Veracruz

En México, como en el mundo, hay una tendencia a consolidar el conservadurismo en las normas legales y ante esto es importante que las instituciones y la sociedad den una clara señal de no sumisión frente a estas regresiones, afirma el representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab.
 
Un ejemplo de cómo no claudicar en la defensa de los derechos, dice el experto checo en entrevista exclusiva con Cimacnoticias, lo acaba de dar un grupo de expertas y expertos, académicos y funcionarios, en un informe publicado el 10 de marzo, donde determinan que en Veracruz, estado situado al sur de la República Mexicana, hay discriminación institucional contra las mujeres y un atentado a sus derechos sexuales y reproductivos.
 
Este informe proporciona argumentos sobre la pertinencia de decretar la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” en la entidad, es decir porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos de las mujeres y recomienda al gobierno estatal despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación; permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres; y garantizar la interrupción del embarazo en casos de violación sexual.
 
A propósito de este informe, Jan Jarab, quien fuera representante de la Oficina Regional de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Europa (2010-2016), afirma que hay que apostar a que esta “ola conservadora en contra de los derechos de las mujeres sea, si no la última, sí la última grande”. 
 
AVG CONTRA RETROCESOS
 
El 9 de septiembre de 2015 organizaciones sociales solicitaron una AVG por violencia feminicida pero el 5 de abril de 2016 por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y Equifonía, Colectivo por la Ciudadanía, Autonomía y Libertad de las Mujeres, junto con otras seis organizaciones solicitaron otra AVG, esta vez por discriminación, criminalización y falta de acceso a los servicios de aborto. 
 
En esta segunda petición, las agrupaciones determinan cuáles son los elementos que obstaculizan a las mujeres el acceso a sus derechos sexuales y reproductivos: La inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la NOM-046 que permite el aborto en casos de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la reforma al Artículo 4 de la Constitución local para “proteger la vida desde la concepción”, que entró en vigor el 23 de agosto de 2016.
 
Dicha reforma al Artículo 4 fue aprobada en segunda vuelta por el Congreso local en julio de 2016, para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, a propuesta del hoy prófugo ex gobernador, Javier Duarte, quien la promulgó en agosto de ese año acompañado por jerarcas de la Iglesia.
 
Ahora, el informe de expertas y expertos –el primero por “agravio comparado”– proporciona más elementos que demuestran cómo en la entidad se obstaculiza el pleno reconocimiento y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, específicamente en materia de acceso a los servicios de la interrupción legal del embarazo. Sobre este tema se le pregunta a Jan Jarab.  
 
-Anayeli García Martínez (AGM): ¿Cómo se debe analizar este informe realizado por este grupo de expertas y expertos?
 
- Jan Jarab (JJ): Para nuestra Oficina este informe es muy importante por varias razones. Primero, se trata del estado de Veracruz donde el cambio constitucional (para proteger la vida desde el momento de la concepción) que ocurrió el año pasado fue identificado por nuestra Oficina y por otras organizaciones de Naciones Unidas, como ONU Mujeres y el Fondo de Población, como un retroceso alarmante y fue objeto de un comunicado de prensa colectivo de varias organizaciones de la familia de Naciones Unidas.
 
“El informe, como tal, confirma nuestras preocupaciones: Cuando se crean retrocesos constitucionales –y no es algo retórico, simbólico– esto puede tener efectos adversos al gozo de los derechos, en este caso de derechos sexuales y reproductivos de mujeres y niñas en el estado de Veracruz.
 
“En el informe se explica de manera didáctica que una política pública discriminatoria puede ser considerada como una forma de violencia institucional contra las mujeres. Esta es la segunda dimensión: Cómo entendemos en este país, y en otros, la violencia institucional que las instituciones del Estado causan a los titulares de derechos.
 
“Hay otra dimensión. Aunque sabemos que Veracruz es un estado muy problemático en muchas áreas de Derechos Humanos, el informe no sólo es sobre Veracruz, no lo interpretamos como algo relevante sólo para el estado, porque sabemos que las herramientas legales y, aun peor, las prácticas en muchos estados de la federación mexicana siguen siendo muy restrictivas en el ámbito de derechos sexuales y reproductivos de la mujer.
 
“Aquí se da también una primera señal a un público más grande y es importante desde el punto de vista político que la Segob y el propio Secretario de Gobernación aceptan la opinión de los expertos”.
 
POPULISMO CONSERVADOR
 
Adicional a la información sobre salud sexual y reproductiva, el informe consideró 13 normativas nacionales e internacionales en materia de derechos de las mujeres, las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que enriquece los argumentos.
 
- AGM: ¿El contenido de informe podría tener repercusiones en el resto del país?
 
- JJ: Es un problema muy relevante para todo el Estado mexicano. Tenemos diferencias entre herramientas legales en varias entidades federativas, con una distinción bastante positiva de la Ciudad de México y la situación muy restrictiva, muy conservadora, en la mayoría de las demás entidades.
 
“Tenemos también un contexto preocupante que hemos visto no solo en derechos de la mujer. Por ejemplo, cómo se terminó el año pasado de manera muy nefasta con la intención de legislar el matrimonio igualitario y una contra reacción muy conservadora.
 
“Es importante que las instituciones que tienen este mandato den una clara señal que no podemos ser sumisos, no podemos capitular en esta coyuntura, en la ola conservadora, tanto en México como en el mundo. Soy optimista históricamente y pienso que es muy probable que la ola en contra que estamos mirando hoy será, sino la última, será la última grande.
 
“Me parece que se necesita utilizar este informe porque, como lo mencioné anteriormente, la situación en México en general necesita una modernización con un enfoque de Derechos Humanos que está muy presente en este informe, utilizando los altos estándares de Derechos Humanos como herramienta y no los prejuicios populares, el populismo conservador”.
 
EMPODERAMIENTO VS. “MORALIDAD”
 
- AGM: El informe recomienda implementar la NOM 046 que implica garantizar el aborto en casos de violación sexual pero, por otro lado, hay gobernantes y legisladores que no están de acuerdo con implementar esta norma, ¿esto sería parte de esta ola conservadora?
 
- JJ: La supuesta defensa de moralidad tradicional siempre ha sido en todos los países, para algunos más rápidos para otros más lento, pero siempre ha sido una lucha. No sólo es una lucha para ganar un voto en un Congreso nacional o estatal sino para convencer al gran público.
 
“Sabemos que aparentemente México tiene una de las más altas tasas de embarazo adolescente en la región, es preocupante pero la respuesta necesita ser un empoderamiento de las mujeres y de las niñas, acceso a todos los derechos sexuales y reproductivos y no intentar regresar al Siglo XIX.
 
“Tuve recientemente una plática interesante con una persona que insistió en que se necesita regresar al modelo tradicional, a un pasado supuestamente idílico. Primero, este pasado idílico nunca existió, es una fabricación; segundo, no se puede regresar al pasado, lo que necesitamos es un desarrollo de la legislación y de las políticas públicas basado en los estándares internacionales de Derechos Humanos.
 
