FEPADE

A partir de la legislación de 2014 que elevó a rango constitucional la paridad de género, todos los partidos políticos están obligados a postular a la mitad de mujeres para cargos de elección y garantizar que no sean candidatas exclusivamente en distritos donde el partido tiene posibilidades de perder.

El objetivo de esta regla, establecida en las leyes generales de Instituciones y procedimientos electorales y de Partidos Políticos, es tener a más candidatas participando en los comicios, generar condiciones para que sean electas, y estén en los espacios donde se gobierna.

Sin embargo de cara a las elecciones de julio próximo y ante el panorama político, las mujeres que quieran participar en esta contienda para ocupar un cargo de elección popular enfrentarán condiciones de desigualdad en la competencia porque a pesar de esta legislación, aún hay actores que no están comprometidos con la paridad de género, y la posibilidad de vivir violencia política es latente.

Tan sólo durante los comicios de 2015, 2016 y 2017, las mujeres electas en ellos vivieron amenazas e intimidación; y en lo que va de este año, ya se cometieron 2 asesinatos contra aspirantes políticas. El pasado 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio guerrerense de Chilapa la ex aspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 del mismo mes fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

Cabe recordar que el próximo 1 de julio se renovará la Presidencia de la República, el Senado, la Cámara de Diputados; 30 entidades Congresos, presidencias municipales, y se elegirán 8 gubernaturas.

El desafío de estas elecciones, aseguraron a Cimacnoticias investigadoras e integrantes de la Red Politólogas #NoSinMujeres, Flavia Freidenberg y Adriana Báez Carlos, será apoyar realmente a las militantes y sus campañas, no sólo darles candidaturas.

NUEVAS REGLAS, MISMOS ACTORES

En entrevista con Cimacnoticias la doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y Máster en Estudios Latinoamericanos por la misma Universidad, Flavia Freidenberg, explicó que a pesar del marco legal los partidos políticos aún se “resisten a cumplir con las reglas del juego que ellos mismos se impusieron”.

Recordó que hoy los partidos no pueden postular mujeres y después obligarlas a renunciar cuando ganan para ceder su cargo a un suplente varón -como ocurrió en la elección de 2009-; tampoco pueden hacerlas candidatas donde el partido va a perder o argumentar la postulación mayoritaria de hombres como resultado de procesos de selección internos.  

En opinión de la investigadora Flavia Freidenberg, todo el tiempo se crean nuevas estrategias de resistencia a la paridad, y ejemplificó que ahora los partidos no eligen a militantes, invitan a mujeres a ser candidatas dependiendo de su pertenencia a grupos o sus lazos familiares, económicos o de sumisión y hasta hacen “pactos de caballeros” intercambiando mujeres.

Es por ello que tanto el Instituto Nacional Electoral (INE) como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) han actuado a través de acuerdos y sentencias que según la investigadora Freidenberg, servirán para que este año, las mujeres estén más presentes en la política.

Para estas elecciones el INE acordó que 50 por ciento de las listas de candidaturas al Senado de cada partido o coalición por los principios de mayoría relativa (voto directo) deben ser encabezadas por mujeres y que las listas de candidaturas por el principio de representación proporcional (pluris) deben encabezarse por una fórmula integrada por mujeres.  

En estas elecciones también existe otra novedad, habrá candidaturas independientes y reelección, por lo que la también investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) resaltó que no sólo las leyes garantizan el principio de paridad, hay gente que trabaja en el monitoreo constante de que estas reglas se cumplan.

Mencionó que en México ha sido fundamental las redes de mujeres, observatorios creados por organismos electorales locales, académicas y defensoras de los derechos de las mujeres que están comprometidas con impulsar la participación de las mujeres, algo que hace la diferencia con otros países que buscan la construcción de una democracia paritaria.   

VIOLENCIA FRENA IGUALDAD  

Para la socióloga y doctora en Ciencia Política, Adriana Báez Carlos, la paridad implica violencia directa contra las mujeres como se registró en 2015, particularmente en localidades donde compitieron por cargos edilicios.

Entre los casos de violencia contra aspirantes o candidatas que salieron a la luz, está el del municipio de San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, donde en 2013 se impidió que las mujeres fueran candidatas para integrar el Ayuntamiento de ese municipio; o la amenaza contra la precandidata del PAN a la alcaldía de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, que en 2016 recibió una corona fúnebre con la leyenda “descansa en paz”.

La también docente del Centro de Estudios Políticos, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, recordó que estos casos hicieron que en 2016 las autoridades electorales elaboraran un protocolo para atenderlos, instrumento que en 2017 se actualizó para hacer frente a la violencia en el contexto electoral.

