derechos humanos

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que todos los casos de mujeres que hayan vivido violencia intrafamiliar y que a consecuencia de ello hayan lesionado a su agresor y se encuentren en procesos penales, sean juzgadas con perspectiva de género.

En la sesión del 7 de marzo, la Primera Sala de la SCJN aprobó esta propuesta del Ministro Arturo Zaldívar derivada del amparo en revisión 168/2016, en el cual se determina que las y los juzgadores deben tomar en cuenta el contexto de violencia doméstica en el que vivieron las mujeres que agredieron a quien fuera su victimario y que ahora enfrentan cargos penales por ello.

De acuerdo con la SCJN, en el caso al que se refiere el amparo la mujer señaló varias veces durante su proceso penal que sufría violencia doméstica; no obstante, las autoridades decidieron omitir este contexto al momento de juzgarla.

En su propuesta, el Ministro Arturo Zaldívar ordenó reponer el procedimiento para que se aplique el método de juzgar con perspectiva de género a fin de: revelar el contexto en el que ocurrió la violencia, visibilizar las situaciones de desventaja para ella y garantizar el acceso a la justicia de forma efectiva e igualitaria.

Esto significa que se debe identificar si existieron situaciones de poder por cuestiones de género que demuestren una condición de desventaja que vivía la mujer al momento en que ocurrió la agresión; y nuevamente se cuestionen los hechos y se valoren las pruebas para desechar estereotipos o prejuicios de género.  

Esta determinación detalla que en caso de que el material probatorio no sea suficiente para aclarar la situación de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de género, se ordenarán las pruebas necesarias para visibilizar dichas situaciones, como peritajes psicológicos y físicos; y peritajes psicosociales que analicen el entorno de la mujer. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN, CLAVE PARA EVITAR DELITOS

La organización Equis Justicia para las Mujeres en su informe “Políticas de drogas, género y encarcelamiento en México”, señala que en las historias de vida de las mujeres privadas de la libertad, destaca que el abuso, la violencia, la violación y “el amor” - entendido como una construcción social que reproduce la desigualdad entre hombres y mujeres - crean las condiciones para que ellas se impliquen en delitos y terminen en prisión.

Un ejemplo de ello es el caso de Reyna Gómez Solórzano, una mujer de 60 años de edad que en 2016 fue condenada a 25 años de prisión en Campeche acusada de haber asesinado a su pareja.

Reyna argumentó que su esposo la sometió durante mucho tiempo a diferentes formas de violencia. El día de los hechos, él la golpeó como en otras ocasiones, pero ella decidió defenderse con un cuchillo. Luego de herirlo, ella llamó a una ambulancia que tardó media hora en llegar. Sin que nadie pudiera contener la hemorragia, él murió.  

Además, según consta en la carpeta de investigación y en la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos CDHEQR00/002/2016/1, Reyna fue retenida y “paseada” por las autoridades que la detuvieron durante varias horas, y luego fue presentada al Ministerio Público hasta unos días después. La mujer presentaba diversas lesiones en las manos y había rasgos de violencia.
 
“Esto –dijo su defensa entonces- evitó que se investigara el contexto desde el cual ella había llamado a las autoridades, en el que pidió auxilio y que fuera presentada ante el juez de control que podría haber determinado que se trató de defensa propia”.

Además, durante el juicio, sus vecinos y empleadores rindieron testimonios sobre el ciclo de violencia sistemática al que estaba sometida por su compañero, pero ni el Ministerio Público ni el juez contemplaron este contexto.

Reyna estuvo presa por 8 meses y finalmente quedó en libertad luego del acompañamiento legal que le dieron organizaciones de la sociedad civil. Fue juzgada en Campeche bajo el nuevo sistema penal acusatorio que, entre otros cambios, reduce o limita las medidas de protección para las víctimas de violencia familiar toda vez que éste deja de ser un delito grave y ya no se aplica la prisión preventiva de oficio.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) estima que 43.9 por ciento de las mujeres que han vivido violencia en México ha enfrentado agresiones del esposo o la pareja actual.

En su informe “Órdenes de Protección en México”, el Observatorio Nacional de Feminicidio (ONF) reportó que de 2011 a junio de 2012, al menos 58 mil mujeres de 16 entidades solicitaron ayuda por violencia doméstica pero sólo 7 por ciento (4 mil 060 en total), recibió una orden de protección.

De acuerdo con el ONF, las órdenes de protección son medidas de acción afirmativa dirigidas a establecer una protección específica de las mujeres, ya que consideran que ellas viven en formas históricas de discriminación. La principal característica de esta medida es que requieren de inmediatez e integralidad en la respuesta.

Sin embargo, en la práctica la mayor parte de las órdenes que se han otorgado son de carácter urgente, y consistentes en: vigilancia de Seguridad Pública en el domicilio de la víctima, prohibición al probable responsable de acercarse al domicilio, lugar de trabajo, de estudios, del domicilio de las y los ascendientes y descendientes o cualquier otro que frecuente la víctima, entre otras.

Estas acciones, por sí solas, son insuficientes para garantizar que las mujeres víctimas de violencia recuperen la sensación de seguridad frente a sus agresores, dice el informe.

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“Vengo en primer lugar por el llamado que desde toda la historia hacen las mujeres, que aunque ya hayan muerto su voz ha trascendido. Esa voz yo la siento este día unida a la del presente. Tenemos ese llamado a tomar el lugar que nos corresponde en la historia, en la familia y en la sociedad porque México es hoy un mar de violencias contra nosotras”.

Así lo dijo Marta, una mujer de 56 años de edad, cuando se le preguntó por qué vino a marchar al Centro de la ciudad capital. Ella es defensora de la tierra en el Estado de México, y vino con otras mujeres de su comunidad para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, como se hizo ayer en todo el mundo.

A Gloria, otra mujer de 30 años, la invitó su amiga Rosa, que trabaja en el hogar y marchó por sus derechos laborales. Diana, de 22 años, se preparó con sus amigas de la universidad. Laura, de 54, convocó a sus compañeras en las oficinas del gobierno capitalino. María trajo a sus vecinas, con quienes resuelve los problemas de la colonia. Fernanda vino con compañeras del colectivo en el que participa, y Rosario vino sola después del trabajo.

Así fue como llegaron mujeres de diferentes edades, ocupaciones y opiniones a esta gran marcha: un lienzo iridiscente sobre el que se pintó una amplia diversidad femenina.

A todas estas mujeres, más de 2 mil en total, las congregó aquí al menos cuatro cosas en las que coinciden: conmemorar a quienes lucharon antes que ellas, exigir la garantía de todos sus derechos, sacar del silencio las violencias que viven todos los días, y construir lazos entre ellas.

“Esto es una lucha muy larga e histórica, pero no era tan visible. Ahora se hace visible porque la violencia es exacerbada. Es increíble que en un país que se dice democrático y que pertenece a organismos internacionales haya 7 feminicidios al día, sería el colmo que no se saliéramos”, dijo Guadalupe, quien ya se jubiló de su trabajo.

Sahíra, estudiante de historia, coincide: “creo que esta lucha es de todas las mujeres. Vivimos en un sistema patriarcal y capitalista donde es muy clara la explotación de las amas de casa y de las trabajadoras con salarios con los que no pueden ni siquiera vivir. Esta marcha es para hacer ruido en la calle y hacer ver que hay que cambiar este sistema.  Este trabajo empezó hace varios siglos con diferentes mujeres. Ahora en los estados, en la periferia es donde más se tiene que hacer ruido.”