“En un país como México, que afirma en la arena internacional su compromiso con estándares internacionales de Derechos Humanos, eso es algo que necesitamos exigir. Vamos a tener, quizás, un largo proceso, con las fuerzas más conservadoras políticamente, eso nos queda claro”.
 
INSUFICIENTE ATENCIÓN
 
“Otro factor importante en México es que la importancia de estos asuntos sigue siendo un poco eclipsada por otras violaciones muy importantes, dramáticas, graves violaciones como tortura o desaparición, que aunque también tienen una gran dimensión de género tampoco es tan visible como debería ser”, explica quien fuera funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo.
 
“El problema en México quizás no es que existan fuerzas conservadoras. Hemos visto que existen en Francia, de manera hasta sorprendente cuando se dio el movimiento en contra del matrimonio igualitario. No es esto, es el carácter de la discusión pública. Hay muchos otros temas que atormentan a la sociedad y la atención a los derechos de las mujeres y principalmente al tema de derechos sexuales y reproductivos no es suficiente.
 
“Puedo decirlo desde el punto de vista de nuestra Oficina: La Oficina del Alto Comisionado está tan metida hoy en los dramas de desaparición, de tortura, que es difícil priorizar otros temas híper importantes, como este del que hablamos, como los derechos de las personas con discapacidad, de los migrantes, porque los otros temas nos imponen por su urgencia”.
 
- AGM: ¿Sería relevante recalcar que los derechos de las mujeres también son Derechos Humanos?
 
- JJ: Desde mi perspectiva, de hombre, recién llegado de Europa, hay algunas tendencias fuertemente paternalistas aquí en México y aparentemente obstaculizan la correcta percepción de los derechos de las mujeres. Cuando varios políticos afirman que están apoyando los derechos de las mujeres, a veces lo hacen también de manera patriarcal, como elogiando a sus esposas, sus hijas, en el ámbito familiar. Generosidad condescendiente.
 
“Me parece que es una sociedad en transformación, esta transformación es obstaculizada -es mi perspectiva personal- tanto como otras transformaciones y modernizaciones de la sociedad, debido al contexto de la violencia y de otros flagelos de corrupción, impunidad, que dominan y preocupan a la sociedad.
 
“Estamos testimoniando unos esfuerzos. El de Veracruz fue emblemático, porque desvió la atención (con la reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción). Las fuerzas políticas conservadoras no logran establecer o mantener un Estado de derecho pero sí se manifiestan con este cambio constitucional para mostrar que están defendiendo algo, aunque lo que están defendiendo significó, de hecho, un retroceso, como muestra este informe. Fue algo que obstaculizó aún más el acceso de las mujeres en Veracruz a sus derechos”.
 
- AGM: Aún no se sabe si las recomendaciones para modificar la legislación serán aceptadas pero ¿qué percepción tiene la Oficina del Alto Comisionado?
 
- JJ: La Oficina quiere aportar a este primer paso para que sea implementado en la legislación y en la política pública del estado de Veracruz. Vamos a apoyar esta normativa progresiva con discusiones con los actores, interlocutores federales y estatales. Estamos planeando una misión a Veracruz por varios temas, empezando por la situación de desapariciones, pero el tema de los derechos sexuales y reproductivos está en nuestra agenda.
 
17/AGM/GG
 

El pasado 10 de marzo la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) entregó al gobierno de Veracruz el informe donde se solicita la Alerta de Violencia de Género, esta vez por Agravio Comparado, por incumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas.
 
El incumplimiento radica en las dificultades que enfrentan las veracruzanas para acceder a la interrupción legal del embarazo, por inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046) para víctimas de violencia sexual, por la criminalización de las mujeres por aborto, y por la reforma al Artículo 4 de la Constitución local, que “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
A partir de ese momento el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares tiene como fecha límite el día 24 del mes para aceptar o rechazar las recomendaciones del informe. En caso de aceptarlo tendrá un plazo de seis meses para cumplir con los compromisos asumidos y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, informaron en conferencia de prensa el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el colectivo Equifonía.
 
Pero, si en ese periodo el estado de Veracruz incumple con las demandas establecidas en el informe, la CONAVIM tendrá la facultad de prorrogar el plazo o declarar de inmediato la AVG por agravio comparado, con lo que sería la segunda AVG en la entidad, la primera se emitió y está vigente desde noviembre de 2016 por violencia feminicida en 11 municipios.
 
En el caso de que el Gobierno de Veracruz no acepte, el Gobierno federal declarará automáticamente la AVG, e implementará una mesa de seguimiento para vigilar al gobierno de Veracruz que cumpla cabalmente con las recomendaciones, reportaron las organizaciones.
 
AGRAVIOS
 
El Grupo de Trabajo encargado de la investigación mandata, en el Informe entregado al Gobierno de Veracruz, dar seguimiento a tres agravios que atentan contra los derechos de las mujeres:
 
El Primero obliga a dar cumplimiento a la NOM 046, que obliga a las autoridades otorgar servicios de salud y la interrupción legal del embarazo (ILE) a las víctimas de violación sexual, pues tan sólo en el año 2015 se registraron 487 nacimientos en los que las madres eran niñas entre 10 y 14 años de edad, probables víctimas de violencia sexual; la cifra más alta en todo el país, reporta el documento.
 

Araceli González Saavedra de la organización Equifonía Colectivo por la Ciudadanía participó en la conferencia de prensa | CIMACFoto: César Martínez López

La coordinadora del colectivo Equifonía, Araceli González Saavedra, dijo que se registró que las autoridades de salud no proporcionan el acceso a la ILE a las víctimas de violación sexual, a menos de que medie el mandato de alguna autoridad ministerial o judicial, lo que contraviene con lo dispuesto en la NOM 046, la cual estipula que no es necesario contar con una demanda o tutor para interrumpir el embarazo.
 
Asimismo González Saavedra agregó que existe un “vacío de información”, ya que las autoridades veracruzanas no contaban con cifras sobre cuántas interrupciones de embarazo han realizado las instituciones de salud y sólo el 20 por ciento del personal de médico entrevistado ha sido capacitado para implementar la NOM.
 
El Segundo agravio es referente a la criminalización de las mujeres por el delito de aborto, el cual se encuentra regulado en los artículos 149 al 154 del Código Penal estatal, donde se estipula como pena contra las mujeres que interrumpen sus embarazos brindarles medidas de salud y educación.
 
De acuerdo con datos de Equifonía, de 2009 a 2016 estaban sentenciadas por el delito de homicidio 18 mujeres que interrumpieron su embarazo, González Saavedra indicó que esta situación es preocupante, ya que la mayoría eran jóvenes indígenas que fueron denunciadas por las mismas autoridades y de nueva cuenta las autoridades no tiene un registro de las mismas.
 
Ante esta situación, por último se pide al gobierno de Veracruz derogar la reforma al Artículo 4to de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción y hasta la muerte natural”. Las organizaciones indicaron que se debe modificar el marco jurídico y garantizar el aborto seguro e informado durante las primeras 12 semanas de gestación, así como agregar la causalidad de riesgo para la salud con el fin de reducir la tasa de muerte materna y el riesgo de que las mujeres busquen métodos clandestinos.
 
