Secretaria de Hacienda

Sin duda el mejor homenaje que se le puede hacer a la Mujer Trabajadora mexicana en su día es luchar por mejorar su situación económica, su autonomía. No sólo implica los ingresos que obtiene en el mercado laboral, tener un trabajo digno, disponer de vivienda, acceso al agua y a la tierra. También es igual de importante que las condiciones del país y su entorno mejoren.
 
TRABAJADORAS MEXICANAS: CONDICIONES Y ENTORNO
 
La situación  que hoy está viviendo el país –tanto en el económico como en lo social- es producto de varios factores y aquí mencionaremos algunos de ellos.

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La pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que no se recupera desde la crisis de 2008 y que, por el contrario, con los actuales niveles de inflación se han acentuado, creando enojo y descontento en la mayoría de la población trabajadora. Tampoco hay crecimiento económico y la violencia contra las mujeres sigue incrementándose. (Ver gráfica)
 
Según Inegi, en febrero de este año la inflación anual no subyacente fue de 7.40 (incluye la variación en los precios de: agropecuarios, energéticos y tarifas autorizadas por el Gobierno).  Una cifra que supera con mucho la meta que se planteó Banco de México (Banxico), que para este año es de un rango de 3 a 4 por ciento. Ese rango se convierte en el “tope salarial” para las revisiones contractuales y obviamente la inflación actual ya se comió los incrementos salariales, tanto el del salario mínimo como los contractuales que se dieron o los que se vayan a dar.
 
Conforme a los datos de Coneval, el ingreso laboral per cápita en 2005 (deflactado por el valor de la canasta básica), era de 2 mil 068.79 pesos; para 2016 ya había disminuido a 1 mil 567.85 pesos. Una caída del 32 por ciento, y conste que la canasta básica es prácticamente de supervivencia.
 
Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya anunció que no habrá un incremento salarial de emergencia.
 
MEDIOCRE CRECIMIENTO
 
El crecimiento de la economía tampoco ayuda, son prácticamente 30 años con un crecimiento muy mediocre. Conforme a la información generada por Inegi el crecimiento anual del PIB en el 4to trimestre de 2016 fue de 2.3; solamente las actividades primarias tuvieron un crecimiento superior (4.1 por ciento).
 
Sin embargo el PIB por habitante (per cápita) en 2016 tuvo un descenso de 10.1  por ciento, respecto a 2015, según Inegi.
 
Para este año las últimas previsiones de la Secretaría de Hacienda sobre el crecimiento de la economía son de apenas un 1.5, pero algunas instituciones privadas lo han disminuido al 1.4 por ciento. Por su parte, Banxico proyecta un crecimiento del PIB en un rango que va del 1.3 al 2.3 por ciento, desgraciadamente con muchas posibilidades de que quede en 1.3. 
 
TRUMP Y LA INCERTIDUMBRE
 
Este panorama se vuelve más complejo por la incertidumbre que generan dos elementos muy importantes: la posible renegociación del TLCAN y la política fiscal que ha anunciado Donald Trump para Estados Unidos y que implica una disminución en los impuestos a las empresas. Además está la depreciación del peso, respecto al dólar, causado en buena medida por la posición de Estados Unidos.
 
Esto provocaría que en México también se hiciera una reforma fiscal, porque si las empresas van a pagar menos impuestos allá, emigran hacia ese país, lo que desalienta la inversión extranjera directa. Justamente ese es el objetivo de Trump, que las empresas no emigren hacia otros países y se queden en Estados Unidos.
 
Respecto a la posible renegociación del TLCAN, se prevé que ésta sea hasta el segundo semestre del año y las condiciones no son precisamente las mejores, entre otras razones por la posición tan agresiva hacia México que hasta ahora tiene el presidente Trump y su equipo de trabajo.
 
Según Enrique Peña Nieto esta renegociación debe incluir temas laborales y de medio ambiente, las dos cosas que detestan Trump y su equipo, y defensa de la soberanía respecto al Estado de derecho (¿cuál?). El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, afirma que México se retiraría de las negociaciones si Estados Unidos propone aplicar aranceles a los productos mexicanos. Incluso el Gobierno anunció que México podría abandonar el Tratado si no consigue buenas condiciones para la economía del país.
 
En este sentido hay una propuesta que es particularmente peligrosa para la producción nacional: el llamado BAT (tarifa de ajuste fronterizo), que castigaría todas las importaciones que realizaría Estados Unidos, provenientes de México.
 
POLÍTICA MONETARIA
 
Por lo que concierne a la política monetaria de Banxico –como parte de sus funciones- emitió un comunicado el pasado 21 de febrero para proteger el peso y a las deudas que tienen en dólares las empresas mexicanas, sin tener que perder tantas reservas internacionales como lo había venido haciendo, por cierto sin mucho éxito.
 
Es un programa de coberturas cambiables, liquidables al vencimiento por diferencias en moneda nacional. El monto del programa será hasta 20 mil millones de dólares. 
 
SEPARACIÓN DE FAMILIAS
 
En vía de mientras, las expulsiones (deportaciones) de los migrantes mexicanos continúan, en un clima de violencia y terror provocado por Trump. Está obligando a las familias con hijas e hijos nacidos allá (y que no tienen regularizada su situación migratoria) a  visitar a los conocidos o familiares que sí están regularizados, para pedirles de favor que, en caso de ser deportados, adopten a sus hijos. Hay aproximadamente más de 4 millones hijos de mexicanos, nacidos allá.
 
