Guerrero

El grupo parlamentario del partido Movimiento Ciudadano (MC) propuso en el congreso de Guerrero reformar la Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley de Víctimas estatal para otorgar protección y asistencia social a la niñez y adolescencia en orfandad por el feminicidio de sus madres.

El proyecto de reforma presentado el pasado 7 de noviembre por la diputada, Magdalena Camacho Díaz, busca incorporar los Artículos 57 Bis y 57 Ter a la Ley de Protección para menores de edad, con el objetivo de obligar al gobierno a entregar apoyos económicos, becas educativas en escuelas públicas y servicios de salud a los hijos e hijas de mujeres asesinadas, hasta que éstos cumplan la mayoría de edad.

Guerrero es uno de los 12 estados que por los altos niveles de violencia feminicida tiene Alerta de Violencia de Género, emitida por la Secretaría de Gobernación el 23 de junio de este año para ocho de sus municipios: Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort.

La iniciativa busca que cada municipio de Guerrero impulse programas especiales de protección para la infancia y adicionar un último párrafo al Artículo 43 de la Ley de Víctimas local, para que la Fiscalía General de Justicia de Guerrero sea la responsable de hacer un registro fidedigno de la niñez en orfandad por feminicidio y remita los casos a la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) la encargada por ley de reparar el daño integral a estas víctimas indirectas.

En 2016 la organización civil que solicitó la AVG, Alianza Feminista Guerrero, documentó 879 casos de feminicidio, mientras que ONU Mujeres indicó que en 2014 la entidad ocupó el primer lugar en la tasa de asesinatos de mujeres en el país, 9.4 casos por cada 100 mil mujeres, precisó la diputada, pero se desconocen los estragos que dejan estos asesinatos de mujeres y cuántos menores de edad quedaron al desamparo como consecuencia, resaltó.

Cimacnoticias realizó una investigación para conocer cuál era la situación de la niñez en esta situación y lo que se encontró es que no existía ninguna política pública para atenderlos. Posterior a la investigación, en Jalisco se presentó una propuesta en el congreso local que busca atender la situación, incluye que en caso de que el padre sea quien comete el feminicidio, éste pierda la patria potestad.

A esta iniciativa le queda camino por recorrer, actualmente fue remitida a las Comisiones unidas de justicia, Derechos Humanos y los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para que sea votada y después se discuta en el pleno.

Mientras en el Estado de México, el gobierno ya entrega desde febrero de 2017, por medio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), únicamente un estímulo económico de 800 pesos mensuales a hijos e hijas de madres o tutoras “desaparecidas, víctimas de feminicidio y homicidio doloso”.

También existe otra propuesta que espera ser discutida en el pleno de la Cámara de Diputados y es la reforma al Artículo 26 Bis de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para que las 32 entidades federativas desarrollen programas enfocados en los niños y niñas en orfandad por feminicidio, una propuesta de la diputada Laura Nereida Plascencia Pacheco.

El reto es grande si se considera que siete mujeres son asesinadas diario en México de acuerdo con Naciones Unidas y se ha demostrado que la niñez y adolescencia que enfrentan la ausencia de su madre por un asesinato, requieren de atención psicológica especializada pues muchas veces presencian el crimen perpetrado por sus padres.

17/HZM/LGL

Integrantes de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), agredieron ayer lunes a las reporteras oaxaqueñas Alondra Olivera y Sayra Cruz, cuando daban cobertura al conflicto interno en este sindicato afiliado al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Alondra Olivera quien labora en Noticias Voz e Imagen de Oaxaca y es corresponsal de La Silla Rota, así como Sayra Cruz, reportera del Imparcial y de Fórmula Oaxaca, entre otros medios locales, habían acudido a las oficinas de la CTM para dar cobertura a la manifestación de quienes exigían la restitución de Álvaro Reyes Sánchez, dirigente depuesto por Carlos Aceves del Olmo, líder nacional de la CTM.

Dentro del lugar, al cual ingresaron por una convocatoria a rueda de prensa, fueron rodeadas por al menos 30 personas del sexo masculino que son identificadas como grupos de choque al mando de Reyes Sánchez.

El grupo que se caracteriza por un actuar violento y con cobijo de impunidad, amagó con quitarles su equipo de trabajo. A empujones y entre amenazas les exigieron mostrar sus teléfonos para cerciorarse que no hubieran tomado fotografías o audio de la asamblea que desarrollaban en el lugar.

De manera abusiva y con utilización de violencia verbal los cetemistas lograron revisar el celular de ambas reporteras, pues les hicieron saber que “nos vale madre lo que digan”.

