mujeres privadas de la libertad

Las mujeres privadas de la libertad pierden el derecho a ejercer el voto, pero la investigadora, Corina Giacomello propone debatir cómo garantizar los derechos políticos de las personas en reclusión como parte de los derechos electorales y su reinserción social.
 
La investigadora argumentó en su estudio “Mujeres privadas de la libertad y del derecho al voto. De objetos de normas a sujetos de ciudadanía” publicado en 2016 por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que la privación de la libertad es ya la pena y no deberían añadirse otras que despojen a las personas presas de su estatus como ciudadanas o ciudadanos.
 
En México se contempla la suspensión del ejercicio de los derechos políticos a las personas procesadas y condenadas a prisión pero para la investigadora en un régimen democrático, basado en los Derechos Humanos (DH), los esfuerzos del Estado mexicano deben estar orientados a garantizarlos y fomentar “valores de participación y apego a la comunidad” de las personas en prisión.
 
Corina Giacomello indicó que las mujeres privadas de la libertad pueden ser la puerta para comenzar a plantear el tema, pues son un grupo de la población penitenciaria que es vulnerable y aunque es minoritario  enfrentan violencia específica.
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), las mujeres representan el cinco por ciento de la población penitenciaria total, la mayoría se encuentran encarceladas por delitos menores como: robo y posesión de drogas, mencionó la investigadora.
 
Al representar un porcentaje muy pequeño de la población penitenciaria, las mujeres son menos vistas y tomadas en cuenta. La autora apuntó que esto deriva en un número insuficiente de centros de reclusión exclusivos para mujeres.
 
A partir de este contexto, Giacomello realizó en marzo de 2016, entrevistas a 12 mujeres del Centro Femenil de Readaptación Social Santa Martha Acatitla, sobre la relevancia que tienen los derechos políticos y particularmente el derecho al voto para ellas.
 
Las internas expresaron que el voto podría fungir como un medio para influir en el mejoramiento de las condiciones carcelarias, pues los políticos se interesarían en “resolver los problemas que enfrentan al estar en prisión”.
 
Asimismo concluyeron que el voto podría ser una voz para que las mujeres privadas de la libertad puedan expresar que “existen” y por tanto que requieren servicios y atenciones.
 
La mayoría de las presas entrevistadas (50 por ciento) eran madres con hijos e hijas menores de edad, el 70 por ciento, laboraba en el comercio informal antes de ser recluidas, lo que responde a niveles educativos muy bajos en todas las entrevistas, reportó el estudio.
 
Para la investigadora, debatir el derecho de las mujeres privadas de la libertad para votar, también significa considerar y replantear las condiciones en las que viven en los reclusorios, así como su inserción a la sociedad.
 
Sin embargo, estas posibilidades son obstaculizadas por las autoridades mexicanas, quienes argumentaron que la suspensión de los derechos políticos de las personas presas está relacionada con la imposibilidad de “llevar casillas a los centros de reclusión y realizar los procedimientos que conlleva una elección”.
 
La investigadora afirmó que esta abdicación del Estado en su función como defensor y garante de los DH, a partir de un reconocimiento de su incapacidad para hacer efectivos estos derechos es inadmisible.
 
Ante la situación la autora elaboró una serie de propuestas, para implementar los derechos al voto de las personas presas, iniciando con las mujeres.
 
Como principio establece que es necesario presentar el tema para desencadenar el debate; continuar con los cambios al artículo 38 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para garantizar el derecho al voto a las personas procesadas. De lograrse, deberían generarse modificaciones a las leyes secundarias en la materia.
 
Y por último, discutir cómo garantizar el ejercicio del voto notificado en lugares donde las personas viven aisladas de los acontecimientos del mundo exterior. Esto plantearía analizar las condiciones de reclusión y el acceso restringido a los medios de comunicación en las cárceles. Lo que abre, según la investigadora, nuevos temas de los derechos en prisión.
 
17/HZM/KVR
 

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT)  exhortó a México a focalizarse más en la lucha contra la impunidad y a adoptar una Ley General en materia de Tortura, la que debe estar en plena conformidad con los estándares internacionales pertinentes.
 
Al finalizar la segunda visita que realizó a México del 12 al 21 de diciembre, la delegación emitió un comunicado, donde Felipe Villavicencio, quien encabezó al grupo de expertos dijo que a ocho años de su primera visita, “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”.

De conformidad con las estadísticas oficiales, a nivel federal actualmente existen más de cuatro mil 700 investigaciones abiertas por hechos relativos a tortura, pero el número de sentencias a perpetradores es desproporcionadamente bajo, según informó el grupo después de entregar al gobierno mexicano sus observaciones preliminares confidenciales.

Durante su estancia de diez días en el país, el SPT realizó visitas a 32 lugares de privación de libertad en Baja California, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, y se entrevistó con personas y colectivos, incluso recibió información sobre tortura sexual hacia mujeres.
 
Asimismo, se reunió con autoridades, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esto le permitió al SPT identificar sólidos hallazgos sobre este fenómeno y los malos tratos al momento de la detención, traslado y permanencia en los lugares donde las personas están privadas de su libertad, los que fueron compartidos de manera confidencial con las autoridades mexicanas.

Por su parte, ayer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH emitió el informe 9/2016, donde identificó diversas situaciones de riesgo para las personas que son privadas de la libertad porque no reciben un trato humano y digno, además de la inexistente falta de protección de la salud y a la integridad personal.
 
El MNTP visitó durante los meses de septiembre y octubre de 2016 los ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) varoniles, el Complejo Penitenciario “Islas Marías”; y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi).
 
Evaluó las condiciones de reclusión y corroboró que existen deficientes condiciones en las instalaciones como: escasas actividades para la reinserción social; incorrecta imposición de las sanciones disciplinarias, una inadecuada separación y clasificación de los internos e inconveniente comunicación con personas del exterior.
 
Las personas con discapacidad física no cuentan con accesos o servicios adecuados para ellos; existe una falta de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos; escases de personal médico; falta de equipo médico y medicamentos, entre otras deficiencias que señala el reporte.
 
A pesar de que en el reporte la CNDH se enfoca en centros varoniles, en 2015 realizó un informe sobre las condiciones en las que viven las mujeres reclusas, donde señala que 60 internas alojadas en 33 lugares de reclusión (de los estado de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, entre otros) refirieron haber sido víctimas de violencia física por parte del personal de las instalaciones.
 
Asimismo sin precisar un número exacto, varias internas encuestadas por la CNDH señalaron que fueron víctimas de abusos  sexuales, por el personal directivo, técnico y de custodia.
 
16/HZM/KVR