe, en el barrio de los Adobes, en el municipio de Taxco”.

En este comunicado se informó también que personal especializado en delitos cometidos contra la mujer, se trasladaron a la ciudad de Taxco para tomar las investigaciones y deslindar las responsabilidades correspondientes.

MARCHAN EN TAXCO

Familiares de la joven asesinada acompañados de una gran cantidad de personas, sus compañeras y compañeros de trabajo, vecinos, feministas y activistas de Taxco, Chilpancingo, e Iguala,  marcharon con pancartas, veladoras y una lona por las calles de este municipio para exigir justicia.

Entre llanto, y consignas contra las autoridades estatales y del municipio, las principales avenidas empedradas de esta ciudad colonial fueron testigos de miles de voces que se alzaron una vez más por el atroz asesinato de la joven profesionista taxqueña, al grito de “!Ni una más! ¡Basta de feminicidios! ¡Alto a la impunidad! y ¡Justicia para Magda!.

Partieron de las 5 de la tarde del monumento al minero en la Garita, llegaron a las puertas del Ayuntamiento y Ministerio Público para exigir castigo para el asesino de Magdalena Aguilar Romero.

EXIGEN JUSTICIA

Saúl Aguilar Romero, hermano de la víctima, relató sobre la desaparición de su hermana el sábado 13. Acusó al Ministerio Público por no recibir la denuncia hecha ese día a las 2 de la mañana porque estaba cerrado, exigió a las autoridades encontrar el paradero de Cesar Gómez Arciniega, a quien acusa del asesinato, y de quien se ha difundido, está prófugo.

“Buenas tardes, soy Saúl, hermano de Magdalena, mi hermana desapareció el sábado pasado, 13 de enero, hicimos un reporte a las dos de la mañana en el Ministerio Público, el cual no nos quisieron recibir porque estaba cerrado, porque no había secretaria, entonces tuvimos que esperar al día de mañana (siguiente día) para que nos recibieran el reporte.

“No sé si ustedes escucharon la historia de lo que realmente pasó, mi hermana el sábado 13 a las 5:30 de la tarde fue a recoger a sus dos hijos quienes estaban con su papá, fue en ese entonces que se le vio por última vez a mi hermana, los días pasaron, creo que muchos de ustedes vieron las publicaciones que hice en Facebook donde diferentes personas se unieron para organizar esta marcha, porque  el fin era que mi hermana apareciera con vida, pero desafortunadamente el día de ayer (lunes) encontramos el cuerpo de mi hermana destazado”.

 “Exijo caiga, la policía lo encuentre y lo haga pagar”, exigió durante la marcha.

AVG SIN IMPACTO DICEN ONG

En tanto, organizaciones civiles, feministas, y feministas independientes, manifestaron en un comunicado dirigido a las autoridades de gobierno estatal y municipal, al Tribunal Superior de Justicia, a la Fiscalía del estado, a las y los legisladores que desde hace más de 5 años han denunciado la indolencia de las autoridades estatales para implementar acciones de políticas públicas para la erradicación de la Violencia Feminicida y el Feminicidio, sin tener respuesta a esta problemática social.

 “Desde el inicio del gobierno de Héctor Astudillo Flores, de igual manera mantuvimos nuestra exigencia y como respuesta hubo negación de los feminicidios y señalamientos a las organizaciones demandantes de querer inestabilizar políticamente al estado de Guerrero.”

Recordaron que por ello, solicitaron el 23 de julio del 2016 la declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para 8 municipios (Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Coyuca de Catalán, Tlapa, Ometepec, Ayutla y Zihuatanejo) y que el 22 de junio de 2017 la Secretaría de Gobernación, previa investigación del Grupo de Trabajo con expertas nacionales y estatales, declaró la Alerta de Violencia de Género.

Sin embargo, destacaron que a 6 meses de la declaratoria ésta “no ha tenido ningún impacto ya que se continúa violentado a las mujeres en los servicios públicos, se obstaculiza el acceso e impartición de justicia y la violencia feminicida y el feminicidio se incrementa y se recrudece”.

Denunciaron que en 2017, de acuerdo con datos periodísticos documentados sobre homicidios dolosos contra mujeres con presunción de feminicidio, se registraron 219 muertes de mujeres, de los cuales según la fiscalía 13 son casos de feminicidio. En lo que va de 2018, agregaron, se documenta un feminicidio por día.

Por ello, exigieron que se cumplan las medidas que mandata la declaratoria de AVG para los gobiernos municipal y estatal y todas las instituciones involucradas “en la protección de los Derechos Humanos de las mujeres”.

18/GC/LGL

En Chiapas se han registrado cuatro casos de feminicidio en los primeros 15 días de este 2018 de acuerdo a datos del Colectivo de Mujeres (Colem), quien lleva un registro con base en la información reportada en los medios de comunicación.

En Tuxtla Gutiérrez se ha registrado el último caso así como una tentativa de feminicidio. En Tapachula, Arriaga y la región Altos de Chiapas, se registraron los otros tres casos, de acuerdo con información de la abogada Martha Figueroa, directora del Colem.

En el 2017 el mismo Colem  registró 120 muertes violentas, 16 menos que 2016. El último caso registrado es el de la joven Gloria Castellanos Balcázar, cuyo cuerpo fue localizado la madrugada de este martes en la capital del estado.

De acuerdo a un comunicado de la Procuraduría General de Justicia del estado, las primeras investigaciones, señalan que la joven de 24 años de edad fue reportada por sus familiares como desaparecida en las primeras horas del 13 de enero, luego que perdieran comunicación con ella.