Ingrid y María, estudiantes jóvenes, consideran que “la conciencia que hay ahora sobre la violencia se debe a la sororidad como mujeres, ya que no sólo aprendimos a no quedarnos calladas, aprendimos a apoyarnos.

“Es una unión que se ha dado entre las mujeres que antes no habíamos podido conseguir, en este momento estamos reconstruyendo esas relaciones entre nosotras. Ya podemos ver un poco más hacia dónde es el camino”, comentaron.

María, ama de casa, también coincidió en este punto. “Nosotras hablamos de esto en el mercado, o en las juntas en las escuelas. Somos nosotras quienes nos estamos tendiendo la mano, y quienes ya no nos queremos quedar calladas.

LAS NUEVAS, LAS DE SIEMPRE

La marcha salió puntual del Ángel de la Independencia y con un conglomerado amplio. Al frente, como icono de lo que es este país en materia de violencia contra las mujeres, madres e hijas de víctimas de feminicidio marcharon en fila.

En medio estaba Norma Andrade, madre de Lilia Alejandra García, asesinada en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua; Norma se volvió la activista de otras madres y sus pies andan en marcha infinita. A su lado caminó Consuelo Salas, madre de Victoria Pamela que fue asesinada apenas el año pasado; ella marcha ahora donde apenas nace el río.

Más tarde la vanguardia la ocupó el contingente de feministas jóvenes, dispuestas a no cederla a ninguno de los hombres. Sus paliacates en la cara, cuerpos pintados, bailes, y ropas negras llenaron de otros tonos la protesta.

Las consignas de cada contingente fueron espejos de la diversidad: “Hija, escucha, tu madre está en la lucha”, la consigna de las víctimas; “que tiemblen, que tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista”, la consigna que siempre es vigente; “anticonceptivos para no abortar, aborto seguro para no morir”, la consigna necesaria; “verga violadora, a la licuadora” la consigna de autodefensa; y hubo otras de grupos más específicos: “pucha con pucha, lesbianas en la lucha”.

Ahí también estuvieron las cartulinas con plumón morado: “ya no tenemos miedo”, “tu aliado es el opresor de otras”, “nuestro cuerpo no es para tu consumo”, o “es mi derecho tener un parto respetado”, por decir algunos.

GOLPE DE REALIDAD

Esta marcha no fue tan robusta como la de España. Tampoco fue la de la mayoría de las mujeres, ni estuvieron ahí todas. México es distinto: en paralelo al gran Paro de mujeres en la ciudad, cientos estuvieron en Chiapas en el Encuentro de Mujeres que Luchan, que organizaron las mujeres zapatistas; y al mismo tiempo, las mujeres en los estados también salieron a las calles y organizaron otros encuentros.

México también es particular con más de la mitad de su población femenina en condición de pobreza extrema, o en condición de explotación en sus trabajos; más las que viven situaciones de violencia doméstica. Miles de mujeres que, aunque quisieran, no habrían podido participar en esta marcha o que ni siquiera se enteraron.

A las mujeres de México, la realidad las confronta en la cara: en pleno Zócalo, una mujer y su hijo adulto increpaban a las manifestantes por su protesta. “Lesbiana, “eres una lesbiana” “deberías estar luchando por algo que sí valga la pena” “eres una pinche naca”, les gritaba en la cara de las jóvenes la señora y su hijo.

Además, una periodista que estuvo en la marcha relató que tuvo que insistir a su jefatura de información para que se le permitiera cubrir este evento. Esto implicó más trabajo para el día siguiente.

En los contingentes mixtos, un hombre que se asumió “feminista” con pancarta y todo, comentaba a sus compañeras en tono de burla que no era gay, que no se confundieran.

Algunas mujeres que iban detrás en los contingentes de sindicatos se negaron a dar entrevistas y pedían que éstas se hicieran a los dirigentes de su gremio que sostenían la pancarta. Y al cierre de la marcha, en pleno mitin, otro contingente encabezado principalmente por hombres gritó consignas y anuló con su voz las palabras de las jóvenes que leían poesía.

Con esto a cuestas, las feministas llevan más de 18 años marchando en esta ciudad. La pancarta arriba, los gritos fuertes, los tambores certeros, y el señalamiento expreso. “Ni un paso atrás”, es la consigna que más se grita en una marcha donde año tras año las protagonistas cambian pero la exigencia general es la misma: “vamos todas juntas por nuestra libertad”.  

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Cuando las mujeres se convierten en víctimas y mercancía, hay palabras que no pueden pronunciar frente a los hombres, por eso y porque necesitan espacios propios y autónomos, este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las mujeres zapatistas inauguraron el “Primer Encuentro Internacional Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan”.

Hoy, que el peor delito es ser mujer y la sentencia es la muerte, la vida es un volado, por eso las zapatistas llamaron a las mujeres del mundo a reunirse y encontrarse en la zona autónoma de El Caracol de Morelia, lugar ubicado en el sureste chiapaneco. La idea de estar juntas es --y será-- entenderse y hacer crecer la rebeldía y la resistencia.

Después de viajes de hasta 42 horas en autobús y cargadas de casas de campañas, alimentos, agua, todo tipo de víveres e ideas, este 7 de marzo las mujeres provenientes de México y del mundo llegaron al Caracol, un espacio enmarcado en los montes chiapanecos que desde temprana hora se organizó para recibirlas.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Tras una larga jornada de recepción que se prolongó por la madrugada, este 8 de marzo, a las 6 de la mañana comenzó la música que dio paso a las actividades logísticas: preparación de alimentos, lavado de ropa o dar un baño a las niñas y niños; dos horas después las mujeres de los pasamontañas tomaron los micrófonos.

Cada una vistió un uniforme que identifica su rango y sus actividades: botas negras, pantalón verde olivo y camisetas cafés para las encargadas de la seguridad; camisetas rojas para las que están en la organización y las que llevan huaraches, faldas o vestidos, formadas en filas perfectas para escuchar a sus líderes y compañeras.

"Tal vez cuando regresen a sus mundos, tiempos y modos --dijo una de las zapatistas-- les preguntarán si hubo un acuerdo. Sí, acordamos vivir y vivir es luchar, entonces acordamos luchar. Acordamos volver a encontrarnos, el año que viene, en la tierra zapatista", dijo ella aclarando que no se trata de pronunciamientos, sino de compartir saberes.

Custodiadas por una cuadrilla de mujeres insurgentes y con las concejalas del Concejo Indígena de Gobierno como observadoras de honor, las zapatistas fueron leyendo las palabras que prepararon para contar cómo era su vida antes del levantamiento zapatista de 1994 y los cambios que lograron después de promover la autorización.

CIMACFoto: Hazel Zamora Mendieta

Dijeron cómo fueron excluidas de la lucha y cómo fueron fundamentales para hacer tortillas y preparar pozol para los hombres que se reunían en el monte. También hablaron de la discriminación y de que lograron caminar junto a sus compañeros varones para que ambos hicieran tareas como cuidar a hijas e hijos.

Mientras las zapatistas daban sus discursos, seguía la verbena en los alrededores; entre la venta de artesanías y comida, y el encuentro con mujeres que contaban sus anécdotas, o quiénes esperaban hablar con otras como la académica Gloria Careaga, o Araceli Osorio, la madre de Lesvy Berlín Osorio, estudiante de la UNAM asesinada el año pasado en Ciudad Universitaria, en la capital de México.

Entre esa diversidad de mujeres, una de las oradoras habló de cómo es un monte de mujeres; y a modo de poema explicó que en los montes hay árboles de diferentes formas y tamaños: ocote, pino o cedro.

