CEDAW

Error message

Deprecated function: Array and string offset access syntax with curly braces is deprecated in include_once() (line 20 of /home/members/cimac/sites/cimacnoticias.com.mx/web/includes/file.phar.inc).
NACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   --Organización Transversal informa al Comité CEDAW
Persisten violaciones a Derechos Humanos de mujeres con discapacidad
Imagen de Sandra de los Santos
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 14/05/2018

Una muestra de la situación de desventaja y discriminación múltiple que viven las mujeres con discapacidad en México es que solo 28 por ciento de ellas son económicamente activas en comparación con 53 por ciento de sus pares varones, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), así lo afirmó la organización Transversal.

Lo anterior es parte de la información que la agrupación Transversal “Acción sobre los derechos de las personas con discapacidad” reveló en un “informe sombra” dirigido al Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), de cara a la novena evaluación que tendrá el Estado mexicano del 2 al 20 de julio de 2018.

A través de un documento enviado al Comité de expertas de la CEDAW, México informó que existe un avance en la atención de las mujeres con discapacidad en el país. Según reportó, en 2016 un 39 por ciento de esta población estaba empleada, “rebasando la meta de 38.5 por ciento considerada en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) para el 2018”, aseguró.

El Estado mexicano también reportó que hubo avances en el acceso a los servicios de salud para las mujeres con discapacidad ya que en 2012 se calculaba que la carencia de este servicio era del 19 por ciento pero en 2016 disminuyó siete puntos porcentuales y pasó a 12 por ciento.

En materia de educación, el Estado mexicano aseveró que el rezago educativo de las mujeres con discapacidad en 2014 era del51 por ciento y en 2016 bajo a 49 por ciento.

En contraste, Transversal aportó información al Comité que advierte de la desatención y el empobrecimiento que viven las personas con discapacidad en México, en especial las mujeres. A partir de las cifras de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) indicó que en 2014 un 50 por ciento de las personas con discapacidad en el país, que corresponde a 4.6 millones, no contaron con el ingreso suficiente para adquirir la canasta de alimentos, bienes y servicios básicos y al 2016 aumentó a 4.9 millones.

Transversal precisó que en particular las mujeres con discapacidad son doblemente vulnerables en comparación a los hombres. Según el Inegi 72 por ciento de las mujeres con discapacidad mayor de 15 años de edad no realiza ninguna actividad económica y la brecha en la participación laboral crece conforme aumenta la edad.

La organización civil añadió que si se considera que una de cada dos mujeres con discapacidad tiene 60 años o más, por consecuente, es mayor el deterioro de la calidad de vida en este sector.

En tanto, las mujeres con discapacidad que acceden al ámbito laboral “se ubican en puestos de baja calificación con desprotección salarial”, refirió la agrupación, y con datos del Inegi de 2015 añadió que un 50 por ciento de los hombres con discapacidad tiene como principal fuente de ingresos su trabajo a diferencia de 31 por ciento de las mujeres en la misma condición.

En suma, en México las personas con discapacidad ganan por su trabajo 67 por ciento menos de lo que ganan las personas sin discapacidad, señaló la organización civil especializada en tema.

En evaluaciones anteriores al Estado mexicano, tanto de CEDAW como del Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, estos organismos han expresado su profunda preocupación por la situación de exclusión y pobreza de las mujeres con discapacidad, instando al gobierno a que los programas y políticas destinados a eliminar la pobreza incluyan una perspectiva de género y un enfoque intercultural.

Para esta novena evaluación el Estado mexicano informó previamente a las expertas de CEDAW –sin dar detalles– que “28 de las 32 entidades federativas han cumplido con los objetivos del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2014-2018” y que “60 de las 70 reglas de operación de los Programas Sociales consideran la priorización de apoyo a personas con discapacidad”.

Al respecto, Transversal indicó al Comité de CEDAW que en el país se genera poca información relativa a las personas con discapacidad y a las situaciones de discriminación de las que son objeto. Ante este vacío es imposible conocer el impacto de las políticas públicas en la reducción de la discriminación a la que se enfrentan particularmente las mujeres con discapacidad.

SIN ACCESO A SALUD Y EDUCACIÓN

Transversal afirmó en su informe sombra, publicado el 9 de mayo en la página oficial de CEDAW, que las mujeres con discapacidad tampoco ejercen su derecho a la educación en igualdad de condiciones. Señaló que aún con la reforma educativa, este sistema no es inclusivo, por el contrario, “fomenta la educación especial y segregada para las personas con discapacidad”.

Las mujeres con discapacidad, nuevamente ven trastocado este derecho, la agrupación civil precisa con información recopilada del Inegi, que 26 por ciento de las mujeres con discapacidad son analfabetas, los varones un 19 por ciento, mientras solo 4 por ciento de la población sin discapacidad son analfabetas.

En relación al acceso a la salud para las mujeres con discapacidad, Transversal indicó que enfrentan obstáculos en el consentimiento libre e informado para cualquier tratamiento médico, es especial en la salud reproductiva que da origen a casos de esterilización forzado, tratamientos que son irreversibles.

Sobre la misma temática de mujeres con discapacidad, antes de que se realice la evaluación al Estado mexicano en julio próximo, las expertas de CEDAW pidieron información adicional a las autoridades mexicanas sobre las medidas adoptadas para prevenir la explotación sexual y económica, el abuso y la trata en lo que respecta a las mujeres indígenas con discapacidad. Sobre este requerimiento el gobierno no respondió en el último informe que entregó al Comité.

