derechos humanos

ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Segob confirma segunda Alerta por agravio comparado
Veracruz y la grave crisis de los DH de las mujeres
CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/12/2017

A un año y medio de que las organizaciones de la sociedad solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, (por el marco discriminatorio contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres), ayer la Secretaría de Gobernación decretó la emisión de la Alerta, por lo que organizaciones civiles exigieron al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, que cumpla con las obligaciones que se desprenden de ésta.

En conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género; y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidieron en que será fundamental conocer el plan de trabajo que presentará Yunes Linares para cumplir con las obligaciones que estableció la Secretaría en el dictamen y urgieron a que entregue a la brevedad dicho proyecto.

El abogado especialista en género y director de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, recordó que con la declaratoria de la Alerta por agravio comparado las autoridades veracruzanas no pueden evadir sus responsabilidades, están obligados a acatar las medidas mencionadas y ahora Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contralas Mujeres (Conavim), es corresponsable del cumplimiento.

Aseveró que por las graves violaciones a los derechos de las veracruzanas, la entidad será colocada el próximo año en el centro de las denuncias ante el Comité de Expertas para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), quien evaluará al Estado mexicano en 2018.

“Es particularmente grave para un estado tener dos Alertas, se va a colocar la gravedad del asunto en CEDAW, se evidenció que el estado –Veracruz- tienen un marco jurídico que transgrede los derechos de las mujeres, se evidenció que es discriminatorio y que no hay política pública, se le aportaron todos los elementos para que lo cumplieran y asumieron una posición retrÓgrada, esto tiene impactos muy graves”, aseveró Domínguez Márquez.

Agregó que el incumplimiento de los derechos de las veracruzanas puede terminar en un juicio político contra Miguel Ángel Yunes y los servidores públicos que tienen la obligación de cumplirlos, además de los legisladores que negaron despenalizar el aborto.

ACCIONES A CUMPLIR

En el dictamen que publicó ayer Segob volvió a exigir 13 acciones que el estado tuvo que haber cumplido hace seis meses: modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y añadir la causal de salud para que las mujeres puedan acceder a este.

Divulgar y asegurar la implementación adecuada de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) para que las mujeres víctimas de violación puedan abortar; elaborar un programa estatal de interrupción legal del embarazo (ILE),  así como campañas para su difusión en la población y garantizar que todas las localidades de la entidad cuenten con centros de salud en los que se pueda promover la ILE de forma gratuita, segura y de calidad con personal no objetor de conciencia y capacitado.

En tanto, al Poder Judicial se le mandó asegurar la reparación del daño integral a las víctimas a quienes les fue negado el acceso al aborto legal.

EL DOLO DEL ESTADO

El Grupo de Trabajo quien fue el encargado de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno antes de decretar esta segunda Alerta, entregó el pasado 6 de diciembre a Segob el dictamen en el que concluyó por unanimidad, que el estado no cumplió con los estándares del informe.

El informe fue realizado a partir de las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de los derechos de las mujeres, en el mismo, participó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para asegurar la mayor protección para las veracruzanas.

Durante su participación, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, refirió que en el proceso las y los funcionarios del estado demostraron que no quieren asegurar los derechos de las mujeres.  

El hecho más grave, recordó, fue por parte del congreso de Veracruz, quienes desecharon en septiembre la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, alegaron que era “inconstitucional” porque el Artículo 4 “protege la vida desde el momento de la concepción”. Mostrando que aún existen grupos conservadores dentro del estado, aseveró la defensora.

“Veracruz incumplió pero de forma dolosa, porque a la autoridad se le acompañó seis meses y no tuvo la voluntad de hacerlo. Antepuso la presión de los grupos católicos y de derecha sin importar que las mujeres mueren por abortos inseguros”, dijo Luz Estrada.  

El análisis del grupo de trabajo también dejó en evidencia la crisis de los servicios médicos de Veracruz y su negativa por garantizar el aborto a las mujeres víctimas de violación. Las organizaciones civiles peticionarias demostraron en sus investigaciones, que únicamente un hospital en el municipio de Coatzacoalcos ofrece el servicio de ILE para víctimas de violación en todo el territorio.

Aún queda un largo camino, las organizaciones civiles presentaron un amparo contra el congreso estatal por no despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y esperan que la Comisión Especial de la AVG del Congreso Federal llame a las y los diputados a que comparezcan al respecto.

Hasta ahora el gobierno de Yunes Linares no se ha pronunciado al respecto.

Entre las asistentes a la conferencia, estuvo también la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas.

17/HZM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   En las semanas recientes 9 personas murieron por este conflicto
   
Más de 5 mil desplazados no podrán regresar, Tribunal resuelve a favor de Chenalhó
Imagen retomada de radio zapatista sudcaliforniana
Por: Ángeles Mariscal
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 14/12/2017

El Tribunal Unitario Agrario (TUA) emitió una resolución en favor del municipio Chenalhó, Chiapas, que invalida la delimitación de las fronteras territoriales con su vecino de Chalchihuitán emitidos en 1973 por la Secretaría de la Reforma Agraria, ahora extinta.

Ambos municipios se disputaban desde entonces 365 hectáreas de tierra en un conflicto que en las semanas recientes dejó más de 5 mil desplazados de manera forzada y de acuerdo a los afectados, 9 personas fallecidas a consecuencia de esta situación.

La resolución del Tribunal implica que los 5 mil indígenas de Chalchiuitán ya no podrán regresar ni a sus viviendas ni a los terrenos que ocupan desde hace al menos tres generaciones, y de las cuales fueron expulsados desde el pasado 18 de octubre, por la acción de civiles armados.

Según la resolución del Tribunal Agrario, le tendrán que ser restituidas a los habitantes de Chenalhó 365 hectáreas en disputa desde hace más de 45 años, luego de un error de la entonces SRA, quien midió de forma equivocada los límites de los municipios.