Como quien cuenta un cuento, dijo que cada uno de esos árboles no es igual y luego agregó que todas las mujeres son igual de distintas. "Diferentes colores, diferentes tamaños, diferentes pensamiento. Somos mujeres que luchan. Somos diferentes pero somos iguales", dijo.

Todas ellas en su diversidad viven en un sistema que hace creer a los hombres que ellas no valen lo mismo, donde se desprecia a quienes no saben leer o no han leído libros escritos por las feministas, por eso la invitación a partir de hoy y hasta el 10 de marzo es hablarse, escuchar, festejar, mirar y aprovechar el estar sin la mirada de esos varones que acostumbran ser jueces de lo que hacen las mujeres.

En este monte de árboles que recibió a las asistentes con sol intenso de día y un cielo estrellado de noche, se espera que la lucha no sea una competencia por saberse la más libertaria o las más revolucionaria, sino un regalo de arte, diversión, deporte y conocimiento, Por eso, alrededor de las 13 horas de este día, se rompieron las filas y se dio paso a las actividades deportivas.

El encuentro terminará el próximo 10 de marzo.

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A dos años y medio de haberse decretado la Alerta de Violencia de Género (AVG) para Morelos, el gobierno del estado no sólo no ha erradicado esta violencia sino que sumó cinco municipios más a la lista de los más violentos para las mujeres y el estado se mantiene con altos niveles, en 2017 cerró con 202 casos de feminicidio.

Esto sucedió como consecuencia de que el gobierno morelense no ha cumplido ninguna recomendación a nivel estatal para implementar la AVG y a que son sólo dos municipios los que están cumpliendo algunas de las recomendaciones, determinó un análisis de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos A.C (CIDHM).

La CIDHM A.C. presentó hoy en conferencia de prensa en la Ciudad de México, su informe de balance de la AVG en Morelos. Ésta se declaró el 10 de agosto de 2015 sólo para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapara, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

No obstante, en 2017 el gobierno de Morelos sumó cinco municipios más a la lista: Axochiapan, Atlahuacan, Jojutla, Miacatlán, y Huitzilac.

De acuerdo con la coordinadora de Investigación del CIDHM, Paloma Estrada Muñoz, esto es porque “no se están haciendo acciones en todo el estado, lo que se ve reflejado en otros municipios”. Destacó que si bien la (la AVG) estaba focalizada, se harían políticas públicas para todo el estado, pero ahora observan un incremento en el feminicidio y manifestó su preocupación de que estos focos rojos “se extiendan a otros municipios.”

NO HAY LUGAR QUE SE SALVE

De acuerdo con la CIDHM, 32 de los 33 municipios de Morelos han presentado al menos un caso de feminicidio del año 2000 a la fecha. Durante 2017, los municipios con mayor número de feminicidio fueron: Cuernavaca con 19 casos; Temixco con 8; Tlaltizapan con 5, Atlatlahuacan, Axochiapan, Jojutla y Miacatlán con 4 cada uno; Cuautla, Huitzilac, Jiutepec y Yautepec con 3, cada uno.

Sólo en tres municipios en los que se decretó la AVG se registró una disminución en la violencia feminicida, entre ellos Puente de Ixtla y Xochitepec, que -según Estrada-  fueron los únicos municipios en los que se cumplió de una a dos recomendaciones de las 8 que les impuso la AVG, y el resto está en proceso.

Las medidas cumplidas fueron la implementación de campañas de difusión, la recuperación de espacios públicos y sanciones para servidores públicos.

Por el contrario, el municipio de Temixco no sólo aumentó de 6 a 8 los casos de feminicidio, sino que no reporta ningún cumplimiento en las recomendaciones de la AVG y tiene sólo 3 medidas en proceso.

La investigadora señaló que en el caso de Emiliano Zapata, las autoridades responsables del cumplimiento de la Alerta le informaron vía telefónica que no hay avances por problemas organizacionales y porque no existe una coordinación con el gobierno del estado.

Estrada observó que esta situación se extiende a otros municipios y al gobierno del estado, a lo que se suma el proceso electoral que se avecina en la entidad y que ya hizo que algunos servidores públicos encargados de la AVG abandonaran su puesto sin avisar a las organizaciones quién dará continuidad.

Otros factores, señaló la investigadora, son la ausencia de comunicación y coordinación interinstitucional, la falta de transparencia, e incluso la ignorancia de algunas personas responsables de esta política.

Por otro lado, dijo, el gobierno del estado y sus instituciones a nivel estatal no han cumplido tampoco con las recomendaciones que le tocan, como establecer una cultura de no violencia contra las mujeres en el sector educativo, crear un programa estatal con perspectiva de género para la atención de personas generadoras de violencia, revisar la legislación estatal sobre los derechos de las mujeres, entre otras. 

VIOLENCIA FEMINICIDA EN AUMENTO

Con base en investigación de campo, recopilación de informes, documentación de cifras oficiales e investigación hemerográfica, la CIDHM corroboró que a dos años y medio de esta declaratoria “la violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles”.

Tan sólo en 2017 ellas registraron 74 casos de feminicidio, mientras que en el 2015 –cuando se decretó la AVG- contaban 57. El 2016, muestra el informe, fue el año más cruento con 97 casos, pero la Fiscalía de la entidad sólo reconoció 33 durante ese año.

A esto hay que agregar que cuando se solicitó la AVG, las organizaciones de la sociedad civil identificaron que la Fiscalía había emitido sólo dos sentencias por feminicidio. Actualmente no se puede saber si estas cifras han cambiado, ya que la dependencia no les ha proporcionado la información que solicitan. 

En total, durante estos dos años y medios que el gobierno de Morelos ha contado con una AVG se registraron 202 casos de feminicidio, por lo que la CIDHM pidió al gobierno del estado que realice ya las mesas de trabajo con los municipios para saber por qué no están informado sobre el avance y por qué no han cumplido.

Asimismo, pidió llevar a cabo mesa de trabajo con el gobernador de Morelos, Graco Ramírez, y con autoridades del Tribunal de Justicia de la entidad para saber el estado de las investigaciones en cada caso.

La CIDHM también exigió que se haga un plan gubernamental para que las siguientes administraciones dan seguimiento y continuidad a las acciones realizadas; se publiquen cifras estatales sobre feminicidio; repare el daño a las víctimas; garantice el acceso pleno a la justicia; se investiguen todos los casos de muertes violentas de mujeres de acuerdo al Protocolo de Feminicidio, entre otras.

18/AJSE/LGL

Justo cuando México atraviesa un proceso electoral y las mexicanas exigen el derecho a vivir libres de violencia, un alto al feminicidio, al acoso sexual y la violencia de género; las zapatistas se colocaron en primera fila y lanzaron una provocación al movimiento feminista, llamaron a reencontrarse, una vez más, para hablar, escucharse y organizarse.

A partir del 29 de diciembre del año pasado la invitación al “Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de las Mujeres que Luchan” se esparció por redes digitales y personales y hasta enero de este 2018 ya sumaban 651 personas registradas, mujeres alistándose para emprender un viaje desde sus países, ciudades o pueblos, hasta la zona indígena del sureste de Chiapas que en 1994 hizo temblar al Estado mexicano.

A 24 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en el contexto del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y en medio de la irrupción política que causó la primer mujer indígena que buscó la Presidencia de la República, María de Jesús Patricio; las indígenas, mestizas y extranjeras, se darán cita durante tres días en el Caracol de Morelia, ubicado en Chiapas, zona indígena Tzotz Choj.

Del 8 al 10 de marzo las tejedoras de la palabra darán  seguimiento a una lucha que es más vieja que la insurrección de 1994.