INFORME APEGADO A ESTÁNDARES INTERNACIONALES
 
La coordinadora del OCNF, María Luz Estrada, dijo que este informe es un hecho histórico en el que el Gobierno de Veracruz por fin reconoce los problemas de discriminación y violación de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas de la entidad.
 
Y, asegura, que las recomendaciones en las que el informe se basó están acorde a los estándares internacionales y recomendaciones emitidas por la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien comprometió al Estado mexicano a aplicar la NOM 046, tras el caso Paulina, una niña obligada a continuar un embarazo tras una violación, en Baja California.
 
LUCHA POR DERECHOS REPRODUCTIVOS
 
Las organizaciones civiles por el derecho a decidir sobre la maternidad han realizado un trabajo intenso y prolongado en Veracruz, como el emprendido luego de que en septiembre de 2016 el Congreso de Veracruz aprobó el Artículo 4 de la Constitución del estado para “proteger la vida desde el momento de la concepción”, misma reforma que en lugar de ser rechazada fue ratificada por los 212 ayuntamientos de la entidad de forma definitiva.
 
Con ello, las organizaciones buscaron contrarrestar la situación de violencia que viven las mujeres en la entidad, las mismas peticionarias de la AVG por feminicidio buscaron los medios jurídicos para garantizar los servicios de salud a las mujeres.
 
Así el 15 de abril de 2016, la Conavim aceptó la AVG únicamente por dos agravios: la falta de aplicación de la NOM 046 y la criminalización de las mujeres por aborto, pues el último presentado en la solitud que correspondía a “la protección de la vida desde el momento de la concepción”, aún no se votaba en el Congreso estatal para ser incluido en el Artículo cuarto de la Constitución local. Por ello la Conavim tuvo que rechazarlo. 
 
Esta vez, esperan que sea un hecho histórico, dijo Luz Estrada, quien destacó que esta AVG por agravio comparado es la primera que tuvo avances en el país, a pesar de que está establecida como un mecanismo en Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Esperan, por tanto, que sea un precedente para el resto de las entidades de la República.
 
17/HZM/GG
 

Entre cinco y seis años en promedio pueden tardar las autoridades de procuración de justicia para resolver un caso de feminicidio en Veracruz, cuando se ha identificado al homicida.
 
Las cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado revelan que entre 2012 y 2017 se registraron 313 casos de feminicidio, de los cuales 194 siguen impunes, apenas en el proceso de la integración de la carpeta de investigación; sólo en el 40 por ciento de los casos, es decir 110, hay una sentencia.
 
La cifra es al menos 50 por ciento más baja que las estadísticas del observatorio de la Universidad Veracruzana (UV), donde se reportan 100 mujeres asesinadas cada año.
 
En gran parte de los casos, la falta de acceso a la justicia y las trabas burocráticas generan desesperanza en las familias que se topan con ministerios públicos y peritos sin la capacidad de avanzar en la las investigaciones.
 
Es el caso de “Adela”, asesinada en 2014 por su entonces pareja sentimental, la familia sigue peleando porque se hagan las diligencias del caso, se giraron decenas de oficios para hacer las pruebas periciales, pero nunca se concretaron. Sospechan que hay tráfico de influencias.
 
El asesino de Pilar, muerta por asfixia en 2012, fue liberado por un juez a falta de pruebas suficientes, pues aunque en un principio confesó, luego se desdijo. La familia lleva casi seis años batallando en laberintos legales para acceder a la justicia, y haciendo la pregunta al Juez del caso ¿si no fue él, entonces qué ha hecho la autoridad para atrapar al culpable del asesinato?”.
 
La abogada de la Organización Equifonía AC, Adriana Fuentes Manzo, lamenta que el acceso a la justicia en los casos de feminicidio puede tardar años.
 
En la defensoría de familias víctimas de feminicidio, Adriana se ha topado con casos donde las carpetas de investigación son integradas con graves fallas, donde por falta de personal y peritos no se realizan diligencias básicas que pueden dar con el culpable, y sobre todo, con la indiferencia institucional.
 
A su consideración, entre la Fiscalía General del Estado (FGE), y el Poder Judicial “se echan la bolita”, "el Poder Judicial dice, tú no integras bien y no me das elementos para sancionar, y Fiscalía dice yo integro bien, pero tú no lo valoras adecuadamente".
 
En el común de los casos, la autoridad no hace de forma adecuada el levantamiento de datos, el resguardo de la evidencia, la cadena de custodia. "Sin estos elementos puedes perder la investigación que es, en general, lo que pasa: de los 194 casos impunes, habría que determinar a quién le tocó recabar los elementos de prueba, si eso no están bien integrados, difícilmente un perito podrá hacer un comparativo de ADN, y recabar datos que lleven a una buena investigación y el castigo al culpable".
 
Adelantó que en el marco de la Alerta de Violencia de Género  (AVG), se plantea la aplicación de un protocolo de feminicidio específico, donde se enuncian algunas acciones a hacer, y donde también se plantea una unidad de contexto que servirá para entender la situación de la violencia. “Se van a proponer peritajes antropológicos, psicosociales, sociológicos, tenemos que contratar a expertos en el tema”.
 
Desde que se comete un feminicidio, son 6 meses para integrar la carpeta, otros 6 meses para realizar las diligencias, otros 4 meses para acreditar las pruebas y, si el imputado se defiende a través de un amparo, puede pasar hasta un año. Esto revela que una familia puede tardar mínimo tres años en acceder a la justicia, en caso de que se tenga identificado al agresor.
 
Fuentes dijo que en la mayoría de los casos no se les informa a las familias del proceso legal, los tiempos jurídicos, ni mucho menos hay una contención emocional a la familia, como parte de la reparación del daño.
 
DEBEN ANALIZAR CIFRAS 
 
Por su parte, la también integrante del colectivo Equifonía, Aracely González Saavedra, advirtió que será importante la revisión de los expedientes de 313 feminicidios en los últimos seis años, pues la cifras reportadas en medios de comunicación de asesinatos de mujeres duplican en 50 por ciento la estadística oficial de la FGE.
 
Por es necesario analizar los datos, reiteró, con el fin de determinar cómo fueron juzgados los casos, de acuerdo al protocolo de diligencias básicas, y bajo qué características fueron tipificados o no como feminicidios.
 
Cuestionó que a tres meses de la instalación de la Alerta de Violencia de Género, el Estado ha sido incapaz de frenar y prevenir la violencia feminicida, tan solo del 23 de noviembre del 2016 (fecha de la firma), al cierre de febrero del 2017, 55 mujeres han sido asesinadas en Veracruz.
 
“Y siguen sin tomarse las medidas suficientes, no decimos que no han hecho nada, pero las medidas no son suficientes para la atención de la problemática”, dice.
 
Para González Saavedra no es suficiente con la contabilización de los casos de feminicidios, es necesario hacer un análisis para determinar en qué momento la procuración de justicia falló.
 
Puso como ejemplo en estados como Guanajuato, donde con base en estadística se logró determinar que los casos de asesinatos de mujeres estaban vinculados a casos donde mujeres habían denunciado violencia previamente, pero no se emitieron órdenes de protección.
 
