violencia obstétrica

Tras reconocer que los Derechos Humanos se están volviendo cada vez más exigibles por la ciudadanía capitalina, esta mañana la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nashieli Ramírez Hernández, presentó su informe anual de labores, en la Asamblea Legislativa.

Durante su intervención señaló que 2017 fue el segundo año con el menor número de Recomendaciones en la historia de la Comisión y que se lograron avances en el cumplimiento de los instrumentos recomendatorios sujetos a seguimiento, al concluirse 261 puntos y 14 recomendaciones en su totalidad, entre las que destacó el pago de indemnizaciones a víctimas, y la elaboración, revisión y publicación de manuales y protocolos para regular la actuación de autoridades en el contexto de manifestaciones o reuniones.

Indicó que se emitieron 7 recomendaciones dirigidas a distintas autoridades de la Ciudad donde se determinó la violación a Derechos Humanos por detenciones arbitrarias, violencia institucional contra mujeres adolescentes en internamiento, omisiones al deber de custodia en juzgados cívicos, omisiones en la investigación de casos de feminicidio y homicidios de periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos, uso desproporcionado de la fuerza, violencia obstétrica y mala práctica médica.

De acuerdo con datos de la Relatoría por el Derecho a Defender los Derechos Humanos, de enero a diciembre de 2017 se registraron 378 agresiones: 75 contra mujeres y 27 contra grupos de mujeres.

De las 75 fueron hostigamiento, agresión física, acceso ilícito a sistema y equipos de informática, bloqueo informativo, robo, despido injustificado, abuso de autoridad, violencia contra las mujeres, amenazas, detención en masa, obstaculización a la libre reunión, discriminación, obstaculización a la defensa de los Derechos Humanos, lesiones, detención arbitraria, allanamiento, declaraciones públicas y denegación de justicia.

Nashieli Hernández dijo que además de cumplir con la entrega de este informe, presentaría un Volumen dedicado a las Defensoras de los DH en la Ciudad de México, que visibiliza su participación en el ámbito público, e instó a reconocer, reivindicar y promover el papel de las mujeres en la defensa, promoción y difusión de los Derechos Humanos.

Agregó que a 6 meses de los sismos de septiembre, la Comisión que preside ha recibido 75 quejas que están asentadas en la Tercera Visitaduría, 22 de ellas, mencionó, son por daños pendientes en dictaminación, 5 por construcciones que causaron daños de inmuebles, 5 por inmuebles colapsados, 4 por inmuebles por alto riesgo al demoler y hay 4 pendientes de dictaminar.

Por todo ello, precisó que la CDHDF continuará trabajando para garantizar los DH de las personas damnificadas.

18/RED

 “La bebé no está en posición, viene sentada, así que deberá nacer por cesárea”, sentenció sin más el ginecólogo al observar la ecografía.

A Ayram, la frase le cayó como un balde de agua fría. Rechazaba ser un número más en la estadística de que 45.5 por ciento de las mujeres en México da a luz por intervención quirúrgica, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta práctica es indispensable solo entre 10 y 15 por ciento de los casos.

Meses antes, de manera informada, ella y su esposo decidieron que su primogénita nacería en la comodidad de su hogar y acompañada de su familia; querían ejercer su derecho a un parto humanizado, en un ambiente de respeto y calidez.

Como su embarazo transcurría sin complicaciones y se había preparado para recibir a su hija bajo la guía de una partera profesional, el comentario del médico no tuvo resonancia en su decisión, pues estaba convencida de que la naturaleza obraría y que “el cuerpo de la mujer está hecho para parir”.

Tras su decisión, las críticas llegaron a raudales: “¡Estás loca!, y si hay una complicación, ¿qué vas a hacer?” “¡cómo nacerá en tu casa, si tienes un perro!” y “si el doctor dice que debe ser cesárea, pues que así sea”. Entre más las escuchaba, más segura estaba de lo que haría.

“Vivo en Tulum y aquí escuché hace tiempo de la partería. Cuando me embaracé, me puse a investigar lo relacionado a parir de manera natural, lo conversé con mi esposo y estuvo de acuerdo. Desde el principio tenía muy claro que, si no había ningún inconveniente, no iría a una clínica y lo haría sin la intervención de un doctor”, dice.

En México, las políticas públicas impusieron desde la década de los 50 que los partos fueran atendidos por médicos y enfermeras obstetras en centros de salud, diluyendo la labor de las parteras.

Entre 2002 y 2004 se estableció que todos los nacimientos debían ocurrir en hospitales de segundo y tercer nivel, con el propósito de disminuir los índices de muerte materna.

