embarazo

El compromiso del Estado mexicano de proteger la dignidad de las mujeres en la atención de la salud materna se vuelve real cuando los gobiernos asignan presupuesto público para la contratación de parteras técnicas y se les permite que desarrollen su trabajo de manera cabal.
 
Las parteras técnicas están preparadas bajo el modelo de partería, el cual entiende que el embarazo, el parto y el posparto, son procesos fisiológicos naturales, que mientras no haya complicaciones se debe acompañar a la mujer, respetar sus decisiones y no intervenir en estos tres momentos, como si fueran enfermedades a curar.
 
En muchas ocasiones, al tratarlos como padecimientos, se generan riesgos para la salud de la mujer y se ejerce violencia en momentos profundamente relevantes e íntimos. Una de las situaciones que con mayor claridad ejemplifica esto es la alta tasa de cesáreas en el país.
 
La Encuesta Nacional Demográfica del año 2014, reporta que: en el periodo de 2009 a septiembre de 2014, de cada 100 partos ocurridos, 49 son por cesáreas y 54 son partos normales. El problema es que, para la gran mayoría de esas cesáreas, no está claro si eran necesarias, pese a ser una cirugía que como tal, conlleva riesgos, y pasa por mucho el criterio de la Organización Mundial de la Salud de un 10 por ciento de cesáreas por país, es decir, de 10 de 100 partos.
 
Entre diferentes sectores de la sociedad nacional, y en la comunidad internacional, existe el reconocimiento de la necesidad de que el personal de salud, formado con ese modelo, sea parte importante de las diferentes instituciones públicas de salud del país (Secretaría de Salud, IMSS, ISSSTE, Pemex, Sedena y Marina), y que los especialistas en obstetricia actúen en situaciones de emergencia o en la atención de padecimientos obstétricos.
 
Además de las parteras técnicas, otras profesiones en salud se forman apegadas al modelo de partería, tal es el caso de las enfermeras obstetras y perinatales. Por tanto, su contratación real a los servicios de salud del país es una manera concreta de incorporar el buen trato, el respeto y dignidad en la atención materna.
 
Sin embargo, a la fecha, es sumamente bajo el número de personal que estaría ejerciendo bajo el modelo de partería. Un equipo de especialistas, mediante visitas en terreno, registró la cifra de 187: 14 enfermeras generales, 81 licenciadas en enfermería y obstetricia, 49 enfermeras perinatales, 18 estudiantes de enfermería y obstetricia, 19 parteras técnicas, 6 estudiantes de partería técnica.
 
Por su parte, la Secretaría de Salud, informó en un foro público (26 de junio 2017) que, según un diagnóstico de su autoría, en los servicios de salud de los 32 estados habría 278 profesionales en partería, en el año 2017: 71 enfermeras perinatales, 11 licenciadas en enfermería y obstetricia, 40 licenciadas en enfermería, 6 enfermeras neonatales, 25 pasantes, 23 parteras técnicas y 1 parteras asistencial
 
INTERROGANTES SOBRE LA CONTRATACIÓN
 
No obstante, tales cifras (ya sea 187 ó 278) no significan que todo ese personal esté contratado en condiciones estables, ni con toda la formalidad o prestaciones de ley.
 
Una muestra clara de ellos es la información obtenida por Fundar, Centro de Análisis e Investigación, sobre las contrataciones por la Secretaría de Salud para el año 2016: en total, fueron 9 enfermeras (3 perinatales en Quintana Roo y otras 3 en San Luis Potosí, 2 enfermeras obstetras en Guerrero y 1 en Quintana Roo) y 43 parteras técnicas. Todas contratadas mediante presupuesto público etiquetado exclusivamente para eso.
 
Esta información fue entregada a final del mes de mayo del 2017, e indicaba que las entidades federativas todavía no comprobaban que efectivamente se había gastado ese recurso.
 
Ante este comportamiento de las cifras, a todas luces saltan una serie de interrogantes,  si para el año 2016 se contrataron 43 parteras, y el 2017 se bajó a 23 ¿Cuáles fueron las razones para dejar de contratar a 20 parteras? ¿En cuáles entidades federativas? ¿Se consideraron, se evaluaron las afectaciones en las mujeres que no accederán a atención con parteras?
 
Por otro lado, los datos dan cuenta de un eventual aumento en la contratación de enfermeras perinatales y obstetras ¿bajo cuáles condiciones de contratación? ¿Con los salarios que les corresponden y con prestaciones sociales?
 
