México

Más de 200 organizaciones mexicanas defensoras de Derechos Humanos (DH) conformaron el #ColectivoEPUmx para denunciar ante el Consejo de Derechos Humanos (DH) la impunidad y violación sistemática a los Derechos Humanos en el país, así como la falta de transparencia para informar qué medidas ha adoptado, de las ya emitidas por el Examen Periódico Universal (EPU), y el resultado de éstas.

En un comunicado, las organizaciones de este #Colectivo, informaron que presentaron el pasado 29 de marzo, un informe ante el Consejo  de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, previo al EPU, en donde México será analizado en noviembre próximo y recibirá las recomendaciones en marzo de 2019.

El Examen Periódico Universal es el mecanismo por el cual, cada 4 años, el Consejo analiza la situación de los DH en todos los Estados miembro de la Organización de Naciones Unidas (ONU), por un Grupo de Trabajo, integrado por 47 países.

En el informe, las organizaciones manifestaron que en México, los DH son violentados debido a que el Estado mexicano no cumple con las medidas emitidas por el EPU en años anteriores, así como por la crisis de violencia, corrupción e impunidad existente en el país.

En los dos ciclos anteriores del EPU (2009 y 2013) se emitieron 267 recomendaciones a México en los temas de violencia contra las mujeres y leyes que las discriminan, que se suman a las mil 855, derivadas de organismos internacionales de DH.

El #Colectivo concluyó que la impunidad es el principal problema que genera la violación a los DH ya que México “ha permitido la construcción de un marco jurídico, donde se favorece a la impunidad”.

La agrupación de más de 200 organizaciones mexicanas expuso en su informe que la administración de Enrique Peña Nieto se consideró como “una gran oportunidad” para hacer políticas públicas que favorecieran el respeto a los DH porque coincidía con las fechas del segundo (2013) y el tercer EPU (2017), pero no hubo avances.

El #Colectivo estimó que la impunidad es generada por la falta de sistemas de seguridad funcionales, la desigualdad económica y social y la inexistencia de un monitoreo que vigile el funcionamiento de las medidas adoptadas por el país en materia de DH.

El Índice Global de la Impunidad (IGI) de 2017 –investigación enfocada en visibilizar en términos cuantitativos el problema global de la impunidad y su efecto directo en otros fenómenos- ubicó a México como el primer país en América Latina con mayor impunidad, seguido de Perú, Venezuela, Brasil y Colombia, refiere el informe, en tanto que a nivel global, fue el cuarto país con más impunidad.

El #ColectivoEPUmx exigió al Consejo de Derechos Humanos que a partir de los resultados del último examen del EPU, en 2017, se convoque a una intervención oral anual bajo el “ítem 6 de la agenda del Consejo”, con el objetivo de identificar las áreas donde el Consejo y sus Estados miembro puedan brindar asistencia técnica al país para llevar acabo las medidas.

18/AEG/LGL

México es uno de los cuatro países que han diseñado planes para implementar acciones que aprovechen las capacidades de las mujeres en la reducción de la deforestación y hasta ahora es el que más avanzado en comparación con Ghana, Uganda y Camerún.
 
Así lo señaló la directora mundial del Programa Social y Económico de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), Lorena Aguilar Ravelo, al explicar la importancia de reconocer los impactos diferenciados del cambio climático en mujeres y hombres.
 
Durante el foro "Igualdad de género y desarrollo rural sustentable: una nueva mirada al cambio climático" que organizaron las agrupaciones integradas en la Alianza México sobre Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+), expertas en el tema llamaron a promover la participación de las mujeres.
 
Aguilar Ravelo, quién también fue impulsora de la creación de la Alianza Global de Género y Cambio Climático destacó que la igualdad de género es un principio rector del Acuerdo de París, firmado el año pasado por los países miembros de Naciones Unidas para reducir los gases de efecto invernadero, principal causa del cambio climático.
 
Asimismo dijo que hay más de 60 acuerdos de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) que reconocen la perspectiva de género, incluso algunos que tienen que ver con financiamiento y la participación femenina en la toma de decisiones sobre desarrollo sustentable.

Foro "Igualdad de género y desarrollo rural sustentable: una nueva mirada al cambio climático" | CIMACFoto: César Martínez López

 
El director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), Jorge Rescala Pérez, dijo que cerrar la brecha de género es una acción necesaria para la conservación de los recursos naturales.
 
Datos de la Conafor indican que México pierde 155 mil hectáreas de bosques y selvas al año debido a la deforestación; en tanto las mujeres no superan el 19.8 por ciento de ejidatarios lo que provoca que no sean reconocidas como usuarias y propietarias de las tierras y no accedan a los programas de conservación. 
 
