derechos humanos

REPORTAJE
VIOLENCIA
   Enero cerró con 25 asesinatos de mujeres
Guerrero, en los primeros lugares de feminicidio
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Scarlett Arias, corresponsal
Cimacnoticias | Chilpancingo, Gro.- 07/02/2018

El primer mes de este año cerró con el registro de 25 casos, casi uno por día; y a siete meses  de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) decretara la Alerta de Violencia de Género (AVG) para ocho municipios de la entidad.

En 2017 Acapulco concentró la mayor parte de casos de feminicidio, seguido por la capital del estado, Chilpancingo de los Bravo, y en tercer lugar, Chilapa de Álvarez, municipio ubicado en la zona de la Montaña, de acuerdo con el registro de la  “Asociación Guerrerense Contra la Violencia Hacia las Mujeres” quien contabilizó en este periodo, un total de 156 casos.

En junio de 2017, la Conavim decretó la AVG para 8 municipios de Guerrero, luego de que ésta fuera solicitada el 23 de junio de 2016 por la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres, A.C para Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la Independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

De acuerdo con el informe presentado por la organización para la solicitud de la AVG, de 2010 a 2015 se cometieron 901 homicidios dolosos de mujeres en la entidad: en 2010 se registraron 124, al 2015 la cifra se ubicó en 225. Destaca Acapulco como el municipio que concentró el mayor número de casos (431) seguido por Chilpancingo (45), Iguala (49) José Azueta (29), Tlapa de Comonfort (12 ) Ometepec (14), Coyuca (16) Ayutla (8), y en otros municipios con 297 casos. Guerrero tiene 81 municipios.

El mismo informe refiere que del total de asesinatos registrados, 62.6 por ciento fue por arma de fuego y en todos, la víctima tenía una relación cercana con su agresor, es decir, fue asesinada por su esposo, novio, expareja sentimental.

Organizaciones civiles como la Alianza Feminista y el  Observatorio “Hannah Arendt”, señalaron que la violencia contra las mujeres se incrementó de manera considerable a partir del año 2006, cuando el panista Felipe Calderón arribó a la presidencia del país e inició su llamada “guerra contra el narcotráfico”.

Análisis en el que coincide ONU Mujeres en su informe: “Violencia Feminicida en México Aproximaciones y Tendencias 1985 – 2014”, el cual constata que en el periodo de 2007 a 2013, se “observa un aumento muy importante en la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio en el estado” y que colocó a Guerrero en el primer lugar durante 2006 y 2007.

LEGISLACIÓN

Guerrero fue el primer estado en tipificar el delito de feminicidio en su Código Penal, el cual entró en vigor en diciembre de 2010 y estableció que “el feminicidio es la privación de la vida de una mujer cuando se tenga por fin ocultar una violación; por desprecio u odio a la víctima; por tortura o tratos crueles o degradantes; por la existencia de una relación de afecto entre la víctima y el agresor; por violencia familiar o cuando la víctima se encontrara en un estado de indefensión”.

El Código fue reformado en 2012 para quitar la parte relativa a la violencia sexual, pero aún así, organizaciones como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) criticaron la reforma ya que para acreditarlo se condiciona la intencionalidad del agresor.

Respecto al protocolo para investigar este delito, Guerrero también fue el primer estado en presentarlo (2008), no obstante, un análisis hecho por el OCNF consideró que éste “no está elaborado a partir del tipo penal vigente y está desfasado de las circunstancias que establece el Código Penal de la entidad, de forma que no explica las circunstancias del tipo penal ni desarrolla las actuaciones con perspectiva de género y Derechos Humanos”.

IMPUNIDAD

Un protocolo deficiente y la mala clasificación de los asesinatos dolosos de mujeres derivan en que en la entidad, existan cifras dispares que realmente den cuenta de la dimensión de la violencia feminicida en el estado.

Mientras las organizaciones civiles que dan seguimiento y acompañamiento a los casos de feminicidio señalan que durante el año pasado se cometieron 217, la Fiscalía General del estado solamente reconoció 13. La dependencia no informa ni cuántos homicidios son investigados siguiendo el protocolo de feminicidio, tampoco si se da seguimiento.

Aunado a ello, la falta de capacitación y sensibilización a los funcionarios y encargados de procurar y administrar justicia contribuyen a revictimizar a las mujeres asesinadas y a sus familias.

El Grupo de Trabajo responsable de la investigación calificó como “preocupante”, que personal de la Fiscalía y las agencias del MP especializadas, en muy pocos casos, tenían conocimiento de la existencia de los protocolos que se han creado para la investigación de delitos relacionados con la violencia contra mujeres, incluso, refirió “algunas de las personas entrevistadas no conocían los tipos penales de los delitos que son competentes; en otros casos, las servidoras o servidores públicos relacionan los casos de feminicidio con la delincuencia organizada, lo que deja la impresión de la normalización de la violencia o bien su indebida justificación”.

Ejemplo de ello es que en días pasados, durante una conferencia de prensa por el caso de Azucena, una joven de 17 años que estuvo desaparecida, cuyo cuerpo encontraron degollado y abandonado junto a su hija recién nacida en el municipio de Chilapa de Álvarez, el propio fiscal general Xavier Olea Pelaéz responsabilizó a las mujeres por el aumento de la violencia en su contra al argumentar “que las mujeres están participando de una o de otra manera en el crimen organizado”.

Cabe recordar que apenas el pasado 30 de enero se informó que la AVG se extendió también para el municipio de Chilapa. 

En las regiones de la montaña, principalmente en los municipios de Tlapa de Comonfort, Alcozauca, Zapotitlan y Acatepec, las mujeres no están exentas de esta violencia.

Los Centros de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan” y  “José María Morelos y Pavón” han señalado en reiteradas ocasiones que las mujeres no tienen acceso a la justicia, aún cuando en el estado, existen 18 Unidades Municipales de Atención y Prevención de Violencia de Género, 15 Centros para el Desarrollo de las Mujeres, y tres Centros de Justicia que deben prestar servicios de acompañamiento jurídico y orientación a las víctimas.

De enero a abril de 2017, estas organizaciones documentaron diez casos de feminicidio en los municipios de Tlapa de Comonfort. Todos continúan impunes.

18/SA/LGL

 








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Permanecen en huelga de hambre madres de personas desaparecidas
Cuando la esperanza es el único alimento
CIMACFoto: Stephany Reyes Chávez
Por: Stephany Reyes Chávez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 25/01/2018

Desde el 17 de enero, fecha en que llegó a la Ciudad de México, su dormitorio ha sido una casa de campaña instalada afuera de la Secretaría de Gobernación (Segob) la cual comparte con otras cinco mujeres a quienes la incertidumbre de no saber dónde están sus hijos ha despertado en ellas el enojo ante la indiferencia de las autoridades frente a los múltiples casos de desaparición.

