Ipas México

La tasa de fecundidad en adolescentes en el Estado de México (Edomex) se incrementó en seis años; en 2014 la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (Enadid) reportó 82.75 nacimientos por cada mil mujeres entre los 15 a los 19 años de edad, cifra superior a la de 71.63 que registró en 2009.

Un informe sobre salud reproductiva en el Edomex que en 2017 realizó la organización Ipas México, muestra que en 2014 la entidad rebasó la media nacional de fecundidad adolescente que era de 77.04 nacimientos.

La organización especializada en salud sexual y reproductiva con sede en México, señala que en 2009 el Edomex se mantuvo dos puntos debajo de la media nacional (reportada en 69.20), sin embargo, en 2014 ascendió a la quinta posición entre las entidades del país con la mayor tasa de fecundidad en ese grupo de edad.

De acuerdo con Ipas presentar un embarazo en la adolescencia no sólo puede truncar los estudios, las relaciones sociales y el proyecto de vida de las mujeres, ser madres a corta edad les implica un riesgo a su salud.

En 2014 los hospitales de la Secretaría de Salud del Edomex atendieron a 40 mil 410 egresos de jóvenes por causas relacionados con un embarazo, de ellas 3 mil 841 tuvieron un parto. La segunda causa de atención se debió a los abortos con 3 mil 569 casos, seguido de las enfermedades hipertensivas en el embarazo con mil 491 casos y finalmente los casos de hemorragias con 745.

Estos datos que recolectó la agrupación a partir de la información del Sistema Nacional de Información en Salud (Sinais) revelan que la atención a mujeres embarazadas menores de 20 años de edad representó 26 por ciento del total de egresos obstétricos de dicha entidad en 2014 (154 mil 449 casos).

Además, el informe precisa que en 13 años (2002 a 2014) han fallecido 17 adolescentes en el Edomex por someterse a un aborto inseguro, pues en este estado las mujeres sólo pueden interrumpir un embarazo en cuatro circunstancias: cuando es producto de una violación; es un aborto imprudencial o culposo; la mujer esté en peligro de muerte; o por malformaciones genéticas o congénitas graves del producto.

ADOLESCENTE EGRESAN SIN ANTICONCEPCIÓN

Es importante destacar, indica la organización civil, que después del parto de las 36 mil 841 adolescentes mexiquenses un 42 por ciento egresó sin un método anticonceptivo o sin especificar si se les brindó, hecho que resulta preocupante si se considera que a nivel nacional la Enadid (2014) indicó que 56 por ciento de las adolescentes embarazadas no planeó o deseó el embarazo.

Las mexiquenses entre los 15 a 19 años de edad que aceptaron algún método en el postparto fueron 21 mil 565; un 49 por ciento optó por el dispositivo intrauterino (DIU), seguido de algún método hormonal como pastillas (32 por ciento) y únicamente un siete por ciento escogió un implante subdérmico o la oclusión tubaria (obstrucción de las trompas uterinas). 

En tanto, al 40 por ciento de las mujeres menores de 20 años de edad que egresaron por un aborto (3 mil 569) no se le otorgó un método anticonceptivo, subraya el reporte. 

“Es necesario en particular, prevenir el embarazo no deseado y atender el significativo aumento de la fecundad entre adolescentes con políticas efectivas que garanticen una cobertura anticonceptiva universal, oportuna y adecuada a sus necesidad, así como la prevención y atención de la violencia sexual”, recomienda finalmente Ipas México.

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Cimacnoticias consultó los registros de muertes maternas (MM) de la Ss, los cuales revelan que en promedio anual ocurren 7 defunciones de niñas por complicaciones durante o después de un embarazo, situación que lejos de reducirse en estos 14 años se ha mantenido. En 2002 ocurrieron 10 casos, para 2015 apenas se redujeron a 6 defunciones.

Más de la mitad de estas 97 niñas (52 por ciento) no contaba con derechohabiencia para acceder a atenciones médicas especializadas y 26 por ciento tenía Seguro Popular; 7 niñas estaban aseguradas en el IMSS, 2 en el ISSSTE y una en la Secretaría de la Defensa Nacional.

La principal causa de estos decesos fueron crisis convulsivas asociadas a la presión alta (preeclampsia) en 22 por ciento de los casos. En segundo lugar, las hemorragias previas o después del parto cobraron la vida de 15 niñas; y los casos de hipertensión por el embarazo fueron la causa de muerte de 8 niñas.

