Michel Forst

La defensora yucateca Sandra Peniche Quintal y presidenta de la Clínica de Servicios Humanitarios en la Salud Sexual y Reproductiva (SHSS), organización con más de 17 años de trabajo en beneficio de la salud reproductiva de las mujeres, fue atacada en su domicilio la mañana de ayer.

En un comunicado, la Red Nacional de Defensora de Derechos Humanos en México (RNDDHM), de la cual también es integrante Sandra Peniche, advirtió que la defensora “sufrió un intento de homicidio: un sujeto la atacó con arma blanca”.

Peniche Quintal ha sido violentada de manera continua por integrantes de la campaña internacional “40 Días por la Vida” -un grupo Provida- por su trabajo en defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. El pasado 9 de marzo fue hostigada por policías municipales, tras una queja interpuesta por los integrantes de la campaña Provida, quienes han mantenido “una actitud hostil” frente a la Clínica, señala el comunicado.

Esta campaña “por la vida” inició en 2014- previo a las festividades por la cuaresma- frente a la Clínica que preside Peniche, a donde asisten personas “a favor de la vida” para rezar por 40 días por “los no nacidos”

Debido a que nuevamente iniciaría esta campaña, la defensora yucateca conjuntamente con 255 mujeres integrantes de la RNDDHM pidieron al gobierno de Yucatán y a la Comisión de Derechos Humanos de la entidad  emitir medidas cautelares que garantizaran el pleno desarrollo de su labor en condiciones de seguridad y el acceso de la población al libre ejercicio de sus derechos sexuales.

Sin embargo, desde 2014 las autoridades de la entidad no han dado repuesta a los reportes levantados por el personal que labora en la Clínica sobre la situación de violencia, lo cual ha provocado que las “manifestaciones antiabortistas” sigan perdurando y aumente la hostilidad, denunciaron en una carta pública.

La Red Nacional destaca que el personal de la Clínica ha sido fotografiado, videograbado así como a sus vehículos, sin su consentimiento y a través de “sus rezos, plegarias y cánticos incitan al odio y a ejercer la violencia contra los y las defensores”.

La Clínica es considerada importante en Yucatán debido a los servicios que brinda a las mujeres: control del embarazo, anticonceptivos para mujeres, consejería sexual, interrupción legal del embrazo, entre otros. Hasta la fecha ha atendido a aproximadamente 11 mil personas, bajo la dirección de Sandra Peniche.  

De acuerdo con el Informe presentado en 2017 por el Relator Especial de la ONU sobre la situación de las y los defensores de los DH, Michel Forst, de su visita a México, de 2010 a 2014 fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos y periodistas mujeres en México y los principales agresores fueron las empresas privadas y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de las comunidades.

El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, ya que existe un gran número de defensoras  que han sufrido intentos de asesinatos y ataques de violencia sexual o campañas de difamación.

Asimismo, el Relator expresó que las defensoras de los DH que buscan justicia se ven enfrentadas a actos de discriminación, intimidación y obstáculos de justicia. Por estas violaciones, aseguró que las defensoras de DH corren un mayor riesgo de ser “blanco de ataques y agresiones”

18/AEG/LGL

Entre 2010 y 2017, fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas mujeres en México, cinco de ellas, en el último año, y los principales agresores son las empresas privadas, en el caso de los megaproyectos; y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de la comunidad LGBTTTI.

Estos son algunos de los datos que el Relator especial de la ONU sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, presentó en su informe final sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y que fue resultado de su visita a México del 16 al 24 de enero 2017 donde se reunió con autoridades estatales y federales, organizaciones de la sociedad civil y más de 800 personas defensoras de la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.

El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, pues además existe un gran número de defensoras que han sufrido intentos de asesinatos y ataques como violencia sexual o campañas de difamación.

Mencionó que en el caso de las mujeres de Atenco, quienes lucharon contra la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en 2006 y sufrieron tortura sexual por parte de policías estatales y federales durante los operativos de mayo de 2006 en el Estado de México, o en el de la defensora María Luisa García Andrade, de Ciudad Juárez, habrían sufrido numerosas amenazas y ataques contra su integridad.

El 29 de junio, 2017, la defensora de derechos laborales Meztli Omixochitl Sarabia fue asesinada en su oficina en Puebla, y una defensora en Tamaulipas fue baleada 12 veces, presuntamente por su trabajo de investigación relacionado con las desapariciones en el estado y los Zetas.

El Relator consideró que desafiar al patriarcado y la misoginia deriva en la violencia contra las mujeres que puede darse dentro de su propia familia o comunidad, y que los impactos psicológicos pueden ser graves, hasta el síndrome de estrés postraumático y aislamiento social.

