partidos políticos

Después del éxito de la pasada huelga feminista del 8 de marzo, toca aterrizar de nuevo en lo cotidiano. Y en ese aterrizaje, al menos yo, me he encontrado con mucha mezquindad.

No quiero ser pesimista, no es mi estilo, pero escuchando y analizando no ya solo los resultados de la huelga histórica, sino el día a día de la política, observo el grado de parálisis legislativa al que se ha llegado.

La falta de aprobación de presupuestos generales va mucho más allá de la aprobación de las cuentas del Estado. Conlleva la paralización de la puesta en marcha de proyectos y acuerdos previos. Y entre esos acuerdos está el Pacto de Estado contra la Violencia de Género aprobado el pasado otoño.

Y no pasa nada porque ese Pacto de Estado no se ponga en marcha. Ni siquiera en los aspectos en los que no se necesita de la aprobación de los presupuestos generales. Y no pasa nada porque, al menos la impresión que a mí me da, es que no existe voluntad política de ponerlo en marcha por parte de la gente que nos gobierna. Esa gente mediocre que es capaz de hacer chantaje emocional con un tema tan delicado como lo son los asesinatos de las mujeres y las niñas para intentar que otros partidos les apoyen las cuentas.

Por supuesto el resto de partidos buscan también su particular rédito político a un teórico SÍ a esas cuentas. Pero entre esos réditos no se encuentra como objetivo prioritario la puesta en marcha de medidas que prevengan esos asesinatos de mujeres.

Y ahí me surge una duda que hoy quiero compartir ¿Tendrá alguna cosa que ver con que todos los dirigentes de los partidos políticos sean hombres y por tanto no acaben de empatizar con lo que realmente supone la sangría de mujeres y niñas asesinadas por el patriarcado, del cual ellos forman parte?

No quiero, ni de lejos, criminalizar a todos los hombres. Faltaría más. Sencillamente veo cómo, salvando excepciones de dirigentes de algunas instituciones, el tema de la igualdad entre mujeres y hombres es un tema atrayente dentro de la agenda política, pero no lo es de igual manera el de la prevención de las violencias machistas. Y se ha de entender que el máximo grado de desigualdad entre mujeres y hombres es el asesinato de mujeres. No se puede trabajar la igualdad sin trabajar, también y de forma indisoluble, la prevención de las violencias machistas de todo tipo.

Y esas violencias no solo son las físicas, las hay también institucionalizadas que es lo que han de aprender a corregir la gente que ostenta cargos públicos de cualquier índole

El pírrico pacto de Estado, fue la consecuencia de la lucha de mucha gente por visibilizar lo que nos pasa a las mujeres por ser mujeres y concretamente el hecho de poner sobre la agenda política de todos los partidos la necesidad de poner fin a esos asesinatos así como a cualquier tipo de violencia. Pero la mediocridad de nuestros gobernantes vuelve a demostrarse cuando no ponen en marcha algunas de las medidas pactadas y que no necesitan de los presupuestos generales.

Otra vez las vidas de mujeres y criaturas pasa por tener precio partidista para obtener beneficios de gobierno o de cualquier índole. Otra vez se "diluye" el problema porque además las víctimas han perdido su propia voz. Las asesinadas porque ya no están y las que quedan porque se convierten en muertas vivientes por todo el dolor y sufrimiento acumulado.

Y mientras sigue la función esperpéntica del intercambio de cromos entre gentes que no tienen ni idea de lo que sus decisiones o, lo que es peor, su falta de decisiones les puede costar a muchas mujeres y niñas. Les puede costar directamente la vida.

Y con la excusa de la falta de presupuestos, cualquier exigencia de medidas para la sensibilización, la prevención y la actuación quedan en agua de borrajas o, directamente en un chantaje para mantenerse en el gobierno.

Es un gobierno paralizado y al cual la vida de las mujeres, e incluso sus muertes no les resulta dolorosa por muchos lazos morados que se pusieran el pasado 8 de marzo. Un gobierno mediocre por no llamarlo directamente nefasto para la vida de tantas mujeres y criaturas.

Las feministas y la gente de bien a quien nos duelen tanto estos asesinatos no vamos a cejar en nuestra lucha por defender la memoria y las voces de quienes no están y de las que, aun estando, han perdido su voz.

* Corresponsal, España. Comunicadora de Ontinyent.

tmolla@telefonica.net

18/TMC/LGL

Las mujeres representamos 48 por ciento del padrón electoral de este país; sin embargo, en la agenda de las y los candidatos a puestos de representación popular, nos ofrecen tarjetas rosas, o láminas, o despensas. Otros, mandiles y trastos de cocina o legalizar la explotación y objetivización de nuestros cuerpos en los vientres de alquiler o en la prostitución.

Ni las candidatas mujeres, salvo sus honrosas excepciones, representan una garantía para defender los Derechos Humanos de las mujeres alcanzados hasta el día de hoy. Yo no he escuchado una sola propuesta ni de Alejandra Barrales, ni de Claudia Sheinbaum que se identifique con la agenda del movimiento feminista: igualdad sustantiva, oportunidades de trabajo, vivienda, salud, educación, las mujeres desaparecidas, por las víctimas de feminicidio, de acoso sexual, de violencia familiar y sexual, las víctimas de la delincuencia organizada, las desplazadas, las madres que buscan a sus hijas e hijos, las víctimas y sobrevivientes de la trata, de la prostitución y otras formas de explotación sexual, las víctimas del trabajo infantil y del turismo sexual y la pornografía infantil, fenómenos que crecen en total impunidad en nuestro país.

Es imprescindible tocar el tema de las alianzas, la del PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano, que tiene al partido tradicional de izquierda completamente desdibujado, con la menor membresía en su historia; la del PRI, el Verde y Nueva Alianza, a pesar de que sólo Morena ha garantizado revertir la reforma educativa. Y la alianza de Morena y el PT con el PES, que representa a la ultraderecha; por ejemplo, con un candidato al gobierno de Morelos, que aunque fue una estrella del fútbol, tiene fama de creído, alzado y golpeador de mujeres.

Esto es una muestra de lo vil que puede hacer ver a los políticos de izquierda, de derecha, de centro, cuando por un pedazo de poder, son capaces de renunciar a su identidad, a su ideología, con tal de no perder sus privilegios, las prerrogativas de que disfrutan y el registro.

Mención aparte se merece Morena, que aceptó a militantes del PAN, del PRI, del PRD, o sea de todos colores: verdes, tricolores, amarillos, blanquiazules, como Gabriela Cuevas o Eduardo Ramírez, y muchas otras personas más.