A pesar de la forma violenta y lesiva a la ciudad en la que se ha conducido este gremio en los últimos días, el gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojosa, recientemente reiteró a través de Twitter su alianza con el dirigente Álvaro Reyes, acto que ha envalentonado a los cetemistas.

Alondra Olivera, advirtió que por la agresión cometida por la CTM interpondrá una denuncia ante la Fiscalía de Justicia del Estado, instancia que ofreció dar el acompañamiento.

Cabe destacar que hasta el primer semestre del 2017, Oaxaca se ubicaba dentro de los cinco estados con mayor número de agresiones cometidas en contra de periodistas con 23 casos registrados,

Los estados que encabezan la lista son Coahuila donde la cifra fue de 26. Veracruz y Ciudad de México empatan con 28 el número de atentados a la prensa, y Guerrero que al igual que Oaxaca registró 23.

Pero en el caso específico de violencia contra mujeres periodistas, Comunicación e Información de la Mujer AC, documentó en su informe "El poder del cacicazgo" que en el periodo 2014-2015 Veracruz, la Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Morelos se colocaron como las entidades más peligrosas para las periodistas. El panorama de la violencia no cambió mucho con respecto a 2012-2013 cuando CIMAC presentó su informe “Impunidad. Violencia contra Mujeres Periodistas. Análisis Legal”.
 
En el periodo anterior, la capital del país tenía el primer lugar de agresiones contra comunicadoras al concentrar 35 por ciento de los casos; seguía Veracruz con 17.4 por ciento; Morelos con 6 por ciento; Guerrero con 5.1; después Chiapas, Puebla y Oaxaca con prácticamente cinco por ciento cada uno.
 
En esta actualización de 2014 se encontró que Veracruz concentró el mayor índice de violencia con 19.7 por ciento de los casos; seguido por la Ciudad de México con 18.7 por ciento; Guerrero con 8.1 por ciento; y Oaxaca y Morelos ocuparon el cuarto lugar con 5.4 por ciento de los casos, cada una.

“El Poder del cacicazgo” documentó que los actos violentos se cometieron contra reporteras de entre 25 y 34 años de edad, que en su mayoría cubría temas relacionados con la política, corrupción, desvío de recursos públicos, abuso de autoridad y compra de votos durante campañas y procesos electorales, así como movimientos sociales.

Del total de periodistas agredidas, 21.7 por ciento reporteaba temas relacionados con protesta social (cubren las manifestaciones) mientras que 8.1 por ciento cubría temas relacionados con la seguridad.

17/CLV/LGL

En cinco años (2012-2016) los embarazos infantiles en Guerrero se concentraron en niñas de 11 a 14 años de edad, aunque en menor medida, las gestaciones también fueron presentadas por niñas de 9 y 10 años de edad, la mayoría de ellos producto de violencia sexual, coincidieron expertas en salud y derechos sexuales, así como la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia (Conavim).

Durante 2016, de acuerdo al Subsistema de Información sobre nacimientos de la Secretaría de Salud consultado por esta agencia, 472 niñas de 9 a 14 años llevaron a término un embarazo, 96 por ciento de ellas (454) tenían 13 y 14 años de edad, mientras que 18 fueron menores de 9 a 12 años.

En años anteriores las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ya mostraban a Guerrero como una de las entidades con más casos de embarazos infantiles. De 2012 a 2015 registró 2 mil 691 nacimientos donde las madres tenían entre 10 y 14 años de edad, lo que la colocó en el cuarto lugar a nivel nacional (después de Chiapas, el Estado de  México y, Veracruz).

En ese periodo, en promedio cada año 673 niñas presentaron embarazos. La mayoría de las gestaciones fueron de madres de 14 años, con mil 877 casos, seguido por los 643 que se presentaron de menores de edad de 12 y 13 años; mientras 171 de ellas tenían entre 10 y 11 años.

Además, de acuerdo al Inegi, los municipios donde de 2012 a 2015 se presentaron más casos fueron Acapulco (389), Tlapa (149) y Chilpancingo (107), los tres forman parte de los ocho municipios para los que la Secretaría de Gobernación emitió en junio pasado la Alerta de Violencia de Género  (AVG) por los altos niveles de violencia que viven las mujeres en el estado.

Organizaciones civiles como el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) e Ipas México han señalado en entrevistas con Cimacnoticias que los embarazos infantiles están relacionados con violencia sexual previa, sin embargo, como los agresores son personas cercanas, para ellas es difícil denunciar.

