embarazo forzado

Las muertes por causas aberrantes siempre serán condenables, y cuando éstas corresponden a niñas o adolescentes, hay que tenerlas presente por la repercusión que tienen al descubrir hasta qué nivel se menosprecia la vida de la niñez y la juventud, en especial de quienes viven en situación de pobreza, carecen de oportunidades, enfrentan contextos violentos y se han atrevido a manifestar sus demandas e inconformidades.
 
En un país como Guatemala, donde se criminaliza la protesta social, se discrimina a quienes piensan o actúan diferente, se sobredimensiona el individualismo y se profundizan las desigualdades, cabe señalar que esas prácticas NO son normales ni tienen que considerarse reglas de convivencia, en tanto, violentan los derechos de las personas.
 
Hay que decirlo claro y fuerte, la libertad de expresión, la preeminencia del bien común y el acceso a una vida digna son derechos, mientras que las medidas de control, descalificación y sojuzgamiento son agresiones.
 
Aunque pasen los días, incluso meses, hay que tener presente lo sucedido el 8 de marzo pasado, en el mal llamado Hogar Seguro Virgen de la Asunción y en una avenida de la Zona Siete capitalina, donde perdieron la vida 43 adolescentes.
 
Ambos hechos son conocidos por la opinión pública, pero también han ocurrido otras muertes violentas de niñas y adolescentes en Guatemala y otros países. Lo importante, en todo caso, es reiterar la exigencia de juicio y castigo a las personas culpables de esos femicidios/feminicidios, así como la demanda de trato digno a todas las niñas y adolescentes que ejercen su derecho a opinar y a decidir.
 
En este marco, hay que tener en cuenta que las violencias marcan la vida de las personas. Y las agresiones más frecuente que sufren niñas y adolescentes son las de tipo sexual, que van desde tocamientos, tratos degradantes hasta violaciones, que con frecuencia tienen como secuela un embarazo forzado.
 
En este renglón hay mucho por hacer en Latinoamérica para reducir hasta erradicar que adolescentes se conviertan en madres de manera obligada y/o en condiciones precarias e inhumanas, luego que un individuo abusó de su cuerpo, amparado en las enseñanzas patriarcales que lo colocan como alguien superior.
 
El Observatorio en Salud Reproductiva (OSAR) de Guatemala reportó que entre enero y marzo de este año, ocurrieron 578 nacimientos de niñas entre 11 y 14 años de edad, es decir ocurrió un delito de violación que no requiere ser probado, según la legislación de este país centroamericano.
 
Así también informó que registraron 8 mil 185 nacimientos de adolescentes entre 15 y 17 años, aunque la legislación establece que en este rango de edad que la violación debe ser probada.
 
Cabe resaltar lo dicho por la doctora Mirna Montenegro, coordinadora de OSAR, quien aseguró que las denuncias contra los agresores son mínimas en comparación al número de nacimientos de madres niñas y adolescentes.
 
Hay que persistir en la demanda de educación sexual laica y científica, así como acceso a oportunidades de estudio y trabajo para las jóvenes. Reivindicar el derecho a vivir sin violencias, implica desnaturalizar los hechos aberrantes como las violaciones sexuales que cometen padrastros, abuelos, tíos, conocidos, curas, pastores, maestros y demás. Hay que persistir en exigir justicia y una vida digna para ellas.
 
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
 
17/RHA/GG

El embarazo infantil en el país es un grave problema ya que sólo entre 2006 y 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) registró 100 mil nacimientos en menores de 15 años de edad.
 
Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Save the Children ser madre a tan corta edad no es decisión de las niñas ya que existe la posibilidad de que muchos de estos embarazos sean producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos cercanos, familiares, amistades o vecinos.
 
Los hombres, las familias y las comunidades ven los cuerpos de niñas y mujeres como su propiedad, resaltan las agrupaciones civiles; como ejemplo, GIRE reportó en su informe “Violencia sin Interrupción: aborto por violación en México” que en los últimos ocho años en todo el país hubo más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
 
Sin embargo el problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que menos del 10 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados, por ello la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas es una silenciosa tragedia en México.
 
La organización internacional Save the Children asegura que no existen datos oficiales sobre los embarazos producto de una violación y como consecuencia es complicado conocer la situación que atraviesan las niñas embarazadas, que a su vez podrían ser víctimas de violencia y marginación.
 