Por qué, si existen cinco escuelas de parteras técnicas en el país, no se mantiene o aumenta la contratación de este personal.
Por qué, tanto para parteras como para enfermeras, las dinámicas de contratación cambian radicalmente de un año a otro.
 
Asimismo, las cifras reflejan de manera contundente que la contratación todavía está en una condición de mucha fragilidad, como si pendiera de un hilo. La paradoja es que en la administración pública de México se cuenta con la plataforma administrativa y de gestión suficiente para que se lleve a cabo.
 
Esto quiere decir que existe un código de contratación –denominado Catálogo Sectorial de Puesto, por ejemplo el de las parteras técnicas es M02117– y un tabulador salarial (el salario para las parteras técnicas es de alrededor de 12 mil pesos mensuales).
 
CONTRATACIÓN EFECTIVA
 
Básicamente, una contratación efectiva en los servicios estatales de salud dirigidos a población sin seguridad social se basa en la asignación de presupuesto específico desde la Secretaría de Salud federal. También que desde los gobiernos y congresos federales y locales haya vigilancia del uso adecuado de los recursos destinados con dicho fin.
 
Que el Gobierno federal no aplique recortes durante el año, que ambos niveles de gobierno transparenten cómo se va ejerciendo el presupuesto para corregir cualquier gestión indebida.
 
Asimismo, que se asigne más presupuesto para aumentar el número de personal de partería y que haya una rendición de cuentas con participación de la sociedad civil.
 
Los requerimientos están, tanto es así, que algunos estados llevan varios años contratando parteras técnicas y enfermeras perinatales y de obstetricia, siendo una prueba fehaciente de que ello es posible.
 
Las mujeres y organizaciones, llevan una larga lucha por poner en el centro de la agenda pública que la dignidad en la atención durante el embarazo, el parto y el pos parto debe ser un principio básico en cómo se conforman los servicios de salud.
 
La Secretaría de Salud, como entidad rectora del Sector Salud, tiene la obligación de activar todos los recursos de los que dispone para que ello sea así. Más, como órgano gubernamental, debe proteger y promover los derechos humanos de las mujeres, y así cumplir con sus obligaciones constitucionales y legales, y salvaguardar la salud materna de las mujeres, elemento toral de tales derechos.
 
Por ende, es un deber e imperativo ético del doctor José Narro, como secretario de Salud, evitar reducciones al presupuesto para contratación de personal en partería en el año en curso, asignar presupuesto para recursos humanos comunitarios como son las parteras tradicionales y asignar más recursos para la contratación de parteras técnicas y enfermeras obstetras y perinatales en el año 2018.
 
* Responsable del proyecto de Partería y Presupuesto en
Fundar, Centro de Análisis e Investigación A.C.
daniela@fundar.org.mx
** **Fundar, Centro de Análisis e Investigación es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
17/DFDA/GG

Si estos embarazos son producto de violencia sexual el Estado debe garantizarles el acceso al aborto, pero sobre todo, salvar su vida, afirmaron expertas consultadas por esta agencia.

La ginecóloga y asesora en sistemas de salud en Ipas México, organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, Claudia Martínez López, explicó en entrevista que la Norma Oficial Mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) establece el derecho al aborto y atención médica de urgencia en caso de una violación.

Agregó que el riesgo a la salud y vida de la gestante es una de las causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo en 14 entidades del país y en el caso de las niñas, este riesgo se incrementa por su condición física y biológica, por lo que la causal debe cumplirse.

Explicó que hay mucho mayor riesgo de mortalidad y morbilidad maternas (secuelas a la salud por el embarazo) en las niñas de estas edades cuando llevan a término un embarazo, que si decidieran interrumpirlo en condiciones seguras.

“Si se interrumpe un embarazo en una menor de 14 años de edad en las primeras 8 semanas de gestación, el riesgo de complicaciones es del 0.3 por ciento. Arriba de las 12 semanas únicamente aumenta 0.5 por ciento, aún con los procedimientos tecnológicos adecuados”, por lo que es fundamental que sí se realicen las interrupciones legales del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, precisó.

“Los trastornos hipertensivos por un embarazo en la niñas es una de las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad materna infantil, en el país, a ello se agregan otras como las hemorragias en el parto”, precisó.

Datos del Instituto de Estadística y Geografía, revelan que en diez años (2005 a 2015) se registraron 72 defunciones de niñas entre 10 y 14 años de edad por razones maternas.

