Derechos de las Mujeres

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NACIONAL
VIOLENCIA
   En 4 años solo 335 sentencias por feminicidio
“No hay mecanismo para evaluar impacto de AVG”: México ante CEDAW
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/04/2018

De cara a la 9ª evaluación de México ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las expertas de la ONU requirieron al Estado mexicano información complementaria sobre impartición de justicia en casos de feminicidio y los resultados de la Alerta de Violencia de Género (AVG), a lo que el gobierno respondió que “no existe un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG” y que de 2013 a 2016 se han dado solo 335 sentencias por dicho delito.

Estas aclaraciones e información adicional –entre otra sobre datos de aborto, acceso a la información, migración de mujeres- que pidieron las expertas que integran el Comité de CEDAW son dudas surgidas del informe que como cada cuatro años entregó el Estado mexicano en diciembre de 2016, y fueron solicitadas luego de una sesión de trabajo que mantuvieron en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza.

El pasado 26 de marzo el Estado mexicano respondió al Comité a través de un informe -sin desglosar la información de las víctimas, victimarios, las condiciones y entidades donde ocurrieron tal como lo pidió CEDAW- que en cuatro años (2013 a 2016) se abrieron 2 mil 157 carpetas de investigación o averiguaciones previas por feminicidio.

De estos casos, destaca que un 34 por ciento ocurrieron en 2015 (730 en total), colocándose como el año con mayor número de carpetas o averiguaciones registradas por feminicidio.

Sin embargo, al hablar del avance de impartición de justicia, en el mismo periodo, el número de personas procesadas por feminicidio se reduce alrededor de la mitad, a mil 207; al llegar a las sentencias disminuye aún más, solo se reportan 335.

A pesar de que el Estado mexicano indicó en el documento dirigido al Comité de CEDAW que las entidades federativas “no tienen instituciones capaces de enfrentar la violencia de género”, no detalló las barreras que impiden al mecanismo de la Alerta de Género tener resultados como se requirió. Esto se debe a que “no existe aún un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG”, indicó el Estado.

Respecto al bajo número de sentencias por feminicidio, el Estado mexicano argumentó que “el proceso de procuración e impartición de justicia en México es largo” y los casos que tienen una sentencia es porque “ya han recorrido un largo camino”; y aceptó que “todavía se tiene un registro incompleto sobre el número de casos de feminicidio”.

Otras cuestiones en materia de violencia contra las mujeres que el Comité de CEDAW pidió que fueran aclaradas por el Estado mexicano antes de la evaluación prevista del 2 al 20 de julio, quedaron sin respuesta, como las medidas que se han tomado para erradicar la mala investigación de los asesinatos de mujeres específicamente en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez.

El Estado mexicano únicamente describió en el informe complementario los sistemas de recolección de datos sobre casos de violencia de género que han implementado algunas de estas entidades, pero que se han hecho como parte de las acciones que deben cumplir por una solicitud de AVG.

Ahora, en julio próximo toca a las expertas de CEDAW evaluar y emitir una serie  recomendaciones al Estado mexicano las cuales deberá atender de forma obligatoria.

Para contrastar la información oficial sobre la situación de los derechos de las mexicanas hasta ahora tres organizaciones civiles han presentado informes alternativos a CEDAW, en temas como derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia y violencia familiar.

18/HZM/LGL








INTERNACIONAL
Aborto
   Organizaciones piden reabrir debate legislativo
   
Entregan firmas a Asamblea Legislativa de El Salvador para despenalizar aborto
Imagen retomada de Cladem
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 26/03/2018

La “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” junto con más de 30 organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones seguras a las mujeres.

En entrevista con Cimacnoticias, la representante de la “Agrupación Ciudadana”, Morena Herrera, comentó que la semana pasada se entregó una carta con más de 200 mil firmas ante la Asamblea Legislativa para exigir que la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales genere un dictamen favorable para despenalizar el aborto.

Actualmente hay dos iniciativas, una que demanda reformar el Código Penal (CP) para armonizarlo con la “Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres” y la “Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la discriminación contra la Mujer” y que pide la despenalización por 4 causales.

La segunda iniciativa solicita reformar el CP, con base en los Artículos 1 y 2 de la Constitución Política del país, donde se “refieren a la vida como un derecho fundamental garantizado a toda persona” y se reconoce a “todo ser humano desde el instante de la concepción”…()… “con el fin de proporcionar la pena de violación a un bien jurídico digno de tutela penal como es la vida prenatal”, que penaliza a quienes faciliten los medios para llevar a cabo un aborto.

La primera iniciativa – presentada por la diputada del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FFMLN), Lorena Peña- plantea anexar al artículo 133 del Código Penal un apartado “A”, el cual permita legalizar el aborto con el consentimiento de las mujeres en cuatro causales:

cuando corra riesgo su vida (para este efecto deberá presentarse un dictamen médico con el consentimiento de la mujer); cuando el embarazo sea producto de una violación sexual o trata de personas; cuando exista malformación del feto que haga inviable la vida extrauterina; y en el caso de menores de edad, por violación y estupro, el cual podrá ser realizado con consentimiento de la menor de edad con autorización de sus padres o tutores legales, de acuerdo con lo establecido en el Art. 18 de la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Lepina).

La segunda iniciativa –presentada por el diputado de la Alianza Republicana Nacionalista, (ARENA) Johnny Wright- propone reformar el texto del artículo 133, de la siguiente forma: “El que provocare un aborto con el consentimiento de la madre o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otra persona se lo practicare, serán sancionados con prisión de treinta a cincuenta años”.

Al artículo 139 del CP, se añada que de las “lesiones descritas” en el Art. 133 cuando estas “se produjeren como consecuencia del ejercicio de una profesión o actividad médica o paramédica, se impondrá, además la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de tal profesión o actividad por un término de seis meses a dos años” se excluya de la penalización a las mujeres en gestación.