Y todo esto cobra especial relevancia cuando será el Senado de la República quien elija de una terna propuesta por el titular del Ejecutivo Federal, al Fiscal General de la Nación para los próximos 7 años. No nos podemos permitir el lujo de una designación fallida como sucedió con el Comisionado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón.

Ojalá no suceda como la semana pasada en el estado de Morelos, donde el Congreso eligió a un Fiscal General del estado, Uriel Carmona Gándara, que es Notario Público, con una esposa Notaria Pública y una madre que también fue Notaria Pública y que seguramente no tendrá, a pesar de ser catedrático de la Universidad Autónoma de Morelos, la experiencia para supervisar la integración de las carpetas de investigación, como tampoco estoy segura que conozca los entuertos del nuevo sistema penal.

Es necesario que en las campañas se encienda una luz de esperanza contra la impunidad que en nuestro país asciende al 98 por ciento y contra la injusticia que a menudo enfrentan las sobrevivientes. Una luz de esperanza que corrija las causas estructurales de la marginación, la exclusión social y la pobreza.

También es necesario que analicemos los discursos, las propuestas, que demos un voto consciente y razonado. Nuestro voto no debe ser moneda de cambio por una torta y un refresco; y aún después del voto debemos mantenernos en la exigencia de la rendición de cuentas.

En nuestro país, el más peligroso para ejercer el periodismo, el país del feminicidio, de las desapariciones forzadas y no voluntarias, del desplazamiento forzado interno, de las miles de fosas clandestinas, del encarcelamiento de activistas, de las más de 200 mil personas asesinadas por una guerra absurda, donde es peligroso defender los Derechos Humanos pero que es reconocido por la corrupción, es indispensable crear conciencia de nuestro derecho a exigir cuentas.

Sí, es cierto, hace años que no votamos por la mejor candidatura, sino por la menos peor, pero vale la pena recordar las palabras del político y filósofo francés Joseph de Maistre (1753-1821) quien sostuvo “que cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece”.

El francés André Malraux (1901-1976), la modificó y dijo que no es que “…los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”. De nuestro continente tenemos el aporte de  José Martí (1853-1895)  "Pueblo que soporta a un tirano, lo merece". Cualquiera de las tres modalidades resulta muy fuerte  para una sociedad que se precie de democrática y que cuente con ciudadanía social. Hagamos lo necesario para merecernos mejores gobernantes y representantes populares.

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).

Twitter: @CATWLACDIR

Facebook: Catwlac Directora

18/TUZ/LGL

A una década de que los partidos políticos fueran obligados a destinar un porcentaje de su financiamiento público para capacitar a mujeres –y con ello allanar el camino para que accedan a cargos de elección– la medida ha funcionado paulatinamente pero todavía falta transparentar el ejercicio de esos recursos.

Desde 2008 este recurso otorgado a todos los partidos políticos con registro nacional, ha alcanzado una cifra de 919 millones 011 mil 673 pesos, presupuesto que se considera prioritario pues es una medida afirmativa que permite la participación de más mujeres en la toma de decisiones y en las estructuras de poder.

Durante los primeros años de esta disposición, las agrupaciones políticas derrocharon este recurso utilizándolo para pagar servicios de fumigación, seguridad, lavandería, aguinaldos e impuestos, bolsas, mandiles, gabardinas, pulseras bordadas, pero tras el escándalo y la denuncia pública del hecho, las mujeres diseñaron candados para que se cumpla el objetivo para el cual fue creado.

El éxito paulatino se observa al revisar que en 2008 las mujeres representaban 22.6 de las diputaciones locales y federales, 18.8 de las senadurías y 4.6 por ciento de las alcaldesas. Actualmente ellas representan 42.6 por ciento de las diputaciones locales y federales, 38 por ciento de las senadurías y aunque a nivel local la presencia femenina todavía es escasa, ya encabezan 14 por ciento de las presidencias municipales.

Con este panorama, las dirigentes de las Secretarías de Igualdad de los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD) y Movimiento Regeneración Nacional (Morena) afirman que pese a todo, debe continuar la inversión para formar liderazgos femeninos, aún cuando hay voces que exigen reducir el financiamiento público que reciben los partidos.

Actualmente, estos montos se usan para pagar tareas logísticas, traslados aéreos y terrestres, hospedaje, alimentos y material de trabajo de las sesiones de capacitación de las mujeres, pero las líderes de las Secretarías consideran que debería invertirse en campañas políticas, es decir en etiquetar una partida para que puedan hacer proselitismo igual que sus pares varones.

OBLIGACIÓN LEGAL

El financiamiento para la capacitación política de mujeres surgió como respuesta a dos argumentos recurrentes que los varones usaban para explicar la magra presencia femenina en el espacio político: “no hay mujeres que quieran participar” o “no están capacitadas para ejercer un cargo de alta responsabilidad”.

Para derrumbar este mito e impulsar el desarrollo de las habilidades de las mexicanas para ser oradoras en los congresos partidistas, alzar la mano en las tribunas parlamentarias o firmar documentos como responsables de instituciones, entre 2007 y 2008 el movimiento feminista junto con senadoras y diputadas insistieron en la necesidad de financiar la capacitación de las militantes para que avanzaran en las estructuras dentro y fuera del partido. 

Fue así que consiguieron, en 2008, el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) dispusiera que los partidos políticos deberían destinar dos por ciento de su financiamiento para la capacitación y promoción política de las mujeres, porcentaje que tras la reforma constitucional en materia político-electoral de 2014 se incrementó a tres.

En 2008 los ocho partidos políticos con registro recibieron 49 millones 513 mil 242 pesos. Aunque la Unidad de Fiscalización del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), hoy Instituto Nacional Electoral (INE), revisó mediante pruebas selectivas que se reportaran los gastos de este rubro, sólo multó al PRD al encontrar que no ejerció el presupuesto etiquetado.

Dos años después, la consultora Natividad Cárdenas Morales, quien analizó el ejercicio de este presupuesto en 2008 y 2009, destapó el despilfarró millonario de los montos cuando al revisar los reportes de gastos encontró que estos recursos se utilizaron para cubrir viáticos, gratificaciones, propaganda y artículos promocionales pero no para fomentar los liderazgos femeninos.