A la fecha 29 de las 32 entidades (75 por ciento) incluyeron en su legislación electoral o en su Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia el término de violencia política contra las mujeres, pero sólo en Oaxaca, Estado de México y Veracruz es un delito penal.

De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE), de 2013 al 31 de diciembre de 2016 se iniciaron 416 expedientes de violencia política por razones de género (averiguaciones previas y carpetas de investigación).

Pero las dificultades para las mujeres no terminan en las elecciones, afirmó la doctora Adriana Báez, quien señaló que una vez superada esta etapa, deberán inspeccionarse las condiciones que enfrentan cuando llegan a los puestos de elección.

18/AGM/HZM/LGL

En México sólo tres estados no atienden la violencia política contra las mujeres en ninguna de sus legislaciones, uno de esos es Puebla, los otros dos son Guerrero e Hidalgo, de acuerdo con un diagnóstico de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Pero aunque a nivel local no esté tipificado el delito, a nivel federal la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (FEPADE) reportó cuatro casos de violencia política en el estado durante 2017 y siete desde que entró en vigor el nuevo sistema penal acusatorio en junio de 2016.

Con ello Puebla se ubica entre las cinco entidades donde más se violenta a las mujeres en los contextos políticos y electorales.

Para la integrante del Observatorio de la Paridad de Género en Morelos, Ariadna Urbina Ayala, el hecho de que no se tipifique la violencia política de género es una forma de invisibilizarla y obstaculiza su erradicación.

PUEBLA SIN LEGISLACIÓN

La violencia política contra las mujeres, según la Organización de los Estados Americanos (OEA), es “cualquier acción, conducta u omisión, realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos”.

En el “Diagnóstico de la participación equilibrada de mujeres y hombres en los cargos de elección popular en México: principales resultados de los procedimientos electorales 2015 y 2016 para la elección de presidencias municipales”, de la CNDH, se indica que en Puebla la violencia política no está contemplada ni en la Constitución estatal, ni en la Ley electoral; ni en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia o el Código Penal.

A nivel nacional cinco estados incluyen este tipo de violencia en su Constitución, otras 18 en su Ley electoral, 21 en la ley general de acceso y cuatro en el Código Penal.

Elaboración Samantha Páez

La CNDH destacó el caso de Oaxaca, donde no sólo está tipificada la violencia política, sino que también impone dos a seis años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien o a quienes la cometan en contra de las mujeres.

Para Ariadna Urbina la ausencia de tipificación de la violencia política de género es una forma en la que el patriarcado oculta o minimiza este tipo de violencias estructurales, esto con la finalidad de limitar la participación de las mujeres en la vida política y pública.

“La violencia política contra las mujeres por rasgos de género (…) es sistémica e histórica arraigada en la cultura, que tiene muchos años y se ha manifestado de muchas formas. (…) Esto al final del día se vuelve un factor trascendental que limita las intenciones de que las mujeres queramos participar en el ámbito de lo público”.

Aunque si bien es importante que haya una legislación, no basta con ella, ya que se debe modificar el Código penal para que allí se diga cómo, a quiénes sancionar y bajo qué criterios.

En su diagnóstico la misma CNDH considera necesario “que se reconozca jurídicamente que la violencia política ejercida por razones de género contra las mujeres menoscaba sus derechos y desincentiva la participación de las mujeres, pese a que el marco normativo prevea la paridad y reconozca la igualdad de derechos entre mujeres y hombres”.

DETECTAN VIOLENCIA POLÍTICA

La tipificación de la violencia política de género en Puebla es necesaria pues según estadísticas de la FEPADE es uno de los estados del país con más casos.

Elaboración Samantha Páez

El “Informe de la FEPADE sobre la atención de casos de violencia política contra las mujeres. Diagnóstico y avances 2012-2017” menciona que ya con el nuevo sistema penal –que entró en vigor a mediados de 2016- se abrieron siete carpetas de investigación en Puebla.

Por arriba de la entidad sólo se encuentran: Tlaxcala, con 14 casos; Ciudad de México, con 13, y Oaxaca, con ocho.

En total de 2012 a agosto de 2017, la FEPADE abrió 610 expedientes por violencia política de género, las cuales derivaron en 193 investigaciones. Sin embargo, sólo ha consignado seis averiguaciones, después de lo cual se liberaron cuatro órdenes de aprehensión y dos más están en proceso de judicialización.

Elaboración Samantha Páez

La Fiscalía especializada reconoció en ese mismo periodo a 37 víctimas, de las cuales se solicitaron órdenes de protección para 28, otras ocho cuentan con medidas de protección especial y seis han obtenido acompañamiento ministerial en sesiones públicas.