El Relator se mostró muy impactado por las altas cifras de defensoras que vivieron discriminación por parte de agentes estatales y que  tuvieron dificultades al pedir protección. Lamentó que “la impunidad es a su vez causa y consecuencia de la inseguridad de defensoras y defensores en México”.

En las recomendaciones del informe al Estado mexicano, Forst aseveró que “no habrá una mejora notable de la situación de defensoras y defensores mientras continúe la impunidad abundante. El éxito en la lucha contra la impunidad depende de si se superan los retos de la corrupción, el crimen organizado y la militarización de la seguridad pública.”

Si bien aplaudió la creación del Mecanismo de Protección para personas defensoras de DH y periodistas -bajo el cual habrían sido registradas 368 personas defensoras, y 260 periodistas a la fecha de su visita- observó que éste no termina de ser una herramienta efectiva toda vez que la ayuda llega tarde, fragmentada y no toma en cuenta las necesidades de la víctima.

Consideró importante que exista personal femenino para atender por ejemplo los efectos de violencia sexual, y que el personal del Mecanismo se capacite con enfoque de género, así como que el Estado lo dote de recursos suficientes para poder cumplir con su cometido.

También recomendó que a propósito del aniversario de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  que se conmemora en diciembre, sea un buen motivo para que el gobierno mexicano demuestre interés en el tema e inicie una campaña a favor de las personas defensoras, así como convocar a una Cumbre que haga de la defensa de los DH una prioridad nacional.

18/SG/LGL

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México (RNDDHM) –integrada por 222 defensoras y periodistas de 23 entidades del país– condenó la detención ilegal, tortura física y psicológica y desaparición forzada temporal de que fue víctima la defensora de Derechos Humanos Cristina Erandeni Paredes Lachino, el 2 de mayo pasado a manos de elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.
 
En una carta pública dirigida a las autoridades del estado de Michoacán, encabezadas por el gobernador Silvano Aureoles Conejo, la Red condenó la violencia ejercida por los agentes de seguridad pública durante la detención de la integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (Cofaddem) “Alzando Voces”, así como las irregularidades que se cometieron. 
 
Señala el comunicado que a Cristina Erandeni –hermana de Janahuy e hija del defensor de Derechos Humanos Francisco Paredes Ruiz, desaparecido el 26 de septiembre de 2007 en Michoacán, presuntamente por el Ejército-, no se le mostró orden de aprehensión, no se le dijo el motivo del arresto y fue puesta a disposición de la autoridad ministerial 11 horas después de la detención. Además, en un primer momento, la Procuraduría negó información a sus familiares sobre su paradero.
 
A todo esto, señalan la Red, se suma “lo infundado, incluso absurdo, de las acusaciones por supuestos daños y allanamiento de morada que enfrentó, mismas que, evidentemente, no lograron probarse”, por lo cual la activista fue liberada sin cargos durante las primeras horas del 3 de mayo.
 
HECHOS
 
La detención arbitraria e ilegal de Cristina Erandeni, beneficiaria del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, ocurrió el 2 de mayo de 2017, a las 11:40 horas, por parte de 13 elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, en la colonia Torreón Nuevo de Morelia.
 
Los policías la sometieron, la aventaron contra una malla ciclónica y le apuntaron a la cara con arma de fuego, sin mostrarle orden de aprensión ni especificar motivos del arresto.
 
Ella exigió que la liberaran y se identificó como defensora de derechos humanos, pero los uniformados intensificaron su violencia y un comandante al mando le advirtió: “¡Cállate, hija de la chingada! Este es un encarguito. Ahora te vamos a tratar como delincuente; de eso me encargo yo”, “yo sé quién eres tú, eres líder de un grupo de personas,  me voy a encargar de juntar toda la evidencia para refundirte en la cárcel”.
 
El comandante  ordenó a sus subordinados hostilizar a la defensora, lo que incluía videograbarla y fotografiarla permanentemente. Luego la trasladaron a la Procuraduría estatal,  en la parte trasera de una patrulla (placas 187 A-1) y la llevaron al  área de barandillas. De ahí la transfirieron a otras unidades de esta dependencia, siempre con la cabeza hacia abajo y con las muñecas esposadas en la espalda.
 
En el  área de separos,  fue ingresada a un cuarto vacío con un gran espejo en una de las paredes, donde la obligaron a  desnudarse y a hacer 10 sentadillas frente a un elemento policíaco, supuestamente para corroborar que no trajera objetos o drogas en la vagina.
 
Fue recluida en una celda  insalubre, fuerte olor amoniaco y sin ventilación, en donde un Ministerio Público y dos defensores de oficio quisieron obligarla a firmar una declaración falsa, en la que aceptaba su responsabilidad en los delitos de daño y allanamiento de morada, y constataba que sólo dos elementos policíacos (y no 13, como en realidad ocurrió) participaron en su detención. Eran las 17:00 horas y hasta entonces supo la defensora la acusación que se le hacía y le permitieron hacer una llamada telefónica. 
 