La madre de la víctima reveló que alrededor de las 15:15 horas del viernes 12 de enero, la joven salió de su domicilio ubicado en la colonia La Lomita, de Tuxtla Gutiérrez, a bordo de una camioneta Honda CRV modelo 2014 en color blanco y placas del estado de Chiapas.

Gloria le avisó que iría a recoger unas bases de pirotecnia en un salón de eventos ubicado en la colonia Mactumatzá, sin embargo, al regresar a su casa la madre se percató de que su hija no se encontraba ahí por lo que trató de comunicarse con ella pero no tuvo respuesta.

La madrugada de este martes fue localizado el cuerpo sin vida, en un pozo con una profundidad aproximada de 20 metros, en un terreno baldío ubicado a 100 metros del salón de fiestas a donde acudió la joven la tarde del viernes. La camioneta de la víctima se encontró abandonada sobre la novena sur y 13 poniente de la capital del estado; y detuvieron a Carlos “N” por su probable responsabilidad en este delito.

La indagatoria, la cual se sigue como feminicidio, señala que el imputado habría ayudado al autor material a desaparecer el cuerpo, el cual ingresó a un recipiente de basura para luego llevarlo al pozo. Al realizar la pericial en criminalística de campo, en el salón de fiestas se ubicó el recipiente de basura al que se le realizó la prueba de luminol la cual se practica para determinar rastros de sangre, y dio un resultado positivo.

Por su parte, Carlos “N” afirmó que la tarde del viernes ayudó al vigilante del salón de fiestas a trasladar un bote de basura hasta un terreno baldío, aunque refirió no saber el contenido del mismo.

En Chiapas desde hace más de un año se declaró Alerta de Violencia de Género (AVG) en siete municipios, en donde continúan registrándose casos de feminicidio.

Hasta el momento el gobernador del estado, Manuel Velasco Coello, no ha reconocido de manera pública la declaratoria de AVG y tampoco ha señalado las acciones que se están haciendo como respuesta a esta medida.

Para mañana se tiene prevista una marcha a las 5 de la tarde, hora local, que partirá del Parque de la Juventud.

De acuerdo con el Informe “La Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016” de ONU Mujeres, en Chiapas la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en 2016 fue de 2.9 por cada cien mil mujeres, cuando la media nacional fue de 4.4.

18/SS/LGL

El común denominador, el trasfondo de las luchas de las mujeres de ayer, de hoy y de siempre –feministas o no-  es la lucha por la vida y por la paz. Como la sociedad está muy atomizada por el poder neoliberal, también lo están las peleas o defensa de sus derechos.

Buscando a sus familiares desaparecidos en las instancias gubernamentales o escarbando la tierra para encontrar a los miles de desaparecidos. En las marchas para reclamar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, contra la impunidad de este gobierno que su característica más relevante es no escuchar y tampoco dar respuestas. 

Ya sea el derecho a su vida en la política con equidad de género y sin violencia; el derecho a su cuerpo o sus derechos económicos y laborales, contra la violencia laboral y en el reclamo de un salario digno. En síntesis sus Derechos Humanos.

Según el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre Derechos Humanos, las mujeres representan más de la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos (79.0 por ciento), al derecho a la educación y derechos culturales (58.5 por ciento) y a los derechos laborales y a la seguridad social (50.4 por ciento). Con este panorama NO se puede estar de acuerdo con la militarización del país y la cancelación de los Derechos Humanos.

Ver gráfica aquí

Se aclara que en renglón de la negativa a los créditos tiene un porcentaje muy bajo (0.6 por ciento), pero la realidad es que de acuerdo a los informes de Banco de México más del 70 por ciento de las empresas viven de los créditos de sus proveedores y no de los bancos.

De acuerdo a la gráfica y al Inegi la “Omisión de protección contra la violencia y el maltrato a las mujeres” representa 43.8 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. Eso es ahorita, ya se puede imaginar lo que sucedería dándoles a los militares suprapoderes, por encima del poder civil y de la sociedad.

Porque eso es lo que propone la Ley de Seguridad Interior, obviamente las más afectadas son las mujeres.

Se han levantado varias voces de los líderes de opinión, de la sociedad civil y también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Afortunadamente su discurso fue en presencia de Peña Nieto y parte de su gabinete, fue muy claro:

La Ley de Seguridad Interior (LSI) “propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades”

Por su parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dio a conocer los mayores peligros que implica autorizar esta Ley:

1. Dar a las Fuerzas Armadas facultades de policía (como permitirles acciones preventivas a su criterio)
2. No genera centrales para verificar el respeto de los Derechos Humanos
3. Permite a las fuerzas federales (militares) intervenir contra protestas sociales
4. Ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial
5. Fomenta la intervención militar en áreas de la sociedad civil

No permite que se fortalezcan las policías civiles ya sean federales, estatales o municipales.

Desde luego que existe una enorme y legítima preocupación por la seguridad, como revertir la ola de violencia que en la última década quizá rebase los 250 mil homicidios. Peña Nieto no cumplió su promesa de campaña: reducir la violencia, menos la pobreza.

Lorenzo Meyer en su artículo: “La Ley de Seguridad Interior”, publicado en el periódico Reforma el 7 de diciembre se pregunta: Con la LSI aprobada ¿qué papel jugaría entonces el Ejército?

En la encuesta sobre corrupción publicada por el Inegi, claramente se privilegia la inseguridad y la delincuencia (66.4 por ciento), como el principal problema; le siguen en orden de importancia la corrupción y por último el desempleo (a pesar de las malas cifras que publica el Inegi sobre este tema).