La resolución le fue comunicada a las autoridades comunales de ambos municipios, quienes de acuerdo a un comunicado del gobierno de Chiapas, ratificaron un convenio que firmaron en 2015, en el que aceptarían la resolución.

Este acuerdo establece la entrega de 15 millones de pesos como compensación al municipio perdedor en el fallo del Tribunal, Chalchihuitán en este caso. También comprende la construcción de 300 viviendas en una zona aún no definida, y la implementación de proyectos productivos.

Los 15 millones de pesos serían repartidos entre las más de 300 familias que desde hace ya casi tres meses viven en las montañas cercanas a las tierras en disputa. A cada familia le correspondería un monto aproximado de 50 mil pesos.

Sobre esta resolución aún no han emitido su opinión los más de 5 mil desplazados. Quien sí manifestó su desacuerdo fue el presidente municipal de Chalchiuitán, Martín Pérez Gómez. El edil se negó a aceptar el fallo, a lo que el secretario de Gobierno de Chiapas, Juan Carlos Gómez Aranda, dijo que no corresponde a él aceptar o rechazarlo, sino, en este caso, a las personas desplazadas.

La disputa por la tierra dejó en los últimos meses la muerte de 9 personas, entre ellas dos adultos mayores, tres niños, y una mujer embarazada, ello a consecuencia de las condiciones de desplazamiento en las que hasta el momento se encuentran.

La mujer embarazada falleció ayer miércoles, de acuerdo a lo que dio a conocer el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien ha documentado la situación en la que viven las personas afectadas por el conflicto.

Sobre los fallecimientos, el gobierno de Chiapas dijo que en tanto no fueron notificados al Ministerio Público, oficialmente no existen.

Luego de la resolución, los pobladores de Chenalhó comenzaron a rehabilitar la carretera que ellos mismos habían destruido en tres puntos, a fin de impedir que los habitantes de Chalchiuitán transitaran por la zona.

Cabe señalar que las autoridades no se han pronunciado sobre las acciones para sancionar y detener las agresiones por parte de grupos de civiles armados, quienes fueron los que expulsaron a los desplazados y sobre los que no se ha actuado, según documentaron el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y otros organismos humanitarios.

Estos organismos y la Diócesis de San Cristóbal –quien ha realizado acciones de asistencia a la población desplazada- advirtieron que autoridades de los tres niveles de gobierno no han buscado una solución integral y un verdadero esfuerzo para buscar mecanismos de reconciliación entre habitantes de ambos municipios, sobre todo porque que en esta ocasión el conflicto se ha agravado por la creciente participación de grupos armados.

17/AM/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   OPINIÓN
Ley de Seguridad Interior y Derechos Humanos de las Mujeres
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Cirenia Celestino Ortega
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 15/12/2017

El 30 de noviembre se aprobó en la Cámara de Diputadas y Diputados, la Ley de Seguridad Interior que permitiría que el presidente de México pueda ordenar la intervención de las fuerzas armadas en algún punto del país, cuando se identifiquen “amenazas a la seguridad interior” y las capacidades de las fuerzas federales o locales resulten insuficientes para hacer frente a “la amenaza”.

El 10 de diciembre se conmemoró el Día de los Derechos Humanos, esos que fueron negados a las mujeres. Cabe recordar que en 1789 se redactó la primera declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, dos años después Olympia de Gouges parafrasea esta declaración cambiando la palabra “hombre” por “mujer” en exigencia del reconocimiento de las mujeres, lo que le costó la vida en 1793, fue aguillotinada. Fue hasta 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se reconoce “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia”

La ley impulsada por el PRI es contraria a los Derechos Humanos, pues es la puerta a la militarización del país, y potenciales violaciones de Derechos Humanos.

La ex representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas en México, Leonor Calderón Artieda señaló: “La historia y las estadísticas nos han demostrado que cuando irrumpen en una población fuerzas regulares o irregulares, que generalmente son masculinas y entran a un área, tienden a elevarse los abusos contra las mujeres y las niñas, violaciones que ponen en riesgo su integridad”.

El primero constitucional señala “Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos y en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que establezca la ley.”

La experiencia mexicana nos ha enseñado que cuando el Ejército sale a las calles, lo que sigue no será el cumplimiento de ese mandato constitucional.

La presencia de tropas militares y fuerzas irregulares a lo largo y ancho del territorio nacional incrementa la violencia contra las mujeres y niñas mexicanas: cabe recodar a las tres tzeltales violadas en Chiapas (junio 4, 1994); 2 tlapanecas violadas en Zopilotepec, Atlixtac de Álvarez, Guerrero (diciembre 3, 1997); 12 mujeres violadas en la zona Loxicha, en Oaxaca (1997); 2 mujeres violadas de Barrio Nuevo San José, Tlacoachixtlahuaca, Guerrero (abril 21, 1999); una mujer agredida sexualmente en Barranca Bejuco, Acatepec, Guerrero (febrero 16, 2002); una mujer violada en Barranca Tecuani, Ayutla de los Libres, Guerrero (marzo 22, 2002), 13 víctimas de violación en Castaños, Coahuila, el 11 de julio de 2006. Todas ejercidas ejercida por militares. Las víctimas siguen sin acceder a la justicia

A las 50 denuncias por violaciones a mujeres indígenas realizadas por militares, ocurridas en la sierra de Zongolica, Veracruz, registradas por el centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez en su informe 2002, se suman el caso que llegó este año a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Atenco y las once sobrevivientes de los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en los municipios mexiquenses de Texcoco y San Salvador Atenco, en el Estado de México.

O los desplazamientos forzados de poblaciones enteras, que huyen de la violencia en su comunidad como las miles de personas de las comunidades de Chalchihuitán y Chenalhó se esconden de los grupos paramilitares en los montes de los Altos de Chiapas.

