Comisión Nacional de los Derechos Humanos

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) llamó a los gobiernos locales a transparentar los recursos asignados para implementar la Alerta de Violencia de Género (AVG) toda vez que existen casos en donde se asignó dinero específico para ello, y en otros, si bien no existe un recurso, sí cuentan con un presupuesto para implementarla.

Así lo destaca en su “Diagnóstico como integrante de los Grupos de Trabajo que dan seguimiento a los procedimientos de la AVG” presentado hoy, en el cual revisó en qué fases están las AVG, los retos para su implementación y los recursos destinados para ello.

En el reporte, la CNDH señala que los estados deben planear, solicitar y ejercer con transparencia el presupuesto para fortalecer la AVG. 

La Comisión hizo una recopilación de los informes entregados por los gobiernos locales a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), encargada de hacer funcionar la AVG, y encontró que durante los últimos tres años (de 2016 a 2018) se designó en el Presupuesto de Egresos de la Federación, anexo 13, dedicado a la Igualdad entre mujeres y hombres, de un total de 81 mil millones de pesos (mdp), únicamente tres por ciento (2 mil 400 mdp) al rubro de la prevención, atención y sanción de la violencia de género.

De este monto (3 por ciento) el informe no detalla cuánto dinero se otorgó a las AVG, aunque en la página de la Conavim, ésta señala que en 2017 asignó 27 millones 992 mil 357 pesos a seis estados con AVG: el Estado de México, Chiapas, Nuevo León, Morelos, Michoacán, y Veracruz.

La situación se agrava, indica la CNDH, pues el Artículo 23, fracción cuarta, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV) no explica cómo y qué nivel de gobierno debe realizar la asignación presupuestal de la AVG.  

Sólo expresa que se le debe “asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de Alerta de Violencia de Género contra las mujeres”, sin dar mayores especificaciones del procedimiento. 

El recurso asignado a las AVG es más preocupante en el ámbito local, precisa la CNDH en el diagnóstico, pues en la práctica han observado que la mayoría de las entidades con procedimiento de Alerta no prevén un presupuesto para prevenir la violencia de género, y las instituciones dedicadas a atenderla (Institutos de las Mujeres, Centros de justicia, entre otras) reciben en su mayoría presupuesto federal del Anexo 13. 

La CNDH advirtió que la falta de recursos no debe ser una excusa o condicionante de los gobiernos para cumplir con la tareas de la AVG y recordó que en 14 entidades donde ya hay un informe del Grupo de Trabajo, se recomendó “etiquetar mayor presupuesto a la atención y procuración de justicia en situación de violencia, tanto estatales como municipales”. 

Cabe recordar que de las 28 solicitudes de AVG en 12 entidades ya se decretó (Estado de México, Morelos, Michoacán, Chiapas, Nuevo León, Veracruz, Sinaloa, Colima, San Luis Potosí, Guerrero, Quintana Roo y Nayarit); 9 estados esperan la decisión de la Segob para conocer si se emitirá; y en 7 se decidió no declararla (Querétaro, Tlaxcala, Sonora, Puebla ,Tabasco, Baja California y Guanajuato). 

17/HZM/LGL
 

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

El pasado 10 de mayo, cuando en muchos hogares mexicanos se celebraba el Día de las Madres, miles de madres en todo el país y cientos en el estado de Morelos tomaron las calles bajo la consigna “no tenemos nada que celebrar”.
 
En sus voces y su determinación se escuchaba: somos las madres de las y los miles de desaparecidos en México y de las y los miles de asesinados, secuestrados, víctimas de la trata, que hoy salimos a las calles, en por lo menos 12 ciudades del país, a exigir la presentación con vida de nuestras hijas e hijos, a exigir justicia para nuestras hijas víctimas de feminicidio, nuestros hijos asesinados y que siguen esperando justicia.
 
En la Ciudad de México, la marcha inició en el Monumento a la Madre y se dirigió hacia la Victoria Alada en Reforma.
 