Datos de la Secretaria de Salud indican que en 2009, 30 de cada 100 niñas de 10 a 14 años fueron hospitalizadas por presentar un embarazo pero no hay información sobre si fueron producto de una relación consensada.
 
En su informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia: estado de las madres en México” la organización destacó que es necesario visibilizar el embarazo infantil, pues en el periodo de 2013 a 2014 contabilizó a nivel nacional 394 nacimientos de niñas de 10 años.
 
Las estadísticas no arrojan datos certeros sobre la relación de violencia ni sobre la edad de las parejas de las niñas que se embarazan pero la organización Ipas México hizo un estudio para tener un acercamiento a la edad de estos hombres.
 
La institución recogió información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 y encontró que el 92 por ciento de las parejas de las mujeres que comenzaron su vida sexual a los 12 años de edad eran jóvenes de 15 a 19 años de edad y en otro 3 por ciento ellos tenían más de 30 años.
 
Para la organización es clara la posibilidad de que estas relaciones entre niñas y adultos no son consensuadas, advierte que entre menos edad tienen las niñas mayor es el riesgo de sufrir violencia y abuso sexual.
 
Además alertan sobre los riesgos a la salud de un embarazo temprano. En este grupo de edad, la Muerte Materna (MM) es más elevada; en 2014, el 14 por ciento de las defunciones maternas en México ocurrieron en mujeres menores de 20 años de edad, según datos del Inegi.
 
La principal causa de estos fallecimientos es la preeclampsia (presión arterial alta), pues sus cuerpos al no estar completamente desarrollados son incapaces de llevar a terminó el embarazo.
 
Ipas México y GIRE coincide al afirmar que sin el acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, sin la atención que las niñas víctimas de violencia necesitan y con las legislaciones que restringe el aborto legal y la falta de seguro en México, las niñas y mujeres se ven obligadas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, arriesgándose a ser sujetas de un proceso penal, además de poner en riesgo su salud y su vida.
 
ABORTO INSEGURO
 
El aborto inseguro fue la quinta causa de MM en el país en 2015, al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales, 10 por ciento eran menores de 15 años, de acuerdo con Ipas México. 
 
A partir de estas consideraciones el 24 de marzo de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) para que las víctimas de violencia sexual de 12 años de edad o más pueden acceder a un aborto sin que sea requisito presentar una denuncia penal.
 
Las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual podrán recurrir a la interrupción del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. 
 
Esta modificación legislativa permite que las niñas y mujeres puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud reproductiva. 
 
Sin embargo, GIRE observó en su informe sobre violencia y aborto que aun cuando la ley así lo indica, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud y el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud de las niñas, hacen que todavía existan obstáculos para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron tener.
 
SER MADRE Y NIÑA
 
Si bien el acto mismo de una violación es devastador para las niñas, tanto en su salud física como mental se deben considerar los peligros y secuelas que enfrentan al tener un embarazo.
 
Las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos advierten que las consecuencias que atraviesan las niñas cuando presentan un embarazo son devastadoras; no cuentan con servicios de atención prenatal, tienen riesgos de sufrir partos prematuros o complicaciones en el proceso, inclusive su vida corre riesgo ante el embarazo.
 
Una vez que se convierten en madres las niñas tiene mayor probabilidad de truncar sus proyectos de vida, pueden tener empleos precarios y en general perpetuar los ciclos de pobreza en su descendencia.
 
Cuando una niña presenta un embarazo pueden abandonar la escuela al sentir vergüenza, miedo al rechazo, discriminan en el ámbito escolar y por si fuera poco se enfrenta a la escases de recursos económicos. De acuerdo con Save The Children las cifras de 2011 indican que el 31 por ciento de las menores de 15 años embarazadas abandonan la escuela.
 
Ser niñas y ser madres también las obliga a acceder a los trabajos mal remunerados, precarios y con riesgo de sufrir explotación laboral, de acuerdo con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea); por ejemplo, el 7 por ciento de las niñas embarazas de 10 a 14 años tuvieron una actividad mal remunerada en 2015.
 
El futuro que enfrentan las niñas que son madres es duro, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, por lo cual, en 2015 se creó la Enapea que tiene como objetivo reducir un 50 por ciento la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 15 a 19 años de edad, además de erradicar embarazos en niñas menores de 14 años para 2030.
 
16/HZM/KVR