A todas se les ha negado la justicia. El sacerdote chileno Pierre Dubois lo dijo: “La Justicia que no llega cuando corresponde, ya es injusta” y además de negar la justicia, se promueve una ley que abre infinidad de posibilidades de violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

La participación de las Fuerzas armadas en tareas de seguridad interna debe tener un control estricto y contar con reglas claras que eviten las violaciones a los Derechos Humanos, afirmó el ex secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Santiago Cantón.

En el marco del día por los Derechos Humanos exigimos que el Estado cumpla con su responsabilidad de proteger y brindar seguridad a las personas, respeto a la integridad humana, seguridad con sentido de humanidad, necesitamos seguridad feminista, donde la ciudadanía se sepa protegida en su dignidad, que su cuerpo será respetado, que su palabra será escuchada, que su vida vale en condiciones de igualdad.








ESTADOS
   Medida también resulta inútil para prevenir embarazo en adolescentes
   
Prohibir excepciones al matrimonio adolescente vulnera derechos: GIRE
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 13/12/2017

La prohibición sin excepciones del matrimonio adolescente vulnera el derecho de los jóvenes a su vida privada y libre personalidad pero además resulta inútil para prevenir el embarazo adolescente,  la violencia en la pareja y la deserción escolar, afirmó el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE).

Al presentar el informe “Prohibir sin proteger: El matrimonio adolescente en México”, esta organización destacó que el matrimonio de menores de edad es un fenómeno poco frecuente que disminuye cada año porque actualmente la mayoría de los jóvenes que viven en pareja lo hacen en unión libre.

En esto coincidieron la directora del GIRE Regina Tamés, la psicóloga de la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar  (Mexfam), Yaret Gutiérrez; el académico del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), Rodolfo Vázquez; el cofundador de Data Cívica, José Merino; y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, Jesús Martín Jáuregui.

Al señalar que tras la intención de restringir derechos para la juventud está el sistema de Naciones Unidas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), organismos que mantienen una campaña en contra del matrimonio infantil, Regina Tamés destacó que el debate está rodeado de mentiras y desinformación.

Cabe recordar que después de la publicación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2014, los estados fueron obligados a reformar sus leyes para establecer los 18 años como edad mínima para contraer matrimonio, sin dispensas o excepciones.

Uno de los estados que armonizó su Código Civil fue Aguascalientes; sin embargo la Comisión de Derechos Humanos del estado interpuso una Acción de Inconstitucionalidad (22/2016) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerar que en ciertos casos, sin mencionar cuáles, se deben permitir las uniones entre adolescentes de 16 a 18 años.

De acuerdo con el informe, al día de hoy 27 estados han reformado sus Códigos Civiles para prohibir el matrimonio entre menores de edad, eliminando también las dispensas; lo que a decir de Yaret Gutiérrez no ayuda a eliminar el embarazo adolescente, la violencia entre parejas jóvenes y la deserción escolar.

También señaló que la posición de organismos internacionales, la ONU y el SIPINNA es contradictorio porque por años han luchado por reconocer el desarrollo y madurez de las personas adolescentes y ahora están en contra de que tomen decisiones libre sobre su vida.

Gutiérrez dijo que la principal razón de deserción escolar es la falta de recursos económicos y que el matrimonio no es causa de embarazos adolescentes porque en 2011, 64 por ciento de las jóvenes embarazadas de entre 15 y 19 años vivían en unión  libre y sólo 13 por ciento estaban en matrimonio, mientras que 23 por ciento se catalogaban como solteras. 

La psicóloga abundó  que existen razones para que los jóvenes consideren el matrimonio como adecuado para su proyecto de vida, sobre todo si se trata de parejas con hijas o hijos que pudieran verse beneficiados por la seguridad social, por eso dijo que la prohibición del matrimonio no resuelve el problema.

Por su parte el politólogo José Merino dijo que después de revisar las estadísticas de nupcialidad, la Encuesta Intercensal de 2015, el Censo de 2010 y la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, todas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía; “se rompe el mito de que el matrimonio adolescente sea un problema recurrente y que sea un programa que se ha agravado”.

También dijo que en México 5 de cada 100 mujeres menores  de edad viven con su pareja; de ellas ocho de cada 10 viven en unión libre; y en 2010 había 269 mil mujeres menores de edad casadas y en 2015 la cifra de 248 mil.

El analista agregó que también es un mito que las mujeres se casen con hombres mayores porque 81 por ciento de las mujeres menores de edad casadas estaba con un hombre de 25 años o menos y sólo 26 por ciento estaba casadas con alguien de 26 años o más.  

A su vez el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes, Jesús Martín Jáuregui, quien promovió la Acción de Inconstitucionalidad ante la SCJN para que se permita que los jóvenes se casen, dijo que la ley que prohíbe es discriminatoria y no acabará con los enlaces entre jóvenes.

“Las hormonas no entienden de leyes, son tercas, siguen trabajando, siguen haciendo su papel, siguen  su función, seguimos teniendo parejas porque seguimos teniendo este impulso. La ley no va a transformar esto, al contrario, tenemos que tomar en cuenta lo que pasa en la realidad”, aseguró.

Las ponentes también señalaron que el matrimonio abre la puerta para el acceso a derechos fiscales, de herencia, seguridad social y en materia migratoria, aunque no mencionaron cuántos adolescentes que están casados tienen acceso a estos derechos. 

Las organizaciones tampoco dijeron qué casos serían excepcionales para permitir que dos jóvenes menores de edad se casen y argumentaron que estas decisión debe quedar en manos de jueces, aunque cabe decir quien se encarga de realizar los enlaces son personas del Registro Civil que aunque se llaman “jueces” no tienen facultades de investigación o para dirimir controversias.

17/AGM/LGL








OPINIÓN
DERECHOS HUMANOS
   Mujer Sonora
El tuit
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 13/12/2017

Hace unos días un efímero tuit llamó la atención porque apenas pensamos que hay un avance en el entendimiento social de que las mujeres tenemos derecho a una vida libre de violencia, y de golpe, la cruda realidad nos devuelve a la realidad “real”.

