Adivac

A partir de la derogación de la figura de Alienación Parental del Código Civil de la Ciudad de México, que hoy entró en vigor, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal Superior de Justicia local deberán transformar la estructura que crearon en 2014 para detectar este supuesto síndrome que en el fondo deja en la impunidad la violencia y el abuso sexual infantil. 
 
Así lo consideró en entrevista Laura Martínez Rodríguez, directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) y quien afirmó que se debe hacer una reingeniería de las instituciones judiciales para que juezas y jueces dejen de utilizar el Síndrome de Alienación Parental (SAP) como prueba en los casos de divorcio o guarda y custodia de niñas, niños y adolescentes. 
 
Este 4 de agosto se publicó en la Gaceta Oficial de la capital el decreto para derogar el Artículo 323 séptimus del Código Civil, una norma vigente a partir de 2014 que decía: “comete violencia familiar el integrante de la familia que transforma la conciencia de un menor con el objeto de impedir, obstaculizar o destruir sus vínculos con uno de sus progenitores”, conducta denominada Alienación Parental.

SAP IMPIDE LA JUSTICIA
 
Hace tres años, cuando en 2014 se introdujo el SAP en la legislación de la capital, la Asamblea Legislativa estableció que el Departamento de Psicología del Tribunal podría dar tratamiento y, en su caso, determinar qué persona se quedaría encargada del cuidado de los menores de edad “alienados”, es decir que no quisieran convivir con uno de sus progenitores.
 
En ese entonces el supuesto de la ley era que todas las niñas y niños mentían si acusaban a su padre o a su madre de violencia o violación sexual, invención provocada, en general, por las madres que los manipulaban para hacer acusaciones falsas. Según esta teoría, creada en 1985 por el estadounidense Richard A. Gardner, el “síndrome” se cura obligando a los menores de edad a convivir con el progenitor acusado.  
 
La fundadora de Adivac destacó que las organizaciones expertas en derechos de las mujeres y la infancia han expuesto que este concepto no es científico, no es un síndrome, no está en ningún diccionario de enfermedades mentales y por tanto no tiene un tratamiento pero además han comprobado que desestima cualquier testimonio de abuso y violación sexual infantil.
 
“A los operadores de justicia les conviene reducir a Alienación una violación sexual o una violencia muy fuerte entre las parejas, esto ya se había visto desde que se volvió a legislar en 2014”, dijo la también psicóloga y especialista en Estudios de la Mujer.
 
En su opinión tanto legisladores como juzgadores reconocieron y avalaron el uso del SAP porque les solucionaba la investigación de un posible delito en las demandas de conflictos familiares, “no querían seguir trabajando, querían tener un concepto o un término que les redujera el trabajo, tanto a los abogados que defienden a ambas partes como a los mismos jueces”.
 
TRES AÑOS DE FALSOS DIAGNÓSTICOS
 
Durante los tres años que estuvo vigente la Alienación Parental en la capital (2014-2017), dice Laura Martínez Rodríguez, se dieron  casos de falsos diagnósticos de un síndrome inexistente pero a la fecha no se sabe cuántas veces los juzgadores confundieron las denuncias de violación sexual infantil con SAP, cuántas mujeres y sus hijos fueron afectados ni cuántas personas decidieron huir o quitarse la vida antes de continuar un proceso injusto.
 
En junio pasado una historia alertó sobre el tema. En 2010 Mireya Agraz Cortés notó cambias drásticos en su hijo de tres años de edad, quien lloraba, tenía pesadillas, no se alejaba de ella y dejó de controlar sus esfínteres. Después de llevarlo al médico y con una especialista en psicología se le diagnosticó abuso sexual por parte de su padre. Mireya interpuso una denuncia penal que nunca prosperó y una demanda para quedarse con la guarda y custodia del niño.
 