18/HZM








NACIONAL
Aborto
   México omite hablar a CEDAW de reforma sobre “objeción de conciencia”
En 2017, 89 mujeres accedieron a ILE por violación bajo NOM 046
CIMACFoto: Guadalupe Cabañas
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 03/04/2018

En México, durante 2017, únicamente 89 mujeres interrumpieron un embarazo producto de una violación en cumplimiento con la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) según los datos que la Secretaría de Salud (Ss) proporcionó al Estado Mexicano a petición del Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Como parte del proceso de la novena evaluación que va enfrentar México ante CEDAW del 2 al 20 de julio de 2018, el Comité de expertas de la ONU pidió al gobierno mexicano en noviembre del año pasado estadísticas adicionales sobre las mujeres que accedieron al aborto legal en el país.

El Estado respondió el pasado marzo por medio de un reporte, que apenas en 2017 la Secretaría de Salud comenzó a elaborar el “Informe sobre casos de Interrupciones Voluntarias del Embarazo al amparo de la NOM-046-SSA2-2005” y documentó 89 casos.

Cabe recordar que esta Norma Oficial data de 1999 pero únicamente se refería a la violencia familiar, por lo que fue modificada en 2006, a raíz del caso de la violación sexual de la entonces menor de edad Paulina, en Baja California, y como parte del acuerdo de Solución amistosa emitido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para incluir la violencia sexual y contra las mujeres, así como el acceso al aborto por violación como un derecho que ampara esta Norma, la cual fue publicada en el Diario Oficial de la Federación hasta 2009.

En 2016 se realizó otra reforma a esta Norma que permitió que las víctimas de violación no tuvieran que presentar una denuncia para acceder al aborto, y facilitó a las niñas menores de 12 años de edad, poder recibir el servicio únicamente acompañadas de un tutor, sin necesidad de que sea el padre o la madre.  

El Estado mexicano también informó al Comité de CEDAW que en cinco años, 2013 a 2017, se registraron 452 mil 402 egresos hospitalarios por aborto. Resalta que la cifra ha disminuido en el tiempo, en 2013 hubo 97 mil 335 egresos por aborto, en 2015 descendió a 92 mil 565 y para 2017, se registraron 75 mil 028 egresos.

Sin embargo, el gobierno reportó que de 2013 a 2016, unas 37 mujeres han sido sentenciadas por practicar un aborto. El número de estas sentencias ha disminuido cada año; en 2013 hubo 19 mujeres sentenciadas, para 2016 únicamente una

También refirió que en la Ciudad de México, la única entidad donde se puede interrumpir legalmente un embarazo de forma voluntaria (ILE) dentro de las primeras 12 semanas de gestación, se han practicado 192 mil 551 abortos desde abril de 2007 hasta el 15 de marzo de 2018.

Respecto a las estrategias que ha implementado el Estado para que las mujeres conozcan su derecho a interrumpir un embarazo en caso de violación y las sanciones que existen para el personal de salud que incumpla la Norma, el Estado mexicano sólo afirmó que ha difundido a la población qué hacer en caso de una violación sexual.

Agregó que se ha capacitado al personal de los servicios de urgencias médicas sobre la Norma 046 a través de talleres y señaló que en caso de que incumplan en su aplicación, esto “da origen a sanción penal, civil o administrativa”, pero no detalló cuántas personas han sido penalizadas por ello.

Cabe destacar que la organización civil experta en derechos sexuales y reproductivos IPAS, México, envió al Comité de Expertas, previo a su sesión de trabajo con el gobierno mexicano, un informe sombra en el que denunció que las mujeres no estaban accediendo a este derecho y cómo el personal de salud incumplía la aplicación de la NOM 046.

De acuerdo con IPAS, se estima que alrededor de 14 mil mujeres son víctimas de este delito cada año; mientras que de 2018 a 2016 se reportó que 103 mil 742 niñas menores de 14 años se convirtieron en madres.

SIN EXPLICACIÓN LA OBJECIÓN DE CONCIENCIA

En noviembre de 2017, después de sostener una sesión de trabajo, a las expertas de CEDAW les inquietó la reforma propuesta a la Ley General de Salud para incluir en el Artículo 10 BIS la “objeción de conciencia” que entonces estaba en trámite en el Senado de la República que permite al personal sanitario (de enfermería y médico) denegar el acceso a servicios de salud, incluido el aborto y la anticoncepción, por razones de creencias personales. Ante esta situación pidieron al Estado mexicano explicaciones.

Pese a ello, éste no respondió a esta solicitud de información y únicamente refirió a CEDAW que el “Poder Legislativo aprobó altos estándares en materia de salud sexual y reproductiva, no obstante las discusiones son parte del ejercicio de pluralidad democráticas que impera en nuestro país”, dijo.

Esta reforma a la Ley General de Salud fue aprobada por el Senado el pasado 22 de marzo lo que provocó que feministas y senadoras demandaran en una carta pública a Enrique Peña Nieto, vetar la reforma.

Cabe mencionar que eliminar los obstáculos para que las mexicanas accedan a métodos anticonceptivos y el aborto, son demandas añejas del Comité de CEDAW, quien desde 2012 exigió al Estado mexicano armonizar las legislaciones estatales relacionadas al aborto y asegurarse que cada entidad implemente la NOM 046.

18/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   En 4 años solo 335 sentencias por feminicidio
“No hay mecanismo para evaluar impacto de AVG”: México ante CEDAW
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 02/04/2018

De cara a la 9ª evaluación de México ante el Comité de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), las expertas de la ONU requirieron al Estado mexicano información complementaria sobre impartición de justicia en casos de feminicidio y los resultados de la Alerta de Violencia de Género (AVG), a lo que el gobierno respondió que “no existe un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG” y que de 2013 a 2016 se han dado solo 335 sentencias por dicho delito.

Estas aclaraciones e información adicional –entre otra sobre datos de aborto, acceso a la información, migración de mujeres- que pidieron las expertas que integran el Comité de CEDAW son dudas surgidas del informe que como cada cuatro años entregó el Estado mexicano en diciembre de 2016, y fueron solicitadas luego de una sesión de trabajo que mantuvieron en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza.