La subsecretaria de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA), Mely Romero Celis, mencionó que las mujeres son el 30 por ciento de los productores, pero es necesario desarrollar sus capacidades, más cuando ellas son las que tienen menos capacitación y financiamiento.
 
En conclusión, dijo la directora del Programa de México y Centroamérica de TNC, Isabel Studer Niguez, hay enormes retos pero hay que hacer ver que fomentar la participación de las mujeres en la conservación de los bosques y en la reducción de gases de efecto invernadero ayudará a hacer frente al cambio climático.
 
17/AGM/GG

A Malena, una niña invisible que se quedó en la memoria
 
Cada año en México y en el mundo, un alto número de niñas mueren de hambre, en partos a temprana edad, son víctimas de feminicidio y, si sobreviven, lo hacen en condiciones de explotación, trata, con altos riesgos de contraer VIH, con alimentación deficiente y escasas oportunidades de asistir a la escuela.
 
Guatemala, Nigeria, Europa del Este, Perú, México son lugares donde existe el matrimonio infantil, la trata de personas, la venta de niñas, la explotación en el matrimonio servil, donde las  niñas mueren a diario por el abandono y la indiferencia de un sistema social-patriarcal que valora más la vida de los niños. Y donde, desde el momento en el que una mujer sabe que está embarazada lo común es que se lamente por la conciencia de que “las niñas sufren más”.
 
Lo que persiste es el abandono. De las niñas nadie se acuerda, no es de ahora, es de siempre y en el mundo prevalece la violencia contra las niñas, principalmente la violencia estructural y la íntima violencia que se ejerce en los hogares donde las niñas son un mal inevitable.
 
Cuando tenía 6 años conocí a Malena y su historia, que la nombro para no olvidarla, como a tantas otras, como a las que se van sin que nadie las note.
 
Malena, también de 6 años, murió envenenada porque a alguien se le ocurrió que podía confundir el polvo de leche con el veneno para ratas y servirlo a una niña sin padre y cuya sonrisa solo su madre recordaría.
 
Al saber de las niñas víctimas de la violencia del Estado en Guatemala, pienso en todas las niñas que como ellas, como “Lulú”, una joven que buscaba a su familia al ser rescatada en el Hogar de Michoacán, donde una mujer prácticamente acumulaba a personas a las que aisló del resto del mundo.
 
Por todas las niñas Malenas que son borradas, porque las "niñas a nadie les importa", si viven, si comen, si mueren de hambre, si son encerradas, si alguien las abusa o si sus propios padres se van y las dejan abandonadas a sus suerte para morir de hambre, condenadas al abuso y a la violencia.
 
Por las niñas de Guatemala, por las de México, las de África y la India, por las niñas que nombramos para no olvidarlas.
 
Es solo el panorama global de la violencia contra las mujeres desde sus primeros años. Al menos en América Latina se habla de 70 mil jóvenes adolescentes que mueren al año por complicaciones relacionadas con el embarazo y el parto. Tan solo en México, la tasa de fertilidad en adolescentes es de 65 mujeres por cada mil.
 
Según datos del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), en 2014, 55.2 por ciento de los niños y niñas de entre 2 y 5 años de edad vivían en pobreza y 13.1 por ciento en pobreza extrema. A esto se suma que el 60.5 por ciento de ellos presentaba carencias en el acceso a la seguridad social y 25.8 por ciento en el acceso a la alimentación.
 
Aunque el preescolar es obligatorio en México, únicamente el 42.2 por ciento de los niños y niñas de 3 años de edad fueron atendidos por una institución educativa durante el ciclo escolar 2014-2015; para los de 4 años fue el 89 por ciento; y para los de 5, el 84.3 por ciento, estos y otros números nos dan una idea de la situación de las niñas.
 
En México, se habla de que 7 de cada 10 personas que desaparecen en el rango de edad de 15 a 19 años de edad, son mujeres. Los casos de feminicidio de niñas entran en una categoría de subregistro que se diluye ante el enorme número de casos.
 
Aunque no se precisa a detalle cómo está la situación para las niñas, es claro a nivel internacional que en todas las sociedades se privilegia a los niños nacidos sobre las niñas, por las creencias de que ellos serán los que continúen con los “apellidos” o los que se encarguen de la continuación de una etnia o costumbres y tradiciones.
 
En Estados Unidos y Canadá, las mujeres de los pueblos originarios han denunciado la marginación y la violación de sus derechos a la propiedad de la tierra, apoyados por sentencias de jueces que reconocen el derecho de la comunidad a restringir la herencia para las mujeres que se casan con hombres que no pertenecen a sus mismos pueblos, pero no aplica lo mismo para los hombres de la comunidad.
 