También le negaron atención médica, pese a que informó  a los funcionarios públicos que es diabética y dependiente de la insulina. Janahuy, su hermana, acudió a la Procuraduría en cuanto supo de la detención, pero nada le informaron y la trataron con burla, hasta que les advirtió que denunciaría desaparición forzada.   A las 6 de la tarde la dejaron verla, 10 minutos: tenía morenotes en hinchazón en ambas muñecas por las esposas, así como afectación emocional. 
 
A la una de la  mañana del 3 de mayo, dos horas después de que fue formalmente fue puesta a disposición de la autoridad ministerial, Cristina Paredes obtuvo su libertad sin cargos. La  Procuraduría dijo que el arresto se dio tras el auxilio solicitado por un sujeto presunta víctima de robo cerca de donde estaba la defensora y que iría a levantar denuncia 9 horas después del arresto. 
 
La RNDDHM señala que estos hechos se enmarcan en el patrón de persecución política que ha padecido la familia Paredes Lachino, para inhibir se labor en defensa de Derechos Humanos y “en el contexto de los preparativos de la marcha del 10 de mayo próximo, en la que cientos de madres mexicanas, entre ellas las integrantes del Cofaddem, salen a las calles para demandar la aparición con vida de sus familiares desaparecidos”.
 
SANCIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS
 
La RNDDHM exige  a las autoridades de Michoacán que inicien las investigaciones necesarias para sancionar administrativa y penalmente a los servidores públicos involucrados en las violaciones a Derechos Humanos que padeció Cristina Paredes, y que garanticen la integridad física y psicológica de esta defensora, de su familia y de las personas que integran el Cofaddem.
 
Copia de la carta pública fue enviada también a la coordinadora Nacional Ejecutiva del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Patricia Colchero; al subsecretario de DH de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa; al representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DH, Jan Jarab, y al relator especial de la ONU para la situación de las personas defensoras de DH, Michel Forst. 
 
17/RED
 

En su visita a México, Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas sobre la Situación de los Defensores de los Derechos Humanos, mostró su preocupación por la situación de personas defensoras en nuestro país.
 
En particular, hizo una distinción para Martha Solórzano, defensora de Derechos Humanos radicada en San Luis Río Colorado, Sonora. Martha es una incansable piedra en el zapato de las corporaciones policiacas de ese municipio ubicado en el noroeste del país, limitando con Baja California y con Estados Unidos.
 
Con su lucha anticorrupción policiaca, ha visibilizado actos de abuso de los policías a través de los trienios y sexenios gubernamentales.
 
La gente que acude a ella para que le ayude en caso de abusos de la policía y violaciones a sus Derechos Humanos, le agradece que la policía le devuelva su carro que algún elemento en funciones le robó.
 
Agradecidas se encuentran madres de familia cuyos hijos han sido desaparecidos, o encarcelados injustamente, en actos de suprema prepotencia para lograr obtener algún beneficio económico o de otro tipo por parte de algunos policías municipales.
 
No pocas personas han podido acceder a la justicia por violaciones sexuales o tortura policiaca que han quedado al descubierto por la difusión y denuncias que Martha ha acompañado hasta lograr el castigo a los responsables.
 
Por eso a Martha Solórzano los policías le temen, pero también la agreden. Ejemplos hay varios, destacando el encarcelamiento de su hijo.
 
Éste fue liberado del encierro ilegal, gracias a una lucha sin tregua que dio la defensora, quien pudo demostrar ante un tribunal colegiado la ausencia de elementos para que su hijo estuviera preso.

Sufrió tortura, aislamiento y amenazas mientras estuvo preso, pero nunca perdió la esperanza de que su madre y otros familiares  estaban de su lado para defenderlo.
 
Manifestaciones por fuera del penal, denuncia pública local y nacional, fueron algunas de las tácticas, que aunadas a la batalla legal, devolvieron la libertad al hijo de Martha.
 
Eso fue fundamental para que el Relator de la ONU considerara que el riesgo por el trabajo que desempeña la defensora de Derechos Humanos de San Luis Río Colorado sea de alto nivel.
 
EL INFORME DE FORST
 
En su informe de 24 de enero de 2017, Michel Forst expresó que en muchos casos se criminaliza a las defensoras y los defensores por denunciar violaciones por parte de las autoridades públicas.

Enfrentan represalias indirectas a través de ataques o procesos penales dirigidos contra sus familias o personas cercanas a ellos, explica su informe.
 
“El caso de Martha Esthela Solórzano de San Luis Río Colorado, Sonora, es emblemático. Debido a sus repetidas denuncias en contra de la policía por abuso  y de poder, corrupción y malos tratos enfrentó repetidas amenazas de la policía municipal”.
 