Desde el 8 de diciembre de 2016 en Hermosillo, por primera vez tenemos una Jefa del Departamento de tránsito municipal. Se trata de Janneth Elena Pérez Morales, quien cumplió recién un año en el cargo.

Es una mujer joven, seria, profesional, disciplinada y al momento de tomar posesión contaba con 16 años de experiencia.

Con todo y ello el 4 de diciembre pasado, en la ceremonia de entrega de veinte patrullas nuevas a la corporación a su cargo, fue objeto, sí objeto, de un acto de violencia a través de una red social, por un periodista de gran experiencia que en el transcurso del mismo día, retiró su publicación sin dar explicación alguna.

El tuit consiste en mostrar en primer plano la parte posterior del cuerpo de la Jefa de tránsito municipal con su impecable uniforme, quien se encuentra de frente a las patrullas, escribiendo el tuitero que por si no se habían fijado –quienes ven la imagen- la patrulla que aparece al fondo es de la marca Nissan.

Días después se conoce la noticia de que una joven es buscada por sus familiares pues salió a divertirse una noche de fin de semana, acudió a un antro, y después de que tomara un coche de servicio Uber, ya no pudo ser ubicada por su familia y aparece hasta el día siguiente.

En su narrativa, la chica dijo que fue llevada a un motel por el chofer de Uber en donde abusó de ella, y por la mañana la llevó a su casa. La Secretaría de Seguridad pública municipal dio la información preliminar en un boletín:

“Hermosillo, Sonora, a 10 de diciembre.- El conductor de un auto que presta servicio como Uber es señalado como presunto responsable de abuso sexual en contra de una joven que requirió sus servicios al salir de un centro de diversión la madrugada de este domingo.

Elementos de Seguridad Pública atendieron el reporte de una joven cuyos familiares solicitaron la intervención de los cuerpos policiacos al no tener información de ella.

Fue así como ubicaron a quien dijo llamarse Omar N. de 33 años y con domicilio en la colonia Pueblo Bonito.

Según la afectada cuya identidad se omite, al salir del antro a donde acudió a divertirse, abordó el vehículo del servicio de Uber para dirigirse a su domicilio pero el conductor la llevó a un hotel y al despertar alrededor de las 9:00 horas de este domingo, le pidió que la llevara a su domicilio”.

Entre las muchas reacciones que causó la noticia, al no ser ésta la primera vez que un chofer de Uber es investigado por abuso sexual, una cuenta de Twitter denominada Hermoencuestas lanza un sondeo para que la gente opine sobre la situación de la joven agredida.

Sus opciones son: “Se quedó botada”; “Se fue con el noviecito”; “Se la robó el Uber”; y “Otra (comenta)”. De 126 votos, 75 opinaron que se fue con el novio. El nivel de banalización de la agresión sexual fue igual de la cuenta que lanzó el sondeo, como del público que decidió opinar.

Ambos casos narrados tienen algo en común: demuestran que no se ha aprendido nada de violencia contra las mujeres. Quien decidió lanzar un tuit con la imagen de una mujer a quien no se le pidió permiso para poner en redes sociales su imagen en un ángulo que seguramente ella nunca pensó sería captada, solo buscó “hacer una broma” utilizando el cuerpo de la Jefa de tránsito municipal de Hermosillo.

Por su parte, quien maneja la cuenta de Twitter que lanzó el sondeo, usa como mercancía el drama de una joven y de su familia que de acuerdo a su dicho sufrió un episodio de violencia por parte de un desconocido que aprovechándose del estado de vulnerabilidad de la chica, abusó de ella y está siendo investigado.

Ambos vuelven a saltar al vacío de su conocimiento sobre Derechos Humanos de las mujeres. De nuevo en menos de una semana dos casos relacionados con la comunicación masiva, tan grave uno como el otro, se permiten violar el derecho a una vida libre de violencia, que en teoría todas las mujeres gozamos en este estado y país.

Afortunadamente el tuit fue retirado, pero el daño está hecho, pues sabemos que una vez lanzada una imagen al espacio de las redes sociales, nunca nada vuelve a ser igual, pues jamás se logra desaparecerla del todo.

El mensaje para las mujeres es: Si eso se puede hacer con una mujer de alta jerarquía como lo es una Jefa de un departamento de tránsito de la capital de un Estado ¿qué no se podrá hacer con el cuerpo y la imagen de cualquier otra mujer?

Si la violación sexual contra una mujer, una de las agresiones más difíciles de superar –si es que se logra- puede ser objeto de sorna y puesto en lo público para que cualquiera opine, lastimando aún más la dignidad e integridad de la afectada ¿qué se podrá esperar de agresiones consideradas menores por la ley?

¿Qué tiene que pasar para que quienes utilizan un medio de comunicación entiendan que cuando la ley describe las violencias de género contra las mujeres, se refiere a todas las que se inflijan por cualquier medio?

¿Cuándo se entenderá que el hecho de ser comunicador o periodista no exceptúa a las personas de ser acusados de cometer un delito?
Ambos casos son preocupantes, pues es obvio que las mujeres siguen siendo carne para los leones. Lo que a ellas les pase, así como sus cuerpos son propiedad de cualquiera, menos de ellas mismas. Expresa también el fracaso de las campañas mediáticas pues ni las personas que trabajan en medios han abierto oídos a ellas. Aquí dos muestras.

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora

17/SNE/LGL








MONEDERO
DERECHOS HUMANOS
   Monedero
Luchando por la vida: NO a la Ley de Seguridad Interior
Especial
Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 12/12/2017

El común denominador, el trasfondo de las luchas de las mujeres de ayer, de hoy y de siempre –feministas o no-  es la lucha por la vida y por la paz. Como la sociedad está muy atomizada por el poder neoliberal, también lo están las peleas o defensa de sus derechos.