Aún cuando la ley permite la interrupción legal del embarazo por violación, las mujeres, y en particular las niñas, continúan enfrentando obstáculos para interrumpirlo, como consecuencia 2 niñas fallecieron por una hemorragia derivada de un aborto inseguro.

Otras de las causas de muerte materna en menores de edad, de acuerdo con los indicadores de la Ss fueron complicaciones respiratorias, intoxicaciones por microbios en la sangre después del parto (sepsis puerperal); el desprendimiento prematuro de la placenta y la ruptura del útero durante el parto.

En tanto, 9 niñas no tuvieron ningún tipo de atención médica al momento de fallecer.

Las cifras alertan que las defunciones de niñas por un embarazo están asociadas a otro problema: el matrimonio infantil. A su corta edad 40 de ellas estaban casadas, 46 en vivían en unión libre y una era divorciada.

El foco rojo se ubicó en Chiapas con 12 defunciones en total. A esta entidad le sigue Chihuahua y la Ciudad de México, cada una contó 8 casos; cabe destacar que dos de los registrados en la Ciudad fueron niñas provenientes del Estado de México, entidad que contó 5 muertes maternas.

Los decesos de niñas no son menores en Veracruz, ahí 6 niñas fallecieron, en Morelos 5 y Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, registraron 3 casos respectivamente.

SER NIÑA Y TERMINAR UN EMBARAZO

Para las niñas concluir un embarazo también significa riesgos a su salud física y mental. La ginecóloga y asesora de sistema de salud en Ipas México, Claudia Martínez López, describió en entrevista que después del parto las niñas terminan en situaciones de desnutrición, descalcificación y anemia, porque sus cuerpos no están suficientemente desarrollados para este proceso.

El riesgo también es para los productos. Cimacnoticias consultó los registros del Sistema de Información de Nacimientos (Sinac) de la Ss y encontró que de los 47 mil 211 nacimientos de menores de 14 años, de 2010 a 2014, en 8.4 por ciento de los casos el producto tuvo un peso bajo o muy bajo y 8.1 por ciento nació de forma prematura.

En suma, son niñas propensas a desarrollar depresión, ansiedad, se aíslan de sus entornos sociales o desisten de estudiar, añadió Martínez Lopéz, y el Estado mexicano es incapaz de atenderlas y visibilizar que “hay una violencia sexual explícita hacía ellas”, afirmó en entrevista la doctora, defensora y experta en salud sexual y reproductiva, Raffaela Schiavon Ermani.

ESTADO PASIVO

A nivel nacional, calificó Shiavon Ermani, las acciones gubernamentales, como la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea), enfocadas a erradicar las gestaciones de niñas “quedan muy cortas” pues “no sólo es necesaria la educación sexual o el acceso a métodos anticonceptivos para adolescentes sino de mecanismos específicos para prevenir, detectar  y atender la violencia hacia las niñas”, aseguró.

Al invisibilizar que estas niñas fueron víctimas de violencia la probabilidad de que vuelvan al entorno de violencia y presenten otro embarazo continúa. Muestra de ello es que en 2016 de los nacimientos registrados en el Sinac en menores de 14 años de edad (11 mil 785) al menos tres por ciento (353) ya habían cursado hasta tres gestaciones.

Las estadísticas también alertan que en los últimos cinco años hubo un incremento de embarazos infantiles en los estados de las fronteras norte y sur del país.

Raffaela Schiavon señaló que estos indicadores son un llamado para dejar de considerar que los embarazos en niñas están asociados únicamente  al nivel de desarrollo de los estados, pues la prevalencia de estos casos también está determinada por el contexto de violencia que caracteriza a estas entidades y alcanza a las niñas.

Tabasco, por ejemplo, en 2011 contaba con una tasa de 37.3 nacimientos en menores de edad por cada 10 mil mujeres de 10 a 14 años de edad, para 2015 la tasa se elevó a 45.4 nacimientos, la más alta del país.

En Coahuila, se registró en 2011 una tasa de 20 nacimientos y para 2015 aumentó a 34.7. En tanto, Durango registró una tasa de 16, cuatro años después incrementó a 24. También sobresale Aguascalientes, donde en 2011 se registraron seis nacimientos por cada 10 mil niñas y para 2015 fueron 21.