La consultora destacó que si bien el artículo 78, párrafo V del Cofipe estableció la obligatoriedad de los partidos políticos para destinar un porcentaje a capacitación exclusiva de mujeres, en la práctica no existían especificaciones que permitieran determinar ni vigilar cómo se ejercerían esos recursos, lo que hizo que en 2011 las mujeres promovieran una reforma al Reglamento de Fiscalización del IFE para imponer candados legales.

DINERO Y POLÍTICA

Actualmente la disposición está legislada en el Artículo 51 de la Ley General de Partidos Políticos y de acuerdo con el Reglamento de Fiscalización del INE en los Artículos 186 al 189, los montos del tres por ciento se pueden utilizar para cubrir el gasto de cursos, talleres, seminarios, conferencias, diplomados; la edición y producción de impresos; y la realización de audiovisuales o investigaciones que ayuden a la capacitación de las mujeres.

Sin embargo, la maestra-investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Coahuila, María del Rosario Varela Zúñiga, quien realizó un estudio sobre el tres por ciento en 2015, considera que los partidos aun improvisan el ejercicio de estos montos porque no diseñan sus planes de trabajo; o algunos proyectan gastar más de lo presupuestado o ejercen menos recursos de los que reciben.

En una revisión de los planes de trabajo de 2015, Varela Zúñiga encontró que 7 de los 10 partidos nacionales (el Partido Humanista perdió su registro a nivel nacional en noviembre de 2015) privilegiaron gastar en talleres y cursos al destinarle más de 50 por ciento de su gasto; MC equilibró su presupuesto al repartirlo en actividades de capacitación, investigación y difusión, mientras que el Panal gastó más en difusión.

La investigadora también señaló que un tema a revisar son los altos costos de las investigaciones que realizan los partidos porque los gastos son tan diferenciados que un partido puede gastar desde 270 mil pesos en un estudio pero otro puede llegar a erogar hasta un millón 510 mil pesos en una tarea similar.

Para este 2018, año de elecciones federales y locales, los nueve partidos nacionales: PAN, PRD, Morena, Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano (MC), Nueva Alianza (Panal) y Encuentro Social (PES) sumaron 128 millones 889 mil 997 pesos para capacitación de mujeres.

APRENDER A PARTICIPAR

La reforma en materia político-electoral de 2014 que incrementó del dos al tres por ciento los recursos para fomentar liderazgos femeninos también hizo obligatoria la paridad (50-50) en candidaturas a senadurías y diputaciones locales y federales, una combinación que pretende incrementar el número de mujeres en cargos de decisión.  

En opinión de Marcela Torres Peimbert, senadora y titular de la Comisión de Promoción Política de la Mujer en el PAN, el éxito de ambas medidas normativas se puede medir revisando el número de mujeres que ganan elecciones.

Respecto a los recursos para la capacitación, la senadora explicó que de los 22 millones 783 mil 264 pesos que el PAN recibió en 2017, 15 millones se gastaron en un curso intensivo para 100 mujeres líderes del partido que participaron en una convocatoria pública y en un curso de selección para ser aceptadas.

Las elegidas tomaron cursos en instituciones académicas como el ITAM, Flacso y el CIDE y aprendieron cómo participar en elecciones, tuvieron conocimientos de Derechos electoral, oratoria y lenguaje incluyente, entre otras temáticas. El resto del recurso se utilizó para campañas a favor de la participación política e impresos como su Protocolo para investigar la violencia política de género al interior del partido.

Torres Peimbert consideró que la supervisión del INE ha sido puntual para que el PAN no use estos recursos para financiar campañas o proselitismo político y que las capacitaciones sean reales, incluso, dice, ahora tienen una fundación para la investigación y recopilación de la historia de las militantes panistas.

La legisladora aseguró que la capacitación logrará un desequilibrio de la lógica que indica que los hombres son los únicos que pueden participar en los procesos de selección. “Hay muchas mujeres ahora, alzando la mano, que no tienen la lógica de estos grupos (masculinos) de poder”.

Uno de los retos que quedan, expone la senadora, es que los partidos estatales también apliquen el tres por ciento pues agregó que las Secretarías de Promoción Política en los municipios y en los estados no cuentan con recursos etiquetados, algo importante considerando que en el nivel local se ha estancado la participación femenina.

Sin embargo, un estudio de ONU Mujeres sobre la paridad en el país, indica que de las 32 entidades federativas: 18 exigen a los partidos cumplir con tres por ciento para capacitación de mujeres, seis entidades obligan a ejercer cinco por ciento y cuatro entidades indican un dos por ciento.

Únicamente Yucatán aplica una fórmula distinta al establecer que del siete por ciento que los partidos están destinados a aplicar en actividades específicas un 25 por ciento es para liderazgo de las mujeres. Los estados de Baja California, Durango y Tlaxcala no han incluido en su legislación electoral un porcentaje para capacitación.

La titular de la Secretaría Nacional de Mujeres de Morena -partido creado en 2014 y que se ha convertido en una importante fuerza política- Carol Arriaga García, explicó que en 2017 su partido realizó varias actividades de capacitación y de difusión; sin embargo difiere de algunos criterios de la Unidad de Fiscalización del INE que limitan el trabajo de la Secretaría que encabeza.

Por ejemplo, explicó que el organismo electoral pide que promuevan información sobre violencia de género en el ámbito político pero para ella primero se debe hacer visible la violencia contra las mujeres. “Sí, es muy importante, pero cómo empoderar cuando tienes necesidades más apremiantes cuando son víctimas de violencia en su casa. Son cosas que también se tendrían que ir abordando”.

Arriaga García aseveró que cuando el partido entrega su plan de trabajo recibe observaciones del INE porque la unidad de género quiere abordar temas de Derechos Humanos de las mujeres en general y el organismo electoral les pide que los temas sean específicos en el terreno político-electoral, argumentando que para temas de sensibilización ya existen organismos como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

“Habría que definir bien lo que van  a hacer las unidades de género de los partidos y los que va a hacer el Inmujeres, de cualquier forma creo que falta bastante y avanzar en el tema de capacitación no es sencillo”, señaló.

En su opinión, el tres por ciento debería enfocarse en los liderazgos políticos femeninos partidistas y no en mujeres en general pues, en su experiencia, el INE les impide capacitar solamente a las militantes. Aunque cabe decir que en el Reglamento de Fiscalización no hay ninguna prohibición al respecto.

Carol Arriaga consideró benéfico tener un presupuesto etiquetado para las mujeres pero advirtió que el siguiente paso es tener un monto etiquetado para la operación, es decir para que las militantes trabajen en territorio y ganen capital político porque desde su punto de vista para ganar un cargo hay que tener acercamiento con la población.