La especialista de IPAS precisó que una niña embarazada tiene riesgo de presentar partos prematuros -que atenta contra su vida y la del producto- problemas de presión alta (preeclampsia), y hemorragias durante el embarazo, parto o puerperio.

Aunado a esto, las secuelas de un embarazo en la infancia se prolongan después del parto -continúa- el aporte nutricional que necesita el producto para crecer hace que una niña termine en situaciones de desnutrición, descalcificación o anemia.

En ocasiones, agregó, la situación se agrava en infecciones bacterianas como la sepsis del puerperio (bacterias en las sangre entre la expulsión de la placenta y seis semanas después del parto), que de no tratarse deriva en casos fatales del fallecimiento de la menor de edad. Esto también significa que si el producto nació quede en la orfandad, agregó.

“Si consideramos que el cuerpo de las niñas no se ha desarrollado por completo para parir, la mayoría de estos embarazos de alto riesgo requiere la práctica de una cesárea, lo que hace que en próximos partos sean más vulnerables a presentar fisuras en los órganos cercanos al área del útero; además, por la herida en el abdomen se forma un tejido de cicatriz interna (adherencias) que puede tener consecuencias como las obstrucción intestinal, dolor crónico y la infertilidad”, explicó Claudia Martínez López.

URGENTE ATENCIÓN MÉDICA

Pese a que el embarazo producto de una violación debe atenderse como emergencia médica para asegurar el bienestar de las menores de edad, el personal de salud no conoce o se niega aplicar la NOM 046, la Ley General de Víctimas y a respetar el interés superior de la niñez, aseguró el asesor en políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González.

Respecto a los programas del Estado, si bien la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) pretende “erradicar el embarazo en mujeres de 10 y 14 años” para 2030, ésta no contempla en ningún rubro difundir la información sobre el derecho al aborto para las niñas víctimas de violación, observó.

Sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud consultado por esta agencia, registró 11 mil 219 nacimientos donde las madres tenían entre 9 y 14 años de edad.  En cuatro casos las niñas tenían 9 años, 25 de ellas tenían 10 años, 55 de 11 años, mientras en 11 mil 135 casos fueron madres entre 12 a 14 años.

VIOLACIÓN Y UN EMBARAZO: LA SALUD MENTAL

A pesar de no tener certeza, se presume que detrás de los embarazos de menores a 14 años hubo violencia sexual perpetrada por personas de confianza como familiares y vecinos, lo que afecta gravemente la salud mental de las niñas, explicó la psicóloga de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Diana Mireya Saldívar Moreno.

Las menores de edad, dijo la experta en infancia, están en una etapa de construcción de lazos afectivos y madurez emocional que se ve alterado después de una violación, por lo que son propensas a desarrollar depresión, ansiedad y “problemas psicosociales” que las hace aislarse, desconfiar de las personas, y bajar su rendimiento en la escuela o desistir de ella.

Muchas tienen sensaciones de culpabilidad pues presentan una maternidad que no desearon, por lo que el acompañamiento y una atención psicoterapéutica pueden contrarrestar y eliminar estas consecuencias, señaló la psicóloga de la asociación experta por 27 años en violencia sexual.

El impacto de un embarazo por violación en una niña trasciende y trastoca también a la familia, detalló la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ofelia Bastida Luna. En su experiencia como asesora legal de este tipo de casos, son las madres quienes tienen que buscar alternativas para que sus hijas puedan interrumpir el embarazo.

“Piensan en si van a incurrir en un delito, a veces tiene que viajar para llegar a organizaciones fuera de sus localidades. En las madres finalmente recae la angustia, son como una esponja, absorben todo el impacto del proceso. Y al conocer la agresión que vivieron sus hijas se responsabilizan de no protegerlas”.

Para la abogada de GIRE, el Estado permanece ausente aún cuando es su obligación asegurar la vida de mujeres y niñas, pero no hay política pública integral que las reintegre a la escuela, acceder a un aborto, tampoco atención psicológica, mucho menos garantizarles justicia, por lo que urge que el gobierno haga estrategias para atender a las niñas víctimas de violación, concluyó.

17/HZM/MMAE/LGL

En México, durante 2014, casi 40 por ciento de las mujeres que fallecieron por alguna causa de muerte materna tenían escolaridad básica incompleta y 10.4 no tenía escolaridad, es decir que eran analfabetas y además vivía en condiciones de pobreza, señaló la investigadora del Observatorio de Mortalidad Materna en México (OMM), Guadalupe Ramírez Rojas.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la experta advirtió que el hecho de que las mujeres cuenten con seguridad social y servicios de salud, no asegura que tengan una buena atención y orientación médica para ayudar a reducir el riesgo de Muerte Materna (MM) ya que en 2014,  un 42 por ciento de embarazadas que contaba con seguridad social, falleció por causas ligadas a la maternidad.
 