La propuesta también propone reformar los artículos 373 y 374 del CP para sancionar a las personas que de manera ilegal vendan o suministren sustancias o productos que provoquen la interrupción del embarazo, con penas de 1 a 3 años de prisión.

En el caso de las personas que anuncien procedimientos, medicamentos, sustancias y objetos destinados a provocar aborto no serán multados económicamente, sino sancionados con prisión de 6 meses a 2 años.

Las dos inactivas deberán ser aprobadas por la Asamblea Legislativa para que entren en vigor ocho días después en el Diario Oficial.

PROHIBICIÓN TOTAL IGUAL A MUERTE MATERNA

La defensora Moreno Herrera dijo que la prohibición absoluta del aborto ha conllevado a un aumento en los números de mortalidad materna. “Cuando el embarazo es producto de una violación el Estado obliga a las mujeres a seguir con el embarazo. El envenenamiento y el suicidio son las primeras causas indirectas de muerte materna en adolescentes”.

Cabe recordar que el aborto en este país estaba permitido hasta 1998 (cuando se reformó el Código Penal para penalizarlo) por 3 causales: por violación o estupro, riesgo para la vida y por malformación grave del feto.

A la par, en 1999, se reformó el artículo 1º de la Constitución salvadoreña para reconocer “a la persona humana desde la concepción.”

En 2016, de acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil del país, se recibieron 3 mil 947 denuncias por delitos sexuales: 47 fueron por violaciones, la mayoría de ellas correspondían a menores de15 años de edad.

Morena Herrera señaló que la Unión Médica Salvadoreña por la Salud y vida de las Mujeres -agrupación de médicos y médicas de diversas especialidades-  se ha incorporado a la labor de generar y difundir información científica que explique el impacto de la penalización absoluta del aborto y la necesidad de cambiar la Ley.

Esta Unión Médica, dijo, ha realizado conversatorios con profesionales de la salud -nacionales e internacionales- para exigir crear leyes que garanticen la seguridad jurídica de su profesión. De acuerdo con el Artículo 135 del CP se  penaliza de 6 a 12 años de prisión e inhabilitación de sus facultades al médico o personas auxiliares que realicen un aborto.

La Agrupación Ciudadana exigió al Estado salvadoreño garantizar a las mujeres respeto, protección y garantías de sus Derechos Humanos, así como la libertad inmediata de todas las mujeres encarceladas por cargos relativos a complicaciones del embarazo y garantizar a todas las mujeres el acceso a un aborto seguro y legal en las cuatro causales propuestas.

RESTRICCIONES NO ABATEN CIFRAS

La organización internacional Amnistía Internacional estima que al menos 27 mujeres continúan encarceladas por tener un aborto. “Las castigadas proceden, de manera desproporcionada, de entornos empobrecidos, en los que apenas tienen acceso a educación, atención médica o justicia”.

La organización explicó que las mujeres con abortos espontáneos o por complicaciones son “habitualmente sospechosas de haberse practicado un aborto. Los fiscales suelen acusarlas de homicidio u homicidio agravado”, delitos con pena de prisión de hasta 50 años.

La investigación “Excluidas, Perseguidas, Encarceladas: Impacto de la criminalización del aborto en El Salvador” realizada por la “Agrupación Ciudadana por la despenalización del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico” evidenció que de 2000 a 2011, 129 mujeres fueron procesadas por aborto u homicidio agravado, 88 tenía entre 18 y 25 años.

De los 129 casos, la mayoría de las denuncias provenían de hospitales públicos o del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) con 74; 13 por vecinos; 11 por la familia directa y 6 por anónimos.

La investigación revela cómo la criminalización absoluta del aborto genera estigmas contra las mujeres y violaciones a sus Derechos Humanos en tres niveles: el sector de salud, judicial y penitenciario. “El estigma que existe alrededor del aborto ha hecho que deje de considerarse como una práctica médica necesaria en determinados casos”.

Al ser considerara una práctica ilegal, no se tienen registros del número de muertes por complicaciones en el embarazo o abortos, señala el estudio.

18/AEG/LGL








INTERNACIONAL
VIOLENCIA
   Abre la puerta a la conciliación, advierten
Organizaciones guatemaltecas exigen a Congreso parar Ley de delitos de violencia sexual
Imagen retomada del portal Indymedia.org
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2018

Organizaciones de mujeres guatemaltecas demandaron al Congreso de aquel país retire de la agenda legislativa la iniciativa 5385 “Ley de Creación de Procedimientos para Delitos de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas” y sea declarada con “dictamen desfavorable” por la Comisión de Reforma al Sector Justicia –institución encargada del análisis y dictámenes de iniciativas-.

En un comunicado, la organización “Mujeres Transformando el Mundo” junto con otras organizaciones de mujeres rechazaron la iniciativa de Ley –presentada por el Congreso de Guatemala en 2017- porque violenta los derechos de las víctimas, limita su participación en el proceso penal, vulnera su acceso a la justicia y favorece al agresor con la reducción de la pena.

Además consideraron que esta Ley “Abre las puertas a procedimientos conciliadores que benefician al agresor sexual, tratante y explotador sexual” pues “la voz de las víctimas permanece silenciada y sólo se escucha al agresor”, dejando a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

El proyecto plantea implementar el Procedimiento Alternativo por el Simplificado –Decreto 51-95, del Código Penal para resolver este tipo de delitos en un mínimo de dos audiencias (primera declaración y audiencia de procedimiento alternativo) de las cinco ya destinadas en un periodo menor de 12 meses (tiempo estimado en el CP) y limitar el plazo para el “ofrecimiento de pruebas”.

Lo anterior con el objetivo de dictaminar una sentencia sin etapa de juicio, la cual deberá ser decretada por el Ministerio Público y posteriormente por un juez. Para ello el MP tendrá que realizar una investigación preliminar, que sea “clara, completa y congruente con los hechos atribuidos al sindicato y la adecuación de calificación jurídica”.

