SEP

Trabajadoras de intendencia despedidas injustificadamente del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y organizaciones civiles urgieron a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) a pronunciarse enérgicamente contra la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) por violar el derecho de las mujeres a acceder a la justicia, pues la instancia ha retrasado casi dos años la demanda colectiva que 30 trabajadoras interpusieron.

Esto exigieron las mujeres despedidas en enero de 2016 durante un mitin realizado hoy frente a la JLCyA y a través de un pronunciamiento que también suscribieron las organizaciones Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos, el Comité Cerezo México y la Organización de Lucha por la Emancipación Popular.

Desde febrero de 2016, 30 de las 59 trabajadoras despedidas demandaron al IEMS para que el Instituto reconozca la relación laboral que tenía con ellas y puedan retomar sus empleos con condiciones dignas, pero el proceso legal no avanza porque la JLCyA sigue sin citar a los testigos de las denunciantes que comparecerán en una audiencia testimonial, proceso indispensable para que, posteriormente, la instancia reguladora de conflictos laborales emita un fallo.

Además de la JLCyA, la CDHF también ha sido omisa: nunca se ha pronunciado contra el retraso del proceso legal, esto pese que el organismo conoce el caso porque existe una queja en la quinta visitaduría por las violaciones a los derechos laborales de las mujeres, denunció en entrevista con Cimacnoticias Alejandro Cerezo, defensor de los Derechos Humanos e integrante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México.

Por lo que pidió que la nueva presidencia de la CDHDF “realice su trabajo” e inste a la JLCyA a acelerar el proceso legal, pues las trabajadoras despedidas siguen en busca de justicia. Recordó que el acompañamiento de la CDHF ha sido deficiente pues no se ve reflejado en la verdadera protección de los derechos de las mujeres que siguen sin tener trabajos con condiciones dignas.

IEMS y JLCyA OBSTACULIZAN ACCESO A LA JUSTICIA

Las trabajadoras denunciaron que la actuación de la JLCyA les hace pensar que más que defenderlas la instancia “es cómplice de las autoridades del IEMS en la violación de sus derechos laborales”. Por lo que exigieron a la JLCyA realizar de forma inmediata y efectiva las diligencias necesarias para continuar con el proceso legal.

Desde octubre de 2016 la demanda no avanza, expuso en entrevista con Cimacnoticias la vocera de las trabajadoras, Guadalupe Carrasco Carrasco. El 28 de ese mes sería la primera audiencia, pero la JLCyA no citó a los testigos y la pospuso al 20 de abril de este año, sin embargo, y por la misma razón, la instancia volvió a postergarla y la audiencia sigue sin efectuarse.

Hasta ahora la JLCyA sólo ha citado a una de las al menos 12 personas empleadas del IEMS (profesoras e intendentes) que las trabajadoras despedidas nombraron como testigos. Guadalupe Carrasco explicó que si bien los testigos podrían presentarse voluntariamente buscan que la Junta los cite formalmente para impedir que, como sucedió con la profesora Karla Santoyo Hernández, autoridades de la instancia educativa tomen represarías contra ellos y los despidan por externar su apoyo a las trabajadoras.

Los actuarios, trabajadores de la Junta Local encargados de entregar los citatorios, no lo han hecho bajo el argumento de que “no tienen los recursos económicos suficientes para trasladarse”, denunció Guadalupe Carrasco, o porque afirman “no encontrar las direcciones”.

Los días 12 y 19 de septiembre pasados, actuarios acudirían a la preparatoria 2 del IEMS -donde las trabajadoras mantienen desde 2016 un plantón como protesta-para entregar los citatorios, pero no se presentaron.

“La justicia si no es pronta no es justicia”, opinó Guadalupe Carrasco, y reiteró que pese a los obstáculos refrendan su interés de ser reinstaladas. “Esta lucha también es por nuestras compañeras que siguen trabajando en el IEMS, contratadas por empresas de outsourcing y enfrentan acosos y salarios bajos”, afirmó.

La fecha que la JCyA fijó para la próxima audiencia testimonial será en febrero de 2018, informó Alejandro Cerezo.

La demanda con número de expediente 127/2016 agrupa las exigencias de trabajadoras de intendencia despedidas de los planteles del IEMS ubicados en Iztapalapa 2, los dos de la delegación Gustavo A. Madero, así como del de Coyoacán y Tlalpan 1.