Luchar por la vida es y será tarea de las mujeres. Por lo mismo no podrán nunca apoyar este proyecto de Ley de Seguridad Interior que está contra la vida, porque esa delincuencia y violencia no se resolverán con esa Ley, por el contrario, sólo se militarizará el país y las luchas sociales como las que emprenden las mujeres, serán combatidas por el Ejército.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL

En Morelos, del 2012 al 2015 el mayor número de homicidios ocurrió en lugares públicos, donde fueron asesinadas principalmente mujeres jóvenes. En el caso de mujeres adultas, la mayoría han sido asesinadas en sus hogares, en este estado donde las organizaciones civiles denuncian una total ausencia de justicia para las víctimas y sus familias.

Durante ese periodo ocurrieron 225 asesinatos de mujeres en el estado, según estadísticas el Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborados con los certificados de defunción que emite la Secretaría de Salud, actas de defunción del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

La integrante del Comité de Derechos Humanos "Digna Ochoa", Susana Díaz Pineda destacó que en Morelos “tenemos una fiscalía omisa de manera sistemática”, puesto que en un primer momento, cuando una mujer es violentada y acude a presentar una denuncia “no hay una sola respuesta de la autoridad y al paso del tiempo se convierte en un feminicidio”. 

La activista agregó que cuando las mujeres son encontradas sin vida en la vía pública o en sus casas “la integración de la carpeta se hace de manera inadecuada y la  investigación no se lleva a cabo de manera precisa”.

Ante la falta de capacidad de la Fiscalía General Estatal (FGE), “las autoridades se van por el lado fácil y argumentan que se trató de un ajuste de cuentas o era la pareja sentimental. Hay casos en los que el agresor sabe perfectamente que no habrá sanción, que lo que haga quedará impune y lo hace una y otra vez -dice Susana Díaz-. 
¡Sabe que a la autoridad no le importa porque además tiende a criminalizarla!”. 

Así ocurrió con Rebeca Díaz García, de 27 años, madre de dos menores de edad – Alison de 9 años y Karla de 4 años- de quienes estaba totalmente a cargo desde que enviudó. Ella no se dio por vencida: además de tener un ciber, trabajaba como cajera en un súper y estudiaba la licenciatura en Derecho.

Rebeca pertenece al grupo de edad de la mayor parte de mujeres víctimas de homicidio en Morelos, de 26 a 40 años de edad; luego le sigue el grupo etario de 18 a 25 años, el de 41 a 64 años, 65 o más, 12 a 17 años y las niñas de 0 a 11 años, según los datos del Sinais.

En cuanto a su ocupación o actividad profesional, la mayor parte de mujeres que fueron asesinadas en Morelos (36.6 por ciento) se dedicaba a los servicios personales o vigilancia, como es el caso de Rebeca. Del 12 por ciento  de víctimas se desconoce la actividad profesional o laboral a la que se dedicaba; 11.3 por ciento no tenía un empleo remunerado y 7 por ciento se dedicaba al comercio.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

La noche del 4 de marzo del 2014, pasadas las 9:00 horas, Rebeca fue asesinada mientras atendía la caja número cuatro de Superama, ubicada en la avenida Ávila Camacho en Cuernavaca, frente a decenas de personas. 

Ramón, su agresor, entró al súper, cruzó el control de seguridad. Con paso firme se detuvo frente a Rebeca -según se observa en el video grabado por las cámaras del establecimiento que fue filtrado a los medios de comunicación- aventó a un menor de edad que la auxiliaba y le apuntó con un arma de fuego. En segundos le disparó en cuatro ocasiones y terminó con su vida. 

“En cuestión de segundos perdió la vida. Minutos después las autoridades y los medios la volvieron a matar; decían que se trató de un ajuste de cuentas. La criminalizaron…”, recuerda con impotencia Isabel García, su madre. 

Cuando la familia llegó a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) solicitó información sobre lo ocurrido, pero se las negaron.

Al siguiente día el comisionado de Seguridad Pública de Morelos, Jesús Alberto Capella Ibarra, afirmó que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas del crimen organizado, “lamentablemente la muchacha que fue ultimada fue pareja sentimental o esposa de un sicario apodado el ‘Cacas’, que fue asesinado el año pasado”.

Un mes después Ramón fue detenido mientras asaltaba una gasolinera. La FGE informó que formaba parte de un grupo del crimen organizado y que confesó haber asesinado a Rebeca.

“Confesó haber matado a mi hija pero también dijo que había matado a otras 33 mujeres más y eso está en las carpetas de investigación”, subrayó la mamá de Rebeca Díaz García.
Inicialmente el hombre fue acusado de feminicidio, delito que según el Código penal de Morelos se castiga con una pena de 30 a 70 años de prisión. Ocho meses después, mediante un juicio abreviado, Ramón fue sentenciado por autoridades del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a cumplir 13 años con 4 meses de prisión, pero no por feminicidio, sino por cometer homicidio calificado en contra de una mujer, así como  a pagar 1 millón de pesos de multa y otro millón como reparación de daño.

Para Isabel García, madre de Rebeca, “ese castigo es insuficiente porque el daño fue muy grande para sus hijas y para todos los integrantes de la familia”. 

El criterio aplicado es que al reconocerse como responsable del asesinato de Rebeca, pudo acceder a un beneficio de reducción de condena en su juicio.
 
RAMÓN TAMBIÉN MATÓ A MI MADRE

El 11 de marzo del 2014, justo ocho días después del feminicidio de Rebeca, una mujer de 65 años a quien llamaremos Graciela -a petición de sus familiares por temor a represalias-  fue asesinada al interior de su casa, situada en el municipio de Jiutepec.

A las 19:00 horas de ese día, Graciela regresaba a su casa después de acudir a una comida, organizada para conmemorar el Día Internacional de la Mujer; mientras que Ramón, que portaba un arma de fuego, protagonizaba una persecución pie tierra.

