María Isabel Jiménez Salinas

Invasión de tierras, agresiones, amenazas, compra ilegal de propiedad comunal, empleos con salarios ínfimos, uso de químicos que contaminan la tierra y el agua, y que derivan en daños a la salud y en campos inservibles para la siembra, desaparición de hierbas medicinales y de especies animales endémicas…
 
Estos son, entre muchos otros, los resultados de la acción de empresas mineras, hidroeléctricas, eólicas, agroindustriales, de infraestructura, de explotación de hidrocarburos y gasoductos, inmobiliarias, de turismo y maquilas en el país, sobre todo en comunidades indígenas y campesinas, donde las mujeres enfrentan en su vida diaria la devastación del entorno, la agudización de su pobreza y los daños en su salud y la de sus familias. 
 
Así lo denunciaron ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que por primera vez visita México, del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.
 
Y son ellas las denunciantes porque, tradicionalmente encargadas del alimento, guardianas de la salud y del entorno para sus familias, ante la precariedad y amenazas, se han convertido en defensoras de la tierra y de los bienes comunes.  
 
María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, le contó al Grupo de Trabajo sobre la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.
 
Médica tradicional e integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) dijo a los expertos que la consulta indígena que se aplicó en el lugar para la construcción de un parque eólico se desarrolló en medio de agresiones y amenazas.
 
Isabel, quien se ha dedicado a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los derechos de pescadores, campesinas y campesinos, y de las médicas tradicionales, asegura que los proyectos eólicos sí afectan la naturaleza y la vida, que la tierra se rellena con cemento y ya no germinan las semillas. “Al defender la madre tierra, también defendemos  nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló.
 
Isabel les contó que, en 2013, pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales le avisaron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en el país. 
 
Unida a estos grupos inconformes, la mayoría integrados por varones zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel informó a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo, pero esto le ha acarreado amenazas para que no participe.
 
“CONSULTAS” Y CONTRATOS
 
Para su aprobación, los proyectos deben realizar consultas con las comunidades, pero organizaciones civiles, como Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC), llevó a cabo una Misión de Observación y comprobaron que el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
 
La comunidad mantiene un litigio legal para detener la construcción de parques eólicos, pero estos avanzan y, de acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), hay 31 parques eólicos instalados en el país: 21 en la región del Istmo, 12  en Juchitán.
 
El Grupo de Trabajo escuchó también a la comunidad agraria de Unión Hidalgo, en la región oaxaqueña del Istmo de Tehuantepec, donde la población demanda la nulidad de los contratos de arrendamiento que tiene con la empresa Desarrollos Eólicos de México (Demex), para el parque eólico Piedra Larga.
 
La activista Guadalupe Ramírez Castellanos asegura que la empresa no respetó la propiedad comunal de la tierra porque “compró” áreas que no son de propietarios independientes. La comunidad interpuso un juicio, que está en su etapa final, y se espera que el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 22, con sede en Tuxtepec, dicte una sentencia apegada a derecho y los Derechos Humanos.
 
MINERA Y ENGAÑO
 
Otras mujeres que alzan la voz contra las empresas son las ejidatarias de La Sierrita de Galeana, en Durango, que mantienen una batalla legal contra la minera canadiense La Platosa, de Excellon Resource, por haber defraudado a su ejido.
 
En 2004, La Platosa rentó al Ejido, ubicado en el municipio de Tlahualilo, cuatro hectáreas de tierra de uso común –por un millón 200 mil pesos– para ocuparlas durante 30 años, pero al momento de la firma resultó que el contrato estipulaba la renta de 27 hectáreas por el mismo precio.
 
Dora Alicia Ramírez Soto, primera mujer tesorera del ejido La Sierrita, asegura que en un primer momento las mujeres y hombres de la comunidad vieron en la minera una oportunidad de desarrollo social y de trabajo pero, luego de darse cuenta del engaño, con amenazas la empresa logró que las y los 127 dueños del terreno firmaran el contrato.
 
Las violaciones que se cometieron en este caso fueron exploraciones fuera del territorio convenido, que las personas tenían menos espacio para llevar a pastar a sus animales y afectación en la diversidad de plantas. Además, aunque la empresa ofreció empleos, eran trabajos con salarios mínimos e incluso se le negó la contratación a una mujer por estar embarazada.
 
Otro caso de daños provocados por la industria extractiva fue el derrame de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado de la minera Buenavista del Cobre (de Grupo México) que se vertieron  en los ríos Bacanuchi y Sonora, en el estado de Sonora el 6 de agosto de 2014.
 