Durante el proceso, que duró siete años, una de sus hijas gemelas fue violada sexualmente por su padre y pese a las declaraciones de los dos menores de edad que fueron víctimas del mismo agresor, en noviembre de 2016 la Jueza Undécimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia local, Silvia Araceli García Lara, determinó que la madre “alienó” a los niños para que mintieran y como sentencia ordenó dar la custodia de los hijos al padre, Leopoldo Olvera. 
 
Hasta ahora se cree que la decisión de la jueza pudo orillar a Mireya a quitarse la vida junto con sus tres hijos, su padre y su madre (quien sobrevivió), el pasado 7 de junio en la delegación Magdalena Contreras.
 
Por ello la directora de Adivac aseguró que es necesario que los jueces en la capital dejen de usar peritajes de Alienación que desestiman los dichos de niñas y niños.
 
Una vez que entre en vigor la derogación del Artículo 323 séptimus, dice la especialista, se requiere que el Consejo de la Judicatura y el Tribunal se reestructuren para que se hagan peritajes científicos, es decir que no sean entrevistas de media hora ni de dos horas, sino estudios bien hechos como peritajes psicológicos de 12 a 15 horas.
 
En 2014 el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal autorizó la creación de seis plazas para la Dirección del Instituto de Ciencias Forenses y el Departamento de Alienación Parental del Tribunal Superior; ahora que ya no existe el concepto en la ley estos espacios deberán transformarse.
 
Al respecto Martínez Rodríguez dijo que estos cargos se pueden utilizar para manejar adecuadamente los procesos en el ámbito familiar y para “dar un enfoque de recuperación, protección, para que niños y niñas puedan convivir con su papá y su mamá, dependiendo del caso”, pero que además para que se dé una atención adecuada a las niñas o niños que son violentados por su madre o su padre.
 
17/AGM

De las más de 700 denuncias por violación que se presentan cada año en las seis Agencias Especializadas en Delitos Sexuales de la Ciudad de México –en promedio dos cada día- no hay certeza de cuántas reciben apoyo psicológico en el Centro de Terapia, que depende de la Fiscalía para la Atención de Delitos Sexuales, de la Procuraduría capitalina, ya que la atención no es obligatoria.
 
A estas víctimas, cada año, sobre todo mujeres y niñas, para quienes el Estado no les garantiza “la posibilidad de disminuir el impacto de una violación, de eliminarlo”, como era el objetivo del Centro de Terapia de Atención para Delitos Sexuales (CTA), impulsado por organizaciones feministas, como parte de un proyecto de atención integral, explica a Cimacnoticias quien fue su titular, Bárbara Yllán Rondero.
 
Sin embargo, el CTA, fundado en 1991, como resultado de ese proyecto integral de atención a víctimas de delitos sexuales y que incluyó reformas al Código Penal Federal y la creación de las agencias especializadas, “se descuidó en el camino”, dice Yllán.
 
Peor aún, porque el CTA, la única unidad que brinda ese servicio, a donde se canalizan todas las víctimas que denunciaron en las Agencias Especializadas, hoy no es lo que se pensó: un modelo integral que diera las mujeres una “justicia restitutiva”: con atención jurídica, psicológica y de salud, agrega Yllán Rondero.
 
Las consecuencias no son sólo problemas de administración pública, señala la directora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Laura Martínez Rodríguez. “La importancia de que el Estado garantice este servicio es que las personas que vivieron violencia sexual puedan tener salud mental y emocional, pues de no recibir una atención especializada, las consecuencias puedes derivar en depresiones que lleven incluso al suicidio”, advierte.  
 
“Los proyectos como la atención a víctimas son muy delicados y más cuando no se cuidan, por eso ha habido casos fatales de denuncias, coincidió en señalar Bárbara Yllán. Lo peor es que el personal del CTA lo ve como una cuestión “asistencial”; la atención a víctimas y el seguimiento puntual de los delitos sexuales ha colapsado”.  
 
