Yareli Cariño López

La síndica procuradora del municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, Yareli Cariño López, denunció que el viernes 23 de febrero un grupo de hombres acudieron a su oficina a agredirla física y verbalmente presuntamente por órdenes del presidente municipal, Guillermo García Cajero.

Los hombres llegaron a violentarla a empujones porque la acusan de tomar posición a favor de priistas en un conflicto entre grupos políticos del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de la región.

Sin embargo la violencia en su contra ha sido constante desde 2016 cuando compitió por el PRD y fue electa; incluso durante la primera sesión de Cabildo, en enero de 2017 fue “destituida” y nombrada Regidora de Desarrollo Social y Económico.

A este cambio le siguieron amenazas telefónicas, intimidación y aislamiento por parte de los concejales electos que no la invitaron a participar en las reuniones y aunque denunció el clima de hostilidad ante su partido no hubo acciones para sancionar a los perredistas que la violentaron.

En enero de 2017 Yareli Cariño presentó un juicio por violencia política por razones de género ante el Tribunal Electoral, mismo que ganó en febrero de ese año y posteriormente una queja ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca porque a pesar de la sentencia a su favor no podía ejercer el cargo.

También presentó una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República, organismo que en 2017 conoció 22 denuncias por violencia política de género en la entidad.

Desde marzo de 2015 el Código Penal de la entidad establece el delito de violencia política de género e impone una sanción de 2 a 6 años de prisión y multa de 7 mil a 15 mil pesos a quien cause daño físico, psicológico, económico o sexual en contra de una o varias mujeres y/o de su familia, para restringir, suspender o impedir el ejercicio de sus derechos político-electorales. Sin embargo, en la investigación que se sigue al caso de Yareli Cariño no hay avances

El año pasado renunció al PRD y se sumó a las filas del PRI con el objetivo de realizar las labores para las cuales fue electa pero las agresiones continuaron, por ejemplo, hace tres meses dispararon frente a su casa.

En opinión de la coordinadora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez, ante la omisión de los partidos políticos que son quienes violentan a las mujeres, las síndicas, regidoras y alcaldesas son obligadas a ocupar su tiempo en defenderse y no en gobernar.

Cabe recordar que este mes suman dos homicidios de mujeres políticas en el estado de Guerrero. El 25 de febrero fue encontrada asesinada en el municipio de Chilapa la exaspirante del PRI a diputada local en el distrito 25, Dulce Rebaja Pedro; y el 21 de febrero fue ejecutada la ex regidora, también de Chilapa, y precandidata del PRD a una diputación local, Antonia Jaimes Moctezuma.

18/AGM/LGL

El Tribunal Electoral de Oaxaca resolvió restituir a Yareli Cariño López como Síndica Procuradora del Municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, y exhortó al Cabildo municipal a acatar la decisión.
 
Yareli Cariño fue electa como Síndica en 2016, tras competir en los comicios locales, en la planilla municipal, bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero durante la primera sesión de Cabildo, en enero pasado, fue “destituida” y nombrada Regidora  de Desarrollo Social y Económico.
 
Inconforme por la destitución del cargo para la que fue electa, Cariño López, con apoyo de mujeres integrantes de la sociedad civil y militantes de su partido, inició acciones para ser restituida.
 
En un comunicado, la Secretaría Nacional de Igualdad de Género del PRD se congratuló de la decisión del Tribunal ya que es “un importante precedente para el respeto de los derechos políticos de las mujeres mexicanas”.  Deben de ser innegociables y cabalmente respetados, dice, sus derechos a la paridad, a gobernar y a ejercer libres de violencia los cargos para los que las mujeres son electas.
 
Señala también que lo dicho por el Tribunal es un importante paso para frenar los intentos de defraudar la ley, en el caso de las mujeres que asumen cargos públicos por cumplimiento a la paridad, pues este derecho lleva aparejado el derecho de gobernar, es decir, de acceder al poder político y al libre y adecuado ejercicio del servicio público.
 
Advierte, sin embargo, que permanecen alertas, ya que Yareli Cariño, así como Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal de San Pedro Atoyac, han denunciado públicamente actos que pueden constituir violencia política de género, lo que significa un gran obstáculo para que las mujeres mexicanas ejerzan sus derechos en condición de igualdad. 
                