“Podemos suponer que en Veracruz hay una situación similar, pero no se ha llegado a este nivel de análisis para determinar una política que responda a la problemática y que con eso se pueda atender”, dijo.
 
17/FM/GG

La fuerza del Paro de Mujeres, que se realizó ayer en decenas de países del mundo, en protesta por la violencia contra las mujeres y en demanda de una vida libre de violencia, se manifestó en México, en prácticamente todas las ciudades del país. De ello dan cuenta las corresponsales y colaboradoras de Cimacnoticias en Oaxaca, Veracruz, Edomex, Chiapas, Puebla, pertenecientes a la Red Nacional de Periodistas con Visión de Género.   
 
OAXACA TIEMBLA
 
Amas de casa, activista, familiares de mujeres asesinadas, profesionistas, docentes, jubiladas y mujeres  indígenas de Oaxaca se sumaron al Paro Internacional 8M en conmemoración del Día Internacional de las Mujeres que se realiza el 8 de marzo y marcharon del Monumento a la Madre al Zócalo.
 
Bajo la jornada “Oaxaca Tiembla, las Mujeres Paramos”, exigieron un alto a la violencia feminicida, al acoso sexual, a las agresiones y a las violaciones a sus derechos. Fueron acompañadas por un contingente Transexual, adultos mayores y ONG.
 
Denunciaron que durante los primeros 98 días del gobierno actual encabezado por Alejandro Murat Hinojosa, se han acumulado 26 feminicidios y seis casos de violencia política.
     
VERACRUZ, RECLAMO POR AVG 
 
Las desaparecidas y las víctimas de feminicidio fueron el centro de la misma exigencia: Justicia y Alerta de Género ya.
 
¡Vivas se las llevaron! ¡Vivas las queremos! ¡No queremos flores, queremos derechos! ¡Basta de simulación queremos acción!, fueron las consignas que lanzaron mujeres, estudiantes, enfermeras, maestras, madres de familia, abuelas, jubiladas, oficinistas, estilistas, vendedoras, empleadas, cocineras, investigadoras, activistas, feministas, quienes caminaron desde el Tranvía del Recuerdo al Zócalo, acompañadas por jóvenes, adultos y la comunidad LGBTTI  
 
Exigieron justicia por los 55 feminicidios y reclamaron al Gobernador Yunes y al Fiscal Wincker que reconozcan solo 10 asesinatos; también demandaron justicia por las 70 mujeres trans víctimas de crímenes de odio, y señalaron la escasa justicia en el caso de los Porkys, violadores de una menor de edad. 
 
EN EDOMEX,  PROTESTA CONTRA EL FEMINICIDIO
 
El Día Internacional de la Mujer en el Estado de México, no obstante  ser la primera entidad en donde se decretó la Alerta Contra la Violencia de Género (AVG), en once municipios, organizaciones civiles y autoridades municipales aseguran que la violencia y  los feminicidios no cesan. 
 
Diversas actividades se realizaron, en demanda de que se erradique este flagelo, pues cerró el año 2016 con 263 asesinatos de mujeres, de acuerdo con cifras de la  organización “Mujeres en Cadena”.  Ecatepec, uno de los once que mantienen la AVG, encabeza la cifra de asesinatos de mujeres, seguido de Nezahualcóyotl, Atizapán, Naucalpan, Acolman, Chimalhuacán, Toluca, Cocotitlán, Mexicaltzingo, Tezoyuca, Chalco, Nicolás Romero, Tenancingo, Lerma, Ixtlahuaca y Texcoco.
 
En Naucalpan,  vecinas plasmaron en lienzos blancos sus manos con pintura rosa, sobre las escaleras de la presidencia municipal y exigieron mejores condiciones de seguridad para frenar la violencia en este municipio, que  el año pasado  cobró la vida de 28 mujeres, de acuerdo con las estadísticas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.
 
CHIAPAS, ABORTO LEGAL
 
Para exigir políticas públicas en contra de la violencia hacia las mujeres, este 8 de marzo marcharon en Tuxtla Gutiérrez más de un centenar de mujeres.
 
La marcha partió del parque de la Juventud –al poniente de la ciudad- y llegó al Congreso del Estado,  donde se hizo un pronunciamiento para exigir el aborto legal en Chiapas, políticas públicas para evitar la violencia en contra de las mujeres, la liberación de presas políticas y mejores condiciones laborales.
 
Ana Silvia Gómez del Centro de Lengua y Cultura zoque pidió la libertad de su compañera presa Silvia Juárez Juárez del municipio de Tecpatán, que fue encarcelada por diferentes delitos como medida de represión por su lucha en contra de la extracción de hidrocarburos en aquel municipio.
 
PUEBLA, EL RECUENTO DE LA VIOLENCIA
 
La conmemoración del Día Internacional de la Mujer incluyó conversatorios sobre la violencia de género, la proyección de un documental y un monólogo, una marcha que llegó al zócalo de la ciudad y una actividad para denunciar a los docentes acosadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
 
En la facultad de Antropología, el Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (Cafis) presentó los resultados de un análisis sobre feminicidios y violencia sexual en Puebla, que hizo de forma conjunta con el portal LADO B.
 
Entre los hallazgos se encuentran que son mujeres de 21 a 30 años las principales víctimas de feminicidio, en promedio ocurre un feminicidio a la semana en el estado y uno de cada tres victimario resultó ser la pareja sentimental de la víctima.
 
De los 149 casos de feminicidio que abarcó la investigación de 2013 a 2015, 53 por ciento cumplen con la causal de exposición pública, el 45.6 por ciento con lesiones o mutilaciones infamantes, 28.9 por ciento con lesiones previas, 27.5 por ciento con perfidia o abuso de confianza y 22.8 por ciento con violencia sexual.
 
*Con información de Citlalli López Velázquez, Sandra Segura, Evelia Barrón, Sandra de los Santos, Samantha Paez Guzmán, Alondra García Lucatero, Ana Alicia Osorio, Juan Ramón Nava
 
17/RPVG/GG
 

Por la defensa de sus derechos, contra la violencia, miles de mujeres a lo largo y ancho del  país participan ese 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en el Paro Internacional convocado en más de 50 países y en todo el territorio nacional. Estas son algunas de sus acciones.
 
Activistas piden alto a feminicidio en Minatitlán, Veracruz
 
Un grupo de mujeres del municipio de Minatitlán, Veracruz, realizaron un plantón para exigir un alto a los feminicidios y la violencia de género en aquella localidad. En el marco del Día Internacional de la Mujer. Periodistas, estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), empresarias y la ciudadanía en general pidieron mayor seguridad a los tres niveles de gobierno.
 
Concentradas en el Monumento a la Madre, recordaron agravios contra las mujeres: además del hallazgo de tres mujeres sin vida en fosas clandestinas hace una semana en Minatitlán, aún permanece privada de su libertad una empresaria de la tercera edad.
 
"En Minatitlán nos manifestamos a favor de la paz y de la seguridad, y en contra de la violencia, la inseguridad y los feminicidios. Este día no tenemos nada que celebrar como muchos seguramente", expresaron.
 