Las mujeres destacaron como convocantes de la organización para exigir una solución, pues ellas fueron las más afectadas por la contaminación del agua en una comunidad donde se volvieron comunes dolores de estómago, infecciones estomacales, fiebres y vómitos por el consumo del líquido.
 
Después de escuchar estos y otros relatos de mujeres y comunidades indígenas afectadas por estos proyectos, el Grupo de Expertos elaborará y presentará un informe preliminar al terminar la visita en México y posteriormente presentará un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
 
16/AJSE/AGM/GGQ

María Isabel Jiménez Salinas, indígena zapoteca del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, denunció ayer, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la devastación que ha significado para su comunidad la llegada de más de 21 empresas de energía eólica a la región.
 
Ella es María Isabel tiene 44 años de edad, es médica tradicional, cuidadora, tejedora de trajes típicos, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) y defensora comunitaria en el Istmo de Tehuantepec, ubicado a 276 kilómetros del centro de Oaxaca.
 
La tarde de ayer, vestida con un huipil morado que ella misma tejió, se reunió en la Ciudad de México con personas expertas independientes que representan al Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, quienes por primera vez visitan México para observar los abusos que la inversión privada ha cometido contra personas y comunidades.
 
Ante ellos, María Isabel dijo: “la consulta indígena que se aplicó en Juchitán (para la construcción de un parque eólico), nuestra preocupación es que no se repita en otras comunidades indígenas (…) tememos que pase en nuestros hermanos indígenas la misma situación que pasamos en Juchitán: las agresiones, las amenazas públicas que hicieron delante de la mesa pública, de las autoridades garantes. Eso supera la calidad de justicia que existe en México” aseguró.
 
Isabel dedica su vida y las ganancias de su trabajo como médica tradicional a la defensa de la tierra, los bienes naturales y los Derechos Humanos (DH) de pescadores, campesinas y campesinos, médicas tradicionales y todas las personas que han sido afectadas por la llegada de empresas extranjeras de energía eólica al territorio.  
 
En entrevista con Cimacnoticias, declaró que la defensa de su tierra, con todas las agresiones y formas de represión que ha traído, tiene el objetivo de dejar mejores condiciones de vida para las siguientes generaciones.
 
“Entendí bien que (la implementación de parques eólicos) sí afecta la naturaleza, toda nuestra vida (…) Es momento de no dejarnos, de no dejarnos esclavizar, pisotear, sino de defender nuestros derechos, el territorio. Al defender la madre tierra pues también estamos defendiendo nuestro trabajo que son las hierbas medicinales”, señaló la ahora activista quien también participa en el rescate de la lengua y las costumbres indígenas de su comunidad.
 
Isabel relató que en 2013 un grupo de pescadores y campesinos que la abastecían de hierbas medicinales –la principal fuente de ingreso para ella y su familia tras la muerte de su padre- le advirtieron que personal del parque eólico Bií Hioxo había cercado sus parcelas, les pedían gafetes para entrar a sus tierras y dañaban la flora y fauna de la región, caracterizada por tener especies únicas en todo México.
 
Unida a estos grupos, la mayoría integrados por varones indígenas zapotecas que después conformaron la APPJ, Isabel decidió informar a su comunidad sobre la importancia de hacer frente a este despojo.
 
Una tarde, las bocinas locales de Juchitán anunciaron una riña entre personas de la comunidad y policías que pretendían desalojar a las y los campesinos para que la empresa Bií Hioxo, del Grupo Gas Natural Fenosa, iniciara la construcción de su parque eólico.
 
Como pudo, Isabel llegó al lugar donde ocurrió el enfrentamiento. Encontró a personas heridas y detenidas. Usó las bocinas para pedir ayuda, dispuso que se diera atención médica por igual a uniformados y a personas de su comunidad, y pidió a un grupo de mujeres que resguardara a una mujer policía para que no la lastimaran y, al mismo tiempo, pudieran liberar a sus compañeros detenidos.
 
Este fue sólo uno de los múltiples episodios de represión, desprestigio y agresiones que ha enfrentado la comunidad de Juchitán, y ella directamente, por evitar que las empresas extranjeras, apoyadas por el gobierno federal, dañen la tierra que da trabajo y comida a las y los comuneros, y que además es su legado familiar.
 
VIOLACIONES AL DERECHO A LA CONSULTA
 
La llegada de empresas eólicas a México está documentada desde la gestión presidencial del panista Felipe Calderón Hinojosa, quien permitió su proliferación bajo el argumento de reducir la dependencia de bienes naturales en proceso de agotamiento y, al mismo tiempo, atraer inversión extranjera.
 