Y aun cuando el  Código Penal de la entidad obliga a las autoridades locales a que por “el simple hecho de registrar un nacimiento en el que la madre es menor de catorce años debería bastar para suponer la comisión de un delito y proceder a las investigaciones conducentes”, esto no sucede, propiciando que no se tengan registros certeros sobre cuántos embarazos en estas niñas fueron producto de una violación sexual.

PREOCUPA MUERTE MATERNA

La ginecóloga y experta en derechos sexuales y reproductivos de la organización Ipas México, Claudia Martínez López, destacó previamente en entrevista con Cimacnoticias que el gobierno Federal, así como los de las entidades, tienen la responsabilidad de erradicar los embarazos en niñas, principalmente para salvaguardar sus vidas.

Lo anterior debido a que por su corta edad, las niñas son propensas a presentar partos prematuros, mismos que  ponen en riesgo su vida y la del producto. Además, tienen más posibilidades que las mujeres mayores de edad de presentar problemas de presión alta (preeclampsia), y hemorragias durante el embarazo o el parto.

La Conavim también advirtió que otra de las consecuencias preocupantes de los embarazos infantiles son las muertes maternas

En el informe que publicó en 2016, previo a la admisión de la AVG por el gobierno guerrerense, citó datos del Observatorio de Mortalidad Materna para señalar que desde 2009 hasta 2014 la suma de los porcentajes que representaron las muertes maternas de menores de edad cada año, indicaron que 58.4 por ciento de las defunciones por esta causa fueron de niñas y adolescentes menores de 18 años de edad.

Por ello, instó al gobierno estatal a implementar una política pública eficaz para erradicar el embarazo infantil.

17/MMAE/LGL

La Alianza Feminista de Guerrero criticó que el gobernador Héctor Astudillo Flores anunció antes que la Secretaría de Gobernación (Segob) el decreto de Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad y que sus cifras sean inferiores a las presentadas por las organizaciones solicitantes de la medida. 
 
Por un lado, señaló la Alianza, organismo solicitante de la AVG, el Gobernador reconoce, con su anuncio anticipado, que en Guerrero tenemos un problema grave de violencia feminicida y de género y, por el otro, deja ver que su gobierno, a través de sus diferentes instancias y municipios no cumplieron con las recomendaciones que les hizo el Grupo de Trabajo y que, de hacerse efectivas, hubieran evitado la AVG.
 
Advirtió la Alianza que las organizaciones de la sociedad civil que la integran darán seguimiento a las acciones que ordena la AVG.
 
La AVG fue solicitada el 23 de junio de 2016 por organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista, para ocho municipios dela entidad en donde existe un alto índice de muertes dolosas de mujeres.    
 
Astudillo Flores anunció la AVG el pasado  22 de junio, y al día siguiente, 23 de junio, el Gobierno Federal hizo pública la declaratoria (fechada un día antes) para ocho municipios, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), instancia facultada para ese fin.
 
Con esto, Acapulco de Juárez, Ayutla de los Libres, Chilpancingo de los Bravo, Coyuca de Catalán, Iguala de la independencia, José Azueta, Ometepec y Tlapa de Comonfort viven desde ese día bajo la AVG.
 
En conferencia de prensa, las organizaciones civiles integrantes de la Alianza Feminista afirmaron que “si hay voluntad política (del Gobernador), debe entonces haber justicia para las mujeres a las que, de manera violenta, les arrebataron su vida”. Y recordaron que dicha voluntad fue expresada por el mandatario para trabajar de manera coordinada con los organismos civiles, peticionarios de la AVG.
 
CIFRAS DIFERENTES, MISMA GRAVEDAD
 
En su conferencia de prensa, la Alianza Feminista destacó el contraste que existe entre las cifras del Gobierno de Guerrero y las de los organismos civiles que pidieron la AVG, con base en el informe del Observatorio “Hannah Arendt”, de la Universidad Autónoma de Guerrero.
 
El Observatorio registró que, de 2005 a 2015, los homicidios dolosos contra mujeres en la entidad fueron mil 449 y Acapulco el municipio con mayor índice de asesinatos de mujeres, con 571 casos en 10 años.
 
En 2016, año de la solicitud de la AVG, registró en Coyuca de Catalán 28 casos de feminicidio, en Iguala 69, en José Azueta 47, en Ayutla 17, en Tlapa 29, en Ometepec 32, en Chilpancingo 77, y Acapulco 580 homicidios dolosos de mujeres, con lo que se colocó este municipio como el de más asesinatos de mujeres ocurridos en todo el estado. En total, en el estado registró 879 casos.
 