Las manifestantes reprocharon la falta de vigilancia y la misoginia que impera en la entidad. Recalcaron que en Minatitlán las recientes víctimas de la violencia e inseguridad del sexo femenino no eran delincuentes sino trabajadoras o estudiantes.
 
"Pamela Guadalupe tenía 20 años de edad, era originaria de Minatitlán, estudiante y no era una delincuente; Libia del Carmen Sánchez era originaria de Minatitlán, era trabajadora de Pemex y no era delincuente; Giovana Itzel tenía sólo 14 años, también era de Minatitlán, era estudiante de preparatoria y tampoco era delincuente.
 
El último día de febrero, una mujer de 61 años fue privada de su libertad, aun no aparece, también es de Minatitlán, comerciante, madre de familia y tampoco es delincuente", manifestaron.
 
Las mujeres minatitlecas lamentaron que al menos tres hogares hayan quedado enlutados durante los últimos días mientras que el resto del municipio se encuentra lastimado por la inseguridad. En tanto, miles de casos siguen en la impunidad en el resto de la entidad como simples cifras.
 
"Exigimos paz y seguridad para nuestros hijos e hijas, no queremos ser una cifra más, queremos un Minatitlán seguro, queremos paz y justicia para los minatitlecos. Ni una muerte más, ni una menos", agregaron.
Al término de la manifestación fue colocada una ofrenda en honor a las víctimas de la violencia y fueron liberados globos que llevaban consigo los deseos de las mujeres de la región.
 
Organizan paro activo con conferencias en Colima
 
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Centro de Apoyo a la Mujer “Griselda Álvarez” fue motivo de una clausura simbólica y de un “paro activo”, con un programa de conferencias sobre feminicidio, trabajo doméstico, la historia del 8 de Marzo y los derechos de las mujeres.
 
Directivas, trabajadoras y usuarias del que históricamente fue el primer centro de atención a víctimas de violencia de género que abrió sus puertas a nivel nacional, manifestaron su rechazo a las diferentes violencias que desde los ámbitos público, institucional y privado se ejercen a diario contra el género femenino.
 
Ante integrantes de asociaciones civiles defensoras de los derechos de las mujeres, en el CAM se leyó un comunicado donde se denunció la disparidad en los cargos públicos y en las representaciones populares de la entidad, y se demandó una efectiva paridad en los órganos de representación popular y de gobierno.
 
“En Colima queremos hacer patente que el 8 de marzo no es para festejar a las mujeres, ni sólo para recordar a las que nos antecedieron en la defensa de los derechos, lo cual es muy importante, sino para revisar cuánto se ha avanzado en la agenda social de las mujeres”, señala el manifiesto.
 
Entre los retrocesos, se hizo referencia a la violencia contra las mujeres,  uno de los más graves problemas que tiene Colima en estos momentos, pese a lo cual no se ha emitido la declaratoria de Alerta de Violencia de Género, solicitada por el propio CAM y otras asociaciones civiles en diciembre de 2014.
 
“Este 8 de marzo exigimos que se detengan los asesinatos de mujeres y los feminicidios en Colima”, fue la consigna.
 
Detienen a activistas en Chiapas por colocar bandera morada
 
Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, la Agrupación Política Nacional (APN) hizo una intervención en el monumento a la Diana Cazadora, uno de los lugares más emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez, ubicado al oriente de la capital de Chiapas.
 
Las activistas colocaron una bandera de color morado en uno de los brazos del monumento con la leyenda #8M, que está siendo utilizado para unificar todas las movilizaciones del 8M que se realizan en diferentes partes del mundo.
 
Dos activistas fueron detenidas durante la intervención y llevadas a la cárcel municipal, salieron a las pocas horas después de haber pagado una fianza.
 
La bandera permanecía en el monumento hasta el mediodía de este jueves, en el que se están realizando diferentes acciones para visibilizar el movimiento de las mujeres para alcanzar la igualdad.
 
En Chiapas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las mujeres son las que viven en peores condiciones. Son las que menos pueden acceder a la educación y la salud, así como a la participación a los espacios públicos.
 
Gobernador de Hidalgo se une a paro feminista
 
Desde las 11 de la mañana con el hashtag #8MParoHidalgo, cerca de 3 mil 500 mujeres hidalguenses entre activistas, colectivos y estudiantes, se unieron al paro internacional en la ciudad de Pachuca y Mineral de la Reforma, para visibilizar la violencia que viven en la entidad.
 
La campaña contra las violencias machista en Hidalgo había arrancado desde la semana pasada cuando el Instituto Hidalguense de las Mujeres y las diputadas del Congreso local fueron las primeras en sumarse al movimiento internacional.
 
Días después, en un acto sorpresivo para las mujeres del estado, el gobernador Omar Fayad anunció que toda la administración del Poder Ejecutivo se unía al paro, esto a pesar de que su administración comenzó con una agresión hacia las mujeres, al decir, en un acto oficial en el municipio de Acaxochitlán, que las mujeres indígenas deben dormir con ropa porque “producen mucho chamaco”.
 
Asimismo, las mujeres participantes en el acto denunciaron otras agresiones por parte de funcionarios públicos, como la que comete contra las trabajadoras el alcalde de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, ausente del acto, como la falta de protección social, bajos salarios y un ambiente laboral marcado por la discriminación de género y el acoso sexual.
 
En Pachuca, el paro se adelantó dos horas, por instrucciones de la presidenta municipal, Yolanda Tellería, quien no encabezó ningún acto simbólico y solo dio indicaciones para parar actividades por una hora en la alcaldía.
 
En contraste, la Universidad Pedagógica Nacional, con sede en Pachuca, y el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se unieron al paro de actividades.
 
Y esta tarde se realiza una marcha de Plaza Juárez en Pachuca a Plaza Independencia, en el Reloj Monumental.
 
Reclaman alerta de género para todo el estado de Morelos
 
En Morelos organizaciones de mujeres pidieron que la Alerta de Violencia de Género (AVG) que se decretó en agosto de 2015 para los municipios de Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec, se extienda para todo el estado, porque el feminicidio ocurre en todo el territorio.
 
En un pronunciamiento, las activistas dijeron que la AVG no ha funcionado porque los asesinatos continúan a pesar de que el gobernador Graco Ramírez está obligado a implementar acciones de prevención, atención y sanción de la violencia de género.
 
Las morelenses también señalaron que en 2016 se registraron 61 casos feminicidio y en lo que va de 2017 se tiene un registro de 20 casos más.  Recordaron que enero de 2015 fue asesinada la alcaldesa de Temixco, Morelos, Griselda Mota, en cuya memoria también se realizó el Paro de este 8 de marzo.
 
Banderas violetas ondean en la Ciudad de México
 
Las banderas violetas ondeaban fuerte con el viento que corría en la capital del país. Miles de mujeres pararon sus actividades; dejaron sus trabajados, hogares y escuelas para sumarse al Paro Internacional de Mujeres en 23 países del mundo. Porque si la violencia contra ellas no para, ellas lo hacen.

