Veracruz

Para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas el congreso local debe aprobar la reforma a la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, y respetar la separación que debe existir entre la Iglesia Católica y el Estado ante los esfuerzos de grupos conservadores que buscan frenar la propuesta, denunciaron organizaciones civiles. 
 
A pesar de las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno de Veracruz para atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado” (leyes que transgreden los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres) las organizaciones peticionaras Equifonía y el Comité Promotor por una Maternidad Segura en México, pidieron en un comunicado que se cumpla con la última recomendación del Grupo de Trabajo: la despenalización del aborto.
 
El pasado 27 de julio la diputada local de Morena, Tanya Carola Viveros y 13 diputados adscritos, presentaron la propuesta de reforma de los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y suprimir los 90 días que tienen las mujeres para interrumpir un embarazo producto de una violación.
 
Se prevé que la iniciativa sea discutida en un periodo extraordinario de sesiones en septiembre, cuando se terminan los seis meses del gobierno de Miguel Ángel Yunes para presentar su reporte de cumplimiento al Grupo de Trabajo que atiende la AVG.
 
Por ello, las agrupaciones pidieron que se respete el principio de laicidad del Estado, ante “la intromisión por parte de grupos conservadores” para frenar la propuesta, mismos que impulsaron en colaboración con el ex gobernador Javier Duarte, la modificación al Artículo 4 de la constitución local, que desde agosto de 2016 “protege la vida desde el momento de la concepción”.
 
Cabe mencionar que otras ocasiones, a pesar de que el reglamento de la AVG no establece dar mayor tiempo a los estados para cumplir con las recomendaciones, la Secretaría de Gobernación (Segob) ha dado prórrogas de seis meses argumentando que se observan avances significativos por parte de las autoridades.
 
Por ello las agrupaciones insistieron que “es impostergable el cumplimiento de todas las recomendaciones, incluida la reforma al Código Penal, de otro modo exigiremos que se decrete la segunda alerta”, demandaron en el comunicado.
 
En caso de que el grupo de expertos determine que las acciones no fueron suficientes, la Segob podría decretar la segunda alerta en la entidad, pues está vigente desde noviembre de 2016 en 11 municipios de Veracruz la AVG por violencia feminicida.
 
AVANCES EN CUATRO MESES
 
Hace cuatro meses el estado de Veracruz aceptó las propuestas contenidas en el informe del Grupo de trabajo, con ello Equifonía y el Comité Promotor han hecho un seguimiento puntal de las acciones gubernamentales entre las que destacan la realización de campañas por parte de la Fiscalía General del estado sobre la difusión de la interrupción legal del embarazo en las causales que establece la ley, y la realización de una base de datos para conocer cuántas mujeres están en prisión por interrumpir su embarazo.
 
Hasta ahora sólo se ha conseguido liberar a una mujer indígena que por interrumpir un embarazo estuvo 11 años en prisión. Sin embargo desde 2015 al 30 de abril de 2016, la Fiscalía conformó siete carpetas de investigación por el delito de aborto y recibió 15 denuncias por la misma razón, informaron las agrupaciones peticionarias.
 
En cuanto a la Secretaría de Salud estatal, las organizaciones señalaron que se avanzó en el diseño de una primera capacitación al personal médico para la implementación de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM-046), que garantiza el acceso a la interrupción del embarazo en caso de violación y campañas de difusión de la norma dirigidas a la sociedad civil.
 
Sin embargo consideraron que no se cuenta con un presupuesto suficiente para la implantación y sostenimiento a largo de plazo de la medidas derivadas de la Alerta, por lo que exigieron al gobierno que destine mayor recurso público y lo aplique de forma transparente.
 
Por último las organizaciones civiles recordaron que la solicitud por AVG por agravio comparado se trata de un asunto de “justicia social” y de proteger la salud y vida de las mujeres.
 
Esta petición de la alerta por agravio comparado es la primera que se hace en el país y se presentó en abril de 2016 por tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y negativa por aplicar la NOM-046; la tipificación del aborto que en el Código Penal se castiga con un “tratamiento educativo y de salud”; y “la protección de la vida desde el momento de la concepción”.
 
17/HZM

La coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano del Feminicidio, María de la Luz Estrada, afirmó que esperan aún resultados y modificaciones a la ley para defender la salud reproductiva de las veracruzanas, ya que en el estado, por ejemplo, aún se niega el derecho legal a interrumpir un embarazo en caso de violación.  
 