En Cuernavaca, Morelos, marcharon desde El Calvario, hasta la Plaza de Armas al grito de: “esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta” e “Hija, escucha, tu madre está en la lucha, hijo escucha, tu madre está en la lucha”.
 
Y frente al Memorial de las Víctimas, en las Puertas del Palacio de Gobierno de Morelos, levantaron sus voces para decir: hoy, desde este lugar que es un homenaje a las víctimas de la indolencia de las autoridades de justicia de todo el país, y muy especialmente del Poder Judicial del Estado de Morelos, que deja libres a asesinos, secuestradores, tratantes, integrantes de la delincuencia organizada, o que permite que niñas de 10 a 14 años desaparezcan cotidianamente en Morelos y en todo el país y a quienes se les niegan las órdenes de restricción o el acceso a la justicia.
 
También convocaron a todos los colectivos y organizaciones que trabajan buscando desaparecidas y desaparecidos a que unan sus voces a las suyas para exigir que todas las Fiscalías Estatales abran e identifiquen todos los cuerpos que depositaron en las fosas comunes sin identificar, como se hizo en el Estado de Morelos en Tetelcingo y Jojutla. Ya que la ex procuradora, Marisela Morales, reconoció en su última Reunión Nacional de Procuradores, que cincuenta y cinco mil cuerpos fueron enviados a fosas comunes sin identificar. Las desapariciones no voluntarias se constituyen en desapariciones forzadas por inacción  y negligencia de las autoridades que no les buscan.
 
Cuántas madres, más de treinta y un mil, encontrarían la paz sabiendo cuál ha sido el destino de sus hijas e hijos, dejarían de padecer la zozobra, la angustia que viven cotidianamente sin saber de sus hijas e hijos, sin saber si viven o están muertas o muertos, si comen, si pasan frío, una verdadera tortura alimentada por la esperanza de que un día abran la puerta y les digan ya llegué mamá, estoy bien.
 
Así mismo, exigieron al Gobierno de Morelos que, en coordinación con la PGR, la Policía Científica de la Policía Federal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, hagan un rastreo detallado en las tres fosas clandestinas que se han detectado en la zona Sur-Poniente, con el propósito de buscar a sus hijas e hijos.
 
También, exigieron la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos en vida, no sólo sin vida.
 
Exigieron una “limpia” generalizada de los cuerpos policiacos y de las Fiscalías Generales Estatales y la Procuraduría General de la República para erradicar la corrupción, la infiltración de la delincuencia organizada, la complicidad  que genera impunidad.
 
Exigieron la aprobación de la Ley General de Desapariciones Forzadas, con la participación de todos los colectivos y OSC que trabajan el tema, pero, sobre todo, se unieron a la consigna de que “sin las familias no”.
 
Las madres integrantes de Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos, como miles de madres en todo el país el 10 de mayo, dejaron claro que no tienen nada que celebrar, pero que salieron a las calles con el corazón roto, “para que sepan nuestras hijas e hijos que sus madres las y los siguen buscando, que siguen exigiendo justicia y que se actúe con la debida diligencia, hasta alcanzar Verdad, Justicia y Reparación Integral”.
 
Una vez concluida la marcha y el acto político frente al Memorial de las Víctimas, las notas del mariachi surcaron el aire al tenor de “Amor Eterno” y “Señora”, en ese momento las madres y sus familias rompieron en llanto, que a duras penas habían controlado durante la marcha.

A las cuatro de la tarde, las madres de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa hicieron lo propio y al grito de ¡vivos se los llevaron y vivos los queremos! hicieron cimbrar el Paseo de la Reforma.
 
Y ese mismo día, 10 de mayo, un comando armado cegó la vida de una madre activista, en San Fernando, Tamaulipas, Miriam Rodríguez, a quien el Estado le falló cuando desapareció su hija Karen Alejandra Salinas, y le volvió a fallar cuando no la buscaron, ella la encontró en un fosa clandestina en San Fernando y también localizó a los culpables de su secuestro y feminicidio.
 