María Guadalupe Rodríguez es originaria de Chilpancingo Guerrero, lugar donde tuvo que dejar a sus nietos, su esposo, su nuera y la vida que intenta continuar desde que perdió el rastro de su hijo.

“La primera exigencia es que se hagan las investigaciones y dar con el paradero de nuestros hijos…” enuncia en entrevista con Cimacnoticias, afuera del plantón que mantienen en la Secretaría de Gobernación (Segob) desde hace ya 9 días para presionar a las autoridades a resolver los casos de sus familiares y la presentación con vida de los mismos.

Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o desaparecidas, en su último informe de agosto de 2017, existían 30 mil 499 personas desaparecidas.

Guadalupe se niega a aceptar a su hijo como una cifra más. Eso la ayuda a resistir y es lo que la mantiene de pie frente a las consecuencias de permanecer, hasta el día de hoy, nueve días sin alimento frente a la Segob en un campamento improvisado.

Los rostros se tornan pálidos, el cansancio es evidente en la piel de quienes llevan a cuestas el nombre de esos familiares que  buscan incesantemente, el hambre y la debilidad no se comparan con el dolor y la rabia que manifiestan a cada palabra.

Los desmayos y problemas de presión se han vuelto algo “cotidiano” desde que llegaron a esta dependencia y decidieron evitar la ingesta de alimentos para que sus peticiones sean atendidas. Se trata de mujeres que buscan a sus hijos, a sus esposos, hermanos o primos y que han renunciado incluso a su propia salud para exigir justicia.

Ellas no cuentan con apoyo gubernamental, únicamente se respaldan en diversas asociaciones civiles que las han monitoreado y apoyado en su demanda. Su llegada a la Ciudad de México fue auspiciada por ellas mismas ya que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) respondió a su solicitud de vehículos o boletos de autobús para trasladarse con una negativa argumentada en la falta de presupuesto.

41 mujeres de  diversos estados, llegaron por sus propios medios a la Ciudad de México buscando soluciones. 18 de ellas permanecen en huelga de hambre y dos han sido trasladadas a hospitales para su atención. Algunas de ellas llegaron a la Ciudad caminando o por “aventones”.

Guadalupe guarda fervientemente la esperanza de encontrar a su hijo con vida y poder reunir a su familia nuevamente. Agradece a los diversos colectivos que han acompañado su estancia en la ciudad, pero reiteró la ineptitud e indiferencia del Comisionado de la CEAV, Sergio Jaime Rochín, quien dijo, no ha extendido acompañamiento psicológico ni jurídico a quienes han denunciado desapariciones de sus familiares.

En entrevista con Cimacnoticias, comentó que ningún funcionario de Gobernación se ha acercado a ellas durante su estancia frente a esta dependencia.

DESAPARECIDOS

Josué M. R. es el nombre de su hijo, quien desapareció el 4 de junio de 2014 en Chilpancingo, Guerrero, y hasta la fecha, no hay notificaciones sobre avances en su caso. Guadalupe ha llevado sola la investigación y lo único que puede asegurar es el hecho de que su hijo es una víctima más de la delincuencia organizada y la colusión de las autoridades con ésta.

Se trata de un abogado de 30 años que dejó en casa a tres hijos que ahora le piden cuentas a Guadalupe cada que ella sale a exigir justicia de distintas maneras.

La Segob se encuentra flanqueada por un grupo de policías federales que impiden el paso a los ciudadanos a quienes dicen “que es por motivos de seguridad de los familiares que se encuentran ahí”, en plantón; sin embargo, Guadalupe asegura que están evitando que la gente los apoye y frenando la llegada de víveres que la sociedad civil les hace llegar para que ellas puedan continuar con su protesta.

Dentro de sus exigencias está la salida inmediata de los médicos enviados por la CEAV que lejos de ayudarlas dijo, han intentado persuadirlas de muchas maneras para regresar a sus lugares de origen, argumentando la disminución de su salud, pero ellas aseguran que es para desarticular el movimiento y evitar dar la cara por las solicitudes de su pliego petitorio que han extendido al Secretario de Gobernación Alfonso Navarrete Prida, y al Comisionado de la CEAV, Sergio Jaime Rochín, desde el día de su arribo a la Ciudad de México.

Dijeron también que se trata de personal “poco capacitado y con baja calidad humana” al momento de proporcionar atención médica.

Guadalupe exigió que ya no les entreguen minutas, ni escritos con compromisos incumplibles, dice que ellas llegaron por soluciones y por eso optaron por ejercer su derecho a la huelga de hambre.

Dejar a su familia y su trabajo en su lugar de origen ha resultado difícil para ella, pero en espera de los resultados para encontrar a su hijo, toda vale la pena. Chilpancingo, Guerrero, es el lugar donde sus familiares aguardan su arribo con buenas noticias, mientras ellos viven en un ambiente de violencia y nexos del narcotráfico con la policía y las personas encargadas de gobernar, situación que ha provocado tantas víctimas de desaparición forzada.

Gema es otra madre que se encuentra en huelga frente a Gobernación, con la esperanza de encontrar con vida a su hijo Juan G.A. de 22 años quien desapareció el 27 de febrero de 2011 al dirigirse al puesto de hamburguesas con el que subsistía. El único testigo presencial de la privación de la libertad de Juan es un niño que lo acompañaba quien tuvo que lanzarse a un barranco para salvaguardar su integridad. Desde esa fecha ha sido un constante peregrinar escuchando promesas de solución que no se han concretado.

Gema se unió al grupo de mujeres que no han perdido la esperanza de encontrar a sus familiares con el propósito de que las autoridades trabajen como deben para devolver a sus hijos a casa con vida.

Lamentó la” insensibilidad” de Jaime Rochín frente a los casos a de desaparición forzada en todo el país y exigió a Enrique Peña Nieto replantear los nombramientos de personas que ocupan cargos tan sensibles como el de la CEAV, que atiende a víctimas.

Gema padece una desviación lumbar a causa de un accidente automovilístico, requiere una cirugía y usa faja metálica para contrarrestar el dolor causado por su lesión. Pese a ello, está decidida a no abandonar la Ciudad de México hasta obtener una respuesta satisfactoria respecto al caso de su hijo.

Aseguró que las madres de desaparecidos que ha conocido en este largo andar son las que han elaborado las investigaciones por su propia cuenta porque nadie hace nada en Chilpancingo, Guerrero, lugar de donde es originaria.