Señaló lo anterior, tras la instalación, ayer en el Word Trade Center de esta ciudad, de la Mesa de Alto Nivel para atender las recomendaciones por la Alerta de Violencia de Género por Agravio Comparado en Veracruz, medida que fue solicitada en abril de 2016 por organizaciones civiles, entre ellas el Observatorio debido a que a las veracruzanas no se les garantiza su derecho a la salud reproductiva, en comparación con lo que sucede en otras entidades, como la capital del país, en donde, por ejemplo, está vigente desde 2007 la intervención legal del embarazo.
 
Sobre la instalación de la Mesa de alto nivel, un acto encabezado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, y por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, la coordinadora del Observatorio señaló que “es una primera reunión y todavía el Gobernador va a revisar los cuestionamientos que hicimos”.
 
Dijo es necesario, entre las medidas para acatar las recomendaciones, que el Congreso local reforme el Código Penal para garantizar a las mujeres su salud reproductiva. 
 
Esto es necesario, explicó, porque, por ejemplo, durante el 2016, más de 400 mujeres denunciaron violaciones sexuales y, aunque muchas de ellas presentaron un embarazo, se les negó el derecho legal de interrumpir la gestación.
 
Comentó que la cifra de violaciones contra mujeres podría ser mucho mayor debido a que únicamente el 10 por ciento presenta denuncias. “Denunciadas estamos hablando de 400 denuncias de mujeres que han sido violadas, eso solo refleja el 10 por ciento de las mujeres que se atreven a denunciar, el año pasado y es importante que también son solo denuncias de violación, se dispara cuando hablamos de violencia sexual”, indicó.
 
Afirmó que en los lugares que más se ha presentado esta problemática ha sido en Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
 
“El problema es que no implementan la atención integral a víctimas de violencia sexual, mucho menos de interrupción sexual del embarazo, teniendo a niñas con embarazos forzados en contra de su propia voluntad”, aseguró.
 
Detalló que en el estado de Veracruz se han detectado fenómenos como niñas menores de 14 años a quienes se les niega el derecho a interrumpir su embarazo aunque fueron víctimas de violación y la ley lo permite.
 
“Eso significa para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tortura, embarazos forzados, niñas que son violadas y obligadas a continuar un embarazo”, indicó.
 
BAJO VIGILANCIA
 
Cabe mencionar que en abril pasado, el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, acordó con al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, la creación del Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, para dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
En la reunión, las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
17/AAO/GG
 

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) renunciaron  a que no quieren avalar el desaseo con el que la Junta de Gobierno y el Instituto están trabajando y llevando a cabo la renovación de los Consejos y el propio Instituto.
 
En conferencia de prensa, en voz de la activista y ex presidenta del Consejo Consultivo, Estela Casados González, dieron a conocer que insistían en el llamado a la administración estatal para que tuviera la voluntad de hacer la diferencia, pues en lo que va de este año el número de feminicidios y asesinatos de mujeres ya se acerca a los 100 casos sin respuesta.
 
A seis meses de la entrada de la actual administración y del nombramiento de la encargada de despacho del Instituto, Sara Gabriela Palacios Hernández, no se provee de información que les permite llevar a cabo las funciones como Consejo, ni se les ha dado acceso a cuestiones informativas como proyectos, programas y acciones.
 
Dijeron que pese a que en varias ocasiones se ha solicitado por escrito reuniones con la encargada de despacho, estas no se han concretado, pues simplemente no llegó o de último momento avisó de su inasistencia.
 
También acusaron que, en un intento por denostar a las Consejeras Consultivas, se filtró información dolosa y falsa, poniendo en entredicho incluso el trabajo de las Contralorías a nivel federal, además de que se trató de afectar el trabajo de las mujeres de la sociedad civil a través de estas filtraciones.
 
“No deseamos continuar avalando con nuestra presencia el desaseo con el que se está conformando esta nueva etapa del IVM, renunciamos porque no deseamos legitimar a un Instituto que ya perdió su objetivo” expresaron.
 
Al cuestionarlas sobre si con esta renuncia de la mayoría de las Integrantes del Consejo Consultivo no dejan en el desamparo a las mujeres, respondió que “ya están” pues consideran que “hay nula disposición de la administración estatal y del Instituto para hacer su trabajo e ir más allá de las labores solo de apariencia”.
 
Agregaron que en la Administración Estatal no se permiten escuchar las voces de las consejeras que forman parte de la sociedad civil, que conocen la situación que están enfrentando las mujeres y que plantean políticas públicas de género.
 