El pasado 26 de marzo el Estado mexicano respondió al Comité a través de un informe -sin desglosar la información de las víctimas, victimarios, las condiciones y entidades donde ocurrieron tal como lo pidió CEDAW- que en cuatro años (2013 a 2016) se abrieron 2 mil 157 carpetas de investigación o averiguaciones previas por feminicidio.

De estos casos, destaca que un 34 por ciento ocurrieron en 2015 (730 en total), colocándose como el año con mayor número de carpetas o averiguaciones registradas por feminicidio.

Sin embargo, al hablar del avance de impartición de justicia, en el mismo periodo, el número de personas procesadas por feminicidio se reduce alrededor de la mitad, a mil 207; al llegar a las sentencias disminuye aún más, solo se reportan 335.

A pesar de que el Estado mexicano indicó en el documento dirigido al Comité de CEDAW que las entidades federativas “no tienen instituciones capaces de enfrentar la violencia de género”, no detalló las barreras que impiden al mecanismo de la Alerta de Género tener resultados como se requirió. Esto se debe a que “no existe aún un mecanismo para evaluar el impacto de la AVG”, indicó el Estado.

Respecto al bajo número de sentencias por feminicidio, el Estado mexicano argumentó que “el proceso de procuración e impartición de justicia en México es largo” y los casos que tienen una sentencia es porque “ya han recorrido un largo camino”; y aceptó que “todavía se tiene un registro incompleto sobre el número de casos de feminicidio”.

Otras cuestiones en materia de violencia contra las mujeres que el Comité de CEDAW pidió que fueran aclaradas por el Estado mexicano antes de la evaluación prevista del 2 al 20 de julio, quedaron sin respuesta, como las medidas que se han tomado para erradicar la mala investigación de los asesinatos de mujeres específicamente en los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, el Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, así como en la Ciudad de México y Ciudad Juárez.

El Estado mexicano únicamente describió en el informe complementario los sistemas de recolección de datos sobre casos de violencia de género que han implementado algunas de estas entidades, pero que se han hecho como parte de las acciones que deben cumplir por una solicitud de AVG.

Ahora, en julio próximo toca a las expertas de CEDAW evaluar y emitir una serie  recomendaciones al Estado mexicano las cuales deberá atender de forma obligatoria.

Para contrastar la información oficial sobre la situación de los derechos de las mexicanas hasta ahora tres organizaciones civiles han presentado informes alternativos a CEDAW, en temas como derechos sexuales y reproductivos, acceso a la justicia y violencia familiar.

18/HZM/LGL








ESTADOS
VIOLENCIA
   OSC denuncian freno en avance a protección de DH de mujeres
Denuncian irregularidades y omisiones de Conavim en AVG
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 27/03/2018

Organizaciones peticionarias de la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG), de diversos estados del país, denunciaron la existencia de irregularidades y omisiones en los procedimientos de las AVG, por parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).

En un comunicado, las organizaciones denunciaron que la nueva administración de la Conavim –desde enero 2018 a cargo de Ángela Quiroga Quiroga- ha frenado el avance por proteger los Derechos Humanos (DH) de las mujeres debido al “dudoso y deficiente desarrollo de sus facultades”.

Las organizaciones señalaron que tienen conocimiento que a casi tres meses de la llegada de la titular a la Conavim, ésta se ha reunido con los representantes de los gobiernos sin la participación de los Grupos de Trabajo, ni de las organizaciones peticionarias de las AVG para acordar las situaciones relacionadas con las Alertas.

Lo anterior enfatizaron, es una de las muchas irregularidades realizadas por esta instancia, ya que los gobiernos no están contemplados dentro del procedimiento de AVG y por tanto, dijeron, atenta contra el objetivo de las AVG, pues el emitir informes de recomendaciones y declarar las Alertas, “no depende de la voluntad de los estados, sino del cumplimiento de las recomendaciones y del cese de la violencia”.

Ante ello consideraron que la administración de Ángela Quiroga Quiroga pone en riesgo el avance para disminuir la violencia contra las mujeres, como en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, entidades donde no ha dado un seguimiento a las Alertas ya emitidas por desaparición y feminicidio de mujeres.

Reprocharon que desde hace meses Conavim ha limitado su participación en el proceso de las AVG, sigue sin aplicar los indicadores de resultado para medir el funcionamiento del impacto de las recomendaciones y ha retrasado de manera injustificada los informes sobre las AVG en las entidades donde la desaparición y el feminicidio son problemas graves, como la Cuidad de México, Tlaxcala y el estado de Puebla.

Destacaron las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública quien documentó, de 2015 a 2017, el asesinato de 8 mil 190 mujeres en todo el país, de los cuales sólo mil 640 casos fueron investigados como feminicidio, lo que demuestra, dicen las organizaciones, el desinterés por parte de las autoridades federales de desarrollar acciones para erradicar la violencia feminicida en las entidades.

En tanto, las cifras del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de 2014 a 2017, registraron 8 mil 940 asesinatos de mujeres en todo el país, de los cuales 2 mil 188 casos han sido investigados bajo el delito de feminicidio.

Por ello demandaron a la Secretaría de Gobernación llevar a cabo acciones inmediatas y efectivas para salvaguardar la vida e integridad de las mujeres, así como atender y resolver “los pendientes, vacíos y seguimientos” a las alertas emitidas en el Estado de México, Veracruz, Jalisco, Tlaxcala, Puebla y la Cuidad de México, y eliminar las barreras para la implementación de la AVG como lo establece la recomendación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

“Recordamos a las autoridades, sociedad civil y a las organizaciones que... ()…que el mecanismo de Alertas de Violencia de Género contra las mujeres fue hecho para proteger a las víctimas y sus derechos, no a los gobiernos”.