En 2014, la Razón de Muerte Materna (RMM) se ubicó en 38.9 fallecimientos, por cada 100 mil nacidos vivos, cuando la meta de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) cuyo plazo venció en 2015, era de 22.
 
Ramírez Rojas dijo a Cimacnoticias que para lograr el nuevo compromiso establecido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en cuanto a reducción de MM, es necesario incrementar el acceso a la educación y generar más empleos para las mujeres ya que quienes fallecen por esta causa, siguen siendo las mujeres en condición de pobreza.
 
La investigadora añadió que 10 por ciento de las mujeres que fallecieron ese mismo año, eran hablantes de alguna lengua indígena pero aún las que son bilingües, no comprenden totalmente el idioma español, por lo que recomendó que este dato debería ser tomado en cuenta por el personal del sector salud a la hora de brindar atención y asesoría médica.
 
Agregó que 42 por ciento de las defunciones registradas en 2014, fueron por causas directas de muerte materna; de ellas, la causa principal fue hipertensión durante el embarazo con un 20 por ciento y las hemorragias durante en el puerperio (etapa después del parto que dura hasta 40 días) representan un 14.3 por ciento de las causas directas de los decesos.
 
El aborto es la tercera causa directa de muerte materna con un 9.2 por ciento.
 
Las causas de muerte materna indirecta, que son aquellas enfermedades crónicas que padecían las mujeres antes de embarazarse, como cáncer, diabetes, enfermedades cardiacas, lupus y otros padecimientos, representaron un 31 por ciento.
 
Por lo anterior, las mujeres que tienen una enfermedad crónica deben recibir una mejor orientación por parte del personal de salud, para que les expliquen los riesgos que representa un embarazo para su salud.
 
De acuerdo con datos del OMM, 43.3 por ciento de las mujeres acudió durante el primer trimestre de su embarazo al control prenatal, de ellas un 22.6 por ciento tuvo entre 3 a 5 consultas prenatales y el 30 por ciento tuvo más de 5 consultas. De manera que las mujeres sí cuentan con información sobre la importancia de acudir a consultas médicas durante el embarazo, precisó Ramírez Rojas.
 
La investigadora agregó que 72 por ciento fue atendida durante el parto en un servicio de salud, 42 por ciento se atendió en un hospital o clínica de salud y sólo un 5.2 por ciento tuvo su parto en el hogar con atención de parteras.
 
16/GVV/LGL

Ahora que nos han llenado de comerciales sobre la importancia de las buenas noticias, me quedé pensando qué buena noticia podrían tener las mexicanas.
 
Por más que busqué, no encontré las buenas noticias, por el contrario, las malas noticias, aquellas que afectan a las mujeres crecen y crecen. Y son tan graves, que es éticamente imposible dejar de mencionarlas.
 
En un pincelazo hecho por varias organizaciones el pasado 24 de agosto en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en el Encuentro “Cumplir para Avanzar México ante el 9° informe periódico de la CEDAW 2016” -que se realizó del 24 al 26 de agosto por la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos-
las malas noticias fueron muchas y cuentan mucho en la vida, integridad y desarrollo de las mexicanas, sus familias y el país.
 
Estamos frente a un problema de seguridad nacional. En 21 entidades federativas se ha solicitado la Alerta de Violencia de Género ante el incremento de violencia contra las mujeres y la impunidad que impera sobre el feminicidio. Es decir, 66 por ciento del territorio nacional está llamando a salvar la vida de sus ciudadanas y se encuentra con oídos sordos, con actitudes políticamente correctas del funcionariado que busca cuidar las espaldas a su gobernador.
 
A este panorama de violencia contra las mujeres se suma la violencia política, recrudecida por la omisión e inacción del Estado en entidades como Chiapas, Guerrero y Oaxaca.
 
El embarazo temprano sigue en aumento, y niñas de entre 10 y 12 años están siendo madres con todas las consecuencias negativas que esto trae. Podemos creer que detrás de cada niña embarazada hay violencia, sí.
 