Las denuncias por violaciones a sus derechos político-electorales que recibió la FEPADE fueron principalmente de: mujeres en el ejercicio de algún cargo público (42), candidatas en procesos electorales (23) y funcionarias electorales (18).

Uno de los casos relevantes que la dependencia señaló en su informe 2012-2017 es el de la regidora María Ruth Zárate Domínguez, de Tecamachalco, a la cual el edil Inés Saturnino López Ponce le retuvo su dieta y humilló públicamente durante la sesión de Cabildo.

Recientemente la exdiputada federal y posible aspirante a la alcaldía de Puebla, Violeta Lagunes Viveros, presentó una denuncia por violencia política contra las mujeres, debido a que el columnista de “Contraparte”, Fabián Gómez la agredió verbalmente.

OBSERVATORIOS DE VIOLENCIA

Algunas de las recomendaciones sobre violencia política que hizo la CNDH en su diagnóstico son:

• Atacar los estereotipos y roles de género que limitan las posibilidades de las mujeres, y vulneran sus derechos.
• Promover la capacitación sobre la violencia política por razones de género en las instituciones vinculadas con el tema.
• Promover la obligación de los partidos políticos de procurar igualdad de oportunidades para sus candidatas y candidatos.
• Hacer partícipes a los medios de comunicación de la erradicación de los estereotipos de género que constituyen violencia política contra las mujeres.
• Continuar con los esfuerzos de la creación de observatorios de participación política de las mujeres.
• Impulsar el fortalecimiento de los observatorios para que coadyuven a la identificación de buenas prácticas en la erradicación de la violencia de género y en el impulso de la participación de las mujeres en la vida política.

La respuesta institucional frente a la violencia política deberá fortalecerse, ser clara, pronta y oportuna, de tal modo que se garanticen en todo momento los derechos político-electorales de las mujeres.

A nivel nacional desde el 14 de octubre de 2014 se creó el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, como una iniciativa del Instituto Nacional de las Mujeres, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Nacional Electoral.

Sin embargo en Puebla el observatorio estatal se instauró el 30 de junio de 2017, aunque hasta la fecha no tiene datos respecto a la violencia política contra las mujeres en el estado.

El pasado jueves 22 de febrero se presentó el “Observatorio 33 Mujeres”, para monitorear los casos de violencia política que se presenten en el estado con motivo de las elecciones del 1 de julio, pero también para promover que se tipifique la violencia política de género y hacer conciencia de la gravedad de este tipo de violencia.

La presidenta del Observatorio, Edurne Ochoa, dijo que desde hace cinco semanas están realizando un monitoreo de medios de comunicación. Aunque al momento no tiene datos preliminares sobre los casos de violencia política de género, sí detectaron que 60 por ciento de las agresiones provienen de otras mujeres y 40 por ciento de los hombres.

Violencia política, derecho político-electorales, política, mujeres y política, violencia política en Puebla, FEPADE, elecciones 2018

* Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

18/SP/LGL

Pese a las denuncias de violencia política y a la advertencia de líderes partidistas de que los casos de violencia política podrían aumentar en el proceso electoral 2018, senadores y diputados no convocaron a un periodo extraordinario antes del 2 de junio para incluir el concepto en la ley y aplicarlo en los próximos comicios.  
 
El Artículo 105 de la Constitución federal, en su fracción II, inciso I, indica que las leyes en materia de elecciones deben aprobarse y publicarse por lo menos 90 días antes del inicio de un proceso electoral y durante el mismo no podrá hacerse modificaciones legales fundamentales.
 
En este caso, como el proceso inicia en septiembre de 2017, las reformas sobre violencia política de género se debieron aprobar a más tardar este 2 de junio y ahora no podrán aplicarse el año próximo cuando se elija Presidente de la República, se renueven 500 legisladores de la Cámara de Diputados y 128 senadores, y se realicen  además elecciones locales.
 
Esto a pesar de que en tres años, del 1 de enero de 2013 al 20 de diciembre de 2016, se registraron 335 averiguaciones por denuncias de violencia política de género, según un informe de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
 
El informe de la FEPADE sobre atención de casos de violencia política contra las mujeres de 2013 a 2016 indica que cada año aumentó el número de averiguaciones registradas: en 2013 fueron 61; en 2014 sumaron 55 y para 2015 aumentaron a 173. Sin embargo, destaca que en 2016 bajó el número de denuncias porque hubo un total de 46 casos.
 
No todas las denuncias fueron investigadas por falta de competencia de la FEPADE pero, de acuerdo con las estadísticas de la dependencia, se otorgó la calidad de víctima a 26 mujeres, en razón de la situación particular de riesgo en la que se encontraban y por el contexto político de discriminación, amenazas e intimidación.
 