18/AEG/LGL








REPORTAJE
VIOLENCIA
   Prevalecen estereotipos de género en juzgadores
Caso “Porkys” ejemplo ante ONU de mala actuación jurídica
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Ciudad de México23/01/2018

Mientras la semana pasada la Suprema Corte de Justicia la Nación (SCJN) desechó revisar el amparo que concedió la libertad a Diego Cruz Alonso, uno de los cuatro jóvenes de los “Porkys” acusado de violar a Daphne Fernández, en Veracruz, el caso será expuesto ante el Comité de Expertas de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), perteneciente a la ONU, como un ejemplo emblemático de la mala actuación del Poder Judicial mexicano que obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas.

El Comité de CEDAW evaluará en julio de este año al Estado mexicano respecto al avance y garantía de los derechos de las mujeres y por vez primera revisará el trabajo del Poder Judicial en la impartición de justicia.

Previo a la evaluación –la cual se realizará del 2 al 20 de julio- la agrupación civil Equis Justicia para las Mujeres, presentó ante el Comité su “informe sombra” en el cual demuestra cómo el personal juzgador utiliza estereotipos de género en las resoluciones y no examina con perspectiva de género las pruebas que tiene en sus manos, como le sucedió a Daphne.

En enero de 2015 en Veracruz, Daphne era menor de edad cuando fue violada por 4 jóvenes apodados como “Los Porkys”. Uno de ellos, Diego Cruz Alonso, fue extraditado de España en enero 2017 para enfrentar el cargo de pederastia, pero el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, le otorgó la libertad tres meses después por un amparo que impulsó la defensa del acusado.  

La argumentación del juez Anuar –por la cual fue severamente criticado en redes sociales y suspendido de su cargo- era que Daphne no se encontraba en indefensión y Diego Cruz cometió únicamente “tocamientos incidentales” sin que tuviera una intensión “lasciva” o de “cópula para satisfacer un apetito sexual”.

La Fiscalía veracruzana impugnó el amparo concedido a Diego Cruz  (206/2017), por lo que los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito solicitaron a la SCJN que lo atrajera para revisar la sentencia.

El pasado 17 de enero, la Primera Sala del máximo tribunal desechó la atracción del caso toda vez que las y los ministros concluyeron que no cumplía con los términos de relevancia para impactar en el sistema jurídico mexicano, aunque las organizaciones civiles aseguran que abría la posibilidad de discutir los lineamientos que deben seguir los y las jueces para acreditar delitos de violencia sexual.

Así, en tanto en México se resuelve que el caso de Daphne no es trascendente jurídicamente, Equis Justicia para las Mujeres lo coloca ante CEDAW como un indicar emblemático del desconocimiento generalizado sobre los criterios interpretativos en materia de género de las personas juzgadoras.

INFORME SOMBRA SOBRE PODER JUDICIAL

La agrupación precisó que esta es la situación que enfrentan sobre todo las mujeres víctimas de violación en el sistema judicial. Se les demanda “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito, como comprobar que hayan puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.  

Capacitar a las y los juzgadores tampoco ha mejorado el acceso a la justicia para ellas. La organización muestra que el Poder Judicial de Veracruz gastó en 2009 alrededor de 35 millones de pesos en cursos y talleres para “instruir a su personal en perspectiva de género”, pero el resultado son sentencias como las de Daphne.

Aunado al reporte de Equis Justicia, en 2012 en las observaciones finales que hizo CEDAW a México, exigió en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado eliminara las prácticas discriminatorias en la labor de las personas juzgadoras, y aplicar la perspectiva de género en la resolución de casos.

Es por ello que en esta ocasión el Comité de CEDAW decidió en una sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, pedir al Estado mexicano que aclare los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

Al Comité de Expertas de la ONU no le bastó que México haya informado en su reporte de cumplimiento que entregó en diciembre de 2016 –con un retraso de siete meses- que “está capacitando al personal”.

Las expertas pidieron que demuestre con indicadores el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial y preguntó si tiene planes de reforzar las dependencias de género actualmente existentes en los tribunales federales.

En otro tema relevante, CEDAW refirió que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se redujo considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a la información sobre los casos”.

Por todo ello, pidieron a México que reporte antes de su evaluación, si existen mecanismos para vigilar la aplicación de esta Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité pide la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

OTROS TEMAS DE JUSTICIA

Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son las medidas que ha adoptado México para erradicar las malas prácticas en las investigaciones de asesinatos violentos de mujeres.

Las expertas precisaron que necesitan información de los estados de Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Estado de México, Veracruz y Quintana Roo, la Ciudad de México y el municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Del mismo modo solicitaron mayor información sobre las barreras que impiden el acceso a la justicia de mujeres rurales e indígenas; y de manera novedosa, el Comité otorgó un apartado específico a quienes se encuentran privadas de su libertad por delitos relacionados con drogas.

El Comité de la CEDAW es un instrumento internacional integrado por 23 expertas, el cual analiza que los Estados cumplan con las recomendaciones de la Convención a favor de los derechos femeninos. Esta es la novena evaluación de México desde que suscribió la Convención, en 1981, por lo que las recomendaciones que dan las expertas son de carácter obligatorio para los gobiernos.

18/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Por primera vez se integra temática
Poder judicial mexicano, a evaluación de CEDAW
CIMACFoto: Rosario Nieto
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 17/01/2018

Por primera vez el Comité de expertas de la Convención para la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) analizará en julio de 2018 el trabajo del Poder Judicial mexicano y la transparencia en la publicación de sentencias por violaciones a los Derechos Humanos de las mujeres.

