comunidades indígenas

Dos de las más grandes dificultades para lograr la eliminación del matrimonio infantil son: la resistencia de quienes lo ven como una limitación al ejercicio de los derechos sexuales de las adolescentes, y por otro, la respuesta institucional y social que evade su responsabilidad e intervención con el argumento de una “contradicción entre el derecho a los “usos y costumbres”, lo que imposibilita la eliminación absoluta en la ley y en la práctica, de los matrimonios de niñas en comunidades indígenas.
 
Esta postura pasiva institucional ha servido como justificación en entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Yucatán, Campeche, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo, donde los grupos de mujeres reconocen el problema de fondo; pero el escenario se repite a lo largo y ancho del territorio nacional.
 
El argumento es que el rito del matrimonio incluye la entrega de una “dote” y que es parte de los “usos y costumbres” de los pueblos originarios y que esto impide que se erradique la práctica, pues forma parte de los rituales de boda… recibir un recurso económico que varía según la capacidad económica del “desposante” a quien es entregada la niña por la familia.
 
Y sí, así también son “enganchadas” algunas jóvenes para la trata. Y sí, también así son entregadas sin ningún miramiento a sus agresores. Y sí, también así fueron entregadas sus madres y sus abuelas.
 
Y sí, así también se entregaba a las señoritas de las sociedades con poder adquisitivo en otros países, en otros tiempos, y aún hoy en algunas regiones en las que prevalecen estas prácticas que atentan contra los derechos de las niñas.
 
¿Una coincidencia de “uso y costumbre? Por supuesto que no, no es un uso y costumbre pues no constituye ningún elemento de la identidad, y sí es una práctica patriarcal que ha permitido y alentado la apropiación del cuerpo de las mujeres, la cosificación de las mujeres convirtiéndolas en extensión del territorio y la propiedad familiar, moneda de cambio y uso del sistema capitalista-patriarcal.

Algunos de los argumentos de la autoridad para permitir que esta práctica continúe en los municipios y comunidades rurales o poblaciones indígenas, es que “sería ir contra el artículo segundo constitucional que reconoce el derecho de los pueblos a:
 
I. Decidir sus formas internas de convivencia y organización social, económica, política y cultural.

II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los Derechos Humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales correspondientes.
 
Hay “autoridades” que reconocen que la unión de una niña con un adulto, se tutela bajo el derecho del que la familia de la “novia”, recibe un bien, o simplemente termina la manutención de la menor de edad. Y no sólo lo justifican, la comunidad lo interioriza y lo apropia, porque institucionalmente nada se hace desde la educación formal para cambiarlo y señalar que no forma parte de la identidad de los pueblos mexicanos, sino del sistema patriarcal que rige a todas las sociedades.
 
Además, México tiene el compromiso y la responsabilidad de hacer cumplir la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que establece la obligación de los Estados parte, de eliminar todas las leyes y usos y costumbres que afecten la dignidad y los derechos de las mujeres y las niñas.
 
Aún así el tema no es prioridad en ninguna agenda, sólo empieza a ser una campaña impulsada por las organizaciones defensoras de los derechos de las niñas, como el Observatorio de Violencia Social y de Género de Campeche, el grupo de organizaciones en Chiapas, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres en Chihuahua, activistas que lo han denunciado en espacios alternativos, y medios feministas que lo difunden, pero el Estado sigue sin asumir un compromiso determinante.
 
Y no es coincidencia. Es el sistema de tráfico y control de los cuerpos de las niñas y las mujeres desde temprana edad, un sistema que rige y justifica su uso, control, sometimiento, explotación, dominio y por supuesto propiedad, para ser desechada a voluntad cuando ya no sea útil o cuando intente escapar a ese control.
 
El matrimonio infantil lo que entraña es ese sistema que oprime a las mujeres y como tal encontrará siempre resistencias y “argumentos, por irrisorios que parezcan”, en cualquier parte del mundo.
 
* Integrante de la Red Nacional de Periodistas y del Observatorio de Feminicidio en Campeche.
@argentinamex
 
16/AC/LGL

El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los Derechos Humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, realizará una visita a nuestro país, a partir del 29 de agosto y hasta el 7 de septiembre, para revisar los casos de comunidades indígenas afectadas por empresas mineras en Durango, Sonora y Oaxaca.
 
Mediante un comunicado la organización Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales A.C (Prodesc) informó que la gira de trabajo de 10 días que realizará el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas, será una oportunidad para documentar los casos de empresas de la industria extractiva, que afectan los Derechos Humanos (DH) de comunidades agrarias e indígenas.
 
Uno de los casos que expondrán, por ser paradigmático en el tema de la defensa de la tierra y los bienes naturales, es el Ejido de la Sierrita de Galeana, en donde la empresa Excellon de México S.A. de CV, filial de la Canadiense Excellon Resources Inc, no ha cumplido con cláusulas de carácter económicas, sociales y medioambientales que se establecieron en el contrato de ocupación temporal firmado en el año 2008, por la empresa con las y los ejidatarios.
 
Otro caso de la industria extractiva, es de los Comités de Cuenca Río Sonora, en donde el derrame de 40 millones de solución de cobre acidulada proveniente de la mina Buenavista del Cobre (Grupo México), provocó en las habitantes de las comunidades vecinas al Río Sonora, cáncer Cérvico uterino y otras afectaciones en la salud, debido a la radiación.
 
“Haremos especial énfasis en las omisiones de las autoridades responsables, la impunidad con la que la empresa ha afectado nuestros derechos y modos de vida, la falta de remediación integral y garantías de no repetición, así como  los distintos obstáculos que hemos enfrentado para acceder a la justicia en este proceso” indica Prodesc en el boletín de prensa.
 
Los casos de las comunidades de Oaxaca tratan sobre el amparo interpuesto por la Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco (APPJ) en contra de la falta de consulta para la instalación del parque eólico Bií Hioxo de la empresa Gas Natural Fenosa, y las violaciones al proceso que realizó el gobierno mexicano a través de la Secretaría de Energía en Juchitán, Oaxaca en el año 2014.
 
Mientras la comunidad Agraria de Unión Hidalgo Oaxaca, expondrán el caso sobre la demanda de nulidad de contratos que interpusieron en contra de la empresa Desarrollos Eólicos de México S.A de CV ya que los contratos están firmados con pequeños propietarios y por la vía civil, cuando las tierras de Juchitán son tierras agrarias.
 
Las asociaciones que firman el comunicado y que expondrán todos esos casos ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la cuestión de los DH y las empresas transnacionales y otras empresas son: Comisariado Ejidal del Ejido La Sierrita de Galena, Comités de Cuenca Río Sonora, Asamblea Popular del Pueblo Juchiteco y Comité de Resistencia al Proyecto Eólico de Unión Hidalgo.
 
16/GVV/LGL