El 9 de marzo, el Senado aprobó incluir la violencia política de género en las Leyes Generales; de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; y del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
 
ESTANCADA
 
La reforma para dejar en claro que constituye un delito denostar, menoscabar y restringir las funciones de una mujer que ejerce la política, fue enviada a la Cámara de Diputados, pero en este órgano no pasó al pleno porque antes debió ser aprobada por las Comisiones para la Igualdad de Género, y de Gobernación, pero sólo se avaló en esta última.
 
Una vez que en abril concluyó el periodo ordinario de sesiones en San Lázaro, legisladoras de todos los partidos políticos exigieron que las reformas sobre violencia política se aprobaran en un periodo extraordinario de sesiones.
 
Los reclamos de diputadas y más tarde de senadoras hicieron que el coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Carlos Ramírez Marín, y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Francisco Martínez Neri, aseguraran en la última sesión del periodo ordinario en la Cámara de Diputados que “sería un tema a discutir”.
 
17/AGM/GG
 

Por una denuncia presentada en 2015 ante la autoridad electoral, la alcaldesa de Suchiate, Chiapas, Matilde Espinoza Toledo, fue detenida esta mañana como presunta responsable de delitos electorales, al entregar actas de nacimiento a migrantes de países centroamericanos.
 
Agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República (PGR) interceptaron a la política en la Primera Avenida Poniente Barrio Nuevo del municipio de Suchiate, cuando salía de su casa, para que responda a las acusaciones del expediente AP974/FEPADE/2015. Fue llevada a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SIEDO), en la capital del país.
 
De acuerdo con la acusación presentada ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), la alcaldesa entregaba, en 2015, actas de nacimiento a migrantes centroamericanos para que con ese documento pudieran tramitar credenciales del Instituto Nacional Electoral (INE) y, eventualmente, pudieran votar.

La elección de ese año para presidencias municipales y diputados se realizó el 19 de julio y la denuncia fue presentada antes de esa fecha. Antes de los comicios, el 5 de julio, el esposo de la hoy alcaldesa, Saúl Álvarez López, fue detenido por la Procuraduría General de Justicia del estado.

La alcaldesa, entonces aún candidata, fue citada a declarar ante la FEPADE. De acuerdo a lo publicado por medios de comunicación locales en ese momento, a Álvarez López le decomisaron seis actas de nacimiento. Sin embargo, tras la elección, en la que resultó ganadora su esposa, continuó como titular del Registro Civil del municipio.
 
En esa ocasión, las diligencias fueron encabezadas por el titular de la FEPADE, Santiago Nieto y por agentes del a PGR, en la oficialía 01 del Registro Civil de Suchiate, donde trabajaba el esposo de la entonces candidata. Se realizaron cateos y se hizo la auditoría de los registros y material con que se elaboran las actas de nacimiento.  Se detuvo a ocho hombres y a un menor de edad.

Nieto Castillo declaró entonces que recibieron la denuncia del INE y acordaron auxiliar en todas las denuncias presentadas por la autoridad administrativa electoral, para deslindar responsabilidades de la posible comisión de conductas constitutivas de delito electoral. De los resultados informarían al INE y a la PGR. Actuaremos, dijo, por instrucciones de la entonces titular de la PGR, Arely Gómez, “con absoluta imparcialidad”.

LAS ELECCIONES

En Chiapas, para 2015, año en que se hizo la denuncia contra la alcaldesa y su esposo, había un padrón de 3.2  millones de ciudadanas y ciudadanos con credencial para votar.

Se realizaron dos procesos electorales, la elección estatal, el 19 de junio, y una extraordinaria el 6 de diciembre, de acuerdo con el calendario del INE.
Ese año, el Partido Verde logró en el estado, en la elección para diputados, 667 mil 598 votos, contra 82 mil 905 del PRD, mientras que para senadores hubo 677 mil 598 votos para el Verde, contra 82 mil 905 para el PRD.

En esa misma elección, el Verde logró en Suchiate, lugar donde presuntamente hubo registro de personas centroamericanas en el padrón, una votación de 4 mil 57 sufragios, contar mil 640 del PAN y 220 del PRD. 

En la elección para la presidencia municipal resultó ganadora con 5 mil 2 votos, Matilde Espinoza Toledo, quien esta mañana, 2 años después de la acusación, fue detenida por la autoridad. 

17/RED

Ante la falta de estadísticas sobre violencia política de género, el Senado solicitó a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República (PGR), y al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) un informe sobre esta violencia en todo el país.
 