Desde la Junta de Gobierno y en particular desde la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, explicó la ahora ex integrante del Consejo, Monserrat Díaz, que se ha orquestado una mecánica para desdeñar y anular las posibilidades de participación de las mujeres de la sociedad civil en la toma de decisiones del Instituto
 
Por ello insistió en que con esta salida de once Consejeras, cuatro de ellas en segundo periodo, se concreta la desarticulación de los órganos ciudadanos del Instituto, misma que fue un intento de la actual administración desde su llegada.
 
Agregó Monserrat Díaz que “con nuestra salida no se podrá nombrar a una nueva directora, hasta que se regularice la situación”, por lo que hizo un llamado a que se concrete un trabajo apegado a la legalidad, pues este nombramiento debe estar propuesto por la sociedad civil.
 
17/BG/GG 

Luego de reunirse con el titular en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, al menos 10 agrupaciones feministas, locales y nacionales, acordaron crear el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres.
 
La reunión entre el Alto Comisionado y las organizaciones se dio en torno al reciente informe publicado por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM),  a partir de la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, en el cual se emiten una serie de recomendaciones que contienen los más altos estándares internacionales en materia de protección de los derechos humanos.
 
El Alto Comisionado, que depende directamente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y cuyo trabajo es velar por el respeto y la observancia de las normas y principios del Derecho Internacional de los Derechos Humanos en México, acordó con las agrupaciones feministas dar seguimiento técnico para el cumplimiento de las recomendaciones a los tres poderes del estado de Veracruz derivadas de la AVG.
 
Junto con Jarab, los colectivos, sindicatos, cuerpos académicos y activistas defensoras de derechos humanos de las mujeres,  abordaron diversas problemáticas que enfrentan las mujeres en el estado, como la impunidad, el desmantelamiento a las instancias de mecanismos de adelanto para las mujeres, la violencia sexual y el riesgo en que se encuentran las defensoras de derechos humanos.
 
Las agrupaciones apelaron a la voluntad política de los tomadores de decisiones en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, para cumplir en las recomendaciones del agravio que buscan garantizar la salud sexual y reproductiva de las mujeres veracruzanas.
 
Respecto a la implementación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en casos de violación, instituida en la Norma Oficial Mexicana 46 (NOM-046), las agrupaciones coincidieron en que si bien existen capacitaciones al personal, la información no ha llegado a los cuerpos operativos generando confusión y la falta de implementación.
 
En ese contexto advirtieron que serán vigilantes de que la actuación de las autoridades se apegue a sus obligaciones constitucionales y principalmente a la laicidad del Estado.
 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas se comprometió a dar acompañamiento puntal y técnico de la AVG  y a generar interlocución entre las autoridades y la sociedad civil.
 
17/RED
 

Ella y él desaparecieron el mismo día, en el mismo lugar.  A él lo buscan. A ella no.
 
Ella aparece como “extraviada”, pero para que la Fiscalía le recibiera la denuncia a su mamá, tuvo que pasar por comentarios como “que se habría ido por voluntad”.
 
Ella está desaparecida, pero su familia no quiere que sean colocados sus carteles de búsqueda en ningún lado. Temen al “qué dirán”.
 
Se trata de situaciones frecuentes a las que se enfrentan las mujeres que desaparecen, víctimas de un delito, pero que su familia, la Fiscalía General del Estado, o la sociedad revictimizan provocando que no sean buscadas.
 
“Si hay 100 hombres desaparecidos se va a buscar 30, si hay 50 mujeres desaparecidas se va a buscar  una”, sentenció Lucía de los Ángeles Díaz Genao, integrante del Colectivo Solecito de Veracruz.
 
“Ser buscada es mucho menos la mujer, que una mujer sea buscada es mucho menos frecuente (….)  eso es machismo, ‘es una mujer para qué la busca’, dicen”, añadió Ángeles.
 
En el Colectivo varias madres buscan a sus hijos, quienes desaparecieron junto a sus novias, amigas o conocidas; sin embargo, a ellas no hay quien las busque, indicó Díaz Genao.
 
Señaló que inclusive cuando ofrecen colocar los carteles de búsqueda o dar sus nombres a la opinión pública, algunos familiares se niegan porque consideran que la desaparición es voluntaria, aunque existan elementos que digan lo contrario.
 
“De hecho no quieren que pongan los volantes, no quieren que la publiquen, mucha gente claro, hay gente que sí busca a sus hijas (…) se sienten avergonzados porque como mi hija, qué pena, quién sabe si de verdad tenga razón”, relató.
 
