Movimiento Ciudadano

La Coordinación de Mujeres en Movimiento del partido Movimiento Ciudadano (MC) denunció que la precandidata a la presidencia municipal de Caborca, Sonora, Patricia Azcagorta, es víctima de violencia política de género porque es juzgada por su físico y no por su competencia ni capacidad para asumir el cargo.

En un comunicado, la coordinadora nacional de Mujeres en Movimiento, Claudia Trujillo Rincón, demandó que el Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional de las Mujeres y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales coadyuven a salvaguardar la integridad de las mujeres que  contienden en este proceso electoral.

El partido político se pronunció después de que en redes sociales circularan fotografías de Azcagorta con ropa ceñida y un video donde aparece con poca ropa y bailando, con música de fondo de los promocionales del partido.

“Es inadmisible que sigamos padeciendo de este tipo de violencia en México. Decimos ¡Basta! A ser sexualizadas o cosificadas, y ser violentadas en nuestros Derechos Humanos”, señaló Trujillo Rincón sin ampliar información sobre la trayectoria política de la precandidata, quien de acuerdo con medios locales, en 2014 buscó la candidatura para la alcaldía de Caborca pero por el partido Acción Nacional.

Sobre este caso, la dirigente estatal de MC, María Dolores del Río, declaró a medios locales que la precandidata es una mujer inteligente, ex directora del Registro Civil y que ha sido una funcionaria capaz e incluso señaló que no es la misma persona que aparece en el video que circula en redes sociales. 

Del Río, quien fue alcaldesa de Hermosillo, criticó que ahora que las mujeres tienen posibilidad de participar en los procesos electorales, gracias a que la paridad (50-50) en candidaturas es un principio constitucional, se trate de desacreditar su participación con este tipo de críticas que solo aluden a su cuerpo.

A su vez la Coordinación de MC hizo hincapié en la implementación del Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, editado por organismos electorales, que considera que una mujer puede ser víctima de violencia política, por ejemplo, a través de ataques que ponen en entredicho su ‘moral sexual’.

El próximo 1 de julio en Sonora se renovarán 33 diputaciones locales y 72 Ayuntamientos.

En la entidad se reconoce la violencia política contra las mujeres luego de que en mayo de 2017 el Congreso aprobara un paquete de reformas presentado por la gobernadora Claudia Pavlovich, quien también se dijo víctima de violencia política en las elecciones de 2015, para incluir este concepto en su ley electoral

El Artículo 5 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado dice que queda prohibido cualquier tipo de violencia política hacia las mujeres, así como realizar acciones u omisiones que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y/o ejercicio de sus derechos políticos.

El caso de Patricia Azcagorta no es el único. En noviembre pasado la diputada local Célida Teresa López Cárdenas renunció Acción Nacional acusando al entonces el dirigente nacional del partido, Ricardo Anaya y el secretario general en Sonora, Damián Zepeda, de violencia política para impedir que fuera candidata al Senado.

Aunque la violencia política no es un delito en la legislación federal, en enero del año pasado la FEPADE informó que, tenía conocimiento de 26 casos de violencia de esta naturaleza: 10 casos de candidatas agredidas en procesos electorales, 8 de funcionarias electorales y 6 de funcionarias partidistas.

18/AGM/LGL

El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) propuso en el congreso de Guerrero reformar la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Víctimas estatal para otorgar protección y asistencia social a la niñez y adolescencia en orfandad por el feminicidio de sus madres.

El proyecto de reforma presentado el pasado 7 de noviembre por la diputada, Magdalena Camacho Díaz, busca incorporar los Artículos 57 Bis y 57 Ter a la Ley de Protección para menores de edad, con el objetivo de obligar al gobierno a entregar apoyos económicos, becas educativas en escuelas públicas y servicios de salud a los hijos e hijas de mujeres asesinadas, hasta que éstos cumplan la mayoría de edad.