Buscando a sus familiares desaparecidos en las instancias gubernamentales o escarbando la tierra para encontrar a los miles de desaparecidos. En las marchas para reclamar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos, contra la impunidad de este gobierno que su característica más relevante es no escuchar y tampoco dar respuestas. 

Ya sea el derecho a su vida en la política con equidad de género y sin violencia; el derecho a su cuerpo o sus derechos económicos y laborales, contra la violencia laboral y en el reclamo de un salario digno. En síntesis sus Derechos Humanos.

Según el reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) sobre Derechos Humanos, las mujeres representan más de la mitad de las víctimas de violaciones a los derechos sexuales y reproductivos (79.0 por ciento), al derecho a la educación y derechos culturales (58.5 por ciento) y a los derechos laborales y a la seguridad social (50.4 por ciento). Con este panorama NO se puede estar de acuerdo con la militarización del país y la cancelación de los Derechos Humanos.

Ver gráfica aquí

Se aclara que en renglón de la negativa a los créditos tiene un porcentaje muy bajo (0.6 por ciento), pero la realidad es que de acuerdo a los informes de Banco de México más del 70 por ciento de las empresas viven de los créditos de sus proveedores y no de los bancos.

De acuerdo a la gráfica y al Inegi la “Omisión de protección contra la violencia y el maltrato a las mujeres” representa 43.8 por ciento de las violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres. Eso es ahorita, ya se puede imaginar lo que sucedería dándoles a los militares suprapoderes, por encima del poder civil y de la sociedad.

Porque eso es lo que propone la Ley de Seguridad Interior, obviamente las más afectadas son las mujeres.

Se han levantado varias voces de los líderes de opinión, de la sociedad civil y también del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez. Afortunadamente su discurso fue en presencia de Peña Nieto y parte de su gabinete, fue muy claro:

La Ley de Seguridad Interior (LSI) “propicia la falta de claridad, las ambigüedades y la discrecionalidad en la actuación de las autoridades”

Por su parte el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), dio a conocer los mayores peligros que implica autorizar esta Ley:

  1. Dar a las Fuerzas Armadas facultades de policía (como permitirles acciones preventivas a su criterio)
  2. No genera centrales para verificar el respeto de los Derechos Humanos
  3. Permite a las fuerzas federales (militares) intervenir contra protestas sociales
  4. Ataca la transparencia al determinar que toda la información sobre medidas de seguridad interior será confidencial
  5. Fomenta la intervención militar en áreas de la sociedad civil

No permite que se fortalezcan las policías civiles ya sean federales, estatales o municipales.

Desde luego que existe una enorme y legítima preocupación por la seguridad, como revertir la ola de violencia que en la última década quizá rebase los 250 mil homicidios. Peña Nieto no cumplió su promesa de campaña: reducir la violencia, menos la pobreza.

Lorenzo Meyer en su artículo: “La Ley de Seguridad Interior”, publicado en el periódico Reforma el 7 de diciembre se pregunta: Con la LSI aprobada ¿qué papel jugaría entonces el Ejército?

En la encuesta sobre corrupción publicada por el Inegi, claramente se privilegia la inseguridad y la delincuencia (66.4 por ciento), como el principal problema; le siguen en orden de importancia la corrupción y por último el desempleo (a pesar de las malas cifras que publica el Inegi sobre este tema).

Luchar por la vida es y será tarea de las mujeres. Por lo mismo no podrán nunca apoyar este proyecto de Ley de Seguridad Interior que está contra la vida, porque esa delincuencia y violencia no se resolverán con esa Ley, por el contrario, sólo se militarizará el país y las luchas sociales como las que emprenden las mujeres, serán combatidas por el Ejército.

* Economista especializada en temas de género

twitter @ramonaponce

17/CRPM/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Desde voluntarias hasta asistentes sociales y parteras
Mujeres responden a crisis de refugiados de Rohingya
“La tía Leila”, un miembro local de la comunidad Rohingya, se acerca a las mujeres refugiadas y las lleva a los espacios propicios para mujeres del UNFPA. © UNFPA Bangladesh / Naymuzzaman Prince
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp.- 12/12/2017

La frontera entre Bangladesh y Myanmar es el sitio de la crisis de personas refugiadas de más rápido crecimiento en el mundo. Más de 620 mil  personas refugiadas rohingya del vecino estado de Rakhine en Myanmar han llegado al distrito Bax de Cox en solo tres meses.

Con más personas en esta situación que llegan todos los días, los asentamientos están desbordados. Más de la mitad de los que llegan son mujeres y niñas.

Marginadas y vulnerables, están soportando la peor parte de la crisis. Los informes indican que la violencia sexual es generalizada y muchas llegan a necesitar atención materna y otros servicios de salud reproductiva.

Sin embargo, en medio del desplazamiento, hay apoyo, esperanza, curación y resiliencia. Las mujeres están emergiendo como las que responden en primera línea. Desde voluntarias hasta asistentes sociales y parteras, las mujeres se ocupan de las mujeres.

UNA PESADILLA QUE NO SE DETIENE

La ayuda humanitaria compite para satisfacer las necesidades de las personas y las comunidades de acogida, y para planificar la compleja y prolongada situación que se avecina.

Se enfrentan a necesidades abrumadoras. La gente llega después de caminar durante días a través de colinas, ríos y la costa. Muchas personas han experimentado un dolor inimaginable.

“Las heridas externas se están curando, pero la herida interna siempre estará en carne viva”, dijo una mujer al UNFPA en el asentamiento de Balukhali. Su esposo y otros seis miembros de la familia murieron cuando su casa fue incendiada. Ella fue golpeada y apuñalada. “Cada noche tengo pesadillas. No puedo dormir “.

Incluso después de que llegan a los campamentos, la violencia, especialmente la violencia de género, sigue siendo una preocupación importante.