Actualmente, 94.5 por ciento de las personas mexicanas nace en hospitales y la mayoría bajo procedimientos sobremedicalizados, ejemplo de ello es la tasa de cesáreas practicadas que ubica al país en el cuarto sitio a nivel mundial, un lugar menos deshonroso como el que se ocupó en 2013, cuando se lideró el ranking.

Así que parir deliberadamente en casa, auxiliada de una partera, representa una transgresión a diversos parámetros sociales y enfrenta a las mujeres a una serie de críticas y obstáculos.

La sobremedicalización del embarazo y el parto también se refleja en la alta demanda de los servicios y en la atención de mala calidad que se da a las mujeres en los nosocomios, sobre todo en los generales.

El informe “El estado de las parteras en el mundo”, realizado por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2014, estimó que en México solo se satisfacía 61 por ciento de la demanda de profesionales para la atención de la salud matern

La saturación en estos servicios ha derivado en violencia obstétrica, es decir, una serie de prácticas de maltrato y de violaciones a los Derechos Humanos y reproductivos de las mujeres en labor de parto por parte de personal de salud, especialmente del sector público.

En las salas de parto de esos hospitales es común escuchar frases como: “Pero bien que te gustó que te lo hicieran ¿verdad?” y “aguántate, que tu hijo debe salir por donde entró”, en respuesta a aquellas que manifiestan signos de dolor.

Durante casi dos décadas, Roberto Castro y Joaquina Erviti han documentado estas y otras prácticas de violencia obstétrica en México; entre ellas, obtener “consentimiento” de las mujeres para ser operadas o que se les coloque un dispositivo intrauterino, no consultarlas sobre las decisiones que sobre su cuerpo se toman durante el trabajo de parto, el parto o la cesárea, ignorar sus inquietudes o reclamos, o el que hasta cinco residentes le hagan tacto a una mujer en plena labor, con el fin de “practicar”.

Además, han identificado que se realizan cesáreas solo porque las salas de expulsión están llenas, a otras mujeres se les niega el bloqueo epidural o alguna otra forma de anestésicos como medio de castigo o para “disciplinarlas”; pero también han mostrado que se les regaña, infantiliza, descalifica o se les intimida de diversas formas para obtener su “colaboración”, formular chistes e ironías que hacen de ellas objeto de risa, de burla o de comentarios sarcásticos, como lo presentan en el libro Sociología de la práctica médica autoritaria. Violencia obstétrica, anticoncepción inducida y derechos reproductivos.

Frente a este panorama, organismos internacionales e instituciones nacionales han visto en el impulso de la partería, el medio idóneo para mejorar la atención obstétrica en México y reducir los índices de mortalidad materno-infantil.

LA PARTERÍA, UNA PRÁCTICA DE AYER Y HOY

La partería se define como los servicios de salud y el personal para prestar apoyo y atención a las mujeres y los recién nacidos durante el periodo prenatal, el embarazo, el parto y el posparto.

Su práctica es ancestral como la historia misma del ser humano. En Historia general de las cosas de la Nueva España, Fray Bernardino de Sahagún refiere que a la partera se le llamaba “maestra y médica” y era considerada una “persona honrada y digna de veneración”, “muy amada señora y madre nuestra espiritual”.

La doctora e investigadora de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)  Ana María Carrilloy quien ha documentado la historia de la partería en México, detalla que en la época de la Colonia los médicos universitarios pretendieron tener el control total de las actividades sanitarias, acusando de hechicería los saberes y prácticas médicas indígenas, incluso en lo relacionado con la salud sexual y reproductiva.

A lo largo de la historia, las parteras mexicanas se formaron de manera empírica, muchas de ellas dedicadas a esta profesión tras la revelación del conocimiento en sueños; en la actualidad, parteras tradicionales se dedican a esta práctica a partir de situaciones de este tipo.

Con el paso del tiempo se fue profesionalizando la atención médica a las mujeres. En 1867, se inauguró la primera clínica obstétrica en México, iniciándose la enseñanza práctica de atención a las embarazadas, parturientas y puérperas, aunque fue destinada exclusivamente a los hombres, dejando de lado a las parteras que, si algo tenían, era experiencia, detalla la investigadora universitaria.

Como las parteras seguían atendiendo partos, en 1833 se les ofrecieron cursos teóricos y en 1867 prácticos sobre la forma en que debían realizar su trabajo, graduándose en 1874 la primera partera capacitada; aunque siempre se delimitaron las actividades que les eran permitidas. En 1877, Matilde Montoya —una partera titulada— se convirtió en la primera mujer que obtuvo su título para ejercer la medicina, la cirugía y la obstetricia, marcando la inclusión de las mujeres en la medicina.