Sin embargo, las organizaciones de mujeres concluyeron que las razones de la iniciativa de Ley no justifican su aplicación en este tipo de delitos –violencia sexual, explotación sexual y trata de personas- que son considerados por la Comisión contra la Tortura (CAT) como “delitos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes” y reiteraron que ya existe una normativa que rige este tipo de delitos. 

Debido a lo anterior, las organizaciones evaluaron que este procedimiento propicia la impunidad al centrase en el “beneficio” del agresor y no de la víctima, lo cual, reconocieron, lleva hacia un retroceso de más de 20 años de trabajo de las organizaciones, funcionarias y la sociedad civil, en la creación e implementación de leyes que garanticen a las mujeres el acceso a la justicia.

Desde meses anteriores las organizaciones han dicho que de aprobarse esta normativa se violentarían las Convenciones internacionales ratificadas por el Estado de Guatemala: Convención para la Eliminación de todas las formas De Discriminación contra la Mujer, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres, entre otras.

Las organizaciones advirtieron que esta Ley “es una respuesta misógina a la violencia sexual”, la cual fomenta un sistema de justicia que no “persuade a los victimarios de cometer delitos”, sino termina empoderándolos, “perpetuando así la violencia en contra de las niñas, adolescentes y mujeres”.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas y la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de Guatemala (CEH) durante 2014 la violencia sexual fue l2.38 por ciento de las 42 mil 275 violaciones a los Derechos Humanos registradas. En ese año de los 1 mil 465 casos denunciados sólo se pudieron documentar 285.

Al igual, la ONU consideró que la violencia de género en Guatemala se manifiesta de manera continua en la historia como una herramienta de “subordinación, control de la vida y el cuerpo de las mujeres” sustentada por un “sistema frágil de seguridad y repuestas judiciales que genera impunidad”.  En 2015, el Ministerio Público registro más de 58 mil denuncias sobre violencia contra las mujeres, de las cuales 270 fueron feminicidio.

18/AEG/LGL








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Inicia 62 periodo de sesiones de la CSW en Nueva York
En 217 años podría alcanzarse paridad de género:ONUmujeres
CIMACFoto: Lucía Lagunes Huerta
Por: Lucía Lagunes Huerta, enviada
Cimacnoticias | Nueva York.- 12/03/2018

La subsecretaria de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de ONUmujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka advirtió que ante la desaceleración del progreso en el desarrollo e igualdad, se necesitarán 217 años para alcanzar la paridad de género, por lo que llamó a los líderes mundiales a responsabilizarse de las promesas hechas para alcanzarla.

Durante su mensaje del día de hoy en la inauguracion del 62 periodo de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Estatus de la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés), la directora de ONUmujeres, señaló que de acuerdo con el Informe Global de Brecha de Género, del Foro Económico Mundial para 2017, no sólo existe un estancamiento en el progreso de la humanidad sino que en aquellos espacios ganados hay retrocesos.

De acuerdo con este informe, por primera vez desde el año 2006 se presentó un aumento en la desigualdad y la brecha de paridad en salud, educación, política y el lugar de trabajo.

La directora mundial de ONUmujeres, explicó a la Asamblea de Naciones Unidas, que este panorama de estancamiento y retroceso en la igualdad de las mujeres, hace que, como nunca, exista una urgencia para que los líderes mundiales asuman su responsabilidad sobre las promesas de acelerar el progreso de la humanidad.

Al inaugurar los trabajos de la CSW -que analizará la situación de las mujeres rurales y examinará el papel de los medios de comunicación en la construcción de igualdad para las mujeres y las niñas- Phumzile Mlambo-Ngcuka conminó a la comunidad internacional y en especial a los líderes mundiales, a mirar la CSW como una oportunidad para garantizar los progresos necesarios y crear consensos que sirvan a las mas pobres de entre los pobres.

“Este es un momento decisivo para tomar medidas que respondan al tamaño de los problemas que enfrentan las mujeres que viven en áreas rurales” explicó la directora de ONUmujeres.

Por esta razón este año el enfoque de la Comisión se centró en las mujeres y niñas que viven en áreas rurales, ya que esta es parte integral de la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, puntualizó la subsecretaria de las Naciones Unidas.La pobreza, la desigualdad, la interseccionalidad y el fin de la violencia y la discriminación contra mujeres y niñas, son los mayores desafíos para la humanidad y su progreso al desarrollo sostenido y a la igualdad.

EL MUNDO COME TODOS LOS DÍAS GRACIAS AL TRABAJO DE LAS MUJERES RURALES

En todo el mundo, casi un tercio de las mujeres empleadas trabajan en la agricultura. 400 millones de mujeres son trabajadoras agrícolas.

De acuerdo con la investigación sobre la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenido, preparada especialmente para la 62 sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el estatus de la mujer, 60 por ciento de la fuerza agrícola mundial es femenina.

Sin embargo, el ser mayoría, no garantiza a las mujeres rurales mejores condiciones de vida. De acuerdo con este informe sólo 13 por ciento de las mujeres poseen la tierra que trabajan. Ellas enfrentan desequilibrios de poder que les impiden controlar sus ingresos, sus vidas y sus cuerpos.

La directora de ONUmujeres explicó que en casi dos tercios de los países, ellas son las productoras de los alimentos, por lo cual, enfatizó, el mundo come todos los dias gracias a su trabajo. Paradójicamente, las mujeres rurales, tienen más probabilidades que los hombres de padecer inseguridad alimentaria y hambre.

Sólo 20 por ciento de las mujeres de las zonas rurales tienen acceso a agua potable, frente a 68 por ciento de sus contrapartes urbanas.La mitad de todas las mujeres rurales pobres de los países en desarrollo carecen de alfabetización básica, y 15 millones de niñas en edad de asistir a la escuela primaria nunca, nunca, tendrán la oportunidad de aprender a leer o escribir en la escuela primaria.