Y procede a narrar lo ocurrido: “En 2012 su hijo, Jorge Luis Zavala Solórzano, fue detenido y condenado por presuntamente haber cometido varios delitos graves. En 2015, después de varios años de sufrimiento, Jorge Luis fue liberado y absuelto por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora”.
 
Según la apreciación del Relator, esto se debió a las claras contradicciones entre las acusaciones y los testimonios utilizados para sustentar la sentencia inicial.
 
En el documento, Forst hace además 17 recomendaciones al Gobierno de México relacionadas con la protección a personas defensoras de Derechos Humanos. Igualmente hace recomendaciones a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y a las comisiones estatales de Derechos Humanos.
 
Los organismos y agencias de la ONU, las universidades, las empresas y otros actores no estatales, la comunidad internacional en México y la sociedad civil, son también objeto de recomendaciones en el informe derivado de su visita a México.
 
LA  SEGURIDAD DE MARTHA
 
El pasado 28 de marzo, Martha Solórzano, quien es beneficiaria del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas de la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvo una mesa de trabajo en Hermosillo, Sonora, con instancias responsables de velar por su seguridad y la de todas las personas.
 
Con la presencia de servidores públicos de la Consejería Jurídica, del jurídico de la Secretaría de Gobierno, el abogado de víctimas, un visitador de la CEDH, un representante de la CNDH, un representante de Seguridad Pública del municipio de San Luis Río Colorado, el director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, y un representante del mecanismo de protección de la Segob, Martha pudo dar seguimiento a su petición de que regrese la medida de protección, sus escoltas.
 
Y es que en el sexenio de Guillermo Padrés, por decisión unilateral del Gobernador se retiraron los escoltas que, entre otras medidas, acompañaban a la defensora a realizar sus actividades.
 
A más de un año en que Martha planteó a la nueva administración su situación de riesgo, el Gobierno del estado no ha atendido aún la necesidad que ella considera urgente.
 
Más aún, el acuerdo de dar seguimiento a la reunión los días 27 y 28 de abril ha sido incumplido, ya que el encuentro se ha pospuesto sin fecha definida. Un año de agresiones en su vivienda, amenazas y otras violaciones a sus derechos, no son suficientes.
 
Asegurar condiciones para que las y los defensores realicen su labor es una de las principales responsabilidades del Estado. Políticas y mecanismos de protección efectivos, aplicando un enfoque sensible al género, son recomendaciones del Relator Especial.
 
En México el Relator de la ONU se reunió con más de 800  defensores, provenientes de 24 estados, de los que aproximadamente 60 por ciento son mujeres. Martha Solórzano sigue defendiendo los Derechos Humanos, pero sus escoltas no regresan.             
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG

El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, y la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas condenaron cualquier amenaza o agresión a activistas en nuestro país.
 
Después de la primera visita oficial que hizo el Relator Especial a México, del 16 al 24 de enero, ambas instancias emitieron un boletín para reconocer ampliamente la importante y legítima labor que realizan las personas defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas.  
 
Rechazaron cualquier acto de amenaza o agresión que busque limitar sus derechos fundamentales, incluyendo los derechos a la vida, la integridad, de libertad de expresión, asociación o reunión, o que pretenda menoscabar su labor, directa o indirectamente.
 
Sin embargo, a menos de un mes de la visita, ayer en la Ciudad de México, el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza, sufrió el  allanamiento de sus oficinas en la colonia San Pedro de los Pinos, lo que calificó como un “acto intimidatorio e inaceptable”.
 
El también ex Ombudsman de la Ciudad de México, denunció la agresión ante la Procuraduría capitalina (PGJ) y publicó un video en redes sociales en donde explica que quienes allanaron no se robaron nada, hecho que se dio horas antes de que la PGJ informó que la Secretaría de la Función Pública investiga a Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, por presuntamente alterar pruebas en el caso Ayotzinapa, que fue atraído por la CIDH, cuando Álvarez Icaza era secretario.  
ACTIVISMO, PROTEGIDO POR LA CONSTITUCIÓN 
 
La Relatoría y el Mecanismo, que depende de la Secretaría de Gobernación, recordaron en su comunicado que la Constitución Política federal reconoce el derecho a defender DH y la responsabilidad del Estado de proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y libertades fundamentales.
 
Ante ello hicieron un llamado para que las autoridades, a todos los niveles y órdenes de gobierno, rechacen categóricamente cualquier acto de criminalización, estigmatización o intimidación de las personas defensoras y que atiendan a grupos en situación de riesgo específico.
 
Entre estas personas están las que defienden los derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, de los migrantes y personas de la comunidad LGBTI, así como las personas defensoras de derechos económicos, sociales y culturales, la tierra y el medio ambiente y los familiares que buscan verdad y justicia para las víctimas.
 