A ello se suma, afirma Martínez, impulsora del CTA, que a casi 30 años de creado, se desconoce si su modelo de intervención psicológica es efectivo o da resultados, ya que la PGJDF no ha sido transparente “nunca ha permitido, por ejemplo a la sociedad civil, una observación directa del trabajo de atención a víctimas que están haciendo, ni siquiera han hecho público el modelo que siguen”.
 
DE LA ESPERANZA... AL CTA
 
El CTA, como instancia de la PGJDF, por obligación, tendría que proporcionar atención psicoterapéutica a las personas (en su mayoría mujeres y niñas) que denuncian una violación sexual.
 
El CTA está ubicado, además, en la zona residencial de la colonia del Valle, Pestalozzi 1115, lejos de las delegaciones en donde, según la propia Fiscalía de Delitos Sexuales, hay más violaciones: Iztapalapa, Cuauhtémoc, Milpa Alta, Xochimilco, Magdalena Contreras y Tláhuac.
 
En el último año, sólo dio 28 terapias individuales y 885 grupales, (PGJDF, Quinto Informe de actividades), y atiende en promedio a  más de 3 mil personas víctimas de violencia sexual directas o indirectas cada año.
 
La realidad en el CTA, afirma la Directora de Adivac, es un servicio “tardío y burocrático”, donde lo único que les interesa “son los números oficiales y no la calidad de la atención”.  
 
Personal del Centro reconoce en entrevista que al ser la única unidad, “está saturado”. Y eso impide, señala por su parte la Directora de Adivac, que dé un tratamiento pronto y seguimiento puntal a las víctimas.
 
Yllán coincide: “No hay suficiente gente que atienda, asesores legales; sé que les están dando citas a las víctimas una vez al mes, cuando las terapias deberían darse mínimo una vez a la semana”.
 
Para Martínez, experta en atención a víctimas de violencia sexual desde hace 27 años, la terapia semanal garantizaría que el modelo de atención psicológica fuera eficiente, “las sesiones terapéuticas deben ser constantes, una vez cada semana, no como sucede en el CTA donde dan únicamente 12 sesiones.
 
Y agrega: el modelo de atención psicológica debe estar sustentado en técnicas, teorías, “no es un manual de procedimientos”.
 
CAPACITACIÓN, INFRAESTRUCTURA
 
Sin transparencia tampoco sabemos si el personal del CTA está realmente preparado en el área psicológica, afirma Martínez. Dicen que son especialistas “porque están trabajando ahí, pero no tienen una formación ni de género y mucho menos de Derechos Humanos. Tienen que saber de sexualidad y no saben, sólo tienen lo que les dan en la Facultad y muchas acaban de salir”.
 
El desinterés del gobierno siempre fue problema y la precariedad constante, afirma Yllán, al recordar cuando dirigió el CTA.  “No había mobiliario, comprábamos sillas de jardín usadas porque no había dinero, llenaba el Centro con muebles que arreglábamos, hacíamos jornadas de reparación para vernos dignos, aun cuando
hay cualquier cantidad de presupuesto en el gobierno”, señala.
 
EVALUAR, REPARAR, VIGILAR
 
Ante este panorama de colapso, tanto Yllán como Martínez consideran que sí hay salida. Para la Directora de Adivac, primero hay que acabar con el hermetismo, “crear un observatorio sobre el abordaje de la violencia sexual, puntualmente en el CTA”, y revisar su modelo de atención.
A partir de ahí, evaluar si se necesitan más unidades como ésta en la capital, dice. Se podría pensar, incluso, “en una institución que albergue los tres servicios de atención hoy seccionados: jurídico, psicológica y de salud, “para que las víctimas no estén en un ir y venir de instituciones”.
 
Podría operar de la mano de organizaciones civiles y expertas en el tema, pues agrupaciones como Adivac son las que se han posicionado como la opción para las víctimas. “Ven que no somos el gobierno y ven a las personas en los medios de comunicación que pasaron el proceso en Adivac y se sienten bien, dicen, yo quiero estar así”.
 