Este 8 marzo, Día Internacional de la Mujer, no fue un día de flores, fue de lucha, de hacer valer la palabra y los derechos de las mujeres, quienes en punto de las 4 de la tarde se comenzaron a reunir en el Ángel de la Independencia, ubicado en una de las principales avenidas de la Ciudad, para denunciar todos los tipos de violencia que enfrentan día a día.

Los gritos y cánticos de justicia resonaron por el Paseo de la Reforma, se unieron académicas y estudiantes de instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), sindicatos de trabajadoras, artistas, activistas y jefas de hogar.
 

 
Las pancartas denunciaban múltiples violencias: el acoso callejero, la penalización del aborto y el derecho a decidir, los derechos laborales y salarios  igualitarios, las víctimas de feminicidio.

¡Ya basta de tanta asesinada! gritaron con fuerza las madres de victimas de feminicidio enfrente del Hemiciclo a Juárez, ubicado en el Centro Histórico, donde concluyó la marcha. Denunciaron que a pesar de contar con todo un aparato jurídico para garantizar los derechos de las mujeres, el Estado sigue siendo omiso al garantizar  justicia a todas las víctimas y la seguridad de todas las mexicanas, por lo que exigieron una actuación pronta de éste.

Y como la revolución también se hace bailando, a la marcha no faltó la batucadas con trompetas, guitarras, panderos y tambores mientras las mujeres marchaban para confluir  al son de los instrumentos, porque la alegría también es parte de ellas comenta una de las estudiantes que acudió a la conmemoración.

Mujeres periodistas de otros países denuncian discriminación y ataques
 
En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG) se pronunció contra la discriminación y tipos de violencias a las que se enfrentan las periodistas de todo el mundo por ejercer su labor. Como ejemplo señalaron el incremento de la  intimidación cibernética hacia las mujeres de esta profesión.
 
Por medio de un comunicado de la Coordinación Colegiada de la RIPVG, denunciaron que urge mejorar las condiciones de trabajo de las periodistas, exigencia que incluye erradicar la brecha salarial por género. Las periodistas señalan que, si bien la profesión periodística es ejercida por cada vez más mujeres, los puestos de poder en los medios son ocupados en mayor medida por hombres.
 
La RIPVG señaló la importancia de estar alerta frente al riesgo de que los derechos humanos de las mujeres sufran retrocesos, esto ante el contexto del nuevo orden de gobierno internacional en donde las políticas gubernamentales de diversos países amenazan con incumplir sus compromisos en la materia.
 
Tal es el caso de Estados Unidos, país encabezado por Donald Trump, en donde este año se implementó la “Ley Mordaza”, con la que se elimina el apoyo a económico a las organizaciones civiles internacionales enfocadas en los derechos sexuales y reproductivos, particularmente el aborto. Mientras que en Argentina el presidente Mauricio Macri redujo 67 millones de pesos (casi 90 millones de pesos mexicanos) al presupuesto del Consejo Nacional de la Mujer
 
Por ello, las periodistas del mundo que integran la Red demandan a los gobiernos internacionales tener cero tolerancia frente al feminicidio y las violencias por razones de género, no retroceder en la garantía de derechos sexuales y reproductivos, así como detener la criminalización de personas migrantes y refugiadas, y terminar con el tratamiento estereotipado de todas las mujeres en los medios de comunicación.
 
La RIPVG exigió el cumplimiento de los instrumentos legales internacionales que protegen los derechos de las mujeres. Entre ellos el Convenio de Estambul, la Resolución 1325 de la ONU, la CEDAW, Belém Do Pará, la Plataforma de Acción de Beijing y el apartado 5: Igualdad de Género de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
 
Tan sólo en México, las periodistas ejercen en un contexto de violencia relacionada con su labor. En el periodo de 2014 a 2015, Comunicación e Información de la Mujer A. C. registró 147 casos de violencia contra mujeres periodistas, de acuerdo al informe “El Poder del Cacicazgo: Violencia contra Mujeres Periodistas 2014-2015”.
  
*Con información de la Red Nacional de Periodistas de Veracruz, Colima, Chiapas, Hidalgo y Morelos y de la RIPVG
 
17/RED/GG
 

La Oficina Regional Sur del Instituto Veracruzano de las Mujeres, que incluye  Coatzacoalcos y Las Choapas, está cerrada desde 2016 por falta de presupuesto, aunque el Gobierno federal decretó Alerta de Violencia de Género para esos municipios desde septiembre pasado, ante la grave situación de violencia contra las mujeres.
 
La titular del IVM, Sara Gabriela Palacios Hernández así lo confirmó y consideró urgente su reapertura, debido a la existencia de dicha declaratoria de AVG, que incluyó además a los municipios de Boca del Río,  Córdoba,  Martínez de la Torre, Minatitlán, Orizaba, Poza Rica de Hidalgo, Tuxpan, Veracruz y Xalapa.
 
Esta alerta contempla, tanto la divulgación de la AVG, como una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública para recuperar espacios públicos; acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; la creación de agrupaciones de seguridad especializadas en género y de reacción inmediata.
 
La denuncia del cierre de espacios, que es aún más grave por la existencia de la AVG, ya había sido hecha desde febrero pasado, cuando la consejera fundadora del IVM, Norma Ramírez, lamentó que “en lugar de abrir nuevos espacios para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, tal como lo mandata la Alerta de Género, el actual gobierno los ha cerrado, entorpeciendo el apoyo que se les brinda”.
 
Ramírez –quien denunció entonces el cierre de la Oficina del Puerto de Veracruz-  recordó que otra medida que se pide ante la AVG “es que los centros de atención a la mujer se fortalezcan y se creen” en todos los municipios señalados por la alerta. Y lamentó que sólo la presión social logró la reapertura de la oficina en el puerto aunque con una sola persona para atender a 400 mujeres.
 
Hoy, sin embargo,  como informó la actual titular del IVM, la Oficina Regional Sur sigue sin funciones desde el año pasado, debido a que se debe la renta. En tanto, la del Puerto de Veracruz, aunque está abierta, también tiene un adeudo por renta.
 
En ambos casos, señala la titular del IVM, “ya se está hablando con las personas ponernos de acuerdo, porque se debe renta desde octubre”. La Regional Sur, aseguró la funcionaria, “vamos a reactivarla, con apoyo del gobierno federal”. 
 
17/VH/GG

La diferencia entre tener o no una declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) es casi imperceptible para Veracruz, porque en los últimos tres meses, 51 mujeres han sido asesinadas y en las últimas 48 horas dos mujeres fueron halladas ejecutadas en Boca del Río, tres encontradas en una fosa clandestina en la zona sur y una más en un maleta en Nogales.
 
Integrantes de organizaciones civiles advirtieron que aun cuando la AVG fue declarada el 23 de noviembre del 2016 para once municipios, fue apenas este jueves –tres meses después-, cuando se instaló el Grupo de Trabajo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM), que dará seguimiento y evaluará las acciones emprendidas por el Gobierno del estado.
 
Si antes se realizaron acciones para abatir y prevenir la inseguridad y violencia contras las mujeres, fueron desarticuladas y sin un plan de trabajo definido, consideró Aracely González Saavedra, integrante de Equifonía, AC, organización firmante de la AVG.
 