El Estado Mexicano le volvió a fallar cuando permitió que los culpables del secuestro y feminicidio de su hija huyeran de la cárcel y le falló por cuarta ocasión cuando no la protegió y permitió que un comando armado la privara de la vida.
 
#NiUnaMás
 
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
Twitter: @CATWLACDIR
Facebook: Catwlac Directora
 
17/TCUZ/GG

El número de recomendaciones que publica la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) es sustancialmente menor que el número de denuncias que recibe por violaciones de Derechos Humanos (DH), apenas el 0.8 por ciento.
 
Así lo determinó la Alianza Global de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) en un informe que presentó en marzo pasado en Ginebra, Suiza, y donde recomendó a la CNDH examinar que su método de trabajo no impida abordar violaciones sistemáticas de los DH.
 
El Subcomité de Acreditación de la GANHRI, encargado de evaluar estos organismos, reconoció que hay razones para publicar menos recomendaciones de las que quejas que recibe, entre otros el alto porcentaje de denuncias que se resuelven mediante un proceso de conciliación.
 
Esta evaluación consideró la información enviada por la organización mexicana Efecto Útil que en 2016 realizó un informe sobre el funcionamiento de la CNDH, donde señaló que de 2004 a 2015 el organismo recibió 83 mil 418 quejas, de las cuales 649 terminaron en una recomendación, es decir, el 0.8 por ciento.
 
El análisis de la organización Efecto Útil indica que en 46 por ciento de los casos la CNDH no encontró que hubiera violaciones de DH; en 33.5 por ciento hubo conciliación durante el trámite y en 12.4 por ciento determinó que no existía materia. 
 
Efecto Útil destacó que estas cifras contrastan con las observaciones de organismos internacionales y de Naciones Unidas que han señalado su preocupación por la falta de una respuesta institucional apropiada frente a la crisis de DH en el país.
 
Además señaló el Subcomité que la actuación de la CNDH tiene un efecto negativo para las víctimas de violaciones de DH porque la falta de investigación adecuada de una queja impide demostrar la responsabilidad del Estado y como consecuencia la obligación de reparar el daño.
 
El Subcomité también apuntó que la CNDH debe dar seguimiento a las recomendaciones de los informes que realiza y difundir información detallada sobre las medidas que adoptaron o no las autoridades públicas para aplicar recomendaciones o decisiones específicas.
 
Recordó además que el deber de los organismos de DH es vigilar, investigar y dar cuenta de la situación de los DH en el país; realizar actividades de seguimiento rigurosas y sistemáticas, para promover la aplicación de sus recomendaciones y conclusiones, y la protección de las personas a las que se han vulnerado sus derechos.
 
Hasta la fecha, critica el Subcomité, tampoco hay una reforma legislativa que formalice el papel que desempeña la CNDH como mecanismo nacional de prevención de la tortura. 
 
17/AGM/GG

Estereotipos de género, resistencia de aplicar la legislación en materia de violencia y corrupción de las redes de poder, caracterizan el sistema de administración y procuración de justicia, un sistema que pareciera diseñado para garantizar la impunidad cada vez que las mujeres denuncian.
 
De eso habla el caso de Daphne Fernández, quien en enero de 2015, a los 17 años de edad, fue víctima de violación y abuso sexual por parte de cuatro jóvenes en Veracruz, cuyo proceso podría encaminarse a la impunidad.   
 
También el asesinato de Emma Gabriela Molina Canto, ocurrido el 27 de marzo pasado en Yucatán, cuando mantenía un juicio por la custodia de sus dos hijas e hijo y que había denunciado por violencia a su expareja, Martín Alberto Medina Sonda.
 
Ambos casos reflejan un problema estructural en el acceso de las mujeres a la justicia, afirmó la docente en Estudios de Género y Literatura, Lucía Melgar Palacios, quien advierte que las leyes, por sí solas no cambian a la sociedad, menos cuando funcionarios y jueces no tienen perspectiva de género.
 