Bárbara Yllán asegura que “regresaría al sistema de la procuración, si realmente se permitiera trabajar sin restricciones”. Y propone crear un foro nacional, donde expertas y el Estado plateen los distintos problemas de violencia de género, violencia sexual, y su atención. Esto tiene que retomarse, insiste.
 
17/HZM/MMAE/GG
 

El sistema judicial de la Ciudad de México inculpó a Mireya Agraz Cortés de matar a sus dos hijas e hijo, a su padre y de suicidarse, “sin haber realizado ya todas las pruebas correspondientes”, señala la directora del Centro de Salud Mental y Género, Alejandra Buggs Lomelí, y “a esta versión se sumaron diversos medios de comunicación”. 
 
En entrevista con Cimacnoticias, la especialista en psicoterapia con enfoque de género se refiere al caso dado a conocer el pasado 9 de junio, cuando en una casa de la Delegación Magdalena Contreras fueron encontrados los cuerpos sin vida de Mireya, de su padre, de su hijo e hijas, e inconsciente a su madre. Y, junto a ellos, una nota al parecer escrita por el padre de Mireya dirigida a uno de sus hijos y donde explica que se intoxicaron con pastillas.
 
“Es la sociedad representada por el sistema judicial la que le falló a Mireya, al no apoyarla y no darle los recursos legales y psicológicos para atender la situación que ella ya había denunciado”, agrega Buggs.   
 
Recordó que desde 2014 Mireya inició un proceso legal en contra de su exesposo Leopoldo Olvera Silva para divorciarse y denunciar el abuso sexual que él cometió contra los menores de edad.
 
Mireya Agraz denunció en una entrevista en octubre pasado, en Imagen Televisión, que recibía amenazas por parte del padre de sus hijos y que, aún con los antecedentes de denuncias hacia él, en 2016 se le otorgó a su exesposo la custodia de sus hijas e hijo.
 
Señala la experta que Mireya  contaba con peritajes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A.C. (ADIVAC) que comprobaban que las y el menor de edad fueron víctimas de abuso sexual, lo que fue ignorado por la juez onceava de lo Familiar de la Ciudad de México, Silvia Araceli García Lara, quien en diciembre de 2014 entregó la custodia de los menores de edad a Olvera Silva.
 
Enfatiza Buggs que antes de calificar como “enferma mental” a Mireya, debe entenderse que, si realmente ella ejecutó el crimen, o si fue una “reacción desesperada ante la no respuesta de quienes se supone están para resguardarnos”.
 
Sin embargo, “antes de que se sepa todo, las autoridades prefieren inmediatamente culpabilizar a la mujer porque así la sociedad se va a quedar más tranquila, es más fácil decir que es otra ‘madre desnaturalizada’, sin pensar qué hizo el padre y el contexto que la orilló a tomar, si fuera el caso,  la decisión”, menciona Alejandra Buggs.
 
“Repetimos la historia desde los roles de género. Si tu rol es ser mamá tú no puedes salirte de la raya, esto da a entender que como madre tienes incluso que soportar que violen a tus hijos”, explica la experta.
 
Y nada se tiene de pruebas testimoniales porque la madre de Mireya, Rosa María Cortés,  aunque ya salió de terapia intensiva, no puede aún rendir declaración a la autoridad.
 
NULA ATENCIÓN PSICOLÓGICA
 
Alejandra Buggs calificó de deficiente la actuación del sistema legal en el caso, mismo que se tradujo en una nula atención psicológica hacia Mireya porque, explicó, “cuando se acercó a denunciar debieron haberle dado un apoyo psicológico para que pudiera fortalecerse, trabajar toda la cuestión de la violencia. Sin embargo, lo que recibió fue que le dieron con la puerta en la nariz, con ello se entiende que su estructura de personalidad estuviera muy frágil”.
 