Para hacer frente a este problema, explica la especialista en derechos sexuales Shiavon Ermani, urge que el Estado registre la relación entre embarazos tempranos y violencia sexual pues a lo largo de la investigación que esta agencia realizó encontró que no hay registro oficial que permita conocer cuántos de estos embarazos fueron producto de violencia.

El personal de los servicios de salud, de las escuelas, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia deberían estar obligados  a “reaccionar de forma proactiva” ante la sospecha de violencia sexual hacia las niñas y del embarazo como causa de ellas, con el fin  de que se les garantice su derecho al aborto como lo establece la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046).

Además de garantizar a las niñas medidas de protección para que no tengan que convivir con sus agresores y accedan a la justicia.

El problema no es menor, en los últimos ocho años (de 2008 a 2016) más de 100 mil niñas llevaron a término un embarazo. Es decir, diariamente 32 niñas se convirtieron en madres en el país.

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Si estos embarazos son producto de violencia sexual el Estado debe garantizarles el acceso al aborto, pero sobre todo, salvar su vida, afirmaron expertas consultadas por esta agencia.

La ginecóloga y asesora en sistemas de salud en Ipas México, organización especializada en derechos sexuales y reproductivos, Claudia Martínez López, explicó en entrevista que la Norma Oficial Mexicana 046, violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) establece el derecho al aborto y atención médica de urgencia en caso de una violación.

Agregó que el riesgo a la salud y vida de la gestante es una de las causales por las cuales se puede interrumpir un embarazo en 14 entidades del país y en el caso de las niñas, este riesgo se incrementa por su condición física y biológica, por lo que la causal debe cumplirse.

Explicó que hay mucho mayor riesgo de mortalidad y morbilidad maternas (secuelas a la salud por el embarazo) en las niñas de estas edades cuando llevan a término un embarazo, que si decidieran interrumpirlo en condiciones seguras.

“Si se interrumpe un embarazo en una menor de 14 años de edad en las primeras 8 semanas de gestación, el riesgo de complicaciones es del 0.3 por ciento. Arriba de las 12 semanas únicamente aumenta 0.5 por ciento, aún con los procedimientos tecnológicos adecuados”, por lo que es fundamental que sí se realicen las interrupciones legales del embarazo dentro de las primeras 12 semanas, precisó.

“Los trastornos hipertensivos por un embarazo en la niñas es una de las tres primeras causas de morbilidad y mortalidad materna infantil, en el país, a ello se agregan otras como las hemorragias en el parto”, precisó.

Datos del Instituto de Estadística y Geografía, revelan que en diez años (2005 a 2015) se registraron 72 defunciones de niñas entre 10 y 14 años de edad por razones maternas.

La especialista de IPAS precisó que una niña embarazada tiene riesgo de presentar partos prematuros -que atenta contra su vida y la del producto- problemas de presión alta (preeclampsia), y hemorragias durante el embarazo, parto o puerperio.

Aunado a esto, las secuelas de un embarazo en la infancia se prolongan después del parto -continúa- el aporte nutricional que necesita el producto para crecer hace que una niña termine en situaciones de desnutrición, descalcificación o anemia.

En ocasiones, agregó, la situación se agrava en infecciones bacterianas como la sepsis del puerperio (bacterias en las sangre entre la expulsión de la placenta y seis semanas después del parto), que de no tratarse deriva en casos fatales del fallecimiento de la menor de edad. Esto también significa que si el producto nació quede en la orfandad, agregó.

“Si consideramos que el cuerpo de las niñas no se ha desarrollado por completo para parir, la mayoría de estos embarazos de alto riesgo requiere la práctica de una cesárea, lo que hace que en próximos partos sean más vulnerables a presentar fisuras en los órganos cercanos al área del útero; además, por la herida en el abdomen se forma un tejido de cicatriz interna (adherencias) que puede tener consecuencias como las obstrucción intestinal, dolor crónico y la infertilidad”, explicó Claudia Martínez López.

URGENTE ATENCIÓN MÉDICA

Pese a que el embarazo producto de una violación debe atenderse como emergencia médica para asegurar el bienestar de las menores de edad, el personal de salud no conoce o se niega aplicar la NOM 046, la Ley General de Víctimas y a respetar el interés superior de la niñez, aseguró el asesor en políticas públicas de Ipas México, Alexis Hernández González.