Graciela cruzó un par de palabras con su esposo Rodolfo (también nombre ficticio) cuando escucharon disparos afuera de su casa. En segundos un joven entró corriendo al departamento, situado en el primer piso, debido a que era perseguido por Ramón y logró salir por una puerta trasera.

Ramón se quedó –por unos segundos- confundido, agitado, molesto. Rodolfo intentó calmar los ánimos y pregunto: ¿Qué está pasando? La respuesta de Ramón fue dar un pequeño giro. Con la pistola en mano, apuntó sobre Graciela y disparó. Ramón salió corriendo y nadie puedo detenerlo. Graciela murió casi instantáneamente.

Las estadísticas del Sistema Nacional de Información de Salud revelan que casos como el de Graciela, revelan que en Morelos, a las mujeres de 65 años o más las asesinan en su hogar, es decir, una de cada tres mujeres que mataron en su hogar era mayor de 65 años. Aunque al grupo que más asesinan en sus casas es al de mujeres de 26 a 40 años.

Infografía realizada por Jovana Espinosa Orta, Brenda Sánchez Núñez y Priscila Hernández Flores

En menos de una hora personal de la Semefo acudió a realizar el levantamiento del cuerpo de Graciela y de un joven que fue asesinado. A pesar de que se había cometido un delito, no se preservó la escena ni se inició ningún tipo de investigación. 

A la fecha ninguna autoridad de la FGE ha iniciado una carpeta de investigación (o por lo menos la familia no ha sido notificada de ello), explica con visible indignación Patricia, hija de Graciela.

Quince días después, la familia se sorprendió al ver en los medios de comunicación al asesino de Graciela y en ese momento supieron que se llamaba Ramón. “Nos enteramos que fue detenido por robar en una gasolinera, que era de la delincuencia organizada y que también era el responsable de la muerte de Rebeca”.

Rodolfo fue quien reconoció el rostro de Ramón. “Mi papá no tenía la menor duda de que el asesino de Graciela era Ramón, pero nos pidió no hacer nada para evitar algún tipo de represalias”, recordó Patricia (también nombre ficticio). 

Como Rebeca, las mujeres solteras son quienes más corren riesgo de ser asesinadas, pero las mujeres con pareja -al igual que Graciela- son el segundo grupo más vulnerable, pues un 40 por ciento de las víctimas de homicidio era casada o vivía en unión libre.

LA AUTORIDAD INVISIBILIZA A LAS VÍCTIMAS

En ambos casos las familias han sufrido daño psicológico y moral. Y aunque son víctimas, la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del estado de Morelos no ha cumplido con su trabajo, ha sido omisa en sus peticiones y necesidades. También se ha evitado que accedan  a la reparación del  daño de acuerdo con lo estipulado en la sentencia. Dicho recurso serviría para garantizar una vida digna y educación a las dos niñas que quedaron huérfanas tras la muerte de Rebeca.

* Reportaje colaborativo coordinado y elaborado por periodistas de la Red Nacional de Periodistas de Chiapas, Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tlaxcala con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

17/EP/RM/LGL

Todos los días y en todas partes las mujeres son asesinadas, golpeadas, violadas, compradas o vendidas.  Crímenes en situaciones de conflictos armados o guerras; en la calle, relacionados con violaciones o con el crimen organizado, la prostitución o la pornografía snuff o vintage; o cometidos por sus maridos, parejas, ex parejas. Todos crímenes ligados a la sexualidad, en donde el factor de riesgo es ser mujer o niña.

Mientras que el concepto de violencia contra las mujeres tiene ya varias décadas, el de feminicidio/femicidio es más reciente y se trata de la intención de destruir, someter y sojuzgar total o parcialmente a un grupo, en este caso, las mujeres y las niñas.  El concepto es útil porque nos indica el carácter social y generalizado de la violencia basada en las desigualdades de género y cuestiona los argumentos que tienden a disculpar y a representar a los agresores como “locos” o a concebir estas muertes como “crímenes pasionales”, o bien, a atenuar su importancia en el caso de situaciones de conflicto, lucha al crimen organizado o guerra, inclusive denominándolo como “daño colateral”. 

La prostitución y la pornografía son, manifestaciones de violencia contra las mujeres, en tanto, desde la cultura patriarcal, permiten perpetuar estereotipos como que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el placer sexual de los hombres. La prostitución no es un trabajo, sino una forma marginal de sobrevivencia asociada a la falta de oportunidades, que permite perpetuar los estereotipos anteriormente mencionados y que al estar tan naturalizada en nuestras sociedades, es aprovechada como una inmensa fuente de ganancias del crimen organizado a través de la trata de mujeres y niñas, con muchos menos riesgos que el tráfico de drogas, que hoy se persigue como una prioridad en todo nuestro continente.

EL CRIMEN ORGANIZADO EN LA TRATA DE MUJERES Y NIÑAS

Las dimensiones actuales del comercio sexual son globales y dramáticas. En primer lugar, las organizaciones criminales transnacionales han descubierto en la comercialización ilícita de personas un espacio de ganancia monetaria significativo y menos riesgoso porque no está en la agenda pública de la región, ni es prioridad como es el combate al narcotráfico.  

El comercio sexual generalmente ocurre de Sur a Norte, pero también existe la trata interna. Sin embargo, muchos hombres viajan a países “exóticos” con el propósito de satisfacer sus fantasías sexuales, reprimidas en su propio país. De ahí que la industria turística se ha constituido en la puerta trasera de la industria sexual en muchos países como Cuba, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, Colombia, Jamaica, México, Brasil, Aruba, entre otros.