Guerrero es uno de los 12 estados que por los altos niveles de violencia feminicida tiene Alerta de Violencia de Género, emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de junio de este año para ocho de sus municipios: Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

La iniciativa busca que cada municipio de Guerrero impulse programas especiales de protección para la infancia y adicionar un último párrafo al Artículo 43 de la Ley de Víctimas local, para que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero sea la responsable de hacer un registro fidedigno de la niñez en orfandad por feminicidio y remita los casos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) la encargada por ley de reparar el daño integral a estas víctimas indirectas.

En 2016 la organización civil que solicitó la AVG, Alianza Feminista Guerrero, documentó 879 casos de feminicidio, mientras que ONU Mujeres indicó que en 2014 la entidad ocupó el primer lugar en la tasa de asesinatos de mujeres en el país, 9.4 casos por cada 100 mil mujeres, precisó la diputada, pero se desconocen los estragos que dejan estos asesinatos de mujeres y cuántos menores de edad quedaron al desamparo como consecuencia, resaltó.

Cimacnoticias realizó una investigación para conocer cuál era la situación de la niñez en esta situación y lo que se encontró es que no existía ninguna política pública para atenderlos. Posterior a la investigación, en Jalisco se presentó una propuesta en el congreso local que busca atender la situación, incluye que en caso de que el padre sea quien comete el feminicidio, éste pierda la patria potestad.

A esta iniciativa le queda camino por recorrer, actualmente fue remitida a las Comisiones unidas de justicia, Derechos Humanos y los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sea votada y después se discuta en el pleno.

Mientras en el Estado de México, el gobierno ya entrega desde febrero de 2017, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente un estímulo económico de 800 pesos mensuales a hijos e hijas de madres o tutoras “desaparecidas, víctimas de feminicidio y homicidio doloso”.

También existe otra propuesta que espera ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados y es la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las 32 entidades federativas desarrollen programas enfocados en los niños y niñas en orfandad por feminicidio, una propuesta de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco.

El reto es grande si se considera que siete mujeres son asesinadas diario en México de acuerdo con Naciones Unidas y se ha demostrado que la niñez y adolescencia que enfrentan la ausencia de su madre por un asesinato, requieren de atención psicológica especializada pues muchas veces presencian el crimen perpetrado por sus padres.

17/HZM/LGL

La agrupación Mujeres en Movimiento exigió al Estado Mexicano, a través de una petición de change org, justicia ante el asesinato de Emma Gabriela Molina, cometido el lunes 27 de marzo en Yucatán, frente a sus hijas e hijo.  
 
Emma, quien luchó durante 2 años por recuperar a sus tres hijos, secuestrados por su padre, Alberto Medina (ex funcionario de Tabasco), fue injustamente secuestrada y encarcelada, dice la petición. Sin embargo, logró  demostrar su inocencia y recuperar su libertad, acompañada de diputadas federales y locales de Movimiento Ciudadano desde el inicio, tanto en Tabasco como en Jalisco.
 
Señala Mujeres en Movimiento que “indigna y preocupa que en un estado donde la impunidad y la violencia contra las mujeres va en franco incremento, el gobierno no brinde la seguridad que requiere un caso tan delicado como fue el de Emma, donde claramente se cometieron muchos errores e injusticias”.
 
Por eso, la organización política apela “a que en su papel de salva guarda de la seguridad de las mujeres, y en el entendido de que se crearon leyes que nos protegen como ciudadanas, sea desde las instancias correspondientes que se haga justica a Emma Gabriela Molina Canto, quien lamentablemente ya no está con nosotros”.
 
E invita la organización Mujeres en Movimiento “a la sociedad civil a hacer de manifiesto su repudio ante este fatal acto, y que la muerte de Emma no sea en vano. Basta de pagar con la vida. Basta de tanta violencia feminicida ante la mirada impávida del estado”.
 
17/RED

El secretario de Salud, José Narro Robles, debe informar cuántos embarazos producto de una violación sexual se atienden en las instituciones públicas y cuántas víctimas acceden a la interrupción legal del embarazo (ILE), dijo la diputada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Irma Rebeca López López.
 
La legisladora señaló en entrevista con Cimacnoticias que apoya la propuesta de las diputadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Ciudadano (MC) de llamar a comparecer al titular de la Secretaría de Salud (Ss), porque aseguró que es importante contar con información para que las legisladoras formulen propuestas para proteger los derechos de mujeres, jóvenes y niñas.
 