En Chiapas, por ejemplo,  12 por ciento de las niñas menores de 12 años presenta embarazos y se casan, informó la abogada chiapaneca Martha Figueroa, durante el Encuentro “Cumplir para Avanzar, en donde no solamente se habló del incremento de la violencia contra las mujeres sino de la saña con la cual se les asesina; por ejemplo, en Guerrero, donde las mujeres están siendo lapidadas y en algunos casos presentan signos de canibalismo, explicó la guerrerense Marina Reyna Aguilar.
 
No, no hay buenas noticias que contar en cuanto al cumplimiento del Estado para la protección efectiva de los Derechos Humanos de las mujeres; situación que se ha visto agravada en estos 4 años de gobierno de Enrique Peña Nieto. Como ejemplo, el informe que tenía que presentar el Estado Mexicano ante la CEDAW para este año se ha pospuesto para el 2018.
 
La persecución contra las mujeres por aborto se incrementó de 2008 a 2016; de acuerdo con investigaciones hechas por la doctora Lourdes Enriquez, en 8 años las mujeres presas por homicidio en razón de parentesco -que es como se está juzgando a las mujeres que abortan intencionalmente o no- pasó de 80 casos en 2008 a 600 en el primer semestre de 2016.
 
De estas 600 mujeres en reclusión, 60 por ciento fueron juzgadas por aborto y de ellas, 40 por ciento bajo la premisa de homicidio en relación al parentesco, es decir, se está equiparando un producto en gestación con una persona viva, lo cual implica una aberración jurídica, explicó Enriquez.
 
A la ausencia de buenas noticias ahora se avizoran otras más, como la ausencia de las mujeres en las cinco prioridades anunciadas por el ejecutivo federal para los próximos 2 años.
 
Otra mala noticia es que el borrador que actualmente se discute en el Senado sobre la Ley General de Víctimas, elimina a las víctimas de violencia sexual. De concretarse, dejará en desprotección a las mujeres y niñas víctimas de delitos sexuales, negándoles la atención integral, la reparación del daño y violando el principio pro persona que mandata nuestra Constitución.
 
No es que no queramos dar buenas noticias, pero cuando se tiene enfrente un panorama tan doloroso e indignante, las buenas noticias son las que hacen falta.
 
16/LLH/LGL

La Asociación Mexicana de Partería, es la instancia que vela por los derechos de las parteras, así como la generación de estrategias para elevar los estándares de la profesión, fortalecer el modelo de partería para garantizar la seguridad y calidad de la atención.
 
Todas las mujeres en México tienen la capacidad para decidir con quién atender su embarazo, parto y puerperio, de acuerdo a sus necesidades y valores culturales. Las mujeres que deciden parir fuera del hospital, son motivadas por razones profundas, muchas han vivido violencia obstétrica, cesáreas innecesarias y separación del bebé o de sus familiares. Cuando buscan a una partera lo hacen porque la atención está centrada en sus necesidades, le dedica tiempo para disipar sus dudas, considera aspectos emocionales, familiares, económicos y nutricionales y se acerca a la mujer desde un entendimiento que el embarazo es una experiencia dentro de la vida de la mujer, no es una serie de procesos e intervenciones.
 
Cuando la mujer pare en un espacio no hospitalario, lo que procede es que tienen 72 horas para registrar a su recién nacido posterior al nacimiento y para ello, existe una normatividad en el país, elaborada por la instancia rectora en el país: la Secretaría de Salud que tiene aplicación a todo el territorio nacional. A este registro, se le denomina Certificado de Nacimiento, que es un documento obligatorio y gratuito, un derecho del nacido vivo para poder proseguir con la ciudadanía mexicana.
 
La Dirección General de Información en Salud (DGIS), tiene la obligación de enviar semestralmente a los Servicios Estatales, los formatos del Certificado de Nacimiento. Según esta normatividad, en el caso del parto no hospitalario, las parteras se harán cargo de certificar los nacimientos que atiendan; para ello, las parteras deben estar registradas y tomar los cursos de capacitación programados. La normatividad indica que, por ningún motivo se podrá condicionar su entrega.
 
En muchos lugares del territorio nacional se aplica la normatividad de acuerdo a lo estipulado; sin embargo, muchas mujeres enfrentan enormes dificultades y obstáculos, debido a que se les niega a las parteras el acceso al mismo. Así que, al decidir no vivir los maltratos y/o innumerables eventos de violencia obstétrica, al decidir parir en casa, el camino que siguen tanto las mujeres recién paridas como las parteras es la violencia institucional de diferente naturaleza. A continuación, narramos las historias que enfrentan tanto las parteras como las mujeres que deciden por otras opciones de atención.
 