El uso de niñas y adolescentes como sicarias, halconas, mulas o esclavas sexuales por parte de los cárteles es un fenómeno creciente.

DATOS DEL INFORME PRESENTADO POR CATWLAC

Durante el año de 2016 se registró un aumento de casos atendidos por el Sistema Alerta Roja (SAR) que es el Sistema de Auxilio a Víctimas de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés). De 203 caso atendidos en 2015, en 2016 año se atendieron 276 casos.

Sin embargo, de los datos sociodemográficos de los casos atendidos, se pudo confirmar por quinto año consecutivo que el rango de edad donde hay mayor número de víctimas es de los 12 a los 18 años de edad, seguido del grupo de 18 y una de 25 años. Y que 246 víctimas eran del sexo femenino y 30 del sexo masculino.

227 víctimas de las 276 se encuentran en las categorías de ingreso medio bajo, pobreza y pobreza extrema, aunque también hay víctimas de clases más privilegiadas. Que las formas de reclutamiento más común siguen siendo la fuerza, el engaño y la seducción, incluyendo el enamoramiento por redes sociales.

Los delitos más comunes durante el año en estudio fueron: la trata de personas, explotación de la prostitución u otras formas de explotación sexual, la desaparición, la privación ilegal de la libertad y el reclutamiento para actividades delictivas de la delincuencia organizada.

De los 276 casos atendidos durante 2016, hubo delincuencia organizada en 74 por ciento y en 26 por ciento hubo delincuencia común. En 4 por ciento de los casos hubo feminicidio, en 60 por ciento no hay datos y en 36 por ciento no hubo feminicidio, por lo menos, hasta el momento.

De los 276 casos atendidos en el 2016, 68 por ciento siguen desaparecidas, 28 por ciento fueron localizadas con vida y 4 por ciento sin vida. Cabe destacar que 2016 es el año en el que menos rescatadas/localizadas hemos tenido desde que empezó la operación del Sistema Alerta Roja.

De 87 denuncias a nivel federal, se obtuvieron 7 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad de 92 por ciento. Tenemos 4 años con una Averiguación Previa que duerme el sueño de los justos en el cubículo de alguna MP Federal de SEIDO, desde hace 4 años. De 196 denuncias presentadas a nivel local, se obtuvieron 5 sentencias, lo que representa un porcentaje de impunidad del 98 por ciento.

Los estados de la república que tienen mayor incidencia como lugares de origen son:

Con el apoyo recibido por el InmujeresCDMX durante 2016 como parte del Programa de Coinversión, pudimos emitir 12 boletines de prensa, 803 post en redes sociales (Twitter y Facebook), 5 entrevistas publicadas de casos específicos y 22 casos de desapariciones en la Ciudad de México. Se promovieron 5 cambios de identidad, 3 reubicaciones, se dio asesoría y representación jurídica a 5 causas penales, 8 denuncias con resguardo de identidad y se le dio seguimiento por lo menos a 11 carpetas de investigación. También se interpusieron 5 amparos y una apelación.

CONCLUSIONES

Identificamos en el acceso a la justicia los principales obstáculos: se encuentran en la vacilante voluntad de la esfera institucional, los tres poderes del Estado muestran debilidad, falta de recursos técnicos, financieros y humanos además de la persistencia de factores culturales que promueven la sumisión y el miedo entre las mujeres legitimando la violencia. La sinergia negativa entre la debilidad institucional y la cultura patriarcal favorecen la impunidad.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL

En la cercanía del Día Internacional para la la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres que se conmemora el 25 de noviembre, en Oaxaca, en 24 horas, cinco mujeres fueron asesinadas en distintos municipios de la entidad.

De acuerdo con un recuento hemerográfico, este mes ha sido uno de los dos meses más violentos para las mujeres. Tan sólo en los últimos ocho días (15 al 22 de noviembre) se cometieron igual número de asesinatos, en promedio uno por día.

Por mes, de acuerdo con cifras de la Fiscalía General de Justicia del estado de Oaxaca, en enero se abrieron seis carpetas por “muertes violentas de mujeres”, en febrero fueron cinco, en marzo 10, abril 11, mayo 11, junio 17 y julio 4. Los meses de agosto, septiembre y octubre no los tiene registrados.

El 15 de noviembre por la madrugada, una mujer de nacionalidad hondureña fue asesinada a balazos en Salina Cruz. La mujer se encontraba con otra persona en una camioneta cuando sujetos armados abrieron fuego en su contra. El hombre quedó herido y ella falleció en el lugar.

El mismo 15 de noviembre por la noche, una mujer que trabajaba como mesera fue asesinada a balazos al interior de su centro de trabajo en Pinotepa Nacional. Durante los hechos resultó herida la propietaria del lugar.

El sábado 18 de noviembre fue hallado el cuerpo sin vida de una joven de 25 años de edad, de nombre Yesenia, quien previamente había sido reportada como desaparecida. El cadáver fue localizado en un cuarto de San Agustín de las Juntas.

De la misma manera el 18 de noviembre fue hallado en Tuxtepec el cuerpo de otra mujer de nombre Josefina G.G, quien se desempeñaba como empleada del hogar.

El martes 21 de noviembre otra mujer, dedicada a las labores del hogar fue asesinada a balazos en su domicilio ubicado en la agencia Vicente Guerrero de esta capital. El feminicidio ocurrió a manos de su esposo, quien se desempeñaba como policía estatal y tras los hechos, se suicidó.

El mismo 21, pero en San Nicolás Quialana, fue asesinada a machetazos y tirada en un camino de terracería una mujer de nombre Yolanda R.