ME TOO Y TIME UP

En referencia a la gran movilización de las mujeres a partir de las violencias que viven bajo los hashtag “#MeToo” y “#TimeUp”, la Directora Ejecutiva de ONUmujeres, advirtió que las mujeres están luchando por cambiar sus vidas y se niegan a aceptar las prácticas que normalizan la desigualdad de género, la violencia sexual, la exclusión y la discriminación en todos los ámbitos de su vida.

"El momento es ahora", aseguró Phumzile Mlambo, para el cambio y la rendición de cuentas para poner fin a la impunidad.

Reivindicó que las víctimas estén dando sus testimonios sobre la violencia machista, y aseguró que sus historias tienen que ser contadas.

Ante las críticas que se han realizado por las denuncias de las mujeres víctimas de violencia misógina a través de las redes sociales y utilizando los hashtag “#MeToo” y “#TimeUp”, Mlambo, si bien apeló al debido proceso, subrayó que sólo “un puñado de hombres han experimentado las consecuencias de sus acciones”.

Esta Comisión no necesita buscar el significado de los derechos de las mujeres, enfatizó, al hacer referencia a los resultados de búsqueda de Google. Conocemos la definición de los derechos de las mujeres; sólo necesitamos acción.

La semana pasada, Google dio a conocer que en 2017 el mundo googleó los "derechos de las mujeres" más que nunca, con un aumento de más del 700 por ciento en enero.

18/LLH/LGL








NACIONAL
LIBERTAD DE EXPRESIÓN
   Presenta informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”
Difundir derechos de las mujeres se convirtió en un peligro: RSF
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 06/03/2018

La cobertura periodística sobre temas vinculados a los derechos y la condición de las mujeres implica amenazas, agresiones, encarcelamiento y hasta el asesinato de las y los reporteros por parte de grupos religiosos, criminales y gobiernos autoritarios. 

Así lo reveló el informe “Los derechos de las mujeres: investigaciones prohibidas”, que elaboró la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) a propósito de la conmemoración este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.

Basado en testimonios de decenas de periodistas en más de 20 países, RSF registró entre 2016 y 2017 más de 60 casos de violación de los derechos de las y los periodistas a causa de las investigaciones que realizaban sobre la condición de las mujeres. El número de agresiones se eleva a 90 si se contabiliza desde 2012, lo que demuestra que a partir de 2016 la violencia se incrementó.

El reporte reveló diversos casos en los que las y los periodistas fueron agredidos: “una redactora en jefe fue asesinada por haber denunciado una política sexista; un reportero fue encarcelado por haber difundido una entrevista a una víctima de violación; una periodista fue agredida por recordar que las mujeres tenían derecho a tener acceso a toallas sanitarias; y una bloguera fue amenazada en línea por haber criticado la representación de las mujeres en los videojuegos”.

Otros datos: más de la mitad de las y los reporteros contabilizados en el informe sufrieron ciberacoso, y el resto sufrió agresiones verbales, físicas o en línea (28 por ciento); encarcelamiento (13.4 por ciento) y hasta asesinato (12.2 por ciento).

En el caso del ciberacoso –señaló el informe- todos los ataques en línea estaban dirigidos a mujeres periodistas. Esto demuestra una tendencia: las mujeres periodistas reciben en promedio tres veces más comentarios “inapropiados o insultantes” que sus colegas cuando cubren estos temas.  

De acuerdo con RSF, las personas agresoras pertenecen a distintos sectores, entre ellos los grupos religiosos, organizaciones criminales, y gobiernos “autócratas”, cuyo principal objetivo es la censura de los medios de comunicación sobre los derechos de las mujeres o sobre su actuación en contra de la vida y la libertad de ellas.

En el caso de los grupos religiosos, son los grupos provida y los islámicos radicales quienes ejercen las peores formas de violencia en contra de las y los periodistas.

Sin embargo, los gobiernos autoritarios fueron identificados en muchos casos como los principales agresores. Este es el caso de Irán, que acostumbra encarcelar a las periodistas feministas. Un ejemplo es el de la periodista Mansoureh Shojali, que desde hace más de 17 años denuncia la discriminación y las agresiones que sufren las mujeres. Su última comparecencia ante un juzgado fue en 2009, cuando la acusaron de “hacer publicidad contra el régimen” por colaborar con sitios web feministas. Ahora vive en el exilio desde donde sigue trabajando a favor de las mujeres.

Además, dice RSF, la responsabilidad de los Estados en esta violencia es mayor si se considera que la declaración de políticas contrarias a los derechos de las mujeres hizo propicio un contexto cada vez más adverso para quienes cubren estos temas.  

Ejemplo de ello es que en 2017 estallaron las protestas en Estados Unidos contra los discursos sexistas del presidente Donald Trump; en 2016, en Polonia se presentó en el parlamento un proyecto de ley para prohibir el aborto, que estaba autorizado desde 1993 bajo ciertas condiciones.

Asimismo, en Irak se presentó en el parlamento una reforma legislativa que pone en entredicho los derechos de las mujeres, pues busca reducir la edad legal para que contraigan matrimonio.

MÉXICO: INCUBADORA DE PELIGROS

En el caso de México, los grupos religiosos, los provida, el crimen organizado y los altos niveles de violencia contra las y los periodistas en el país fueron identificados por RSF como elementos que incrementan los riesgos contra quienes cubren temas sobre los derechos de las mujeres.

“México es el país más peligroso de América Latina para los periodistas y el segundo a escala mundial. El grado de violencia que vive el país es comparable al de Siria o Irak, indica el Balance 2017 de RSF”. A esto se suma que “son numerosos los políticos que no desean que los periodistas aborden temas relativos a los derechos de las mujeres”, dice el informe.  

