Ministerio de Sanidad

Numerosas voces se han alzado estos días para alertar sobre las mujeres asesinadas en lo que llevamos de año y, en especial, en el final de la pasada semana. Un grupo de mujeres hacen huelga de hambre en la Puerta del Sol de Madrid y son apoyadas por diversas asociaciones, medios y decenas de personas que acuden un día sí y otro también a mostrar su indignación por lo que está sucediendo.

Mientras, el Partido Popular (PP) no se digna a aparecer –tampoco Ciudadanos- en el acto celebrado en el Congreso por la Plataforma 7N, justamente centrado en el trabajo desarrollado por la subcomisión que apunta a lograr un pacto de Estado contra la violencia machista. 

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolores Montserrat, afirmó el pasado jueves en el Congreso de los Diputados, en la sesión de control al Gobierno,  que el machismo no se acaba con más dinero –no pasa nada con los recortes-. Eso sí, como golpe de efecto ante la “alarma” desatada por la “acumulación” de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas, el jueves se convocó una reunión de urgencia entre representantes de Sanidad, Justicia, Interior y Educación, en la que se acordó, entre otras cosas, la creación de un órgano interministerial en el que estarán representados los Ministerios, la Federación Español de Municipios y Provincias (FEMP), las Comunidades Autónomas (CCAA) (por turnos de dos) y portavoces de todos los grupos parlamentarios.

¿Cómo se piensa acometer la ampliación del concepto de violencia de género, si ni siquiera se es firme con el compromiso con la violencia que se ejerce sobre las mujeres en el ámbito de las relaciones de pareja? El Convenio de Estambul, ratificado por España, obliga a reconocer otras formas de manifestación de la violencia machista. Ese es uno de los asuntos fundamentales que serán debatidos en la subcomisión de violencia de género del Congreso, sobre lo cual la Plataforma 7N, que expondrá sus argumentos como representante de múltiples voces expertas y del movimiento de mujeres que lo conforma, tiene mucho que decir y aportar.

“GOLPES DE EFECTO”

Pero el Gobierno y el PP han preferido no escuchar a las mujeres y tratar de dar “golpes de efecto” ante lo evidente: las seis mujeres asesinadas por violencia machista en un lapso de cuatro días, entre el 19 y el 22 de febrero pasado.

Muchas de las presentes en las jornadas organizadas en el Congreso de los Diputados por la Plataforma 7N, que reunió a unas 200 participantes venidas desde toda la geografía española para hablar de violencia machista, manifestaron públicamente su "decepción" e "indignación" por el hecho de que ni el Partido Popular ni Ciudadanos estuvieran presentes en el evento.

"Muchas hemos recorrido cientos de kilómetros para estar hoy aquí y poder debatir con nuestros representantes políticos la grave situación de la violencia machista que se ha cobrado la vida de 20 mujeres en lo que va de año", manifestó una de las participantes que venía del País Vasco. Tampoco estuvieron presentes Partido Nacional Vasco (PNV), aunque se excusó, ni Esquerra Republicana.

Sí lo hicieron Marta Sorlí, portavoz de igualdad de Compromis, aunque salió al acabar su exposición y no pudo quedarse al debate; Ángela Rodríguez, secretaria de Coordinación e Igualdad de Podemos, y Ángela Álvarez, portavoz de Igualdad del PSOE.

De algún modo, según expresaron Ángeles Álvarez y Ángela Rodríguez, quienes forman parte de la subcomisión del Congreso, las medidas anunciadas tras la reunión el pasado jueves de la ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad, con el de Interior y el de Justicia son un “ataque directo” al trabajo que se está desarrollando.

"Estamos encantados de que el gobierno cree todos los organismos que cree oportunos para combatir la violencia contra las mujeres, pero ha anunciado la creación de un organismo en el que están los portavoces de los grupos políticos y la Federación de Municipios sin que se hayan molestado en levantar el teléfono para hablar con ellos, por lo que tienes la sensación de que funcionan en clave de ocurrencia", afirma Álvarez.

No podemos resignarnos a soportar el goteo trágico de feminicidios como una cuestión inexorable. No podemos basar nuestra implicación en repetir “denuncia, llama al 016” cual consigna. No podemos delegar la responsabilidad de la lucha contra el patriarcado y su manifestación más violenta en las y los representantes políticos, aunque sea preciso recordar que Sí, el dinero contribuye a luchar contra el machismo, cuando se invierten recursos en prevenir, en sensibilizar, en educar, en salud, en formación de las personas profesionales que intervienen en los procesos de detección, denuncia, ayuda y protección a las mujeres que sufren violencia. Y no, por ejemplo, en fortalecer las estructuras militares y financieras.