Previo a la sesión de trabajo que mantuvo en noviembre de 2017 en Ginebra, Suiza, el Comité de CEDAW para preparar la evaluación al Estado mexicano en materia de derechos de las mujeres, la organización civil Equis Justicia para las Mujeres entregó al organismo de Naciones Unidas un “informe sombra” sobre los principales obstáculos que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia.

Derivado de este reporte, Equis Justicia informó en un comunicado que el Comité retomó el tema en la sesión y pidió al Estado mexicano explicar, ante la evaluación prevista del 2 al 20 de julio de 2018 en Ginebra, los mecanismos que utiliza el Poder Judicial para identificar las resoluciones y prácticas discriminatorias que hacen jueces en casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

En 2012, en las observaciones finales que hizo el Comité sobre México, señaló en las Recomendaciones 33, 35 y 14, que el Estado debe eliminar las prácticas discriminatorias y estereotipos en la labor de las personas juzgadoras, así como aplicar la perspectiva de género en las resoluciones de los casos.

Sobre el cumplimiento de estas consideraciones, el gobierno mexicano entregó por novena ocasión en diciembre de 2016 su informe a CEDAW, en el que señala que creó el protocolo para juzgar con perspectiva de género y capacitó a funcionarios públicos para incorporar la perspectiva de género en el análisis de casos.

Sin embargo, en el informe alternativo de Equis Justicia que tuvo el objetivo de brindar al Comité datos certeros sobre la situación de justicia para las mexicanas, la organización indicó que por medio del observatorio de sentencias que realizan, encuentran que las y los jueces utilizan estereotipos de género en sus resoluciones, en los que revictimizan y criminalizan a las mujeres.

Equis Justicia colocó en su informe a las víctimas de violación sexual como una de las principales afectadas. Destacó que el Poder Judicial les exige “criterios desproporcionales” para acreditar la existencia del delito; como comprobar que la mujer haya puesto resistencia en el acto, dejando a un lado elementos fundamentales; la existencia o no de su consentimiento y el testimonio que den.  

La organización ejemplificó que en 2009 el Poder Judicial de Veracruz gastó alrededor de 35 millones de pesos para capacitar a su personal en perspectiva de género, pero en la entidad persiste la discriminación al momento de juzgar, como le sucedió a Daphne Fernández, víctima de violación por cuatro jóvenes en enero de 2015. Uno de ellos quedó libertad el año pasado porque un juez determinó que no había pruebas suficientes y “los tocamientos” no fueron con intención lasciva ni de satisfacción sexual.

CEDAW EXIGE TRANSPARENCIA

En materia de acceso a la justicia al Comité de CEDAW también le llamó la atención el acceso a la información sobre sentencias de casos de violaciones a los derechos de las mujeres.

CEDAW refiere que desde la entrada en vigor en 2015 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, “se han reducido considerablemente el número de condenas publicadas y ha limitado el derecho de las mujeres a acceder a las información sobre los casos”, por lo que pidió al Estado mexicano informar si existen mecanismos para para vigilar la aplicación de la Ley, convirtiéndose en la primera vez que el Comité toca este tema, destacó Equis Justicia.

Al Estado también se le pide demostrar con indicadores, el progreso que ha tenido la inclusión de la perspectiva de género en la labor judicial. Otras cuestiones retomadas por el Comité en el tema de justicia, son los obstáculos que enfrentan las mujeres indígenas para acceder a ella y el excesivo uso de prisión preventiva para mujeres, relacionada con delitos de drogas.

TEMAS A EVALUAR

Otros de los temas que enlistó CEDAW y por los cuales será evaluado el Estado mexicano en julio son: la violencia contra las mujeres, trata de mujeres, participación en la vida política y pública de las mujeres, agresiones contra defensoras de Derechos Humanos y periodistas, estereotipos y prácticas discriminatorias en medios de comunicación.

Acceso a la educación y trabajo, ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, políticas para mujeres con discapacidad, derechos de mujeres indígenas y rurales, mujeres migrantes refugiadas y solicitantes de asilo en el país, mujeres privadas de la libertad por el delitos relacionados con las drogas y equidad en el matrimonio y relaciones familiares, son otros de los temas

Esta es la novena evaluación que enfrenta México desde 1981 que se integró a este instrumento internacional.

17/HZM/LGL








NACIONAL
VIOLENCIA
   Violencia política, desapariciones y acceso a derechos sexuales, ámbitos más rezagados
México rendirá cuentas sobre violencia de género ante Comité CEDAW
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México .- 29/12/2017

En 2018 el Estado mexicano enfrentará al Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), organismo internacional que evaluará las políticas implementadas para enfrentar la violencia de género y garantizar los derechos políticos, electorales, sexuales y reproductivos de las mujeres.

En diciembre de 2016 el Estado mexicano presentó ante el Comité el noveno informe sobre políticas de igualdad de género y no discriminación donde respondió a las recomendaciones recibidas en 2012 y en años anteriores; dos años después de enviar ese documento los avances y retrocesos del país para erradicar la discriminación contra las mujeres serán evaluados nuevamente.

Ante esta rendición de cuentas el panorama para México no es alentador. La Cátedra UNESCO de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que junto con organizaciones del todo el país elabora un  “informe sombra” sobre las recomendaciones, calificó el cumplimiento de las recomendaciones como “insuficiente”.

REPRESENTACIÓN POLÍTICA

Como muestra: En 2012, en materia de participación política de las mujeres, el Comité CEDAW recomendó al gobierno eliminar los obstáculos que impiden la participación femenina en cargos públicos, pero aun cuando en 2014 se instauró como principio constitucional la paridad -que obliga a los partidos políticos a postular 50 por ciento de mujeres en candidaturas locales y federales-, su presencia sigue siendo escasa y cuando logran incursionar en este escenario enfrentan a prejuicios relacionados con su género.