17/MMAE

Nueve de cada diez escuelas públicas en la capital de Puebla no tienen fecha para regresar a clases después del sismo del 19 de septiembre, debido a que no han obtenido sus dictámenes por parte del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (Capcee) y Protección Civil.

En tanto, la mitad de escuelas privadas en la ciudad ya fue revisada y esta semana retomó actividades. A diferencia de las instituciones públicas, los colegios privados tuvieron que pagar a los peritos Directores Responsables de Obra acreditados por el municipio, entre mil 500 y 11 mil pesos para obtener un dictamen de seguridad, es decir, que no tienen daños estructurales.

Lo que es una constante tanto en las escuelas públicas como en las privadas han sido las inconformidades de padres de familia y docentes.

ESCUELAS PÚBLICAS SIN DICTÁMENES

Después de una semana del sismo de 7.1 de magnitud, sólo siete de cada cien escuelas en la capital del estado habían sido revisadas por el Capcee y Protección Civil, según datos del portal oficial escuelapoblana.org.

De las mil 180 instituciones educativas en la capital del estado el 92.9 por ciento (mil 96 escuelas) está en revisión, 5.9 por ciento (70 escuelas) no tiene riesgos y 1.2 por ciento (14 escuelas) tuvo daños estructurales.

Puebla fue uno de los 112 municipios donde la Secretaría de Gobernación federal (Segob) decretó emergencia extraordinaria por el sismo, por lo cual las clases fueron suspendidas hasta nuevo aviso. En el resto de municipios (105) las actividades se retomaron el lunes 25 de septiembre.

En una conferencia de prensa la titular de la SEP, Patricia Vázquez del Mercado anunció que era obligatorio para las escuelas tanto públicas como privadas contar con su certificado de “Escuela segura” para regresar a clases y el dictamen sobre inexistencia de daños estructurales.

Sin embargo en las escuelas públicas ha habido un retraso porque el Capcee sólo tiene 26 inspectores para todo el estado, por eso el director de la dependencia, Jorge Cruz Bermúdez, dijo –en la misma conferencia de prensa- que pidieron apoyo a otros estados e instituciones nacionales para hacer las revisiones.

PIDEN A DOCENTES Y PADRES REVISAR

Docentes y padres de familia, quienes prefirieron el anonimato, aseguraron que después del sismo la SEP estatal dio la indicación de que supervisores, directivos, el comité de padres de familia y el comité de participación social de cada escuela debían levantar un “acta de hechos”, donde informaran de los daños sufridos porque el regreso a clases dependía de ello.

A pesar de que el acta menciona que debe de estar un representante del Capcee y de Protección Civil, los profesores y padres aseguraron que dichas autoridades no han visitado las instituciones educativas. Ante esta situación consideraron que se les estaba cargando una responsabilidad que no les corresponde porque no son especialistas para determinar las afectaciones.

En el documento enviado por la SEP en los días posteriores al temblor se pidió a directivos y padres describir cuáles fueron los daños menores y cuáles los daños mayores, además de que enviaran fotografías.

Mientras se recababa la información la dependencia se mantuvo firme en que el regreso a clases sería el lunes 25 de septiembre, pero un día antes Patricia Vázquez anunció que en los 112 municipios donde se decretó emergencia extraordinaria se suspenderían clases hasta próximo aviso.

En un análisis preliminar de la SEP dado a conocer el 20 de septiembre se mencionaba que se había inspeccionado 46 por ciento de los 12 mil 81 planteles el estado, de todos los niveles, particulares y públicos. Además de que 213 instituciones educativas tuvieron daños y de ellas 120 requerían la presencia de Protección Civil.

MITAD DE PARTICULARES REGRESAN A CLASES

De acuerdo con información del sitio oficial escuelapoblana.org, de las mil 480 instituciones privadas en el municipio 53.8 por ciento (796 escuelas) no tiene riesgo y el otro 46.2 por ciento (684 escuelas) está en proceso de revisión.

Hasta ahora no se reportan daños estructurales en ningún colegio privado, aunque padres de familia y profesores han denunciado vía redes sociales que algunas instituciones sí presentan afectaciones graves, pero sólo se está dando mantenimiento de forma superficial.

SE REQUIEREN REVUSIONES MINUCIOSAS

El director de posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Moisés Morales Arizmendi, dijo en entrevista para LADO B que las escuelas son “edificios de alto riesgo”, no porque sean inseguras sino por la cantidad de personas que albergan entre estudiantes y profesores.