“La información que ellos (las autoridades) tienen, es la que nosotras como madres les hemos dado, y al estar investigando los casos de nuestros hijos, nos ponemos en riesgo porque a veces cuando acudimos a dar información, luego nos andan siguiendo.

Ya han desaparecido también a varias madres y familiares que están investigando por su propia cuenta. Queremos seguridad, no promesas”, dice enfática.

Las madres en huelga de hambre comienzan a tener desvanecimientos, presión baja, elevación o baja de glucosa pero se niegan a abandonar su protesta en aras de que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y el Secretario de Gobernación resuelvan sus inconformidades con apego a la ley y con todas las medidas de protección necesarias.

Reiteraron que hasta que la fuerza se les agote culminará esta exigencia que ha ido mermando su estado de salud.

En tanto, en un comunicado, integrantes de la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada (integrada por 15 agrupaciones civiles) exigieron a las autoridades federales atender las demandas de las madres que se encuentran en huelga de hambre, así como atender su salud.

Responsabilizaron al gobierno de “cualquier daño permanente que puedan sufrir las familias que se encuentran en huelga de hambre, así como de cualquier represalia que exista en contra de las personas solidarias y organizaciones, colectivos o familiares que las acompañen.

Llamaron a las organizaciones de Derechos Humanos y colectivos con trabajo en desaparición, a que las apoyen y envíen agua, suero y cobijas.

Cimacnoticias solicitó una entrevista con funcionarios de la CEAV para conocer su postura en torno a estos hechos, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

18/SRCH/LGL

 








OPINIÓN
VIOLENCIA
   Mujer Sonora
   
La guerra política contra las mujeres empezó
Imagen retomada del Congreso de Morelos
Por: Silvia Núñez Esquer*
Cimacnoticias | Hermosillo, Son.- 23/01/2018

El incidente registrado recientemente contra la precandidata a la alcaldía de Caborca, Sonora, por el Movimiento Ciudadano, fijó el nivel de violencia a la que podrían estar expuestas las mujeres durante el proceso electoral de 2018.

Patricia Azcagorta Vega denunció la violencia política de que fue blanco y aclaró que no se retirará porque la hayan atacado.

La agresión, que debe entenderse en el contexto de la participación política, fue de tipo sexual, psicológico, moral, con fuerte dosis de discriminación.

El modus operandi fue utilizar las redes sociales para difundir fotos individuales extraídas de su cuenta personal de Facebook, así como un video erótico a través de whatsapp del cual se pretendía hacer creer que la protagonista era ella, cuando en realidad es una modelo brasileña.

Armado como un paquete de fotos y video, pretendían establecer que por ser una mujer con un físico determinado, no era la persona adecuada para gobernar porque una mujer así no tiene la capacidad para hacerlo.

Tomando el esquema más rudimentario de los estereotipos de género, quienes están contratados para violentar a las mujeres que participan en la vida política pública, decidieron que una ropa ajustada y determinadas posiciones tomadas en contextos del ámbito personal, eran suficientes para desalentar a sus seguidores.

Sin embargo, la estrategia solo logró consolidar la preferencia del potencial electorado en Caborca, en donde las encuestas favorecen a la precandidata, ahora registrada como tal.

“Los ataques vienen de nuestros contrincantes porque nos tienen miedo, ya que Patricia Azcagorta va a cambiar el futuro de Caborca”, afirmó en rueda de prensa la precandidata.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Sonora, y ex directora del registro civil de Caborca, Azcagorta acudió a registrarse para contender internamente por la candidatura de su partido político para la alcaldía.

Lo hizo un día después de la campaña que pretendía mermar su ánimo y pretensiones, sin lograrlo.

Mostrando gran aplomo, y flanqueada por sus compañeras de partido, demostró que las mujeres pueden conservar el temple a pesar de saberse en el blanco de las violencias.

Este caso también probó al partido que la respalda, pues como primer ataque del presente proceso electoral, la postura de éste era fundamental.

La coordinadora estatal de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, calificó de imprudente y grosera la forma en que se trató de manipular la información, tratando de hacer creer que el video erótico era protagonizado por Patricia Azcagorta.

Consideró que esos ataques forman parte de la violencia política a la que están expuestas las mujeres. “A las mujeres se les acosa, lo del video falso es un mal mensaje para las mujeres”, indicó.

Parecería que se pretende desactivar su participación, y manifestó que le da mucho gusto que la precandidata haya mostrado valentía ante la situación.

La coordinadora estatal dio su respaldo incondicional y anunció que no quedará en incidente, sino que presentarán la denuncia correspondiente.

Por su parte, ante las descalificaciones que acompañaban a las fotos personales de Azcagorta, cuestionando su capacidad para gobernar, señalando que solo contaba con un físico atractivo, la coordinación nacional de Mujeres en Movimiento, emitió un pronunciamiento.

En el comunicado extendió su total apoyo a la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, a la vez que hizo un llamado a las autoridades a que se apeguen al protocolo de investigación de violencia política contra las mujeres, y se sancione a quien corresponda.

Fue víctima de violencia política en razón de género al ser juzgada no por su competencia, sino por sus atributos físicos, sin tomar en cuenta su capacidad para asumir el cargo como sí se enaltece en el caso de los varones.

En el comunicado expresan que demandan que, apegados a la segunda versión del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las mujeres en razón de género presentado en noviembre pasado, el Instituto Nacional de las Mujeres, el Instituto Nacional Electoral y la FEPADE, coadyuven a este fin.

Se opusieron a la sexualización y cosificación de las mujeres, así como a ser violentadas en sus Derechos Humanos.

Hace tres años, en el proceso electoral intermedio varias candidatas sufrieron ataques principalmente de carácter comunicacional.

Sin embargo, ningún partido salió a defenderlas ni a respaldarlas.

Cierto, no había protocolo para atender la violencia política contra las mujeres, pero nadie emitió ninguna postura, ni siquiera las candidatas.

Hoy contamos con uno nacional y otro estatal. Este incidente de violencia política marca el inicio de la guerra electoral contra las mujeres que hoy sí, por ley, van por la mitad de las posiciones. Este partido se pronunció listo para defender a sus candidatas. ¿Lo estarán todos los partidos, o callarán como lo han hecho antes?

*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/

Twitter: @mujersonora

18/SNE/LGL








ZONA DE REFLEXIÓN
VIOLENCIA
   Zona de Reflexión
Sacar la basura del patriarcado
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Lucía Lagunes Huerta*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/01/2018

A raíz de la denuncia masiva a través de la campaña #MeToo, han surgido opiniones que señalan que las mujeres exageran y confunden cualquier acercamiento masculino con acoso. El cuestionamiento se centra en la palabra de las víctimas, quienes como nunca antes, han tenido la posibilidad de expresarse.