Respecto a los programas del Estado, si bien la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea) pretende “erradicar el embarazo en mujeres de 10 y 14 años” para 2030, ésta no contempla en ningún rubro difundir la información sobre el derecho al aborto para las niñas víctimas de violación, observó.

Sólo en 2016 el Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud consultado por esta agencia, registró 11 mil 219 nacimientos donde las madres tenían entre 9 y 14 años de edad.  En cuatro casos las niñas tenían 9 años, 25 de ellas tenían 10 años, 55 de 11 años, mientras en 11 mil 135 casos fueron madres entre 12 a 14 años.

VIOLACIÓN Y UN EMBARAZO: LA SALUD MENTAL

A pesar de no tener certeza, se presume que detrás de los embarazos de menores a 14 años hubo violencia sexual perpetrada por personas de confianza como familiares y vecinos, lo que afecta gravemente la salud mental de las niñas, explicó la psicóloga de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac), Diana Mireya Saldívar Moreno.

Las menores de edad, dijo la experta en infancia, están en una etapa de construcción de lazos afectivos y madurez emocional que se ve alterado después de una violación, por lo que son propensas a desarrollar depresión, ansiedad y “problemas psicosociales” que las hace aislarse, desconfiar de las personas, y bajar su rendimiento en la escuela o desistir de ella.

Muchas tienen sensaciones de culpabilidad pues presentan una maternidad que no desearon, por lo que el acompañamiento y una atención psicoterapéutica pueden contrarrestar y eliminar estas consecuencias, señaló la psicóloga de la asociación experta por 27 años en violencia sexual.

El impacto de un embarazo por violación en una niña trasciende y trastoca también a la familia, detalló la abogada del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), Ofelia Bastida Luna. En su experiencia como asesora legal de este tipo de casos, son las madres quienes tienen que buscar alternativas para que sus hijas puedan interrumpir el embarazo.

“Piensan en si van a incurrir en un delito, a veces tiene que viajar para llegar a organizaciones fuera de sus localidades. En las madres finalmente recae la angustia, son como una esponja, absorben todo el impacto del proceso. Y al conocer la agresión que vivieron sus hijas se responsabilizan de no protegerlas”.

Para la abogada de GIRE, el Estado permanece ausente aún cuando es su obligación asegurar la vida de mujeres y niñas, pero no hay política pública integral que las reintegre a la escuela, acceder a un aborto, tampoco atención psicológica, mucho menos garantizarles justicia, por lo que urge que el gobierno haga estrategias para atender a las niñas víctimas de violación, concluyó.

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A una década de la despenalización del aborto en la Ciudad de México, se pueden observar los resultados: se garantizan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, acceden a servicios de interrupción legal del embarazo (ILE) seguros y, con ello, tienen la oportunidad de continuar con sus proyectos de vida y, sobre todo asegurar su salud, concluyeron autoridades y especialistas.
 
En el acto conmemorativo que se celebró en el Museo de la Ciudad de México, por los 10 años de ILE, se reunieron la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero; la académica feminista, Marta Lamas Encabo; el secretario de Salud de la Ciudad de México, José Armando Ahued Ortega, y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, entre otras personalidades que impulsaron la ILE como política pública y que recordaron el precedente histórico que significó para las mujeres su aprobación. 
 
El 25 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, aprobó modificar la Ley de Salud y el artículo 144 del Código Penal de la capital, donde se estableció que la interrupción del embarazo es legal hasta las 12 semanas de gestación, lo que obligó a los 14 hospitales de la Secretaría de Salud brindan los servicios necesarios, incluida la asesoría.
 
UN DERECHO GANADO
 
El Jefe de Gobierno recordó que la libre elección de continuar o detener un embarazo en la Ciudad de México es resultado del esfuerzo de las organizaciones de mujeres que lucharon por este derecho y coloca a la capital con una de las legislaciones más avanzadas a nivel mundial.
 
Asimismo, la exministra Olga Sánchez, quien participó en la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, indicó que ésta tiene una transversalidad en la perspectiva de género y recoge dos derechos fundamentales: el derecho a la autodeterminación personal y el libre desarrollo de las mujeres.
 