Señala otro factor: la ética de los funcionarios, quienes se resisten a cumplir las leyes que buscan una vida libre de violencia para las mujeres.
 
Las cifras hablan: el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y las organizaciones Equifonía AC y el Colectivo Akelarre AC en Veracruz, de 2010 y 2015, registraron 10 mil 295 casos de delitos sexuales.
 
En Yucatán, de 2008 hasta noviembre de 2016, se documentaron más de 90 muertes violentas de mujeres, 57 con elementos que caracterizan a los casos de feminicidio, uno sentenciado como tal, según el informe “Estado del Feminicidio en Yucatán, 2008–2016”, del colectivo Yucatán Feminicida.
 
Detrás de los números está el caso de Daphne, quien lleva 2 años expuesta en medios y en espera de justicia; y el de Emma Gabriela, quien antes de ser asesinada fue encarcelada para impedir que obtuviera la custodia de sus hijos. 
 
“Preocupa el mensaje que se envía -dijo Melgar Palacios-: que la violencia sexual hacia las mujeres es menospreciada, es un chiste y ejercerla no tiene consecuencias. El caso de Emma es emblemático, muestra una amenaza anunciada”. 
 
Dijo que desde 2007, con el aumento de la violencia del crimen organizado y de las fuerzas armadas, el feminicidio, el abuso infantil, la violencia intrafamiliar y otros tipos de violencia hacia las mujeres se dejan de lado porque “a diario se asesinan a más hombres que a mujeres”.
 
Estos casos, dijo la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Olga Sánchez Cordero, recuerdan que es obligación de la autoridad actuar con perspectiva de género y dejar los “argumentos estereotipados, indiferentes y discriminatorios”. 
 
UN JUEZ CON “OTROS INTERESES”
 
En el caso de Daphne, el 28 de marzo pasado, el juez Tercero de Distrito del Séptimo Circuito de Veracruz, Anuar González Hemadi, otorgó un amparo (159/2017) a uno de los acusados de pederastia tumultuaria, Diego Gabriel Cruz. Su argumento: hubo “frotamiento incidental” sin intención “lasciva” ni de “copular”.  
 
La abogada del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social y coadyuvante del caso, Karla Micheel Salas, dice que el juez, indebidamente, entró al tema de fondo y otorgó el “amparo liso y llano”, es decir, la libertad.
 
Aunque la resolución no es firme, ya que fue impugnada por la Fiscalía veracruzana, preocupa que no otorgó un amparo “para efectos”, no pidió subsanar irregularidades, optó por entrar al fondo como si dictara una sentencia con pruebas en la mano.
 
La abogada explicó que el currículum del juez indica que pese a conocer la legislación nacional e internacional, definió el abuso sexual de manera indebida e incorporó el elemento de “lascividad”, en contra del sentido de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de criterios de la SCJN.
 
“Este juez está actuando de otra manera y respondiendo a otros intereses, no los de la justicia”, dice Salas, es una resolución llena de estereotipos, que no consideró el interés superior de la infancia y manda un mensaje de permisividad hacia la violencia sexual contra una niña.
 
Omitió la tesis jurisprudencial 22/16, publicada el 15 de abril de 2016 por la SCJN; el Protocolo para juzgar con perspectiva de género y los criterios publicados por el alto tribunal el 1 de marzo pasado, sobre la responsabilidad de dar valor probatorio al testimonio de una víctima de hostigamiento sexual.
 
Es una resolución omisa, señaló la abogada penalista y especialista en Derechos Humanos, Esmeralda Lecxiur Ferreira, porque el juez determinó la inocencia del presunto culpable, violando el Artículo 5 de la Ley General de Víctimas, sobre el principio de igualdad de la víctima y el acusado ante la ley. 
 