“En las maternidades construidas a partir de la Revolución, aunque vigiladas por los médicos, las parteras profesionales y las enfermeras-parteras estaban encargadas del control del parto y la atención del recién nacido. La carrera de partera profesional se suspendió en la década de los cincuenta y el ginecólogo, el pediatra y el anestesiólogo empezaron a desempeñar actividades que antes realizaban enfermeras y parteras”, destaca la investigadora universitaria en el libro “La condición de la mujer en el espacio de salud”.

A lo largo del tiempo, las parteras estuvieron atendiendo nacimientos de los mexicanos, todavía en la década de 1940, la mayoría de los partos en hospitales era atendida por parteras profesionales que estudiaron en escuelas de medicina, pero ya para 1980 atendían solo 25 por ciento de los partos en el país; actualmente atienden alrededor de dos por ciento.

“La razón de que no los estén atendiendo, no es porque las mujeres voluntariamente hayan dejado de ir con las parteras, sino porque en un tiempo cobraban menos que los servicios de salud, pero actualmente estos se han extendido a las comunidades más apartadas y no cobran nada. Por otro lado, las mujeres de escasos recursos lo hacen porque si no las vigilan durante el embarazo en instituciones públicas de salud, no les dan el apoyo económico o las sacan de la lista de programas sociales. Mientras que en los hospitales, cuando una partera se jubilaba o moría, se congelaba la plaza y ya no se contrataba a otra”, explicó Ana María Carrillo a la Agencia Informativa Conacyt.

Actualmente, en México la partería la practican parteras tradicionales que aprendieron de la experiencia y enseñanza de otras parteras, comúnmente se desempeñan en comunidades indígenas. También hay parteras profesionales, muchas de ellas formadas en el extranjero, donde se considera esta práctica como una profesión. Destacan las parteras técnicas, egresadas de escuelas de formación de partería, así como enfermeras obstétricas y perinatales, médicos generales y ginecoobstetras.

Y aunque se ha estimado que existen alrededor de 15 mil parteras tradicionales en nuestro territorio y alrededor de un centenar de profesionales, se registra que solo 78 parteras profesionales atendían nacimientos entre un total de 104 mil 379 prestadores de salud dedicados a la atención de salud sexual, reproductiva, materna y neonatal, según el informe de UNFPA.

A octubre de 2013, solo había 23 parteras técnicas contratadas en hospitales de Guerrero, Veracruz, San Luis Potosí, Puebla y Tabasco, de acuerdo con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

LAS MUJERES SON EL CENTRO

Tras el diagnóstico de que el feto tenía una posición al revés, Ayram se acercó a su partera. El apoyo vino con la realización de un masaje para que tuviera la posición adecuada, y una semana antes de que diera a luz “ya estaba acomodada”.

El plan de parir en casa siguió, por lo que preparó lo necesario para recibir a su primogénita.

Su labor de parto fue de dos días, pero todas esas horas estuvo en condiciones de seguridad, con supervisión de su partera y en la comodidad de su hogar, acompañada de su esposo, sus padres y suegros.

“Mi cuerpo no dilataba, sumábamos dos días de trabajo de parto y nuestros padres querían que nos fuéramos a la clínica, porque le faltaría el aire a la bebé. Mi partera Sabrina me decía que el cuerpo es sabio y que las condiciones de mi hija eran las adecuadas, por lo que decidimos esperar. Cuando mi pequeñita estaba lista para nacer, lo hizo, y llegó en una hora”, relató.

Poco tiempo después, la felicidad de un nuevo embarazo tocó nuevamente a su puerta, y la buena experiencia del primero confirmó su deseo de tener otro parto natural y humanizado.

En el segundo embarazo, el nacimiento fue muy rápido, tanto que no dio tiempo a que las parteras llegaran a su casa a auxiliarla.

“Mi cuerpo fue tan sabio y, recordando el primer proceso, mi segunda hija llegó casi sin avisar. Estaba sola en casa con mi hija mayor de un año y medio; nos fuimos a la ducha y ella estuvo a mi lado todo el tiempo, fue como mi partera. Esta segunda experiencia también fue increíble porque te das cuenta que somos perfectas”, refirió.

Su partera, a quien considera como “una segunda mamá”, la atendió tan pronto como pudo y no faltaron las atenciones tanto para ella como para la recién nacida. El cuidado y la revisión profesional le dieron la confianza de que este nacimiento había sido seguro y natural.

* Fragmento del Reportaje publicado por la agencia Conacyt. Leer artículo completo: http://conacytprensa.mx/index.php/reportajes-especiales/19524-dar-luz-partera-transgresion-derecho

18/LCH/LGL

El Tribunal Colegiado Vigésimo Segundo Penal de Querétaro, liderado por la magistrada María del Pilar Núñez, rechazó reprogramar un juicio  que daría la libertad a Dafne McPherson Veloz, recluida en un penal de Querétaro desde 2015, acusada de homicidio agravado, luego de haber sufrido un parto fortuito.