Esta propuesta surgió luego de que el 21 de enero pasado, la Comisión de Igualdad decidió retirar el dictamen para reformar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e incorporar la Norma Oficial Mexicana: NOM-046-SSA2-2005 Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Criterios para la Prevención y Atención (NOM 46).
 
López López dijo que aún no hay un documento para solicitar la presencia de Narro Robles en la Comisión de Igualdad y en la Comisión de Salud, pero espera que en próximos días se concrete una reunión para que dé a conocer cómo se implementa la NOM 046, la cual obliga a los prestadores de salud a ofertar la anticoncepción del emergencia y el aborto en casos de violación sexual.
 
FALTA DE DATOS
 
En el dictamen para modificar la Ley General, la Comisión de Igualdad señaló la falta de datos y que solo la extinta Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados haya calculado que aproximadamente 112 mil mujeres son víctimas de violación sexual cada año, dato que equivale a una cada 4.6 minutos, mientras que, según especialistas, la mayoría de los agresores quedan impunes.
 
Asimismo, el documento destacó que, de acuerdo con un informe de Amnistía Internacional presentado en 2012 en Naciones Unidas, de las 14 mil 829 denuncias por violación sexual presentadas en 2009 en el país, sólo hubo 3 mil 462 enjuiciamientos y 2 mil 795 sentencias condenatorias por ese delito.  
 
Por otra parte, López López dijo que la Comisión de Igualdad no tomó en cuenta la opinión de todas las diputadas que integran este órgano y que ella no fue invitada a la reunión donde se decidió retirar el dictamen para reforma la Ley General de Acceso, por lo que consideró que había intereses políticos en este tema.
 
17/AGM/RED
 
 

Este 8 de marzo pasado, el coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI), César Camacho Quiroz, nos mandó a la curul de cada diputada una rosa blanca, con ello pretendía "felicitarnos" por el Día  Internacional de la Mujer. Reconocer nuestros derechos como ciudadanas plenas sigue siendo un tema pendiente que no se resuelve con flores, sino con una práctica parlamentaria comprometida con la igualdad. Y esto no se vio reflejado el día 9, que sesionamos para aprobar 5 dictámenes en materia de igualdad, que nos “regalarían” en alusión al día.
 
Sin embargo, al iniciar la sesión empezó a correr el rumor que se habían bajado tres dictámenes: Uno del PRI, propuesto por las diputadas Laura Nereida Placencia Pacheco y Erika Rodríguez, que pretendía que el Sistema Nacional de Salud creara programas de capacitación y evaluación para el personal del sector salud en las entidades federativas y la Ciudad de México, respecto de la violencia contra las mujeres y garantizar la atención a las víctimas y la aplicación de las normas oficiales mexicanas vigentes en la materia; en especial la norma oficial mexicana NOM-046-SSA2-2005: Violencia familiar, sexual y contra las mujeres. Además, que los municipios generaran y establecieran criterios para la promoción y difusión en todas las instancias de salud la aplicación de dicha Norma.
 
Otra de las iniciativas era la presentada por la diputada Arlette lvette Muñoz Cervantes, del PAN, para incluir las definiciones de “violencia económica”, “violencia laboral y docente” y “violencia laboral”, para diseñar programas que promuevan la igualdad salarial entre mujeres y hombres.
 
El tercer dictamen era del diputado Renato Josafat Molina Arias y de la diputada Rocío Nahle García para agilizar la Alerta de Violencia de Género. Este tercer dictamen se bajó con el argumento de “mejorarlo”.
 