Ante ello dijo que es preocupante el mensaje que el tratamiento de las autoridades y los medios de comunicación han hecho sobre el caso da a las mujeres que pasan por una situación violenta: “Una mujer que denuncia es una mujer empoderada, pero cuando las autoridades no responden lo que hacen es golpear tu parte de empoderamiento, tu autonomía, tu autoestima. El mensaje entrelíneas es no denuncies, no te atrevas, porque te puedes convertir en la siguiente Mireya”. 
 
FILICIDIO Y GÉNERO
 
El filicidio, entendido como el asesinato de un padre o madre hacia sus hijos, explicó la experta en género, es cada vez más frecuente en la sociedad mexicana “para muchos está ubicado como locura, pero deben analizarse las cuestiones de género que llevan a una mujer a cometer el delito”.
 
Y añadió que si bien el filicidio lo cometen en mayor medida madres “tiene que ver con el hecho de que no hay un apoyo en el tejido social hacia la mujer, el sistema patriarcal las juzga a sin pensar qué la llevó a eso”.
 
Un caso similar ocurrió en agosto de 1982, cuando Elvira Luz Cruz, quien era violentada por su marido, fue acusada de asesinar a sus cuatro hijos tras una discusión, el hecho provocó que cientos de personas la juzgaran, por lo que organizaciones de mujeres exigieron que se tomara en cuenta el sistema social que supuestamente la orilló a cometer el filicidio.
 
“Las autoridades no responden, muchas mujeres lo hacen movidas por una sensación de desprotección total, por miedo a no encontrar otra salida”, dijo Buggs Lomelí quien recordó que en el caso de Mireya ella intentó pedir ayuda pero las autoridades naturalizaron la violencia del padre hacia los menores y ella e ignoraron sus denuncias, lo que “probablemente la llevó a tomar la justicia por sus manos” y esto ocurre, mencionó, como resultado de “un sistema judicial que no trabaja desde la perspectiva de género”.
 
INVESTIGAR AL PADRE
 
Alejandra Buggs dijo que el hecho debe servir como llamada de atención a las autoridades para que estas no descarten investigar al padre de los menores y así no quede en segundo plano el contexto violento que Mireya denunció por años.
 
“La sociedad ya está siendo muy dura con ella, ahora le reprocha el por qué no solo mató al padre de sus hijos cuando él fue quien los agredió, pero no podemos ignorar el nivel de afectación emocional que ella tenía ante sus denuncias que quedaron en impunidad" y, dice, "si Mireya hubiera encontrado en las autoridades una respuesta es probable que la situación no hubiera ocurrido".  
 
OBSTÁCULOS
 
Al respecto, el 10 de junio el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) emitió un comunicado donde enfatizó que el juzgar con perspectiva de género debe ser obligación de las instituciones y dijo que el caso evidencia "las enormes dificultades que enfrentan las mujeres cotidianamente en las instancias de procuración e impartición de justicia, y las desigualdades de género que aún prevalecen".

En el comunicado, el Inmujeres recalcó que en muchas ocasiones, cuando las mujeres acuden ante la justicia por divorcios o custodias se enfrentan a "una cadena de obstáculos" como las leyes que las discriminan y a "patrones misóginos, prejuicios y sesgos de género presentes en quienes tienen la tarea de decidir un asunto tan delicado como la custodia de las hijas o hijos, los cuales con frecuencia son utilizados como instrumentos de control, dominación y perpetuación de la violencia machista".
 
17/MMAE/GG

Las personas que vivieron una violación sexual o cualquier otro delito de este tipo, no denuncian ante los Ministerios Públicos especializados en violencia sexual, ya que desconfían de las instituciones de justicia y temen ser revictimizadas, pero sí acuden a organizaciones civiles, que se han vuelto una opción para que sean atendidas ante un Estado que incumple. 
 