El amparo 183/2017 fue interpuesto en abril por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social (Gadh), quien lleva la defensa jurídica de Dafne McPherson, con la intención de analizar las violaciones a sus Derechos Humanos al tiempo que argumentó que no es culpable del delito por el que se le acusa (homicidio agravado) porque ella no sabía que estaba embarazada y entró en estado de shock tras el parto fortuito (nacimiento por vía vaginal que sucede espontáneamente sin que existan condiciones óptimas para la gestante) que tuvo en febrero de 2015 en la tienda Liverpool de San Juan del Río, Querétaro, donde laboraba.

También señalaron que Dafne fue víctima de violencia obstétrica porque las autoridades y el personal de la tienda impidieron la entrada de personal médico que atendiera la emergencia obstétrica.

En entrevista con Cimacnoticias, la abogada Karla Micheel Salas Ramírez dijo que con la respuesta del Tribunal a la petición de este amparo, será el poder judicial de Querétaro quien fije la fecha para una audiencia en la que se  aportarán más pruebas sobre el estado médico y psicológico de Dafne durante el parto, como su hipotiroidismo, enfermedad cuyos síntomas son similares a los de un embarazo y por la que desconocía su condición.

La abogada lamentó que la instancia de justicia esté “más interesada en probar si Dafne actuó o no con dolo, en lugar de concederle la presunción de inocencia”.

Salas Ramírez mencionó que con esto, “el poder judicial federal”, del que depende el Tribunal Colegiado queretano, se resistió de velar por los Derechos Humanos de Dafne pues permitió que continuara presa por un delito que no cometió y delegó de nueva cuenta la decisión a la instancia de justicia local.

Todos los argumentos que el Tribunal Colegido tomó par aceptar parcialmente el amparo se integrarán a la carpeta de investigación del caso durante la próxima semana, dijo la abogada, y reiteró que será hasta ese momento cuando los abogados del Gadh junto con los del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), instancia que el día de ayer anunció que se sumará a la defensa jurídica, decidan si participarán en la audiencia que el poder judicial de Querétaro fije para aportar más pruebas o acudirán a la SCJN para exigir que se analice el caso. 

Durante la conferencia, el director jurídico del Inmujeres, Pablo Navarrete Gutiérrez, anunció lo anterior e informó que la semana pasada presentaron ante el Tribunal queretano un amicus curiae  –una opinión dirigida al tribunal sobre cómo juzgar apegado a los Derechos Humanos- .

El funcionario reiteró la obligación que tiene el Estado mexicano de cumplir las recomendaciones que instancias internacionales defensoras de los DH le han hecho, por lo que el poder judicial queretano está obligado a incorporar pruebas desde la perspectiva de género, pues los estereotipos con los que Dafne fue juzgada –como el de no ser “una buena madre”- “distorsionan las percepciones y dan lugar a decisiones judiciales basadas en creencias preconcebidas y mitos en lugar de en los hechos”, señaló.

17/MMAE/LGL

Este año, Dafne McPherson Veloz cumplió dos años en una prisión de Querétaro por un delito que no cometió. En 2015 tuvo un parto fortuito en el baño de la tienda departamental Liverpool, pero la tienda negó al personal médico el acceso al lugar, lo que provocó la muerte de la recién nacida. Pese a que fue víctima de violencia obstétrica, se le acusó de matar a su hija. Actualmente el poder judicial de ese estado discute un recurso de amparo interpuesto por su defensa legal para dejarla en libertad.

A través de la campaña #DafneLibreYa, organizaciones civiles y más de 50 mil 200 personas que firmaron una petición en la plataforma Change.og exigieron al Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa de Querétaro, que admita el recurso de amparo “lo antes posible” y retire los cargos contra Dafne. La instancia de justicia resolvería el amparo el pasado 19 de octubre, pero ese día informó que postergaría su decisión.

De acuerdo a su defensa legal, encabezada por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social A. C. (GADH), Dafne fue condenada a 16 años de prisión por homicidio calificado agravado, luego de un proceso lleno de irregularidades, pues se violó el debido proceso, su derecho a la presunción de inocencia y se juzgó sin perspectiva de género ni de Derechos Humanos.

Dafne trabajaba en una tienda de Liverpool ubicada en San Juan del Río, Querétaro, no sabía que estaba embarazada pues padece hipotiroidismo y durante sus ocho meses de gestación asoció los síntomas que presentó con la enfermedad.