Este panorama nos pone en oportunidad de reflexionar sobre la realidad en la que se violentan los derechos de las niñas y el caso de Guatemala es la punta del iceberg de la problemática en Latinoamérica, que evidencia una desvalorización de la vida de las niñas.
 
Necesitamos construir y trabajar por un mundo en el que las mujeres al saberse embarazadas no se angustien al saber que parir una niña será sinónimo de una historia de sufrimiento y dolor.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
 
17/AC/GG
 

Trabajadoras de intendencia despedidas del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) en enero de 2016 denunciaron en un mitin realizado hoy afuera de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) que aún no se reforma el Artículo 2 del Estatuto Orgánico del instituto y con ello no han podido ser consideradas como empleadas y sujetas a derechos laborales por parte del organismo.

El secretario General del Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS), Alberto Rodríguez Torres, dijo en entrevista para Cimacnoticias que el aplazamiento de conversaciones por parte del IEMS ha impedido que presenten la propuesta al Gobierno capitalino de incluir en la plantilla laboral del Sistema de Bachillerato a las 51 mujeres y ocho hombres trabajadores de intendencia despedidos.

Por ello las ex trabajadoras de limpieza del IEMS, cuyos derechos laborales no han sido reconocidos desde 2016 con el argumento de que habían sido contratadas por la empresa ROCMAN S.A de C.V., todo esto sin su consentimiento, se reunieron afuera de las instalaciones de la JLCyA, en el último día de los testimoniales de las trabajadoras ante la Junta, para exigir que el plazo de resolución no exceda el límite propuesto por la ley, que es de 10 días a dos meses.

A la par, el SUTIEMS está en espera de que la Junta ratifique el convenio que firmaron con el IEMS para continuar con las pláticas e insistir en la recontratación de las trabajadoras como empleadas de base. La denuncia se presentó ante la JLCyA y está registrada en el expediente E6/2016 en Conflictos Colectivos.

De acuerdo con el Secretario General del SUTIEMS, el sindicato recurrió a la JLCyA para que autoridades del IEMS cumplieran el convenio, firmado en 2014 con un conjunto de demandas hechas para emplazar una huelga y al que en 2016 se anexaron las exigencias por recontratar a las y los trabajadores.

ACERCAMIENTO CON NUEVA ADMINISTRACIÓN

Rodríguez Torres comentó: “La administración pasada del IEMS, encabezada por Ulises Lara López, al no estar abierta al diálogo, retrasó el cumplimiento de las demandas hechas por las trabajadoras despedidas. Esperamos que con la nueva administración de Dinorah Pizano -quien fue nombrada en diciembre de 2016- podamos llegar a un acuerdo”.

El Secretario del SUTIEMS dijo que ya ha habido acercamientos con Dinorah Pizano, pero aún se espera la resolución de la JLCyA porque, dijo: “También buscamos la contratación de base de las y los profesores que forman parte del sistema semi-escolarizado, a quienes se les contrata por honorarios”.
En el mitin, las trabajadoras denunciaron que son constantemente intimidadas por policías y desconocidos en el plantón instalado desde hace más de un año cuando fueron despedidas afuera del plantel Iztapalapa 2, lugar en el que ellas trabajaban.

Brígida Mejía, quien trabajó en intendencia del IEMS durante nueve años, dijo que: “Desde que nos instalamos hemos sido intimidadas. Mandan a policías para revisar lo que hacemos. Pero eso no nos va a detener, confiamos en que el fallo esté a nuestro favor y se nos reconozca como trabajadoras”.
 
Recalcó que ni ella ni sus compañeras y compañeros despedidos firmaron algún contrato con la empresa ROCMAN, sino que fueron contratadas por el IEMS, “por eso exigimos a esa institución una respuesta”, comentó Brígida Mejía.
 
17/MMAE/GG

El relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, realizará una visita oficial a México del 16 al 24 de enero para conocer la situación que se vive en el país y evaluar los esfuerzos de las autoridades mexicanas. La finalidad es que realice recomendaciones sobre la protección de los Derechos Humanos y su empoderamiento.
 
“La pregunta a la que nos enfrentamos es hasta qué punto los Defensores de Derechos Humanos se sienten seguros y empoderados en México”, dijo el experto independiente designado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para monitorear e informar sobre la promoción y protección de quienes defienden los Derechos Humanos en el mundo.
 
“La respuesta es inevitablemente compleja, sin embargo es fundamental el papel que ejercen estos defensores de los DH, así como el desempeño que realiza la sociedad civil en garantizar un futuro próspero y democrático para México”, aseguró el relator a través de un comunicado que difundió la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México.
 
La visita se dará después de la insistencia de agrupaciones civiles que pidieron al gobierno mexicano oficializar una gira de trabajo del experto.  En mayo de 2016, Michel Forst estuvo en el país como invitado por organizaciones civiles como la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Artículo 19 y Brigadas Internacionales de Paz.
 