Sin embargo, no bajaron los dictámenes para mejorarlos, los bajaron porque los derechos de las mujeres les siguen dando miedo. Dice Amelia Válcarcel que la igualdad es un reconocerse, es en primer lugar una relación concedida o pactada, a veces incluso impuesta. En este sentido, si la moral consiste esencialmente en la capacidad de ser justo, libre, benévolo o lo que se desee añadir, con los demás, cada una de estas cosas existe sobre el fundamento de que los demás son como uno mismo y que, nada que uno se conceda a sí mismo, tiene derecho a no concedérselo a otro, sino que, al contrario, tiene el deber de pensar en el otro como un sí mismo. (Válcarcel, 1993-17)
 
IGUALDAD QUE CONFRONTÓ
 
Este no reconocimiento a la igualdad entre mujeres y hombres fue una realidad que nos confrontó. Por ello, las diputadas de Movimiento Ciudadano, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), algunas de Movimiento de Renovación Nacional (Morena) y algunas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), tomamos la tribuna como símbolo de alianza, para mostrarnos unidas en un tema que es transversal a nuestras prácticas políticas.
 
Fue un momento que nos permitió la unidad por la exigencia de nuestros derechos y de que no nos consideraran una mercancía en el toma y daca de la negociación partidaria. El PAN alegó sus “principios” del derecho a la vida, por lo cual mantuvieron siempre esa postura. Mientras que en el PRI, el disimulo es una práctica y aunque se dice de centro, al interior se manifestaron posturas idénticas a las del PAN. 
  
Nadie nos ha regalado nada a las mujeres, todos los derechos los hemos conseguido con mucho trabajo y esfuerzo, han sido producto de una lucha de siglos, que ha estado llena de obstáculos. Lo que hemos conseguido sin duda es un gran avance, pero sigue estando pendiente el derecho al cuerpo, sobre todo cuando éste es violentado por los hombres cercanos a nuestro entorno familiar. Sigue sin quererse reconocer la violencia de género que ejercen los hombres sobre los cuerpos de las mujeres.
 
Hoy estoy convencida que no basta con ser 211 diputadas, si no estamos convencidas que es necesario avanzar en nuestros derechos, no sólo por nosotras, sino, por lo que representamos. Mujeres que llegamos a las Cámaras, pero que si no somos capaces de enarbolar leyes que defiendan a las que están afuera, que votaron por nosotras, lo que estamos haciendo es invisibilizarlas por prejuicios sobre sus derechos. 
 
Tenemos una larga tarea, seguir sometidas a la ideología patriarcal de normas y sanciones sobre las mujeres y/o convertirnos en impulsoras de la igualdad. Según Válcarcel hay que seguir haciendo futuro a golpe de presente. Lo que la realidad nos ha mostrado este 8 de marzo, es que debemos mantener lo que nuestras antecesoras consiguieron, porque sus logros son nuestros.
 
* Doctora en Ciencias Sociales por el CIESAS Occidente
Diputada federal por el Distrito 9 de Guadalajara.
 
17/MCOA/GG
 

¿Por qué tanta resistencia a ser coherente?, por ejemplo a cumplir con lo que dice la Constitución en sus artículos 1º  y 4º, sólo por mencionar dos, de los 136 que contempla nuestra Carta Magna.
 
¿Por qué insisten algunos legisladores en colocar sus prejuicios morales y religiosos en una instancia creada para legislar a favor de la población y de sus Derechos Humanos, una instancia que es parte del Estado Laico que es México?
 
Cuando en el mundo las mujeres fortalecen sus lazos para seguir avanzando, el conservadurismo sale a la luz y se muestra tal cual es: peligroso y retrógrada. Muchos de los legisladores que hoy se oponen a legislar la Norma Oficial Mexicana Violencia familiar, sexual y contra mujeres. Criterios para la prevención y atención (NOM 046) son los mismos que suelen apelar al Estado de Derecho, el mismo que ahora violan.
 
El pasado 9 de marzo, desde su tribuna, la diputada de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores Gómez, flanqueada por la diputada Candelaria García, de su mismo grupo parlamentario, al ver que dentro de la lista de puntos a  abordar en San Lázaro se habían bajado los tres temas legislativos propuestos por la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, puso los puntos sobre las íes y responsabilizó a los coordinadores parlamentarios del PRI, César Camacho, y del PAN, Marko Cortés Mendoza, de bajar los tres dictámenes sobre la Norma 046, por acuerdo entre ellos.
 