Uno de los argumentos colocados es que las mujeres confundimos acoso y seducción, esto debido a la torpeza masculina para manifestar sus intenciones. Las mujeres saben y ellos también, cuando se acosa y cuando no. La supuesta confusión entre acoso y seducción torpe, es un viejo argumento usado por los acosadores, precisamente para descalificar la palabra de sus víctimas.

Frases como “yo sólo quería ser cortés” “ella mal interpreta” “no fue mi intención”, son recurrentes cuando los acosadores son evidenciados. El reto siempre ha sido que la palabra de las víctimas tenga validez.

Otra argumento para tratar de descalificar el movimiento #MeToo, es que se ha desatado una “cacería de brujos” en donde las mujeres señalan a hombres inocentes que no tienen posibilidad de defensa.

El derecho a la defensa, ha sido un largo camino que las mujeres han tenido que recorrer y no está del todo ganado.  Cuando las mujeres se defienden se les suele acusar de excederse. Recuerdo los casos de Claudia Rodríguez Ferrando (1996) o Yakiri Rubio (2013), mujeres que para defenderse de su violador, hicieron uso de la legítima defensa causando la muerte de éstos. Ambas fueron encarceladas, juzgadas, y ambas salieron bajo el cargo de “exceso de legítima defensa”.

También se ha dicho que las mujeres que se han sumado a la denuncia del acoso quieren venganza, no justicia. Históricamente las mujeres, y especialmente las víctimas de delitos sexuales, lo que han demandado ha sido justicia. Y para lograrlo, han tenido que transformar conceptos añejos que las culpabilizan, y han creado otros, para acercarse al sueño de la justicia que el sistema de justicia masculino les ha negado.

Recordemos que en el año 1994 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió que cuando un marido obligaba a su esposa a tener sexo con él, no era un delito sino el “ejercicio indebido de un derecho". Echarlo atrás costó once años.

En 2005 la SCJN determinó que por supuesto dentro del matrimonio podría existir el delito de violación, el cual ocurre cuando se obliga a tener sexo, usando la violencia física o moral.

Y aclararon que al reconocer este delito, se protege “el derecho de las personas a la autodeterminación sexual, lo cual implica la libre disposición de su cuerpo, y el derecho a decidir cuándo y con quién tener relaciones sexuales”.

Se ha dicho que quienes se suman al movimiento #MeToo son moralinas o conservadoras. El derecho a decidir sobre el cuerpo ha sido una de las demandas más libertarias de las mujeres.

Por ejemplo, en México hasta hace 30 años algunos Códigos Penales mantenían la exigencia para la víctima de violación de castidad, una forma honesta de vivir, y tener buena reputación.

En México, según datos del Colegio Jurista, 1.4 millones de mujeres viven acoso dentro de su trabajo, pero sólo 40 por ciento decide denunciarlo por miedo o desconocimiento de cómo actuar en ese tipo de situaciones; 90 por ciento de las afectadas prefiere buscar otro empleo, según información del Instituto Nacional para las Mujeres.

POR QUÉ HA MOLESTADO TANTO ESTE MOVIMIENTO MASIVO

No es no, han insistido en miles de formas las mujeres al hablar de la violencia sexual en cualquiera de sus expresiones.

Antes de defender a quienes durante milenios han gozado del privilegio de la impunidad y del pacto de silencio, fortalezcamos las condiciones para que las mujeres puedan denunciar sin el temor a ser linchadas.

Tal vez lo que más molestó es que se sacó la basura que estaba bajo las alfombras del patriarcado y se dejó al descubierto que frente a la violencia machista romper el silencio y denunciar al agresor no sólo libera, sino que sana y empodera.

¿Qué es lo que más molesta? ¿Qué se señale y se nombre a los acosadores, violadores y hostigadores? ¿Qué se les ponga nombre y descubramos que lejos de ser unos sicópatas son hombres comunes, que conviven con nosotras todos los días?

La basura que sacó –del mundo privado- el movimiento #MeToo, fue la violencia machista para ponerla a plena luz, hacerla asunto público, donde el centro del escrutinio son los agresores, esos que decidieron un día usar su poder para satisfacer su deseo sin que nada les pasara porque la complicidad y la impunidad estaba de su lado.

Lo que el movimiento #MeToo cuestiona es el sistema que permite que los hombres acosen. Un sistema que ha privilegiado el deseo masculino y lo ha puesto por encima de la decisión de las mujeres.

Es decir, cuestiona las condiciones que le permiten a cualquier hombre acosar, hostigar y agredir a una mujer. Hacerlo, es una decisión personal.

Sí, existe un desprestigio hacia los hombres, pero no hacia todos. El desprestigio es sobre aquellos que acosan, que violentan a las mujeres y sobre aquellos que con su silencio aceptan la agresión, sobre aquellos que prefieren mirar para otro lado cuando otro hombre está violentando a una mujer.

Tal vez lo que más molesta al patriarcado es ver herido uno de sus pilares, la excusa para la violencia masculina basada en una supuesta incapacidad de controlar sus emociones. Ese tiempo se acabó, y hoy cada uno tendrá que rendir cuentas por el abuso cometido contra las mujeres.

*Periodista y feminista, directora general de CIMAC.

Twitter: @lagunes28

18/LLH/LGL








MUJERES CAUTIVAS
DERECHOS HUMANOS
   Mujeres Cautivas
La CEAV le sigue fallando a las víctimas
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Teresa C. Ulloa Ziáurriz*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/01/2018

Se multiplican las protestas contra el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) Jaime Rochín, organismo público encargado de:

  • Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;
  • Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación integral;
  • Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso; 
  • Establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas;
  • Establecer las sanciones respecto al incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de sus disposiciones.

Y son las madres, hermanas, hijas, esposas, abuelas de las personas desaparecidas, quienes luchan día a día para defender sus derechos como víctimas. Han realizado plantones fuera de las instalaciones de la CEAV, bloqueos del Eje 6 Sur y Avenida Universidad, huelgas de hambre y siguen los funcionarios de la CEAV ciegos, sordos y mudos, sin responder a sus demandas, sin respetar sus derechos, sin actuar con la debida diligencia.

No tienen guardias para fines de semana y días de descanso obligatorios, así que más nos vale no ser víctimas en esos días.

Hoy, nuevamente un grupo de madres familiares de personas desaparecidas sostienen desde hace 6 días una huelga de hambre frente a la Secretaría de Gobernación. Familiares a quienes se les ha negado apoyos de traslado, ayudas de alojamiento y alimentación y que ya están cansadas de mentiras y negativas de la CEAV.