17/GGQ
 

El pasado 2 de enero la defensora y vocera de la organización Unión Cívica Democrática de Barrios Colonias y Comunidades (Ucidebacc), Eva Lucero Rivero Ortiz, recibió amenazas de muerte en su teléfono celular, denunciaron organizaciones civiles. 
 
Luego de conocer de estas agresiones, la Red de Mujeres Activistas y Defensoras de Derechos Humanos de Oaxaca, y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, emitieron un comunicado para exigir al gobernador, Alejandro Murat Hinojosa, garantías de seguridad para la activista oaxaqueña. 
 
En los mensajes que recibió Rivero Ortiz se le amenaza con ser violada si no sale del municipio de Pinotepa y si sigue apoyando a otras mujeres. Al día siguiente, en Facebook, una cuenta a nombre de Ramón Jiménez Mejía publicó una foto personal de la defensora con comentarios de desprestigio y llamando “ladrones” a los integrantes de Ucidebacc.
 
De acuerdo con las agrupaciones civiles, estos ataques a la defensora Rivero Ortiz, son consecuencia del respaldo que brinda públicamente a la síndica procuradora electa de Pinotepa, Yareli Cariño López, quien el 2 de enero, un día después de tomar posesión del cargo, fue destituida por el presidente municipal Guillermo García Cajero.
 
Al respecto, las 114 mujeres defensoras integrantes de la Red de Oaxaca, dijeron que en la entidad hay una grave situación de violencia y discriminación hacia las mujeres que quieren participar plenamente en la política. Aquellas que buscan cargos edilicios son agredidas y descalificadas.
 
Desde el 2012 esta Red ha documentado que las defensoras del derecho a la participación política y comunitaria de las mujeres se encuentran entre las más atacadas en el estado, por lo que preocupan las agresiones contra Rivero Ortiz y contra Areli Cariño López, quien también ha sido amenazada.
 
Rivero Ortiz, quien ha sido atacada al menos 53 veces, es defensora de la tierra y el territorio, de los derechos de las mujeres y acompaña a presos políticos. Ante el riesgo de su labor, desde 2013 tiene medidas de seguridad otorgadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca.
 
Cabe recordar que hoy inicia su visita en México, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de Derechos Humanos, Michel Forst.
 
El relator estará en nuestro país hasta el 24 de enero, como parte de una visita oficial para evaluar el estado de los Derechos Humanos, empoderar a las personas defensoras y brindar recomendaciones a las autoridades mexicanas para, posteriormente, presentar recomendaciones y un informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en marzo de 2018.
 
17/AGM/LGL
 

Hace un año, el 1 de enero de 2016, Yareli Cariño López, mujer mixteca de 32 años de edad y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) decidió participar por primera vez en un proceso electoral y contender por una sindicatura en el municipio de Pinotepa Nacional, en Oaxaca, cargo que ganó en las urnas el pasado 5 de junio.
 
Sin embargo no ejerce el puesto porque el 2 de enero, a 24 horas de tomar posesión, durante la primera sesión de Cabildo fue destituida por decisión de Guillermo García Cajero, alcalde municipal electo y quien el año pasado, la invitó a ser candidata y compañera de la planilla abanderada por el PRD.
 
Ante esta arbitrariedad que considera violencia política la abogada y ex trabajadora del Tribunal Electoral de Oaxaca dijo en entrevista con Cimacnoticias que le consternó que García Cajero la invitara a contender por un cargo y después de la campaña y de ganar la elección, la destituyera sin ninguna explicación.
 
En diciembre, acompañada por el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Yareli Cariño, denunció ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) las amenazas de muerte de las que fue víctima por lo que el organismo pidió a la Secretaría de Gobierno estatal que le brindara protección. 
 
Como resultado el 1 de enero fue acompañada por cuatro policías estatales para no ser agredida a la hora de ser investida con el cargo. Aun así la ceremonia fue ríspida: “hubo una serie de agresiones por parte de las compañeras de Cabildo que no permitían que me sentara al lado del presidente municipal. Resulta absurdo”, dijo. 
 
Previo a que se consumara su destitución, cuenta, recibió amenazas por teléfono, intimidación y asilamiento por parte de los concejales electos que no la invitaron a participar en las reuniones previas a la toma de posesión.
 