Para 2017 la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres (AGCVIM), organización peticionaria del mecanismo de la AVG en Guerrero, a través de su presidenta, Marina Reyna Aguilar, informó que tienen documentados más de 50 casos de feminicidio en lo que va del año, 30 de ellos ocurridos en mayo.
 
En contraste, el gobernador Héctor Astudillo informó un contexto de violencia diferente, afirmó que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas, en las siete regiones y desde diciembre de 2010 (fecha en que se tipificó el delito de feminicidio en el Código Penal de Guerrero) se han registrado 142 casos de feminicidios. 
 
RECOMENDACIONES NO CUMPLIDAS
 
En el texto de declaratoria de AVG de la Conavim se señala que no se cumplieron todas las recomendaciones realizadas por el Grupo de Trabajo, como indica el procedimiento, como paso previo antes de decidir una alerta.
 
Señala el texto de Conavim: “Que del análisis de la información presentada por el gobierno del estado de Guerrero y del dictamen emitido por el grupo de trabajo, se observa que, durante el plazo de seis meses, si bien la entidad federativa realizó diversas acciones para cumplir con las propuestas del Grupo de Trabajo, no se actualizaron los elementos suficientes para alcanzar los objetivos planteados en las mismas”.
 
MEDIDAS BAJO LA AVG
 
A partir del 23 de junio, recordó la Alianza en su conferencia de prensa, se abre otra etapa de este mecanismo, y empezó a correr un plazo de 10 días hábiles, para que el gobierno de Héctor Astudillo entregue a Conavim un cronograma y un programa de trabajo que contemple el desarrollo de alrededor de 40 acciones correspondientes a una serie de medidas de seguridad, de prevención y de justicia.
 
Entre las medidas solicitadas destacan: la divulgación de la AVG; una estrategia de prevención, vigilancia y de seguridad pública, acciones inmediatas y exhaustivas para tramitar diligentemente órdenes de protección a mujeres víctimas de violencia; una unidad especializada para el avance en la investigación de casos de feminicidio; medidas para garantizar el efectivo acceso a la justicia y la reparación integral del daño.
 
La Alianza Feminista afirmó que “la Conavim dará seguimiento puntual y coadyuvará con el gobierno estatal en la implementación de estas medidas, nosotras como organizaciones de la Sociedad Civil nos sumaremos a las mesas de trabajo, dando seguimiento del cumplimiento de las acciones solicitadas”.
 
17/GC/GG

Los municipios de Ciudad Valles, Matehuala, San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale y Tamuín, en San Luis Potosí, están desde ayer bajo el decreto de Alerta de  Violencia de Género (AVG), solicitada desde 2015 por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 
 
Con este decreto, suman tres las AVG declaradas por la Secretaría de Gobernación (Segob) en sólo 48 horas, el 20 y 21 de junio,  aunque fueron solicitadas en años diferentes.
 
En Colima fue solicitada AVG en 2014 y el decreto se hizo apenas el martes pasado; en Guerrero se pidió en junio de 2016 y se decretó ayer por el Gobernador, lo que fue confirmado hoy por Segob, y en San Luis Potosí la petición fue en 2015 y se decretó también ayer.  
 
En San Luis Potosí, la AVG derivó de la solicitud presentada por  la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el 23 de noviembre la 2015, ante el Sistema Ejecutivo para decretar la Alerta en estos seis municipios.
 
El organismo defensor de los DH presentó también el “Informe especial sobre la situación del respeto de los Derechos Humanos de las mujeres, en el caso de feminicidio en San Luis Potosí”, donde detalló que de 2011 a esa fecha registró 169 asesinatos violentos de mujeres.
 
POR QUÉ LA ALERTA EN SLP
 
La Comisión de Derechos Humanos de San Luis Potosí ha denunciado las irregularidades en las que trabaja la Procuraduría General de Justicia de San Luís Potosí (PGJSLP) en la investigación de casos de feminicidio, como sucedió con el de cuatro menores de edad y una mujer adulta de 32 años, asesinadas entre 2010 y 2014 en Tamuín, por el ex militar Filiberto Hernández Martínez.
 
Para este caso, seguido por Cimacnoticias, la CEDH emitió en mayo de 2017 una recomendación especial a la Procuraduría estatal por investigar mal los cincos casos de feminicidio, pues no realizó los peritajes forenses a las víctimas y no recolectó de manera correcta las evidencias.
 