Sobre el trabajo del Mecanismo de Protección, señalaron que debe contar con recursos financieros y se debe fortalecer la cooperación entre autoridades federales y estatales para implementar medidas de protección como alertas tempranas y planes de contingencia.
 
También llamaron a las autoridades de procuración y de administración de justicia a garantizar que los crímenes contra personas defensoras y periodistas sean debidamente investigados y sancionados.
 
17/AGM/GGQ

Tras conocer el informe preliminar del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, 43 organizaciones y 3 redes de organismos civiles llamaron al Estado mexicano a cumplir las recomendaciones y exigieron un alto a las agresiones hacia este grupo de la población.
 
En un comunicado, las agrupaciones recordaron que es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a defender Derechos Humanos y condenaron el asesinato del defensor de los bosques del pueblo rarámuri en Chihuahua, Isidro Baldenegro, ganador del Premio Goldman y quien el 15 de enero fue asesinado cuando comenzaba la visita oficial del relator. 
 
Durante la gira de trabajo del experto, del 16 al 24 de enero, integrantes de Centros de Derechos Humanos y del Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas; el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social; y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, expresaron las dificultades que enfrentan para desarrollar su labor.

Al concluir esta revisión del relator de Naciones Unidas, las agrupaciones dijeron que entre las recomendaciones a destacar está la de investigar y castigar las violaciones a los Derechos Humanos, violencia y amenazas cometidas contra personas defensoras; en particular porque policías de todos los niveles, militares y marinos son parte de los agresores.
 
También coincidieron con el experto en la necesidad de garantizar medidas de reparación y no repetición, fortalecer el Estado de Derecho y combatir la corrupción e impunidad en las agresiones que involucra tanto a agentes del Estado, empresas, grupos religiosos hegemónicos y miembros del crimen organizado.
 
Las organizaciones señalaron que una de las observaciones es retirar al Ejército de las funciones de seguridad pública y evitar así violaciones hacia civiles; reconocer la labor de defensa de los Derechos Humanos y la libertad de opinión y expresión; y cumplir con las recomendaciones de los organismos internacionales en la materia.
 
El informe preliminar del relator, que forma parte de un documento más amplio que se presentará ante el Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018, exhorta a reforzar el funcionamiento del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas que opera la Secretaría de Gobernación (Segob) y adoptar medidas de protección diferenciadas para indígenas, mujeres, personas desplazadas y la comunidad LGBTTTI.
 
También hace referencia a mejorar el trabajo de los organismos públicos de Derechos Humanos e incorporar en el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos un sólido componente sobre la responsabilidad de las empresas; por lo que a decir de las organizaciones, es necesario que en el cumplimiento de estas recomendaciones haya amplia participación de la sociedad civil.
 
Exigieron al Estado mexicano volver a invitar al relator, ya que él mismo solicitó dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones. 
 
17/AGM/LGL
 

El relator Especial de la ONU sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, llamó a las autoridades mexicanas a tomar acciones para proteger a las mujeres defensoras, quienes enfrentan impunidad y riesgos particulares porque –dijo– los ataques que reciben alcanzan a sus familias.
 
Al dar un mensaje a los medios de comunicación con motivo de la conclusión de su visita oficial por México del 16 al 24 de enero, el experto de Naciones Unidas dijo que “cuando los criminales atacan a las mujeres no sólo atacan a las mujeres, atacan a toda la familia y por tanto necesitan protección”.
 
Luego de reunirse con más de 800 personas defensoras de 24 estados del país (60 por ciento mujeres), de visitar Oaxaca, Guerrero, Chihuahua y el Estado de México y entrevistarse con funcionarios, Forst dijo que en el país hay un patrón de ataques a las personas activistas, situación a la que se suma la impunidad en las investigaciones.
 
El relator señaló que uno de los grupos prioritarios son las defensoras quienes enfrentan riesgos particulares por ser mujeres, algo que se debe tomar en cuenta. “Cuando reciben una llamada telefónica, un mensaje sms o un correo electrónico donde viene el nombre del hijo o la dirección de la escuela del hijo es algo terrible”, expresó.
 
El relator, quien en mayo de 2015 estuvo en México invitado por organizaciones civiles, dijo que las defensoras son un grupo de alta importancia, por ello en su reporte final dedicó un apartado especial para exponer el patrón de ataques hacia las activistas, muchas de comunidades indígenas, y hacia las periodistas.
 
En los estados que visitó se reunió con mujeres defensoras, incluso señaló que en algunos encuentros pidió espacios para hablar sólo con ellas a fin de escuchar a detalle las agresiones de las que son víctimas, en algunos casos de violencia sexual. “Para mí la situación es preocupante”, sentenció.
 