A propósito de este encuentro, Cimacnoticias realizó un recuento histórico de la participación de las mujeres en el zapatismo, su búsqueda en el reconocimiento de sus derechos, y su organización. La investigación se hizo a través de la recopilación de documentos del Centro de Documentación “Adelina Zendejas” de CIMAC, publicaciones del suplemento La Doble Jornada y la documentación periodística del libro “Las Alzadas”, coordinado por la periodista Sara Lovera y Nellys Palomo.

“NO CLAUDICAMOS”

El encuentro se da ante la necesidad de tejer lazos en un país donde a diario, 7 mujeres son asesinadas y a cada momento brota a la luz pública un caso de acoso sexual. “Pero como quiera no tenemos miedo, o sí tenemos pero lo controlamos, y no nos rendimos, y no nos vendemos y no claudicamos”, esas son las palabras de las organizadoras.

Las mujeres que forman el Comité Clandestino Revolucionario Indígena de la Comandancia General del EZLN, las concejalas, juntas, promotoras, milicianas, insurgentas y bases de apoyo zapatistas, convocantes a esta reunión de saberes, pidieron a todas las mujeres, feministas, defensoras y ciudadanas, escucharse como forma de sanación y de acción.

Ahora que en México las víctimas y familias de mujeres desaparecidas, víctimas de feminicidio, acoso sexual, hostigamiento laboral, despojo de tierras o violencia del Estado han tomado la iniciativa de denunciar a policías, jueces, comunicadores y funcionarios, la idea es tomar bríos para saberse acompañadas y juntas, auto organizarse.

La cita es singular, será en una zona indígena y selvática, donde el autogobierno se hace cargo de las necesidades básicas como luz y agua y donde los hombres tendrán que hacer lo que socialmente no les ha tocado: cuidar a niñas y niños, preparar alimentos, hacerse cargo de la limpieza y estar en espacios considerados de servidumbre pero que para el zapatismo son base de la organización.

UNA VEZ MÁS NOS ESCUCHAMOS

Antes del levantamiento armado del EZLN la primera rebelión que cimbró a las comunidades chiapanecas y que después haría eco a nivel nacional fue las de las mujeres, la de aquellas que sin saber de Derechos Humanos decidieron que una revolución sin igualdad simplemente no podía ser.

El 8 de marzo de 1993 las indígenas hicieron el primer levantamiento cuando exigieron terminar con las costumbres que no les gustaban como ser violentadas y obligadas a casarse con hombres que no querían, o tener hijos que no podían cuidar. El resultado de esa rebelión que disgustó a algunos e hizo reflexionar a otros, fue la Ley Revolucionaria de las Mujeres.

Allí se mostró que las causas de los pueblos indígenas y de las mujeres no están alejadas y aunque poco se sabe, las mujeres fueron protagonistas invisibles de los acontecimientos que trascendieron las fronteras del país hace 24 años. Líderes como la comandanta Ramona y la mayor Ana María, tuvieron tareas vitales para el movimiento, y sus perfiles fueron inspiración para otras.

A un cuarto de siglo de distancia, el próximo encuentro de mujeres en Chiapas no es el primero que se realiza en nombre de la inclusión y contra la opresión. En los años seguidos al levantamiento armado de 1994, el movimiento de mujeres indígenas vivió un impulso y se realizaron varios foros y eventos involucrando la visión de las zapatistas.

En 1995 se reunieron en el Encuentro Nacional de Mujeres de la Asamblea Nacional Indígena para la Autonomía (ANIPA) para preparar su participación en el Foro Nacional Indígena y en la mesa de Diálogo en el municipio de San Andrés Larráinzar. Allí trabajaron temas de participación política de la mujer, autonomía, derecho a la tierra, salud y derechos reproductivos.

Dos años después, en 1997, en Oaxaca, se formó la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas en el marco del Encuentro Nacional de Mujeres Indígenas. Entre las exigencias estuvieron el cumplimiento de los Acuerdos de San Andrés, la salida del Ejército mexicano de las comunidades indígenas, la reforma del artículo cuarto constitucional para hacer explícitos derechos indígenas y paridad política; y la reforma al artículo 27 constitucional para permitir a las mujeres heredar y usufructuar la tierra.

A finales de 2007, conmemorando el 14 aniversario del alzamiento zapatista, se realizó el Tercer Encuentro entre los Pueblos Zapatistas y los Pueblos del Mundo, el cual se centró en las vivencias y los logros de las mujeres zapatistas. Así, se trataron temas de salud, educación, y organización.

MUJERES, BASE DEL ZAPATISMO

El movimiento feminista mexicano y el mundo entero se sorprendieron al ver la participación activa de las mujeres tanto en los rangos militares como en la dirección política de las y los zapatistas que se levantaron en armas el 1 de enero de 1994.

En ese entonces la mayor Ana María, a sus entonces 26 años, al mando de más de mil personas, fue dirigente de la toma de San Cristóbal. Al hablar con cronistas sobre su vida, la mayor contó que como muchas no estudió ni se preparó, por eso se fue a la montaña, donde aprendió a leer, escribir y hablar castellano. En medio de la lucha armada pudo decidir quién sería su compañero de vida.

Por su parte la comandanta Ramona, formó parte del Comité Clandestino Revolucionario Indígena. En idioma tzotzil habló sobre la vida cotidiana de las mujeres en las comunidades, de los días largos, de cómo sufrieron de hambre y malnutrición, cómo se enfermaron, de los puestos de salud que se encontraban demasiado lejos y de los decesos de niñas y niños.

La comandanta recorrió su comunidad llevando su palabra para decir lo que todos sabían pero que poca gente mestiza acepta: el trabajo que implica llevar las artesanías al pueblo y enfrentar discriminación y racismo; el hecho de que los hombres vean mal que sus mujeres tomen la palabra y ocupen puestos, o cómo las niñas desde pequeñas son vendidas a sus futuros esposos.

En la euforia de 1994 la mayor Ana María, al igual que otras mujeres, exigió a los varones zapatistas lo que les correspondía de aquella revolución; el derecho de las mujeres a organizarse y a participar en la milicia, aunque para ellas no sería lo mismo porque tuvieron que demostrar que podían realizar el mismo trabajo que ellos, hasta que se abrieron paso a los más altos mandos.

No sólo las mujeres combatientes se hicieron presentes, como la comandanta Ramona, también estuvieron las adultas mayores, aquellas que permanecieron en los pueblos y que fueron bases fundamentales del EZLN. Ellas se encargaron de la seguridad de las comunidades, monitorearon, diseñaron y cosieron los uniformes de la insurgencia, mantuvieron al ejército alimentado y cuidaron a la niñez mientras las jóvenes y los varones salieron a luchar.

Es por eso que sus demandas tuvieron que ser escuchadas. Junto a la Declaración de la Selva Lacandona, se publicó la Ley Revolucionaria de las Mujeres. Diseñada desde 1993, en ese documento, las indígenas demandan un salario justo, el derecho de tener cargos en la comunidad, el derecho a salud, educación, a una vida sin violencia, y -cosa inédita- el derecho de elegir a su pareja y la cantidad de hijos e hijas que quisieran tener.

Para construir esa ley la comandanta Ramona fue la encargada de recoger las opiniones de las comunidades tzotziles y la comandanta Susana, la palabra de las comunidades tzeltales. De forma aguda las mujeres indígenas problematizaron la relación entre el cambio y dejar atrás las tradiciones o costumbres que las mantenían en los ciclos de marginación y violencia.