Y este 22 de noviembre fueron asesinadas otras dos mujeres al interior de su domicilio. Una de ellas perdió la vida en el lugar y la otra falleció en el hospital. Por la noche fue reportado el hallazgo del cuerpo sin vida de una joven de 25 años de edad en el municipio de Asunción Nochixtlán.

Las cifras por carpetas de investigación de muertes violentas de mujeres comparativa de enero a julo, de la Fiscalía General de Justicia del estado contenidas en su página de internet, muestran un incremento de 2010 a 2017.

En 2011 se habían integrado 36 carpetas, en 2011 el número se elevó a 84, en el 2012 bajó a 44, en 2013 subió a 45, en 2014 fueron 72, en 2015 se integraron 54, para el 2016 habían 68 y en 2017 eran 64.

Un dato importante es que 50 por ciento de los casos se cometieron con arma de fuego, según los datos oficiales.

17/CL/LGL

Aún contando la reciente sentencia de 78 años dictada al asesino de Dafne Carreño Bengochea, una joven oaxaqueña asesinada en abril de 2013 a manos de su novio Alejandro Olivera López, el bajo número de condenas en los casos de feminicidio hacen de la entidad sureña un gran cementerio de impunidad.

En seis años nueve meses (diciembre de 2010 a octubre de 2017) 628 mujeres fueron asesinadas, pero de acuerdo con los últimos datos proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia del estado, en cuatro años y cuatro meses (octubre de 2012 a enero de 2017) sólo se han logrado 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

“Esto es algo indignante; muchas llevamos dos años, tres años, cuatro años y no hay sentencias. Tal pareciera que le apuestan al desgaste, a que nos olvidemos de los expedientes, a que no busquemos justicia, pero eso no es posible, nosotras vamos a seguir insistiendo por la memoria de nuestras hijas”, señala Elvira Camacho Bautista, madre de Ivón Jiménez, asesinada en agosto de 2013.

Elvira es presidenta de la Unión de Mujeres Víctimas de la Violencia en Oaxaca (Umuvio), asociación civil fundada en 2015 por 300 madres exigiendo justicia para sus hijas asesinadas. El caso de Elvira se encuentra inmerso en el mar de impunidad en torno al feminicidio en Oaxaca.

Durante el anterior sexenio, en cuatro ocasiones la Fiscalía intentó dar carpetazo y archivar las averiguaciones bajo el argumento de que no había un presunto sospechoso del asesinato de la joven universitaria, quien primero fue secuestrada y posteriormente asesinada por su novio Kevin Gonzalo Rojo Martínez, hoy prófugo.

CORRUPCIÓN

Para la mujer, quien no ha cesado en su búsqueda de castigo para el asesino, la corrupción que se vive en el sistema de procuración e impartición de justicia son elementos que se agregan a la violencia que viven las víctimas, aún después de asesinadas.

El feminicidio de Ivón ejemplifica lo anterior. “Mi caso presuntamente era muy especial y tenía que seguirse todo bajo mucha discreción, porque se trataba del hijo de unos funcionarios que trabajan en el Tribunal Superior, entonces las autoridades me mantenían callada. No había que comentar nada. Yo hacía lo que me pedían, pero hoy que ha pasado el tiempo, me doy cuenta que sólo le dimos tiempo para que pudieran protegerse”, explica.

La orden de aprehensión contra Kevin Gonzalo Rojo Martínez se liberó al año del asesinato de Ivón. Aun cuando ésta no había sido puesta en manos de quienes la ejecutarían, Kevin ya contaba con un amparo.

DETENCIÓN, PERO EL CALVARIO NO ACABA, CASO LESLY WILSON

El calvario no acaba con la detención, pues el proceso puede tomar varios años más en concluir. En los casos acompañados por las integrantes de Umuvio, se refleja el burocratismo en los procesos de sentencia.

Las familias afectadas se enfrentan a malos tratos en los penales a los que hay que asistir para el careo con los presuntos feminicidas, así como a distintas argucias que han logrado la libertad de presuntos responsables.

El caso de Lesly Wilson Pérez es uno de éstos. Ella fue asesinada el 21 de noviembre de 2011. Las investigaciones arrojaron la existencia de seis autores materiales e intelectuales. Tres fueron encarcelados, de éstos dos recientemente fueron absueltos y uno continúa en la cárcel con el riesgo de que pueda salir bajo libertad.

La joven de 25 años falleció tras una caída del tercer piso en el fraccionamiento Punta Vizcaya. Las investigaciones realizadas por la fiscalía con elementos aportados por los familiares, determinaron que Lesly fue sacada de su domicilio por Abraham Abdalá Ruiz Sánchez-con quien sostenía una relación sentimental- así como por Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi conocidos de éste. Antes de ser arrojada al vacío fue torturada.

Tres de los seis presuntos responsables se encuentran prófugos, otros tres fueron detenidos. En el transcurso, Ogilvie Berenice Martínez Sánchez y Yahir Carvajal Michi quedaron libres de cargo. Sólo Cecilia R. se encuentra bajo proceso.

“Ha sido un peregrinar para mí, He tocado puertas en distintas instituciones para que se haga justicia y que no quede impune la muerte de mi hija (…) ahora existe temor de que la persona vaya a quedar libre cuando es una de las principales autoras materiales del asesinato de mi hija”, señaló la madre de Lesly.

Tras casi seis años y cientos de papeleos, la mujer, quien pide no mencionar su nombre, señala que todos estos años en busca de justicia la han cansado pero no la detendrán.

“No va a quedar impune la muerte de mi hija. Mi objetivo es ese: que se haga justicia”

¿El tiempo la hará que deje de buscar justicia para su hija?

“Jamás, voy a estar siempre insistiendo en que se haga justicia, hasta saber que los culpables hayan recibido sentencia. Hasta entonces no voy a descansar, quizá hasta entonces se salga de mi corazón todo ese odio. Probablemente llegue a perdonar siempre y cuando se haga justicia”.