La situación que viven las activistas que defienden la tierra y el territorio, que denuncian el feminicidio, acompañan casos de violencia de género, de desaparición forzada o de presos políticos es tal que incluso dijo que este 24 de enero, antes de finalizar su gira de trabajo, tendrá una última reunión con mujeres defensoras para después hacer recomendaciones más específicas.
 
Agregó que en la reunión que esta mañana tuvo con servidores públicos, entre ellos el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, Forst comentó la necesidad de tener medidas de protección para las mujeres que se dedican a la defensa de causas sociales.
 
En el informe preliminar que será complementado para presentarse en marzo de 2018 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se explica que entre 2010 y 2016 se contabilizaron 38 asesinatos de defensoras mientras que de 2012 a 2016 se registraron 11 periodistas asesinadas.
 
En este capítulo el relator asegura que las activistas son violentadas debido a que “desafían el patriarcado y la misoginia” y porque con frecuencia su trabajo se considera menos importante o que discrepa de su rol social.
 
Entre los casos que cita el informe están las agresiones en contra de la activista de Ciudad Juárez, María Luisa García Andrade; la detención arbitraria de la ex policía comunitaria Nestora Salgado García; las agresiones a la activista Martha Esthela Solórzano en Sonora; y el despido de la periodista Carmen Aristegui de su programa de radio.
 
El experto también llamó la atención por los casos de las personas que se convierten en defensoras a causa de la pérdida de un familiar, o porque son atacadas y hostigadas, así como en la formación de brigadas de búsqueda para localizar a personas desaparecidas a lo largo del país.  
 
En la conferencia de prensa el relator explicó que tuvo información de ataques perpetrados por autoridades, fuerzas policiales, miembros del Ejército y la Marina, por lo que dijo esperar que las autoridades mexicanas tomen en serio sus recomendaciones para proteger a las personas activistas.
 
En las 39 recomendaciones dirigidas al Gobierno mexicano, las agencias de Naciones Unidas, las universidades y sociedad civil, Michel Forst recomendó, entre otras acciones, dotar de presupuesto al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que la Procuraduría General de la Republica abra un área especial para investigar ataques a activistas e incluir la perspectiva de género en las políticas públicas relacionadas.
 
17/AGM/LGL
 

En agosto de 2014 el Congreso mexicano aprobó la creación de 9 leyes y la modificación de 12 ya existentes en materia de hidrocarburos, electricidad y geotermia, reformas que abrieron las puertas a la inversión extranjera y a la instalación de empresas transnacionales.  
 
La promesa del gobierno federal fue que estas empresas llevarían beneficios económicos y  empleos a las comunidades indígenas donde se asentaran; sin embargo, organizaciones civiles dicen que en lugar de progreso hubo amenazas a quienes defienden la propiedad de sus tierras.
 
Ejemplo de esta realidad es Oaxaca, donde las mujeres son violentadas, difamadas y amenazadas por organizarse para defender sus tierras ante la expansión de 21 parques eólicos, asentados principalmente en la zona indígena del Istmo de Tehuantepec, donde la mayor parte de la tierra es propiedad comunal.  
 
Esta información se presentó ante el relator Especial de Naciones Unidas sobre la situación de las personas Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, quien del 16 al 24 de enero está en el país para documentar la situación que viven las y los activistas mexicanos.
 
AMENAZAS EMPRESARIALES
 
Tras la reforma enérgica aumentó la represión contra indígenas que no quieren ceder, vender o rentar sus tierras, afirmó en entrevista con Cimacnoticias, la integrante del Área de Justicia Transnacional de la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Elena Villafuerte, quien compaña a activistas oaxaqueñas.
 
De acuerdo con la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos, en el periodo de 2012- 2014 se registraron 616 agresiones a defensoras mexicanas, de las cuales 230 (38 por ciento) fueron contra activistas que defienden la tierra-territorio.
 
A partir de 2014 –cuando entraron en vigor las leyes secundarias de la reforma energética–, la organización Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, documentó 172 agresiones a personas defensoras, cifra superior a la registrada en 2012 cuando se contabilizaron 48 casos.
 
Los datos de esta agrupación indican que los ataques a defensoras de la tierra, el territorio y los recursos naturales se incrementaron entre 2013 y 2015. Mientras que en el primer año representaron 20 por ciento del total de casos, en 2014 ascendieron a 24 por ciento y en 2015 ocuparon 27 por ciento de los casos.
 
Villafuerte agregó que las personas que defienden la tierra- territorio, además de ser agredidas o desprotegidas por el Estado, enfrentan la violencia de las empresas transnacionales que se han convertido en perpetradores de abuso hacia comunidades y activistas.
 