OMISIÓN DEL ESTADO
 
En agosto de 2008, Emma Gabriela se separó de su esposo, el empresario tabasqueño, Martín Alberto Medina, por violencia intrafamiliar. Acordaron vivir en Yucatán, para facilitar las visitas a sus hijos, pero en 2010 la golpeó, y la denunció por maltrato infantil y abandono de hogar.
 
Medina era socio, operador financiero y presunto prestanombres de José Manuel Saiz Pineda, tesorero en el gobierno del priista Andrés Granier. Sonda y Granier están presos.
 
El 25 de mayo de 2012, Medina raptó a los niños cuando iban en auto con su madre. Ella fue encarcelada 4 meses, acusada de delitos fiscales. Su madre, Ligia, denunció la desaparición de sus nietos y la Fiscalía estatal emitió una prealerta hasta 2014.
 
Ligia fue encarcelada el 4 de agosto de 2014, acusada de falsificar tarjetas de crédito en Guadalajara. Con apoyo de organizaciones civiles fue liberada. 
 
Medina, preso por operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría ser autor intelectual del asesinato, señalan organismos civiles. Hay dos detenidos, presuntos autores materiales.
 
La diputada por Movimiento Ciudadano, Candelaria Ochoa, dijo que es increíble que se reconozca el feminicidio y no se sancione como tal. En Yucatán una de las características del feminicidio “es su antecedente de violencia familiar”.
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó en la recomendación 54/2014, que los arrestos de Emma y Ligia constituyen violencia institucional, porque hay servidores públicos de Yucatán, Tabasco, Ciudad de México y de la PGR, involucrados. 
 
17/AGM/MAE/GG 

En este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, organismos civiles y públicos, instancias de las Naciones Unidas y sindicatos, exigieron al Gobierno mexicano –como cada año- que no se violen más los derechos humanos de 2.4 millones de trabajadoras y trabajadores del hogar, y que se les otorguen las mínimas garantías laborales de que gozan otros empleados en el país.
 
El 95 por ciento de las 2.4 millones de personas que trabajan por una remuneración en hogares ajenos, son mujeres, que representan 5 por ciento de la población ocupada y aportan 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Son, sin embargo, pobres, una de cada cuatro no cuenta con estudios de primaria, solo 5 por ciento fue a la secundaria, muchas son migrantes e indígenas. Nueve de cada 10 no tienen contrato laboral, ganan la mayoría menos de dos salarios mínimos diarios, sin prestaciones ni retiro digno. 
 
De las trabajadoras del hogar, 85.8 por ciento realizan tareas de limpieza en hogares particulares, 8.2 por ciento son cuidadoras de personas y 5 por ciento son lavanderas y/o planchadoras en casas particulares, señala el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Hay, también, trabajadoras del hogar que son niñas y adolescentes, sujetas a las mismas condiciones que las adultas.
 
En suma, sus empleos –limpiar hogares, cuidar, personas, lavar y planchar- son altamente precarios y mal remunerados y en ellos están expuestas cada día, tanto a la discriminación y al maltrato, como al acoso y a la violencia sexual, lo que lesiona su integridad personal, su salud, y afecta a sus familias.
 
Esta desfavorable situación es reversible, señalan los organismos que se manifiestan hoy mediante comunicados: hay mecanismos legales y acciones concretas –a las que están obligadas las autoridades- para dar a las trabajadoras del hogar al menos el mismo estatus que a otros empleados. Concretamente, dicen, está pendiente la aprobación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), firmado por México hace más de cinco años, así como políticas públicas y aplicar la ley vigente.
 
Es por eso que hoy la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) hace un “enérgico llamado” a Enrique Peña Nieto, para que instruya a las autoridades a cumplir con su obligación de promover, y garantizar los derechos humanos de las trabajadoras del hogar y para que instrumenten de inmediato políticas públicas que garanticen la igualdad de trato de las trabajadoras del hogar con el resto de las personas trabajadoras, particularmente en lo relativo a los derechos laborales, a la seguridad social, a la salud y a la vivienda.
 