Como consecuencia, la Procuraduría y el Poder Judicial locales perdieron la evidencia de una de las víctimas de 13 años de edad, Adriana Martínez Campuzano, y sólo recolectó siete huesos de la niña de 15 años, Rosa María Sánchez, enterradas en un lote baldío en Ciudad Valles. Se trataba de pruebas fundamentales para vincular a proceso al agresor que actualmente está en una prisión de máxima seguridad en Durango, pero aún sin sentencia.
 
Otro caso de feminicidio emblemático en la entidad es el de Karla Pontigo Lucciotto, quien fue asesinada en junio de 2015 en la discoteca donde trabajaba, pero su caso juzgado como “homicidio accidental”.
 
La defensa del caso argumentó 42 omisiones de distintas dependencias de la PGJSLP en la investigación,  por lo que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso y actualmente lo analiza para determinar si se debe investigar como feminicidio.
 
OBLIGACIONES DEL ESTADO BAJO AVG
 
Tras la presentación de la solicitud de AVG para San Luis Potosí, el Grupo de Trabajo hizo ocho recomendaciones al Gobierno estatal para el caso de Tamuín: ordenó al gobierno de Juan Manuel Carreras López crear una fiscalía especializada en feminicidio y desapariciones de niñas y mujeres, así como un protocolo policial especializado para atender los casos. 
 
Tanto la fiscalía como el protocolo debieron crearse a partir de abril de 2016, como debieron cumplirse también las restantes recomendaciones, que incluyen: 
 
1) Instaurar medidas para garantizar el acceso efectivo a la justica.  2) La reparación integral del daño a las víctimas y sus familiares.
3) La creación de un grupo especializado en análisis de contextos de violencia.
4) Armonizar su normativa en materia de género.
5) Capacitar y profesionalizar al personal público en perspectiva de género y Derechos Humanos.
6) Realizar campañas de prevención de violencia de género para la población en general.
 
A partir de la AVG, el gobierno de San Luis Potosí ya fue  informado, asegura Segob en un comunicado- de que está obligado a establecer  una estrategia de prevención, vigilancia y seguridad pública para garantizar una vida libre de violencia a las mujeres.
 
17/HZM/GG
 

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, declaró hoy la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la entidad, para ocho municipios: Acapulco, Ayutla de los Libres, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta (Zihuatanejo), Ometepec y Tlapa.

La solicitud de AVG fue presentada el 23 de junio de 2016 por la agrupación Alianza Feminista, que entregó un documento, realizado por el Observatorio de Violencia Feminicida Hannah Arendt, al Instituto Nacional de las Mujeres, donde contabilizaron 2 mil 774 mujeres víctimas de feminicidio en el estado de Guerrero, y donde señalaron los municipios con mayor número de casos de feminicidio: Acapulco, con 580; Chilpancingo (capital de la entidad), con 77; Iguala, 69; José Azueta, 47; Ometepec, 32; Coyuca, 28; Ayutla de los Libres, 17, y Tlapa, con 29.
 
La declaratoria se hizo esta mañana en palacio de gobierno en donde Astudillo Flores informó que previamente entregó un informe a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), en donde “se evidenció un contexto de violencia mostrando que de 2009 a 2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas en las siete regiones”.

Agregó que también desde diciembre de 2010, cuando se tipificó el delito de feminicidio “en el código penal de Guerrero, se han registrado 142 casos de feminicidios”.
 
La AVG obliga al Ejecutivo estatal a realizar las siguientes acciones:
 
1. Fortalecer la Fiscalía Especializada para la Investigación de Feminicidios.
2. Consolidar el funcionamiento del Centro de Justicia para Mujeres de la Fiscalía General del Estado.
3. Asegurar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos, que permitirá el registro de la incidencia de la violencia contra las mujeres, para generar estadísticas a fin de realizar acciones efectivas de prevención y erradicación de la violencia.
4. Establecer acciones preventivas, de seguridad y justicia para enfrentar y abatir la violencia feminicida.
5. Reasignar los recursos presupuestales para hacer frente a la contingencia de violencia de género y feminicida.
6. Implementar medidas para dar cumplimiento a la reparación del daño a las víctimas de la violencia de género.
7. Consolidar los instrumentos que hagan efectivo el cumplimiento de las leyes, para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y de igualdad entre mujeres y hombres; destacadamente los sistemas estatales y los programas integrales, así como su evaluación periódica.