Eso, dijo Sánchez Cordero, representa un triunfo para el movimiento feminista frente a los intentos de grupos conservadores, quienes buscaron frenar en diversas ocasiones los intentos para el avance de los derechos de las mujeres a decidir sobre su cuerpo y salud.
 
En entrevista con Cimacnoticias, la directora de Equidad de Género Ciudadanía, Trabajo y Familia AC, María Eugenia Romero Contreras,  recordó que tras años de largos debates e insistencia por parte del movimiento feminista, académicas y sociedad civil, la despenalización del aborto voluntario es “un logro de las mujeres, de las feministas mexicanas y latinoamericanas que lo han impulsado.”
 
En un balance, Romero impulsora y parte del movimiento, dijo que ha sido una década “transformadora” y recordó cómo al inicio los debates con grupos conservadores eran absurdos, pero “ahora todas saben que estamos a favor del derecho a decidir”, por lo que las mujeres “pueden hablar con naturalidad del tema del aborto”. Eso, señaló, es una transformación radical al contemplar “que aún en diversos estados del país, es un tema que no se toca”.
 
Estos “son derechos ganados que hay que seguir impulsando en el resto del país”, dijo la directora Equidad de Género,  pues agregó que todas las mujeres deben de tener acceso a los mismos derechos, no sólo en México, sino en toda América Latina.
 
SERVICIOS DE ILE EN LA CIUDAD
 
El secretario de Salud de la Ciudad de México, José Armando Ahued, recordó en la conmemoración que hace una década el procedimiento médico para la interrupción del embarazo constaba únicamente de técnicas quirúrgicas, pero con los avances en la tecnología e investigación en medicina, hoy, dijo, 85 por ciento de los procedimientos se realizan con medicamentos en centros de salud de primer nivel.
 
Actualmente, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) cuenta con 13 clínicas exclusivas para que las mujeres pueden acceder a la ILE de manera gratuita, segura y confidencial.
 
En su reporte de los 10 años de ILE, la Sedesa indica que 176 mil 355 mujeres, de abril de 2007 al 20 de abril de 2017, accedieron a la ILE, 47 por ciento tenían entre 18 a 24 años de edad y l 0.7 por ciento eran niñas entre 11 a 14 años. La mayoría de estas mujeres eran estudiantes (25.1 por ciento).
 

La académica feminista, Marta Lamas Encabo y la exministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero en el acto conmemorativo por los 10 años de la ILE en la Ciudad de México | CIMACFoto: César Martínez López

UNA DÉCADA DE RESULTADOS
 
Por otra parte, la doctora y ex directora de la organización Ipas México, Raffaela Schiavon Ermani, indicó en entrevista con Cimacnoticias que a partir de 10 años puede ser un lapso determinado para comenzar a ver estadísticamente los resultados de la despenalización del aborto en la capital.
 
De las 176 mil 355 mujeres que accedieron a la ILE en los servicios públicos de la Ciudad de México, no se registró ninguna muerte por el procedimiento, “eso estadísticamente tiene un poder muy grande porque quiere decir que la tasa de letalidad o riesgo de muerte por ILE es hasta ahora de 0 por 100 mil mujeres”, indicó la doctora Schiavon.
 
Al realizar comparaciones con estadísticas internacionales, la doctora indicó que, por ejemplo en Estados Unidos, se observa que el riesgo de morir por un aborto legal es de 0.6 por cada 100 mil mujeres, es decir, se puede concluir que, “la Ciudad de México está al mismo nivel de países de primer mundo donde se legalizó el aborto” aseveró Raffaela Schiavon.
 
En el resto del país, explicó Schiavon, “el riesgo de morir por aborto es de 43 muertes por cada 100 mil mujeres”, en condiciones legales en la capital, recordó es de 0. “Estas son mujeres vivas sanas que andan en esta ciudad, y han podido escoger y determinar su vida en algún momento a lo largo de estos 10 años, con seguridad física, sin el miedo de terminar en la cárcel o morir por complicaciones.”
 
La especialista añadió que las complicaciones en la atención al aborto “son prácticamente inexistentes en la Ciudad de México”, e indicó que “el marco legal no sólo impacta en las instituciones públicas, sino también en el mercado privado que antes era absolutamente clandestino.”
 