“Finalmente la  capacitación no te hace ganar una elección. Te ayuda, es un refuerzo, pero lo que más necesitas es vivir esa experiencia, y la experiencia se toma ejerciendo el poder, no solamente en las aulas”, dijo, al detallar que los gastos de operación permiten pagar otros rubros como viáticos o transporte, algo que no se puede hacer con el tres por ciento.

Sobre las reglas de la fiscalización de los recursos del tres por ciento, la morenista indicó que las normas se hicieron con buena intención pero los criterios no son adecuados porque aunque sean muy sofisticados, las cosas sólo salen bien si hay un cambio de mentalidad y si los organismos de mujeres de los partidos tienen independencia presupuestal, hecho que tampoco ocurre.

MÁS DINERO, MÁS LÍDERES

Una de las mujeres convencidas de que las medidas legales ayudan a que las mujeres avancen en la estructura partidaria es la actual dirigente de la Secretaría Nacional de Igualdad de Género del PRD, Rogelia González Luis, quien se dice beneficiaria de la formación derivada del tres por ciento.

Indígena zapoteca, originaria del municipio de Juchitán, en el estado Oaxaca, desde el 9 de diciembre es parte del Comité Ejecutivo Nacional de su partido, una agrupación que, asegura, impulsa el liderazgo político de las mujeres.

Aunque se puede cuestionar el éxito de la inversión en foros, encuentros, conferencias y materiales impresos, para la también activista oaxaqueña, estos encuentros y libros sirven para hablar de los derechos y las agendas pendientes pero también para que más mujeres desarrollen su liderazgo.

A una década de que comenzara la política de recursos etiquetados para que las militantes se formen, Rogelia González consideró que el ejercicio de estos recursos ha mejorado, más, considerando que en 2008 el PRD fue el único partido multado por no gastar esta partida.

Es necesario, detalló, seguir impulsando que se respete y que se incremente el presupuesto y recordó que en 2017 los recursos destinados a su partido se utilizaron para talleres y encuentros, y se editó el Protocolo para atender violencia política de género.

TRANSPARENCIA

El PRI cuenta con el Organismo Nacional de Mujeres Priistas (OMPRI) a cargo de la senadora Hilda Flores Escalera, a quien no fue posible localizar para consultar su opinión. Sin embargo al consultar la plataforma de transparencia del partido para 2017, se observó que el PRI realizó actividades de capacitación, promoción y desarrollo de liderazgo de las mujeres, de las cuales destaca una plataforma tecnológica para enseñar competencias políticas y de gestión municipal.

Otra parte de los recursos para capacitación de mujeres se gastó en cursos de aprendizaje en diferentes estados, dirigidos especialmente a mujeres jóvenes, adultas mayores, indígenas y con discapacidades; y en un seminario internacional para lideresas que se realizó en la Ciudad de México, el cual duró dos días y costó 3 millones de pesos.

En materia de investigaciones, el PRI imprimió manuales sobre el discurso político y uso de redes sociales con perspectiva de género, causas de la violencia política contra las mujeres, y un manual para prevenir, atender y sancionar la violencia política contra las mujeres.

Pese a ello, académicas y activistas aseguran que falta un escrutinio puntual de estos montos para evitar que la norma sea burlada.

Lo anterior porque el 14 de diciembre de 2016 el INE revisó los informes de los partidos políticos sobre los recursos ejercidos en 2015 y acordó que en 2017 los partidos debían ejercer los que no gastaron en 2015; es decir, el subejercicio se compensaría dos años después, además de que en la fiscalización de 2016 el INE detectó que hubo partidos que entregaron modificaciones a su plan de trabajo sobre capacitación de mujeres de manera extemporánea u omitieron presentar los resultados, impacto y cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores de los proyectos en la materia. 

18/AGM/SG/LGL

Los partidos políticos representan la principal plataforma para llevar a las mujeres a puestos de decisión; pero también el mayor obstáculo para que influyan en la agenda y el debate público.

Los 9 partidos con registro nacional son los responsables de no postular mujeres como candidatas; no consideran a las militantes a la hora de elegir a sus abanderados y tampoco tienen una agenda de género durante y después de las campañas proselitistas. 

Estas son sólo algunas de las razones por las que un reciente estudio de ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) concluyó que los partidos políticos no son la mejor vía para que las mujeres ejerzan sus derechos político-electorales.

No obstante, las secretarias de las unidades de género de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD) y de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) aseguran que a pesar de los datos, los partidos trabajan a favor de la participación política de las mujeres. 

PARTIDOS REPROBADOS 

ONU Mujeres y el PNUD elaboraron un índice de Paridad de Género como parte del proyecto “Atenea. Por una democracia 50/50”. De acuerdo con éste, México obtuvo un puntaje de 66.2 sobre 100 al evaluar la aplicación de la paridad de género. 

De ocho rubros revisados, los partidos políticos obtuvieron la menor calificación con 57.4 puntos. Sólo tres reconocen la paridad en sus estatutos; las militantes apenas representan 25.4 por ciento de los órganos directivos partidistas; y aunque ocho cuentan con instancias de igualdad, sólo dos tienen facultades para participar en la selección de candidaturas.

El estudio concluye que es preocupante la distancia que guardan los derechos y obligaciones de la militancia respecto de las prácticas y mecanismos de control de la militancia femenina. Si bien por un lado los líderes dicen estar a favor de la inclusión de más mujeres, en los hechos son quienes han impugnado la paridad a través de juicios o han buscado mecanismos para evadirla.

Ejemplo de ello es la elección de 2009, cuando los partidos obligaron a nueve diputadas electas por el principio de representación proporcional a renunciar a sus cargos el día que tomaron protesta para sustituirlas por sus suplentes varones, algunos familiares de ellas. Con esta acción los partidos cumplieron la ley al postular mujeres pero en los hechos los varones ejercieron los cargos.

Ante la resistencia de los partidos para promover más mujeres en órganos directivos y en candidaturas los organismos electorales como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) crearon un Observatorio para vigilar el cumplimiento de la ley en 2015 y un Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en 2016.

La consejera del INE, Dania Paola Ravel Cuevas señala como preocupante este tema porque a pesar de ello los partidos tienen libertad de autodeterminación para definir sus reglas y órganos internos y las autoridades electorales sólo pueden evaluar que los estatutos no tengan disposiciones inconstitucionales.