En enero del año pasado, el relator presentó un informe ante la ONU y en el apartado que dedicó a México, aclaró que el gobierno solicitó que su visita como relator (la cual pidieron desde 2015) no se realizara en 2016 debido a la cargada agenda de trabajo gubernamental.
 
Forst visitará por nueve días el país y estará algunos días en la Ciudad de México y en estados como Chihuahua, Estado de México, Guerrero y Oaxaca.
 
Tendrá reuniones con autoridades estatales y federales, así como con organizaciones de Derechos Humanos y personas defensoras, para discutir las medidas que se tomarán para asegurar que éstas lleven a cabo su labor en un ambiente seguro y adecuado.
 
“Espero con gran expectativa este momento oportuno para recibir información de primera mano y sostener un diálogo imparcial y genuino con el gobierno mexicano, la sociedad civil y otras contrapartes”, dijo el relator especial.
 
Luego agregó: “Mi objetivo es tomar el pulso de quienes defienden los Derechos Humanos en México, entender su situación, escuchar sus retos y realizar propuestas concretas para reforzar los esfuerzos del gobierno”.
 
En las reuniones con organizaciones no gubernamentales se prevé que reciba información sobre las agresiones y asesinatos de personas defensoras, que de acuerdo con un recuento de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) llegó a 47 crímenes, entre ellas seis mujeres, sólo en 2016.
 
Información de Front Line Defenders indica que en 2015 fueron asesinados ocho activistas: Alberto Almeida, Gustavo Alejandro Salgado Delgado, Julián González Domínguez Miguel Ángel Jiménez Blanco, Norma Angélica Bruno Román, José Isabel Cervantes Ángeles, el periodista Rubén Espinosa Becerril y Nadia Dominique Vera Pérez, estos dos últimos asesinados junto con tres mujeres más.
 
Al final de su misión, el martes 24 de enero, Forst presentará sus hallazgos y recomendaciones preliminares en una conferencia de prensa y el informe final será presentado al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2018.
 
17/AGM/ KVR

A cuatro años de que la veracruzana Claudia Medina Tamariz fue detenida y torturada sexualmente por marinos en 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) podría iniciar una averiguación previa en contra de los agentes navales que la violentaron.
 
El pasado 16 de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 62/2016, dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por el cateo ilegal y violación a la integridad personal de Claudia.
 
En la recomendación que aún debe ser aceptada por la Semar, el organismo pide a las fuerzas armadas colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la Comisión Nacional formulará ante la PGR.
 
El 7 de agosto de 2012, entre las 03:00 y las 03:30 horas, expuso la CNDH, la víctima dormía en su casa cuando elementos de la Semar ingresaron a su hogar en el puerto de Veracruz y, junto a su esposo, la sacaron a golpes, los tiraron al suelo, les ordenaron callar, les vendaron los ojos y ataron las manos.
 
Mientras unos marinos registraron el lugar, otros los subieron a una camioneta y trasladaron a las instalaciones de la base naval ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Xalapa, Veracruz, junto al aeropuerto internacional.
 
La víctima dijo que permaneció retenida de manera ilegal por 39 horas, tiempo en que fue torturada sexualmente por los agentes navales que la cuestionaron sobre un grupo delictivo, luego la obligaron a firmar una declaración autoincriminatoria.
 
A Claudia se le acusó de formar parte de una organización criminal y diversos delitos, como delincuencia organizada, daños contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
 
De acuerdo con las declaraciones que Claudia ha dado a los medios de comunicación, posterior a la tortura y el interrogatorio, fue obligada a lavar ropa sucia con los ojos vendados y antes de trasladarla a las instalaciones de la PGR para rendir su declaración tuvo que bañarse, todo el tiempo estuvo vigilada por alguien y tuvo que vestirse con ropa que contenía polvo picante.
 
Al ser presentada como delincuente Claudia dijo ante la PGR que los marinos la habían torturado, pero la doctora –quien le realizó diversos exámenes– asentó que no presentaba lesiones y que sólo tenía una escoriación (lesión en la piel). Aun así, el 21 agosto 2012, a 14 días de la detención, el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, le concedió libertad provisional bajo caución.
 
El 17 de octubre de 2012 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, quien el 23 del mismo mes la remitió a la CNDH.
 
Finalmente en 2015 el Tercer Tribunal Unitario de Xalapa, Veracruz, otorgó la libertad inmediata a Claudia, quien fue acusada de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y de posesión de drogas, narcomenudeo, acopio de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de cartuchos y granadas.
 
Hasta ahora no hay ningún marino procesado, pero ella se ha sumado a otras mujeres para denunciar en foros internacionales la tortura sexual que hay en México.
 
16/AGM/KVR