La creencia de “se fue con el novio” es la más frecuente e inclusive los Ministerios Públicos, quienes debieran realizar acciones urgentes de búsqueda de las mujeres, desestiman su desaparición y se lo dicen a las familias.
 
“Los más enseguida las criminalizan o las revictimizan y dicen ‘es que, señora, usted para qué la busca’, así le dicen a las señoras que van a poner denuncias de chicas desaparecidas, ‘para que la buscan si sabe que se fue con el novio’, cuando no es cierto, nada de eso es cierto, en la mayoría de los casos”, indicó la integrante del Colectivo Solecito.
 
Tan solo durante los tres primeros meses de este año, la página de “extraviados” de la Fiscalía General del Estado reporta a 71 mujeres y niñas que han desaparecido – y que hasta el momento no han sido localizadas- en el estado de Veracruz.
 
Según la declaratoria de Alerta de Violencia de Género que se decretó  para Veracruz, en la entidad se debería implementar el Protocolo Alba con el que se debieran seguir una serie de pasos para hacer una búsqueda inmediata de las mujeres que son reportadas como desaparecidas, para su rápida localización. Hasta ahora no se realiza.
 
Lejos de ello, Díaz Genao, del Colectivo Solecito, y Aracely Salcedo, de Familias de Desaparecidos Córdoba – Orizaba, coincidieron que el personal de la Fiscalía busca justificar las desapariciones de mujeres evitando la búsqueda.
 
“Señora es que su hija tiene algo en contra (…) pues su hija es bonita y es como les gustan a los de la delincuencia”, fue lo que tuvo que escuchar Salcedo de voz de quien debía hacer las búsquedas, en 2012, cuando Fernanda Rubí desapareció.
 
“La autoridad ha minimizado mucho la situación por ser mujer (…) entonces imagínate la magnitud del problema o del pensamiento”, afirmó.
 
En su caso, los comentarios de una autoridad encargada de buscar a las personas desaparecidas la alentaron para prepararse jurídicamente y comenzar el proceso por sus propios medios e inclusive ayudar a otras personas que pasan por lo mismo.
 
Sin embargo, no en todos los casos es así. En algunos, las personas optan por desistir de la búsqueda ya sea porque se percatan de que será un proceso difícil, o porque creen en las autoridades.
 
“La misma familia con el estigma, en vez de confiar en sus hijas, se dedican a creerle a los Ministerios Públicos, o a dudar de ellas”, lamentó Díaz Genao.
 
Otro de los factores que provoca que las familias prefieran no seguir el proceso de búsqueda o no presentar la denuncia formal ante la Fiscalía, dijo Salcedo, es el miedo.
 
Ella comentó que en muchas ocasiones las familias de mujeres se percatan de que en su caso existen indicios de delincuencia organizada o de redes de trata de personas que se encuentran operando en la entidad veracruzana.
 
Explicó que en el Colectivo que preside han localizado a ocho personas, de las cuales algunas fueron víctimas de trata específicamente en la modalidad de explotación sexual.
 
Entre el miedo a la delincuencia, el estigma social que pesa sobre las mujeres, y la falta de trabajo o comentarios de la Fiscalía, las víctimas de desaparición vuelven a convertirse en víctimas, pero esta vez del machismo que evita su búsqueda.
 
*Este artículo fue retomado del Blog Testigo Púrpura
 
17/AAO/GG

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 

Como corresponde a sus obligaciones legales, la Fiscalía General del Estado de Veracruz,  informó anoche en un comunicado que no comparte los criterios del Juez que emitió el amparo de Diego “N”; por lo que “presentará recurso y ejercerá facultades que le confiere la Ley, para evitar impunidad”.
 
Esto, a unas horas de que se dio a conocer que el juez Anuar González Hemadi consideró que no había elementos suficientes para dejarlo en prisión sujeto a proceso por acusaciones de pederastia en pandilla contra Daphne.   
 
González Hemadi, juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito con sede en Veracruz, concedió el amparo “liso y llano” a favor del agresor de Daphne, el cual, junto con otros tres jóvenes, en enero de 2015, participó abusando y vejando de distintas maneras a la víctima, entonces menor de edad.
 
El agresor Diego “N”, al conocerse las órdenes de aprehensión giradas contra tres de los cuatro señalados, huyó del país a España en donde fue localizado por la Interpol y extraditado a México. La justicia mexicana rechazó la apelación que interpuso el agresor para ser juzgado en el país y alegó inocencia.
 