La doctora Schiavon Ermani apuntó que esta política no sólo benefició a las mujeres de la ciudad, existe un alto porcentaje de mujeres del resto del país que acuden a la zona metropolitana para recibir el servicio. Cifras de la Sedesa indican que un 29 por ciento pertenecían al Estado de México, seguido de Puebla con 0.6 por ciento e Hidalgo con un 0.4 por ciento.
 
Raffaela Schiavon recordó aún existen retos importantes por atender, “las capitalinas deben de tener confianza en las instituciones de salud”; estas últimas, por otro lado, deben fortalecer los servicios y el personal médico debe garantizar la continuidad de este derecho.
 
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Hace una década, el aborto se convirtió en tema de importancia nacional, reconocido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tras años de insistencia del movimiento feminista y amplio de mujeres por lograr la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, hoy vigente en nuestra ciudad.
 
Pese a los embates de grupos conservadores representados por la Iglesia Católica, legisladores y grupos Provida para impedir la Interrupción Legal del Embarazo, el aborto se colocó como un tema de salud pública, justicia social, y de Derechos Humanos de las mujeres, al reconocerles el derecho a decidir sobre su cuerpo y su maternidad.
 
El triunfo de las organizaciones de mujeres y feministas que hoy cumple 10 años, se inició en la década de los 70, cuando pugnaban por el aborto libre y gratuito, educación sexual desde la primaria y acceso a anticonceptivos.
 
Pero fue hasta el año 2000 que los primeros frutos de este trabajo feminista lograron que la Asamblea Legislativa del DF, bajo el gobierno de Rosario Robles, despenalizara el aborto por motivos eugenésicos o malformaciones congénitas.
 
En esa ocasión también se enfrentó una acción de  inconstitucionalidad promovida por los partidos Verde
Ecologista y Acción Nacional.
 
La SCJN declaró en el 2000 la reforma al Código Penal del entonces DF, como constitucional. El proyecto fue presentado por la ex ministra Olga Sánchez Cordero, quien desde un principio dejó en claro que lo que se discutía nada tenía que ver “con principios éticos, morales, religiosos o políticos sino que era un tema eminentemente jurídico".
 
7 AÑOS DESPUÉS LA MISMA HISTORIA
 
El 24 de abril de 2007, la ALDF aprobó modificar la Ley del Salud del Distrito Federal y, entre otros, el Artículo 144 del Código Penal del DF, con lo que estableció que la interrupción del embarazo es legal hasta las doce semanas de gestación y que los 14 hospitales de la Secretaría de Salud capitalina brindarían el servicio de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), así como consejería.
 
La norma entró en vigor el 27 de abril, un día después de su publicación en la Gaceta Oficial del DF.
 
Sin embargo, el 24 de mayo de 2007, un mes después de la aprobación en la ALDF, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) encabezada por José Luis Soberanes y la Procuraduría General de la República (PGR) encabezada por Eduardo Medina Mora (ahora ministro de la SCJN) presentaron ante la Corte dos acciones de inconstitucionalidad por considerar que la Asamblea Legislativa no tenía facultades para legislar en la materia y por la definición de embarazo y de aborto.
 
La Corte escuchó a partir del 2008, a lo largo de 6 audiencias públicas, a personas de la academia, organizaciones a favor y en contra del aborto, feministas, juristas, a la Consejera Jurídica del DF responsable de defender la norma, Leticia Bonifaz, y a la ciudadanía, que manifestaron sus posturas en torno al tema.
 
Cabe resaltar que sólo en dos ocasiones la Corte ha convocado a estas audiencias, la primera con la Ley Federal de Telecomunicaciones (también conocida como "ley Televisa").
 
Pese a que el proyecto de sentencia estuvo a cargo de uno de los ministros más conservadores, Salvador Aguirre Anguiano, quien en todo momento defendió “la vida desde el momento de la concepción”, lo que se colocó en el centro de la discusión de las y los ministros fueron los Derechos Humanos de las Mujeres y los tratados internacionales signados por México para proteger los Derechos Sexuales y Reproductivos.
 
El trabajo impulsado por las organizaciones como Católicas por el Derecho a Decidir, Equidad de Género, Ipas México, Population Council, Elige y el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y de agrupaciones como el Centro de Estudios Ecuménicos, el Centro de Estudios Sociales y Culturales “Antonio de Montesinos”, entre otros, tuvo eco en las y los ministros.
 