Pero más allá de leyes y herramientas, o más bien a la vez, el reto ha sido recientemente definido por una de las representantes de la Plataforma Feminicidio.net: “El reto es que la soledad de la mujer que sufre el aislamiento y la violencia machista, se convierta en un problema compartido y que la solución sea comunitaria. Tuya y mía, una cuestión personal con anclaje social”.

17/RED/GG  

“De mayor quiero estar viva”, dice la camiseta de una de las cinco mujeres que lleva 14 días en c en la Puerta del Sol de Madrid contra la violencia de género. Ayer, a su protesta se unieron centenares de personas, en un día en el que se confirmaban dos nuevas asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas y mientras la ministra respondía en el Congreso con generalidades a una pregunta oral en el Pleno sobre el descenso presupuestario en esta materia.
 
El pasado 8 de febrero, ocho mujeres de la Asociación Ve la luz se instalaron en la puerta del Sol y comenzaron una huelga de hambre para protestar contra la violencia machista. Tres de ellas se han visto obligadas a abandonar por motivos personales. Una de esas 5 activistas se encuentra hospitalizada por problemas pulmonares.
 
Ayer, las estadísticas del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad confirmaban que los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas se incrementaban de 11 a 15. Este miércoles se conocía el asesinato de una mujer en la localidad barcelonesa de Santa Perpètua de Mogoda y el de otra en Villanueva del Fresno (Badajoz), apuñalada el pasado domingo por su marido.
 
Unos minutos después de las 20:00 horas, un enorme círculo de personas rodeaba la carpa azul, en el centro de la plaza. En el centro del círculo varios carteles recuerdan los nombres de las asesinadas junto a decenas de zapatos tintados de rojo, una iniciativa que llegó hace un par de años a las ciudades españolas impulsada en Ciudad Juárez y que ha sido replicada en todo el mundo.
 
Las asistentes se han sentado para escuchar las proclamas feministas lanzadas por varias mujeres en apoyo a las huelguistas. “Nos hemos cansado de minutos de silencio, queremos mostrarles nuestra rabia y nuestra indignación porque el Gobierno no está reaccionando, se caracteriza por la inacción”.
 
Las ocho mujeres en huelga de hambre (Gloria, Martina, Patricia, Marian, Susana, Sara, Sonia y Celia), enviaron a los principales partidos políticos un manifiesto, que recoge veinticinco medidas efectivas para mejorar la protección de los derechos de estas mujeres y sus hijas e hijos en un pacto de Estado.
 
Entre ellas, se destaca impulsar una Ley Integral de violencia machista, en la que se contemple la figura de "feminicidio" y el reconocimiento de las victimas afectadas por violencia de género, para que se les presten las mismas ayudas que las establecidas para las víctimas del terrorismo. Además, se deben de incluir "especialidades" dedicadas al maltrato de las parejas y ex parejas pero también otras sobre la trata y la explotación sexual de las mujeres.
 
Ese pacto de Estado es el objetivo de la subcomisión de violencia de género promovida en el Congreso y que está recibiendo los aportes de expertas y organizaciones. “En ella deberían tener representación las propias víctimas de violencia de género”, sostiene la portavoz de la presidenta de la Asociación Ve la luz.
 
La Plataforma 7N apoyará a estas mujeres este viernes, tras el acto que celebrará en el Congreso, bajo el título “Compromisos Políticos e Institucionales Contra la Violencia hacia las MUJERES”. El objetivo es iniciar una campaña, a lo largo del primer semestre de 2017, de sensibilización e incidencia de la Plataforma 7N y el conjunto del Movimiento Feminista en el Pacto de Estado a desarrollar por la Subcomisión de Violencia de Género creada en el Congreso de los Diputados y por el Gobierno.
 
17/GL/GG 

El número total de interrupciones voluntarias de embarazo en 2015 fue de 94 mil 188, lo que supone 608 menos que el año anterior y el cuarto descenso consecutivo desde que entró en vigor la ley de 2010, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad.
 
El informe precisó que un total de 200 centros notificaron que hubo 94 mil188 abortos, una tasa del 10.40 por ciento por cada mil mujeres de entre 15 y 44 años.
 
Se trata de la primera estadística que se da a conocer, después de la entrada en vigor de la Reforma de la Ley del Aborto en septiembre de 2015, que impide a las menores de 18 años interrumpir su embarazo sin el consentimiento paterno.
 