Se autonombran “Buscadoras de Cuerpos”, porque son ellas las que han buscado incansablemente en las fosas clandestinas donde han encontrado restos óseos en Michoacán y Guerrero. No han logrado respuesta de las autoridades para que tomen las muestras de ADN y algunas de ellas se han tenido que certificar como peritas, pero tampoco les ha servido.

Hay otras víctimas, las de delitos en materia de trata que no reciben la atención que requieren. Reciben raquíticos 9 mil pesos mensuales para sobrevivir, sin importar si están solas o tienen hijos cuando hay víctimas que reciben hasta 38 mil pesos mensuales para cada integrante de la familia, lo que representa claramente discriminación a las víctimas de delitos en materia de trata y también para las víctimas de desplazamiento forzado.

Si las víctimas tienen bebés, pues a ver cómo le hacen, porque la canasta básica no incluye pañales desechables, toallitas higiénicas, fórmula de leche o ropita para sus bebes. En la CEAV no existe y no se entiende el Interés Superior de la Niñez.

Jaime Rochín presentó un Protocolo de Atención para Víctimas de Trata que lo único que refleja es su profunda ignorancia sobre el tema y que es un ridículo catálogo que no toma en cuenta las necesidades de estas víctimas.

Si estás enferma o te lastimaron en la búsqueda de tus desaparecidos, si en el proceso de búsqueda te dio diabetes, pues a ver cómo le haces, porque esas enfermedades no tienen que ver con el hecho victimizante y por lo tanto, no recibirás atención médica.

Un caso paradigmático es el caso de “Diana Minerva”, que se encuentra en situación de desplazamiento forzado interno, quien en un solo día fue levantada y golpeada brutalmente en su lugar de origen por los que desaparecieron a su hermano y también fue agredida por su jefe de escoltas, quien le ocasionó fractura de cervicales, de vertebras lumbares y en el coxis. Después fue secuestrada en el hotel a donde la alojó la CEAV, y también acompañada de la Ministerio Público Federal y agentes de la Agencia Federal de Investigación Criminal de la PGR fueron impedidos de llegar al lugar de búsqueda por 200 Zetas fuertemente armados.

De las fracturas de Diana, el diagnóstico de la CEAV fue que sufría de una fuerte contractura muscular en el cuello y “una bolita sebácea”.  La bolita sebácea era el hueso fracturado de una cervical y lo que supuraba era líquido cefalorraquídeo. ¡Y la dejaron sin atención de un traumatólogo por tres años! lo que hoy la tiene con grave riesgo de quedarse parapléjica.

Se le dio un tratamiento para desinflamar los nervios de la columna. Solicitó que le fuera pagado al traumatólogo (por la CEAV) pero no se ha realizado el pago a pesar de que cuenta con la constancia del hospital público donde la mandaron, en la que dice que no tienen capacidad para atenderla.

Se había programado su primera intervención quirúrgica desde el 17 de enero y hasta el día de hoy no se han autorizado las operaciones, a pesar de que sufre tremendos dolores en su columna, ha perdido fuerza en sus manos y tiene prohibido cargar más de dos kilos, lo que la mantiene en situación de incapacidad.

SEIDO le negó reponerle el servicio de escoltas y hasta la semana pasada le reconoció el carácter de víctima directa.

Existen innumerables casos que están esperando la reparación integral, pero al mismo tiempo se hacen adjudicaciones directas de millones de pesos.

Y Jaime Rochín, con una capacidad nula de autocrítica y deseo de mejorar los servicios de la CEAV, busca culpabilizar a la autora de todas las protestas de las víctimas del Estado de México, de las de Tamaulipas, de las madres y padres de la Guardería ABC y de los Avispones de Iguala, del Colectivo por Amor a Ellos, de las Buscadoras de Cuerpos.

También me acusa de manejar una cuenta de Twitter donde se denuncian las quejas de las víctimas directas e indirectas, sin darse cuenta que sus verdaderos enemigos están ahí, en la propia CEAV.

De una sola cosa estoy segura, que serán las mujeres en pie de lucha, las únicas que logren recuperar la CEAV para el beneficio de las víctimas.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Prevalecen estereotipos de género en juzgadores
Caso “Porkys” ejemplo ante ONU de mala actuación jurídica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México23/01/2018

Mientras la semana pasada la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) desechó revisar el amparo que concedió la libertad a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes de los “Porkys” acusado de violar a Daphne Fernández, en Veracruz, el caso será expuesto ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), perteneciente a la ONU, como un ejemplo emblemático de la mala actuación del Poder Judicial mexicano que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas.

El Comité de CEDAW evaluará en julio de este año al Estado mexicano respecto al avance y garantía de los derechos de las mujeres y por vez primera revisará el trabajo del Poder Judicial en la impartición de justicia.

Previo a la evaluación –la cual se realizará del 2 al 20 de julio- la agrupación civil Equis Justicia para las Mujeres, presentó ante el Comité su “informe sombra” en el cual demuestra cómo el personal juzgador utiliza estereotipos de género en las resoluciones y no examina con perspectiva de género las pruebas que tiene en sus manos, como le sucedió a Daphne.

En enero de 2015 en Veracruz, Daphne era menor de edad cuando fue violada por 4 jóvenes apodados como “Los Porkys”. Uno de ellos, Diego Cruz Alonso, fue extraditado de España en enero 2017 para enfrentar el cargo de pederastia, pero el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó la libertad tres meses después por un amparo que impulsó la defensa del acusado.  

La argumentación del juez Anuar –por la cual fue severamente criticado en redes sociales y suspendido de su cargo- era que Daphne no se encontraba en indefensión y Diego Cruz cometió únicamente “tocamientos incidentales” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula para satisfacer un apetito sexual”.

La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz  (206/2017), por lo que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito solicitaron a la SCJN que lo atrajera para revisar la sentencia.

El pasado 17 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal desechó la atracción del caso toda vez que las y los ministros concluyeron que no cumplía con los términos de relevancia para impactar en el sistema jurídico mexicano, aunque las organizaciones civiles aseguran que abría la posibilidad de discutir los lineamientos que deben seguir los y las jueces para acreditar delitos de violencia sexual.

Así, en tanto en México se resuelve que el caso de Daphne no es trascendente jurídicamente, Equis Justicia para las Mujeres lo coloca ante CEDAW como un indicar emblemático del desconocimiento generalizado sobre los criterios interpretativos en materia de género de las personas juzgadoras.

INFORME SOMBRA SOBRE PODER JUDICIAL

La agrupación precisó que esta es la situación que enfrentan sobre todo las mujeres víctimas de violación en el sistema judicial. Se les demanda “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito, como comprobar que hayan puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.  