Llaman también al Congreso de la Unión a reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, a fin de derogar el régimen de excepción laboral al que están sometidas las trabajadoras del hogar, al ser incompatible con los principios constitucionales de derechos humanos y no discriminación.
 
CONVENIO 189, CRUCIAL
 
La ratificación del Convenio 189 de la OIT es crucial, señalan este 30 de marzo, en un comunicado conjunto la Oficina en México de la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres (ONU Mujeres), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
 
También es urgente la ratificación de los Convenios sobre trabajo decente 156 y 183, que promueven la no discriminación y la igualdad de oportunidades laborales entre hombres y mujeres.
 
El Convenio 189 de la OIT, explican las instancias de la ONU,  promueve la equiparación de los derechos de las trabajadoras domésticas con los que se establecen en la legislación para los demás grupos de trabajadores, en temas como fijación de la jornada laboral, días libres a la semana y acceso a la licencia remunerada de maternidad.
 
La cobertura de la seguridad social que implica el Convenio también puede contribuir a superar los obstáculos de acceso que surgen de las particulares condiciones de trabajo y contratación; las dificultades de fiscalización en los hogares privados; la ausencia de un contrato de trabajo; la falta de conocimiento de los derechos laborales, y la variabilidad en el número de empleadores y los horarios.
 
El Convenio también incluye prevención de abuso, acoso y violencia contra las trabajadoras del hogar, mayor acceso a los procedimientos de resolución de conflictos y la creación de medidas para bajar la informalidad.
 
Recuerda Naciones Unidas que el Comité de la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW), en sus observaciones a México en 2012, recomendó al Estado Mexicano la ratificación del Convenio.
 
Y en 2014 las recomendaciones a México del Examen Periódico Universal reiteraron este punto. Las conclusiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) reconocen la importancia de los estándares de derechos humanos relativos al trabajo para avanzar en el empoderamiento económico de las mujeres. Además, no puede haber discriminación por sexo en las relaciones laborales, anotan.
 
NINGUNA RAZÓN PARA DETENERLO
 
El Conapred señala en su comunicado de hoy que el Convenio, firmado por México, no ha sido ratificado por el Senado de la República para que entre en vigencia en el marco legal nacional, por lo que exhortan al Ejecutivo federal a no demorar más su presentación en el legislativo para que inicie su ratificación.
 
Pero, señala Conapred, con o sin Convenio 1896, los poderes de la Unión están obligados por la Constitución a dar un trato no discriminatorio y derechos iguales para todas las personas, y de terminar con el régimen de excepción laboral, sanitario y de bienestar social que sufren las trabajadoras del hogar. 
 
Conapred no ve razón alguna para mantener suspendida la igualdad de derechos de las trabajadoras del hogar. Además, los cálculos presupuestales y las previsiones de acción gubernamental no pueden, en ningún momento, priorizarse sobre los derechos constitucionales. La negativa a garantizar estos derechos, obedece a “una inercia discriminatoria” entre quienes no sólo tienen la decisión, sino también la obligación de terminar con esta situación de injusticia e inconstitucionalidad.
 
De igual manera, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos le preocupa la demora para que entre en vigor el Convenio 189. En su comunicado con motivo del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, el organismo señala como contrario a los derechos humanos el trabajo mal remunerado, la falta de prestaciones, la exposición a accidentes, violencia verbal y física, incluso sexual, así como la incertidumbre por la permanencia en el trabajo.
 
Ratificar el convenio, dice la CNDH, significaría sumarse al compromiso de promover el trabajo decente como una medida de justicia social y para reforzar los derechos fundamentales de trabajadoras del hogar. Y por ello el Ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, dirigió un escrito al titular de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray para que se ratifique por el gobierno dicho convenio.
 
A la fecha, son 23 países que han ratificado y aplicado el Convenio 189 de la OIT, 13 naciones de América Latina, con condiciones en muchos sentidos similares a las nuestras.   
 