El 17 de febrero de 2015 sintió un dolor en el vientre, fue al baño y a las 17:30 horas presentó un parto fortuito (parto espontáneo que se da fuera de las instalaciones hospitalarias sin condiciones óptimas para la gestante y el producto) que le causó una hemorragia y la pérdida de conocimiento.

Por decisión del personal de la tienda, ella y su hija fueron atendidas y trasladadas a un hospital hasta las 19:50 horas, lapso en el que murió la recién nacida.

La abogada de Dafne, Karla Micheel Salas Ramírez, destacó hoy en entrevista con Ciro Gómez Leyva que Dafne fue víctima de violencia obstétrica porque se le negó una atención médica de calidad, sin embargo, dijo, la Procuraduría General de Justicia de Querétaro prefirió culparla de inmediato.

Primero se le acusó por el delito de aborto, tres meses después fue detenida por homicidio calificado contra su hija, y durante la audiencia en la que fue sentenciada se le acusó con argumentos estereotipados “por no actuar con su instinto de madre”.

En Querétaro está penado el aborto en cualquier etapa de la gestación, a excepción de que éste se ejerza porque el embarazo fue producto de una violación o porque la gestación sea interrumpida de forma “imprudencial”. De acuerdo al Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) de 2007 a 2012 al menos 98 mujeres fueron sentenciadas por abortar. Mientras que de 2013 a 2015 se registró que se iniciaron averiguaciones previas contra 11 mujeres inculpadas por la misma razón.

Desde el primer momento Dafne fue criminalizada. Durante su traslado al hospital y mientras recibió atención médica, estuvo custodiada en todo momento por personal de la Procuraduría, quien no preguntó su versión de los hechos ni sus antecedentes médicos, denunció durante la entrevista radiofónica la abogada Karla Micheel Salas Ramírez.

Mientras, Dafne cumple una condena por un delito que no cometió. La tienda que impidió la entrada de personal médico para atenderlas (a ella y a su hija) sólo fue sancionada con una multa de 30 mil pesos y no se investigó la responsabilidad del personal.

En un comunicado, el GADH instó al Tribunal otorgue el amparo a Dafne pues ello la dejaría en libertad y marcaría un precedente porque su caso es un ejemplo de la criminalización que viven las mujeres en México por parte del sistema de justicia. “Cada día que pasa en la vida de Dafne, sus derechos siguen siendo violentados”, sentenció.

17/MMAE/LGL

En los últimos cinco años en México 2.9 millones de mujeres entre los 15 y 49 años de edad que tuvieron un parto fueron víctimas de algún tipo de maltrato físico o psicológico por parte del personal médico que las atendió, reportó la Encuesta Nacional sobre Dinámicas en las Relaciones sobre los Hogares 2016 (Endireh).
 
Por primera vez, la encuesta quinquenal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) incluyó la violencia obstétrica (abusos de los médicos de servicios sanitarios durante el embarazo, parto y puerperio) como parte de los indicadores de las formas de violencia contra de las mujeres donde destacan el Estado de México, la Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Querétaro, con más incidencia de casos.
 
El Edomex fue el que registró más número de nacimientos y denuncias de maltrato en la atención obstétrica. De los más de un millón de mujeres que tuvieron un parto de 2011 a 2016; 39.5 por ciento denunció algún agravio por parte del personal de los servicios de salud.
 
En el país las embarazadas en labor de parto fueron víctimas de gritos, regaños y falta de atención inmediata durante el parto: 21.5 por ciento del total, indica la Endireh.
 
La violencia obstétrica también contempla como abuso a los Derechos Humanos (DH) de las mujeres, aplicar anticonceptivos o esterilización sin el consentimiento de las pacientes. De acuerdo con Inegi, 4 de cada 100 mujeres dijo que les fue colocado por personal médico un método anticonceptivo sin preguntarles y 9 de cada 100 señaló que la presionaron a aceptar la operación para ya no tener más hijos o hijas.
 
De los abusos reportados por las 2.9 millones de mujeres, 40.8 por ciento indicó que se cometieron en hospitales o clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 38.7 por ciento en clínicas públicas locales y un 29.8 por ciento en unidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
 
Esto, a pesar de que desde 2016 se reformó la Norma Oficial Mexicana (NOM-007-SSA2-2016) “Para la atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio, y de la persona recién nacida”, y obliga al personal médico a atenderlas con un sentido ético, de calidad y respeto a sus DH, así como tener el consentimiento informado de las mujeres.
 
Sin embargo a lo largo de la República sólo 11 de las 32 entidades federativas cuenta en sus leyes de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con la definición de la violencia obstétrica como delito (Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz y la Ciudad de México).
 