La Fiscalía de Veracruz señala en su comunicado de ayer, en respuesta a la posible liberación de Diego “N”, uno de los llamados en redes sociales “Porky de Costa de Oro”, lo siguiente: “Desestimando con tal determinación los agravios que le eran atribuidos al indiciado y dejando vulnerables los derechos de una víctima atacada sexualmente, que en el momento de los hechos, era menor de edad, la Fiscalía General del Estado (FGE), difiere de manera contundente del criterio aplicado por la citada autoridad”.
 
En su último párrafo, la Fiscalía General del Estado de Veracruz dice que respeta, pero no comparte el criterio del juez, por lo que buscará por las vías legales actuar con todos los recursos y facultades contempladas por la Ley, a fin de que no tenga lugar impunidad y defender los derechos de la víctima, para lo cual se dará vista a un tribunal de Alzada.
 
17/SS/GG

Aludiendo presuntos vicios en el proceso penal que sigue la fiscalía de Veracruz, el Poder Judicial Federal otorgó un amparo a Diego Gabriel Cruz Alonso por lo que podría ser puesto en libertad en un plazo no mayor a 3 meses. La noticia ha provocado que el padre de la víctima, Javier Fernández califique como “una burla” o insultante” el hecho.
 
Cruz Alonso está implicado en un delito de pederastia tumultuaria en agravio de Daphne Fernández, en enero 2015, por lo cual, en 2016, tras girarle orden de aprehensión a él y otros tres jóvenes a quienes en redes sociales apodaron “Los Porkys”, huyó a España donde fue detenido hacia finales del año; fue extraditado recientemente y se encuentra en reclusión.
 
Su abogado promovió un Juicio de amparo número 159/2017 y fue el Juez Tercero de Distrito del estado de Veracruz, Anuar González Hemadi, quien lo otorgó a favor de Diego Gabriel “N”, por considerar que la pederastia no quedó demostrada.
 
El juez consideró que el delito de pederastia que se le imputó a Cruz no quedó fehacientemente demostrado, por lo cual ordena su libertad.
 
De acuerdo con los autos, la sentencia admite recurso de revisión, pero con la ley de amparo en vigor debe ejecutarse el amparo, es decir poner en libertad a Diego Gabriel Cruz Alonso aún y cuando se impugne la revisión, ello por tratarse de delitos graves.
 
La sentencia dice: “tenor de los medios de prueba existentes, no se encuentra acreditada la totalidad de los elementos del delito de pederastia que se atribuye al quejoso”.
 
Agrega además que “no se encuentra demostrado fehacientemente el abuso sexual de dicha menor a que alude la figura delictiva”, lo que impide declarar constitucionalmente el auto de formal prisión del 23 de enero del 2017.
 
De acuerdo con el juez, al tratarse de delitos de carácter sexual, el abuso consiste en una acción dolosa con sentido lascivo que se ejecuta sobre el sujeto pasivo, sin tener en consideración el número de tocamientos o roces que se hayan realizado, “de tal manera que un roce o frotamiento incidental no serían considerados como sexuales, de no presentarse el elemento intencional de satisfacer un deseo sexual a costas del pasivo”.
 
En su sentencia, el juez dice hallar contradicciones entre los testigos, aunque la mayoría de ellos que estuvieron presentes para corroborar los hechos imputados en el automóvil a donde la víctima señala fue subida por la fuerza y luego en la casa donde presuntamente se dio el ataque sexual en enero 2015.
 
Dice la sentencia: “Toda vez que la autoridad investigadora no aportó medios probatorios de los que se desprendan la totalidad de los elementos del delito de análisis, se encuentra ante la insuficiencia de pruebas, por lo que se concluye no se acredita el primer y último de los elementos del ilícito de pederastia, esto es el abuso sexual y la indefensión de la víctima”.
 
LOS OTROS PEDERASTAS
 
El primer indiciado en el caso y que está en prisión es Enrique Capitaine, detenido en mayo 2016 en Torreón, Coahuila, quien se encuentra esperando sentencia en el penal de Amatlán de los Reyes, en la zona Centro del estado de Veracruz.
 
Existe un tercer imputado: Jorge Cazarín Cotaita, evadido de la acción de la justicia desde que se enteró de su orden de aprehensión; el padre de Daphne dijo que apelará dicho amparo de Diego Gabriel Cruz Alonso.
 
17/SS/GG