Muchas mujeres están solas, o ahora son las cabezas de sus familias. La sobrepoblación extrema y la privacidad limitada son los principales riesgos de seguridad para ellas y sus hijos. Las tareas esenciales, como recoger agua o leña, bañarse o usar una letrina, pueden ponerlas en riesgo.

Las embarazadas y las nuevas madres tienen una necesidad crítica de servicios de salud materna.

Merula dio a luz hace casi un mes. Su bebé fue entregado dentro de una carpa improvisada con la ayuda de su madre. Ahora tiene tres hijos que cuidar, además de su esposo, Saddam, que se está recuperando de una herida de bala.

MUJERES AYUDANDO A MUJERES

A pesar del tumulto, las mujeres están emergiendo como líderes y trabajadoras de extensión, conectándose entre sí para ayudar y apoyar.

Monowala ya vivía en Bangladesh cuando la crisis se intensificó este verano. Una etnia Rohingya, se ofrece como voluntaria en los asentamientos para personas refugiadas y les cuenta a las mujeres y niñas sobre los espacios propicios para las mujeres del UNFPA: lugares seguros para recibir información, atención médica y derivaciones a consejería.

Los espacios están ayudando a las mujeres a reconstruir un sentido de comunidad. Algunos han comenzado a llamarlos “shanti ghar”, que significa “refugio seguro”.

“El tipo de apoyo que necesitan las mujeres, un médico no puede brindarlo. La herida está adentro “, dijo Monowala. “Las mujeres entienden que cuando vienen aquí no se les ofrece apoyo financiero. Dicen que lo que ofrecemos vale mucho más “.

En el asentamiento improvisado de Leda, la gente busca a “Auntie Leila”, otro trasplante de rohingya de Myanmar que ha estado en Bangladesh durante años. Ella también dirige a las personas a los espacios amigables para las mujeres.

“Cada vez que encuentro una sobreviviente de violencia de género entre los recién llegados o en las calles, me aseguro de traerlas aquí”, dijo. “A las mujeres, les gusta el espacio para venir y hablar abiertamente. A veces llevan a sus hijos a jugar adentro". 

Estas mujeres son esenciales. “Se confía en los voluntarios porque viven en la comunidad. Conocen el idioma y la cultura “, dijo Mosrafa, un gerente de programa en uno de los espacios. También saben cómo encontrar a los necesitados. “Las mujeres enfrentan mucha violencia, por lo que no podemos esperar que siempre vengan aquí en busca de ayuda. A veces tenemos que ir a ellos “.

La participación de las mujeres en la vida pública está muy restringida. “A las mujeres no se les permite sentarse en las tiendas de té para compartir historias, chismes. Por eso es tan importante que las mujeres tengan un espacio como este “, dijo Noor Begum, trabajador social de UNFPA.

LAS PARTERAS SALVAN VIDA

Las parteras respaldadas por el UNFPA también brindan atención que salva vidas, tanto en los espacios seguros como en las clínicas móviles de salud reproductiva. Proporcionan una gama de servicios, incluida la atención prenatal, los servicios de parto seguros y la atención postnatal, así como la gestión clínica de la violación.

En la clínica móvil en Balukhali, una determinada partera llamada Sharifa construyó una mesa de parto de bambú con sus propias manos.

En el campamento de refugiados de Kutupalong, Sabekun tiene 25 semanas de embarazo con su primer hijo. Ella había llegado el día anterior, después de caminar durante siete días para huir de la violencia en su país. Se despertó sintiendo que algo andaba mal, el bebé no se movía como de costumbre.

En el establecimiento de salud del campamento, una partera le aseguró que el bebé está bien, pero que necesita descansar para superar su agotamiento.

“Me sentí tan asustada e insegura esta mañana, pero ahora me siento más en paz”, dijo Sabekun. “Me siento tranquila”.

La trabajadora social del UNFPA, Rafia, señaló que las mujeres son un punto de entrada para llegar a toda la comunidad con mensajes sobre servicios, seguridad y Derechos Humanos.

“Volverán con sus familias y amigos y difundirán esa información. Si proporcionamos información a las mujeres, la difundirán lejos", dijo Rafia.

Y las mujeres también están trabajando para romper el estigma arraigado en torno a la supervivencia de la violencia sexual.

Uno de los voluntarios Rohingya huyó a Bangladesh hace una década durante un brote de violencia anterior. “Mi hermana menor fue llevada a una escuela local y violada y torturada durante cinco días”, dijo. “No había servicios como este disponibles para mi hermana cuando llegamos aquí… Por lo general, en la sociedad si eres violada, te vuelves estigmatizado e intocable”.

Hoy, ella y otros miembros de la comunidad piden un cambio. “Nuestra comunidad ya no debería juzgar esto. Nuestra comunidad comparte esta experiencia. Es una tortura colectiva, pero estamos juntos en esto y podemos apoyarnos unos a otros… Debemos compartir entre nosotros y levantar la carga de todo el trauma “.

*Este artículo fue retomado del portal feminista de noticias Tribuna Feminista.

17/RED/LGL

 








INTERNACIONAL
SALUD
   Senado aprueba modificaciones a sistema penal
   
Obligados hospitales públicos de Bolivia a realizar abortos bajo 5 causales
Especial
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Buenos Aires, Arg .- 11/12/2017

El pasado 5 de diciembre el Senado boliviano aprobó el artículo 157 del nuevo sistema penal que garantiza la realización de abortos en los hospitales públicos del país en los siguientes supuestos: para prevenir riesgos presentes o futuros para la vida y la salud integral de las mujeres embarazadas; por malformaciones incompatibles con la vida; sea consecuencia de una reproducción asistida no consentida; de una violación o incesto, y cuando se trate de niñas y adolescentes.

La inclusión del artículo sobre aborto surgió a partir de las recomendaciones que hicieron el Comité contra la Tortura y de la CEDAW (organismos de las Naciones Unidas) al Estado Plurinacional de Bolivia, más una sentencia constitucional de 2014 que exhortó a la Asamblea Legislativa a encarar y resolver el problema de los abortos inseguros.

