24A

Miles de mujeres habremos de parar actividades este 8 de marzo ante el llamado a un Paro Mundial de Mujeres.
 
Al igual que el 24A o el 25N, este 8 de marzo 8M, el mundo se cimbrará con el reclamo de las mujeres que hará huelga o paro, de acuerdo a la región.
 
Las demandas y denuncias serán también enfocadas en relación a los tipos de discriminación y violencia que cada grupo de mujeres esté sintiendo que le afecta con mayor magnitud.
 
En Sonora la violencia feminicida no da tregua. El 2017 se ha presentado como un año violento en general, pero especialmente para las mujeres, pues en dos meses se presentaron once eventos en donde la vida de las mujeres quedó comprometida.
 
Siete de los casos terminaron con la existencia de las mujeres, y cuatro más quedaron heridas de muerte, sin que tengamos información de si lograron sobrevivir o están muertas.
 
A diferencia del año pasado, que documentamos dos casos, febrero de 2017 se ensañó contra las mujeres, pues cinco murieron víctimas de feminicidio, pero otras cuatro se vieron de pronto en una lucha por conservar la vida, a pesar de las heridas.
 
Los lugares  en los que se produjeron las muertes son el municipio de Cajeme con tres casos, Poblado Miguel Alemán con un caso, y Nogales con otro caso más.
 
El arma de fuego estuvo presente en cuatro de ellos y un feminicida utilizó el cuchillo para asesinar a su pareja.
 
Las armas cada vez de más alto poder, son las protagonistas este año. En 2016 documentábamos que el uso de las armas de fuego se presentaba en más de la mitad de los casos.
 
Pero este año también en el feminicidio en grado de tentativa, éstas fueron el vehículo para intentar el asesinato.
De cuatro casos ocurridos en los municipios de Navojoa, Empalme, Cajeme y Guaymas, en tres de ellos estuvo involucrada un arma de fuego.
 
Eso significa que solo durante febrero tuvimos nueve casos de violencia feminicida, en los que 5 mujeres perdieron la vida y 4 estuvieron a punto de ello.
 
En total, siete de los eventos estuvieron caracterizados por el disparo directo del arma de fuego en contra de las mujeres.
 
Esto difiere de los eventos del pasado en donde las pistolas, metralletas y otros instrumentos antes de uso exclusivo de las fuerzas armadas, estaban presentes en regiones de combate al crimen organizado.
 
Las mujeres y niñas eran víctimas indirectas al quedar en el fuego cruzado, más eso no ocurría en el estado de Sonora.
 
Por su parte, el mes de enero de 2017 tuvo la misma incidencia que el año pasado con dos casos, una asesinada por golpes y otra por arma de fuego.
 
Ambas en el municipio de Cajeme ubicado al sur del Estado, y para el cual organizaciones de la sociedad civil solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) el mayo de 2015.
 
Por ello es que en Sonora se escogió el Alto al feminicidio como consigna del paro-concentración-marcha del 8 de marzo.
 
Hay un desconcierto por una política estatal no clara para atender los casos de desapariciones de mujeres, no obstante que puntualmente se cumplió la recomendación sobre AVG de implementar un protocolo para búsqueda de mujeres desaparecidas.
 
Las 768 mujeres que se registraron como desaparecidas en Sonora de enero de 2014 a agosto de 2015 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), ponen a la entidad en el tercer lugar nacional después de Jalisco y Veracruz.
 
Y si bien hay un esfuerzo y compromiso por mejorar las técnicas de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, los casos en aumento nos siguen indicando que algo falta.
 
No solo se siguen presentando, sino que están modificando su estructura, pues el incremento en el uso directo del arma de fuego contra las mujeres habla de un descontrol en la capacidad de técnicas de inteligencia para estimar la magnitud de la población armada en nuestra entidad.
 
La Seguridad Pública no ha hecho lo propio para cumplir la dimensión de prevención, ordenada por la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Sonora.
 
Es como si los esfuerzos caminaran por detrás de la realidad, cuando ésta ya nos ha rebasado, pues otro fenómeno que se ha presentado son los suicidios dudosos.
 
El caso de Linda Jocellyne en Guaymas, que se determinó como suicidio, mantiene en la mira los métodos judiciales, pues su familia no ha quedado conforme con esa resolución, por las irregularidades presentadas durante las investigaciones.
 
Es un caso pendiente para la sociedad guaymense que se manifestó en el Ministerio Público en apoyo a la familia que dolida imploraba una investigación profunda de los hechos, en donde estuvo involucrada la pareja de la chica, y a quien se le creyó sin más,  la versión del ahorcamiento de su pareja.
 
Por las víctimas de feminicidio, que como aquellas mujeres de la fábrica textil en Nueva York el 8 de marzo de 1911 murieron quemadas por la discriminación laboral, hemos de parar.
 
Para visibilizar todas las formas de violencia que sufren las mujeres del Estado que según la ENDIREH 2011 ocupa el primer lugar en violencia en el noviazgo, pararemos y marcharemos este 8 de marzo. Explanada del museo y biblioteca de la Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora.
 
*Periodista integrante de la Red Nacional de Periodistas y directora del blog Mujer Sonora http://mujersonora.blogspot.mx/
Twitter: @mujersonora
 
17/SNE/GG

En el año que concluyó, dos casos de acoso sexual hicieron eco a la situación que enfrentan miles de mexicanas. En marzo de 2016, la periodista Andrea Noel, fue agredida en la colonia Condesa de la capital por un sujeto que le subió la falda y bajó su ropa interior.
 