Las empresas, dijo la activista, tienen un papel tan preponderante en el despojo de las tierras que implementan tácticas “de captura corporativa del Estado” para que las instituciones de gobierno favorezcan sus intereses, como no intervenir cuando contratan servicios de seguridad privada para hostigar, amenazar o vigilar a sus opositores.
 
En 2016 ProDESC y otras organizaciones, denunciaron esta situación ante el Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que por primera vez visitó México del 29 de agosto al 7 de septiembre para documentar las violaciones a Derechos Humanos por parte de las empresas.
 
MUJERES EN RESISTENCIA
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, indica que aunque las mexicanas siembran, cosechan y producen alimentos –hasta 2012– sólo 32 por ciento de estas mujeres eran propietarias de la tierra.
 
La incursión de las mujeres en el campo hizo que también se convirtieran en defensoras de su territorio a pesar de los ataques de los que pueden ser víctimas y de la exclusión que viven en sus comunidades donde la tradición dicta que deben “estar en la casa”.
 
En el municipio de Juchitán, las mujeres de la comunidad agraria de Unión Hidalgo son amenazadas por resistirse a ceder sus tierras a la empresa Desarrollos Eólicos Mexicanos (Demex) que desde 2005 inició la instalación del parque eólico Piedra Larga Fase I y Fase II.
 
Guadalupe Ramírez, indígena zapoteca de 65 años de edad, es una de las 47 personas que en 2011 crearon el Comité de Resistencia contra el proyecto eólico Piedra Larga; cuando se dieron cuenta que habían sido engañados para firmar contratos individuales de arrendamiento de sus tierras cuando ello no se puede porque la tierra es propiedad comunal. 
 
Sin embargo, poco a poco las personas que crearon el Comité se han alejado, algunas por las amenazas y otras porque la empresa dividió a la comunidad diciendo que unas querían más dinero o más beneficios que otras. Actualmente hay 18 comuneros encabezando esta resistencia.
 
Ramírez aseguró que hay mujeres que sin tener la tenencia de algún terreno apoyan la causa porque han visto las injusticias que se cometieron con la firma de contratos y la devastación ambiental que provoca un parque eólico como el derrame de aceite de los aerogeneradores que se instalan para generar energía eólica.
 
Estar en desacuerdo con la entrega de las hectáreas acarrea intimidaciones. En 2011 Guadalupe Ramírez fue víctima de un  asalto, que asegura, estuvo relacionado con su activismo. También recibió amenazas a través de llamadas telefónicas. Pese a ello advierte “si no decimos nada, si nos quedamos callados, va a ser peor” y por eso insistirá en la defensa de su comunidad.  
 
A propósito de la gira de trabajo del relator Michel Forst por Oaxaca este viernes, Ramírez y otras defensoras se reunieron con el experto para exponer su situación. Una de las demandas de las activistas oaxaqueñas es que la ONU emita recomendaciones al Estado mexicano para que se mejore el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
 
Aseguran que este Mecanismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, debe considerar la situación que viven las defensoras de la tierra- territorio e implementar estrategias específicas para proteger a comunidades y a personas defensoras que residen en territorios en disputa.
 
Pedirán un pronunciamiento para que las empresas consideren los lineamientos emitidos por la ONU y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo sobre el comportamiento que las transnacionales deben tener para respetar los DH de trabajadores y comunidades donde se instalan.
 
17/AGM/LGL
 
 
 

La ex policía comunitaria de Guerrero, Nestora Salgado García, sus familiares e integrantes de la Policía comunitaria de esa entidad y Defensoras de Derechos Humanos se entrevistaron este día con el relator especial sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, para detallarle la criminalización que viven.
 
En un comunicado, se informó que la ex presa política originaria de Olinalá, en Guerrero, sostuvo una reunión privada (a través de una video llamada) donde también le informó del estado que guarda la implementación de la Opinión 56/2015 (que la reconoce como presa política y sostiene que su detención fue arbitraria) del Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, relativa a la criminalización contra la defensora comunitaria Nestora Salgado.
  
De acuerdo con el comunicado, la opinión emitida en el 74 periodo de sesiones que tuvo lugar  el 17 de diciembre del 2015, el Grupo de Trabajo sobre Detención  Arbitraria de la ONU, pidió al Estado Mexicano realizar una  investigación efectiva en torno a los actos de tortura y malos tratos  contra la defensora Nestora Salgado.
 
Además de pedir que los responsables de su tortura sean llevados ante la justicia, también pidieron la reparación integral del daño, entre las que se solicitaron medidas de restitución, rehabilitación y no repetición, entre otras.
 
En la video llamada, la activista Nestora Salgado, dijo al relator que el gobierno mexicano, tanto el federal como el estatal, han sido omisos para implementar dichas recomendaciones y pese a que obtuvo su libertad, el Fiscal de Guerrero, apeló la sentencia.
 