Sin embargo, aunque los partidos afirman que buscarán mejorar la calidad de vida de mujeres y hombres, en las plataformas electorales no consideran los temas de género. Por ejemplo, en las elecciones federales de 2012 la colación PRD-Partido del Trabajo-Movimiento Ciudadano fue la única que integró propuestas en materia de salud sexual y reproductiva, igualdad de género, violencia contra las mujeres y participación política.  

FALTA FORTALECER PARTIDOS

El estudio reveló que los partidos mejor posicionados en la evaluación sobre paridad son PRD y PRI que cuentan con unidades de género con facultad para participar en la selección de candidaturas; incluso el PRD fue considerado la entidad que más protege los derechos de sus militantes porque en sus estatutos incluye la garantía de la paridad vertical y horizontal.

Al respecto la secretaria nacional de Igualdad de Género del PRD, Claudia Castello Rebollar, expuso en entrevista con Cimacnoticias que hay partidos que sí están trabajando a favor de la participación de más mujeres pero destacó que falta fortalecer las acciones que ya se hacen para que las ciudadanas puedan llegar a ejercer el poder.

Como muestra del interés de su partido en estos temas, Castello Rebollar dijo que en septiembre crearon su propio Protocolo para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Política en razón de Género. Ello tras el asesinato de dos de sus militantes por su actividad política: Aidé Nava González, precandidata a la alcaldía de Ahuacuotzingo, en Guerrero, en 2015; y Gisela Mota Ocampo, alcaldesa electa de Temixco, Morelos, en 2016.  

“Si bien los partidos políticos, en general, todavía tienen muchos pendientes en materia de empoderamiento de las mujeres, ahora se nos obliga a aplicar un tres por ciento, se nos incentiva a tener mayor capacitación para nuestras mujeres, pero me parece que todo eso todavía no alcanza para que las mujeres podamos acceder y decidir políticamente en los partidos”, dijo.

Para la senadora y presidenta del Organismo Nacional de Mujeres Priístas (ONMPRI), Hilda Flores Escalera, hay grandes tareas desde los partidos políticos y desde el legislativo. Destacó que recientemente el PRI reformó sus documentos básicos para incluir la paridad de género y el uso del lenguaje incluyente y no sexista y promueve la formación y capacitación de las mujeres a través de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas que busca la profesionalización de las militantes.

No obstante, señaló que es necesario tener recomendaciones de las expertas en temas como el uso del tres por ciento del presupuesto que los partidos deben destinar para la formación de liderazgos femeninos.

En el PRI los cargos de dirigencia en los Comités Nacional, estatales, municipales y delegacionales, no pueden incluir una proporción mayor al 50 por ciento de militantes de un mismo sexo, criterio que también aplica para candidaturas en el ámbito federal, local y en ayuntamientos.

Uno de los partidos que no cumple con todos los criterios que contempló el estudio de Naciones Unidas es Morena, que cuenta con una unidad de género pero sin facultad para participar en selección de candidaturas y solo tiene dos mujeres y 17 hombres en la integración de su dirección ejecutiva.

17/AGM/LGL

Los partidos políticos tienen plena libertad para autodeterminarse en su interior y definir sus reglas para promover la participación política de las mujeres y aunque los organismos electorales se encargan de calificar sus estatutos, únicamente pueden evaluar que no tengan disposiciones inconstitucionales.

Así lo afirmó la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Dania Paola Ravel Cuevas, en entrevista con Cimacnoticias después de participar en la presentación del Índice de Paridad Política (IPP) en México que encontró que uno de los mayores obstáculos para la participación de las mujeres en la arena política son los partidos políticos.

El IPP que elaboró ONU Mujeres y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como parte del proyecto “Atenea. Por una democracia 50/50”, encontró que México obtuvo un puntaje de 66.2 sobre 100 y concluyó que las agrupaciones políticas son el principal obstáculo para fomentar la presencia de las mexicanas en cargos de toma de decisiones.

De acuerdo con el índice que se presentó este 10 de octubre, el cual analiza 8 rubros, entre ellos los compromisos en el marco legal, determinó que un gran avance para el caso de México, fue elevar (en 2014) a rango constitucional la paridad, aunque destacó que hay rubros por trabajar aún como en el de las presidencias municipales y ayuntamientos donde la presencia de las mujeres es muy baja.

De acuerdo con el IPP solo tres partidos cuentan con una regulación sobre paridad en sus estatutos; las militantes en promedio representan 25.4 por ciento de quienes integran las instancias ejecutivas; y aunque ocho partidos tienen instancias de igualdad, sólo dos tienen facultades para participar en la selección de candidaturas.

Consultada sobre este tema, la consejera del INE y ex consejera del Instituto Electoral de la Ciudad de México, señaló que los partidos políticos pueden determinar con plenitud de libertad cómo se van a conformar, que órganos van a tener y cómo estructurar sus instancias de justicia o si van a tener una Unidad de Igualdad o de La Mujer.

Es por ello que consideró que documentos como el recién presentado por las instancias de Naciones Unidas en México buscan mejorar las condiciones del contexto político electoral en la sociedad y son valiosos porque sirven como guía para para las agrupaciones políticas.

La paridad, señaló, “más que una exigencia de la autoridad se vuelve una exigencia social, que al interior de los partidos políticos exista paridad” y destacó que hay otras vías para la participación política de las mujeres como las candidaturas por la vía independiente y los mecanismos de participación ciudadana que se encuentran en las entidades federativas, por ejemplo, los Comités Ciudadanos o los Consejos de los Pueblos que buscan incidir en su comunidad.

Otra forma de intervenir en política es participar como observadoras electorales, funcionarias de casillas. “Hay muchas y muy diversas formas para empezarse a meter en la política, como consejeras distritales. En el INE sacamos convocatorias para esos temas. Entonces, la participación para las mujeres no se limita al ámbito de los partidos, pero si son preponderantes”.

Aun cuando los partidos tienen libre determinación, los órganos electorales han tomado acciones para promover los derechos de las ciudadanas al interior de estos órganos. Un caso relevante, dijo la consejera, fue en junio pasado cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Partido del Trabajo (PT) garantizar la paridad de género en la integración de sus órganos directivos partidistas.

Al resolver un juicio, por primera vez el Tribunal Electoral ordenó a un partido considerar el principio de paridad en la integración de sus máximas instancias. “Si vamos a caminar por ese precedente también deben darse cuenta los partidos políticos que con mayor razón tienen que hacer las reformas reglamentarias necesarias para garantizar la paridad en sus órganos directivos”, destacó la consejera.