Hasta junio de 2010 estaba en vigor en España la Ley de supuestos –que restringía el aborto a tres casos: violación, malformación del feto o riesgo para la madre– de 1985. Después entró en vigor la normativa de plazos, que permite el aborto libre hasta las 14 semanas de gestación.
 
El balance final hasta el cambio legislativo de 2010 fueron 113 mil interrupciones voluntarias del embarazo. Cinco años después el número de abortos se redujo hasta las 94 mil, después de varios años consecutivos de descensos, también bajó la tasa de abortos realizados por cada mil mujeres.
 
LAS MÁS JÓVENES
 
Una de las mayores críticas a esta ley de plazos es que las menores  pueden abortar sin el consentimiento de los padres y las madres.
 
El Gobierno de Rajoy, tras retirar su propuesta conocida como Ley Gallardón –por presión de la ciudadanía y en especial por las asociaciones de mujeres-, finalmente la reformó en septiembre de 2015 y eliminó la posibilidad de abortar sin consentimiento en el caso de las menores.
 
A pesar de eso, las estadísticas del Ministerio indicaron que este colectivo es el que más redujo su tasa de interrupciones desde la entrada en vigor de la normativa de plazos. Entre 2010 y 2015, las mujeres con 19 años o menos son el grupo de edad que más bajaron su índice de abortos por cada mil mujeres: un 26 por ciento.
 
En 2015, el número de abortos entre las menores de 19 años de edad se redujo en 318 con respecto al año 2014 y entre las menores de 15 años disminuyó en 69 (pasó de 9.92 a 9.38).
 
Ahora bien, la interpretación de estos datos es compleja. Por ejemplo, la Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE, (ACAI) aseguró que le inquieta el descenso en la tasa de aborto entre el grupo de mujeres menores de 19 años, sospecha que no sea real y que se esté encubriendo un número importante de menores que podrían estar recurriendo a la clandestinidad para interrumpir su gestación.
 
Por todo ello, desde la organización piden a la ministra de sanidad que revise la autorización expresa de los tutores para casos como los mencionados y se deje de restringir el acceso de estas mujeres jóvenes a la IVE voluntaria, que en algunas comunidades como en Madrid, y de manera completamente arbitraria, se agrava al pedir la autorización de ambos tutores en algunos casos.
 
PREVENCIÓN Y EDUCACIÓN
 
La baja en el número de abortos conduce a sostener que cualquier modificación restrictiva de la actual Ley aproximaría a las mujeres españolas y a las personas profesionales a una inseguridad jurídica, sanitaria y personal del todo indeseable en un país europeo que consiguió consolidar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo por voluntad propia, dejó al margen el recurso a un aborto clandestino e inseguro que sin duda alguna volvería a ser una posibilidad de producirse, esto sería un retroceso.
 
En esta línea, “resultaría del todo un contrasentido que pudieran llegar a producirse retrocesos legislativos si las posiciones conservadoras del Tribunal Constitucional se imponen en la sentencia sobre la actual Ley, pendiente de resolución”, recordó ACAI.
 
Pero además de garantizar el derecho al aborto, solo las políticas preventivas en materia de educación sexual y un acceso real a la contracepción -todo ello previsto en la norma- son las que evitan los embarazos no deseados.
 
ESPECIALISTAS
 
Los datos indicaron que la mayoría de las interrupciones voluntarias del embarazo en España se siguen practicando en centros privados. En 2015, casi nueve de cada 10 abortos se realizaron fuera del sistema público. Por otra parte, este porcentaje cayó casi ocho puntos desde la introducción de la ley de plazos. En 2010, solo representó el 1.8 por ciento de los abortos que se practicaron. En 2015, la cifra llegó hasta el 11.7 por ciento.
 
Desde ese punto de vista, ACAI advirtió que “a las Administraciones Públicas autonómicas, que la incorporación paulatina del aborto en la sanidad Pública, tal y como evidencia el informe, “puede ser un paso en la defensa de los derechos de las mujeres, pero puede retroceder si la atención se deja en manos de personal sin experiencia, capacitación o voluntad”.
 
La práctica sanitaria de aborto provocado debe realizarse por personas profesionales integradas en unidades específicas especializadas. Son estas profesionales quienes tienen que respaldar la intervención. Es imprescindible su formación en todas las técnicas de IVE (farmacológico e instrumental); Este aspecto fue contemplado en la Ley gracias a la presión de ACAI durante el proceso de elaboración de la norma.
 
La caída en el número de abortos se registró en la mayoría de las comunidades autónomas, si bien en siete se incrementaron como en Aragón, Baleares, Navarra, País Vasco, Cataluña, Cantabria y Castilla y León, además de en Ceuta y Melilla.
 
17/RED/ KVR