Este martes, el pleno del Senado de la República aprobó dos dictámenes de la Comisión para la Igualdad de Género, uno para solicitar un informe sobre esta violencia, y otro para investigar al presidente de la Sala Regional Xalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Juan Manuel Sánchez Macías, por los comentarios misóginos que hizo el año pasado.
 
El dictamen aprobado indica que, de acuerdo con medios de comunicación, la FEPADE ha señalado que en las elecciones del pasado 5 de junio de 2016 se documentaron  429 asuntos relacionados con delitos electorales en 14 estados del país; se iniciaron 357 números de atención, 53 carpetas de investigación y 19 actas circunstanciadas.
 
Según esta información Chiapas, Puebla, Tabasco y Tlaxcala encabezaron la lista de entidades en donde las candidatas, las presidentas municipales y regidoras fueron amenazadas para que dejaran su cargo.
 
Al debatir estas iniciativas, la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Luisa María Calderón Hinojosa, expuso que las políticas para erradicar la violencia política no están funcionando porque sólo las mujeres trabajan por las mujeres, así que propuso que las Comisiones legislativas se integren por 50 por ciento de mujeres y varones y que ellos también acudan a los talleres de violencia de género.
 
“No está funcionando esta estrategia pública de género en el que sólo las mujeres luchamos por las mujeres, porque ya siendo paridad siguen estando ellos en la foto, ellos en las negociaciones, ellos en las candidaturas ganadores, ellos en las presidencias de las comisiones fundamentales”, dijo.
 
La también ex candidata a gobernadora de Michoacán reclamó que cuando ellas compiten por un puesto sus compañeros las dejan solas.
 
“En nuestras campañas nuestra gente bajó los brazos, cerraron la llave, no nos acompañaron, nos pusieron a disposición y lo hicieron nuestros compañeros que están en las cúpulas de las tomas de decisiones, los que salen en la foto, y esa violencia no se ve, no se ve en nosotros, pero existe, no se ve en el trabajo cotidiano de la toma de decisiones de los que al final salen en la foto”.
 
La senadora dijo que los hombres son políticamente correctos pero en la realidad violan la paridad, por lo que invitó a sus homólogos legisladores a presentar una iniciativa de reforma que busque evitar que las mujeres sean violentadas.
 
Por su parte la senadora del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y originaria de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, dijo que la violencia de género provoca que mujeres con trayectoria desistan de sus actividades políticas, lo que vulnera su derecho a participar en la vida pública de su comunidad.
 
En tanto que la senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Itzel Ríos de la Mora, comentó que uno de los grandes pendientes que tiene la sociedad mexicana es prevenir la violencia política que afecta a las militantes en los partidos políticos y aspirantes a candidatas a un cargo de elección popular.
 
LA MISOGINIA DEL MAGISTRADO
 
En otro dictamen se exhortó al Consejo de la Judicatura Federal y a la Comisión de Administración del TEPJF a iniciar una investigación para determinar si las declaraciones ofensivas y misóginas que el 7 de noviembre de 2016 hizo el magistrado Manuel Sánchez Macías son faltas o conductas graves que limitan, anulan y menoscaban los derechos de las mujeres y, en su caso, ameritan sanción.
 
El año pasado al participar en un foro sobre paridad de género en Tabasco, el magistrado Sánchez Macías expresó: "Yo lo que quiero es que lleguen porque realmente tienen capacidad como todas las aquí presentes, intelectual, porque tienen trabajo, porque saben hacer sentencia, saben tomar decisiones y no porque están bien buenas y tienen unas nalgas exquisitas".
                            
Las legisladoras señalaron que, de acuerdo con el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres, elaborado el año pasado por organismos electorales, esta violencia comprende todas las acciones y omisiones que, basadas en elementos de género y dadas en el marco del ejercicio de derechos político-electorales, tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público.
 
17/AGM/GG

Para garantizar que las mujeres ejerzan su derecho a participar en el proceso electoral de 2017, autoridades electorales e instituciones de Coahuila, Veracruz, Nayarit y Estado de México anunciaron que unirán esfuerzos para prevenir casos de violencia política contra candidatas a cargos de elección.

La alianza está encabezada por el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la Procuraduría General de la República, y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Los organismos informaron que a este compromiso se suman la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales (AMCEE), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), de la Secretaría de Gobernación (Segob).

El INE informó en un comunicado que organizó una reunión interinstitucional para abordar los casos de  violencia política contra las mujeres, en donde los organismos ratificaron el compromiso de prevenir y erradicar esta violencia para que en los comicios de este año las mujeres sean postuladas y en caso de ser electas puedan ejercer el cargo.