En su reporte, la RSF relata como caso emblemático el asesinato a manos presuntamente del crimen organizado en 2017 de la periodista Miroslava Breach, quien, entre otros temas, investigó el feminicidio en Ciudad Juárez. En esa entidad –documentó la organización internacional- también se han registrado agresiones contra las periodistas Lydia Cacho, Marta Durán de Huerta y Patricia Mayorga, quienes también investigaron sobre la violencia feminicida.

LA IMPUNIDAD COMO COMÚN DENOMINADOR

Para RSF, el acceso a la justicia para las y los periodistas agredidos por el ejercicio de su profesión es clave para evitar que las cifras se sigan elevando y que se limite la cobertura sobre los derechos de las mujeres.

De acuerdo con los testimonios, la mayoría de los casos de asesinato de periodistas que relata este informe quedaron impunes, muchos de ellos porque no se abrieron carpetas de investigación, no se fincaron responsabilidades en contra de los responsables, o porque, como en el caso de Miroslava, los avances han sido “pocos e insuficientes”. Esta impunidad prevalece como un patrón en todos los países donde la violencia contra periodistas va en aumento, incluso a pesar de los diversos llamamientos que ha hecho RSF a los Estados.

De acuerdo con la organización, las consecuencias de esta violencia contra las y los periodistas es que abandonen los medios, se desplacen a otros países o redoblen sus esfuerzos para seguir cubriendo estos temas y defender la libertad de expresión.

Como resultado, en el Estado Islámico hay provincias enteras donde no hay mujeres periodistas, mucho menos periodistas que denuncian abusos contra las mujeres. El desplazamiento forzado es otra consecuencia: RSF registró que desde 2012, entre uno y dos periodistas han optado por el exilio por razones de seguridad en Afganistán (1), México (2), Colombia (1), Honduras (1), Yemen (1), Bangladesh (1) e Irán (1). Los efectos también son que las y los periodistas piensen dos veces antes de trabajar temas vinculados a la condición de la mujer.

Sin embargo, muchos periodistas se niegan a dejar de escribir sobre estos temas e inician un largo camino de defensa a favor de su derecho a informar: presentan denuncias contra las autoridades, hacen frente a las amenazas, o buscan “artificios” para presentar la información con ángulos y enfoques que no sean tan directos.  

Tras documentar diversos testimonios de agresiones y de resistencia, la RSF propuso en su informe una serie de recomendaciones. A las redacciones les recomienda dar más espacio y difusión a los temas relacionados con los derechos de las mujeres, sensibilizar a las y los periodistas, o crear un dispositivo de emergencia interno; a las y los periodistas les propone: evaluar los riesgos, velar por la protección de las fuentes, y trabajar en equipo.

Asimismo, RSF urgió a los Estados a respetar sus obligaciones vinculadas a la libertad de expresión; erradicar la violencia contra las y los periodistas; erradicar la impunidad en la que prevalecen los actos de violencia contra periodistas; y crear dispositivos de reparación del daño cuando se violan los derechos de las y los periodistas, en específico de quienes cubren temas relacionados con las mujeres.  

18/AJSE/LGL








NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Relator Especial de la ONU presenta en Ginebra, informe sobre México
Impunidad, causa de agresiones a personas defensoras de DH
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Sonia Gerth
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/03/2018

Entre 2010 y 2017, fueron asesinadas más de 43 defensoras de Derechos Humanos (DH) y periodistas mujeres en México, cinco de ellas, en el último año, y los principales agresores son las empresas privadas, en el caso de los megaproyectos; y los grupos religiosos en el caso de las personas que defienden los derechos de la comunidad LGBTTTI.

Estos son algunos de los datos que el Relator especial de la ONU sobre la situación de las defensoras y defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, presentó en su informe final sobre México ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, y que fue resultado de su visita a México del 16 al 24 de enero 2017 donde se reunió con autoridades estatales y federales, organizaciones de la sociedad civil y más de 800 personas defensoras de la Ciudad de México, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca y el Estado de México.

El Relator advirtió que México podría llegar a ser el país más peligroso en el mundo para quienes defienden los DH si el gobierno no actúa, pues además existe un gran número de defensoras que han sufrido intentos de asesinatos y ataques como violencia sexual o campañas de difamación.

Mencionó que en el caso de las mujeres de Atenco, quienes lucharon contra la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en 2006 y sufrieron tortura sexual por parte de policías estatales y federales durante los operativos de mayo de 2006 en el Estado de México, o en el de la defensora María Luisa García Andrade, de Ciudad Juárez, habrían sufrido numerosas amenazas y ataques contra su integridad.

El 29 de junio, 2017, la defensora de derechos laborales Meztli Omixochitl Sarabia fue asesinada en su oficina en Puebla, y una defensora en Tamaulipas fue baleada 12 veces, presuntamente por su trabajo de investigación relacionado con las desapariciones en el estado y los Zetas.

El Relator consideró que desafiar al patriarcado y la misoginia deriva en la violencia contra las mujeres que puede darse dentro de su propia familia o comunidad, y que los impactos psicológicos pueden ser graves, hasta el síndrome de estrés postraumático y aislamiento social.

El Relator se mostró muy impactado por las altas cifras de defensoras que vivieron discriminación por parte de agentes estatales y que  tuvieron dificultades al pedir protección. Lamentó que “la impunidad es a su vez causa y consecuencia de la inseguridad de defensoras y defensores en México”.

En las recomendaciones del informe al Estado mexicano, Forst aseveró que “no habrá una mejora notable de la situación de defensoras y defensores mientras continúe la impunidad abundante. El éxito en la lucha contra la impunidad depende de si se superan los retos de la corrupción, el crimen organizado y la militarización de la seguridad pública.”

Si bien aplaudió la creación del Mecanismo de Protección para personas defensoras de DH y periodistas -bajo el cual habrían sido registradas 368 personas defensoras, y 260 periodistas a la fecha de su visita- observó que éste no termina de ser una herramienta efectiva toda vez que la ayuda llega tarde, fragmentada y no toma en cuenta las necesidades de la víctima.