Tal vez ninguno de los dos coordinadores parlamentarios sepa que esta Norma- que se prevé se discuta hoy- la adoptó el Estado Mexicano ni más ni menos después de que la sociedad civil ganó un litigio internacional, luego de que la niña Paulina, en Mexicali, Baja California, fuera violada y producto de esa violencia presentó un embarazo, mismo que se le impidió interrumpir -como era su derecho por la causal de violación vigente en aquel estado- en el hospital, aun cuando el Ministerio Público había autorizado la interrupción del embarazo por violación.
 
El acuerdo entre el Estado Mexicano y la víctima era impedir que existieran otras niñas y mujeres como Paulina que fueran hostigadas por las  sectas religiosas para impedir que la ley las protegiera.
 
Este mismo partido, Acción Nacional, es el que presentó un punto de acuerdo para disminuir la desigualdad salarial entre mujeres y hombres al considerar que ésta es un acto de violencia económica por parte de los empleadores. Suena bien y quedan bien ante tanta pobreza, pero ocultan la discusión que no quieren avanzar: que las mujeres que sufren violación reciban la anticoncepción de emergencia para prevenir un embarazo que es producto de una agresión sexual.
 
¿Cuántas personas han nacido de una violación? Yo conozco a dos, quienes tras largos procesos terapéuticos hoy lo pueden decir y seguir adelante con sus vidas. Personas fortalecidas, seres humanos maravillosos que buscan que ninguna mujer más, como sus madres, tenga que vivir un embarazo que no quisieron, hijas que no quieren otros nacimientos de la violencia brutal misógina de los hombres.
 
Pero los casos no son dos, son millones: la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) reconoce que de 2010 a 2015 se cometieron 2.9 millones de delitos sexuales, casi 600 mil al año. ¿Cuántas de ellas no recibieron la atención que marca la ley, cuántas tuvieron que buscar sus propias opciones? De eso estamos hablando.
 
Y este es el fondo del asunto: que tratan de impedir que se fortalezca una Norma, un mandato de 2009, que es vigente, y que los funcionarios públicos tienen la obligación de hacerla cumplir, tal cual ordena la Constitución.
 
Es momento ya de hacer costumbre cumplir la ley, señores legisladores, y no a conveniencia. El Estado de Derecho se construye cumpliendo, no engañando. Es momento ya de tener coherencia legislativa.
 
*Periodista y feminista, Directora General de CIMAC
Twitter: @lagunes28
 
17/LLH/GG

Con la primera Constitución Política de la Ciudad de México, las mujeres que viven y transitan por su territorio tendrán y podrán exigir que se cumpla su derecho a la salud, a decidir sobre su maternidad, a tener los mismos salarios que sus compañeros varones, a competir en igualdad en los procesos electorales, a compartir con el Estado las tareas de cuidado y a tener una vida libre de violencia.
 
Esos derechos, vigentes a partir del 17 de diciembre de 2018, cuando entre en vigor el texto constitucional promulgado este domingo, establecen las bases para rescatar los derechos que se han construido en la capital: desde hace 10 años las mujeres pueden interrumpir un embarazo no deseado y desde hace 8 años se permiten los matrimonios entre personas del mismo sexo. 
 
Tras cinco meses de trabajo, 49 mujeres y 51 hombres integrantes de la Asamblea Constituyente aprobaron un texto de 76 artículos, que recoge demandas feministas y del movimiento de mujeres, propuestas desde grupos como Las Constituyentes y Ciudad Feminista.
 
“NO SIN NOSOTRAS”
 
Desde que se gestó el proceso constituyente, académicas, feministas, juristas, escritoras y políticas crearon la iniciativa “No Sin Nosotras”, para obligar a partidos y al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a integrar mujeres en la Comisión Redactora, encargada del proyecto, y en la Asamblea, para aportar una visión desde las ciudadanas.
 
Después, las feministas lograron convencer a las legisladoras de integrar una “bancada feminista” con diputadas de los Partidos de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano (MC), Movimiento Regeneración Nación (Morena) y Nueva Alianza (Panal).
 
El 15 de septiembre de 2016 se presentaron decenas de propuestas para proteger la igualdad y la autonomía de las mujeres, la mayoría recibidas en la Comisión Carta de Derechos, que analizó 584 propuestas ciudadanas y 244 de constituyentes.
 