En ese entonces las feministas críticas cuestionaron cómo las mujeres podían participar en una lógica de guerra y una institución tan patriarcal como es un ejército. Observaron que las mujeres destacadas del zapatismo se limitaron a leer cartas del Subcomandante Marcos y que los traductores de Ramona, por ejemplo, en vez de traducir se metieron a interpretar.

Con todo, la Ley Revolucionaria de las Mujeres tuvo repercusiones tanto en el movimiento feminista como en el indígena y desencadenó un debate amplio. A pesar de las críticas preponderó la inspiración que las mujeres chiapanecas dieron a otras indígenas y a muchas mujeres que luchan por la igualdad en el país. Aunque aún faltaba esperar que se cumplieran sus demandas.

A 24 AÑOS DEL LEVANTAMIENTO...

A 24 años, hoy Chiapas continúa siendo el estado más pobre de México, y muchos municipios indígenas carecen de servicios básicos como agua, energía, y salud.

Según el último diagnóstico del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en 2012, 75 por ciento de la población chiapaneca se encontraba en pobreza y 32 por ciento en situación de pobreza extrema. Niveles iguales a los de 1994, según la investigadora de la Universidad de Harvard, Viridiana Ríos.

Al nivel nacional, Coneval reporta que 45 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza y 10 por ciento en pobreza extrema.

Al hablar de salud en Chiapas, donde la sociedad es diversa, en los municipios mayoritariamente poblados por indígenas, las problemáticas se agudizan. La organización Melel Joxobal constató en 2015 que las complicaciones de embarazo y parto eran la principal causa de muerte en mujeres indígenas.

Ese mismo año la Secretaría de Salud informó que la Razón de Muerte Materna (RMM) en Chiapas era de 68 por cada 100 mil nacidos vivos, en tanto, la medida nacional se ubicaba en 39 decesos, esto significa un 43 por ciento más.

En suma, muchas adolescentes se casan a edades tempranas y tienen poco acceso a información sobre planificación familiar. En los altos de Chiapas, 73 por ciento de las mujeres tuvo su primer hijo entre los 11 y 19 años de edad, según la Encuesta de Salud y Derechos de las Mujeres 2015. Esto les impide una libre decisión sobre sus proyectos de vida, constata Melel Joxobal.

La educación debería de ser una parte fundamental para preparar a las niñas a tomar decisiones autónomas, pero en muchos casos, faltan oportunidades. Aunque el país tiene cifras oficiales de escolaridad y alfabetización del 95 por ciento, el rezago educativo de las y los indígenas es significativo. La mitad no termina la primaria, según el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, y el monolingüismo les hace más vulnerables a la discriminación.

LA ENSEÑANZA DE MARICHUY

Este encuentro cobra mayor relevancia porque es parte de la estela de esperanza que dejó la candidatura indígena propuesta desde 2017 por el Concejo Indígena de Gobierno (CIG) y el Congreso Nacional Indígena (CNI) para participar en el proceso electoral de 2018 en busca de la Presidencia de la República, misma que no logró los apoyos ciudadanos suficientes para concretarse, a pesar de la organización ciudadana que causó.

La propuesta del CIG-CNI fue que su vocera, María de Jesús Patricio, conocida como Marichuy, llevara la voz de los pueblos indígenas al proceso electoral, que fuera ella, una mujer indígena, quien hablara a la ciudadanía del despojo de las tierras, la explotación, la opresión y discriminación que viven las personas del México de abajo.

La precampaña de una mujer indígena hizo ver que todavía hay un país que desprecia a las personas por su color de piel, su sexo, o su nivel de estudios, pero además que se niega a escuchar lo que tengan que decir. Y aunque los partidos políticos actualmente deben postular a personas indígenas en 13 distritos electorales para competir por una diputación, la realidad es que la discriminación persiste.

Las expectativas puestas en este encuentro son altas. Convergerán mujeres de todas las edades y nacionalidades. Vienen de todos lados del mundo, de Europa y de Latinoamérica. En México, se encuentran alistadas mujeres de 27 entidades.

Todas ellas vertieron 202 propuestas de actividades, saberes y experiencias con el objetivo común de compartirlas a lo largo del encuentro; desde música, danza, teatro, circo, cuentacuentos, presentaciones de libros, dibujo, fotografía, cine y deporte. Es quizás este encuentro una forma de seguir reflexionando y hacer organización para formar esas resistencias de las que habló Marichuy en su paso por los pueblos de México. 

Hasta ahora las organizadoras han informado que se tiene contemplado la impartición de talleres sobre la violencia de género, manifiestos feministas, ciberfeminismo, la valoración y uso de la sangre menstrual,  danzaterapia, género, pintura, grabado, entre otros.

A este amplio número de saberes se suman pláticas del linaje femenino, cuerpo de la mujer, formas de resistencia, defensa de los Derechos Humanos, educación antimachista, experiencias de sobrevivientes a la violencia, lucha de mujeres en Francia e Italia, el feminismo en Cuba, feminismos indígenas y afros… Durante cinco días, las mujeres hablarán y escucharán sus inquietudes, conocimientos y anhelos.

Previo al encuentro, este martes 6 inició la Asamblea del Movimiento en Defensa de la Tierra, el Territorio y por la participación y el reconocimiento de las mujeres en la toma de decisiones, en San Cristóbal de las Casas, en la cual se busca difundir información sobre el contexto de violencia contra las mujeres, violencia feminicida, el riesgo que representan las zonas económica especiales.

Entre otros temas a debatir está el de la Ley de Seguridad Interior, despojo a la tierra y la reflexión de la efeméride del 8 de marzo. La Asamblea concluye este día para que mañana inicie el Encuentro Internacional de Mujeres que Luchan.

18/AGM/HZM/SG/LGL

La opinión pública existe ahora como algo paralelo, y en consecuencia nunca se toca, con la creación del fenómeno de la inmediatez informativa, la explosión de la opinología de las redes sociales y por supuesto la hoguera del escrutinio público en la que todos y todas son juzgados. Cuanto más anónimo más duros serán los jueces contra el sujeto de su furia, sin ningún elemento objetivo o racional del efecto que la apropiación de la imagen pública tiene.

Me refiero a los casos como el del sujeto que va corriendo y patea un perro, acto por demás injustificable e insostenible que a diario miles han de realizar, ya sea por incomodidad con el animal, por molestia con los perros callejeros o simple –forma no justificada- del desahogo de quien golpea un ser vivo como si de una lata se tratara para “patear el mundo”.

Lo que tenemos es el efecto inmediato de cuando el hecho deja de ocurrir en lo cotidiano que todos veíamos en el mercado o en los alrededores de algún barrio empobrecido y alguien tuvo la ¿fortuna? de contar con un teléfono celular para sacar del anonimato al pecador.

El ojo de Dios existe y está dispuesto a compartir su furia en una red social para llevar a una masa a juzgar a la persona y exhibirlo públicamente –a través de la Internet- y mostrar qué tan pecador es, qué tanto ha transgredido las reglas que hoy día constituyen el código de una ética app.

Patear a un perro, gritarle a otro conductor, sacar al prepotente que lleva dentro, mostrar a una persona enojada gritándole a otra, y el resultado es “ladyesto” y “lordaquello” que son al mismo tiempo una válvula de escape de la seudo conciencia social que se lava con la dureza de unos juicios impredecibles. Recordemos el caso de “ladychiles” que grabó a su empleada sin imaginar que el panóptico social tendría un juicio adverso para su actitud y empatizaría con la trabajadora del hogar que es sujeta al escrutinio.

Las reglas nunca funcionan igual, no es una persona con poder versus alguien desprotegido, más bien funciona según la influencia de quien inicia la “viralización” y su ética app, es decir su criterio moral –y a propósito uso aquí estas palabras- respecto a lo que es correcto y lo que no lo es.