En este sentido el INE está trabajando para determinar los criterios de paridad que deberán cumplir los partidos de cara a las alecciones de 2018 cuando se renovará Presidencia de la República, Cámara de Diputados, Senado y cargos estatales y locales.

Actualmente el Artículo 3 de la Ley General de Partidos Políticos prohíbe que las candidaturas de mujeres sean postuladas exclusivamente en los distritos donde el partido haya obtenido los porcentajes más bajos de votación; en el mismo sentido el Artículo 282 del Reglamento de Elecciones define tres estratos de votación (baja, media y alta) para que las abanderadas no estén solamente en distritos perdedores.

17/AGM/LGL

1) Lynn Dorser de 52 años jamás imaginó que el video que grabó teniendo sexo durante media hora con su pareja se haría público. La directora ejecutiva del Buró de visitantes y turismo de Louisiana, Estados Unidos, quiso enviar el video privado por Instagram, pero como comenzó a utilizar esa red sin leer las instrucciones básicas (como hacen la mayoría de usuarios), lo publicó abiertamente.
 
Confrontada por los medios, con gran candidez declaró que es una neófita en redes sociales, como el Buró tiene Community Managers a ella le llamó la atención entrar a ese mundo de los jóvenes que parece tan sencillo y divertido.
 
2) Durante la campaña de Donald Trump su equipo de manejo de redes sembró un tuit falso con estructura de noticia formal asegurando que el Papa Francisco apoyaba la candidatura.
 
La falsa noticia tuvo un millón de clicks y retuits, se calcula que  30 por ciento de retuits iniciales fueron parte de la estrategia de bots (o cuentas robotozadas).
 
Periodistas y opinadores con cierta credibilidad cayeron en el juego, perdieron el tiempo, argumentaron su incredulidad sobre el apoyo vaticano, discusión que derivó en una babel de insultos a la iglesia, amenazas entre tuiteros y diatribas rabiosas.
 
Cuando se aclaró que el Papa jamás había apoyado a Trump, la noticia ya había sido sembrada en cientos de miles de personas que no siguieron a las cuentas aclaratorias y los medios se ocuparon de otra cosa.
 
3) Todos los estados de la República Mexicana invierten sumas millonarias en equipos especializados en manejo de redes (manipuladores comunitarios), dichos gastos se insertan, en su mayoría, en los presupuestos de seguridad y Gobernación, por tanto se mantienen en la opacidad.
 
Cuando en 2015, Wikileaks evidenció la presencia de compañías de hacking en los gobiernos locales, los medios lo cubrieron sin entender que esos gastos millonarios son apenas una fracción de lo que nuestros impuestos pagan a las empresas privadas de seguridad con experiencia en espionaje, inteligencia táctica y operativa.
 
Los expertos como la empresa, Israelita Grupo Kabath con diversas filiales, llevan a cabo el espionaje cibernético enfocado en la seguridad interna y espían a periodistas y “adversarios” del gobierno en turno.
 
Grupos entrenados e integrados por jóvenes sin principios, ni ética se dedican a manipular información, atacar a periodistas, sembrar mentiras y rumores que virilizan a través de programas comprados para la seguridad interna y no para ataques a la sociedad.
 
4) Durante las recientes protestas contra el alza de combustible y la corrupción generalizada de los gobiernos, logré obtener un par de tarjetas informativas de servicios de inteligencia federal.
 
En ellas aparece un llamado en redes de parte de estudiantes universitarios para llevar a cabo manifestaciones y bloqueos contra el gasolinazo en cinco puntos del país.
 
En otra tarjeta se expresa que es posible que los vecinos de colonias aledañas se unan, así como grupos de perfiles anarquistas que intenten cerrar vialidades.
 
A continuación, aparece el listado de personas y organizaciones que coordinan las manifestaciones y bloqueos. Una tercera parte son las creadas por el propio Partido Revolucionario Institucional (PRI) para acarrear, manifestarse y manipular elecciones; otros son empresas transportistas y las demás responden a otros partidos e intereses.
 
Los saqueos en cambio fueron organizados inicialmente y directamente desde dos cuentas con gran capacidad de infiltración: Anarquía por México y Secta Científica.
 
Un experto de la ciberpolicía federal me asegura que hay grandes probabilidades de que el llamado a los saqueos se originara por “fuego amigo” en la guerra interna del PRI, que en cambio, las movilizaciones pacíficas, que sumaron a millones, son claramente fomentadas por la sociedad civil en forma desordenada y horizontal.
 
Utilizo estos tres puntos para ilustrar la compleja situación en la que nos encontramos. Tenemos claro que estamos en la era de la post-verdad o pos-verdad (post truth), de acuerdo con el diccionario Oxford la post-verdad es un adjetivo que explica que los hechos objetivos y la verdad se han vuelto menos importantes que el llamado a las emociones que fortalece las creencias personales.
 
Por eso, el periodismo formal, basado en datos y hechos objetivos es doblemente responsable de evitar convertirse en instrumento de la post-verdad que desde la política electoral han impregnado las redes sociales, potenciando la incertidumbre y debilitando el diálogo informado.
 
* Plan b es una columna cuyo nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
17/LCR/KVR

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México protegió el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad al desechar las propuestas para incluir la “protección de la vida desde el momento de la concepción” en la Constitución Política capitalina.
 
En la sesión de este 4 de enero el pleno rechazó por mayoría discutir las reservas al artículo 11 constitucional presentadas por legisladores de los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES).
 
Después de aprobar con 83 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones el pleno desechó las propuestas de modificación al no admitirlas a discusión.
 
En el debate la constituyente, Beatriz Pagés Llergo Rebollar, quien fue designada legisladora por el Ejecutivo, expuso que el artículo 11 sobre el derecho a la autodeterminación personal, la sexualidad, la reproducción, la familia, la justicia y la libertad de creencias era sin duda una oda a la libertad individual, íntima y personal del ser humano.
 
A decir de la Pagés Llergo, ese es un texto que permite decirle a los jóvenes, a las niñas adolescentes, a la mujer, al varón y a los ciudadanos en general que son libres de elegir su identidad y su vida sexual y reproductiva por lo que se pronunció en contra de las posibles modificaciones.
 
Una de las defensoras de la “vida desde la concepción” fue la priista Lisbeth Hernández Lecona, quien al presentar su reserva aseguró que este derecho no tenía protección individualizada en el dictamen, a pesar de ser un derecho fundamental para disfrutar del resto de los Derechos Humanos.
 