Ante esta situación, pidió al relator que durante la reunión que sostendrá en el contexto de esta visita a México, y concretamente con el Fiscal de Guerrero, le solicite información sobre su caso “y lo exhorte a  desistir de dichas apelaciones, pues como la ONU lo ha reconocido,  cuando Nestora Salgado fue detenida, se encontraba desempeñando sus funciones como Coordinadora de la Policía Comunitaria de su comunidad”.
 
En tanto, quienes integran la Policía comunitaria, expresaron, su preocupación y descontento por la falta de garantías de seguridad por parte del gobierno federal y estatal para que Nestora García pueda regresar a México, “sin que su vida e integridad física corran peligro”.
 
El Coordinador actual de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Olinalá, Guerrero, Bernardo Ayala, externó al Relator de la ONU su preocupación por la persistente criminalización contra la CRAC-PC pues además de que existen policías  comunitarios que permanecen en prisión, también tienen conocimiento de  que existen órdenes de aprehensión contra otros integrantes de la  policía comunitaria, dice el comunicado.
 
Cabe recordar que Nestora Salgado fue detenida de manera arbitraria el  21 de agosto de 2013, permaneció en prisión durante 2 años y 8 meses. Actualmente reside en Estados Unidos desde donde, junto con  activistas de Latinoamérica, visibiliza las violaciones a los Derechos  Humanos en México y contra las personas migrantes en Estados Unidos.
 
17/LGL
 

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos (DH), Michel Forst, hizo un llamado a las autoridades mexicanas para proteger y garantizar en las mejores condiciones el trabajo de las personas defensoras de DH en el país.
 
El relator estará en México del 16 al 24 de enero como parte de una visita oficial para evaluar el estado de los DH, empoderar a las personas defensoras y brindar recomendaciones a las autoridades mexicanas.
 

Michel Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos | CIMACFoto: César Martínez López

Durante el foro “Personas Defensoras de Derechos Humanos: retos y experiencias”, Michel Forst exhortó al gobierno mexicano a reivindicar la labor de las personas defensoras y no obstaculizar su trabajo.
 
Por su parte, el representante en México de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, manifestó su preocupación ante las agresiones que enfrentan las personas defensoras del país, tales como hostigamientos, amenazas, criminalización, campañas de desprestigio, e incluso asesinatos, que en la mayoría de los casos, son cometidas por funcionarios públicos, aseguró.
 
Por ello, pidió prestar particular atención y protección a las personas defensoras de los derechos de las mujeres, de la comunidad LGBTTTI, las personas migrantes y provenientes de sectores rurales, así como generar mecanismos de protección desde una perspectiva de género.
 
En 2016, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT), registró el asesinato de 47 personas defensoras de DH, entre ellas seis mujeres.
 
Entre las participantes del foro se encontraba la integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, Bettina Cruz, quien compartió que a lo largo de su experiencia como defensora ha sido víctima de comentarios y prácticas misóginas y machistas.
 

Bettina Cruz es integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec | CIMACFoto: César Martínez López

“Se nos dice que las mujeres no debemos estar afuera de la casa, que no debemos luchar”. Agregó que es constante que a las defensoras las amenacen con dañar a sus familias o las criminalicen de delitos que no cometieron con el fin de silenciarlas.
 
De acuerdo a información recogida por Front Line Defenders en 2015 fueron asesinados ocho activistas: Alberto Almeida, Gustavo Alejandro Salgado Delgado, Julián González Domínguez Miguel Ángel Jiménez Blanco, Norma Angélica Bruno Román, José Isabel Cervantes Ángeles, el periodista Rubén Espinosa Becerril y Nadia Dominique Vera Pérez, estos dos últimos asesinados junto con tres mujeres más.
 
Ante la presencia del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, un grupo de madres de personas desaparecidas lo arremetieron para pedirle justicia para sus hijos.  
 
Le recordaron al secretario y al relator especial de la ONU que ante la falta de trabajo de las autoridades mexicanas para dar respuesta y buscar a sus hijos, han tenido que sustituirlos y convertirse en defensoras, por lo cual pidieron garantizar su protección.
 
También el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió al secretario de Gobernación generar una campaña nacional para promover la labor de las personas defensoras de DH y reconocer el papel que tienen para consolidar el Estado de Derecho en México. 
 
Las personas defensoras que estuvieron presentes reconocieron que la intervención de instancias internacionales como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) son clave para la protección de su trabajo e investigación de los casos de agresiones en su contra, que en su mayoría quedan impunes.

foro “Personas Defensoras de Derechos Humanos: retos y experiencias” | CIMACFoto: César Martínez López

El relator especial, Michel Forst presentará sus hallazgos y recomendaciones preliminares en una conferencia de prensa el martes 24 de enero, mientras el informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2018.
 
17/HZM/KVR