A los medios locales Cariño López explicó que el diputado local de la alianza PRD-Partido Acción Nacional (PAN), Tomás Basaldú Gutiérrez advirtió que si no cedía a sus pretensiones sexuales no permitiría que desempeñara el puesto como síndica por lo que él pudo ordenar su destitución pero prefiere no dar más detalles por seguridad.
 
De esta afirmación la síndica electa dijo “lo peor es que no hay argumento, no hay razón alguna” y lo único que explicó es que una ocasión el alcalde García Cajero le expuso que ella no podía ser síndica porque “no representa a la clase social alta de Pinotepa y esos lugares sólo los ocupan los ricos”, aludiendo a sus raíces indígenas.
 
Tras la denuncia a Yareli Cariño le preocupa su integridad y la de su familia. “Ahora, en mi casa siempre hay vehículos con vidrios polarizados, sin placas. A partir de la denuncia pública empieza a haber este tipo de intimidaciones, gente extraña que ronda la casa a altas horas de la noche. Me causa temor todo esto”, advierte. 

Yareli Cariño López, sindica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Oaxaca, en conferencia de prensa este martes. CIMACFoto: César Martínez López

A esto se suma que nadie la informa sobre lo que sucede en la alcaldía; además este 9 de enero las y los funcionarios acudieron al Palacio de Gobierno de Oaxaca a acreditarse en sus cargos. Ella acudió pero después de esperar casi ocho horas la secretaria no quiso darle su acreditación como síndica porque la tenía registrada como regidora, cargo que previamente le ofreció el alcalde y el cual no aceptó.
 
El 6 de enero Yareli Cariño presentó un juicio por violencia política por razones de género ante el Tribunal Electoral del estado donde argumenta que fue electa como sindica y recibió su constancia de mayoría por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca por lo que se le debe permitir ejercer el cargo.
 
También tiene una denuncia ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República; y el PRD anunció que la Comisión Jurisdiccional del partido abrirá una indagatoria para determinar responsabilidades, por lo que espera los resultados de las investigaciones.
 
“No solamente es por mí, también es por las otras mujeres que vienen atrás y quieren ejercer un cargo político. También tenemos derecho de ejercer cargos importantes, tenemos capacidad, tenemos que seguir luchando para que se hagan validos nuestros derechos”, señala.
 
17/AGM/KVR

El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) solicitará a su Comisión Jurisdiccional que inicie una investigación interna para determinar responsabilidades por la violencia política de género en contra de la presidenta municipal de San Pedro Atoyac en Jimiltepec, Irma Aguilar Raymundo y la síndica de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, ambas en Oaxaca.
 
La secretaria general del PRD, Beatriz Mojica Morga y la secretaria nacional de Igualdad de Género del partido, Claudia Castello Rebollar, informaron que la dirigencia del sol azteca respalda a las dos mujeres que han sido violentadas para obligarlas a dejar los cargos que obtuvieron en las elecciones del pasado 5 de junio cuando fueron electas como servidoras públicas.
 
En conferencia de prensa en la Ciudad de México, Mojica Morga dijo que el partido está comprometido con la paridad de género, con sus compañeras y por tanto defenderá su derecho a participar como candidatas y ser electas. “La única manera de que este país se desarrolle es cuando exista la visión de la que las mujeres estén presentes en la toma de decisiones políticas”, dijo.

Irma Aguilar Raymundo, presidenta municipal en San Pedro Atoyac, en conferencia de prensa denunció violencia política en su contra | CIMACFoto: César Martínez López

 
Al respecto Castello Rebollar indicó que el PRD tomará cartas en el asunto para que se respete la voluntad ciudadana toda vez que Yareli Cariño fue destituida por el presidente municipal, quien la nombró regidora a pesar de que no fue electa para ese cargo; mientras que Irma Aguilar ha recibido amenazas y agresiones físicas para dejar el cargo a un síndico.
 
Ante estos actos de violencia política por razones de género, la semana pasada, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD acordó pedir a la Comisión Jurisdiccional del partido iniciar una investigación interna para, en su caso, sancionar a los responsables ya que al parecer ambas servidoras públicas son violentadas por sus compañeros de partido.
 
Castello Rebollar precisó que en caso de que la Comisión encuentre que se cometieron violaciones a los documentos y principios básicos del partido, la sanción puede ser desde una amonestación pública, inhabilitación para ejercer un cargo o la expulsión del partido. 
 