EN 5 AÑOS SÓLO 8 CONDENADOS

De octubre de 2012 a enero de 2017, el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) ha emitido sólo 8 sentencias condenatorias por feminicidio.

De acuerdo con información proporcionada por el tribunal, en ese lapso se siguieron 57 procesos penales por el delito de feminicidio de los cuales 34 fueron por el sistema acusatorio penal y 23 por el sistema mixto tradicional.

En tanto, 13 fueron los procesos concluidos, diez por el sistema acusatorio penal, 3 por el sistema mixto o tradicional de los cuales en tres casos resultaron absolutorios, 8 condenatorios y 3 sobreseídas.

Algunos de los asesinatos de mujeres no llegan al TSJE como feminicidio, se quedan en el camino de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca.

De 46 asesinatos de mujeres perpetrados de diciembre de 2016 al 12 de mayo de 2017, la Fiscalía General de Justicia del Estado investiga 25 como feminicidio. El restante sigue una indagatoria por homicidio calificado, homicidio doloso y suicidio.

La cifra de casos de feminicidio reconocidos por las instancias oficiales es aún más baja ya que durante el proceso, de los 25 expedientes de feminicidio, en tres casos se descartaron como tal y fueron reclasificados a homicidios culposos y suicidio.

17/CLV/LGL

Lo nuevos tiempos conllevan nuevas tecnologías y con ellas surgen nuevos lenguajes y nuevas formas de violencias machistas.

Como ya he dicho en numerosas ocasiones, los lenguajes no inclusivos (y los son casi todos) son el mejor aliado del patriarcado para mantener su sistema opresor.

Durante la adolescencia, y sin ninguna formación en educación emocional ni afectivo sexual, nuestros jóvenes tienden a confundir el deseo sexual con el amor. Y, como sabemos, no es lo mismo. Y de ese desconocimiento y/o confusión, potenciada por toda la parafernalia de películas Disney y demás, se alimenta la opresiva idea del amor romántico.

Una idea que esencialmente busca la renuncia de las jóvenes a su propia vida y a sus propias necesidades y deseos en aras a complacer los deseos de su novio. Y eso, además de generar una dependencia emocional que las puede anular, puede resultar incluso peligroso para ellas.

El primer síntoma es la negación de esa renuncia y/o dependencia por parte de ella ante alguna pregunta de las amigas o familiares. Su autoafirmación como igual dentro de la relación tóxica puede llevar implícito un terrible miedo a la pérdida de quien ha "elegido" para que esté a su lado. Y, en demasiadas ocasiones, para mantenerse al lado de él, que le insiste en que la quiere y que el amor es sexo, se cede a una relaciones quizás no deseadas, pero necesarias para que él no la abandone. Ese es el orden patriarcal. La satisfacción del deseo sexual a través del chantaje emocional del amor romántico.

Y esto puede empeorar si en algún momento ha habido alguna grabación de vídeo o fotos de carácter sexual puesto que se pueden utilizar para aumentar la intensidad de ese chantaje sobre la chica con la amenaza de divulgarlas. Así ella queda más atrapada dentro de esa relación tóxica. Y así, también aumenta el orden poder-sumisión que busca el patriarcado, siempre ávido de un mayor poder y dominio sobre las mujeres.

La violencia machista estructural que ha supuesto el desmantelamiento de los recursos para la sensibilización y prevención de las violencias de género, así como el adoctrinamiento patriarcal que ha supuesto la implantación de la LOMCE, no ha hecho más que dar alas a estos nuevos modos de violencia contra las mujeres. Sin recursos económicos ni educativos adecuados, la prevención de estas violencias desde las aulas se complica bastante. Y si además le sumamos que la negación de que este tipo de violencias se produzca en las aulas por parte de casi toda la comunidad educativa, tendremos nuevos focos de preocupación por la falta de detección.

Nadie dijo que detectar las violencias machistas entre la población joven y no tan joven fuera fácil. Ni mucho menos que la salida a esa situación fuera un camino de rosas. Pero creo que no se está prestando la atención necesaria a estos primeros síntomas que tienden a darse entre nuestras chicas jóvenes en sus primeras relaciones.

Los micro machismos naturalizados en todos los ámbitos de la vida no ayudan en nada e insisto en que sin recursos no se pueden desmontar mitos, creencias, situaciones perversas, para evitar nuevas situaciones de violencias machistas en nuestras mujeres jóvenes.

Con esto no quiero decir que todos los jóvenes sean maltratadores potenciales, pero sí que son víctimas potenciales todas las jóvenes, puesto que es en ellas, en las mujeres en general, en quien se ceba el patriarcado.

No basta con la voluntariedad de parte del personal docente por detectar e intervenir ante la más mínima sospecha. Las administraciones educativas deben intervenir haciendo prevención desde el minuto cero. Los pactos están muy bien como referentes políticos, pero se han de desarrollar para llevarlos al terreno de los patios de las escuelas, a las aulas de todo el sistema educativo. No podemos quedarnos solo con las intenciones reflejadas en dicho pacto, porque entonces no avanzamos nada.

Como formadora de personal docente en esta materia me he encontrado de todo. Incluso con algún profesor hombre que incluso llegó a sugerir la justificación de dichas violencias en los patios como forma de socialización entre niñas y niños. Afortunadamente el resto del grupo y yo misma reaccionamos y le hicimos ver su error. Pero sigue habiendo una cierta resistencia de algunos profesores hombres hacia, por ejemplo, la definición que hace la Ley Orgánica 1/2004 sobre Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que en su Preámbulo y que en su primer párrafo afirma:

"La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión."