La representación femenina en cargos de elección popular municipales fue calificada por la Cátedra UNESCO como “deficiente” porque en 2016 las mujeres ocuparon 9 por ciento de las presidencias municipales, como consta en su “Informe técnico sobre la elaboración de indicadores de las recomendaciones CEDAW 2017”.

Además consideran que faltan políticas públicas para incrementar el número de mujeres en puestos de la administración pública que para representaban 38 por ciento de los puestos directivos.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En cuanto a los derechos sexuales y reproductivos, en la recomendación 33 la CEDAW pidió al Estado mexicano eliminar los obstáculos que enfrentan las mujeres para interrumpir un embarazos de forma legal y segura.

Sin embargo, para 2016 al menos 19 entidades aún protegían “la vida desde la concepción”, entre ellas Veracruz, Querétaro, Baja California y Chiapas, lo que criminaliza y puede llegar a poner en riesgo la vida de las mujeres que buscan ejercer la interrupción del embarazo, así lo afirmó la Cátedra UNESCO en otro  “informe sombra” parcial que publicó en marzo de 2017.

En este contexto y como producto de la exigencia social este mes se emitió por primera vez en el país una Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado en Veracruz, porque en la entidad seguín vigentes leyes que criminalizaban a las mujeres por  interrumpir embarazos no deseados.

PREVALECEN DESAPARICIONES E IMPUNIDAD

En 2012 el Comité CEDAW hizo especial énfasis en las desapariciones de mujeres y niñas por la relación porque son delitos que podría tener relación con otros ilícitos pero el gobierno mexicano no atendió este aspecto pues a pesar de que una da las recomendaciones fue mantener registros certeros que permitieran dimensionar la magnitud del problema, mismos que no se realizaron.

Destaca el caso de Nuevo León, entidad donde las académicas de la UNAM que dan seguimiento a la CEDAW, revisaron solicitudes de información y encontraron que las autoridades no registran cuántas mujeres desaparecidas son localizadas, esto a pesar de que el organismo instrumento intencional ha señalado de preocupante el alto número de desapariciones de mujeres en el estado, de acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED) fueron 677 de 2000 a 2017.

La exigencia de una base de datos actualizada sobre desapariciones de mujeres también la hicieron organizaciones civiles y familiares de las víctimas en noviembre pasado cuando Data Cívica denunció que el RNPED, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no contabiliza ni actualiza los nombres de las personas desaparecidas.

La falta de registros resulta preocupante en un contexto donde, de acuerdo a la Segob, durante los últimos 11 años 8 mil 456 mujeres desaparecieron en México, Más de la mitad fueron niñas, adolescentes y jóvenes menores de 21 años.

La CEDAW también recomendó hacer eficiente la implementación de la AVG, mecanismo de emergencia vigente en 11 entidades del país para enfrentar y erradicar la violencia de género y acelerar el procedimiento para que en caso de ser necesario se aplique en más estados, venciendo así las limitantes políticas que impiden activarla.

En la práctica en 2017 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) negó la AVG en Puebla y Tlaxcala, entidades donde se solicitó la declaratoria de Alerta por desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas relacionados con trata de personas; también rechazó la solicitud en el municipio sonorense de Cajeme y en Tabasco.

RESPUESTAS A LA VIOLENCIA

Respecto a la violencia cometida contra las mujeres el Comité CEDAW pidió al Estado mexicano responder sobre los avances y retrocesos en el caso de las mujeres Atenco, sobre tortura sexual contra 11 mujeres que mantienen una denuncia por la violencia y falta de justicia que han vivido durante once años, desde que el 3 y 4 de mayo de 2006 fueron víctimas de violación por policías municipales, estatales y federales en Atenco y Texcoco, Estado de México.

En noviembre de este año la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que analiza el caso para dictar una posible sentencia condenatoria contra el Estado, llamó a las 11  denunciantes para escucha su testimonio. Ahora se espera que en 2018 el organismo interamericano emita una resolución sobre el caso y sobre la posible reparación del daño.

Otro ámbito que la CEDAW abordó en 2012 y en el que México resultará rezagado fue la erradicación de la violencia en el ámbito educativo ya que, de acuerdo al análisis de la Cátedra UNESCO, sólo18.75 por ciento de las entidades federativas del país cuentan con un protocolo para la detección y denuncia de esta violencia.

El gobierno mexicano se ha caracterizado por dejar en segundo plano el cumplimento de la CEDAW, lo que se ve reflejado en el retraso con el que informa sobre el cumplimento de las recomendaciones. Hace 10 años que entrega informes al Comité evaluador con retrasos de hasta cuatro años. Por ejemplo, la séptima evaluación la debió presentar en 2006 pero la envió hasta 2010 junto con el octavo informe.

Además, denunció en entrevista con Cimacnoticas la coordinadora de la Cátedra UNESCO, Gloria Ramírez Hernández, el gobierno mexicano no tiene mecanismos ni políticas públicas de seguimiento a las recomendaciones recibidas por la CEDAW pues se interesa en ellas “exclusivamente cuando tiene que entregar informes y sólo para cumplir con el compromiso internacional”.

Desde que México suscribió esta convención, en 1981, y hasta la fecha, el Comité ha emitido 132 recomendaciones al Estado mexicano, quien cada cuatro años tiene la obligación de comunicar qué acciones realiza para subsanar las observaciones.