Capacitar a las y los juzgadores tampoco ha mejorado el acceso a la justicia para ellas. La organización muestra que el Poder Judicial de Veracruz gastó en 2009 alrededor de 35 millones de pesos en cursos y talleres para “instruir a su personal en perspectiva de género”, pero el resultado son sentencias como las de Daphne.

Aunado al reporte de Equis Justicia, en 2012 en las observaciones finales que hizo CEDAW a México, exigió en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado eliminara las prácticas discriminatorias en la labor de las personas juzgadoras, y aplicar la perspectiva de género en la resolución de casos.

Es por ello que en esta ocasión el Comité de CEDAW decidió en una sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, pedir al Estado mexicano que aclare los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

Al Comité de Expertas de la ONU no le bastó que México haya informado en su reporte de cumplimiento que entregó en diciembre de 2016 –con un retraso de siete meses- que “está capacitando al personal”.

Las expertas pidieron que demuestre con indicadores el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial y preguntó si tiene planes de reforzar las dependencias de género actualmente existentes en los tribunales federales.

En otro tema relevante, CEDAW refirió que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se redujo considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información sobre los casos”.

Por todo ello, pidieron a México que reporte antes de su evaluación, si existen mecanismos para vigilar la aplicación de esta Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité pide la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

OTROS TEMAS DE JUSTICIA

Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son las medidas que ha adoptado México para erradicar las malas prácticas en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres.

Las expertas precisaron que necesitan información de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, la Ciudad de México y el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Del mismo modo solicitaron mayor información sobre las barreras que impiden el acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas; y de manera novedosa, el Comité otorgó un apartado específico a quienes se encuentran privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas.

El Comité de la CEDAW es un instrumento internacional integrado por 23 expertas, el cual analiza que los Estados cumplan con las recomendaciones de la Convención a favor de los derechos femeninos. Esta es la novena evaluación de México desde que suscribió la Convención, en 1981, por lo que las recomendaciones que dan las expertas son de carácter obligatorio para los gobiernos.

18/HZM/LGL








ESTADOS
DERECHOS HUMANOS
   Activista de Cherán asesinada defendía el bosque
Guadalupe Campanur rompió la lógica masculina de la participación comunal
CIMACFoto: Anaiz Zamora Márquez
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

La ambientalista e integrante fundadora de la Ronda Comunitaria del cuerpo de guardabosques de Cherán, en Morelia, Guadalupe Campanur, fue encontrada asesinada la noche del martes, por lo que integrantes de la Ronda exigieron el esclarecimiento de su muerte.

La procuraduría estatal informó en un comunicado, que María Guadalupe Campanur, fue hallada sin vida la noche del martes sobre el kilómetro 15 de la carretera Carapan-Playa Azul, en el predio denominado Irapio, en el municipio de Chilchota, y murió por asfixia por estrangulamiento, de acuerdo con los resultados de la necropsia.

También informó que Campanur fue asesinada entre las 36 y 48 horas previas a su localización y no existió ninguna denuncia por desaparición y que investiga sobre las actividades que realizaba para determinar la posible relación de éstas con el homicidio.

Guadalupe Campanur fue integrante de la Primera Ronda Comunitaria, creada en el municipio de Cherán, para hacerle frente a los abusos de los talamontes.

En entrevista con Cimacnoticias, el abogado e integrante del Primer gobierno comunal (conformado en 2011) David Romero, dijo que la organización no descarta que el asesinato de la defensora esté ligado con su trabajo de activismo, pero que serán respetuosos de las líneas de investigación que hasta ahora sigue la Procuraduría estatal.

Recordó a Guadalupe Campanur como la primera mujer que participó en la Primera Ronda Comunitaria, integrada en 2011 que rompe la lógica masculina de la participación comunal.

“Ella era muy inquieta y siempre quiso tener una participación más activa en la Ronda Comunitaria. Ella hacía rondines al interior de la comunidad y en el bosque, vigilaba que no hubiera incursión de la delincuencia organizada en el territorio”, recordó Romero.

Al ser cuestionado sobre si existían amenazas contra la defensora, el abogado respondió que siempre existieron éstas pero contra todos los integrantes, pero hasta la fecha no se habían concretado.

El activista expresó su preocupación por el asesinato de Campanur y dijo que éste ha puesto a la comunidad a “redoblar esfuerzos para estar más pendientes de lo que pueda acontecer”.

Calificó como lamentable este hecho que ocurre, agregó, en el contexto “de un Estado fallido en sus instituciones y como garante de seguridad para las personas”.

VIOLENCIA CONTRA DEFENSORAS

De julio de 2015 a junio de 2016, se cometieron 63 ataques a personas defensoras ambientales, de los cuales, 10 fueron contra mujeres, de acuerdo con un informe realizado por el Centro Mexicano de Derechos Ambientales (Cemda).

El “Informe sobre la situación de las personas defensoras de los derechos humanos (DH) ambientales en México”, refiere que el tipo de agresión más frecuente es la amenaza en 24 por ciento de los casos, seguidas de intimidación (19 por ciento) y la criminalización con 18 por ciento.

Asimismo las agresiones físicas representaron 15 por ciento; en 6 por ciento de los casos hubo privación ilegal de la libertad y se registró un caso de homicidio vinculado a tala clandestina, el cual ocurrió en el 2016, en Chihuahua.

Destaca que los principales agresores son funcionarios públicos y que en estos 63 casos de ataques identificados, 43 por ciento fueron cometidos por autoridades del Estado, 7 por ciento por personal de las empresas y 2 por ciento por personas del crimen organizado.

En el caso de las mujeres defensoras del ambiente, otro informe realizado por  la asociación Asociadas por lo Justo (Jass por sus siglas en inglés) reveló que desde 2009 las agresiones contra defensoras mujeres escalaron, pues de ese año al 2012, 19 defensoras fueron asesinadas.

En tanto, la agrupación civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, en su informe “Situación de las mujeres defensoras de Derechos Humanos en México” afirmó que “la violencia contra las mujeres aumenta en su crueldad y saña y se consolida como un mecanismo de control social. En territorios militarizados o con fuertes medidas de seguridad no disminuyen los índices de violencia contra las mujeres”.

18/RED

 








INTERNACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Visibilizó el conflicto armado en Guatemala y la violación a DH
Fallece la periodista y fundadora de la agencia Cerigua Ileana Alamilla
Imagen retomada de Cerigua
Por: Erika Cervantes Pérez*
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 19/01/2018

¿Quién apuesta por construir la paz? A veces las instituciones, otras los gobiernos, pero cotidianamente las personas, como Ileana Alamilla Bustamante, periodista guatemalteca y directora fundadora del Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (Cerigua), quien falleció este miércoles.