NIÑAS Y ADOLESCENTES
 
La CNDH llama la atención en su comunicado sobre el trabajo del hogar que realizan de manera remunerada niñas y adolescentes, quienes “más bien tendrían que estar en las escuelas”, y que enfrentan las mismas condiciones desfavorables que las adultas, lo que contribuye a la exclusión y vulneración de los derechos humanos. 
 
Según la "Encuesta Intercensal 2015", el total de adolescentes de 12 a 17 años que realizan trabajo doméstico es de 28 mil 103, 26 mil 084 son mujeres, es decir 92.82 por ciento.
 
Recuerda el Ombudsman que, según la OIT, en su informe “Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico 2013”, el trabajo infantil doméstico afecta a unos 10.5 millones de niñas y niños en el mundo, la mayoría menores de edad, en condiciones peligrosas y, en algunos casos, análogas a la esclavitud.
 
Las tareas que hacen, dice el informe, son limpiar, planchar, cocinar, jardinería, recolectar agua, cuidar de otros niños o de los ancianos, y al realizarlo se exponen a la violencia física, psicológica y sexual, a condiciones de trabajo abusivas, con frecuencia aisladas de sus familias, ocultas a la mirada pública, y llegan a ser muy dependientes de sus empleadores. 
 
TIBIOS AVANCES
 
El Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México reconoce, en su comunicado de hoy, que la recién aprobada Constitución local reconoce el trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes y servicios para la producción y reproducción social.
 
Del mismo modo, establece el fomento a la formalización de los empleos y la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas y sus empleadores y el acceso a la seguridad social.
 
Y afirma que, en coordinación con el Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (Sinactraho) y la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE), el Inmujeres CDMX   brindan atención y asesorías sobre autonomía económica y promoción de los derechos laborales a las mujeres que se emplean en este tipo de actividades.
 
Sin embargo, estos incipientes avances han sido cuestionados mediante las impugnaciones que han hecho organismos federales y partidos a la Carta Magna de la capital del país.
 
17/RED/GG

El Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT)  exhortó a México a focalizarse más en la lucha contra la impunidad y a adoptar una Ley General en materia de Tortura, la que debe estar en plena conformidad con los estándares internacionales pertinentes.
 
Al finalizar la segunda visita que realizó a México del 12 al 21 de diciembre, la delegación emitió un comunicado, donde Felipe Villavicencio, quien encabezó al grupo de expertos dijo que a ocho años de su primera visita, “las diversas definiciones del delito de tortura continúan generando lagunas reales o potenciales para la impunidad”.

De conformidad con las estadísticas oficiales, a nivel federal actualmente existen más de cuatro mil 700 investigaciones abiertas por hechos relativos a tortura, pero el número de sentencias a perpetradores es desproporcionadamente bajo, según informó el grupo después de entregar al gobierno mexicano sus observaciones preliminares confidenciales.

Durante su estancia de diez días en el país, el SPT realizó visitas a 32 lugares de privación de libertad en Baja California, Ciudad de México, Coahuila de Zaragoza, Guerrero, Morelos, Nuevo León y Veracruz, y se entrevistó con personas y colectivos, incluso recibió información sobre tortura sexual hacia mujeres.
 
Asimismo, se reunió con autoridades, representantes de la sociedad civil y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Esto le permitió al SPT identificar sólidos hallazgos sobre este fenómeno y los malos tratos al momento de la detención, traslado y permanencia en los lugares donde las personas están privadas de su libertad, los que fueron compartidos de manera confidencial con las autoridades mexicanas.

Por su parte, ayer el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) de la CNDH emitió el informe 9/2016, donde identificó diversas situaciones de riesgo para las personas que son privadas de la libertad porque no reciben un trato humano y digno, además de la inexistente falta de protección de la salud y a la integridad personal.
 
El MNTP visitó durante los meses de septiembre y octubre de 2016 los ocho Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) varoniles, el Complejo Penitenciario “Islas Marías”; y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi).
 