En la investigación “La Violencia Feminicida en México. Aproximaciones y Tendencias 1985-2014” –elaborado por Inmujeres y ONU-Mujeres–  Guerrero ocupa alguno de los tres primeros lugares en asesinatos de mujeres durante 15 años.
17/RED

Es evidente que Sonora no se encuentra entre las prioridades para la Secretaría de Gobernación. Tal vez no vea a Sonora, como al Estado de México ni como a Veracruz, en relación con la violencia extrema y feminicida. Sin duda pesa la pluma que se desliza describiendo a Sonora como en el país de las maravillas.
 
Resulta ilegal como grave la dilación de la Secretaría de Gobernación frente a dos años que han transcurrido desde que se formuló y admitió la solicitud de la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Cajeme, Sonora. En la Ley (LGAMVLV) y en su Reglamento no hay sustento para la demora. 
 
Las motivaciones de las organizaciones solicitantes fueron claras en mayo de 2015: “no existe paz social en Cajeme, las estrategias de seguridad no han impactado en la protección de la vida y la libertad de las mujeres, la violencia extrema y feminicida agrava el tejido social, colocando a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y mujeres en mayores riesgos para preservar sus vidas”. 
 
A la vuelta de dos años, siguen presentes las motivaciones sin ser atendidas a cabalidad. La impunidad, el desdén de servidores públicos y las garantías para el acceso efectivo de las mujeres a la justicia sigue siendo deuda pendiente. El doble de hechos feminicidas, sólo en lo que va de la prórroga –en seis meses- con respecto al año anterior, lo demuestran.  Los 23 hechos que pudieron ser evitables ponen en entredicho las acciones que el Gobierno emprende en respuesta para evitar que se declare la Alerta en Cajeme.
 
El Congreso Local ha respondido al reclamo ciudadano al respaldar la petición de Alerta de Violencia de Género para todo Sonora, no solo para Cajeme, acordado por unanimidad el pasado 2 de abril. Además le pide a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que realice el trámite para su solicitud. 
 
En tanto, el Consejo Social del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) dirige un comunicado el 28 de mayo pasado a la Secretaría de Gobernación, al Instituto Nacional de las Mujeres y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, declarando: “La exigencia del cese de la violencia feminicida contra las mujeres y las niñas de Sonora, desde hace 24 meses, hace necesaria la declaración urgente de la Alerta de Violencia de Género en el estado”.
 
Señala además que “Han sido marcadamente insuficientes las acciones implementadas por el gobierno del Estado de Sonora para prevenir, atender sancionar y erradicar la violencia y garantizar la seguridad y el acceso a la justica para las mujeres y, por lo tanto, de dar cumplimiento a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV)”.
 
Así mismo, el Consejo Social del Inmujeres en torno a las prórrogas cuestiona indicando que: “…viola la normativa vigente, ya que, de conformidad con el Artículo 38 de la LGAMVLV, son 6 meses para que el Ejecutivo Estatal dé cumplimiento de las observaciones -12 recomendaciones- del grupo de trabajo”.
 
Abunda el Consejo Social: “que de nueva cuenta el gobierno del Estado de Sonora, omitiendo la obligatoriedad de preservar la vida de las mujeres, anuncia acciones desvinculadas de los 134 hechos de extrema violencia y feminicida registrados en lo que va del proceso de solicitud a la fecha”.
 
Continúa en su comunicado, “Para las Consejeras Sociales, así como para la Sociedad Civil, esta situación nos resulta inaceptable, no podemos permitir que los diferentes órdenes Gobierno incumplan, obstaculicen y violenten el mecanismo de la AVGM”.
 
Finaliza marcando que de inmediato de declare la Alerta de Violencia de Género en Sonora y se adopte las acciones necesarias para preservar la vida y la seguridad de mujeres y niñas en la entidad, implementando medidas de seguridad específica en las zonas de riesgo, medidas de prevención, justicia y reparación, así como el cumplimiento integral de las propuestas del grupo de trabajo”.
 
El tratamiento político que la Secretaría de Gobernación instrumenta ante las Alertas de Género, coloca al mecanismo de la AVGM como un instrumento de intereses ajenos a la responsabilidad y a la obligación que le dicta la ley. Lo evidencia en entidades como Sonora, Colima, Nayarit, Quintana Roo y Guerrero, por señalar algunos.  El grupo de trabajo y, sobre todo, el cuerpo académico y la sociedad analítica tiene la palabra.     
 
* Ex legisladora federal e integrante de la Red Feminista Sonorense
 
17/LB/GG

“Una tiene sueños cuando es niña pero cuando va creciendo se va viendo que hay otra realidad y se va creyendo la otra realidad y se olvida el sueño que tenía antes. A mí me gustaría que las mujeres siguieran soñando con esa libertad y con esa alegría en su rostro de que se puede ser feliz en esta vida”.
 