CÉSAREAS INNECESARIAS Y FORZADAS
 
La Endireh 2016 destaca que en cinco años, a 43 de cada 100 mujeres les fue practicada una cesárea, situación que triplica las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (la tasa ideal de cesáreas debe oscilar entre 10 y 15 por ciento) porque en comparación con un parto vaginal, aumenta tres veces el riesgo de que las mujeres mueran, se enfermen o que el producto tenga problemas respiratorios al nacer.
 
La preocupación radica también, que al 10 por ciento de las 3.7 millones mujeres que tuvieron un parto por cesáreas no les fue informada la razón médica por las que fue practicada, y a 9 de cada 100 mujeres ni siquiera les pudieron su autorización para realizarla.
 
17/HZM

En México, 96 por ciento de los nacimientos ocurre en hospitales: 45.1 por ciento son por cesárea, lo que coloca al país como el segundo en América Latina con más práctica de esta intervención, por lo que es urgente que las mujeres tengan otra opción para parir, como las parteras.
 
En vísperas del Día Internacional de la Partera, que se conmemora mañana, Fundación MacArthur, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y el Instituto de Investigación en Salud y Demografía (Insad) presentaron este día la campaña “Parteras de hoy”, que busca difundir los beneficios de la partería como una opción segura y confiable para las mujeres gestantes.
 
La directora del GIRE, Regina Tamés Noriega, informó que la campaña (en la que participan 20 organizaciones civiles) se difundirá en la página www.parterasdehoy.org y en Facebook con el mismo nombre, así como en autobuses, durante 6 meses. Consistirá en la divulgación de información sobre esta práctica ancestral, quiénes y cómo se realiza en nuestro país, así como testimonios de mujeres que han parido con parteras.
 
La directora de Fundación MacArthur en México, Sharon Bissell, destacó que la partería contribuye para que todas las mujeres tengan acceso a la salud con calidad y calidez, y para reducir la violencia obstétrica y la Muerte Materna, cuya tasa se ubicó, a 2014, en 38.9 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos, de acuerdo con datos del Observatorio de Mortalidad Materna en México.
 
Uno de los retos, dijo la representante de MacArthur en México, es incorporar a las parteras al sistema de salud pues actualmente “los tomadores de decisión tienen conocimientos muy limitados” sobre la partería, y también, dijo, se necesitan recursos y respaldo político.
 
El análisis titulado “¿De cuánto hablamos, cuando hablamos de presupuesto para contratar parteras profesionales en México?” realizado por la experta en el tema de Muerte Materna, e integrante de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Daniela Díaz Echeverría, reveló que los recortes al Programa de Salud Materna y Perinatal, provoca un impacto en la contratación de parteras profesionales y, pese a que la Secretaría de Salud informó que para este año se destinaron 2.59 millones de pesos para contratarlas, lo cierto es que se tiene poca información sobre en qué entidades federativas se utilizarán los recursos.
 
NORMAS Y REGULACIÓN
 
Otro de los retos que señaló Sharon Bissell es la normatividad y la regulación de la partería, pues actualmente pese a que existen 5 escuelas en la materia, algunas de ellas no cuentan con la capacidad de expedir cédula ni título profesional.
 
De acuerdo con información de la Asociación Mexicana de Partería, las únicas escuelas que cuentan con un plan de estudio reconocido son CASA AC, ubicada en Guanajuato; y la escuela de Tlapa, en Guerrero.
 
En su participación, la promotora de salud, Sebastiana Vázquez, de la organización Sakil Nichim (organización participante de esta campaña) llamó al gobierno a abrir más escuelas para formar parteras ya que se necesita el relevo generacional pues la mayoría ya son grandes de edad.
 
En el evento también se adelantó la creación de una plataforma para compartir experiencias de las organizaciones en el tema de partería, la cual servirá también para difundir el trabajo de partería, elaborada por Insad.
 
17/LGL/GG

Prácticas invasivas, suministro injustificado de medicamentos, negación de la atención médica, trato deshumanizado, discriminación, insultos, bromas y otorgar poca información son algunas formas de violencia obstétrica que a diario padecen las mujeres en México.
 
Y si a ello se suma que 46 por ciento del total de nacimientos en 2014 fue por cesárea, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que esta práctica es indispensable sólo entre 10 y 15 por ciento de los partos, el panorama nos hace cuestionar ¿dónde están los casos de partos respetados?
 
La Norma Oficial Mexicana NOM-007 establece los derechos en la atención de las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como del recién nacido, al tiempo que rige favorecer la humanización del parto y evitar las cesáreas.
 