Es por ello que sus niveles de seguridad deben de ser los más altos y las revisiones a los planteles deben recaer sólo en especialistas.

Para el académico es importante que después del sismo se calculen los índices de riesgo de cada uno de los planteles, no sólo para reforzar las partes que hagan falta sino para prevenir que otros sismos puedan afectar las estructuras.

*Este artículo fue retomado del portal ladobe.com.mx

@samantras

17/SP/LGL

En una carta pública, las trabajadoras de intendencia despedidas en enero de 2016 del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) exigen a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje capitalina,  que agilice la resolución del caso.

Junto con organizaciones civiles, denuncian también que las audiencias programadas sobre su caso se han postergado porque el personal de la instancia afirma que “no cuenta con recursos suficientes para trasladarse y notificar a los testigos”.

Las mujeres iniciaron la demanda laboral en febrero de 2016 en la Junta Local (JLCyA), con número de expediente 127/2016, luego de que el IEMS despidió un mes antes a más de 50 trabajadoras con el argumento de que “nunca las contrató”, pese a que algunas de ellas tenían hasta 10 años trabajando para la institución educativa.    

El juicio se ha caracterizado por retrasos, a lo que se suma la nula disposición de las autoridades del IEMS por reconocer el contrato laboral que tenían y una serie de actos intimidatorios contra el plantón que mantienen afuera de la preparatoria 2 del Instituto en Iztapalapa.

En una carta, aún por entregar, dirigida a la presidenta de la JLCyA, Margarita Darlene Rojas Olvera, las trabajadoras y las organizaciones “Acción Urgente para Defensores de los Derechos Humanos”, “Comité Cerezo México” y “Comité de Familiares de detenidos desaparecidos: Hasta Encontrarlos”, piden a más personas que sumen sus firmas para exigir a la Junta la “resolución justa y expedita del caso” porque, afirman, desde el despido “las trabajadoras y sus familias sobreviven en condiciones lamentables”.

En la carta también solicitan a la JLCyA que “dote de recursos suficientes a sus empleados” para resolver el caso. En entrevista con Cimacnoticias el defensor de Derechos Humanos del Comité Cerezo, organización que acompaña el caso, Alejandro Cerezo, explicó que al menos cinco audiencias previamente programadas no han podido efectuarse porque los actuarios judiciales aseguran que la Junta no les brinda recursos suficientes para transportarse y notificar a los testigos de las audiencias.

“Dicen que no van porque no pueden poner el gasto de sus bolsillos”, comentó Cerezo, y denunció “aunque las audiencias se programaron de manera seguida la estrategia ha sido retrasar el juicio de esta forma”. Por ello piden que la Junta Local entregue recursos suficientes a los actuarios judiciales para que estos “notifiquen en tiempo y forma, así los testigos vayan a las audiencias ya programadas y el juicio no se alargue más”.

En la carta también exponen que tanto las trabajadoras como los abogados han comentado que “hay que dar dinero a los actuarios para que éstos hagan su trabajo ya que la Junta nos les da para el transporte y alimentación, cuando se tienen que trasladar a diferentes partes de la Ciudad de México en búsqueda de las personas que deben notificar del caso”.

17/MMAE/GG

El Instituto de Educación Media Superior (IEMS) aceptó la existencia de irregularidades con la empresa que, según dicha institución, contrató a las trabajadoras de intendencia despedidas desde enero de 2016. A las anomalías se suma el desconocimiento de la ubicación de los contratos firmados por las mujeres.
 
Así lo aseguraron representantes del IEMS en la reunión que mantuvieron las trabajadoras despedidas con funcionarios de   Concertación Política y Atención Social y Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, realizada en sus oficinas el pasado viernes 7 de abril, denunció el defensor de Derechos Humanos e integrante de la organización que acompaña el caso, el Comité Cerezo México, Alejandro Cerezo Contreras, en entrevista con Cimacnoticias.
 
Cerezo Contreras dijo que durante la junta los dos representantes del IEMS presentes decidieron no especificar el nombre de la empresa que contrató a las trabajadoras.
 
Las 65 trabajadoras de intendencia que fueron despedidas por el IEMS han denunciado a través de 22 demandas laborales y actos públicos la evasión de la responsabilidad del Instituto como contratista, con el argumento de que fueron empleadas por la empresa ROCMAN, esto sin su consentimiento.
 
A la reunión también asistió personal de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP), de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México (Sedu).
 