Para la académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados, también presidenta del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), el patrón de impunidad y asesinatos de mujeres sigue igual que en 2016, que cerró con 190 mujeres asesinadas.
 
“Lamentablemente estamos viendo que pese a la declaratoria de la Alerta, 2017 está repitiendo el patrón de violencia, para el mes de enero se tienen reportes de 15 asesinatos de mujeres, se han multiplicado los casos donde hay ejecuciones y vínculos con el crimen organizado”, señaló.
 
NO ES PRIORIDAD
 
Rosío Córdova, integrante del grupo de trabajo que realizó el análisis de la AVG, cuestionó la tardanza en la integración del grupo y advirtió que pareciera que no es prioritario para el gobierno lo que pase con la vida y los derechos de las mujeres.
 
Este jueves se instaló la GIM con la participación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), con las instancias federales y del Gobierno estatal, donde finalmente se informó que se aplicarán 50 millones de pesos para las acciones de la alerta, y en dos meses más se revisarán los primeros avances de las medidas implementadas.
 
De acuerdo a la AVG, el gobierno estatal debería haber iniciado de forma urgente medidas de seguridad, prevención y justicia y reparación de daño a víctimas, visibilizar la violencia de género y enviar un mensaje de cero tolerancia, sin embargo las académicas y activistas consultadas pusieron en duda la implementación de las medidas.
 
DEPENDENCIAS, SIN ARTICULACIÓN
 
La activista Aracely González Saavedra dijo que una de las ventajas de la AVG es la articulación entre las diferentes dependencias, sin embargo se observa que hay desarticulación, por lo que se ha insistido en la mesa de trabajo donde se revisen cada una de las medidas establecidas, las de seguridad, de prevención, de justicia y reparación. Y un mensaje contundente de cero tolerancia.
 
Dependencias como la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Salud (SS), la Secretaría de Gobierno, el Poder Judicial y el Congreso del Estado, deberían tener una estrategia articulada para la prevención de nuevos casos, y la atención urgente de los que ya han ocurrido, además de la reparación de justicia para las víctimas.
 
Señaló que si bien hay acciones, estas son insuficientes y limitadas, mientras no exista un plan para cumplir las recomendaciones en su totalidad.
 
“Han pasado tres meses del actual gobierno y la confirmación de la mesa está retardada, hay desconocimiento respecto a cómo se tendrían que articular, y el tiempo sigue pasando mientras hay más feminicidio”.
 
Consideró que para estas alturas de la alerta, se deberían tener resultados concretos, que a la fecha no existen.
 
Citó por ejemplo que la FGE debería tener un diagnostico e información actualizada de los feminicidios ocurridos, y el estatus de las investigaciones y si hay o no consignados.
 
También se debería tener lista la campaña en medios de comunicación para informar en qué consiste la AVG, y el banco estatal de datos de la violencia en Veracruz, pero nada de eso existe.
 
CONFUSIÓN EN MUNICIPIOS
 
Advirtió que también hay una confusión respecto al papel que juegan los 11 municipios que son parte de la AVG.
 
“Es una alerta general y las medidas deben hacer especial énfasis en ciertos municipios, pero la responsabilidad sigue siendo del gobierno estatal, no de los gobiernos municipales”.
 
Adelantó que Veracruz será uno de los primeros estados del país donde las organizaciones podrán tener voz y voto en el GIM y podrán vigilar los mecanismos de cumplimiento.
 
PATRÓN DE FEMINICIDIO, IGUAL QUE EN 2016
 
Estela Casados, académica de la UV y consejera del IVM, señaló que los patrones de violencia del 2016 no han cambiado para este año, a pesar de la implementación de la AVG.
 
Criticó que las carencias en los procesos de procuración de justicia continúan, no hay peritos especializados en violencia de género, ni se cumple al 100 por ciento la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, ni el Protocolo de procedimientos básicos del delito de feminicidio.
 
“Los asesinatos de mujeres nos indican que no hay diferencia entre un antes y después de la alerta”, consideró.
 
Coincidió en señalar que no hay coordinación estatal para la implementación de medidas, los municipios han desarrollado acciones aisladas para la atención de la Alerta y no se informa a la población de manera constante, oportuna, veraz y suficiente sobre el estado que guardan las acciones y estrategias de la administración gubernamental.
 
ESFUERZOS AISLADOS
 
Por su parte, la académica de la UV, Rosío Córdova, cuestionó que el gobierno estatal se ha movido con oscuridad y silencio sobre las medidas implementadas, y apenas tres meses después se ha convocado al grupo de trabajo, lo cual ha retrasado una implementación efectiva de las medidas.
 
“Pareciera que no están haciendo nada, a menos que piensen que poner una luminaria es hacer cosas”.
 
LA POLÍTICA RETRASA AVG
 
Reconoció que la transición de gobierno de un partido a otro, y la situación política de Veracruz han retrasado la activación de la alerta.
 
Reiteró que se necesitan mecanismos más eficientes de evaluación de acciones importantes como la profesionalización que trabaja en garantizar una vida libre de violencia de las mujeres, entre otras.
 
“Vemos esfuerzos aislados, el banco estatal de datos e información sobre la violencia contra las mujeres siguen sin ser alimentado por la FGE y el DIF estatal que son las dependencias que fueron señaladas desde la presentación, hace más de un año. Cuando se dieron seis meses al gobierno estatal para las recomendaciones”, señaló como ejemplo de los incumplimientos.
 
17/FM/GG
 

Tres años es el tiempo promedio que tardó la Secretaría de Gobernación (Segob) en emitir las alertas de género en seis estados del país, aunque no hay ninguna garantía: en el Estado de México tardó cinco años; para Veracruz un año y un mes; en Colima y Sonora, donde se solicitó antes que en Veracruz, el proceso sigue en trámite.
 
Considerando el tiempo promedio, en Puebla podría decretarse hasta marzo de 2019, lo que significa que el costo político no recaerá en el gobierno de Rafael Moreno Valle Rosas, ni en el de Antonio Gali.
 
En marzo de 2016, el Instituto Mexicano de Psicología Jurídica y la organización Todos para Todos solicitaron la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres (AVG) para Puebla y actualmente el proceso está en la fase de revisión del informe que presentó el gobierno de Puebla, en respuesta a las recomendaciones hechas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
 
La vocera de la organización Todos para Todos, Violeta Lagunes Viveros, comentó que los procesos se han agilizado, por lo cual confía en que, en no más de seis meses, se dé a conocer si se decreta la alerta en Puebla. “Cada proceso tiene una vida muy diferente, dijo, creo que en menos de seis meses se echan esa segunda etapa” de revisión del informe de trabajo.
 
CONAVIM DELEGA RESPONSABILIDAD
 
Sin embargo, la agilización de los procesos no se debería a una voluntad por parte del Gobierno federal, agregó Lagunes, sino a que ni la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), ni el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) tienen el personal para analizar a profundidad cada uno de los casos y están dejando el problema en manos de los estados.
 
En el mismo sentido habló la coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio (ONCF), María de la Luz Estrada Mendoza, en el marco del VI Encuentro de la Red Nacional de Periodistas en febrero del año pasado, al advertir que la Conavim ya no quiere investigar los casos, por ello traslada la responsabilidad a los estados.
 