En Espacio para parir diferente. Un acercamiento a las casas de parto en México, la doctora Georgina Sánchez Ramírez visibiliza estos lugares y a sus protagonistas, mostrando que son una opción para las mujeres que desean “recuperar el lugar preponderante y sagrado de ser la protagonista de su parto sin medicalización innecesaria”.
 
Tras presentar esta obra en la 38a Feria Internacional del Libro (FIL) del Palacio de Minería, la investigadora de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) explicó que en el país la atención del embarazo y el parto se ha institucionalizado y medicalizado, tratándolos como una enfermedad, por lo que esta obra muestra otros modelos y espacios de alumbramiento.
 
“Desde hace un tiempo se ha observado el incremento de la violencia obstétrica a partir del trabajo de otros colegas, entonces era importante para nosotros saber qué estaba pasando con la otra cara de la moneda, con algo que pareciera ser una ilusión, como el parto respetado”, dijo.
 
OBRA CIENTÍFICA
 
Basada en etnografía feminista, la investigación inició detectando casas de parto en el país, una tarea delicada ya que están al margen de la ley debido a que la Secretaría de Salud (SS) las clasifica como irregulares. Se detectaron nueve casas de parto a lo largo del territorio nacional, aunque no todas estaban en operación debido al acoso de la autoridad. Se pudo trabajar con cinco, realizando una labor etnográfica para conocer cómo funcionan, qué modelo de partería llevan a cabo, qué servicios ofrecen y cómo son sus instalaciones, entre otros aspectos.
 
En entrevista, la investigadora nacional nivel I señaló que en sus páginas, con absoluto rigor científico, el lector puede entrar a estas casas de parto, sumergirse en el ambiente que se respira, conocer a las directoras, parteras y doulas (asistentes de partería), así como a las usuarias a través de sus testimonios, a quienes se les respeta completamente su confidencialidad.
 
“Recuperamos las voces de usuarias que habían parido en estos lugares y para ello seleccionamos a mujeres de cierta edad, con determinada escolaridad y que tenían hijos menores de cinco años”, destacó.
 
Adicionalmente, en aras de dimensionar la situación que priva al respecto, la autora incluye un recuento histórico de las políticas demográficas en México, y de cómo a principios del siglo pasado las mujeres podían parir en su casa y que ahora se penaliza esta práctica tras la institucionalización de que los alumbramientos deben ser en hospitales.
 
No obstante, también documenta disidencias de parteras que están en desacuerdo con algunas medidas que se están tomando a nivel de organización de partería, porque algunas quieren ser autónomas y no someterse a procesos de certificación y regularización; o bien, complicaciones que se suscitan en los partos y se detalla qué hicieron las parteras en esos casos.
 
A partir de esta vasta investigación, se conformó un libro que proyecta las posibilidades para tener partos respetados en el país y que resulta pertinente porque cada vez es más frecuente la violencia obstétrica y se mantiene al alza el número de cesáreas practicadas.
 
La doctora Georgina Sánchez Ramírez destacó que este libro es recomendable para público de todas las edades y sin distinción de sexo, ya que puede ser útil para las abuelas que dieron a luz a través de estos procedimientos, como para mujeres que tuvieron cesáreas y desean tener más hijos, para desmitificar que los embarazos sucesivos deben realizarse por esta misma vía; o bien, para aquellas que tuvieron parto y les imprimieron la idea de que debían ser sometidas a episiotomía.
 
Finalmente, la investigadora de Ecosur indica que ya vislumbra una nueva línea de trabajo referente al parto respetado en los hospitales.
 
*Este artículo fue retomado del portal conacytprensa.mx
 
17/ALG/GG

El maltrato y desatención a las mujeres durante el embarazo, parto y puerperio; las agresiones que reciben en la calle y el transporte público; y las amenazas hacia aquellas que ejercen la política son nuevas formas de violencia que se deben legislar en todo el país.
 
Por esta razón el martes 14 de febrero la Cámara de Diputados instalará la Comisión Especial de Delitos Cometidos por Razones de Género, organismo parlamentario que promoverá la inclusión de la violencia política, obstétrica y el acoso callejero en las leyes federales y estatales, durante el año y medio que resta de la 63 Legislatura.
 
La Comisión Especial propuesta en noviembre de 2015 por la diputada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Maricela Contreras Julián, fue desde entonces aceptada,  pero tardó más de un año en concretarse.
 
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA
 
El feminicidio, dijo en entrevista Contreras Julián, no es el único tema que se debe considerar, porque la violencia contra las mujeres no se refleja sólo en el asesinato, también hay un foco rojo por los casos de la violencia política por razones de género, la violencia obstétrica y el caso callejero, por lo que el espectro de atención debe ser más completo.
 