Son las palabras de Isabel Dircio Chautla, mujer indígena originaria de Guerrero y presidenta de la organización Zihuame Xotlametzin, una agrupación que comenzó a gestarse hace más de 20 años y que en 2009 se constituyó oficialmente para promover los liderazgos femeninos, la salud de las mujeres y las alianzas entre indígenas.
  
Isabel, quien se convirtió en madre y esposa a los 15 años de edad,  hoy trabaja para que otras mujeres de los municipios de Chilapa de Álvarez, Ahuacuotzingo y Zitlala, en el estado de Guerrero, no abandonen las ilusiones que tuvieron en la infancia, sepan que pueden trabajar, tener su propio negocio y tener una vida sin violencia.
 
“Muchas mujeres piensan que por el hecho de ser mujeres está prohíbo ser feliz, ser libre, hacer; se lo han creído, nos lo hemos creído porque así se ha inculcado”, dice.
 
Sin embargo asegura que las indígenas nahuas están convencidas de su fuerza interior y de cambio por eso las integrantes de Zihuame Xotlametzin –palabras que en náhuatl significa mujer luciérnaga– trabajan con la convicción de que pueden salir de la sombra del sistema patriarcal y de la cultura machista.
 
“Nuestra misión en la región es construir esos lazos y poder hacer que se respeten y garanticen nuestros derechos, con los que nacemos todas las personas; poder,  juntas, buscar estrategias que nos ayuden a salir de la problemática en la cual la mujer tiene una brecha de desigualdad bastante definida con los hombres”, explica. 
 
Cuando Isabel comenzó a interesarse por los procesos  organizativos, después de ver a su madre, Brigida Chautla Ramos,  gestionar proyectos y servicios para su comunidad, observó que había mujeres como ella con la única diferencia de que las otras podían decir sin temor qué no es gustaba e ir y venir sin pedir el permiso de un hombre.
 
Una vez que entró por completo en la organización y ya como madre de dos hijos y una hija consideró que defender los derechos de las mujeres también era una forma de educar. “y si quería algo diferente para ellos tenía que mostrarles que había otro camino diferente y eso lo encontré estando con mujeres”.
 
LA CASA DE LA MUJER SANA Y VALIENTE
 
El primer camino para enfrentar la desigualdad es la reeducación, dice, cambiarse a sí mismas; por ello una de las líneas de acción es la formación integral para que las mujeres conozcan sus Derechos Humanos; talleres para la prevención de la violencia de género, además, promoción de la salud materna, la salud sexual y reproductiva y el rescate de la medicina tradicional.
 

Isabel Dircio Chautla | CIMACFoto: César Martínez López

 
Con esta experiencia y conociendo las necesidades de las mujeres de la región centro de la Montaña baja de Guerrero, recibieron apoyo gubernamental de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas para abrir la Casa de la Mujer Indígena (Cami) de Chilapa, casa que lleva por nombre Zihuachikahuac (mujer sana, fuerte y valiente, en nahuatl).
 
En esta zona de alta marginación donde las personas a veces no tienen dinero para salir de sus comunidades y atenderse en un centro de salud, la Cami atiende a las mujeres embarazadas, les brinda la atención médica, el hospedaje y los alimentos en caso de ser necesario. “En eso estamos contribuyendo a mejorar la salud materna de las mujeres”, afirma Isabel.
 
El trabajo que realizan como organización ha tenido frutos, por ejemplo una mujer que compra un cerdo para alimentarlo, criarlo y después venderlo ahora sabe que tiene derechos sobre sus animales de crianza y que su marido no puede adueñarse de algo que es ingreso para ella y para la familia.
 
 “Con estos procesos de formación de mujeres, muchas están viendo que se puede cambiar, es posible cambiarlo y nosotros lo hemos visto con las compañeras. Cuando se les ha preguntado cómo ha sido su vida antes y después de entrar, hay comentarios que pueden ser como insignificantes pero para nosotros son de mucho valor”.
 
Isabel reflexiona y asegura que “para estar bien” hay que conocer a otras mujeres, “que nos compartan cosas, sueños, y también soñar. Estar en una asociación de mujeres te ayuda, y a mí en lo personal me ha ayudado a encontrarme, a saber que todo aquello que se sueña, que se piensa, hay mujeres que piensan, que piensa que la mujer puede ser autosuficiente, autónoma libre, feliz”.
 