La consejera del INE, Adriana Favela Herrera llamó a las instituciones a actuar con prontitud y eficacia, pues alertó sobre reticencias de los partidos políticos de a cumplir con la paridad de género en las candidaturas; además de los casos de violencia en Chiapas, Guerrero y Oaxaca dijo que hay una nueva modalidad de violencia política en contra de las mujeres.

“Hemos detectado mujeres que fueron registradas como candidatas a cargos de elección popular, cumpliendo con la paridad de género que se impulsa desde la reforma de 2014, pudieron acceder a los cargos de elección popular, las dejaron tomar protesta del mismo y  desempeñarlo por algunos meses, pero luego se les está obligando a renunciar, ya sea a través de una renuncia, de una licencia o inclusive hay separaciones sin ningún tipo de explicación”, dijo.
Citó como ejemplo el caso en el estado de Chiapas, en donde se eligió a representantes de 122 ayuntamientos. En 34 casos se eligió a mujeres como presidentas municipales, 68 como síndicas y 662 regidoras, que es el porcentaje más alto de mujeres electas.

Sin embargo, “hasta el 3 de febrero del presente ha habido 54 sustituciones. De esas, 30 son de mujeres, pero 23 de esas mujeres fueron sustituidas por hombres y sólo siete por mujeres. En cambio cuando se da el caso de hombres que deben ser sustituidos, 24 que renunciaron, fallecieron o pidieron licencia, 20 fueron sustituidos por hombres y sólo 2 por mujeres. De ahí que en esos 54 cargos de elección popular hay sólo nueve mujeres, 43 hombres y faltan dos cargos por designar”.

La consejera electoral alertó también sobre el caso de Coahuila, en donde la semana pasada el Organismo Público Local Electoral (OPLE) aprobó un acuerdo de paridad de género en las candidaturas, que ya fue impugnado por la mayoría de los partidos políticos.

“Antes de que existiera la paridad a nivel constitucional, Coahuila ya había logrado una representación importante de las mujeres a nivel de diputaciones locales y sería inadmisible que ahora que ya están obligados a cumplir con la paridad de género en las candidaturas, buscarán un recoveco para no cumplir”, agregó Favela Herrera.

En la reunión la magistrada de la Sala Superior del TEPJF, Mónica Aralí Soto, ratificó el compromiso del Tribunal Electoral ora contribuir, desde la impartición de justicia, a la consolidación de una democracia paritaria libre de violencia.

Dijo que éste es el momento de actuar en conjunto, previo a que inicien las precampañas y campañas electorales. “Es el momento propicio para trabajar en la sensibilización, en la capacitación y en la socialización del protocolo de violencia política contra las mujeres y, sobre todo, de prevención de esta conducta no deseada que corta la libertad de las mujeres que desean participar en los procesos electorales”, señaló.

Convocó a las instituciones participantes a revisar y reformular el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres realizado por los organismos electorales y anunció la realización de foros en las cuatro entidades con elecciones en 2017, con la participación de todas las instituciones convocadas, además de los OPLE, sociedad civil y academia.

El público objetivo, dijo la magistrada, son también los partidos políticos, pues se ha detectado que cuando inician las contiendas internas y definen sus candidaturas hay mucha violencia política contra las mujeres.  

Este año habrá elecciones en seis entidades: en Coahuila y Nayarit se renovarán gubernaturas y Congresos locales; en Estado de México sólo gobernador; en Veracruz se elegirán integrantes de Ayuntamientos; y en Hidalgo y Zacatecas habrá elección extraordinaria para elegir una presidencia municipal y un ayuntamiento, respectivamente. 

A la reunión también asistieron el titular de la Fepade, Santiago Nieto; la presidenta de la AMCEE, Gabriela Williams; la directora de Participación Social y Política del Inmujeres, Paula Soto;  representantes de la CEAV y de la Conavim así como los titulares de las Unidades Técnicas de Igualdad de Género y No Discriminación y, de lo Contencioso Electoral del INE, Mónica Maccise y Carlos Ferrer, respectivamente.

17/AGM/GGQ

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado, Diva Hadamira Gastélum Bajo, aseguró que hay resistencias de los partidos políticos y de algunos legisladores para tipificar la violencia política por razones de género, una violencia que suma 52 casos registrados, según autoridades electorales.
 
La también presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) dijo, en declaraciones a Cimacnoticias, que con esta reforma hay resistencias, tal como sucedió hace una década cuando en San Lázaro se debatía la aprobación de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).
 

La legisladora Diva Hadamira Gastelum (der.) presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado junto a la antropóloga feminista Marcela Lagarde | CIMACFoto: César Martínez López.