Es decir, si la persona corresponde a una animalista, en el top ten de los vídeos vistos, el de la agresión contra un animal se convertirá en el juzgamiento social, no solo por el ánimo del juez, sino porque hallará en la red una masa que atenderá a esta perspectiva con ánimo y entusiasmo hasta llevar a la hoguera a la persona sujeta de esta “conciencia”.

Quiero aclarar aquí, que indistintamente del acto que es exhibido, lo que me sorprende y me ha llevado a escribir este texto es, por un lado, la banalización de temas graves como son el acoso y el hostigamiento sexual hasta el punto de lograr lo que no creía posible como es una saturación del tema hasta hacerlo moda, saturar y trivializar, y en consecuencia perder el análisis y la conciencia de fondo, el debate se torna acerca de otros temas satelitales y no la gravedad del hecho ni el efecto sobre la víctima.

Pero volviendo al tema del escrutinio público a la luz de estas nuevas éticas app, es que transgreden lo que el sujeto creía era un momento en solitario, y no hay que perderse aquí en si el acto es justificable, si está bien o está mal, sino en cómo hemos dejado de tener un Dios inmanente a un Dios-juzgador latente a través de la cámara de un celular, en el que todo acto sería videotransmisible en vivo en Instagram, Facebook, y otras redes.

LA PESADILLA DEL PECADOR VUELTA REALIDAD

Luego, indistintamente del hecho, está que nadie sabrá el contexto, pero el proceso de juzgamiento será el mismo, por parte de quién o quienes se erijan jueces del momento transmitido, es decir su perspectiva, su contexto, su realidad, sus prejucios, sus formas de entender y aplicar a un otro “lo correcto y lo incorrecto”, el ideal del sacerdote que juzga desde un púlpito a una atemorizada comunidad sometida bajo el ojo de Dios, que ahora sí está en todas partes.

Es interesante cómo cada persona detrás de la red, o en la Red, se convierte así en un juzgador con toda la dureza, que llevará a las personas a lo público –cuando estas viralizaciones trascienden y son de interés para los medios (la validación del ojo de Dios)-, a ofrecer disculpas, a pedir perdón, a decir que se arrepienten de lo hecho, cuando en realidad se arrepienten de haber sido grabados.

Pero un tema que también vale la pena analizar es ¿por qué ellos y no otros? ¿qué hace que unos sean elegidos para ser juzgados y no otros, porque personajes que nadie conoce y no otras personas con más poder público?

La respuesta es porque el “ojo de Dios” no es autónomo, Dios no juzga políticos, responde más bien al interés, al invisible algoritmo de una sociedad-virtual que se justifica a sí misma juzgando a un pecador-otredad pequeño para no llevar su furia hacia las figuras públicas que están siendo señaladas por lavado, desvíos, conductas ilícitas, problemas de ética, conflictos de interés.

Entonces es más productivo juzgar a quien no representa ningún conflicto entre la naciente ética app y la necesidad de tener un sujeto en medio de la hoguera, en el banquillo de los acusados y desfogar así la furia que no se tiene para estos personajes –los que sí son públicos- cuyos actos tienen efectos mucho más graves no en un perro, sino en todos los perros callejeros, pues a mayor empobrecimiento de una comunidad más animales abandonados a su suerte.

La ética app se caracteriza por hacerse presente, no solo en temas de animales, de policías a los que les gritaron, de defensores de las trabajadoras del hogar pobres que tienen que sacar comida a escondidas de sus patronas y cuya conciencia les “satisface y alcanza” para señalar eso, pero no las causas estructurales de esas violencias. Mejor que exista esta forma y no la opinión pública, esa se extingue en el silencio de una sociedad ignorante, complaciente y convenenciera que sigue preparando la siguiente hoguera para algún pecador más.

* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y Fundadora del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche

18/AC/LGL

El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar y organizaciones de la sociedad civil exigieron al gobierno federal ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), sobre trabajo del hogar (remunerado) antes de que concluya el sexenio.

En un comunicado emitido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), las organizaciones pidieron que el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto cumpla con una de las promesas que hizo en campaña, que es la ratificación del Convenio 189, que daría derechos laborales a las 2.4 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar.

Denunciaron que desde hace 4 años el gobierno federal ha retrasado el envío del Convenio al Senado de la República para su ratificación

El instrumento internacional fue adoptado y firmado por México en 2011 para reconocer el trabajo doméstico como un trabajo con derechos laborales y remuneración para así enfrentar las desigualdades: contrato o salarios injustos, discriminación, abuso, explotación, en las cuales se desempeñan los y las trabajadoras del hogar. Sin embargo su ratificación no se ha llevado a cabo.

El Conapred aseguró que en la Ley del Seguro Social se excluye a las 2.4 millones de personas trabajadoras del hogar del acceso a la seguridad social obligatoria y a prestaciones indispensables como las guarderías y que la Ley Federal de Trabajo considera al trabajo del hogar, en su capítulo XIII, como un “trabajo especial” con jornadas legales de 12 horas sin descanso y restringe derechos laborales y prestaciones.

En su investigación “Hacer visible lo invisible. Formalización del trabajo del hogar remunerado en México: una propuesta de política pública” la investigadora y coordinadora académica del departamento de Ciencia Política del ITAM, Marta Cebollada,  reconoció que en México, más de 2.3 millones de personas -casi todas mujeres- enfrentan una discriminación por la naturaleza de su profesión: el trabajo del hogar remunerado. Dicha labor, dijo, se ve sobrevalorada por la “percepción errónea” de que no es un trabajo real.

En el país, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), de 2016, revelaron que existían casi 2.5 millones de personas trabajadoras del hogar, de las cuales la mayoría son mujeres y niñas, y reconoció que en la última década se ha registrado un incremento en esta actividad.

Desde 2011, año en el que fue firmado el Convenio189, organizaciones de la sociedad civil, instancias nacionales e internacionales así como senadoras de diversas fracciones parlamentarias se han sumado a la petición de las trabajadoras del hogar para avanzar en la ratificación del Convenio 189 con el fin de tener acceso a sus derechos laborales.

Datos de la OIT, mencionan que México es el país de América Latina con menor porcentaje de trabajadoras formales. Conapred mencionó que países con menor desarrollo al de México “han ratificado este Convenio y están dando pasos para garantizar al sector los mismos derechos que el resto de las ocupaciones”.

18/AEG/LGL

La cobertura periodística sobre temas vinculados a los derechos y la condición de las mujeres implica amenazas, agresiones, encarcelamiento y hasta el asesinato de las y los reporteros por parte de grupos religiosos, criminales y gobiernos autoritarios. 

Así lo reveló el informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, que elaboró la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) a propósito de la conmemoración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.

Basado en testimonios de decenas de periodistas en más de 20 países, RSF registró entre 2016 y 2017 más de 60 casos de violación de los derechos de las y los periodistas a causa de las investigaciones que realizaban sobre la condición de las mujeres. El número de agresiones se eleva a 90 si se contabiliza desde 2012, lo que demuestra que a partir de 2016 la violencia se incrementó.

El reporte reveló diversos casos en los que las y los periodistas fueron agredidos: “una redactora en jefe fue asesinada por haber denunciado una política sexista; un reportero fue encarcelado por haber difundido una entrevista a una víctima de violación; una periodista fue agredida por recordar que las mujeres tenían derecho a tener acceso a toallas sanitarias; y una bloguera fue amenazada en línea por haber criticado la representación de las mujeres en los videojuegos”.