En una de esos organismos civiles es la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), que atiende 500 casos semanales de mujeres y niñas que fueron víctimas de algún delito sexual. Su directora, Laura Martínez Hernández, explicó a Cimacnoticias que esta cifra es el subregistro de quienes no denuncian debido a “la burocracia y a la falta de una atención de las autoridades responsables”. Por eso, llegan aquí, dijo, a instancias que no tienen nada que ver con la Procuraduría”.
 
De las 10 personas que denuncian una violación u otro delito sexual ante las Procuradurías de Justicia locales, en 2 casos sí procede el delito y tal vez, dijo la especialista, en uno hay sentencia. Este índice demuestra la falta de justicia para las víctimas, indicó Martínez.
 
La fundadora de la Asociación, señaló en entrevista que desde los 27 años de experiencia que tienen la organización en el tema, observan que el problema empieza desde que las personas acuden al MP a levantar una denuncia. El tiempo mínimo para que esto suceda es de 8 horas, el máximo 12. “Este no es un procedimiento que sea corto, ni que esté tomando en cuenta que la persona se encuentra mal emocionalmente”, indicó.
 
La contención emocional y el chequeo de la salud de una persona que acude a las Agencias especializadas es fundamental, explicó Martínez Hernández. El primer paso –e inmediato- es que a se les brinde a las víctimas anticoncepción de emergencia para prevenir enfermedades de transmisión sexual y constatar que no tiene lesiones físicas.
 
A largo plazo se debe continuar el acompañamiento y seguimiento del protocolo de atención, continuó la también psicóloga. El chequeo de que la víctima no le fue transmitida alguna enfermedad sexual debe ser a partir de una revisión periódica (cada tres meses durante un año). Al término se debe proseguir con la atención psicológica, indicó.
 
Pero esto no sucede, aseguró la especialista, “no se hace, no se les da como atención urgente, las dejan esperando por mucho tiempo”. Para quienes sean atendidas, serán transferidas a una clínica de salud, después tendrá que regresar a continuar con la declaración. “Es la burocracia lo que hace que las personas se cansen de continuar con la denuncia”, señaló Hernández.
 
Una solución, propuso la especialista, es que los servicios jurídicos y legales se concentren en una sola instancia, que sea capaz de brindar un modelo de atención integral; médica, legal, psicológica y atención a familiares.
 
“Eso es lo que se necesita una institución que brinde todos estos espacios en el mismo lugar, para un buen abordaje real”, y no de manera diferenciada y descoordinada como se tiene hasta ahora, añadió.
 
DESESTIMAN DECLARACIÓN
 
El siguiente obstáculo se presenta cuando las víctimas dan su declaración, porque “es muy difícil que se levante bien la denuncia”, dijo la directora de Adivac, la falta de conocimiento, estigmas y sensibilización por parte del personal de las Agencias Especializadas, hace que muchas denuncias sean desestimadas y no procedan, dando paso a la impunidad.
 
Por ejemplo, comentó Laura Martínez, cuando declaran las mujeres que vivieron una violación sexual no se interpreta y contextualizan la situación que enfrentaron, “declaran cosas como ‘dejé que me bajaran los pantalones o el vestido” cuando se están dejando porque las están amenazando”.
 
“Los funcionarios públicos deben de tener una sensibilización y capacitación que realmente les muestre a ellos cómo atraviesa una persona la violencia sexual, si no lo identifican ellos, entonces no van a poder dar una buena atención”, declaró la especialista.
 
PRUEBAS
 
Pero la falta de especialización no sólo se da en el rubro de atención, dentro de los MP continua al momento de la investigación. La directora de Adivac dijo que a partir de los casos que han acompañado, observan que las personas encargadas en investigar que se cometió el delito no están especializadas, lo que obstaculiza el acceso a la justicia.
 
El personal encargado de realizar el peritaje médico y psicológico que compruebe que la mujer o niña fue víctima de algún tipo de delito sexual, no está especializado “Al hacer el peritaje te piden una cierta especialización en el tema y nadie la tiene. Por ejemplo, igual un psicólogo que trabaja con adultos que vivieron violencia sexual, atiende a menores de edad, no hay manera de que estén especializados”.
 