Sin embargo, la expansión de parques eólicos en territorio mexicano  continuó bajo el contexto de las reformas estructurales y la reforma energética que impulsó desde su llegada el actual gobierno federal encabezado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
 
Como parte de este modelo, en 2014 el gobierno de Enrique Peña Nieto llevó a cabo en México, justamente en Juchitán, la primera consulta indígena para la implementación de otro parque eólico, el de la empresa Energía Eólica del Sur.
 
A la par que sucedía esta consulta, organizaciones civiles, entre ellas Proyecto de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ProDESC) que entonces ya acompañaba en su defensa a las y los comuneros de Juchitán, realizaron una Misión de Observación en la que comprobaron que durante la consulta el Estado mexicano violó los estatutos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sobre el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado.
 
De acuerdo con los reportes de esta Misión de Observación en esta consulta indígena, que sería “modelo” para el resto de las consultas según anunció entonces la Secretaría de Energía, violó el derecho a una consulta previa porque diversas instancias federales cedieron el permiso al parque antes de concluir el proceso; y a la consulta libre porque se documentaron 33 incidentes de seguridad contra la APPJ.
 
Además se violó su derecho a una consulta informada porque las convocatorias y toda la información de la consulta se difundió sólo por internet y con un lenguaje técnico; a una consulta de buena fe porque los procedimientos no fueron claros; y a una consulta culturalmente adecuada porque la traducción al zapoteco fue deficiente y no se tomó en cuenta la representación de las autoridades de la comunidad.
 

María Isabel Jiménez Salinas, integrante de la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco, ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas | Foto: Greta Gómez Rico

Este resultado llevó a que la APPJ, junto con ProDESC, interpusieran en 2013 y en 2015 tres amparos (557/2013; 457/2015; y 215/2015) ante los juzgados Sexto y Séptimo de Distrito de Oaxaca en Salina Cruz: uno por la falta de consulta y el otorgamiento de permisos para la construcción del parque eólico Bií Hioxo, y los otros dos por las violaciones a la consulta que se cometieron para la construcción del parque de Eólica del Sur, S.A de C.V.
 
DAÑOS IRREVERSIBLES
 
La infancia de Isabel, la número siete entre nueve hermanas y hermanos, está plagada de historias y juegos que mezclaba con sus jornadas diarias de trabajo infantil como vendedora, campesina y cuidadora de las hijas e hijos de sus hermanas. También la marcó la actividad del campo y la pesca, donde acompañaba a su papá –contra los prejuicios machistas de su comunidad– porque ninguno de sus hermanos lo ayudaba.
 
Su adolescencia fue de trabajo duro, incluso en vacaciones, con el fin de pagar sus estudios de secundaria porque no contó con el apoyo familiar. Pese a la doble jornada, Isabel participó también en la iglesia de su comunidad, donde aprendió sobre DH y cultura indígena, y se convirtió en líder juvenil.
 
Para pagar sus estudios como auxiliar contable, durante su juventud Isabel trabajó también dentro de la iglesia en más de un área administrativa. Ahí, una monja coreana le enseñó a curar con agujas, conocimiento que Isabel mezcló con los saberes tradicionales de su familia sobre hierbas medicinales y se convirtió en médica tradicional.
 
En estos años de defensa comunal, Isabel consiguió encontrar, entre la violencia y el despojo, aprendizajes de vida, como hablar español y no sólo zapoteco, conocer las leyes y a otras personas en su misma condición.
 
No obstante, los daños que han causado las empresas eólicas en su comunidad son “irreversibles”, ya que la profundidad del cemento que levanta los aerogeneradores hace imposible que las parcelas puedan volver a cosecharse; y por el ruido y la vibración que producen los parques eólicos las personas tampoco pueden usar esas tierras para asentarse.
 
“El propósito de los parques es acorralar a la comunidad para obligarlas a un desalojo forzado”, asegura Isabel, quien observó que la llegada de las empresas también significó la división de la comunidad, lo que ha desatado más violencia e inseguridad entre quienes –a usanza oaxaqueña indígena- acostumbraban llamarse hermanas y hermanos aunque no fueran familia.
 
Mientras, la construcción de parques eólicos continúa. De acuerdo con la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE), en México actualmente existen 31 parques eólicos instalados: 21 en la región del Istmo, de los que 12 están en Juchitán.
 
Al mismo tiempo, la APPJ se mantiene a la espera de que el Tribunal  Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Décimo Tercero Circuito dicte sentencia por los amparos promovidos en 2015, y –en el caso de la empresa Gas Natural Fenosa- se asigne a un perito traductor para una audiencia, ya que no contar con uno ha  trabado el acceso a la justicia para la comunidad.
 
16/AJSE/LGL