En el anuncio estuvo presente la coordinadora del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez, quien acompañó a las funcionarias electas y quien dijo que ambas fueron custodiadas por policías estatales para poder tomar protesta del cargo el 1 de enero pero después de ese acto no recibieron atención del Gobierno de Oaxaca.

Anabel López Sánchez es integrante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres

Irma Aguilar Raymundo y Yareli Cariño López fueron custodiadas después de denunciar las amenazas en su contra y de que el 1 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares (protección) al secretario general de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez.
 
La CNDH pidió que las medidas de seguridad se extendieran a sus familias y colaboradores durante el tiempo necesario, sin embargo la activista, López Sánchez dijo que hay una ausencia de las autoridades porque no están respondiendo a las peticiones y las victimas, no han logrado contactar con Avilés Álvarez para exponer la situación.
 
Sobre este proceso el PRD también pidió al gobierno estatal atender la solicitud de la CNDH y a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), organismo de la Procuraduría General de la República (PGR) aplicar el Protocolo de Atención a la Violencia Política de Género para salvaguardar la integridad y los derechos de las afectadas.
 
17/AGM/KVR
 

El Instituto Nacional Electoral (INE), a través de la Junta Local Ejecutiva del estado de Oaxaca rechazó la violencia política contra la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López.
 
El organismo difundió un comunicado donde rechazó la violencia contra ambas mujeres que fueron electas en los comicios de junio de 2016 para ocupar cargos de elección popular y que hoy enfrentan obstáculos y amenazas en el legítimo ejercicio de sus derechos político-electorales.
 
La Junta Local Ejecutiva del INE recordó que este 1 de enero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Gobierno de Oaxaca por los casos de San Pedro Atoyac y Pinotepa Nacional, a fin de brindar medidas para que las funcionarias ejercieran sus cargos.
 
Sin embargo, la síndica Yareli Cariño López fue removida del cargo durante la primera sesión de cabildo que se llevó a cabo el lunes, 24 horas después de haber tomado protesta en el cargo el 1 de enero.
 
Este sentido, y en el marco de las atribuciones que derivan del Protocolo para Atender la Violencia Política contra Mujeres, elaborado a nivel federal por autoridades electorales en marzo de 2016, el INE ofreció a las ciudadanas afectadas todo el respaldo institucional, acompañamiento y asesoría jurídica para la salvaguarda de sus derechos políticos.
 
Asimismo, el INE reconoció los esfuerzos de las organizaciones sociales que denunciaron públicamente estos actos de violencia política y dijo que “sólo mediante la conjunción de ciudadanía y autoridades será posible prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, que tanto daño hace a nuestra democracia”.
 
Finalmente, este organismo exhortó a las autoridades del Gobierno de Oaxaca, a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO) y a los Tribunales Electorales, a brindar una atención integral y expedita a estos casos.
 
17/AGM/KVR
 

Ante las amenazas de muerte que recibió la presidenta electa del municipio de San Pedro Atoyac, en Oaxaca, Irma Aguilar Raymundo, y la síndica electa del municipio de Pinotepa Nacional, Yareli Cariño López, la Comisión Nacional de los Derechos Humano (CNDH) solicitó al gobierno estatal brindar medidas cautelares para que ambas puedan asumir sus responsabilidades.
 
Las representantes electas rindieron protesta a sus respectivos cargos el 1 de enero, sin embargo, días antes mediante una llamada telefónica el Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres AC denunció ante la CNDH problemas de violencia política contra varias mujeres de la entidad, de acuerdo con un  comunicado del organismo.
 
Entre ellos destacó el caso de la presidenta municipal y la síndica, quienes recibieron amenazas de muerte con el fin de forzarlas a solicitar licencia una vez que asumieran su cargo.
 
Ante esta situación la CNDH giró un oficio y lo dirigió al secretario general de Gobierno de Oaxaca, Alejandro Avilés Álvarez, para la implementación de medidas cautelares a favor de Irma Aguilar y Yareli Cariño.
 
El gobierno de Alejandro Murat aceptó la solicitud y dio instrucciones a las áreas competentes a efecto de su implementación para salvaguardar la protección de los Derechos Humanos de las afectadas; de acuerdo con la CNDH la protección para las lideresas deberá implementarse durante el tiempo que sea necesario y además deberá extenderse a sus familiares y colaboradores.
 
La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca también fueron notificados para que asuman las medidas correspondientes.
 
17/HZM/KVR