17/GGG/AGM/GG
 

En colaboración con organizaciones locales y nacionales, el barco de Women on Waves (Mujeres sobre las olas) está en México para atender en aguas internacionales a mujeres con hasta nueve semanas de embarazo que desean realizarse un aborto seguro.
 
El aborto en caso de violación sexual es legal en todo México. Además, en cada entidad existen otras razones por las que se permite el aborto, aunque la ley no siempre se cumple para garantizar el acceso a este servicio. Por ello, en situaciones distintas, las mujeres que desean abortar necesitan asumir los costos, tanto económicos como de logística y de transporte hacia la Ciudad de México, donde el aborto es legal desde hace diez años por libre decisión de la mujer.
 
 Pero muchas mujeres no pueden viajar o  costear este viaje y se ven obligadas a realizarse un aborto inseguro poniendo en riesgo su salud y su vida; con la probabilidad de verse criminalizadas y, en ocasiones, encarceladas.
 
La organización internacional, que hace escala en playas de Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, informó que esta campaña de derechos humanos quiere visibilizar la necesidad de abortos seguros en todo México, así como la solidaridad de las mujeres de todo el mundo.
 
“El barco de Women on Waves (Mujeres sobre las olas), informa, cuenta con todos los permisos requeridos en México y estará atendiendo a las mujeres hasta el próximo domingo 23 de abril, los servicios que se brindan a bordo se rigen por los más altos estándares médicos internacionales y las recomendaciones de la OMS”.
 
La organización civil Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), menciona que “El derecho a un aborto seguro va más allá de ideologías, es una necesidad urgente que debe garantizarse en todas las entidades federativas del país”.
 
Y, dice GIRE, desde 2009 se estima que cada año se realizan un millón de abortos en todo el territorio mexicano  y  que en la Ciudad de México el procedimiento es seguro y efectivo, pues se realiza bajo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) con sólo un índice de complicaciones de 0.68 por ciento. En el resto del país, debido a las restricciones legales, el índice de complicaciones aumenta a 36 por ciento. Y que el 9.2 por ciento de muertes maternas están relacionadas al aborto.
 
RESPETO A DERECHOS, PIDEN
 
En Guerrero existen cuatro causales para solicitar el aborto legal, el Artículo 159 del Código Penal del estado establece que cuando sea por violación, por inseminación artificial no consentida, cuando existe peligro de afectación grave a su salud y cuando el producto presenta alteraciones genéticas o congénitas.
 
Las 40 organizaciones civiles de mujeres que defienden el derecho a decidir y su libre elección a la maternidad hicieron un exhorto hoy en Ixtapa Zihuatanejo,  en conferencia de prensa, dirigido a los Estados, a las Entidades Federativas, al Congreso de la Unión y a la Secretaría de Salud Federal para proteger los derechos de las mujeres y garantizar su derecho a la salud:
 
Llaman a los estados donde el aborto está restringido legalmente: a detener la persecución y encarcelamiento de las mujeres que, después de someterse a un aborto inseguro o haber sufrido un aborto espontáneo, buscan atención médica en instituciones de salud.
 
A todas las entidades federativas: a cumplir con la NOM 046 y la Ley General de Víctimas que dictan el acceso sin obstáculos al aborto para víctimas de violencia sexual.
 
A los estados: a reformar sus códigos penales de modo que armonicen con la Constitución mexicana y los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por México, para que el aborto por libre decisión deje de ser considerado delito, por lo menos las primeras semanas del embarazo.
 
Al Congreso de la Unión: a reformar el Código Penal Federal en armonía con la Constitución mexicana y convenios internacionales de derechos humanos ratificados por México para legalizar y garantizar el acceso al aborto seguro y gratuito para las mujeres que lo requieran.
 
A la Secretaría de Salud federal: a que garantice el cumplimiento de la NOM 046 en todo el país; que garantice atención médica a toda mujer que cursó un aborto con complicaciones, que el personal médico se rija por el principio de confidencialidad, respetando así el derecho a la privacidad de las pacientes.
 
 Rebeca Gomperts, directora de Women on Waves; Regina Tames, directora de GIRE; Oriana López, de Fondo María; Ranferi Rosendo de REDEFINE GRO; Martha Sánchez Néstor, del Grupo Plural, y la diputada federal Maricela Contreras, hicieron un llamado también a la Secretaría de Salud para que garantice el acceso a la amplia gama de métodos anticonceptivos adecuados a las necesidades específicas de cada mujer y a la Secretaría de Educación Pública para que asegure el acceso a la educación integral en sexualidad, veraz y oportuna, en todos los niveles educativos.
 
17/GC/GG