Ileana era periodista de profesión y abogada por origen. Nacida a mitad del siglo XX; comprometió su vida a la construcción de la paz con justicia y a la defensa de la libertad de expresión en Guatemala. En diciembre de 2011 fue reconocida con la “Rosa de la Paz”, una distinción a quienes contribuyen a la construcción de la paz en una democracia con libertad en Guatemala.

Sus años de estudiante en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos, transcurrieron justo durante la vorágine de luchas sociales y respuestas represivas por parte del Estado contrainsurgente de esa época.

Su contacto con profesores universitarios comprometidos con las causas populares y con dirigentes estudiantiles, le permitió construir una visión y sensibilidad ante los problemas sociales que la llevaron a identificarse con las ideas revolucionarias.

En 1979 la represión gubernamental rodeó el entorno familiar de Ileana, por lo que ella tuvo que salir del país por 19 largos años. Vivió primero en Costa Rica, después en Nicaragua, El Salvador y México.

En 1983, durante su exilio, fundó la agencia de noticias Cerigua, la cual buscó romper el cerco informativo gubernamental de lo que acontecía en Guatemala.

Cerigua puso en el mapa informativo el conflicto armado, y la violación a los derechos ciudadanos y humanos de la población guatemalteca.

Durante ese tiempo, Ileana experimentó una de las mayores satisfacciones que una periodista puede vivir al ver que la información sobre el emplazamiento de artillería en Chimaltenango (a 54 kilómetros de la ciudad de Guatemala) para masacrar a una población, obligó a que se evitara un derramamiento de sangre.

En 2005 se convirtió en la tercera mujer en presidir la Asociación de Periodistas Guatemaltecos (APG) y en varias ocasiones fue presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la APG. Justo el pasado lunes 15 de enero había asumido nuevamente la presidencia de la APG.

Se sumó a otras causas desde el periodismo y dio voz, con su pluma, a las personas que son invisibilizadas por los grupos de poder.

Fue integrante de la Red de Periodistas de México, Centroamérica y el Caribe, y de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, donde compartió el trabajo cotidiano para poner a las mujeres en el centro de la noticia.

Gran parte de su esfuerzo profesional se enfocó en mantener a Cerigua como contrapeso y como agencia informativa no marginal.

Fue columnista del Diario Prensa Libre. Aquí su última columna publicada el día de ayer.

http://www.prensalibre.com/opinion/opinion/los-periodistas-y-la-polarizacion

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas

18/EC/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Por primera vez se integra temática
Poder judicial mexicano, a evaluación de CEDAW
CIMACFoto: Rosario Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/01/2018

Por primera vez el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) analizará en julio de 2018 el trabajo del Poder Judicial mexicano y la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

Previo a la sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, el Comité de CEDAW para preparar la evaluación al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres, la organización civil Equis Justicia para las Mujeres entregó al organismo de Naciones Unidas un “informe sombra” sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.

Derivado de este reporte, Equis Justicia informó en un comunicado que el Comité retomó el tema en la sesión y pidió al Estado mexicano explicar, ante la evaluación prevista del 2 al 20 de julio de 2018 en Ginebra, los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

En 2012, en las observaciones finales que hizo el Comité sobre México, señaló en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado debe eliminar las prácticas discriminatorias y estereotipos en la labor de las personas juzgadoras, así como aplicar la perspectiva de género en las resoluciones de los casos.

Sobre el cumplimiento de estas consideraciones, el gobierno mexicano entregó por novena ocasión en diciembre de 2016 su informe a CEDAW, en el que señala que creó el protocolo para juzgar con perspectiva de género y capacitó a funcionarios públicos para incorporar la perspectiva de género en el análisis de casos.

Sin embargo, en el informe alternativo de Equis Justicia que tuvo el objetivo de brindar al Comité datos certeros sobre la situación de justicia para las mexicanas, la organización indicó que por medio del observatorio de sentencias que realizan, encuentran que las y los jueces utilizan estereotipos de género en sus resoluciones, en los que revictimizan y criminalizan a las mujeres.

Equis Justicia colocó en su informe a las víctimas de violación sexual como una de las principales afectadas. Destacó que el Poder Judicial les exige “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito; como comprobar que la mujer haya puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.  

La organización ejemplificó que en 2009 el Poder Judicial de Veracruz gastó alrededor de 35 millones de pesos para capacitar a su personal en perspectiva de género, pero en la entidad persiste la discriminación al momento de juzgar, como le sucedió a Daphne Fernández, víctima de violación por cuatro jóvenes en enero de 2015. Uno de ellos quedó libertad el año pasado porque un juez determinó que no había pruebas suficientes y “los tocamientos” no fueron con intención lasciva ni de satisfacción sexual.

CEDAW EXIGE TRANSPARENCIA

En materia de acceso a la justicia al Comité de CEDAW también le llamó la atención el acceso a la información sobre sentencias de casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

CEDAW refiere que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se han reducido considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a las información sobre los casos”, por lo que pidió al Estado mexicano informar si existen mecanismos para para vigilar la aplicación de la Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité toca este tema, destacó Equis Justicia.

Al Estado también se le pide demostrar con indicadores, el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial. Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a ella y el excesivo uso de prisión preventiva para mujeres, relacionada con delitos de drogas.

TEMAS A EVALUAR

Otros de los temas que enlistó CEDAW y por los cuales será evaluado el Estado mexicano en julio son: la violencia contra las mujeres, trata de mujeres, participación en la vida política y pública de las mujeres, agresiones contra defensoras de Derechos Humanos y periodistas, estereotipos y prácticas discriminatorias en medios de comunicación.

Acceso a la educación y trabajo, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, políticas para mujeres con discapacidad, derechos de mujeres indígenas y rurales, mujeres migrantes refugiadas y solicitantes de asilo en el país, mujeres privadas de la libertad por el delitos relacionados con las drogas y equidad en el matrimonio y relaciones familiares, son otros de los temas

Esta es la novena evaluación que enfrenta México desde 1981 que se integró a este instrumento internacional.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Primera Sala de la SCJN rechaza atraer sentencia de amparo de agresor
Justicia para Daphne Fernández
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/01/2018

La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó atraer para su revisión, la sentencia de amparo 2016/2017 que otorgó la libertad a Diego Alonso Cruz, uno de los cuatros jóvenes acusados de violar a la entonces menor de edad, Daphne Fernández, en enero de 2015 en Veracruz, tras argumentar que no reúne los requisitos de interés y trascendencia suficientes para impactar en el sistema jurídico mexicano.