El Artículo 9, apartado C, incluye las propuestas, al decir que se “garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana”.
 
Y el Artículo 10 indica que las autoridades adoptarán medidas legislativas, administrativas, judiciales, económicas y las que sean necesarias para lograr la plena efectividad de los derechos reconocidos en la Constitución, así como la creación de un Sistema Integral de Derechos Humanos y de un  Programa en la materia.
 
LA DERECHA CONTRA ILE
 
Con propuestas y manifestaciones, grupos conservadores trataron de evitar, a través de sus constituyentes, que la Asamblea incluyera lo que llamaron “ideología de género” y que en el texto se adoptaran ideas como “proteger la vida desde la concepción”.
 
En enero, el presidente de la Mesa Directiva del organismo, el perredista Alejandro Encinas, reconoció que uno de los “atorones” de la Constituyente era el aborto, porque las posiciones de derecha tenían como consigna introducir la “protección de la vida” en el Artículo 11. El tema fue rechazado el 4 de enero e hicieron otro intento el 29 de enero, sin éxito.
 
LIBRES E IGUALES
 
La presidenta de la Comisión Carta de Derechos, antropóloga feminista y diputada por el PRD, Marcela Lagarde y de los Ríos, buscó que la Carta Magna dijera que “en la Ciudad de México todas las mujeres y hombres nacen y viven libres e iguales entre sí”.
 
Aunque el texto no quedó así, Lagarde asegura que los derechos están presentes en el documento, sin incluir conceptos que causan ruido a la derecha, y cada artículo sienta las bases para detallarlos en las leyes secundarias. 
 
Por ejemplo, no aparece la palabra “aborto” o “interrupción del embarazo (ILE)”, explica Lagarde, pero este derecho se desprende del Artículo 11 que dice que “toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad”.
 
Este Artículo también establece que toda persona tiene derecho a acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible; a decidir tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre estos, lo que significa que el Estado debería garantizar un aborto en caso de ser necesario.
 
Asimismo el Artículo 11 dice con claridad que las autoridades deben prevenir, investigar y sancionar la violencia obstétrica; que se  respeta a la autonomía de niñas, niños y adolescentes, y eso abre la puerta para reconocer su derecho a la identidad sexual.
 
También causó controversia el matrimonio entre personas del mismo sexo, que defendió la diputada del PRD, Lol Kin Castañeda. Logró que en el Artículo 16 se reconocieran “en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil”.
 
PROPUESTAS CIUDADANAS
 
El texto constitucional retoma propuestas ciudadanas de agrupaciones como Las Constituyentes –integrada por académicas y activistas– que envió ocho propuestas, entre ellas el derecho al cuidado de niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas enfermas, con discapacidad o con adicciones.
 
Se logró que el Artículo 14 diga que toda persona tiene derecho al cuidado y que la Ciudad establecerá la creación de un sistema público integral de cuidados que respete la dignidad, que preste servicios públicos y universales accesibles, pertinentes, suficientes y de calidad, y que garantice la atención a personas en situación de dependencia.
 
Además las y los diputados constituyentes incluyeron en el Artículo 13 que las autoridades educativas promoverán ampliar paulatinamente las jornadas escolares, hasta un máximo de 8 horas, disposición que puede aligerar las tareas de cuidados que las mujeres asumen.
 
PARTICIPACIÓN POLÍTICA
 
Las constituyentes Kenia López, del PAN, y Lucero Saldaña, del PRI, defendieron la participación política de las mujeres y consiguieron que en el Artículo 12 se incluyera el derecho a un gobierno democrático y a la participación paritaria en cargos de la función pública.
 
En Artículo 29 dice que las y los ciudadanos tienen derecho a acceder a cualquier cargo público y en el Artículo 32 se obliga a los partidos políticos a garantizar la paridad de género en candidaturas.
 
Ahora la Asamblea Legislativa –que el próximo año se convertirá en Congreso– deberá elaborar leyes secundarias, bajo los criterios que sustentan cada artículo constitucional.
 