Si son capaces de tener resistencia a esta definición, y de afirmar que por qué solo se considera violencia de género cuando la ejerce un hombre sobre una mujer y no cuando la ejerce una mujer hacia un hombre, yo me pregunto si su función docente en valores como la igualdad, equidad, solidaridad ¿no queda sesgada?

Afortunadamente estas situaciones son aisladas y el conjunto de la profesión docente está implicada no solo en estos valores sino también en la detección y prevención de este tipo de violencia y de actitudes que se pueden dar entre el alumnado y de una forma u otra buscan soluciones. Pero no podemos dejarlo a su voluntariedad. Hemos de darles herramientas para proteger a las víctimas y para aislar a los maltratadores mostrando que esas conductas son reprochables desde cualquier punto de vista.

Y sobre todo hemos de dotar a las mujeres jóvenes de herramientas de autoprotección para saber decir NO a determinadas conductas, porque las nuevas (aunque algunas son ya muy viejas) formas que toma el patriarcado para ejercer la violencia contra las mujeres puede destruir no solo su presente, sino también su futuro por las secuelas que estas situaciones acarrean.

Esperemos que los recursos para combatir estas violencias no tarden en llegar a las aulas y que nuestras mujeres jóvenes dejen de estar potencialmente expuestas a sufrir cualquier tipo de violencia machista en esa maravillosa y complicada etapa de la vida.

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

tmolla@telefonica.net

17/TMC/LGL

La Red de Mujeres de la Laguna y la Comisión de Derechos Humanos del estado de Coahuila (CDHEC), solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Torreón, Coahuila, ante el incremento de asesinatos contra mujeres que en 5 años suman 48, tan solo en ese municipio.
 
Las integrantes de la Red de Mujeres de la Laguna, Ariadne Lemond y Adriana Romo, acudieron a las instalaciones de la CDHEC para dejar la documentación para la solicitud de la AVG, cabe destacar que también la organización civil “La Libres” de Guanajuato, y “Mujeres Generando Cambios”, de Torreón, se sumaron a esta petición.
 
De acuerdo con Ariadne Lemond, la alerta que se promueve es exclusivamente para el municipio de Torreón. De proceder, se tendrá que conformar el grupo de personas expertas que deberán visitar el municipio para constatar que existe violencia contra las mujeres y que proceda la Alerta.
 
Las integrantes de las organizaciones civiles explicaron que en el documento que presentaron ante la CDHEC, se documentaron 48 casos de feminicidio, sólo en Torreón, desde el 2013 hasta el 2017 resultado de una investigación hemerográfica.
 
 DATOS OFICIALES
 
Según datos de la Procuraduría General de Justicia del estado de Coahuila, sólo 56 de los 436 homicidios de mujeres que se han registrado en cinco años, han sido acreditados como feminicidio.
 
La PGJEC informó en un diagnóstico, que los homicidios de mujeres se redujeron 84 por ciento desde el 2012 a la fecha, y que de los 436 homicidios dolosos contra mujeres, 73 por ciento se consignó o judicializó ante un juzgado.
 
Sin embargo, otras voces como la de la consejera de la CDHEC y presidenta del organismo Eux, Arte y Sida, Aída García Badillo, han señalado que las últimas cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ubican a esta entidad en el tercer lugar en violencia contra las mujeres (7.06 por ciento), muy por encima de la media nacional que es de 4.37 por ciento.
 
García Badillo, destacó que la Red de Mujeres de La Laguna ha tratado de visibilizar la problemática, aunque es necesario que se sumen más a este llamado. "Lo que estamos viendo en Coahuila es que hay un movimiento de género incipiente, donde sólo unas cuantas tratan de hacer conciencia”.
 
Agregó que la falta de organización de la sociedad civil profundiza más el problema pues los asesinatos de mujeres en su mayoría son clasificados como dolosos, en lugar de catalogarlos como feminicidio.
 
SE INCREMENTAN ASESINATOS
 
En tanto, la legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) Larisa Montiel Luis, señaló que se deben tomar medidas para prevenir la violencia contra las mujeres, en específico, los asesinatos, por lo que presentó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades a prevenir este tipo de violencia y dar con los responsables de los hechos.
 
La legisladora panista propuso como de urgente y obvia resolución que la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de la Mujer tomen cartas en el asunto y en la exposición de motivos argumentó que el Instituto Nacional de las Mujeres y ONU Mujeres en su estudio "La Violencia Feminicida en México, Aproximación y Tendencia”, colocan a Coahuila en el décimo lugar respecto al índice de violencia contra las mujeres y de defunciones femeninas con presunción de homicidio (DFPH).
 
Detalló que de acuerdo con el Código Penal para el Estado de Coahuila, se tipificó el feminicidio a través del artículo 336 BIS 1, cuando la mujer victimada presente signos de violencia sexual de cualquier tipo o bien haya recibido lesiones o mutilaciones en zonas genitales o en cualquier otra, previa o posteriormente a la privación de la vida.
 
También se establece como feminicidio cuando existan antecedentes de violencia o discriminación por género en el ámbito familiar, laboral o escolar, y haya existido entre el sujeto y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza.
 
Y ejemplificó que casos como el de una mujer hallada en Arteaga, a quien encontraron maniatada, con huellas de tortura y abandonada en un paraje solitario, o el de otra más que fue asesinada y abandonada en la vía pública, con golpes, huellas de tortura y semidesnuda, y de tantos otros que a diario se suman en Torreón, son ejemplos de la violencia creciente contra las mujeres, por lo que insistió en el llamado a las autoridades para investigar estos asesinatos como feminicidio.
 
17/SN