Consideró importante que exista personal femenino para atender por ejemplo los efectos de violencia sexual, y que el personal del Mecanismo se capacite con enfoque de género, así como que el Estado lo dote de recursos suficientes para poder cumplir con su cometido.

También recomendó que a propósito del aniversario de la Declaración sobre Defensoras y Defensores de Derechos Humanos  que se conmemora en diciembre, sea un buen motivo para que el gobierno mexicano demuestre interés en el tema e inicie una campaña a favor de las personas defensoras, así como convocar a una Cumbre que haga de la defensa de los DH una prioridad nacional.

18/SG/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Violencia política, desapariciones y acceso a derechos sexuales, ámbitos más rezagados
México rendirá cuentas sobre violencia de género ante Comité CEDAW
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 29/12/2017

En 2018 el Estado mexicano enfrentará al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo internacional que evaluará las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

En diciembre de 2016 el Estado mexicano presentó ante el Comité el noveno informe sobre políticas de igualdad de género y no discriminación donde respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores; dos años después de enviar ese documento los avances y retrocesos del país para erradicar la discriminación contra las mujeres serán evaluados nuevamente.

Ante esta rendición de cuentas el panorama para México no es alentador. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que junto con organizaciones del todo el país elabora un  “informe sombra” sobre las recomendaciones, calificó el cumplimiento de las recomendaciones como “insuficiente”.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Como muestra: En 2012, en materia de participación política de las mujeres, el Comité CEDAW recomendó al gobierno eliminar los obstáculos que impiden la participación femenina en cargos públicos, pero aun cuando en 2014 se instauró como principio constitucional la paridad -que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres en candidaturas locales y federales-, su presencia sigue siendo escasa y cuando logran incursionar en este escenario enfrentan a prejuicios relacionados con su género.

La representación femenina en cargos de elección popular municipales fue calificada por la Cátedra UNESCO como “deficiente” porque en 2016 las mujeres ocuparon 9 por ciento de las presidencias municipales, como consta en su “Informe técnico sobre la elaboración de indicadores de las recomendaciones CEDAW 2017”.

Además consideran que faltan políticas públicas para incrementar el número de mujeres en puestos de la administración pública que para representaban 38 por ciento de los puestos directivos.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en la recomendación 33 la CEDAW pidió al Estado mexicano eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazos de forma legal y segura.

Sin embargo, para 2016 al menos 19 entidades aún protegían “la vida desde la concepción”, entre ellas Veracruz, Querétaro, Baja California y Chiapas, lo que criminaliza y puede llegar a poner en riesgo la vida de las mujeres que buscan ejercer la interrupción del embarazo, así lo afirmó la Cátedra UNESCO en otro  “informe sombra” parcial que publicó en marzo de 2017.

En este contexto y como producto de la exigencia social este mes se emitió por primera vez en el país una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, porque en la entidad seguín vigentes leyes que criminalizaban a las mujeres por  interrumpir embarazos no deseados.

PREVALECEN DESAPARICIONES E IMPUNIDAD

En 2012 el Comité CEDAW hizo especial énfasis en las desapariciones de mujeres y niñas por la relación porque son delitos que podría tener relación con otros ilícitos pero el gobierno mexicano no atendió este aspecto pues a pesar de que una da las recomendaciones fue mantener registros certeros que permitieran dimensionar la magnitud del problema, mismos que no se realizaron.

Destaca el caso de Nuevo León, entidad donde las académicas de la UNAM que dan seguimiento a la CEDAW, revisaron solicitudes de información y encontraron que las autoridades no registran cuántas mujeres desaparecidas son localizadas, esto a pesar de que el organismo instrumento intencional ha señalado de preocupante el alto número de desapariciones de mujeres en el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron 677 de 2000 a 2017.

La exigencia de una base de datos actualizada sobre desapariciones de mujeres también la hicieron organizaciones civiles y familiares de las víctimas en noviembre pasado cuando Data Cívica denunció que el RNPED, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no contabiliza ni actualiza los nombres de las personas desaparecidas.

La falta de registros resulta preocupante en un contexto donde, de acuerdo a la Segob, durante los últimos 11 años 8 mil 456 mujeres desaparecieron en México, Más de la mitad fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años.

La CEDAW también recomendó hacer eficiente la implementación de la AVG, mecanismo de emergencia vigente en 11 entidades del país para enfrentar y erradicar la violencia de género y acelerar el procedimiento para que en caso de ser necesario se aplique en más estados, venciendo así las limitantes políticas que impiden activarla.

En la práctica en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) negó la AVG en Puebla y Tlaxcala, entidades donde se solicitó la declaratoria de Alerta por desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas relacionados con trata de personas; también rechazó la solicitud en el municipio sonorense de Cajeme y en Tabasco.

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA

Respecto a la violencia cometida contra las mujeres el Comité CEDAW pidió al Estado mexicano responder sobre los avances y retrocesos en el caso de las mujeres Atenco, sobre tortura sexual contra 11 mujeres que mantienen una denuncia por la violencia y falta de justicia que han vivido durante once años, desde que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron víctimas de violación por policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México.

En noviembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que analiza el caso para dictar una posible sentencia condenatoria contra el Estado, llamó a las 11  denunciantes para escucha su testimonio. Ahora se espera que en 2018 el organismo interamericano emita una resolución sobre el caso y sobre la posible reparación del daño.

Otro ámbito que la CEDAW abordó en 2012 y en el que México resultará rezagado fue la erradicación de la violencia en el ámbito educativo ya que, de acuerdo al análisis de la Cátedra UNESCO, sólo18.75 por ciento de las entidades federativas del país cuentan con un protocolo para la detección y denuncia de esta violencia.