Otros datos: más de la mitad de las y los reporteros contabilizados en el informe sufrieron ciberacoso, y el resto sufrió agresiones verbales, físicas o en línea (28 por ciento); encarcelamiento (13.4 por ciento) y hasta asesinato (12.2 por ciento).

En el caso del ciberacoso –señaló el informe- todos los ataques en línea estaban dirigidos a mujeres periodistas. Esto demuestra una tendencia: las mujeres periodistas reciben en promedio tres veces más comentarios “inapropiados o insultantes” que sus colegas cuando cubren estos temas.  

De acuerdo con RSF, las personas agresoras pertenecen a distintos sectores, entre ellos los grupos religiosos, organizaciones criminales, y gobiernos “autócratas”, cuyo principal objetivo es la censura de los medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres o sobre su actuación en contra de la vida y la libertad de ellas.

En el caso de los grupos religiosos, son los grupos provida y los islámicos radicales quienes ejercen las peores formas de violencia en contra de las y los periodistas.

Sin embargo, los gobiernos autoritarios fueron identificados en muchos casos como los principales agresores. Este es el caso de Irán, que acostumbra encarcelar a las periodistas feministas. Un ejemplo es el de la periodista Mansoureh Shojali, que desde hace más de 17 años denuncia la discriminación y las agresiones que sufren las mujeres. Su última comparecencia ante un juzgado fue en 2009, cuando la acusaron de “hacer publicidad contra el régimen” por colaborar con sitios web feministas. Ahora vive en el exilio desde donde sigue trabajando a favor de las mujeres.

Además, dice RSF, la responsabilidad de los Estados en esta violencia es mayor si se considera que la declaración de políticas contrarias a los derechos de las mujeres hizo propicio un contexto cada vez más adverso para quienes cubren estos temas.  

Ejemplo de ello es que en 2017 estallaron las protestas en Estados Unidos contra los discursos sexistas del presidente Donald Trump; en 2016, en Polonia se presentó en el parlamento un proyecto de ley para prohibir el aborto, que estaba autorizado desde 1993 bajo ciertas condiciones.

Asimismo, en Irak se presentó en el parlamento una reforma legislativa que pone en entredicho los derechos de las mujeres, pues busca reducir la edad legal para que contraigan matrimonio.

MÉXICO: INCUBADORA DE PELIGROS

En el caso de México, los grupos religiosos, los provida, el crimen organizado y los altos niveles de violencia contra las y los periodistas en el país fueron identificados por RSF como elementos que incrementan los riesgos contra quienes cubren temas sobre los derechos de las mujeres.

“México es el país más peligroso de América Latina para los periodistas y el segundo a escala mundial. El grado de violencia que vive el país es comparable al de Siria o Irak, indica el Balance 2017 de RSF”. A esto se suma que “son numerosos los políticos que no desean que los periodistas aborden temas relativos a los derechos de las mujeres”, dice el informe.  

En su reporte, la RSF relata como caso emblemático el asesinato a manos presuntamente del crimen organizado en 2017 de la periodista Miroslava Breach, quien, entre otros temas, investigó el feminicidio en Ciudad Juárez. En esa entidad –documentó la organización internacional- también se han registrado agresiones contra las periodistas Lydia Cacho, Marta Durán de Huerta y Patricia Mayorga, quienes también investigaron sobre la violencia feminicida.

LA IMPUNIDAD COMO COMÚN DENOMINADOR

Para RSF, el acceso a la justicia para las y los periodistas agredidos por el ejercicio de su profesión es clave para evitar que las cifras se sigan elevando y que se limite la cobertura sobre los derechos de las mujeres.

De acuerdo con los testimonios, la mayoría de los casos de asesinato de periodistas que relata este informe quedaron impunes, muchos de ellos porque no se abrieron carpetas de investigación, no se fincaron responsabilidades en contra de los responsables, o porque, como en el caso de Miroslava, los avances han sido “pocos e insuficientes”. Esta impunidad prevalece como un patrón en todos los países donde la violencia contra periodistas va en aumento, incluso a pesar de los diversos llamamientos que ha hecho RSF a los Estados.

De acuerdo con la organización, las consecuencias de esta violencia contra las y los periodistas es que abandonen los medios, se desplacen a otros países o redoblen sus esfuerzos para seguir cubriendo estos temas y defender la libertad de expresión.

Como resultado, en el Estado Islámico hay provincias enteras donde no hay mujeres periodistas, mucho menos periodistas que denuncian abusos contra las mujeres. El desplazamiento forzado es otra consecuencia: RSF registró que desde 2012, entre uno y dos periodistas han optado por el exilio por razones de seguridad en Afganistán (1), México (2), Colombia (1), Honduras (1), Yemen (1), Bangladesh (1) e Irán (1). Los efectos también son que las y los periodistas piensen dos veces antes de trabajar temas vinculados a la condición de la mujer.

Sin embargo, muchos periodistas se niegan a dejar de escribir sobre estos temas e inician un largo camino de defensa a favor de su derecho a informar: presentan denuncias contra las autoridades, hacen frente a las amenazas, o buscan “artificios” para presentar la información con ángulos y enfoques que no sean tan directos.  

Tras documentar diversos testimonios de agresiones y de resistencia, la RSF propuso en su informe una serie de recomendaciones. A las redacciones les recomienda dar más espacio y difusión a los temas relacionados con los derechos de las mujeres, sensibilizar a las y los periodistas, o crear un dispositivo de emergencia interno; a las y los periodistas les propone: evaluar los riesgos, velar por la protección de las fuentes, y trabajar en equipo.

Asimismo, RSF urgió a los Estados a respetar sus obligaciones vinculadas a la libertad de expresión; erradicar la violencia contra las y los periodistas; erradicar la impunidad en la que prevalecen los actos de violencia contra periodistas; y crear dispositivos de reparación del daño cuando se violan los derechos de las y los periodistas, en específico de quienes cubren temas relacionados con las mujeres.  

18/AJSE/LGL

¿Qué pasaría si un día cualquiera las mujeres de su ciudad o de su estado o del país se pusieran en huelga?

Imaginemos ese día: Las mujeres se levantarán muy temprano, y simplemente se vestirán para salir a encontrarse con otras mujeres en la calle o la plaza pública, donde pasarán todo el día, platicando, cantando, reflexionando, debatiendo.

Nada de despertar a las niñas y niños para ir al colegio. Nada de dar biberón y cambiar pañales. Nada de preparar desayuno. Nada de hacer las compras, preparar la comida, limpiar la casa, cuidar al familiar que padece alguna enfermedad.

Nada de trabajar en el banco, supermercado, hospital u escuela. Nada de ir a la empresa, la fábrica o el campo. Nada de cumplir con labores gubernamentales, secretariales, docentes... ¿Puede imaginar qué pasaría?

En Islandia no se lo imaginaron. ¡Lo llevaron a cabo!

Un 24 de octubre de 1975, en esa isla que entonces tenía poco más de 200 mil habitantes, 90 por ciento de las mujeres se pusieron en huelga.

Las organizadoras buscaban visibilizar la enorme cantidad de trabajo que hacían las mujeres y las desiguales condiciones en las que lo hacían. Y convocaron a lo que llamaron “El Día libre de las Mujeres”, aunque pasó a la historia como “Viernes largo”, porque bancos, fábricas, escuelas, tiendas, guarderías, oficinas gubernamentales y un largo etcétera tuvieron que cerrar. Islandia se paralizó. Y todo cambió. Hoy es el país con más igualdad de mujeres y hombres.

Por eso, colectivos feministas de medio mundo convocaron por segunda vez a la huelga de mujeres el 8 de marzo.