LAS MUJERES EN EL CENTRO DEL DISCURSO
 
Hace 10 años, la SCJN determinó que las mujeres son sujetas de derechos, que las leyes las amparan y que tienen derecho a decidir sobre continuar un embarazo o no.
 
Lo que reconoció la Corte es que el aborto es un tema de justicia social pues las leyes deben beneficiar a las mujeres, sobre todo a las más pobres para asegurarles servicios de salud seguros, máxime, cuando el Estado Mexicano incumple con su obligación constitucional “de educar en materia sexual y reproductiva y de no hacer los esfuerzos suficientes para garantizar un acceso pleno a métodos anticonceptivos”.
 
Y aún más, señaló que la penalización del aborto ha resultado ineficaz, y lejos de impedir que las mujeres recurran a la ILE de manera segura, se les obliga a someterse a procedimientos insalubres que ponen en riesgo sus vidas.
 
Por lo que aseguraron las y los ministros que la despenalización del aborto en sus primeras 12 semanas salvaguarda los derechos de las mujeres tutelados por la Constitución.
 
Reconocieron que obligar a las mujeres y niñas a continuar con embarazos que no desean, es equiparable a formas de esclavitud, pues se les condena a “embarazos forzados” por lo que penalizar la ILE, “discrimina por razones de género” ya que se justifica que una mujer embarazada culmine su embarazo bajo amenazas penales.
 
Argumentos reiterados durante más de 30 años por el movimiento feminista y amplio de mujeres.
 
Por vez primera también reconoció la Corte “el derecho de las niñas a no ser madres”.
 
“Cuando el Estado impone condiciones de embarazo por la vía penal, coloca a las mujeres en desigualdad social”, sostuvo en su argumentación el máximo tribunal de justicia del país.
 
Las y los ministros sostuvieron que la ILE es un derecho a la salud y ha contribuido a educar e informar a las mujeres sobre sus derechos sexuales y reproductivos.
 
A 10 años de este triunfo del movimiento feminista y pese a los intentos de los grupos conservadores para echarlo atrás, lo cierto es que 176 mil 355 mujeres de 18 entidades federativas, han ejercido su derecho a no ser madres.
 
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El embarazo infantil en el país es un grave problema ya que sólo entre 2006 y 2014 el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) registró 100 mil nacimientos en menores de 15 años de edad.
 
Para organizaciones como Ipas México, el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Save the Children ser madre a tan corta edad no es decisión de las niñas ya que existe la posibilidad de que muchos de estos embarazos sean producto de abuso y violencia sexual por hombres adultos cercanos, familiares, amistades o vecinos.
 
Los hombres, las familias y las comunidades ven los cuerpos de niñas y mujeres como su propiedad, resaltan las agrupaciones civiles; como ejemplo, GIRE reportó en su informe “Violencia sin Interrupción: aborto por violación en México” que en los últimos ocho años en todo el país hubo más de 28 mil denuncias por violación sexual a niñas menores de 15 años.
 
Sin embargo el problema es aún más grave, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estima que menos del 10 por ciento de los casos de violencia sexual son denunciados, por ello la violencia sexual y el embarazo forzado en niñas es una silenciosa tragedia en México.
 
La organización internacional Save the Children asegura que no existen datos oficiales sobre los embarazos producto de una violación y como consecuencia es complicado conocer la situación que atraviesan las niñas embarazadas, que a su vez podrían ser víctimas de violencia y marginación.
 
Datos de la Secretaria de Salud indican que en 2009, 30 de cada 100 niñas de 10 a 14 años fueron hospitalizadas por presentar un embarazo pero no hay información sobre si fueron producto de una relación consensada.
 
En su informe “Embarazo y maternidad en la adolescencia: estado de las madres en México” la organización destacó que es necesario visibilizar el embarazo infantil, pues en el periodo de 2013 a 2014 contabilizó a nivel nacional 394 nacimientos de niñas de 10 años.
 
Las estadísticas no arrojan datos certeros sobre la relación de violencia ni sobre la edad de las parejas de las niñas que se embarazan pero la organización Ipas México hizo un estudio para tener un acercamiento a la edad de estos hombres.
 
La institución recogió información de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut) 2012 y encontró que el 92 por ciento de las parejas de las mujeres que comenzaron su vida sexual a los 12 años de edad eran jóvenes de 15 a 19 años de edad y en otro 3 por ciento ellos tenían más de 30 años.
 