Evaluó las condiciones de reclusión y corroboró que existen deficientes condiciones en las instalaciones como: escasas actividades para la reinserción social; incorrecta imposición de las sanciones disciplinarias, una inadecuada separación y clasificación de los internos e inconveniente comunicación con personas del exterior.
 
Las personas con discapacidad física no cuentan con accesos o servicios adecuados para ellos; existe una falta de programas para prevenir y atender situaciones de emergencia o eventos violentos; escases de personal médico; falta de equipo médico y medicamentos, entre otras deficiencias que señala el reporte.
 
A pesar de que en el reporte la CNDH se enfoca en centros varoniles, en 2015 realizó un informe sobre las condiciones en las que viven las mujeres reclusas, donde señala que 60 internas alojadas en 33 lugares de reclusión (de los estado de Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, entre otros) refirieron haber sido víctimas de violencia física por parte del personal de las instalaciones.
 
Asimismo sin precisar un número exacto, varias internas encuestadas por la CNDH señalaron que fueron víctimas de abusos  sexuales, por el personal directivo, técnico y de custodia.
 
16/HZM/KVR

A cuatro años de que la veracruzana Claudia Medina Tamariz fue detenida y torturada sexualmente por marinos en 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) podría iniciar una averiguación previa en contra de los agentes navales que la violentaron.
 
El pasado 16 de diciembre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 62/2016, dirigida al secretario de Marina, Vidal Francisco Soberón Sanz, por el cateo ilegal y violación a la integridad personal de Claudia.
 
En la recomendación que aún debe ser aceptada por la Semar, el organismo pide a las fuerzas armadas colaborar ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la Comisión Nacional formulará ante la PGR.
 
El 7 de agosto de 2012, entre las 03:00 y las 03:30 horas, expuso la CNDH, la víctima dormía en su casa cuando elementos de la Semar ingresaron a su hogar en el puerto de Veracruz y, junto a su esposo, la sacaron a golpes, los tiraron al suelo, les ordenaron callar, les vendaron los ojos y ataron las manos.
 
Mientras unos marinos registraron el lugar, otros los subieron a una camioneta y trasladaron a las instalaciones de la base naval ubicada en el kilómetro 13.5 de la carretera Xalapa, Veracruz, junto al aeropuerto internacional.
 
La víctima dijo que permaneció retenida de manera ilegal por 39 horas, tiempo en que fue torturada sexualmente por los agentes navales que la cuestionaron sobre un grupo delictivo, luego la obligaron a firmar una declaración autoincriminatoria.
 
A Claudia se le acusó de formar parte de una organización criminal y diversos delitos, como delincuencia organizada, daños contra la salud, portación de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.
 
De acuerdo con las declaraciones que Claudia ha dado a los medios de comunicación, posterior a la tortura y el interrogatorio, fue obligada a lavar ropa sucia con los ojos vendados y antes de trasladarla a las instalaciones de la PGR para rendir su declaración tuvo que bañarse, todo el tiempo estuvo vigilada por alguien y tuvo que vestirse con ropa que contenía polvo picante.
 
Al ser presentada como delincuente Claudia dijo ante la PGR que los marinos la habían torturado, pero la doctora –quien le realizó diversos exámenes– asentó que no presentaba lesiones y que sólo tenía una escoriación (lesión en la piel). Aun así, el 21 agosto 2012, a 14 días de la detención, el Juzgado Segundo de Distrito en Zacatecas, Zacatecas, le concedió libertad provisional bajo caución.
 
El 17 de octubre de 2012 presentó una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, quien el 23 del mismo mes la remitió a la CNDH.
 
Finalmente en 2015 el Tercer Tribunal Unitario de Xalapa, Veracruz, otorgó la libertad inmediata a Claudia, quien fue acusada de ser líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y de posesión de drogas, narcomenudeo, acopio de armas, operaciones con recursos de procedencia ilícita y posesión de cartuchos y granadas.
 
Hasta ahora no hay ningún marino procesado, pero ella se ha sumado a otras mujeres para denunciar en foros internacionales la tortura sexual que hay en México.
 
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