La misma organización, ha brindado capacitaciones a funcionarios y el personal público, incluso ha tratado que su personal colabore en las Agencias, destacó Martínez Hernández. Pero las autoridades se niegan a dar continuidad a los modelos de atención, se transfiere el personal con cada cambio de gobierno, lo que impide tener avances reales en la materia, señaló la especialista. 
 
Ante este contexto y un Estado que no invierte en la atención a víctimas de delitos sexuales, se plantea como clave el trabajo de instituciones como Adivac, afirmó su directora, y pese a la falta de recursos para atender a familias enteras y además pagar a su personal, “sigue existiendo”.
 
“Por eso nosotros no hemos desaparecido, porque es un delito que sucede, porque la misma gente es la que hace que sigamos trabajando aún sin el apoyo del sistema”, concluyó Laura Martínez.
 
17/HZM/GG

Durante 2016, las niñas y adolescentes de México fueron las más violentadas destacó la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), ya que en el periodo de 2006 a 2014, 8 de cada 10 menores de edad desaparecidos eran mujeres entre 15 y 17 años de edad.
 
En conferencia de prensa la Redim en colaboración con organizaciones como el Centro Interdisciplinario para el Desarrollo Social (Cides), y la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas AC (Adivac), hicieron un balance anual del estado de los Derechos Humanos (DH) de menores de edad y adolescentes en el país, con el fin de detectar los desafíos que presenta el nuevo año.
 
El presidente de la Redim, Juan Martín Pérez, destacó que en los últimos años las desapariciones de menores incrementaron en el país; de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas entre 2006-2014 registraron 25 mil 821 personas desaparecidas, de ellas 30 por ciento tenían 17 años o menos.
 
De este porcentaje las mujeres adolescentes fueron las más afectadas, además podrían ser víctimas de explotación sexual comercial, señaló Martín Pérez.
 
Por otra parte, la representante de Commenta AC, Nasaly Brito, añadió que es necesario prestar especial atención en el cuidado de las niñas que viven en situación de calle. Planteó que ellas enfrentan mayores desafíos, ya que la violencia de género “empieza en la infancia” y se agudiza si las niñas se encuentran en estado de pobreza.
 
Nasaly Brito comentó que en 2014 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó que existían 21.4 millones de menores de 17 años en la pobreza,   “cerramos el año con niños y niñas muy pobres”, concluyó.
 
Asimismo recordó que durante la primera audiencia pública del Gobierno de la capital con madres y niñas en situación de calle celebrada en diciembre de 2016, las madres expusieron las condiciones precarias en las que se encuentran los refugios del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal (DIF-DF) y manifestaron ser víctimas de violencia física y psicológica dentro de estas instalaciones. Además de ser separadas de sus familiares.
 
La audiencia fue realizada por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera con el fin de atender a esta población de la capital que en 2015 se contempló entre tres mil 700 y cuatro mil personas en situación de calle, según la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México (Sedeso). En la audiencia se anunció la implementación del programa “Hogar CDMX”, un albergue que brindará atención a 150 madres en situación de calle.
 
Por lo cual, la representante de Commenta AC apuntó que se deben crear políticas públicas para la infancia y adolescencia en situación de calle desde la perspectiva de género.
 
Por último, las organizaciones pidieron a las autoridades mexicanas designar un presupuesto adecuado para el funcionamiento de la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (LGDNNA) implementada en 2014, así como para su mecanismo, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), el responsable de generar las políticas públicas necesarias para los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
 
Además solicitaron una reunión urgente con Enrique Peña Nieto, para discutir el recorte presupuestal (el cual se contempló en 759 mil millones de pesos) que afectará la garantía de los DH de las y los menores, afirmaron los presentes.
 
17/HZM/KVR