“Como la Conavim ya está harta de que todas nosotras estemos pidiendo la declaratoria, le regresaron la bolita al estado. Lo que quieren es que los gobiernos lo asuman y ellos tomen las recomendaciones que quieran”, afirmó Estrada Mendoza.
 
QUE NO SUCEDA COMO EN QUERÉTARO
 
La vocera de Todos para Todos dijo que aunque ocurra algo como en Querétaro, donde no se decretó la AVG porque la Conavim consideró que el Gobierno estatal dio cumplimiento a todas las propuestas hechas por el grupo de trabajo, como promoventes insistirán en que se emita la alerta para Puebla, aun si eso significa llevar el caso a instancias internacionales.
 
En Querétaro --documentó ladobe.com.mx en el mes de noviembre--  para el Gobierno estatal el cumplimiento de las 11 recomendaciones sólo consistió en firmar convenios o anunciar intenciones.
 
RECOMENDACIONES A PUEBLA
 
Entre las acciones que se recomendaron al gobierno poblano, incluidas en el informe que se dio a conocer el 28 de junio de 2016, están: elaborar un diagnóstico sobre la violencia contra las mujeres; implementar y diseñar campañas permanentes que visibilicen el problema de la violencia de género; publicar y mantener actualizada la información sobre la violencia contra las mujeres en la entidad; modificar el protocolo de investigación de feminicidio y trata de personas, y garantizar que las personas responsables de la aplicación del protocolo lo apliquen.
 
De acuerdo con el Gobierno estatal, aún encabezado por Moreno Valle Rosas, el informe que acreditó el cumplimiento de todas las propuestas se entregó el 29 de diciembre, pero la Conavim confirmó a ladobe.com.mx que fue hasta el 17 de enero que recibió el documento.
 
No hay, por tanto, un plazo definido para que el grupo de trabajo analice si se cubrieron las 11 recomendaciones, ni para declarar o no la AVG.
 
*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx
 
17/SM/GGQ

En lugar de abrir nuevos espacios para atender a las mujeres víctimas de violencia de género, tal como lo mandata la Alerta de Género, el actual gobierno los ha cerrado, entorpeciendo el apoyo que se les brinda, aseguró Norma Ramírez, consejera fundadora del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
 
Afirmó que la delegación del Instituto en Veracruz en el municipio porteño permaneció cerrada durante varias semanas y, aunque la abrieron, solamente destinaron a una persona, lo que resulta insuficiente para poder atender a las mujeres violentadas que llegan por ayuda.
 
Señaló que en el caso de Veracruz, el centro atendía a cerca de 400 mujeres al año, lo que provoca que el personal que pretenden ahora colocar sea insuficiente.
 
“También otra de las medidas que se piden es que los centros de atención a la mujer se fortalezcan y se creen y, al contrario, el de aquí a Veracruz que atendía a 400 mujeres al año está cerrado, apenas acaban de abrir de nuevo porque hemos estado nosotros pidiéndolo, pero solamente está una persona; cómo puede ser que una persona atienda a 400 mujeres”, aseguró.
 
Detalló que el Instituto Municipal de las Mujeres puede apoyar a las personas que sufran violencia de género, pero resulta insuficiente ya que no se da abasto. Indicó que por ello es importante que se encuentren funcionando los sitios pertenecientes el Instituto Estatal, que pretenden desaparecer.
 
Ramírez señaló que no sólo se debe reactivar el de Veracruz sino que además es necesario abrir otros en los otros 10 municipios que están contemplados  en la Alerta de Género, como son Boca del Río, Orizaba, entre otros.
 
Afirmó que las consecuencias, de no tomar estas medidas, son el incremento de casos de feminicidio, dado que no se estaría protegiendo a las mujeres.
 
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La Procuraduría Federal de Protección Ambiental (Profepa) inició un procedimiento administrativo contra los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) por el almacenamiento y mal manejo de 28 mil 404 piezas del medicamento anticonceptivo Ciclofem.
 
Este fármaco, que es fundamental para la prevención del embarazo, no lo están recibiendo las mujeres de Oaxaca, si se considera que la entidad cuenta con el mayor número de embarazos en adolescentes de todo el país.
 
En Oaxaca ocurren 94 nacimientos por cada mil mujeres entre 19 y 25 años de edad, de acuerdo con las estimaciones del Consejo Nacional de Población (Conapo) de 2014, esta cifra se encuentra muy por arriba de la media nacional, que es de 77.
 
La investigación de la Profepa al establecimiento de la Jurisdicción Sanitaria 1 de la SSO comenzó a partir de una denuncia ciudadana. Ahí localizaron 564 kilogramos de Ciclofem caduco, por lo que la dependencia obligó a la Secretaria a dar disposición final adecuada de dichos residuos considerados peligrosos.
 
La Profepa también constató que el lugar no contaba con la aprobación, ni con registro como generador de residuos ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
 
En un comunicado, la SSO  aseguró que el director de Regulación y Fomento Sanitario, Sergio Carrillo Pérez, encargado del manejo de estos fármacos, está realizando acciones inmediatas para el inventario y desecho de medicamentos caducos, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la ley.
 
Lo anterior, con el objetivo de conocer la fecha de compra, surtimiento, nombre del proveedor y fecha de caducidad de los mismos, a fin de deslindar responsabilidades y tomar las medidas correspondientes en caso de detectar alguna irregularidad.
 
No es la primera vez que se investiga a SSO por mal manejo de medicamentos: en 2014 la Profepa clausuró la bodega del Seguro Popular por mal manejo de medicamentos y riesgos a la salud de la población.
 
CRISIS SANITARIA EN EL PAÍS
 
Las irregularidades en el manejo de métodos sanitarios de salud sexual y reproducción para las mujeres también se han reportado en Veracruz.
 
El pasado 2 de febrero, la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria en dicha entidad al decomisar 46 mil 900 pruebas para detectar el virus de inmunodeficiencia humana (VIH)  fabricadas por el laboratorio chino Hangzhou Clongene Biotech Co. Ltd, sin registro sanitario, y adquiridas por la Secretaría de Salud (SS).
 
Estas pruebas rápidas fueron obtenidas por la SS para ser aplicadas a mujeres embarazadas como método para detectar durante la gestación si eran portadoras del VIH. Pero ante la alerta la Cofepris pidió a las mujeres ponerse en contacto con la dependencia en caso de que hayan sido sometidas a una de estas pruebas.
 
La investigación surgió tras conocerse e investigarse otro caso de negligencia en el sector salud de Veracruz, luego de que el gobernador del estado Miguel Ángel Yunes Linares, habló sobre la posible utilización de agua destilada en lugar de tratamientos de quimioterapia en pacientes oncológicos.
 
Además, mientras en Oaxaca caducan métodos anticonceptivos,  agrupaciones como el Grupo Multisectorial VIH, ha denunciado el desabasto de condones femeninos y medicamentos para atacar infecciones de transmisión sexual en los servicios de salud de Veracruz.
 
17/HZM/GGQ