El aborto inseguro es la tercera causa de muerte materna de las bolivianas. Desde 1971, en la época de la dictadura, existían seis artículos que penalizaban distintas formas de aborto. Y había uno llamado “aborto impune” que establecía que no era punible cuando se tratara de violación, incesto o estupro o cuando pusiera en riesgo la vida de la mujer.

El artículo sobre el aborto (el 157) está en el marco de la revisión de todo el sistema penal: no es sólo un código sino un sistema nuevo que tiene 700 artículos. La presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, la presidenta de la comisión de Constitución en Diputados, Susana Rivero, y la presidenta de Constitución del Senado, Adriana Salvatierra, llevaron adelante el proceso legislativo.

“Armamos una articulación entre legisladoras y la sociedad civil, organizaciones sociales para armar una estrategia que nos permitiera avanzar, entendiendo que el resultado no es lo que la mujeres pretendíamos -una despenalización total- pero sí un avance en la progresividad de los derechos de las mujeres”, explicó a Cosecha, Roja Rivero.

Se distribuyeron roles, diseñaron un sólo artículo con varios párrafos donde queda claro que no se despenaliza totalmente pero define las causales. “El gran avance, más allá de las causales, es la obligatoriedad para que el sistema público de salud le otorgue a las mujeres este derecho de manera gratuita sin condición, tutelaje, sin que ningún médico evalúe. Simplemente la mujer establecerá cuál causal y podrá dirigirse a un centro de salud público donde será asistida en las mejores condiciones”, dijo la diputada.

En Bolivia hubo y sigue habiendo mucha resistencia de los grupos antiderechos y religiosos tanto evangélicos como católicos, que han utilizado a los médicos para que aleguen la libertad de conciencia.

“Esta fórmula que logramos las legisladoras bolivianas de respetar la esa libertad pero obligar al sistema público a que en cada centro de salud haya un médico no objetor. Es lo que creemos que va a viabilizar la ejecución plena de este derecho de las mujeres”, dijo Rivero.

*Este artículo fue retomado del portal de noticias Cosecha Roja.

17/RED/LGL








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres Cautivas
Defensoras somos todas
Especial
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 11/12/2017

Desde 2015, la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos ha venido trabajando en una Campaña denominada “Defensoras somos Todas” (Historias de Vidas).

“Defensoras Somos Todas”, las que ya de suyo defienden, promueven y difunden los Derechos Humanos de las mujeres, pero también las que buscan a sus hijas, hijos, hermanas, hermanos, esposos, novios o hermanos o las que son perseguidas y reprimidas como producto de la protesta social.

¿Cuántas denunciadas, encarceladas, hostigadas, perseguidas o víctimas de feminicidio o violencia sexual? De abril del 2015 a marzo del 2016, la Comisión Independiente de Derechos Humanos documentó la violencia sufrida por las Defensoras de Derechos Humanos del 2000 al 2015 (salvo en los casos emblemáticos, los cuales obedecieron a la temporalidad de los mismos), en 20 estados de la república mexicana.

Se realizaron 28 entrevistas individuales y colectivas a Defensoras de Derechos Humanos que sufren o han sufrido algún tipo de violencia, y se sistematizaron 52 encuestas aplicadas a Defensoras y Defensores. El estudio abarco a 21 estados de la República Mexicana (incluida la Ciudad de México, antes Distrito Federal).

La violencia psicológica se mantiene como una de las más graves y recurrentes. En las encuestas se les preguntó si han sufrido violencia por pertenecer a la organización a lo que 61 por ciento respondió afirmativamente, mientras que 39 por ciento dijo que no. De quienes respondieron sí, destaca que 44 por ciento han sufrido violencia psicológica; 35 por ciento hostigamiento; difamación y amenazas tuvieron el mismo porcentaje: 29 por ciento.

Violencia Física y económica, también se mantuvieron parejas con 21.2 por ciento. En tanto, quienes manifestaron haber vivido violencia emocional se ubicó en 15.4 por ciento y de Robo en General 11.5 por ciento, la violencia sexual se ubicó en 5.8 por ciento y otras formas de violencia en 14 por ciento.

De acuerdo a la encuesta realizada, 23 por ciento refirió haber vivido Violencia Institucional, mientras que 11.5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios. En tanto que 5.8 por ciento dijo haber vivido violencia en la comunidad.

De los 36 casos de feminicidio de Defensoras de Derechos Humanos acá señalados, el estado con mayor es Guerrero con 8, seguido por Chihuahua con 7 y la Ciudad de México con 5.

La investigación señala que los agresores son, en su mayoría, agentes del Estado con 23.1 por ciento. Mientras que 11.5 por ciento dijo haber sufrido otro tipo de violencia o varios.

Cuando se les preguntó el tipo de violencia sufrida, un 21.2 por ciento refirió haber sufrido intimidación gubernamental. Mientras que 11.5 por ciento fue intimidada por grupos de poder económico y por poderes fácticos.

Dentro de los otros agresores registrados se encuentran: grupos caciquiles con un 9.6 por ciento, intimidación paramilitar con un 7.7 por ciento, y grupos del narcotráfico con un 7.7 por ciento.

El mayor porcentaje corresponde a la violencia psicológica con 48 por ciento , intimidación gubernamental 31 por ciento, hostigamiento 27 por ciento, amenazas y difamación con 25 por ciento cada una, y persecución 17 por ciento.

Una de las modalidades de violencia que han sufrido otras personas que integran la organización es la económica y representa el 16 por ciento.

Los dos casos de desaparición forzada de las personas mismas y los otros dos de familiares muestran el nivel de violencia e inseguridad nacionales.

De la muestra, quienes responden que han sufrido violencia o conocen de algún caso de violencia relacionado con la organización 13.5 por ciento considera que entre 2009 y 2014 ha sido el periodo con mayor incidencia considerado a partir del año 2000.