17/MMAE








INTERNACIONAL
DERECHOS HUMANOS
   Presenta sus recomendaciones por octavo y noveno informe
   
Pide Comité de CEDAW a Guatemala, mejorar acceso a justicia para mujeres
Imagen retomada de la fundación Codespa.org
Por: Carmen Lucía Castaño, corresponsal
Cimacnoticias/Cerigua | Ginebra, Sui.- 21/11/2017

Fortalecer el acceso a la justicia de las mujeres, implementar un plan nacional de prevención de la violencia de género y garantizar la adecuada investigación y sanción de los delitos en contra de mujeres y niñas, particularmente el feminicidio/femicidio, son algunas de las recomendaciones al Estado guatemalteco de las expertas del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujeres (CEDAW).

En su octavo y noveno informe sobre la situación de las mujeres en el país, el Comité manifestó su preocupación por las múltiples barreras que impiden a las mujeres acceder a la justicia, incluida la limitada cobertura del sistema de justicia en lugares remotos y las barreras lingüísticas, que actúan como disuasivos para que las mujeres no presenten denuncias.

A esto se suma el continuo estigma social, los estereotipos y la discriminación de género, particularmente de las mujeres indígenas, en las instituciones del sistema de justicia, así como insuficiente capacidad de los funcionarios para investigar y procesar los casos de alto nivel sobre violencia contra las mujeres que continúan impunes.

La falta de justicia en estos casos se debe regularmente a la corrupción, la falta de independencia del poder judicial o la influencia que poderes no estatales ejercen sobre los jueces, incluso mediante amenazas o asesinatos, señaló el Comité.

Ante esta situación, recomendó a Guatemala garantizar el acceso a la justicia de las mujeres mediante la asignación de mayores recursos, el acceso a la asistencia jurídica, la interpretación y la implementación de protocolos de atención que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, indígenas y afrodescendientes.

Recomendó además que se brinde capacitación obligatoria a jueces, abogados, personal encargado de hacer cumplir la ley y otros profesionales relacionados con el derecho de las mujeres al acceso a la justicia.

En el tema de las instituciones encargadas del tema de mujeres, el Comité CEDAW instó al Estado a que fortalezca el mandato de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), eleve la secretaría a un nivel ministerial, le asigne los recursos adecuados y que mejore su eficiencia operativa.

También que se aumente la capacidad y los recursos de la Defensoría de la Mujer Indígena y la Comisión Nacional Para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra la Mujeres (Conaprevi), y asegurar una mayor coordinación entre estas instituciones.

El Comité además recomendó implementar con carácter prioritario y dentro de un marco de tiempo específico un plan nacional para la prevención de la violencia de género contra la mujer, en el que se incluya a las indígenas, afrodescendientes, mujeres en situación de pobreza y discapacidad, así como las mujeres lesbianas, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales.

En este mismo tema, pidió que se establezca un sistema centralizado de recopilación de datos sobre la violencia de género contra las mujeres desglosado por edad y relación entre la víctima y el perpetrador.

La delegación que representó al Estado estuvo encabezada por Leticia Aguilar, titular de la Secretaría Presidencial de la Mujer (Seprem), y contó con la participación de funcionarios de la COPREDEH, el Ministerio del Trabajo, de Salud, representantes del Congreso y magistradas de las altas Cortes, presentes en la sede la ONU para el EPU de Guatemala, que tuvo lugar el 8 de noviembre.

El Comité dio al Estado un plazo de dos años para informar acerca de los avances en la investigación de Hogar Seguro, la ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre Trabajadores Domésticos, y la participación de mujeres rurales, indígenas y garífunas en el desarrollo e implementación de políticas destinadas a conseguir su independencia económica.

De igual manera, el Estado deberá poner en conocimiento del Comité las medidas que tome para convertir la Seprem en un ministerio dotado de recursos suficientes para garantizar su funcionamiento.

Este Comité está conformado por 23 personas expertas internacionales que tienen como mandato velar por el cumplimiento de la Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instrumento ratificado por Guatemala en agosto de 1982.

17/CLC/LGL








ESTADOS
POLÍTICA
   Diputadas locales analizarán las iniciativas
Proponen reformas legislativas para homologar DH de mujeres y niñas en el país
Imagen retomada de Facebook
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 08/11/2017

La Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados presentó ante la segunda Conferencia Nacional de Legisladoras un paquete de 32 iniciativas de reformas en materia civil, familiar y penal para garantizar los Derechos Humanos de mujeres y niñas.

El paquete de reformas se entregó a las diputadas locales y al gobernador de Yucatán y titular de la Comisión de Igualdad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Rolando Zapata Bello, reunidas este día en San Lázaro, durante el segundo encuentro al que asisten legisladoras de todo el país para revisar temas relacionados con la perspectiva de género y el quehacer legislativo.

La idea, explicó la autora de las propuestas, la a ex subsecretaria para temas globales de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) Patricia Olamendi Torres, es dar insumos a las legisladoras locales y a la Conago para que las promuevan y aunque señaló que aunque no hay una ruta fija para la aprobación de las mismas, las diputadas serán las encargadas de tomar las iniciativas como parte de sus agendas legislativas.

Las reformas son para que en todo el país exista el divorcio sin acreditar una causa, se elimine la figura de alienación parental, crear la figura de maltrato infantil, reconocer la legítima defensa cuando una mujer mata a su agresor, tipificar el suicidio-feminicidio y eliminar los beneficios de pre-liberación a agresores de mujeres.

En materia penal se propusieron modificaciones para cambiar el tipo penal de violencia familiar y establecer la reparación del daño integral y no únicamente el pago de una cantidad monetaria para las víctimas; también se propone incrementar las penas y perseguir de oficio, los delitos de abuso sexual y violación hasta los 18 años de edad.

Estas propuestas, dijo Olamendi Torres, se basan en la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y en la Convención Interamericana para para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, (Belém do Pará) y en tres sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos: una por feminicidio en Ciudad Juárez, conocido como Campo Algodonero, y dos por violación sexual contra las indígenas tlapanecas, Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, en Guerrero.