Para la organización es clara la posibilidad de que estas relaciones entre niñas y adultos no son consensuadas, advierte que entre menos edad tienen las niñas mayor es el riesgo de sufrir violencia y abuso sexual.
 
Además alertan sobre los riesgos a la salud de un embarazo temprano. En este grupo de edad, la Muerte Materna (MM) es más elevada; en 2014, el 14 por ciento de las defunciones maternas en México ocurrieron en mujeres menores de 20 años de edad, según datos del Inegi.
 
La principal causa de estos fallecimientos es la preeclampsia (presión arterial alta), pues sus cuerpos al no estar completamente desarrollados son incapaces de llevar a terminó el embarazo.
 
Ipas México y GIRE coincide al afirmar que sin el acceso a servicios de calidad en salud sexual y reproductiva, sin la atención que las niñas víctimas de violencia necesitan y con las legislaciones que restringe el aborto legal y la falta de seguro en México, las niñas y mujeres se ven obligadas a recurrir a un aborto en la clandestinidad, arriesgándose a ser sujetas de un proceso penal, además de poner en riesgo su salud y su vida.
 
ABORTO INSEGURO
 
El aborto inseguro fue la quinta causa de MM en el país en 2015, al registrarse 659 decesos de mujeres por esta causa, de las cuales, 10 por ciento eran menores de 15 años, de acuerdo con Ipas México. 
 
A partir de estas consideraciones el 24 de marzo de 2016 se modificó la Norma Oficial Mexicana sobre Violencia familiar, sexual y contra las mujeres (NOM 046) para que las víctimas de violencia sexual de 12 años de edad o más pueden acceder a un aborto sin que sea requisito presentar una denuncia penal.
 
Las niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual podrán recurrir a la interrupción del embarazo sin necesidad de presentar una denuncia judicial, o consentimiento de sus padres o tutores. 
 
Esta modificación legislativa permite que las niñas y mujeres puedan tomar decisiones libres, informadas y seguras sobre su salud reproductiva. 
 
Sin embargo, GIRE observó en su informe sobre violencia y aborto que aun cuando la ley así lo indica, el desconocimiento de las obligaciones de los prestadores de salud y el afán de imponer sus creencias personales por encima de la salud de las niñas, hacen que todavía existan obstáculos para que ellas accedan a los derechos mínimos que les permitan recuperarse de esta situación de violencia y de un embarazo que nunca debieron tener.
 
SER MADRE Y NIÑA
 
Si bien el acto mismo de una violación es devastador para las niñas, tanto en su salud física como mental se deben considerar los peligros y secuelas que enfrentan al tener un embarazo.
 
Las organizaciones especializadas en derechos sexuales y reproductivos advierten que las consecuencias que atraviesan las niñas cuando presentan un embarazo son devastadoras; no cuentan con servicios de atención prenatal, tienen riesgos de sufrir partos prematuros o complicaciones en el proceso, inclusive su vida corre riesgo ante el embarazo.
 
Una vez que se convierten en madres las niñas tiene mayor probabilidad de truncar sus proyectos de vida, pueden tener empleos precarios y en general perpetuar los ciclos de pobreza en su descendencia.
 
Cuando una niña presenta un embarazo pueden abandonar la escuela al sentir vergüenza, miedo al rechazo, discriminan en el ámbito escolar y por si fuera poco se enfrenta a la escases de recursos económicos. De acuerdo con Save The Children las cifras de 2011 indican que el 31 por ciento de las menores de 15 años embarazadas abandonan la escuela.
 
Ser niñas y ser madres también las obliga a acceder a los trabajos mal remunerados, precarios y con riesgo de sufrir explotación laboral, de acuerdo con la Estrategia Nacional para Prevención del Embarazo en Adolescentes (Enapea); por ejemplo, el 7 por ciento de las niñas embarazas de 10 a 14 años tuvieron una actividad mal remunerada en 2015.
 
El futuro que enfrentan las niñas que son madres es duro, tanto para ellas como para sus hijos e hijas, por lo cual, en 2015 se creó la Enapea que tiene como objetivo reducir un 50 por ciento la tasa de fecundidad en las adolescentes entre 15 a 19 años de edad, además de erradicar embarazos en niñas menores de 14 años para 2030.
 
16/HZM/KVR