El gobierno mexicano se ha caracterizado por dejar en segundo plano el cumplimento de la CEDAW, lo que se ve reflejado en el retraso con el que informa sobre el cumplimento de las recomendaciones. Hace 10 años que entrega informes al Comité evaluador con retrasos de hasta cuatro años. Por ejemplo, la séptima evaluación la debió presentar en 2006 pero la envió hasta 2010 junto con el octavo informe.

Además, denunció en entrevista con Cimacnoticas la coordinadora de la Cátedra UNESCO, Gloria Ramírez Hernández, el gobierno mexicano no tiene mecanismos ni políticas públicas de seguimiento a las recomendaciones recibidas por la CEDAW pues se interesa en ellas “exclusivamente cuando tiene que entregar informes y sólo para cumplir con el compromiso internacional”.

Desde que México suscribió esta convención, en 1981, y hasta la fecha, el Comité ha emitido 132 recomendaciones al Estado mexicano, quien cada cuatro años tiene la obligación de comunicar qué acciones realiza para subsanar las observaciones.

17/MMAE








INTERNACIONAL
FEMINISMO
   "Política Sexual”, su obra más relevante
Fallece Kate Millett, activista y referente feminista
Imagen retomada del portal Tribuna Feminista
Por: la Redacción*
Cimacnoticias | Madrid, Esp.- 08/09/2017

Katherine Murray Millet, Kate Millett, fue una escritora feminista estadounidense, cineasta, escultora, filósofa y activista. Conocida por su libro de 1970 “Política Sexual” una de las obras más relevantes del feminismo radical, su trabajo se enmarca en la segunda ola del feminismo. La tesis principal sería que el patriarcado, ni los papeles y posiciones sociales derivan de la naturaleza humana, el origen del patriarcado sería histórico y cultural. No existe una disparidad mental ni emocional entre los sexos.

 

Biografía

 

Kate Millett fue a la Universidad de Minnesota y se graduó cum laude en 1956. A continuación, realizó el posgrado en la Universidad de Oxford. Se trasladó a Japón en 1961, donde dio clases de inglés. Dos años más tarde, regresó a los Estados Unidos con el escultor Fumio Yoshimura con quien se casó en 1965, separándose en la década de 1970.

 

Fue una activa feminista desde finales de los 60 y en la década de 1970. En 1966, se convirtió en integrante del comité de la Organización Nacional de la Mujer (National Organitation of Women).

 

En 1967 publicó un panfleto titulado “Token Learnig” contra los planes de estudio en las universidades para mujeres. En agosto de 1970, publicó su tesis “Política Sexual“, donde ofreció una amplia crítica de la sociedad patriarcal en la sociedad occidental y la literatura. En particular, ataca lo que ella ve como sexismo y heterosexismo de los novelistas D. H. Lawrence, Henry Miller, y Norman Mailer, contrastando sus puntos de vista discrepantes con el punto de vista del autor gay Jean Genet.

 

En 1971, comenzó a comprar y restaurar edificios cerca de Poughkeepsie, Nueva York. El proyecto finalmente se convertiría en Women’s Art Colony Farm, una comunidad de mujeres artistas y escritoras.

 

Su libro Flying (En pleno vuelo) (1974) es una autobiografía no académica en la que se expresa la vena artística de Millet (escultora y cineasta). Habla de su matrimonio con Yoshimura y sus amores con mujeres. En 1979, Millett fue a Irán a trabajar por los derechos de las mujeres, fue pronto deportada, y escribió acerca de la experiencia en Going to Iran. Por su denuncia y activismo en contra de las condiciones de sometimiento de las mujeres en el Islam, fue la primera persona acusada de islamofobia. “Sita” (1977) es una reflexión sobre un amor atormentado. En “The Loony-Bin Trip” (1990) trata sobre el trastorno bipolar, que describe experiencias en hospitales psiquiátricos y su decisión de suspender su terapia de litio.

 

A finales de la década de 1990 y principios de 2000, Millett estuvo involucrada en una disputa con la ciudad de Nueva York porque las autoridades querían desalojarla de su casa, como parte de un plan de reconversión masiva. Millett y otros recurrieron, pero perdieron en los tribunales. Su edificio fue demolido, y los residentes fueron realojados.

 

* Este artículo fue retomado del portal Tribuna Feminista

 

17/RED








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Karima Bennoune
Fundamentalismos y extremismos restringen expresión artística de mujeres
Imagen retomada del portal ismailimail.wordpress.com
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 22/03/2017
El aumento de los fundamentalismos y extremismos en el mundo atentan contra los derechos culturales de las mujeres, porque restringen su libertad de expresión artística y promueven la reproducción de estereotipos de género, advirtió la Relatora Especial en la esfera de los Derechos Culturales del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, Karima Bennoune.
 
Por eso, en el segundo informe que presentó ante el Consejo de Derechos Humanos del organismo, el 16 de febrero de 2017, la Relatora instó a los gobiernos internacionales a implementar políticas públicas que protejan los derechos culturales de las personas y combatan el fundamentalismo y el extremismo desde un enfoque de género.
 
De acuerdo a la Relatora Especial, en entrevista con la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el desarrollo (AWID por sus siglas en inglés) los fundamentalismos y extremismos, definidos como ideologías que se representan de diferentes maneras, son cada vez más utilizados por Estados y civiles para reproducir argumentos basados en interpretaciones de las tradiciones y estereotipos de género que se oponen a la igualdad de derechos.
 
La reproducción de los fundamentalismos y extremismos limita el libre ejercicio artístico de las mujeres y, en muchos casos, justifica la violencia y la discriminación contra ellas y las minorías étnicas, señaló. 
 
Como ejemplo, Karima Bennoune se refirió a los argumentos que buscan imponer formas particulares para la vida sexual de las mujeres y restringen su acceso a la salud reproductiva.
 