Son conocidos los casos de mujeres embarazadas, en su mayoría indígenas, que acuden a hospitales públicos y no reciben atención, por lo que dan a luz en la calle o, cuando las atienden, son maltratadas y agredidas por el personal de salud. Pese a ello sólo Guerrero, Veracruz y Chiapas consideran la violencia obstétrica como un delito en sus Códigos Penales.
 
Respecto a la violencia política, a partir de 2014, tras la inclusión de la paridad (50-50) de género en candidaturas como principio constitucional, se registró un aumento agresiones a mujeres que participan en política. De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) hay 52 casos registrados con características de género.
 
Esta violencia va desde insultos y amenazas para impedir que las mujeres sean candidatas o ejerzan las funciones para las cuales fueron electas, obligarlas a renunciar o hasta el asesinato, como ocurrió en 2015 con la precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, Guerrero, la perredista Aidé Nava González; y en 2016 con la alcaldesa de Temixco, Morelos, la perredista Gisela Mota Ocampo.
 
Respecto a la violencia sexual, la legisladora señala que únicamente en la Ciudad de México 72 por ciento de las capitalinas reportaron haber vivido algún tipo de violencia sexual, según datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi), a lo que se suman los casos de violencia en el transporte y los testimonios de acoso callejero que, dice, deben ser atendidos.
 
LEGISLATURA RETRASADA
 
Desde hace más de 17 años las legisladoras han trabajado en San Lázaro para crear comisiones que coadyuven a crear políticas para prevenir y sancionar los asesinatos contra las mujeres, primero en Ciudad Juárez y luego a nivel nacional.
 
En 2004 se instaló por primera vez la Comisión Especial de Feminicidio, presidida por legisladora del PRD y antropóloga Marcela Lagarde, quien realizó un diagnóstico sobre asesinatos de mujeres e impulsó la expedición de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
 
Ahora, en la 63 Legislatura (que cuenta con 42.4 por ciento de diputadas) iniciada en septiembre de 2015 y que concluye en abril de 2018, no se instaló un organismo enfocado en los crímenes de feminicidio, sino en delitos por razones de género. Amplía su objetivo de trabajo, sí, pero llega cuando transcurrió la mitad de la Legislatura y a pelear recursos económicos.
 
La diputada federal señala que esta Legislatura “ha sido muy retardada en algunos procesos y esta Comisión es uno de ellos. Aunque tuvimos la asignación de la presidencia desde hace meses, hubo un retardo por parte de las fracciones parlamentarias para la integración de sus miembros”.
 
La propuesta de crear organismos parlamentarios para revisar la legislación en materia de violencia de género surgió en 2015, pero apenas el 7 de diciembre del año pasado la Junta de Coordinación Política informó que se había integrado; y también anunció que se conformó la Comisión Especial de Alerta de Género, presidida por la perredista Karen Hurtado Arana.
 
El objetivo de esta segunda Comisión Especial –aún no instalada– será dar seguimiento a las medidas implementadas en los estados con  Alerta de Violencia de Género, aunque en la iniciativa de creación se hizo mención expresa de los casos de feminicidio en el Estado de México, donde este mecanismo se activó en julio de 2015 para once municipios.
 
PROTOCOLOS DE ATENCIÓN
 
Maricela Contreras, ex asambleísta y ex jefa delegacional de Tlalpan, asegura que, por la austeridad, no hay presupuesto específico para las Comisiones Especiales, pero sí recursos para proyectos, por lo que presentará una propuesta financiera para crear protocolos de actuación en torno a los crímenes que estará trabajando.
 
“Obviamente cuando la estructura es sin recursos se vuelve muy difícil incluso podríamos decir que podría haber desinterés, pero tendremos que multiplicarnos para concluir la tarea que se nos encomendó”, dice.
 
Integrada por 12 diputadas, esta Comisión tendrá prácticamente un año y medio para trabajar aunque la legisladora indica que habrán logrado visibilizar estos problemas si por lo menos logran uno de los objetivos, entre ellos crear protocolos para estos tipos de violencia e incluir las definiciones en las leyes federales y estatales.
 
En México ya existe el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, creado en marzo de 2016 por autoridades electorales como el Instituto Nacional Electoral, la FEPADE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; mientras que la Procuraduría General de la República (PGR) difundió en 2015 un Protocolo de investigación ministerial, policial y pericial con perspectiva de género para el delito de feminicidio.
 
Contreras Julián asegura que el interés en estos instrumentos es revisar lo que existe a nivel federal y estatal a fin de indagar si están armonizados.
 
Otro objetivo es hacer un frente de legisladoras para lograr la tipificación de la violencia política de género porque “es urgente definir este delito, sus alcances, los elementos que hay que considerar para acreditarlo y el castigo para los responsables”.

17/AGM/GGQ