La CDHDF se comprometió a publicar un escrito en el que se registre las respuestas que dieron  las instancias presentes en la reunión  a las demandas de las trabajadoras de intendencia sobre su recontratación en condiciones laborales dignas, así como la garantía de seguridad en el plantón que mantienen afuera de la Preparatoria 2 del IEMS, en Iztapalapa, mencionó el defensor de los Derechos Humanos.
 
Lo mismo hará el Comité Cerezo: en los próximos días se pronunciará ante el deslindamiento que hizo la Sedu mediante un escrito (en poder de las ex empleadas y la organización). El texto señalaría que la reforma del Artículo 2 del Estatuto Orgánico del IEMS puede garantizar que el Instituto reconozca a las mujeres como sus trabajadoras.
 
17/MMAE/GG

El nuevo Modelo Educativo que aplicará la Secretaría de Educación Pública (SEP) en el ciclo escolar 2018-2019 no contempla en su propuesta curricular una educación sexual integral, laica y con apego a los Derechos Humanos, denunciaron diversas asociaciones civiles que trabajan el tema de educación sexual.
 
La integrante de la Asociación Mundial para la Salud Sexual, Esther Corona Vargas, pionera académica en el tema en México y Latinoamérica, afirmó que la propuesta curricular del nuevo Modelo Educativo, para el ciclo escolar 2018-2019, no contempla en sus ejes una educación en derechos sexuales y reproductivos con perspectiva de género y diversidad sexual.
 
LOS FOROS
 
En conferencia de prensa, diversas asociaciones civiles que trabajan el tema de educación sexual denunciaron que en los foros de consulta sobre el nuevo Modelo Educativo y la propuesta curricular para la educación obligatoria, que propone la SEP, sólo han sido invitadas asociaciones civiles conservadoras, por lo que estos temas están en riesgo de desaparecer.
 
En entrevista con Cimacnoticias, Esther Corona Vargas dijo que la educación sexual y educación en general debe ser laica y por eso solicitan que sean invitadas a trabajar en los foros aquellas asociaciones civiles que trabajen la educación sexual bajo una perspectiva de género y con respeto a las diversidades.
 
LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
 
Explicó la especialista que la educación sexual con perspectiva de género se ha incluido de diferentes formas en los libros de texto gratuitos de la SEP desde los años setentas y que cada vez se puede hacer un abordaje más profundo sobre el tema, para cumplir con los   estándares internacionales.
 
En la actualidad, el tema de educación sexual en los libros del nivel preescolar se aborda con ilustraciones de las partes del cuerpo y la mención a los derechos de las niñas y niños.
 
En los libros de cuarto, quinto y sexto año de Primaria se informa sobre los aparatos sexuales reproductivos. En los de sexto año de Primaria y en los de Secundaria se incluye información sobre anticoncepción.
 
El tema de Género se contempla en la materia de Educación Cívica y Ética, que se imparte hasta segundo y tercero de Secundaria.
 
Corona Vargas dijo que la propuesta curricular del sistema educativo en México debe apegarse a las “Orientaciones Técnicas Internacionales sobre Educación en Sexualidad”, recomendadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).
 
En dichas técnicas se recomienda ofrecer una educación integral de la sexualidad basada en evidencia científica, en respeto al Estado laico, y en el marco de los Derechos Humanos.
 
De acuerdo con la Asociación Mexicana para la Salud Sexual (AMSSAC), la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología (Femess) y la Red Nacional Democracia y Sexualidad (Demysex) ofrecer una educación sexual integral a las niñas y adolescentes en México ayudaría a reducir los índices de embarazos en menores de 16 años.
 
También podría disminuir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y la violencia ejercida en contra de niñas y mujeres, así como de personas que optan por una sexualidad diversa. 
 
Actualmente, de acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) cada año se presentan 400 mil recién nacidos de madres de entre 15 y 19 años, así como 9 mil 933 de niñas de entre 10 y 14 años. La transmisión por VIH y Sida en la población de 12 a 29 años representa 42 por ciento de los casos acumulados hasta el 2012, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida).
 
Por esta razón, las agrupaciones piden que en la elaboración del nuevo modelo educativo participen expertos en la materia, que se incorpore la educación integral de la sexualidad desde el nivel preescolar hasta el nivel medio superior y que se mantenga una posición firme y clara en el respeto al Estado laico, la evidencia científica y el apego a los derechos de niñas, niños y adolescentes.
 
16/GVV/GG