Por ello la Relatora Especial dijo que los gobiernos deben considerar las diferencias de género en las medidas que implementen para proteger los derechos culturales. “Cada avance en la lucha por los derechos de la mujer es también un avance en la lucha contra el fundamentalismo”, aseguró
 
Además, en el informe, Karima Bennoune recalcó que las respuestas gubernamentales ante los fundamentalismos y extremismos deben considerar los principios de derechos humanos, así como consultar a personas expertas en el estudio y defensa de los mismos para su elaboración.
 
De acuerdo con encuestas realizadas durante los dos últimos años a más de mil 600 defensoras de los derechos humanos de todo el mundo, por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), ellas identifican el crecimiento de fundamentalismos y extremismos como amenazas para su seguridad ya que se traducen en más violencia hacia ellas, la restricción de ciertos derechos en la esfera pública y la reducción de su autonomía. 
 
17/MMAE/GG
 







QUINTO PODER
DERECHOS HUMANOS
   QUINTO PODER
El cuerpo de las mujeres y la manipulación de la fe
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 31/01/2017

Apenas tomó posesión al frente del gobierno de Estados Unidos, Donald Trump mostró cuál es una de las obsesiones y franquicias del ejercicio del control y poder que el sistema patriarcal otorga a un hombre: la tutela y el dominio sobre el cuerpo de las mujeres, empezando por el derecho a decidir sobre la maternidad.
 
En lo que parecía una mesa de la Edad Media o de los países donde las mujeres viven un sistema de control y opresión impuesto por medio de la religión, el presidente de los Estados Unidos firmó uno de sus ya famosos acuerdos en el que el Gobierno retira el apoyo a las organizaciones no gubernamentales que realicen o den información sobre el aborto.
 
De acuerdo con los medios, la medida “prohíbe financiar con dinero oficial a cualquier entidad extranjera que realice abortos y difunda información sobre esa práctica como un método anticonceptivo aceptable”. En el acto, que recibió gran cobertura,  Trump aparece firmando rodeado de varios hombres. 
 
Retirar el apoyo a las organizaciones fue su respuesta a la marcha multitudinaria encabezada y convocada por las mujeres en forma de protestas a los absurdos anuncios de Trump en materia de migración y otras libertades en contra de la propia población del vecino país.
 
Silvia Federici, en su excelente libro “Calibán y la bruja”, nos da la respuesta de este gesto que se vuelve un mecanismo de control y es a la vez una expresión de la violencia contra las mujeres: es el mecanismo del sistema capitalista sobre el cuerpo de la mujer como sobre la población, una equivalencia a la “fábrica de los obreros”.
 
La demócrata Rosa de Lauro dice que es “una forma que tienen los conservadores para apaciguar a los contrarios al aborto, a expensas de las mujeres en situaciones difíciles en muchos países”.
 
Eso explica por qué Trump  --conocido en el mundo por no tener un ápice de moral para sus negocios, que ha ido de uno a otro matrimonio adquiriendo guapas esposas bajo ese mecanismo de “comprar los genes”; dispuesto a la especulación, a la mentira y al fraude como algo “lícito” para seguir haciendo dinero, incluyendo la explotación de sus trabajos—quiere ahora hacernos creer que tiene una “alta moral”, que en realidad enmascara su deseo de complacer a los conservadores y sumarlos a su favor ante la evidente falta de simpatías.
 
Más aún, Trump entra en el escenario con el mismo perfil que los hombres de medio oriente y los países que siguen resolviendo asuntos relativos al cuerpo de las mujeres sin dejar que nosotras opinemos y decidamos. S e arrebata el control sobre la maternidad poniendo en riesgo la vida de las mujeres que decidan abortar.
 
Frente a ese escenario, las organizaciones que realizan acompañamientos para la interrupción del embarazo, el aborto seguro, afrontan un difícil escenario en Estados Unidos. Sin embargo, Trump, el más anti moral, es quien adquiere el liderazgo hipócrita de los “provida”, amparados en un dogma que no entienden ni les interesa quién lo sostiene.
 
Hitler o Trump no tienen nada de diferente, pero los “provida” enarbolarán sus posturas como discursos humanistas y de protección a la vida. Mientras defiende a los “fetos” lanza “al horno”, abandonándolos en medio del mar, a los sirios, iraníes, iraquíes y, por supuesto, asume igual que todos los dictadores una postura pública misógina que jamás ha sido parte del cristianismo de Cristo, pero sí de los cristianos patriarcales que han tomado el cuerpo de la mujer como rehén y extensión del pudor, que no poseen, para obligarlo a ser lo que ellos mismos no pueden ser.
 
Lo más grave es que haya personas cristianas o de cualquier fe que se dejen engañar por Trump, y crean que su postura es movida por la “fe”, porque dicen que “está mal abortar”, mientras que miles de personas en Estados Unidos o en otras partes del mundo están preocupadas sobre lo que ocurrirá con sus familias por la prohibición de entrar al territorio de esa nación a las personas de procedencia de países musulmanes o en conflicto bélico.
 
No hay cabida para “dobles discursos”. Defender el argumento “a favor de la vida” de Trump, sin mirar la amenaza a la vida y la integridad de miles de trabajadores migrantes, muchos de ellos mexicanos y mexicanas que viven en Estados Unidos, y contribuyen con su trabajo diariamente para sostener esa nación, habla de esa cómoda ignorancia que asumen desde la “falta de conocimiento que ha perdido a los pueblos”.
 
Es además de vergonzoso, falta de lógica y congruencia discursiva que se acepte el mensaje de Trump como una “defensa a la vida”, mientras que está condenando a la muerte a miles de migrantes sirios que tenían la esperanza de ingresar a ese territorio.
 
Por otro lado, abrir la frontera a los “cristianos” solo evidencia el odio exacerbado contra la población musulmana, “prójimos” desde esa óptica cristiana que están siendo masacrados desde hace años por armas de países “católicos”.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GGQ
 








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