La solicitud del caso, en manos de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, fue discutida hoy por las y los ministros de la Primera Sala, quienes votaron por la no atracción, por lo que será el Tribunal Colegiado, quien deberá resolver la apelación de la sentencia de libertad de Diego Cruz.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada y coordinadora del área legal de la organización Equis Justicia, Fátima Gamboa Estrella, explicó que si la Corte aceptara la revisión del caso, sería una posibilidad para que Daphne accediera a la justicia, además de marcar un precedente en los lineamientos que tienen que tomar en cuenta los jueces para acreditar delitos de violencia sexual desde la perspectiva de género.

Daphne Fernández tenía 17 años de edad cuando fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes veracruzanos; Enrique Capitaine Marín, Jorge Cotaita Cabrales, Gerardo Rodríguez Acosta y Diego Cruz Alonso, apodados como los “Porkys”.

El caso captó la atención mediática luego de que Daphne diera a conocer en redes sociales que estos cuatros jóvenes la violaron a bordo de una camioneta y después circularan un video en el que los agresores le ofrecen una disculpa pública.

Pero Daphne fue amedrentada al revelar los hechos, por lo que en compañía de su familia interpusieron en mayo de 2015 una denuncia por la violación. Enrique Capitaine fue acusado de pederastia simple, Jorge Coita y Diego Cruz de pederastia agravada (tumultuaria) y Gerardo Rodríguez quedó en libertad porque el Ministerio Público determinó que únicamente fungió como testigo de la violación.

Se les acusó por pederastia porque el delito de violación cometida contra menores de edad (conocido como violación equiparada) no está tipificado de esta manera en el Código Penal de Veracruz, precisó también la abogada e integrante de Equis Justicia, Artemisia Cabrera.

Para el momento en que se giraron las órdenes de aprehensión en contra de los tres jóvenes, ya estaban prófugos de la justicia. Diego Cruz huyó a España de donde fue extraditado para enfrentar los cargos en enero 2017, Jorge Coita sigue sin ser localizado y Enrique Capitaine, fue detenido en mayo de 2016 en Torreón, Coahuila. Actualmente está preso en un penal del estado de Veracruz, en espera de sentencia.

LIBERTAD DE DIEGO CRUZ

Tras la extradición de Diego Cruz, en febrero del año pasado su defensa legal promovió el juicio de amparo número 159/2017 para revocar el auto de formal prisión y dejarlo en libertad. Un mes más tarde, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó el amparo debido a que la Fiscalía de Justicia veracruzana no acreditó el delito de pederastia, señaló.  

El juez argumentó que la víctima no estaba en indefensión al momento del ataque y que los tocamientos cometidos por Diego Cruz  fueron un “frotamiento incidental” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula” para satisfacer un apetito sexual.

Las explicaciones de González Hemadi causaron la indignación de la sociedad civil. El juez fue criticado severamente en redes sociales bajo la etiqueta #JuezPorky, en denuncia a los estereotipos de género que utilizó lo que motivó al pleno del Consejo de la Judicatura Federal a suspenderlo e iniciar una investigación administrativa en su contra.

RECURREN A LA SCJN

La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz (amparo 206/2017) que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, luego de que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito (quienes llevan el caso) hicieran una solicitud de atracción.

La solicitud fue turnada en septiembre de 2017 a la ministra Norma Lucía Piña Hernández, quien este día presentó su proyecto de resolución el cual señaló que el caso incumplía con la relevancia, interés y transcendencia en el sistema jurídico mexicano que permita a la SCJN atraerlo (expediente 401/2017).

JUSTICIA PARA DAPHNE

En entrevista previa a la discusión en la Corte, la abogada de Equis Justicia Fátima Gamboa previó dos escenarios: si la Corte ejerciera la facultad de atracción, podría mandatar al Segundo Tribunal Colegiado que revoque el amparo que dio la libertad a Diego Cruz y pedir que analicen las pruebas de la violación desde la perspectiva de género para poder juzgarlo pues en el proceso, el juez Anuar González no tomó en cuenta pruebas como la declaratoria de Daphne, los peritajes psicológicos que demuestran las afectaciones que le acusó la violación, y sobre todo, no hizo un análisis exhaustivo sobre el contexto en el que se perpetró ésta.

Si bien el Código Penal local tipifica como pederastia a la violación a menores de edad -lo que calificó la abogada como anticonstitucional- sí define que la violación es la introducción del pene o cualquier otro objeto, por lo que no es un problema de tipificación, sino de una interpretación sesgada del juez, basada en estereotipos de género, denostando el dicho de la víctima y alejándola del acceso a la justicia, precisó la coordinadora de Equis Justicia.

En caso de ser atraído, agregó la abogada Artemisia Cabrera, el Tribunal podría promover que la Fiscalía de Justicia estatal aporte más pruebas que permitan acreditar la violación, dando un giro completo al caso.

El otro escenario que veían, que fue el que ocurrió, es que no lo atraiga, con lo que quedaría en manos del Tribunal Colegiado, resolver la apelación de la sentencia de libertad de Diego Cruz.

IMPACTO NACIONAL

De haber aceptado la atracción, la Suprema Corte hubiera dado la discusión de la manera en que fue juzgado el caso de Daphne, y hubiera tenido una repercusión en las otras víctimas de violación del país porque hubiera definido los lineamientos que deben seguir los jueces desde los Derechos Humanos y la perspectiva de género para analizar las pruebas de este delito.

Fátima Gamboa precisó que dentro de estos lineamientos el máximo tribunal podría establecer de qué forma se tienen que valorar la declaración de la víctima, la obligatoriedad del contexto en el que las violaciones se llevan a cabo y las asimetrías de poder que puedan existir entre el presunto agresor y la víctima.

La SCJN ya ha tratado casos de delitos sexuales, en específico el de hostigamiento sexual contra una servidora pública acosada por su jefe. Esto derivó en la tesis jurisprudencia 22/16 publicada en abril de 2016, en la que estableció como criterio la responsabilidad de valorar y preponderar el testimonio de una víctima.

“Es relevante, urgente, porque no hay lineamientos sobre cómo juzgar la violación sexual. Hemos escuchado rumores de que no va a proceder, pero desde Equis Justicia consideramos que es totalmente trascendente” pues como Daphne, las víctimas de violación son revictimizadas, culpadas de los hechos y muy pocas acceden a la justicia, advirtió la abogada.

En México cada 40 minutos ocurre una violación, según estimaciones del Observatorio Ciudadano Nacional (OCN). Tan sólo de 2014 a febrero de 2017, el Sistema Nacional de Seguridad Pública de la Secretaría de Gobernación registró 39 mil 663 casos de violación; 531 de éstas ocurrieron en Veracruz.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en 2015 permanecían en algún centro penitenciario 3 mil 713 personas cumpliendo una sentencia por violación y por violación equiparada, mil 65.

18/HZM/LGL








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