Hace casi cuatro años fue publicada la Ley para la protección de personas defensoras de Derechos Humanos y periodistas (26 de junio de 2012) y 5 meses después el Mecanismo de protección empezó a funcionar (12 de noviembre de 2012). Desafortunadamente muy pronto afloraron las deficiencias en su trabajo al grado que para mediados de 2013 ya era evidente que se acumulaban los casos presentados al Mecanismo y no eran sometidos a Evaluación de Riesgo; que las Medidas que se debían asegurar a las Defensoras, Defensores y Periodistas en riesgo no se hacían efectivas por falta de recursos y, que los gobiernos locales no realizaban esfuerzos para protegerlos/as. Además, persisten deficiencias en la coordinación interinstitucional entre Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales. Y no ha habido una adecuada capacitación y sensibilización de los funcionarios que operan el Mecanismo.

Al Estado Mexicano se le ha exigido en las instancias internacionales establecer una protección eficaz de las Defensoras que incluya la investigación rápida y eficaz y el levantamiento de cargos por todas las amenazas y ataques dirigidos contra ellas. Garantizarles un entorno seguro, libre e independiente y garantizar que todos los casos de amenazas, violencia, ataques y asesinatos contra ellas, sean investigados por Organismos Independientes e Imparciales.

Si el Estado Mexicano no es capaz o no tiene la voluntad política de proteger a las defensoras, con más razón prevalece la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas en nuestro país, donde se perpetran 7 asesinatos de mujeres diarios, ocupando el lugar 16 en el mundo y el primero en América Latina y el Caribe.

Hoy que se acerca el final del año, bien podemos hacer un balance del 2017. Eran niñas, jóvenes y mujeres adultas mayores los mil 297 casos de feminicidio.

Una persona se atreve a desaparecer, violar y/o asesinar a una mujer en México porque sabe que existe la corrupción rampante y los altos índices de impunidad que les niega el derecho al acceso a la justicia.

Pero el feminicidio en México –mil 297 sólo en lo que va del presente año–tienen su raíz en el machismo contra el poder de las mujeres, la falta de perspectiva de género por parte tanto de los que investigan como los medios que difunden, y en una parte de la sociedad que, al no querer reconocer o no condenar el fenómeno, se vuelve cómplice.

Mara, Evelyn, Fátima, Valeria, Jessica, Lesvy… todas han sido revictimizadas por las y los funcionarios del sistema de justicia.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora

17/TUZ/LGL








OPINIÓN
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Desenredo
Por un periodismo incluyente
Imagen retomada del portal Oaxacadiaadia
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
Cimacnoticias | Guatemala, Gua .- 08/12/2017

Resulta oportuno hablar de periodismo, esta profesión que a muchas personas nos entusiasma y nos motiva a leer, escribir, entrevistar, investigar, opinar, en suma: elaborar materiales en los que podemos concretar un compromiso social a favor del bien común, del buen vivir.

Ciertamente, un reto complicado cuando predominan en los medios corporativos las visiones empresariales que desvirtúan los Derechos Humanos y se sigue utilizando el cuerpo de las mujeres como mercancía y para estimular el morbo.

Hablar de un periodismo incluyente cobra importancia porque significa reconocer la diversidad de las personas y realidades que existen en un país como Guatemala, donde predomina la injusticia social.

El 30 de noviembre se conmemora el Día del Periodista, pero si esta profesión la desempeñan mujeres y hombres, sería pertinente que para el próximo año, se conmemore a Mujeres y Hombres Periodistas en un día en el que se haga explícito cuáles medios o periodistas han atentado contra el derecho constitucional (reconocido en tratados internacionales) a la libre emisión del pensamiento.

Se requiere hablar de periodismo incluyente además porque los medios de mayor impacto siguen manipulando informaciones, invisibilizando temas y actores políticos (especialmente a las mujeres y pueblos indígenas) o tergiversando opiniones para descalificarlas.

Todas estas actitudes representan una violación a la libertad de expresión, pero pasan sin sanción alguna como algo “natural” e intrínseco del periodismo.

Los medios de comunicación tienen una línea editorial y en el entendido que gozan de la libertad de prensa, tienen la prerrogativa de definir sus enfoques sin cortapisas.

Pero esto no significa que se acepte sin cuestionamientos que un consorcio televisivo y cadena radial se conviertan en voceros de la casa presidencial, que se considere delincuentes a las personas opositoras al modelo extractivista o que se tergiversen impunemente las voces entrevistadas, en especial las feministas, cuyos planteamientos revolucionan las visiones conservadoras, acríticas o llenas de prejuicios perennes desde la época de la Inquisición (ciega obediencia, subordinación jerárquica).

Sin duda, en el periodismo tienen cabida las voces de cualquier agrupación, incluso las más rancias. Un ejercicio periodístico incluyente abre espacios para dar a conocer opiniones diferentes o poner frente a frente visiones contrastadas, es una práctica acertada; pero cuando se recurre a la tergiversación de las declaraciones por considerarlas contrarias a su línea editorial, es a todas luces una actitud que viola la ética periodística.

En Guatemala, existe una ciudadanía movilizada, que exige erradicar la corrupción, propone cambios que contribuyan a evitar los abusos de los poderosos, por tanto, requiere la difusión de opiniones diversas, demanda acabar con el predominio de las voces masculinas con corbata y quiere conocer realidades ocultas por los conservadurismos.

En consonancia con la situación actual, quienes reivindicamos el ejercicio periodístico incluyente, tenemos que insistir que se viola la libertad de expresión y el libre acceso a la información cuando se borra o manipula de las agendas periodísticas determinados temas y fuentes, es decir, cuando se ignoran los requerimientos de una ciudadanía activa.

* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.

17/RHA/LGL








Pages

Subscribe to RSS - derechos humanos