En opinión de Hernández Lecona, quien en la Comisión Carta de Derechos buscó incluir esta frase en la Carta Magna de la Ciudad de México, establecer este principio estaba en concordancia con los tratados de Derechos Humanos suscritos por México; sin embargo su propuesta no se aceptó para discutirla.
 
Otra de las promotoras de cambiar la redacción del articulado para sentar las bases para limitar la maternidad libre y voluntaria fue la priista María de la Paz Quiñonez, quien en 2007, como asambleísta del PAN, se opuso a la despenalización de la interrupción del embarazo hasta las doce semanas de gestación, en la capital del país.
 
En esta ocasión la constituyente dijo que el mayor compromiso del Legislativo era con la sociedad y por ello consideró que se debía determinar que un ser humano –desde la concepción, hasta su muerte natural– debe ser sujeto de la protección de los derechos que establecen las leyes; propuesta también rechazada.
 
A estas propuestas se sumó la constituyente del PAN Cecilia Romero Castillo, quien criticó que el artículo aprobado en lo general consagraba “la no discriminación, la inclusión y la protección de las minorías” pero no la “vida desde la concepción”.
 
“No es un tema ideológico, compañeros, no es un tema partidista, es un asunto vinculatorio del Estado mexicano con la comunidad internacional y, sobre todo, con todos los seres humanos que formamos parte de la Ciudad de México”, dijo.
 
A las legisladoras se sumaron los constituyentes Luis Alejandro Bustos Olivares del PVEM y Hugo Eric Flores Cervantes del PES, quienes aseguraron que la inclusión de esta frase no tenía como objetivo criminalizar a las mujeres.
 
En la sesión de este miércoles que se prolongó por más de nueve horas se aprobó modificar el artículo 11 para incluir “el derecho a una muerte digna” que allana el camino para la legalización de la eutanasia.
 
17/AGM/KVR

La Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó en lo general el artículo 11 de la Constitución Política que establece el derecho a la autodeterminación personal, el derecho a la sexualidad, la reproducción, la familia, la justicia y la libertad de creencias aunque los partidos continúan la discusión en lo particular.
 
Aprobado con 83 votos a favor, 3 en contra y 3 abstenciones, los constituyentes continúan la discusión de las reservas que presentaron los Partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM) y Encuentro Social (PES) para eliminar los derechos sexuales y eventualmente prohibir la interrupción legal del embarazo en la capital del país.
 
Estas fracciones parlamentarias pretenden establecer la “protección de la vida desde la concepción” –lo que abriría la puerta para la prohibición del aborto– y eliminar la redacción donde se indica que toda persona tiene derecho a la sexualidad sin discriminación, con respeto a la preferencia sexual, orientación e identidad de género.
 
En la sesión de hoy, en defensa del artículo 11 estuvieron las constituyentes Lol Kin Castañeda del PRD; Gabriela Rodríguez de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y Gabriela Cuevas del PAN quien si bien defendió el dictamen dijo que sin el derecho a la vida no se pueden considerar otros derechos.
 
En contra del dictamen habló la diputada del PRI, Yolanda de la Torre, quien desde la tribuna dijo que su partido está a favor de las mujeres pero destacó que, sin una postura regresiva ni conservadora, estaba en contra del dictamen porque no incluía el “derecho a la vida, así simple y llanamente”. 
 
Las legisladoras reconocieron el avance que representa este artículo toda vez que se incluye los derechos de las familias, la libre autodeterminación, el derecho a una vida libre de violencia y se reconoce la violencia obstétrica, entre otros temas pero de acuerdo con las reservas que esta tarde se discuten, los partidos políticos intentarán cambiar la actual redacción del artículo 11 del proyecto de Carta Magna.
 
El PRI propone que el apartado A de este artículo diga que “todo ser humano tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción, hasta la muerte natural. Este derecho estará protegido por la ley”, redacción similar a la que plantean los otros partidos políticos. 
 
En concordancia el PAN quiere que este apartado diga que “la Ciudad de México reconoce, protege y tutela el derecho a la vida de todo ser humano” y que las personas tienen derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijas e hijos “sin más límite que el que establezca la ley”.
 
También el PVEM y el PES tienen reservas para incluir el “derecho a la vida” en el texto constitucional que deberá aprobarse a finales de este mes.
 
Por su parte, Morena presentará una reserva pero esta será para incluir en el artículo 11, apartado F que toda mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo, lo que incluye el derecho a decidir de manera libre e informada sobre su maternidad así como “el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo”.
 
Cabe decir que en el caso del PRI la propuesta de cambio fue presentada por constituyente Lisbeth Hernández Lecona; por el PAN, Cecilia Romero Castillo; por el PEVM, Luis Alejandro Bustos; y por el PES, Hugo Eric Flores, José Andrés Millán y Aida Arregui Guerrero; por tanto faltará que el resto de sus compañeros apoyen y aprueben las reservas. 
 
En la sesión también presentaron reservas la diputada del PRI, Paz Quiñones, Isidro Cisneros del PRD y la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Olga Sánchez Cordero. 
 
No sería la primera vez que PRI, PAN y PVEM coinciden en iniciativas para limitar el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción del embarazo toda vez que desde 2008 en 17 estados lograron reformar –en ocasiones con apoyo de la izquierda– las constituciones locales para proteger la vida desde la “concepción-fecundación” y promover la criminalización de las mujeres que tienen un aborto.
 
Durante la sesión de hoy que se realiza en la casona de Xicoténcatl hubo protestas de grupos próvida y es que desde el fin de semana la Iglesia católica arremetió contra los legisladores por permitir el derecho a elegir de las mujeres en la Carta Magna. 
 
Al iniciar la discusión del proyecto de Constitución capitalina las y los constituyentes también aprobaron en lo general con 85 votos a favor, uno en contra y una abstención el artículo 10 del texto que establece la justicia de los derechos y el Sistema Integral de Derechos Humanos, por lo que en discusión seguirá el artículo 11.
 
17/AGM/KVR

Desde este 1 de enero, el 10 por ciento de los 570 municipios de Oaxaca son gobernados por mujeres. Para algunas, la batalla va más allá de las urnas porque  ahora tienen que defenderse y luchar contra hostigamientos y agresiones que pretenden obligarlas a dejar el cargo.
 
Durante los procesos electorales que se desarrollaron el año pasado,  fueron electas 61 mujeres; 38 de ellas fueron elegidas por el régimen de partidos políticos y 23 por sistemas normativos internos conocidos como usos y costumbres.
 
La toma de protesta se llevó a cabo este 1 de enero y desde entonces arreció la violencia contra quienes lograron la mayoría de votos en las urnas, tal es el caso de la presidenta municipal de San Pedro Atoyac, Irma Aguilar Raymundo, quien luego de asumir el cargo fue golpeada por familiares del síndico municipal, Gabriel Ángel Guzmán, quien reclama la primera concejalía.
 
La representante del Colectivo por la Ciudadanía de las Mujeres, Anabel López Sánchez indicó que además de este caso de agresión existen al menos tres más contra síndicas.
 
“En realidad es un avance importante que más mujeres hayan llegado al poder, pero resulta que cuando ya llegaron al cargo, las quieren destituir, las hostigan y amenazan, sobre todo, aquellas que obtuvieron el cargo de la sindicatura. Los hombres no las quieren en ese puesto”, mencionó Anabel López.
 
Aunque en términos porcentuales aún se encuentra lejana la paridad de género en los puestos de toma de decisiones, el número de presidentas municipales representan una cifra histórica al crecer de 17 presidentas en 2016 a 61 en 2017.
 
López Sánchez llamó al gobierno del Estado a garantizar las condiciones de seguridad para que las mujeres desempeñen su cargo y que las leyes no sean burladas por los partidos políticos.
 
“Hasta el momento conozco que son tres síndicas las que están siendo hostigadas (…), a mayor participación política de las mujeres, mayores son los riesgos son los que corremos, por eso es necesario que el Estado garantice que las mujeres puedan llegar pero también que puedan desempeñar sus cargos”, declaró.
 
En las próximas horas se establecerán las denuncias correspondientes, en algunos casos será por la vía penal debido a que los hechos violentos se cometieron en contra de las mujeres, mientras se realizaban los cambios de autoridades municipales.
 
17/CLV/KVR

Alguna noche de hace años, cuando yo aún no sabía que existían los feminismos en México, vi un documental donde Lydia Cacho hacía un “statement” poderoso al enunciarse una mujer que, al luchar contra la pederastia en el estado de Quintana Roo, enfrentaba las consecuencias impuestas por la corrupción mexicana.
 
Hoy, después de años, recuerdo esa noche gracias a la designación para la Fiscalía General del estado de Quintana Roo. En octubre de 2004, un juez giró la orden de aprehensión contra Jean Succar Kuri, que huyó a los Estados Unidos alertado por una red de políticos, misóginos por obligatoriedad de clase y género en este país.
 
Miguel Ángel Pech Cen, propuesto por la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) para ocupar el cargo de fiscal en Quintana Roo, es uno de los políticos que conformaron esta red de corrupción en la que se asentó uno de los antecedentes más dolorosos para las mujeres mexicanas, en términos de corrupción ante la pederastia, la esclavitud sexual y la persecución criminal y hostigamiento de periodistas.
 
Con 24 votos a favor: Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido Encuentro Social (PES), Partido Nueva Alianza (Panal), Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y un diputado independiente nos han recordado que los derechos de las mujeres son una cosa secundaria en los temas políticos, que no nos alcanza la preparación, la perspectiva de derechos humanos cuando somos mujeres, que pase lo que pase en este país, seguiremos siendo relegadas de los puestos de toma de decisión cuando competimos contra un hombre corrupto. El compadrazgo que siempre será más que suficiente para ocupar los cargos en México.
 
Se designó a Miguel Ángel Pech Cen como fiscal general de Quintana Roo, omitiendo sus graves antecedentes, y desde luego, ignorando la demanda ciudadana de transparencia en la elección.
 
Una vez más, uno de los hombres vinculado con las administraciones que fueron evidenciadas en “Los Demonios del Edén”, ocupa un lugar donde la toma de decisiones afectará a toda la población.
 
¿Y si no era a él, a quién? Entérese, estimada lectora, de que el gobernador de Quintana Roo tenía la posibilidad de incluir en la terna a Araceli Andrade, una abogada que, además de cubrir el perfil que el puesto exige, es una de las mujeres que incidieron para lograr una de las sentencias más importantes en la lucha contra la pederastia y la violencia machista en México.
 
Gracias a ella y a otras mujeres, fue posible impartir justicia y castigar al pederasta Jean Succar Kuri por el delito de pornografía infantil con una sentencia histórica de 112 años. Sin embargo a Araceli Andrade la dejaron fuera de la terna.
 
En cambio, repentinamente y con la gracia de la violencia política hacia las mujeres en México, incluyeron en esta terna, al abogado Miguel Ángel Pech que como funcionario fue sospechoso de obstruir la ley y la justicia también en el caso de Succar Kuri.
 
La negligencia y el entorpecimiento al caso relativo del tráfico de menores de edad conocido como La Casita no le bastaron a los diputados para tener algo de vergüenza esta vez.
 
¿Cuál es el argumento de dejar a mujeres capaces como Araceli Andrade fuera de la terna para fiscal? Argumentos no hay, pero sí un mensaje lleno de violencia política, misoginia normalizada en la oligarquía mexicana, machista por excelencia que ha vetado a Araceli Andrade.
 
Necesitamos instituciones que garanticen un ejercicio pleno de los derechos tanto para hombres como para mujeres y particularmente para los niños y niñas sumamente desprotegidos y violentados en nuestro estado.
 
Se necesitan instituciones donde se puedan investigar, perseguir y juzgar a sus antecesores, encabezadas por personas imparciales, sin intereses partidarios, que garanticen estar del lado de la ciudadanía y no del lado de políticos, delincuentes o trasgresores de los Derechos Humanos.
 
Vemos con profundo pesimismo como se desvanecen las esperanzas de seguridad y justicia para hombres y mujeres quintanarroenses, siendo nuevamente espectadores de aquellos tiempos de simulaciones y abusos, en las que se omiten las necesidades de atención a problemáticas.
 
La ciudadanía organizada del estado afirma que ninguna administración, ni secretaria de seguridad o Fiscalía en Quintana Roo ha logrado prevenir la grave violencia feminicida que azota al estado (uno de los primeros lugares a nivel nacional, como ocurre con el delito de violación).
 
Así las cosas en Quintana Roo, después de una sentencia histórica. Y es que los caballeros no tienen memoria.
 
*Cynthia Híjar Juárez es educadora popular feminista. Actualmente realiza estudios sobre creación e investigación dancística en el Centro de Investigación Coreográfica del Instituto Nacional de Bellas Artes.
 
@CynthiaHijar
 
16/CH/KVR