 
En 2007 cuando Gastélum Bajo era presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados y encargada de presentar el dictamen de Ley, se enfrentó a las críticas por apoyar una norma dirigida sólo a las mujeres; ahora enfrenta algo similar con el dictamen para investigar y sancionar la violencia hacia las mujeres que participan en política.  
 
“Vivimos 16 proyectos de iniciativa de esta Ley (LGAMVLV). Le sacaban la vuelta, como en el tema de violencia política, ahora quieren hacer una reforma descafeinada; cuando la esculcan no hay dientes de dónde agarrarte para poder tener a los responsables donde corresponde”, afirma la legisladora. 
 
INTENTOS DESDE 2012
 
Hace cinco años, en 2012, en el Senado la priista Lucero Saldaña presentó la primera propuesta para tipificar la violencia política de género, iniciativa aprobada en la Cámara alta pero no ratificada en la Cámara de Diputados. Desde entonces se han presentado más propuestas pero ninguna ha sido avalada por el Legislativo.
 
De 2013 a 2016, en el Senado se han presentado al menos 7 iniciativas para modificar las Leyes Generales de Instituciones y Procedimientos Electorales; de Partidos Políticos; en Materia de Delitos Electorales; del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral  y la Ley General de Acceso.
 
La Comisión de Igualdad ya tiene un dictamen, pero sigue negociando con las diferentes fuerzas políticas y con instituciones electorales y jurisdiccionales para revisar si este fenómeno será sancionado como una conducta administrativo, penal o combinado.
 
A 10 años de que entró en vigor la Ley que establece políticas públicas para hacer frente a la violencia contra las mujeres, la Senadora reconoce que un pendiente es la violencia política. “Muchas callamos la violencia porque nos han enseñado: `Come sin hacer gestos´, y todas lo hacemos, todas las que andamos en política”.
 
Hasta enero de 2017, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que depende de la Procuraduría General de la República (PGR), registró 25 casos de violencia política de género; sin embargo, no todos los casos son investigaciones penales porque no siempre constituyen delitos electorales sino administrativos o controversias partidistas.
 
La senadora Gastélum Bajo asegura que los partidos políticos son dictaduras completas que hay que cambiar.
 

Foro A 10 años de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia | CIMACFoto: César Martínez López.

 
Además agrega que, a 10 años de la Ley General de Acceso, las mujeres no celebran porque los resultados no son los que estaban esperando. “Si hemos avanzado y no lo podemos negar, es innegable que han pasado muchas cosas, nacieron instituciones, legislaciones y protocolos pero algo está pasando que el feminicidio lo seguimos teniendo”.
 
17/AGM/GGQ
 

La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República (PGR), informó que está dando seguimiento y protección a 52 casos mujeres  víctimas de violencia política de género.
 
La información difundida por esta instancia indica que en 16 casos se consideró que la integridad física de la mujer corría riesgo, por lo que se solicitó la intervención de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS).
 
De estos casos, destaca el de una regidora del municipio de Tecamachalco, Puebla, a quien la FEPADE y elementos de la Policía Federal Ministerial brindaron acompañamiento, así como el de una presidenta municipal de Tlapa, Guerrero, cuya protección se solicitó que fuera ampliada.
 
De acuerdo con la información de la Fiscalía se otorgó la calidad de víctimas a 26 mujeres y se solicitó su ingreso al Registro Nacional de Victimas donde 13 ya son atendidas.
 
La dependencia informó que se detectaron 21 casos de violencia política contra mujeres que se cometieron en el ejercicio de sus funciones públicas. Son 10 casos de candidatas agredidas en procesos electorales, 8 de funcionarias electorales y 6 de funcionarias partidistas.
 
La Fiscalía también informó que notó una preocupante cifra de casos de violencia contra mujeres indígenas que ostentan a cargos públicos y que se ven obstaculizadas en el desarrollo de sus funciones.
 
De los casos más relevantes la FEPADE citó el de la vocal ejecutiva de la Junta Distrital Ejecutiva 07 del Instituto Nacional Electoral (INE), en el estado de Oaxaca, Lorena Nava, quien en julio de 2015 fue atacada por un grupo de manifestantes en un evento público; caso en el que se liberaron y se cumplieron con órdenes de aprehensión contra las personas agresoras.
 
También se encuentra el de la presidenta municipal de Chenalhó, en Chiapas, Rosa Pérez Pérez, quien fue obligada a renunciar a su cargo el 25 de mayo de 2016 y aunque fue restituida por una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TRIFE), no tiene condiciones para gobernar.
 
En el recuento de casos también está la magistrada electoral local del Tribunal Electoral de San Luis Potosí, Yolanda Pedroza Reyes, quien en marzo de 2016 denunció que fue víctima de violencia política en el desempeño de sus funciones por parte del presidente del organismo jurisdiccional, quien impidió el correcto desempeño de las funciones de su compañera.
 