Las organizaciones feministas de la capital informaron que continuarán su participación y demanda en la elaboración de leyes secundarias y en la adecuación de políticas públicas que concreten los derechos en la vida cotidiana de las personas. 
 
17/AGM/GGQ

A pesar de que los partidos políticos están obligados a postular a 50 por ciento de mujeres como candidatas a cargos de elección popular, en el proceso electoral de 2016 Movimiento Ciudadano (MC) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) incumplieron la ley en Tlaxcala.
 
Este 21 de diciembre el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que MC y el PRD violaron el principio de paridad –establecido desde 2014 en la Constitución federal– al no postular igual número de mujeres y hombres en los comicios locales que se celebraron en junio pasado.
 
Ambos partidos registraron a sus abanderados ante el Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, pero la autoridad electoral les pidió ajustar sus registros al no cumplir con el porcentaje de mujeres; sin embargo, en vez de aumentar el número de candidatas los partidos optaron por eliminar postulaciones ya realizadas.
 
En junio pasado Tlaxcala tuvo elecciones para elegir gobernador y renovar autoridades en 60 Ayuntamientos, además de 15 diputaciones de mayoría y 10 plurinominales.
 
Al discutir este tema la consejera del INE, Pamela San Martín, destacó que el hecho de cancelar las candidaturas en lugar de sustituirlas fue “un fraude a la ley” que afectó el derecho a votar y ser votado de aquellas personas a las que se les canceló el registro y de las mujeres que no fueron sustituidas en lugar de los hombres.
 
En el debate entre las y los consejeros electorales se analizó el artículo 232 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que reglamenta la paridad de género en el registro de candidaturas a senadurías y diputaciones federales y locales. Asimismo se analizó si los partidos incurrieron en una falta a la ley por realizar los ajustes necesarios para cumplir con este principio.
 
El párrafo cuarto del artículo 232 dice que “el Instituto y los Organismos Públicos Locales en el ámbito de sus competencias, tendrán facultades para rechazar el registro del número de candidaturas de un género que exceda la paridad, fijando al partido un plazo improrrogable para la sustitución de las mismas. En caso de que no sean sustituidas, no se aceptarán dichos registros”.
 
En el pasado proceso electoral el partido MC inicialmente registró 54 planillas para contender en 54 de 60 ayuntamientos de Tlaxcala, de las cuales 33 fueron encabezadas por hombres y 21 por mujeres, pero después de que la autoridad local indicó que cumplió con la paridad decidió eliminar algunos registros.
 
El PRD a su vez solicitó el registro de 232 candidaturas, 128 mujeres y 104 varones, para Presidencias de Comunidad en Tlaxcala, pero el organismo electoral pidió que cumpliera la paridad de género y el partido optó por desistir de nueve solicitudes de postulaciones ya formuladas.
 
Al respecto, la Consejera Adriana Favela mencionó que “el tema es claro, pues algunos partidos políticos recurren a una serie de actos para no cumplir con la paridad de género en el registro de candidaturas previamente registradas, y en vez de hacer los ajustes necesarios para que las planillas estuvieran encabezadas por mujeres, lo que se hizo fue cancelarlas”.
 
Por su parte, el presidente del INE, Lorenzo Córdova afirmó que si los partidos optan por cancelar candidaturas, en vez de cuidar la integración de sus planillas de candidatas bajo el principio de paridad (50/50) “es un clarísimo caso una falla cultural, la cual se busca combatir a través de la lógica de paridad”.
 
Finalmente, en votación dividida, con el voto en contra de los consejeros Benito Nacif y Javier Santiago, el pleno optó por sancionar a MC con 255 mil 640 pesos, por solicitar la cancelación indebida de cinco planillas de candidaturas previamente registradas a cargos de Ayuntamientos en el estado de Tlaxcala (Muñoz de Domingo Arenas, Nanacamilpa, Ixtenco, Totolac y Xaltocan).
 
Asimismo, impuso otra multa a MC por 365 mil 200 pesos y al PRD por 255 mil 640 pesos, por la cancelación de 19 y nueve planillas, respectivamente, de candidaturas previamente registradas a cargos de Presidentes de Comunidad  en Tlaxcala.
 
16/AGM/ KVR