Estas visitas las realizan de uno en uno, temen salir en grupos porque aumentan las posibilidades de ser atrapados por la Migra y deportarlos. Ya es que el Gobierno estadounidense, cuando realiza las deportaciones, da en adopción a sus niñas y niños, Sus madres y padres nunca los vuelven a ver, aunque regresen a ese país.
 
Una crisis humanitaria que amerita la defensa de los derechos humanos de los y las migrantes mexicanos, de manera urgente. Esas Mujeres migrantes –mexicanas o centroamericanas- requieren de más apoyos. Ellas están activas, luchando por sus derechos, a pesar de la pasividad del Gobierno de México.
 
* Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
 
17/CRPM/GG
 

En las protestas sociales y manifestaciones en las calles, donde hay intervención de agentes policiales o fuerzas de seguridad como las ocurridas esta semana en México, las mujeres se exponen a distintas formas de violencia –incluida el abuso y violación sexual–, alertaron organizaciones sociales y organismos internacionales.
 
A partir del anuncio que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) hizo sobre el aumento en los precios de la gasolina, que ascendió 20 por ciento, desde el 1 de enero de 2017, grupos de la sociedad mexicana manifestaron su descontento y rechazo de estas políticas con diversas protestas, bloqueos de carreteras y tomas simbólicas de gasolineras en varios estados del país.
 
En medio de estas protestas, organizaciones civiles como el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS), expresaron su preocupación por las actuaciones de agentes policiales contra las personas manifestantes.
 
Se reportaron detenciones arbitrarias, uso de gas lacrimógeno y equipo antimotines, lo cual, de acuerdo con las organizaciones atentan contra la plena garantía de la libertad de expresión.
 
Aunado a ello, como lo indicó el Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) en su informe de 2015 “Tortura Sexual en México. Contextos, prácticas e impactos”, la represión y criminalización contra los manifestantes, así como cuando las mujeres son detenidas, la violencia contra ellas tiene rasgos sexuales y discriminatorios relacionados a su género.
 
El uso de la violencia sexual es una práctica común de represión contra las mujeres que se manifiesta en México, destacó el informe. Este incluye actos específicos contra ellas como intimidar, humillar, castigar, degradar, controlar y hasta la violación sexual.
 
El informe retomó el caso de San Salvador Atenco en el Estado de México en 2006, cuando Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y ordenó el operativo policiaco contra los habitantes que apoyaban a un grupo de floricultores que fueron desalojados.
 
Como resultado 26 mujeres denunciaron que fueron víctimas de violencia sexual por policías, quienes dijeron que eso sucedía por “no haber permanecido en su casa”, el informe observó que estas expresiones están asociadas con el rol que se atribuye a las mujeres en el hogar.
 
Las humillaciones y abusos verbales de naturaleza sexual siempre están presentes; en el caso de las mujeres de Atenco a muchas de ellas los policías se referían con frases misóginas y discriminatorias. 
 
En otros casos, durante la represión de las mujeres son obligadas a desnudarse, como otra forma de “disponer de su cuerpo” para demostrar la superioridad de los hombres, señaló el informe.
 
Por ejemplo, el 20 de noviembre de 2014, en la marcha para exigir la aparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos ese año, la joven de preparatoria, Liliana Garduño Ortega tomó fotografías y fue detenida al costado de Palacio Nacional por elementos de la policía Federal, quienes la golpearon y trataron de arrancarle la ropa, rompiendo su sostén.
 
Además el informe sobre “Seguridad Ciudadana y Derecho Humanos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH) de 2009, apuntó que es recurrente que las autoridades estatales incumplan la averiguación de los casos de violencia contras las mujeres en protestas, por lo cual, pide a los gobiernos establecer un sistema de sanciones administrativas para las fuerzas policiales con instructores independientes.
 
La CIDH indicó que, de lo contrario, la impunidad de los delitos cometidos envía un mensaje de que “la violencia contra la mujer es tolerada”. Lo cual favorece la perpetuación y la aceptación social del fenómeno, la inseguridad y la desconfianza hacía las autoridades.
 
Esta política pública de seguridad ciudadana subraya que los estados tiene la obligación de prevenir y, en su caso, controlar cualquier uso abusivo de la fuerza que vulnere cualquier persona en manifestaciones públicas, y en específico a grupos vulnerables como las mujeres.
 
Además tienen la obligación de garantizar el derecho a la vida, integridad física o libertad personal de las mujeres.
 
En el caso de recientes saqueos a tiendas departamentales acontecidos en los municipios de Naucalpan y Nicolás Romero, en el Estado de México, el Centro de Derechos Humanos, Zeferino Ladrillero alertó de la posible intervención de provocadores e infiltrados como parte de una estrategia gubernamental para intimidar las protestas y causar inconformidad en la población.
 
Por ello, el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social (FLEPS) hizo un llamado a las autoridades tanto a nivel nacional, estatal y municipal, a cumplir con sus obligaciones y respetar el ejercicio de la libertad de expresión.
 
Asimismo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) enviar personal a su cargo para monitorear y vigilar el desarrollo de las protestas con el fin de evitar cualquier acto u omisión que vaya en contra de la seguridad de los manifestantes.
 
17/HZM/KVR