Otro caso es el de la precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la alcaldía de Aguascalientes,  Hilda Medina, quien recibió amenazas en su domicilio cuando en febrero del año pasado recibió una corona fúnebre de flores. 
 
La FEPADE también informó que la psicóloga, Erika Escobar, integrante de la Oficina de Atención a Víctimas y Derechos Humanos, realizó 70 acompañamientos psicológicos a las víctimas de algún delito electoral o por violencia política contra las mujeres. De las 21 personas beneficiadas, 18 fueron mujeres y 3 hombres.
 
17/AGM/KVR
 

Las alcaldesas y síndicas del estado de Oaxaca, una vez en el cargo se enfrentan a conflictos y violencia por ingresar a un espacio predominado históricamente por los hombres.
 
De acuerdo con el libro “Democracia e igualdad en conflicto. Las presidentas municipales en Oaxaca” de la autora Margarita Dalton y publicado en 2012 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la participación de las mujeres de Oaxaca en la política se encuentra condicionada por su género.
 
La lucha por la participación de las mujeres en la política de Oaxaca es una demanda histórica, pero la cantidad de mujeres en puestos gubernamentales de la entidad es muestra aún de la problemática.
 
Actualmente sólo 10 por ciento de los 570 municipios de Oaxaca son gobernados por mujeres. A pesar de no ser suficiente la participación de las oaxaqueñas en la política en los últimos años se presentó un avance significativo; de acuerdo con Margarita Dalton para el 2001 apenas 10 mujeres fueron presidentas municipales, es decir, representaron el 1.7 por ciento de todos los municipios de la entidad.
 
Una vez que las mujeres están en el cargo enfrentan diversos conflictos, sufren hostigamientos, son violentadas e incluso son amenazadas de muerte. La autora retomó diversos casos y testimonios de violencia política hacía las mujeres en Oaxaca que datan desde 1970 hasta 2005.
 
Los casos continúan, recientemente las representantes electas del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, fueron amenazadas de muerte si no renunciaban a sus puestos.
 
La síndica municipal, Yareli Cariño fue removida de su cargo 24 horas después de haber tomado protesta, acto presuntamente ordenado por el diputado local del PAN-PRD, Tomás Basaldú Gutiérrez, quien le advirtió que “si no cedía a sus pretensiones sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica”.

Ante el aumento de la participación política de las mujeres, también se acrecentó la violencia, de acuerdo con datos presentados por el director de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto Castillos. En 2015 esta entidad fue la quinta con mayor número de reportes de violencia política hacía las mujeres.
 
Otro caso reciente es el de la presidenta electa del municipio de Eloxochitlán de Flores Magón, Elisa Zepeda, quien al promover los derechos de las mujeres a la participación política en su comunidad, en diciembre de 2014 fue brutalmente golpeada por un grupo de personas y perseguida hasta su casa, fue quemada juntos con sus bienes, su hermano también fue asesinado el mismo día.
 
Para abril de 2016, cuando Elisa Zepeda ganó las elecciones en su municipio, los mismos agresores impugnaron a nivel estatal y federal dicho proceso, hasta el momento la presidenta electa se encuentra a la espera de la resolución del TEPJF de acuerdo con el Colectivo de la Ciudadanía de las Mujeres.
 
La especialista observó que la destitución de las mujeres para desempeñar cargos en diversos municipios de Oaxaca es en su mayoría decisión de los hombres dentro de los grupos políticos, por no considerarlas capaces de desempeñar los puestos, o bien, no querer perder el poder político que detentan.
 
Las mujeres que logran tomar posición de sus cargos se enfrentan también a políticas masculinas muy arraigadas. La escritora Margarita Dalton mencionó que muchas de ellas se ven presionadas por los políticos establecidos para continuar con estas prácticas. Las que tengan la oportunidad lograran proponer un cambio radical en sus formas de hacer política.
 
Otro de los obstáculos que atraviesan las mujeres en Oaxaca es la necesidad de pedir permiso a sus familias y cónyuges para poder postularse por un puesto político.
 
La autora apuntó que los hombres sólo informan a sus familiares de la decisión, mientras que las mujeres negocian, expresan su deseo de contribuir a la política y luego piden permiso.
 
Cabe destacar que en febrero de 2016 en Oaxaca se tipificó la violencia política de género. Además de esta entidad, hasta marzo de 2016, Veracruz, Jalisco y Campeche tipificaron este delito, según información de las autoridades electorales que publicaron el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres.
 
17/HZM/KVR