Son dos los objetivos de esta propuesta expuso la consultora en género Olamendi Torres, el primero, modificar el orden legal existente para que las leyes tengan una visión de Derechos Humanos y el segundo trata de mejorar la situación de facto de las mujeres o de lo contrario, dijo, las normas no estarán cumpliendo con su objetivo.

Aseguró que ahora que los congresos están conformados por más mujeres, desde que en 2014 se legisló la paridad, las parlamentarias deben abrazar los de Derechos Humanos y defenderlos.

Aunque reconoció que el próximo año 28 estados renovarán sus congresos locales y las actuales legisladoras habrán concluido labores, agregó que van 20 años de armonización legislativa por lo que cuando lleguen las próximas diputadas debería existir un mecanismo de seguimiento para sacar estas reformas.

La diputada Laura Nereida Plasencia Pacheco entregó las propuestas ante la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, Lorena Cruz Sánchez; la senadora Hilda Flores Escalera; y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín, entre otros funcionarios.

17/AGM/LGL








QUINTO PODER
VIOLENCIA
   QUINTO PODER
   
Narrativas y violencias feminicidas
imagen de Silvia Núñez Esquer
Por: Argentina Casanova*
Cimacnoticias | Campeche, Cam .- 29/06/2017

Documentar el feminicidio o tentativas de feminicidio es una tarea que activistas y defensoras feministas emprendieron desde hace varios años con dos propósitos: visibilizar los crímenes por razones de género contra mujeres y analizar las narrativas periodísticas con discursos que naturalizan la violencia, y que contribuyen a confundir a la opinión pública, validando versiones de homicidios cuando sí hay circunstancias del tipo penal de feminicidio.
 
A pesar de que existen las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas, especialmente en las entidades donde hay solicitudes de Alerta de Violencia de Género, no hay estados donde sea visible o medible el resultado de los supuestos cursos de capacitación dirigido a periodistas para deconstruir las narrativas periodísticas.
 
No es fácil, es cierto, no basta con dar cursos de “lenguaje incluyente”, pero por un lado hay evidencia de que se han invertido importantes recursos, aunque no siempre son impartidos por perfiles que reúnan, por un lado la experiencia en el feminicidio y, por otro en las coberturas periodísticas y desde enfoques feministas. Pero aún si se mira de manera positiva y optimista, hace falta conocer los indicadores de impacto y de cambio en quienes han participado en esos procesos de formación.
 
En la mayoría de los informes de las AVG, los indicadores construidos por los grupos de trabajo son apenas “aproximaciones” a la problemática, como la generación de observatorios sin proponer metodologías o metas de transformación y cambio en las coberturas periodísticas o la búsqueda de una deconstrucción de las narrativas hegemónicas.
 
La mayor dificultad la representa la evaluación de esos procesos de formación y sus resultados, pero ese no es el tema que nos ocupa básicamente, sino la persistencia a los 5 problemas identificados en las coberturas periodísticas de los feminicidios que se suman a las posturas institucionales que insisten en llamar “homicidios” a crímenes contra identidades femeninas en las que claramente –de no existir resistencia al tipo penal- se califican como casos de feminicidio por sus características con razones de género.
 
De esta forma esas posturas institucionales de las Fiscalías que evitan calificar como feminicidio y llaman homicidio, se convierten en el mayor obstáculo en la investigación y posterior sanción del delito para alcanzar la máxima de la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia con la “erradicación”, a través de la aplicación de penas más altas que visibilicen la violencia de género.
 
A 4 años de la tipificación en varias entidades, y 5 en otras, es inaudito y sólo puede entenderse por la violencia estructural e institucional contra las mujeres, que sean las propias Fiscalías que a través de sus áreas de Comunicación Social y con la “fuente”, se difunda que algunas mujeres cuyas ex parejas las asesinan o lo intentan, sean calificados como “homicidio en grado de tentativa”, borrando de tajo todo el trabajo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y su Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.
 
Ya no digamos del Protocolo Latinoamericano publicado por ONU Mujeres y por todos los Protocolos de investigación de feminicidio.
Esa postura institucional es el mayor obstáculo que influye en la opinión pública en forma negativa y contraria al reconocimiento de los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia, y a los mandatos derivados de las Recomendaciones Generales de la CEDAW, el Mecanismo de Seguimiento a Belém do Pará y por supuesto a la Sentencia de Mariana Lima, en la que se establecen claramente estándares y criterios para la investigación de los asesinatos de las mujeres.
 
Ahí están las notas rodando por todo el país en los que son las Fiscalías las que “filtran” que se “no se trató de un feminicidio sólo la mató su ex por infidelidad”, y más preocupante es que las coberturas periodísticas dentro del Sistema Penal Acusatorio sigan con los mismos vicios del sistema anterior y criminalicen a las víctimas y obstaculicen el acceso a la justicia para las víctimas.
 
El principal obstáculo y trabajo a favor de los agresores y feminicidas no lo hacen los abogados de la defensa, sino las coberturas periodísticas que afirman que no son feminicidios sino crímenes pasionales, y con ello generan un ánimo en la opinión pública contrario a los derechos de la víctima que tiene en contra a todo el sistema y que es silenciada sin que se respeten sus derechos.
 
No es cosa pequeña una equivocada cobertura. Es, además de irresponsable, una pieza clave para entender por qué si hay 7 mujeres asesinadas diariamente por razones de género, hasta ahora son mínimos los casos de sentencias contra feminicidas por todo el país. Simplemente porque la reticencia al tipo penal encuentra alianzas patriarcales que dejan sin justicia a las víctimas y los medios de comunicación y sus coberturas son parte de esas alianzas.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG








Pages

Subscribe to RSS - CEDAW