La intención no es sólo hacer evidente todo el trabajo que hacemos las mujeres y las desiguales condiciones en que lo hacemos. Es exigir acciones claras y contundentes para que cesen las violencias en nuestra contra.

¿A quién le exigimos? Al Estado, claro, pero también a nuestros compañeros, colegas, amigos, hermanos, padres. La desigualdad, discriminación y violencias que vivimos tiene muchos cómplices por acción u omisión.

En nuestro país las mujeres trabajan diariamente en promedio cinco horas más que los hombres en tareas del hogar, y ganan 19 por ciento menos en el ámbito laboral remunerado.

En la toma de decisiones gracias a la obligatoriedad de paridad en cargos de elección popular, en promedio 40 por ciento de las curules de los Congresos estatales están ocupadas por mujeres. Pero sólo hay una gobernadora y menos del 14 por ciento en las presidencias municipales.

En otros ámbitos nuestra presencia es casi invisible. Apenas el mes pasado, por primera vez fue nombrada una Vicegobernadora en el Banco de México, ¡fundado en 1925!

Y si de violencia se trata los números son de pavor. En promedio, una de cada dos mexicanas vive violencia en su hogar; una mujer es violada cada cuatro minutos y siete son asesinadas diariamente.

¡Eso tiene que terminar! Porque no hay manera de construir un país en paz si la mitad de su población vive todos los días una guerra, de alta o baja intensidad.  

¿Qué pasaría si 90 por ciento de las mujeres de nuestro país nos ponemos en huelga por un día?

Si la realidad no cambia, un soleado día lo sabremos.

*Periodista de Quintana Roo, feminista e integrante de la Red Internacional de periodistas con visión de género.

Apreciaría sus comentarios: cecilialavalle@hotmail.com

18/CL/LGL

El Paro Internacional de Mujeres del 8 de marzo de este año es una movilización que tendrá lugar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Es convocado por organizaciones feministas y aliadas de la lucha por los derechos de las mujeres en todo el mundo. Se espera la adhesión de más de 70 países y una gran cantidad de actividades locales relacionadas.

La movilización es motivada por la lucha contra la violencia machista, la desigualdad de género y las distintas formas de opresión contra las mujeres. La acción internacional simultánea tiene el objetivo de visibilizar la situación de explotación de las mujeres en el ámbito del trabajo y la reproducción social.

ANTECEDENTES

Un primer antecedente histórico se dice que fue la Huelga de Nueva York, de obreras textileras, quienes luchaban por mejores salarios y menores jornadas. Otro antecedente es el paro nacional convocado por el movimiento de mujeres que tuvo lugar en Islandia, el 24 de octubre en 1975, en el que participaron trabajadoras remuneradas y amas de casa. En un aniversario de esa huelga, el 24 de octubre de 2016, las trabajadoras islandesas dejaron sus puestos de trabajo dos horas y veintidós minutos, antes de su hora de salida, como forma de hacer visible la brecha salarial entre hombres y mujeres.

El 3 de octubre de 2016, se realizó una protesta masiva en Polonia, bautizada como "lunes negro", contra un proyecto de ley que criminalizaba el aborto, incluyendo el aborto espontáneo y la interrupción del embarazo como consecuencia de una violación. La gran repercusión de esta protesta frenó la ley en el parlamento polaco. El 19 octubre del 2016, en Argentina, integrantes del movimiento “Ni Una Menos” y de otras organizaciones feministas convocaron a un paro de una hora y a diversas movilizaciones, tras una semana en la que hubo 7 casos de feminicidio.

En este marco de manifestaciones masivas en distintos países, las activistas polacas comenzaron a conectarse y coordinar acciones con movimientos similares de otros países, sumándose inicialmente Israel, Italia, Corea del Sur, Rusia, Irlanda, Brasil y México, para conformar un grupo impulsor del Primer Paro Internacional de Mujeres.

El Primer Paro Internacional de Mujeres, del 8 de marzo de 2017, tuvo presencia en más de 50 países y 200 ciudades alrededor del mundo. El 25 de noviembre del año pasado tuvieron lugar importantes manifestaciones por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en varios países, así como una masiva respuesta a la convocatoria de la Women's March 2018 en Estados Unidos. Estas movilizaciones son consideradas por activistas como antecedentes para una segunda convocatoria global al Paro Internacional de Mujeres.

CONVOCATORIA

Bajo lemas como #NosotrasParamos, #WeStrike y “Si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras”, los movimientos feministas convocaron a un paro laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. El llamamiento incluye a mujeres asalariadas y no asalariadas, de todas las orientaciones e identidades sexuales.

Una de las principales reivindicaciones es por una sociedad libre de violencia machista, cuya manifestación más visible es la agresión y asesinato de mujeres por el solo hecho de ser mujeres. También se reivindican los derechos laborales de las mujeres, afectados por la precarización, la desigualdad salarial y el acoso sexual en el lugar de trabajo. Asimismo, se denuncian la pobreza, la violencia racial, la persecución a inmigrantes y los recortes de programas sociales y de salud. 

ORGANIZACIÓN

Las movilizaciones previstas para el próximo 8 de marzo se están preparando en más de 70 países por múltiples organizaciones, colectivos y activistas a nivel nacional y local. Mientras que algunos sectores del sindicalismo alegan que una huelga no puede legalmente distinguir entre sexos, el movimiento feminista sostiene que solamente las mujeres deberían parar. Desde esta perspectiva, los hombres deberían acompañar, asumiendo las tareas domésticas y de cuidados que quedarán sin atención, y participar con otro tipo de acciones que contribuyan a visibilizar el protagonismo de las mujeres.

TEMAS QUE DIVIDEN

Aparecieron temas como el “trabajo sexual” y los vientres subrogados, que no tiene el consenso y el de la agenda feminista v.s. la agenda del movimiento trans, que también provoca divisiones entre las feministas.

Bajo el supuesto estandarte del feminismo, reclaman espacio aquellas posiciones o discursos que, cuando se trata de la explotación sexual y reproductiva de las mujeres, califican la misma como un acto de voluntad. El neoliberalismo y las sociedades de mercado han implantado una nueva forma de racionalidad que sublima el individualismo del libre acuerdo donde, deliberadamente, se ignoran los condicionantes sistémicos que determinan esa supuesta libertad.

Ocultan que, para que el consentimiento sea válido ha de ser un acto libre e informado, requiere un yo autónomo no mediado por el abuso de poder, la subordinación y el sometimiento. Por ello, el argumento de la libre elección de las mujeres es una auténtica coartada para el patriarcado. No solo falsea la teoría del consentimiento sino que, en la medida que individualiza la decisión, la despolitiza.

Este año, el Paro Internacional de Mujeres quiere visibilizar la explotación de mujeres y niñas, y para estrechar una solidaridad global más fuerte para exigir poner fin a todas las violencias contra las mujeres, en todas sus formas y modalidades.

El Paro Internacional de Mujeres 2018 es un reconocimiento de que no podemos erradicar la violencia contra las mujeres sin tomar en cuenta la intersección con la pobreza, el racismo, la guerra, el saqueo ambiental, el capitalismo, el imperialismo y el patriarcado. La impunidad vive en el corazón de estas fuerzas entrelazadas.

En México nos levantamos por las desaparecidas, por las víctimas de feminicidio, las víctimas de la delincuencia organizada, las desplazadas, las madres que buscan a sus hijas e hijos, las víctimas y sobrevivientes de trata, de prostitución y otras formas de explotación sexual, las víctimas del trabajo infantil y del turismo sexual y la pornografía infantil, fenómenos que crecen en total impunidad en nuestro país.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL