Veracruz

Ante al incumplimiento de las medidas recomendadas para garantizar la seguridad de mujeres y niñas en Veracruz, y la garantía de sus derechos reproductivos, organizaciones defensoras de Derechos Humanos instalaron un Mecanismo Ciudadano de Vigilancia para revisar el cumplimiento de las dos declaratorias de Alerta de Violencia de Género (AVG) en el estado.

En un comunicado, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) anunció que organizaciones estatales, nacionales e internacionales decidieron instalar este observatorio ya que el Estado no ha cumplido con las medidas relacionadas con la erradicación de violencia de género y la transgresión a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Veracruz es la primera entidad con dos declaratorias de AVG. La primera se solicitó el 9 de septiembre de 2015, debido a que de 2000 a 2015 se registró el asesinato de mil 214 mujeres y niñas. Luego del incumplimiento de las recomendaciones esta Alerta fue declarada el 23 de noviembre de 2016.

Posteriormente, al no garantizarse los derechos sexuales y reproductivos de las niñas y mujeres veracruzanas, el 5 de abril de 2016, fue solicitada la segunda AVG por agravio comparado. Ante el incumplimiento de las recomendaciones por parte de los tres niveles de gobierno, la Segob decretó la segunda Alerta el 13 de diciembre de 2017.

INCUMPLIMIENTO

A pesar de las dos AVG, que obligan a las autoridades a contar con bases de batos específicas, la autoridad no proporcionó al OCNF información de los feminicidios ocurridos en 2016 y 2017 y tampoco ha cumplido con las recomendaciones derivadas de estos mecanismos de emergencia.

En la declaratoria de AVG por violencia feminicida se recomendó al gobierno estatal crear una Unidad de Contexto para la Investigación de Feminicidios, Homicidios Dolosos de Mujeres, Violencia Sexual y Desaparición de Mujeres que, mediante la elaboración de análisis antropológicos, sociológicos y psicosociales, permita identificar, entre otros, las dinámicas delictivas y de violencia contra las mujeres en la entidad. Sin embargo, no se ha instalado.

En lo que va del 2018 organizaciones locales integrantes del OCNF han registrado hasta el este 26 de abril 68 asesinatos de mujeres, pese al incremento de los casos de feminicidio en el estado, Veracruz no cuenta con un Protocolo de investigación actualizado bajo el nuevo sistema de justicia penal, los estándares de debida diligencia, la perspectiva de género y los derechos humanos.

En este sentido, el OCNF hizo un llamado a las autoridades de Veracruz para que prioricen las acciones y políticas públicas que garanticen la vida e integridad física de las mujeres veracruzanas; investiguen de inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio; y actualice su Protocolo de Investigación del Delito de Feminicidio, entre otras.

A través de este Mecanismo Ciudadano, las organizaciones, el OCNF, la Red Nacional de Organismo Civiles de Derechos Para Todos (RED TDT) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, con la asesoría de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Nacional Unidas para los Derechos Humanos, darán seguimiento a las acciones que las autoridades emprendan a fin de dar cumplimiento a las dos alertas.

REFORMAS NECESARIAS

El OCNF exigió a Poder Ejecutivo implementar un programa estatal para el acceso a la Interrupción del Embarazo (ILE) desde la perspectiva integral; al Poder Legislativo reformar los artículos 148, sobre la inducción o ayuda al suicidio; y 150 y 154 del Código Penal sobre la interrupción del embrazo (con el propósito de garantizar a las mujeres veracruzanas “el derecho a decidir sobre su cuerpo”.

Asimismo, OCFN pidió al Poder Judicial que investigue y resuelva en “un placo razonable” los expedientes y carpetas de investigación iniciadas por el delito de aborto y homicidio en razón de parentesco, privación de la vida de las persona que sea ascendiente o descendente consanguíneo: hermano, cónyuge, concubina, adoptado, con conocimiento de esa relación.

Actualmente, la legislación condena a las mujeres que interrumpen su embraza de 6 a 4 años de cárcel y una multa de hasta 75 días de salario, y  permite el aborto en cuatro causales por “imprevisión de la mujer embrazada”, producto de una violación o inseminación artificial (no consentida) dentro de los 90 de gestación, de no existir peligro para la interrupción (con aprobación médica) y “trastorno físicos o mentales graves” del feto (con consentimiento de la madre y la opinión de dos médicos).

El OCNF afirmó que como organizaciones de la sociedad civil estarán en contacto con el Comité sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en la evaluación que realizará al Estado mexicano en julio próximo, sobre la situación que prevalece en el Estado de Veracruz y que –explicó- hace evidente los restos y obstáculos presenten para un efectivo ejercicio y garantía de los derechos de las mujeres.

Por último, hizo un llamado a la sociedad civil y a las mujeres veracruzanas a sumarse al esfuerzo de estas organizaciones. Asimismo este jueves 26 el OCNF anunció que podría solicitar una tercera Alerta, esta vez por el numero desapariciones de mujeres, 3 millones 159 mil 899 mujeres desaparecidas 2008 a 2017, según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas.

18/AEG

Militante panista y política en contra de la despenalización del aborto, Yolanda Olivares Pérez, fue designada por el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, como directora del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), cargo desde el que, dijo, asumirá el compromiso de garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las veracruzanas.

Olivares Pérez asumió el cargo este jueves 4 de enero en medio de polémicas por su militancia panista y por ser asesora de la presidenta de la Comisión de Igualdad y Género del Congreso local, Teresita Zuccolotto Feito, una de las diputadas que rechazó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación en septiembre del año pasado.

La nueva directora, según dijeron defensoras de Derechos Humanos a Cimacnoticias, tiene dos retos ante la crisis de violencia que viven las veracruzanas: fortalecer el trabajo del Instituto y atener las dos Alertas de Violencia de Género (AVG) vigentes en la entidad, una por feminicidio (decretada en noviembre de 2016) y la otra, por los obstáculos que tiene las mujeres para ejercer sus derechos sexuales y reproductivos, emitida en diciembre pasado.

La nueva directora del IVM fue designada por el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, entre una terna de aspirantes integrada por los dos Consejos Social y Consultivo del Instituto, y que incluía a la ex secretaría del Ayuntamiento de Veracruz, Diana Álvarez Salas y a la académica en Derecho, Rosa Hilda Rojas Pérez.

Finalmente, el gobernador otorgó a Olivares Pérez la responsabilidad de liderar el Instituto Veracruzano, a pesar de la polémica sobre la militancia panista de la candidata.

En su toma de protesta, Yolanda Olivares, aseveró que como parte de su agenda busca coordinar esfuerzos con los poderes legislativo y judicial para “garantizar los Derechos Humanos de las mujeres”, y sin dar detalles, aseveró que emprenderán acciones estratégicas para beneficiar a “todas las mujeres que viven en Veracruz”, reportaron medios locales.

RETOS: ATENDER DOS ALERTAS

La directora de la agrupación Equifonía AC y peticionara de las dos Alertas de Género en Veracruz, Aracely González Saavedra, dijo en entrevista telefónica que la funcionaria ahora tiene como principal desafío atender los altos números de asesinatos de mujeres, la violencia sexual y el contexto de violencia generalizada que afecta a las veracruzanas.

González Saavedra dijo que no deben existir conflictos de intereses por la afiliación partidaria de la directora ya que la obligación de Yolanda Olivares es cumplir con el objetivo por el cual fue creado este Instituto, señaló. “Prevenir, fomentar e instrumentar las condiciones que posibiliten una cultura de equidad de género e implementar políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las mujeres”, precisa la ley de creación de la institución.

“El instituto juega un papel fundamental para incorporar los derechos de las mujeres en las políticas públicas que diseñan las diferentes dependencias”, indicó la directora de Equifonía, por ello Olivares Pérez debe buscar fortalecerlo y retomar las acciones a favor de los derechos de las mujeres en Veracruz.

Por su parte, la representante del Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, Alma Celia San Martín Cruz, hizo hincapié en la obligación de cumplir con las dos Alerta de Género. Las medidas que se desprenden de este mecanismo incluyen generar políticas públicas para prevenir, atender y sancionar los casos de asesinatos de mujeres por razones de género.

En el decreto de Alerta por agravio comparado, es decir, por tener disposiciones que limitan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, emitido el 13 de diciembre de 2017, se llama a despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, añadir a la legislación que en casos donde corra peligro la salud de la mujer gestante ella podrá solicitar la interrupción del embarazo y derogar el límite de 90 días para que una víctima de violación solicite la interrupción del embarazo.

Otras acciones recomendadas por medio de esta Alerta son asegurar que los servicios médicos implementen la Norma Oficial Mexicana 046, que establece los criterios para permitir el acceso al aborto en casos de violación sexual sin interponer una demanda penal y garantizando la atención integral a las víctimas de este delito.

Estas acciones, demandas por la Secretaría de Gobernación (Segob), recordó la representante del Frente Veracruzano, son avaladas por instrumentos y organismos internaciones en materia de derechos de las mujeres, como el Comité de Expertas para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), el Alto Comisionado de Naciones Unidas en Derechos Humanos (ONU-DH) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

San Martín Cruz dijo que en próximos días esperan tener una reunión con la directora para trabajar a favor de las veracruzanas. En tanto, Araceli González, señaló que siguen pendientes las reuniones con la Comisión Nacional Para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) para diseñar el plan de trabajo que seguirá el gobierno estatal tras la emisión de la AVG por agravio comparado.

Olivares Pérez sustituyó a Sara Gabriela Palacios Hernández que estuvo al frente del Instituto por un año y quien fue severamente crítica por la sociedad civil por la inacción ante la problemática del feminicidio y los derechos sexuales y reproductivos. La gestión de la nueva directora será de un periodo de tres años (2018-2020).

17/HZM

El “Observatorio de violencia de género en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género”, realizado por la asociación civil Articulación Ciudadana (Aced) para analizar el impacto de la AVG en el acceso a la justicia para las víctimas, reportó que no hay mejoras y continúa la impunidad.

La Aced presentó este diciembre dicho Observatorio en seis entidades de la República con declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG): Estado de México, Morelos, Michoacán, Veracruz, Nuevo León y Chiapas.

Aunque hasta ahora hay 12 declaratorias en todo el país, este proyecto apoyado por el Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol) se enfocó en el impacto que ha tenido el mecanismo en estas seis entidades por estar activo desde hace un año o más.

Con las obligaciones que se desprenden de la AVG en algunos estados se han creado unidades especiales para investigar este delito y mesas de trabajo para revisar los casos de asesinatos de mujeres que permanecen en la impunidad, sin que se observen mejoras en el acceso a la justicia pronta y expedita para las víctimas, indica el reporte.

De acuerdo con datos proporcionados por las Fiscalías de Justicia sobre casos de feminicidio y el acceso a la justicia, se observa que en el Estado de México, la primera entidad en la que se decretó la AVG en 2015 para 11 municipios, de los 217 casos de feminicidio que registró la Fiscalía General de Justicia local de 2013 a 2016, 76 por ciento sigue sin sentencia, es decir, sólo 52 víctimas de feminicidio accedieron a la justicia. 

En la investigación llama la atención que en estos cuatro años, la incidencia de casos de feminicidio ha aumentado en el Edomex. En 2013 la Fiscalía estatal registró 40 víctimas, para 2016 los asesinatos violentos de mujeres incrementaron a 69, en este año se obtuvo la menor cantidad de sentencias, únicamente nueve del total de casos.

Lo mismo ocurre en Morelos. En 2016 sólo seis por ciento de los 31 casos de feminicidio culminaron en una sentencia, es decir, dos. En años anteriores la tendencia fue similar; de las 64 víctimas reportadas de 2013 a 2015, sólo hubo 21 sentencias.

En el mismo periodo la Fiscalía de Justicia de Michoacán reportó a la organización 29 casos de feminicidio, de los cuales, únicamente tres obtuvieron una sentencia.

En Chiapas tan sólo 16 por ciento de las 142 mujeres asesinadas por razón de género accedieron a la justicia (23 sentencias). Respecto a Nuevo León, la Fiscalía únicamente informó a la organización de una sentencia por este delito desde 2013 a 2016, de un total 5 casos. Este estado tiene el conteo de 217 asesinatos de mujeres de 2014 a 2016 calificados como homicidios.

Estas entidades tienen ya más de un año con la AVG. Morelos fue la segunda en la que se decretó (agosto de 2015), después siguió Michoacán en junio de 2016; en Chiapas y Nuevo León se emitió el mismo día, 18 de noviembre de 2016.

Sin embargo, en todos se refleja la falta de acceso a la justicia para las mujeres asesinadas y un incremento considerable de los casos.  La investigación indica que entre los motivos de solicitud de la Alerta para estos estados se hacía referencia a la falta de justicia y simulación de las autoridades por investigar el feminicidio.

“Al no haber sanciones ejemplares para los feminicidas se envía un mensaje de impunidad y de permisibilidad frente a estos actos contra las mujeres”, señala el documento de Aced.

OTRAS VIOLENCIAS

El reporte de Aced contiene también otras modalidades de violencia de género en estos seis estados con AVG: desapariciones de mujeres, trata y violencia sexual.

Los números de estos tipos de violencia se incrementan año con año, por ello, subraya la organización han incrementado también las declaratorias de Alerta: en 2015 se decretaron dos, en 2016 cuatro, en lo que va de 2017 se han emitido seis más.

De acuerdo con el análisis que hace la asociación 24 por ciento de las mexicanas vive en un municipio declarado en Alerta Violencia de Género.

Los otros estados con Alerta son Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Quintana Roo, Nayarit.

17/HZM/LGL

A un año y medio de que las organizaciones de la sociedad solicitaron la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravio comparado en Veracruz, (por el marco discriminatorio contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres), ayer la Secretaría de Gobernación decretó la emisión de la Alerta, por lo que organizaciones civiles exigieron al gobernador de la entidad, Miguel Ángel Yunes Linares, que cumpla con las obligaciones que se desprenden de ésta.

En conferencia de prensa, integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género; y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, coincidieron en que será fundamental conocer el plan de trabajo que presentará Yunes Linares para cumplir con las obligaciones que estableció la Secretaría en el dictamen y urgieron a que entregue a la brevedad dicho proyecto.

El abogado especialista en género y director de la asociación civil Justicia, Derechos Humanos y Género, Rodolfo Domínguez, recordó que con la declaratoria de la Alerta por agravio comparado las autoridades veracruzanas no pueden evadir sus responsabilidades, están obligados a acatar las medidas mencionadas y ahora Segob, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contralas Mujeres (Conavim), es corresponsable del cumplimiento.

Aseveró que por las graves violaciones a los derechos de las veracruzanas, la entidad será colocada el próximo año en el centro de las denuncias ante el Comité de Expertas para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), quien evaluará al Estado mexicano en 2018.

“Es particularmente grave para un estado tener dos Alertas, se va a colocar la gravedad del asunto en CEDAW, se evidenció que el estado –Veracruz- tienen un marco jurídico que transgrede los derechos de las mujeres, se evidenció que es discriminatorio y que no hay política pública, se le aportaron todos los elementos para que lo cumplieran y asumieron una posición retrÓgrada, esto tiene impactos muy graves”, aseveró Domínguez Márquez.

Agregó que el incumplimiento de los derechos de las veracruzanas puede terminar en un juicio político contra Miguel Ángel Yunes y los servidores públicos que tienen la obligación de cumplirlos, además de los legisladores que negaron despenalizar el aborto.

ACCIONES A CUMPLIR

En el dictamen que publicó ayer Segob volvió a exigir 13 acciones que el estado tuvo que haber cumplido hace seis meses: modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y añadir la causal de salud para que las mujeres puedan acceder a este.

Divulgar y asegurar la implementación adecuada de la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046) para que las mujeres víctimas de violación puedan abortar; elaborar un programa estatal de interrupción legal del embarazo (ILE),  así como campañas para su difusión en la población y garantizar que todas las localidades de la entidad cuenten con centros de salud en los que se pueda promover la ILE de forma gratuita, segura y de calidad con personal no objetor de conciencia y capacitado.

En tanto, al Poder Judicial se le mandó asegurar la reparación del daño integral a las víctimas a quienes les fue negado el acceso al aborto legal.

EL DOLO DEL ESTADO

El Grupo de Trabajo quien fue el encargado de vigilar el cumplimiento de las recomendaciones hechas al gobierno antes de decretar esta segunda Alerta, entregó el pasado 6 de diciembre a Segob el dictamen en el que concluyó por unanimidad, que el estado no cumplió con los estándares del informe.

El informe fue realizado a partir de las recomendaciones nacionales e internacionales en materia de los derechos de las mujeres, en el mismo, participó el Alto Comisionado de Naciones Unidas para asegurar la mayor protección para las veracruzanas.

Durante su participación, la coordinadora del OCNF, María de la Luz Estrada Mendoza, refirió que en el proceso las y los funcionarios del estado demostraron que no quieren asegurar los derechos de las mujeres.  

El hecho más grave, recordó, fue por parte del congreso de Veracruz, quienes desecharon en septiembre la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, alegaron que era “inconstitucional” porque el Artículo 4 “protege la vida desde el momento de la concepción”. Mostrando que aún existen grupos conservadores dentro del estado, aseveró la defensora.

“Veracruz incumplió pero de forma dolosa, porque a la autoridad se le acompañó seis meses y no tuvo la voluntad de hacerlo. Antepuso la presión de los grupos católicos y de derecha sin importar que las mujeres mueren por abortos inseguros”, dijo Luz Estrada.  

El análisis del grupo de trabajo también dejó en evidencia la crisis de los servicios médicos de Veracruz y su negativa por garantizar el aborto a las mujeres víctimas de violación. Las organizaciones civiles peticionarias demostraron en sus investigaciones, que únicamente un hospital en el municipio de Coatzacoalcos ofrece el servicio de ILE para víctimas de violación en todo el territorio.

Aún queda un largo camino, las organizaciones civiles presentaron un amparo contra el congreso estatal por no despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y esperan que la Comisión Especial de la AVG del Congreso Federal llame a las y los diputados a que comparezcan al respecto.

Hasta ahora el gobierno de Yunes Linares no se ha pronunciado al respecto.

Entre las asistentes a la conferencia, estuvo también la representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nira Cárdenas.

17/HZM/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos Humanos de las Mujeres, solicitaron a la Comisión Especial de Alerta de Violencia de Género (AVG) del Congreso Federal, llamar a comparecer a los cuatro diputados del congreso estatal que rechazaron la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

Despenalizar el aborto del Código Penal de Veracruz fue una de las recomendaciones que dictó el Grupo de Trabajo por la solicitud de AVG por Agravio Comparado que hizo la asociación civil Equifonía en abril de 2016, ante las leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Sin embargo los diputados del congreso veracruzano, Gregorio Murillo Uscangan, Bigen Rementería Molina, Carlos Antonio Morales Guevara y la diputada Teresita Zuccolotto Feito, firmaron el pasado 22 de septiembre en negativo el dictamen de esta iniciativa y argumentaron que era un acto “inconstitucional” porque el Artículo 4o de la constitución veracruzana “protege la vida desde el momento de la concepción”.

Finalmente seis días después en una sesión extraordinaria el pleno discutió la reforma y terminó desechándola con 24 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.

Por ello en un comunicado de prensa el OCNF y el Frente Veracruzano –conformado para seguir el proceso del mecanismo- exigieron al Congreso Federal la comparecencia de estos cuatro legisladores y legisladora ante su “evasión en el proceso de la AVG por Agravio Comparado”.

De la misma manera pidieron al Congreso Federal la rendición de cuentas del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, pues el Grupo de Trabajo le presentó  una propuesta de reforma sobre la despenalización del aborto pero él nunca dio una respuesta a las expertas.

En su lugar la propuesta fue presentada por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tanya Carola Viveros Cházaro.

Esta no es la única presión para el congreso de veracruzano por sus omisiones legislativas, por la misma razón –incumplir con la despenalización de la interrupción del embarazo- la organización peticionaria de la Alerta, Equifonía, interpuso en octubre un amparo indirecto ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa del Poder Judicial Federal.

IMPACTO DE LAS RECOMENDACIONES

Las organizaciones también demandaron a las autoridades locales explicar los alcances que tuvo la implementación de las medidas recomendadas por el Grupo de Trabajo, ya que únicamente conocen la creación de un plan de atención para las víctimas de violencia sexual.

Pidieron al gobierno que se respete la laicidad del Estado debido a la alineación de jerarcas de la Iglesia católica que han impulsado con el gobierno iniciativas como “la protección de la vida” en la Constitución local.

En tanto la expectativa está en la Secretaría de Gobernación (Segob), quien ya rebasó el tiempo con el que cuenta para decidir la procedencia de la declaratoria de AVG por Agravio Comparado.

En caso de que Segob resuelva declarar esta alerta en Veracruz, sería la segunda del estado pues cabe recordar que se cumplió un año de la vigencia de la AVG por violencia feminicida que hay en 11 de sus municipios.

17/HZM/LGL

Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), agredieron ayer lunes a las reporteras oaxaqueñas Alondra Olivera y Sayra Cruz, cuando daban cobertura al conflicto interno en este sindicato afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alondra Olivera quien labora en Noticias Voz e Imagen de Oaxaca y es corresponsal de La Silla Rota, así como Sayra Cruz, reportera del Imparcial y de Fórmula Oaxaca, entre otros medios locales, habían acudido a las oficinas de la CTM para dar cobertura a la manifestación de quienes exigían la restitución de Álvaro Reyes Sánchez, dirigente depuesto por Carlos Aceves del Olmo, líder nacional de la CTM.

Dentro del lugar, al cual ingresaron por una convocatoria a rueda de prensa, fueron rodeadas por al menos 30 personas del sexo masculino que son identificadas como grupos de choque al mando de Reyes Sánchez.

El grupo que se caracteriza por un actuar violento y con cobijo de impunidad, amagó con quitarles su equipo de trabajo. A empujones y entre amenazas les exigieron mostrar sus teléfonos para cerciorarse que no hubieran tomado fotografías o audio de la asamblea que desarrollaban en el lugar.

De manera abusiva y con utilización de violencia verbal los cetemistas lograron revisar el celular de ambas reporteras, pues les hicieron saber que “nos vale madre lo que digan”.

A pesar de la forma violenta y lesiva a la ciudad en la que se ha conducido este gremio en los últimos días, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, recientemente reiteró a través de Twitter su alianza con el dirigente Álvaro Reyes, acto que ha envalentonado a los cetemistas.

Alondra Olivera, advirtió que por la agresión cometida por la CTM interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado, instancia que ofreció dar el acompañamiento.

Cabe destacar que hasta el primer semestre del 2017, Oaxaca se ubicaba dentro de los cinco estados con mayor número de agresiones cometidas en contra de periodistas con 23 casos registrados,

Los estados que encabezan la lista son Coahuila donde la cifra fue de 26. Veracruz y Ciudad de México empatan con 28 el número de atentados a la prensa, y Guerrero que al igual que Oaxaca registró 23.

Pero en el caso específico de violencia contra mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer AC, documentó en su informe "El poder del cacicazgo" que en el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En el periodo anterior, la capital del país tenía el primer lugar de agresiones contra comunicadoras al concentrar 35 por ciento de los casos; seguía Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.
 
En esta actualización de 2014 se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.

“El Poder del cacicazgo” documentó que los actos violentos se cometieron contra reporteras de entre 25 y 34 años de edad, que en su mayoría cubría temas relacionados con la política, corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales.

Del total de periodistas agredidas, 21.7 por ciento reporteaba temas relacionados con protesta social (cubren las manifestaciones) mientras que 8.1 por ciento cubría temas relacionados con la seguridad.

17/CLV/LGL

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) interpondrá un amparo en contra de la resolución del Congreso de Veracruz, que determinó no despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación, ni ampliar las causas establecidas en el Código Penal local, en una sesión extraordinaria el pasado 28 de septiembre. 

En entrevista con Cimacnoticias, la coordinadora el OCNF, María de la Luz Estrada, detalló que la próxima semana la organización presentará un amparo por las violaciones y anomalías que cometieron los y las legisladoras de Veracruz en el proceso de despenalización del aborto, como lo mandó el Grupo de Trabajo encargado de atender la Alerta de Violencia de Género (AVG) por agravios a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

Entre las irregularidades, está que la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro, quien presentó la iniciativa de reforma a los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal, no tuvo acceso al dictamen negativo que firmaron el 22 de septiembre las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales, y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso. Razón  por la cual se ausentó durante la sesión de ayer la bancada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), al que pertenece la diputada.

Otra violación grave que precisarán en el amparo, señaló la coordinadora del OCNF, es que el dictamen negativo del Congreso coarta los Derechos Humanos (DH) de las mujeres como la garantía del acceso a la salud reproductiva, tal como lo dictan los instrumentos nacionales e internacionales firmados por México.

Tratados que ignoró el congreso, denunció Luz Estrada, pues sólo se argumentó en el pleno que la modificación del Código Penal era un “acto inconstitucional” porque desde 2016 el artículo cuarto “protege la vida a partir del momento de la concepción”. Cabe mencionar que esta reforma la impulsó en su momento el ex gobernador Javier Duarte apoyado por la Iglesia Católica local.

DAN EVIDENCIAS A CONAVIM PARA DECRETAR AVG

La defensora de DH recordó además, que ayer concluyó el periodo de seis meses que tuvo el estado para cumplir con las recomendaciones del grupo de expertas de la alerta, por lo que deberá quedar asentado en el informe que rinda la próxima semana el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares a Conavim, que el Poder Legislativo no cumplió con las recomendaciones de la AVG.

Cabe recordar que la Alerta fue solicitada por la organización Equifonía en abril de 2016 y denunciaba tres agravios: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; el segundo, la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y por último, el referente a la protección de la vida desde el momento de la concepción.

“En el caso específico del Poder Legislativo de Veracruz, la discriminación porque el aborto sigue siendo punitivo en el Código Penal era el principal agravio de la AVG. Ahora no podemos avanzar en las demás políticas públicas de salud si el marco legal no lo permite”, denunció Luz Estrada.

La responsabilidad, señaló la coordinadora del Observatorio, recae también en Miguel Ángel Yunes, pues la organización cuenta con una carta dirigida a Conavim por parte del Grupo de Trabajo, donde este, le entregó al gobernador una propuesta de reforma para la despenalización del aborto con el fin de que él la presentara, sin embargo la ignoró.

Por lo tanto será inminente que la entidad sume su segunda alerta, destacó Luz Estrada, pues cuenta desde noviembre de 2016 con una por violencia feminicida en 11 municipios.

El OCNF entregará también un reporte a Conavim en el que se puntualizan las acciones que incumplió el gobierno estatal, para que esta instancia dependiente de la Secretaría de Gobernación, realice un dictamen crítico en el que argumente por qué –en caso de decirlo- declara la segunda AVG en la entidad.

17/HZM/LGL

Las Comisiones Unidas de Justicia y Puntos Constitucionales y la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso de Veracruz, rechazaron la iniciativa para terminar con la criminalización de las mujeres que interrumpen un embarazo en las primeras 12 semanas de gestación, por tratarse de una “acción inconstitucional”, argumentaron.

En una sesión extraordinaria del Congreso estatal, el pasado 22 de septiembre se discutió la propuesta hecha por la diputada Tanya Carola Viveros Cházaro que buscó modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto; derogar el plazo de 90 días para interrumpir un embarazo en caso de violación; y permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.

La y los legisladores determinaron como improcedente la iniciativa pues argumentaron que desde el 23 de agosto de 2016 el Artículo 4 de la Constitución de Veracruz protege la vida desde el momento de la concepción, por lo que “no es posible modificar una norma secundaria como es el Código Penal, si contraviene la Carta Magna Veracruzana”, señaló en un comunicado el congreso estatal.

El freno de esta propuesta hecha el 27 de julio por la diputada del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se dio a pesar de ser una obligación que debe cumplir el gobierno veracruzano como parte de la Alerta de Violencia de Género (AVG) por Agravio Comparado, es decir, porque existen leyes que restringen los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

La petición de esta AVG a la Secretaría de Gobernación (Segob) la realizó en abril de 2016 la asociación civil Equifonía. Su directora, Araceli González Saavedra explicó en entrevista telefónica con Cimacnoticias que la postura de los legisladores carece de fundamentos, pues en el artículo constitucional 4to se indica que “hay excepciones establecidas dentro de la ley”, por lo tanto, sí es posible la reforma al Código Penal local, indicó.

“Nos parece que nuevamente los legisladores se dejan llevar más por sus creencias personales y por las alianzas que hacen con sectores, que no tendrían que estar interviniendo en la política pública de nuestro estado, que por los derechos de las mujeres”, denunció González Saavedra.

Los diputados que firmaron el dictamen negativo durante la sesión fue el presidente de Justicia y Puntos Constitucionales, Bingen Rementería Molina y el secretario, Carlos Antonio Morales Guevara; además del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Gregorio Murillo Uscanga.

De acuerdo con el comunicado del congreso, el dictamen será presentado para su votación ante el Pleno del Congreso en la sesión extraordinaria del 28 de septiembre, justo en la última semana de los seis meses que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con la AVG, recordó peticionaria de la alerta.

YUNES DEBE IMPULSAR PROPUESTA

Ante el rechazo de los diputados, la directora de Equifonía señaló que la obligación recae en el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien sí tiene el compromiso en garantizar los Derechos Humanos (DH) de las veracruzanas y de cumplir con la AVG, él debe presentar la reforma al Código Penal para despenalizar el aborto, precisó.

“Toca al gobernador del estado en cumplir con la recomendaciones de Segob. Él –Miguel Ángel Yunes- debe presentar la iniciativa, esa sería la vía por la cual el poder legislativo pueda hacer las modificaciones pertinentes”, indicó la directora de Equifonía.

En la petición de la AVG fueron tres obstáculos en los derechos sexuales y reproductivos que las organizaciones civiles denunciaron: la inadecuada aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 que garantiza el aborto en caso de violación; la tipificación del aborto como delito que se castiga con un tratamiento educativo; y la protección de la vida desde el momento de la concepción que impulsó el ex gobernador, Javier Duarte y grupos de conservadores de la Iglesia Católica.

Araceli González recordó que a pesar de los avances en los rubros de acceso a la salud para las veracruzanas, en caso de que no se cumpla con la modificación al Código Penal sobre el aborto, exigirán a Segob que decrete la segunda AVG en Veracruz, pues cabe recordar en noviembre de 2016 la Secretaría declaró en alerta por violencia feminicida a 11 municipios de la entidad.
Por su parte en un comunicado el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) y el Frente Veracruzano por la Salud y la Vida de las Mujeres –articulado para dar seguimiento a la AVG por agravio comparado- hicieron un llamado al Congreso de Veracruz para que cumpla sus “responsabilidades jurídicas” y el respeto de los derechos sexuales de las niñas y mujeres conforme a los estándares internacionales de DH.

Asimismo, indicaron que México es un Estado laico por lo que “los derechos de las mujeres no pueden estar condicionados por creencias religiosas”, y recordaron a los legisladores de Veracruz que no pueden desaprovechar una oportunidad histórica, ser la segunda entidad en el país que despenalice el aborto como la Ciudad de México.

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En un pronunciamiento dirigido al Poder Judicial e integrantes del Congreso de Veracruz, más de 30 organizaciones civiles y académicas hicieron un llamado a cumplir con los derechos sexuales y reproductivos de las veracruzanas y en consecuencia, aprobar la reforma para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la entidad.

En el exhorto las agrupaciones también exigieron la inmediata destitución de la titular del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Sara Gabriela Palacios Hernández, luego de que el pasado 28 de julio declarara que la reforma sobre la despenalización del aborto no era necesaria y que el Legislativo tenía que consultar a la Iglesia católica para la aprobación de la propuesta.

Entre las organizaciones firmantes del pronunciamiento está el Frente Veracruzano por la Vida y los Derechos de las Mujeres, la Red de Mujeres Feministas de Veracruz, la Red Veracruzana por el Derechos a Decidir, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, entre otras agrupaciones.

En noviembre de 2016 la Secretaría de Gobernación (Segob) decretó la AVG por violencia feminicida en 11 municipios de Veracruz, la solicitud del mecanismo fue realizada por la organización civil Equifonía, quien el 5 abril de ese mismo año hizo una segunda petición de la AVG, esta vez por “agravio comparado”, es decir por normas que criminalizan a las mujeres que buscan acceder a los servicios del aborto; la inadecuada aplicación de Norma Oficial Mexicana 046 que permite el aborto en casos de violación sexual; y la tipificación del delito de aborto que se castiga con un tratamiento educativo y de salud.

Como parte de las acciones que debe cumplir el Gobierno de Veracruz por esta segunda AVG, el 27 de julio de este año la diputada Tanya Carola Viveros presentó en el Congreso local una propuesta para modificar los Artículos 149, 150 y 154 del Código Penal de Veracruz, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.

En Veracruz desde agosto de 2016 se “protege la vida desde el momento de la concepción” luego de que se aprobara la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que fue impulsada por agrupaciones conversadoras y propuesta por el entonces gobernador, Javier Duarte, quien actualmente está detenido por diversos delitos como tráfico de influencias y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con las organizaciones civiles la postura de la titular del Instituto de las Mujeres local “deja en evidencia el completo desconocimiento y la falta de compresión sobre el respeto a los Derechos Humanos de las mujeres”, además de ser preocupante que estas declaraciones provengan de la titular de la instancia encargada de “garantizar los derechos de las veracruzanas de forma laica”.

Recordaron que Palacios Hernández es parte del Grupo de Trabajo que elaboró el informe de propuestas que debe cumplir el gobierno de Miguel Ángel Yunes, y será una de las integrantes que podrá votar a favor o en contra de decretar la segunda AVG en Veracruz, ya que desde noviembre de 2016 está vigente una Alerta por los asesinados violentos de mujeres en 11 municipios de la entidad.

Las agrupaciones indican que la propuesta de reforma al Código Penal responde a los acuerdos internacionales y regionales a los que se ha suscrito el Estado mexicano, incluyendo el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al validar la despenalización del aborto en la Ciudad de México.

El comunicado indica que la Suprema Corte argumentó que dicha medida legislativa “resultada idónea para salvaguardar los derechos de las mujeres, pues la no penalización de la interrupción del embarazo tiene como contraparte la libertad de las mujeres para que decidan respecto a su cuerpo, de su salud física y mental e incluso, respecto de su vida”.

Las agrupaciones suscritas al pronunciamiento señalaron que los Derechos Humanos no pueden estar sujetos “a criterios religiosos, morales y apreciaciones de autoridades que olvidan que México es un país laico”, por lo que piden al IVM que tome las medidas necesarias de conformidad con su misión y propósito como institución pública.

Cabe mencionar que la propuesta sobre la despenalizaron del aborto se votará en un periodo extraordinario en septiembre, cuando concluyen el plazo, de seis meses, que tiene el gobierno de Veracruz para cumplir con las recomendaciones hechas por el Grupo de expertos. En caso de considerar que no se realizaron las acciones necesarias la Secretaría de Gobernación (Segob) tiene la facultad de emitir la Alerta.

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La directora de la organización civil Equifonía, Araceli González Saavedra, hizo un llamado a las y los integrantes del Congreso de Veracruz para que aprueben las reformas a los Artículos 149 al 154 del Código Penal local, que buscan dejar de criminalizar a las mujeres que acceden a un aborto.
 
La reforma al Código Penal de Veracruz fue presentada el 27 de julio en el congreso estatal por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, y responde a las acciones que debe cumplir en seis meses el Gobierno estatal por la Alerta de Violencia de Género (AVG) por “agravio comparado”, es decir, porque hay leyes que obstaculizan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
 
La propuesta pide reformar los artículos 149, 150 y 154, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación y derogar el plazo de 90 días que tienen las mujeres para acceder a una interrupción legal del embarazo en caso de violación; además de permitirlo cuando esté en riesgo la salud de las mujeres.
 
González Saavedra dijo entrevista telefónica con Cimacnoticias que la iniciativa será discutida y votada en un periodo extraordinario del Congreso, por lo que se podrá tener una respuesta en las próximas semanas, en caso de no aprobarse, como organización peticionaria de la Alerta pedirán a la Secretaría de Gobernación (Segob) que decrete el mecanismo por incumplimiento a las recomendaciones.
 
Al llamado también se unieron en un comunicado de prensa las académicas del Grupo de Trabajo, quienes exhortaron “a todas las autoridades para que en el ejercicio de sus competencias acepten la reforma al Código Penal sobre la interrupción del embarazo”.
 
Cabe recordar que el 23 de agosto de 2016 entró en vigor en Veracruz la reforma al Artículo 4 de la Constitución local que “protege la vida desde el momento de la concepción”, una propuesta impulsada por el ex gobernador, Javier Duarte y jerarcas de la Iglesia Católica.
 
RAZONES
 
En esta nueva iniciativa de ley se argumenta que la restricción de la interrupción del embarazo en Veracruz causó la muerte de 22 mujeres por un aborto inseguro en 2014; y desde 2007, año en que se despenalizó el aborto en la Ciudad de México hasta la fecha, 389 veracruzanas se han trasladado a la capital para acceder a un aborto seguro.
 
Las cifras sobre embarazos en adolescentes en la entidad también son alarmantes, la propuesta indica que de 2009 a 2013, se tiene el registro de 53 mil 630 nacimientos en los que la madre era menor de 18 años, un promedio de cerca 11 mil casos por año.
 
Del total de nacimientos registrados en esos cinco años en Veracruz, 11 mil 906 correspondieron a niñas menores de 15 años de edad, lo que genera la probabilidad de que estos embarazos estén relacionados a eventos de violencia sexual, señala el documento.
 
En caso de ser aprobada la reforma, las diputadas impulsoras aseveran que “Veracruz sería la segunda entidad federativa (con la capital del país) en contar con la una legislación acorde con el artículo primero constitucional en materia de Derechos Humanos, la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el tema en la capital y las recomendaciones del Comité para la Eliminación de la Discriminación en contra de la Mujer hechas en 2012 al Estado mexicano”.
 
Además de obedecer a una de las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo en su informe, de las cuales tiene que rendir cuentas el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, como fecha límite el próximo mes de septiembre.
 
COMPROMISO DEL GOBIERNO DE YUNES
 
El informe del Grupo de Trabajo encargado de atender la alerta por agravio comparado en Veracruz fue emitido en noviembre de 2016, y hasta marzo de 2017 fue aceptado por el gobierno local, con lo que inició el periodo de seis meses para cumplir con las propuestas.
 
Esta petición fue hecha en abril de 2016 por la agrupación Equifonía por tres agravios que obstaculizan el acceso a las mujeres de sus derechos sexuales y reproductivos: la inadecuada prestación de servicios de salud y aplicación de la Norma Oficial Mexicana 046 sobre el acceso al aborto en caso de violación sexual; la tipificación del aborto que castiga el delito con tratamiento educativo y de salud; y la protección de la vida desde el momento de la concepción. 
 
Esta es la primera solicitud de la AVG por “agravio comparado” en el país, y la segunda que suma Veracruz, pues el 23 de noviembre de 2016 la Segob decretó el mecanismo en 11 municipios de la entidad por violencia feminicida.
 
GRUPO DE TRABAJO VIGILA ACCIONES
 
De acuerdo con el comunicado de las académicas del Grupo de Trabajo, Rosa Hilda Rojas, María Lilia Viveros, Mayela García Ramírez y Rebeca Antonia Ramos, el próximo 15 de agosto tendrán una reunión de seguimiento con el gobierno de Yunes Linares para conocer la ejecución de las recomendaciones del informe.
 
Las agrupaciones civiles e instancias internacionales también están al pendiente sobre el proceso, en abril se creó el Frente Veracruzano para la Defensa de los Derechos de las Mujeres en conjunto con el titular de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, quien acordó con las 10 organizaciones feministas vigilar el cumplimiento de las recomendaciones sobre la AVG.
 
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