Las parteras se desplazan en reiteradas ocasiones para obtener el certificado de nacimiento y se enfrentan a la problemática de la ausencia del personal, o tienen que pagar dinero de su bolsillo para obtenerlos. Cuando una partera tiene mucha productividad es cuestionada y le niegan el acceso al certificado de nacimiento, argumentando que ya se le dieron “demasiados”. Muchas parteras se ven obligadas a pedir favores a personal de salud en otras instituciones, en estos casos, el nacimiento queda registrado dentro del hospital y atendido por médico. 
 
Para el caso de parteras técnicas, enfermeras obstetras o perinatales que cuentan con cédula profesional, el personal de las jurisdicciones sanitarias, se niega a registrarlas como personal autorizado, por lo tanto, al no poder darse de alta como personal autorizado no pueden acceder al certificado de nacimiento y, las mujeres se quedan sin acceso al registro de sus bebés. Otras deben viajar a un estado colindante donde reciben el certificado sin condicionamientos.
 
Algunas autoridades de salud, argumentan que su lineamiento estatal es institucionalizar los nacimientos y se prohíben los partos en casa y, que la única forma de obtener certificados es formando una asociación estatal de parteras. En algunas jurisdicciones, el registro depende de que se haga una capacitación a parteras, sin fecha para ello y, existen parteras con más de 6 años esperando aviso para la capacitación.
 

Foto: Asociación Mexicana de Partería

Las mujeres que ejercen su derecho de dónde y con quién parir son maltratadas por el personal de salud, viven cuestionamientos, gritos e insultos incluyendo amenazas de quitarles el bebé, hasta que puedan demostrar que no “lo robaron”. En algunos estados obligan a la partera a llevar a la mujer recién parida al centro de salud, para que el médico de fe que ella dio a luz, en otros estados las mujeres una vez paridas, deben ir al hospital, siendo obligadas a revisiones de cavidad uterina y a la realización de un acta de hechos de un ginecólogo y pediatra.
 
Estas son sólo algunas de las ejemplificaciones documentadas del camino tortuoso que viven las mujeres que no se apegan a vivir un parto institucionalizado y medicalizado y se enfrentan a violencia institucional.
 
El personal de las instituciones de salud, como lo demuestran los hechos antes narrados, hace una reinterpretación del procedimiento normativo para el acceso a certificados de nacimientos. A pesar de la existencia de “un manual de implementación” donde se exponen los pasos a seguir en todo el territorio nacional, existen políticas no oficiales, que presionan y obligan a que las mujeres que paren fuera del hospital sean castigadas y maltratadas por su decisión, y las parteras que deciden no trabajar en el sistema de salud, también sean castigadas por ello, como diría Foucoult en su obra célebre “vigilar y castigar”.
 
El modelo de partería incluye parteras –escolarizadas y no escolarizadas - enfermeras y médicos trabajando juntos en red, que ha demostrado mejores resultados clínicos y emocionales para asegurar la salud de la madre y bebé. La partería se ha ampliado, existen escuelas de partería en el país y otros modelos de formación, pero el personal de salud presenta un desconocimiento tanto de la evidencia actual en torno a las funciones y quehacer de la partera, como a la normatividad vigente en el país; la Norma Oficial 007 “para la atención del embarazo parto y puerperio”, integra como recurso humano en salud a las enfermeras obstetras, parteras técnicas y tradicionales capacitadas para la atención del parto de bajo riesgo, y es una libre profesión que no limita su ejercicio al espacio hospitalario, sino principalmente su quehacer en la atención primaria y parto en casa.
 
Por las razones expuestas, hacemos un llamado al Secretario de Salud y a tomadores de decisión de la Dirección General de Información en Salud, a capacitar en la aplicación de la normatividad vigente en el país, a que tenga un mayor diálogo con el Grupo Impulsor de la Partería en México.
 
Todas las personas nacidas en territorio nacional tienen derecho a la ciudadanía mexicana sin condicionantes, independientemente de los valores y elecciones tomadas por su madre. Nos sumamos a dialogar con las autoridades para juntos generar un entorno habilitante al ejercicio de la partería, garantizar el cumplimiento de los Derechos Humanos y de buscar alternativas basadas en la paz para la atención del parto en el país.
 
*Cristina Alonso Lord es presidenta de la Asociación Mexicana de Partería (AMP).
**Silvia María Loggia es secretaria técnica de AMP.
***AMP es parte de la Coalición por la Salud de las Mujeres, una red de organizaciones civiles con trabajo en salud y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
16/CAL/SML/LGL