En el mismo mes, la estudiante universitaria, Gabriela Nava denunció a un hombre que grabó bajo su falda en el transporte público mientras se dirigía a la Facultad de Estudios Superiores Acatlán. Ambas presentaron denuncia penal pero fueron responsabilizadas de los hechos.
 
Por denunciar Andrea y Gabriela recibieron ataques en redes sociales, incluso a la periodista la amenazaron de muerte. Ante los hechos se unieron para crear la campaña virtual “#NoTeCalles”.
 
Mediante un video pidieron a las mexicanas alzar la voz y denunciar a sus agresores, pero también relataron la ineficiencia de las autoridades mexicanas al investigar y castigar a los responsables.
 
Fue a través de las redes sociales que las mujeres comenzaron a denunciar, meses después, alumnas del Teatro Enríquez Lizalde realizaron protestas en contra de su director. Otras seis alumnas de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) denunciaron a sus agresores.
 
Ninde Molre difundió en Twitter la foto de su pantalón, donde un hombre en el metro eyaculó; una alumna de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) acusó de violencia familiar y laboral al titular de la Defensoría de Derechos Universitarios de la institución. Las mujeres ya no estaban dispuestas a callar.
 
Para el 24 de abril de 2016, las mexicanas organizaron una manifestación en 27 estados del país a la que llamaron “Primavera Violeta”, fue así como denunciaron el acoso callejero y la violencia machista. 
 
La marcha #24A –como se etiqueto en redes sociales– logró ser una de las movilizaciones feministas más importantes del país.
Mientras que en Facebook y Twitter con la etiqueta #MiPrimerAcoso las mexicanas relataron abiertamente la primera vez que sufrieron un acoso sexual.
 
La denuncia pública a través de las redes sociales se convirtió en una herramienta clave para demostrar lo común que es el acoso sexual.
 
La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) define el acoso sexual como una forma de violencia en la que, si bien no existe subordinación de la víctima, hay un ejercicio abusivo de poder, que la coloca en un estado de abandono y riesgo.
 
En México, 63 de cada 100 mujeres de 15 años y más, experimentaron un acto de violencia psicológica, física, sexual, económica y patrimonial, reportó en 2015 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi).
 
AÑO DE PROTOCOLOS
 
Como respuesta a las protestas y denuncias, las autoridades de Gobierno e instancias públicas comenzaron a atender casos de víctimas de acoso sexual.
 
Luego de la protesta #24A, el Gobierno de la capital en colaboración con el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (Inmujeres CDMX) y ONU Mujeres anunciaron la “Estrategia 30-100”; con acciones que harían frente al acoso callejero.
 
Una de las estrategias que más llamó la atención fue la entrega de silbatos en el transporte público para que las mujeres silbaran cuan-do fueran agredidas. Con esta acción se pretendía que las capitalinas viajarán seguras en el transporte público.
 
Por su parte, el Inmujeres CDMX informó que se detuvieron a alrededor de 178 personas por casos de acoso sexual, es decir, casi 2 agresores diariamente.
 
Ante esta táctica, las críticas fueron duras, el Observatorio de la Estrategia 30-100 -conformado por organizaciones civiles como Equis Justicia para las Mujeres y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE)- acusó a las autoridades de mandar a conciliación a la mitad de los casos de acoso y no estructurar acciones que estén a la altura de la problemática.
 
Universitarias también denunciaron el acoso que sufren dentro de las escuelas. En la UNAM varios grupos pidieron a la institución tomar acciones ante la violencia de género.
 
Por su parte las alumnas de la UAM-Unidad Xochimilco crearon el “muro del acoso”, donde denunciaron anónimamente a distintos profesores.
 
Ante la movilización estudiantil, el 29 de agosto de 2016, la UNAM presentó el “Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género” que atiende casos de acoso y hostigamientos dentro de la máxima casa de estudios.
 
Sin embargo, las alumnas siguen enfrentando obstáculos al realizar su denuncia. Se espera que otras universidades del país se unan a este Protocolo y atiendan los casos de violencia de género.
 
Debido al aumento de agresiones sexuales que no sólo ocurren en la calle o en universidades, el pasado 31 de agosto el Gobierno federal publicó en el Diario Oficial el “Protocolo para la prevención, atención, investigación y sanción de conductas de hostigamiento y acoso sexual”, dirigido a dependencias y entidades de la administración pública federal, ante el acoso sexual que también enfrentan las servidoras públicas.
 
DELITO IMPUNE
 
A pesar del aumento de violencia sexual, en 12 estados del país no consideran como delito el acoso sexual, por lo tanto, no existen cifras oficiales sobre la incidencia a nivel nacional en el tema.
 
La LGAMVLV solicitó a los gobiernos crear mecanismos que favorezcan la erradicación de acoso en escuelas y centros laborales públicos, mediante acuerdos y convenios con las instituciones para sancionar esos ilícitos.
 
También mencionaron que las autoridades están obligadas a brindar atención psicológica, legal especializada y gratuita, a quienes fueron víctimas de hostigamiento o acoso sexual; además de sancionar al agresor.
 
En los 20 estados donde sí se tipifica el acoso sexual, no existe una sanción homologa. Campeche, Coahuila y Oaxaca tienen tipificado al acoso como “asedios reiterados”, mientras que en la Ciudad de México se castiga “a quien solicite favores sexuales para sí o para una tercera persona o realice una conducta de naturaleza sexual indeseable para quien la recibe, que le cause un daño o sufrimiento psicoemocional que lesione su dignidad”.
 
En Aguascalientes y Sinaloa, el acoso sexual se contempla como “atentados al pudor” y en el resto de los estados está estipulado como “delitos contra la libertad y el desarrollo psicosexual de las personas”.
 
17/ HZM/KVR